I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LA SEGUNDA HIPÓTESIS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO Y POR EL CONSEJERO JURÍDICO, EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN (ARTÍCULO 2o. DEL DECRETO NÚMERO MIL VEINTIUNO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO). IV. PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS. V. AUTONOMÍA DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. CONSTITUYE UNA CONDICIÓN PARA QUE EJERZAN SUS FUNCIONES CON PLENA INDEPENDENCIA. VI. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. VII. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO [INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO MIL VEINTIUNO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2o. EN DONDE SE INDICA: "... LA CUOTA MENSUAL DECRETADA, DEBERÁ CUBRIRSE A RAZÓN DE LA ÚLTIMA DE QUE HUBIERE GOZADO EL PENSIONADO, DEBIENDO SER PAGADA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DEL FALLECIMIENTO DE LA PENSIONADA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS A TRAVÉS DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, DEPENDENCIA QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA DESTINADA PARA PENSIONES, SEGÚN LO ESTABLECEN LOS NUMERALES 55, 57, 64 Y 65, FRACCIÓN II, INCISO C) Y PÁRRAFO SEGUNDO, INCISO C), DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS."]. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL LOCAL, NO PUEDE CAUSAR AFECTACIÓN ALGUNA A LOS DERECHOS QUE YA SE HABÍAN OTORGADO AL TRABAJADOR PENSIONADO Y QUE NO FUERON MATERIA DE LA INVALIDEZ DECRETADA [INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO MIL VEINTIUNO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2o. EN DONDE SE INDICA: "... LA CUOTA MENSUAL DECRETADA, DEBERÁ CUBRIRSE A RAZÓN DE LA ÚLTIMA DE QUE HUBIERE GOZADO EL PENSIONADO, DEBIENDO SER PAGADA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DEL FALLECIMIENTO DE LA PENSIONADA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS A TRAVÉS DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, DEPENDENCIA QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA DESTINADA PARA PENSIONES, SEGÚN LO ESTABLECEN LOS NUMERALES 55, 57, 64 Y 65, FRACCIÓN II, INCISO C) Y PÁRRAFO SEGUNDO, INCISO C), DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS."]. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL QUE VINCULA AL CONGRESO LOCAL PARA QUE ESTABLEZCA SI SERÁ EL PROPIO CONGRESO QUIEN HARÁ EL PAGO DE LA PENSIÓN RESPECTIVA CON CARGO AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO O, EN CASO DE CONSIDERAR QUE DEBE SER ALGÚN OTRO PODER O ENTIDAD QUIEN DEBA REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LA PENSIÓN, DEBERÁ OTORGAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE DICHO ENTE PUEDA SATISFACER ESA OBLIGACIÓN [INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO MIL VEINTIUNO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2o. EN DONDE SE INDICA: "... LA CUOTA MENSUAL DECRETADA, DEBERÁ CUBRIRSE A RAZÓN DE LA ÚLTIMA DE QUE HUBIERE GOZADO EL PENSIONADO, DEBIENDO SER PAGADA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DEL FALLECIMIENTO DE LA PENSIONADA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS A TRAVÉS DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, DEPENDENCIA QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA DESTINADA PARA PENSIONES, SEGÚN LO ESTABLECEN LOS NUMERALES 55, 57, 64 Y 65, FRAC
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 65/2021. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 26 DE ENERO DE 2022. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión virtual de veintiséis de enero de dos mil veintