Corpus
Modo: Corpus Pro

AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL. EL PUNTO SEGUNDO DEL ACUERDO EMITIDO POR LA LX LEGISLATURA DEL CONGRESO LOCAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2011, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD EL 3 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO, EN RELACIÓN CON EL CONSIDERANDO NOVENO DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN AL QUE REMITE, AL ORDENAR EXPRESAMENTE A AQUÉL SUFRAGAR LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN DE LA CONDENA QUE REALICE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL RESPECTO DE LAS PRESTACIONES QUE LE CORRESPONDEN A UNA MAGISTRADA NO RATIFICADA EN SU CARGO, VIOLA EL PRINCIPIO RELATIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 119/2011. · Registro digital (IUS): 23635
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, Pág. 1355.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 119/2011. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.. 18 DE ABRIL DE 2012. CINCO VOTOS. PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. SECRETARIA: DIANA MINERVA PUENTE ZAMORA.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dieciocho de abril de dos mil doce.

VISTOS; y

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil once en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Amado Justino Hernández Hernández, quien se ostentó como presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, promovió controversia constitucional en la que señaló como órgano demandado y acto impugnado lo siguiente:

"II. Poder demandado: A. La LX Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala; y, B. La Comisión Especial de Diputados encargada de evaluar y dictaminar sobre la ratificación o no de los Magistrados propietarios de plazo cumplido que integran el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Norma general o acto cuya invalidez se demanda. El acuerdo emitido por la LX Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala el veintinueve de septiembre de dos mil once, específicamente el segundo punto del acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el tres de octubre de dos mil once, Tomo XC, Segunda Época, no extraordinario, cuyo texto es del tenor siguiente (se transcribe). Asimismo, se solicita la declaración de invalidez del noveno considerando del dictamen de evaluación, al que remite el segundo punto del acuerdo cuya invalidez se demanda, en lo que interesa, textualmente establece: ‘Noveno.’ (se transcribe)."

SEGUNDO. Antecedentes. La parte actora expuso como antecedentes de los actos impugnados, los siguientes:

"A. En el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala se tramitó el juicio de amparo número 1506/2007 promovido por Sandra Juárez Domínguez, en el que previos los trámites procesales de rigor, el diecisiete de septiembre de dos mil nueve se pronunció sentencia concesoria del amparo, para el efecto de que el Congreso del Estado de Tlaxcala y la Comisión Especial de Diputados encargada de evaluar y dictaminar sobre la ratificación o no de los Magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia, dejaran insubsistente el dictamen de fecha veinticuatro de marzo de dos mil siete y en su lugar emitieran otro debidamente fundado y motivado, resolución contra la que el Congreso Local interpuso recurso de revisión que se radicó con el número 573/2009 de los (sic) del índice del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, el que fue resuelto por ejecutoria de dos de diciembre de dos mil diez en la que se decretó la caducidad del recurso de revisión, por lo que quedó firme la sentencia sujeta a revisión. B. En cumplimiento a dicha ejecutoria, el Juez de Distrito requirió a las autoridades responsables, Comisión Especial de Diputados y Congreso del Estado de Tlaxcala, el cumplimiento del fallo protector, quienes para tal efecto emitieron el proyecto de dictamen de evaluación y el acuerdo cuya invalidez se reclama."

TERCERO. Conceptos de invalidez. En la demanda se señalaron como violados en perjuicio de la parte actora los artículos 16, 17, 49 y 116, fracción III, de la Constitución Política Federal, 54, 55, y 56, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; y expuso los siguientes conceptos de invalidez:

"El acuerdo emitido por la LX Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, el veintinueve de septiembre del año en curso y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el tres de octubre de este año, que respecto al pago de la indemnización de la licenciada Sandra Juárez Domínguez, remite al noveno considerando del dictamen de evaluación, en el cual el Congreso del Estado determina que en el supuesto de que alguna autoridad ordenara realizar los pagos por concepto de indemnización a la licenciada Sandra Juárez Domínguez, y de que conforme a derecho éstos fueran justificables, compete al Poder Judicial conocer de dicha obligación a través de sus órganos competentes; vulnerando con ello en perjuicio del Poder Judicial que represento el principio de división de Poderes, así como las garantías de independencia y autonomía judiciales, tal como lo determinó la Segunda Sala de este Máximo Tribunal al resolver las controversias constitucionales 56/2010 y 85/2010; como se pasa a demostrar: A. Respecto al principio de división de poderes, el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: ‘Artículo 49.’ (se transcribe). Como es de verse, dicho dispositivo constitucional establece la prohibición de que se reúnan dos o más Poderes de los Estados de la Federación en una sola persona o corporación, es decir, obliga a los destinatarios al respeto del principio de división de poderes, de modo tal que ninguno pueda ejercer todo el poder estatal en su propio interés. B. Por otra parte, las garantías de independencia y autonomía de los Poderes Judiciales se encuentran tuteladas en la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política Federal, que a la letra dice: ‘Artículo 116.’ (se transcribe). De manera específica, la fracción III del citado precepto dispone que los Poderes Judiciales de las entidades federativas gozarán de autonomía e independencia en cuanto a su conformación y ejercicio de sus funciones. Consecuentemente, la violación de los principios de autonomía e independencia judiciales implica necesariamente la violación del principio de división de poderes, ya que aquellos principios quedan inmersos en éste; es decir, no puede hablarse de una auténtica división de poderes cuando de ellos, en este caso el judicial, no es autónomo o independiente. Nuestro Máximo Tribunal ha considerado que la violación a los principios de independencia y autonomía no es una cuestión que pueda analizarse con un parámetro bivalente gracias al cual pueda determinarse si la violación se acreditó o no, sino que se trata de una cuestión gradual, por ser valores que admiten niveles de completitud y, por ende, de afectación, considerando por tanto, que son tres las prohibiciones dirigidas a los poderes públicos de las entidades federativas a fin de que respeten el principio de división de poderes y que son la no intromisión, la no dependencia y la no subordinación, siendo necesario referirnos a cada uno en lo particular: 1. La intromisión. Es el grado más elemental de la violación al principio de división de poderes, para actualizarse basta con que uno de los poderes se inmiscuya o se entremeta en una cuestión que por ser propia de otro le sea ajena; sin embargo, no implica que el poder que se entremete en los asuntos de otro pueda incidir de manera determinante en la toma de decisiones o que genere sumisión. 2. La dependencia. La dependencia conforma el siguiente nivel de violación al citado principio e implica la posibilidad de que el poder dominante impida al poder dependiente que tome decisiones o actúe autónomamente, sin embargo, no necesariamente está compelido a hacer lo que el otro le imponga puesto que existen otros cursos de acción que puede tomar distintos a la imposición. 3. La subordinación. Representa un grado mayor de vulneración, puesto que implica que un poder impida a otro, de forma antijurídica, que tome decisiones o actúe de manera autónoma. La subordinación se traduce en el más grave nivel de violación al principio de división de poderes, ya que no sólo implica que un poder no pueda tomar autónomamente sus decisiones, sino que además debe someterse a la voluntad del poder subordinante. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial cuyo texto y rubro es (sic) del tenor siguiente: ‘DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.’ (se transcribe). ‘PODERES JUDICIALES LOCALES. LA VULNERACIÓN A SU AUTONOMÍA O A SU INDEPENDENCIA IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES.’ (se transcribe). D. (sic) Ahora bien, debe decirse que el principio de división de poderes, con referencia a los Poderes Judiciales de los Estados se violentan, según criterios jurisprudenciales, cuando se cumplen las siguientes condiciones: 1. Que en cumplimiento de una norma jurídica, o bien de manera libre, se actualice una conducta imputable a alguno de los Poderes Legislativo o Ejecutivo. 2. Que dicha conducta implique la intromisión, en los términos antes definidos, de uno de esos poderes en la esfera de competencia del Poder Judicial, o bien, que uno de esos poderes realice actos que coloquen al Poder Judicial en un estado de dependencia o de subordinación con respecto a él. 3. Que la intromisión, dependencia o subordinación de otro poder verse sobre cualquiera de los aspectos: a. Nombramiento, promoción e indebida remoción de los miembros del Poder Judicial. b. Inmutabilidad salarial (remuneración adecuada y no disminuible). c. Carrera judicial. d. Autonomía en la gestión presupuestal. Como apoyo de lo anterior se cita la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: ‘PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS.’ (se transcribe). E. De conformidad con las anteriores precisiones, la autonomía de la gestión presupuestal, tiene el carácter de principio fundamental de la independencia del Poder Judicial, por ser una condición necesaria para que pueda ejercer sus funciones jurisdiccionales con plena independencia, por tanto, no puede quedar sujeta a limitaciones impuestas por otro poder; en virtud de que el principio de autonomía en la gestión presupuestal del Poder Judicial, tiene como fundamento lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que en él se estatuye la garantía de expeditez en la administración de justicia, su gratuidad y la obligación del legislador federal y local de garantizar la independencia de los tribunales, lo que difícilmente puede cumplirse si no existe autonomía presupuestal. Sentado lo anterior, se arriba a la conclusión de que el acuerdo cuya invalidez se reclama por esta vía, violenta el principio de división de poderes, al vulnerar la autonomía en la gestión presupuestal del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala en el grado máximo, que es la subordinación que como ya se dijo lleva implícita la intromisión y dependencia. Se afirma lo anterior, en virtud de que en el acuerdo de mérito, la LX Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala determina que ‘... en el supuesto de que alguna autoridad ordenara realizar los pagos por concepto de indemnización a la ciudadana licenciada y de que, conforme a derecho, éstos fueran justificables, compete al Poder Judicial conocer de dicha obligación, a través de sus órganos competentes.’. Como es de verse, con dicho acuerdo impone al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala la ‘obligación’ de pagar la indemnización que pudiera corresponder a la ex Magistrada licenciada Sandra Juárez Domínguez; lo que sin duda constituye una intromisión de la Legislatura Local en el ámbito de competencia del Poder Judicial, al inmiscuirse en el manejo del presupuesto autorizado para mi representado, tal como lo determinó la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las controversias constitucionales 56/2010 y 85/2010, al considerar que los acuerdos combatidos constituían una orden expresa del Poder Legislativo al Poder Judicial, generando con ello un estado de dependencia y subordinación del Poder que represento con respecto al Poder Legislativo, al entrometerse en la ejecución y aplicación del presupuesto del Poder Judicial, circunstancia que vulnera el principio de autonomía en la gestión presupuestal del que deben gozar los Poderes Judiciales Locales, a efecto de salvaguardar su independencia; por lo que en ambas controversias se declaró la invalidez de los acuerdos impugnados. No obstante lo anterior, el Congreso Local del Estado en total contravención con los criterios sustentados en las resoluciones de las controversias de mérito, determina nuevamente, imponer al Poder Judicial del Estado la ‘obligación’ de realizar el pago que por concepto de indemnización, pudiera corresponderle a la ex Magistrada Sandra Juárez Domínguez, sólo que en esta ocasión, a diferencia de los acuerdos impugnados en las controversias en comento, la Legislatura Local dolosamente, omite utilizar la expresión ‘se ordena’; pero al determinar que compete al Poder Judicial conocer de dicha obligación es evidente que dicha determinación constituye una orden expresa del Poder Legislativo dirigida al Poder Judicial, con la consecuente violación al principio de división de poderes. En efecto, si bien es cierto que el Congreso Local es el órgano competente para decretar anualmente el presupuesto de egresos del Estado, en el que se encuentra incluido el del Poder Judicial del Estado, también lo es que una vez que éste es aprobado y asignado, corresponde al Poder Judicial determinar cómo lo va a ejercer, sin embargo, al imponer al Poder Judicial del Estado la ‘obligación’ de realizar el pago que por concepto de indemnización pudiera corresponderle a la ex Magistrada Sandra Juárez Domínguez, impide a este Poder Judicial actuar o tomar decisiones autónomamente respecto del presupuesto autorizado, pues al disminuirse éste, ya no podremos llevar a cabo el manejo y ejercicio autónomo del presupuesto al obligarnos a realizar modificaciones al mismo, derivadas de la disminución del presupuesto, subordinando de esta manera al órgano que represento al no tener otra opción más que acatar el acuerdo emitido por el Congreso Local, sometiéndonos con ello a su voluntad, lo que atenta contra la autonomía e independencia de este órgano jurisdiccional en el grado más grave de violación al principio de división de poderes y que es la subordinación, respecto a la autonomía en la gestión presupuestal, motivo suficiente para declarar la invalidez del acuerdo que se impugna por esta vía, dada la vulneración al principio de división de poderes y dada la subordinación en que el Congreso Local ha colocado al Poder Judicial al atentar contra su autonomía e independencia en la gestión presupuestal. De lo anterior se desprende que el poder demandado carece de facultades constitucionales y legales para emitir el acto cuya invalidez se demanda y con ello invade esferas de competencia del Poder Judicial de Tlaxcala y vulnera el principio de la división de poderes, además del principio de legalidad, entendido como aquel merced al cual las autoridades únicamente pueden hacer aquello que la ley expresamente les faculta, principios consagrados en los artículos 49 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. F. Aunado a lo anterior, se encuentra el hecho de que el órgano del Congreso demandando al emitir el acuerdo combatido haya inobservado el artículo 16 de la Constitución Federal en lo relativo a la debida fundamentación y motivación, porque se reitera, que los artículos 45, 47, y 54, fracción XXVII, de la Constitución Local y el (sic) 2, 5, 9, fracción III y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, no faculta al Congreso demandado para emitir el segundo punto del acuerdo impugnado; resultando por ello incongruente e insuficiente la motivación que hace en el referido considerando noveno del dictamen de evaluación, pues únicamente refiere que los Magistrados ostentan la titularidad del Tribunal Superior de Justicia y forman parte del Órgano Supremo sobre el que recae el ejercicio del Poder Judicial, por tanto, no existe una relación laboral entre Magistrado y el Poder Judicial; pero como ‘... la relación de los Magistrados por el desempeño de sus actividades es directa con el ente denominado Tribunal Superior de Justicia, y por tanto, es este último ente el que debe asumir, en su caso, la obligación de pagar a los Magistrados las prestaciones generadas por su función jurisdiccional.’ Lo que desde luego violenta la garantía de fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 constitucional al que todo acto emitido por la autoridad debe ceñirse, cuando es competente y está facultada por la Constitución o por leyes secundarias para emitir el acto, para la validez del mismo, pues esta garantía aplica no sólo para particulares sino también para entes públicos; por lo que el acuerdo materia de la invalidez que demando contraviene los dispositivos constitucionales apuntados, siendo procedente declarar en su oportunidad la invalidez del supracitado segundo punto del acuerdo de marras, así como el noveno considerando del dictamen de evaluación, para todos los efectos constitucionales y legales correspondientes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del tenor siguiente: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.’ (se transcribe). G. Por todo lo expuesto, queda de manifiesto que se vulnera el artículo 116, fracción III, constitucional, al existir intromisión del poder demandado en la vida interna del Poder Judicial del Estado, a través del acuerdo parlamentario y dictamen de evaluación, cuya invalidez se demanda; pues de la lectura del precepto legal en cita, no queda la menor duda de que los Poderes Judiciales de los Estados a través de sus órganos de gobierno, gozan de plena autonomía e independencia, disfrutando de facultades para autogobernarse, en ese orden de ideas, es dable afirmar que el acuerdo que se impugna, constituye una orden expresa del Poder Legislativo del Estado al Poder Judicial Local, al determinar que compete al Tribunal Superior de Justicia la obligación de pagar a la ex Magistrada Sandra Juárez Domínguez la indemnización que pudiera corresponderle, actuación que genera un estado de dependencia y subordinación del Poder Judicial con respecto al Poder Legislativo al entrometerse directamente en la ejecución y/o aplicación del presupuesto del Poder Judicial Local, que además, ya se encuentra destinado a determinados fines, cuestión que impacta directamente al principio de autonomía en la gestión presupuestal del que deben gozar los Poderes Judiciales Estatales por ser precisamente este elemento el que propicia la salvaguarda de la independencia en la actuación del Poder Judicial, criterio sostenido por esta Suprema Corte de Justicia. Es más, el poder demandado al emitir el dictamen de evaluación, específicamente el considerando noveno y el segundo punto del acuerdo que combate, debió ceñirse a los criterios o lineamientos contenidos en las sentencias pronunciadas en las controversias constitucionales 56/2010 y 86/2010; respecto a que al ser el Congreso Local quien determina si ratifica o no a un Magistrado al término de su encargo, y al que compete aprobar el presupuesto de egresos del Poder Judicial Local, en todo caso, debió establecer que el pago se realice a través del poder que represento, pero creando la partida presupuestal correspondiente; de tal manera que el acuerdo controvertido en la forma en que fue expedido, constituye órdenes expresas al poder que represento y, por ende, fuera de sus atribuciones legales y de los límites establecidos por la Constitución, por lo que el acuerdo impugnado invade la esfera de facultades constitucionales del Tribunal Superior de Justicia y, con ello, su autonomía gubernativa. Todo lo anterior hace procedente este medio de defensa de la Constitución para que se declare la invalidez del acuerdo impugnado por ser contrario a nuestra Carta Magna, vulnerando los principios de división de poderes, de autonomía en (sic) independencia y de legalidad."

CUARTO. Admisión. Por auto de diecisiete de noviembre de dos mil once el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional y ordenó turnar el expediente al Ministro que correspondiera.

El Ministro instructor Sergio Salvador Aguirre Anguiano, mediante proveído de veintidós de noviembre de dos mil once, tuvo por presentado al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y, por tanto, admitió la demanda; reconoció el carácter de demandado al Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al que ordenó emplazar y requirió para que al intervenir en el asunto señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibida de que si no lo hace, las subsecuentes notificaciones derivadas de la tramitación y resolución de ese asunto se realizarán por lista, hasta en tanto no señalara el domicilio solicitado; requirió al Congreso del Estado de Tlaxcala para que al contestar la demanda enviara a este Alto Tribunal copia certificada de todos los antecedentes legislativos del acto impugnado, y dio vista a la procuradora general de la República.

Sin que sea óbice que en el propio auto en el que se admitió la presente controversia constitucional se hubiese señalado: "No pasa inadvertido que el acto impugnado es de contenido similar al que fue materia de la sentencia dictada en la diversa controversia constitucional 56/2010, promovida por el propio Poder Judicial actor, por lo que quedan a salvo sus derechos para que, de estimarlo conducente haga valer la denuncia de incumplimiento que prevé el artículo 47 de la ley reglamentaria de la materia, por aplicación o repetición del acto declarado inválido."

Lo anterior, porque en la controversia constitucional citada se impugnó un diverso acto al ahora impugnado, emitido por una diversa autoridad, esto es la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, consistente en el acuerdo de que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala por conducto de su Tesorería, pagara la contraprestación correspondiente por los servicios prestados como Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a diversos licenciados.

QUINTO. Contestaciones de demanda. La autoridad demandada, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, por conducto del presidente de la mesa directiva, dio contestación a la demanda en los siguientes términos.

"Es importante manifestar a su señoría los antecedentes que permitieron a esta Soberanía a través de la sesión del Pleno del Congreso del Estado, en fecha veintinueve de septiembre de dos mil once, aprobar el acuerdo por el que se da cumplimiento a la ejecutoria emitida dentro de las actuaciones que integran el expediente número 1506/2007-III, de los del (sic) índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, en el que se estableció: ‘Primero.’ (se transcribe). En la emisión del dictamen con proyecto de acuerdo de fecha veintinueve de septiembre de dos mil once se observaron los siguientes antecedentes: I. En sesión ordinaria de fecha veintitrés de febrero de dos mil seis la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado aprobó el acuerdo por el que se constituyó una Comisión Especial de Diputados que se encargaría de evaluar y dictaminar sobre la ratificación o no de los Magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala de plazo cumplido, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en fecha veintisiete de febrero de dos mil seis. II. De conformidad con la evaluación y dictaminación de la comisión citada en el párrafo que nos antecede, a través de la sesión pública de fecha veinticuatro de marzo de dos mil siete se aprobó el acuerdo a través del cual se determinó no ratificar y/o reelegir a la ciudadana licenciada Sandra Juárez Domínguez al cargo de Magistrada propietaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, por lo que en su punto segundo del referido acuerdo se determinó: ‘Segundo. Conforme a la ley laboral aplicable se ordena pagarle a la ciudadana licenciada Sandra Juárez Domínguez, el cien por ciento de su indemnización constitucional con cargo al erario público ...’ Acuerdo que fue debidamente publicado en el periódico de fecha tres de octubre de dos mil once, tomo XC, Segunda Época, No Extraordinario. III. En atención al punto inmediato, la ciudadana Sandra Juárez Domínguez, mediante escrito de fecha trece de noviembre de dos mil siete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala y de la Comisión Especial de Diputados, como autoridades ordenadoras, que hizo consistir en el dictamen con proyecto de acuerdo y acuerdo, ambos de fecha veinticuatro de marzo de dos mil siete, por el que no se ratificó en el cargo de Magistrada propietaria integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como sus efectos, mismo que fue radicado bajo el número 1506/2007-III de los del (sic) índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, por lo que previa secuela procesal en fecha diecisiete de septiembre de dos mil nueve, el Juez Noveno de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, emitió la resolución correspondiente, cuyos puntos resolutivos textualmente estableció: (se transcriben). IV. El Congreso del Estado, inconforme con la resolución citada, por conducto de su representante legal se adhirió al recurso de revisión número 573/2009, ante el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito en el Estado de Tlaxcala, por lo que en resolución de fecha dos de diciembre de dos mil diez, se decretó la caducidad del recurso, por lo que quedó firme la sentencia sujeta a revisión. V. Por acuerdo de fecha catorce de diciembre de dos mil diez, requirió por el término de veinticuatro horas, para que se diera cumplimiento a la ejecutoria de fecha diecisiete de septiembre de dos mil nueve, para el efecto de que el Congreso del Estado, así como la Comisión Especial de Diputados encargada de evaluar y dictaminar sobre la ratificación o no, de los Magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia, dejaran insubsistente el dictamen de fecha veinticuatro de marzo de dos mil siete y en su lugar se emitiera otro, que podía ser en el mismo sentido o uno diverso, debidamente fundado y motivado, y que la protección constitucional concedida por vicios formales atribuibles al mencionado dictamen de veinticuatro de marzo de dos mil siete, no implica insubsistencia ni nulidad alguna del acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil siete, que fijó las bases para el procedimiento de selección de aspirantes a ocupar nueve plazas de Magistrados, así como respecto a la toma de protesta de Tito Cervantes Zepeda en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala en sustitución de la ahí quejosa. Manifiesto a su señoría que mi representado ante los diversos requerimientos formulados por el Juez Primero de Distrito del Estado de Tlaxcala, en fecha veintiocho de diciembre del año dos mil diez dejó insubsistente el acuerdo y dictamen de fecha veinticuatro de marzo de dos mil siete por el que se aprobó el proyecto de acuerdo individual y personalizado, en el se determinó la no ratificación de la licenciada Sandra Juárez Domínguez en el cargo de Magistrada propietaria integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. VI. Asimismo, por acuerdo de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fecha treinta y uno de marzo de dos mil once emitió el acuerdo por el que se integra ‘la Comisión Especial de Diputados encargada de Evaluar y Dictaminar sobre la Ratificación o no de los Magistrados propietarios de plazo cumplido que integran el Tribunal Superior de Justicia del Estado que conocerá y emitirá el respectivo dictamen en aquellos casos en los que por mandato de la autoridad judicial competente, esta soberanía esté obligada a dar cumplimiento a alguna ejecutoria de amparo u otro medio de control constitucional’, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado en fecha seis de abril del año próximo pasado, mismo que fue notificado al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, dentro de las actuaciones que integran el Juicio de Amparo número 1506/2007-III. VII. Asimismo, con fecha ocho de septiembre de dos mil once, el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala emitió el acuerdo en adición al acuerdo aprobado de fecha treinta y uno de marzo, instruyendo a los diputados integrantes de la comisión se pronunciaran y dieran cumplimiento a la ejecutoria pronunciada dentro de las actuaciones que integran el juicio de amparo número 1506/2007-III. VIII. En fecha veintinueve de septiembre del año próximo pasado el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, aprobó el proyecto de acuerdo por el que se determinó: No ha lugar a reelegir y/o ratificar a la ciudadana licenciada Sandra Juárez Domínguez en el cargo de Magistrado propietario integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, por lo que en el punto segundo del acuerdo de mérito se estableció que la indemnización de la licenciada Sandra Juárez Domínguez se llevaría a cabo en los términos del considerando noveno del dictamen de evaluación. Por lo que desde este momento manifiesto a su señoría que los actos que ha realizado mi representado en torno a la aplicación del acuerdo de fecha veintinueve de septiembre de dos mil once se encuentran apegados a derecho y no contravienen la esfera de competencia del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, tal y como lo pretende demostrar el Magistrado presidente con el escri

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23635-f7e1de51/autonomia-del-poder-judicial-del-estado-de-tlaxcala · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.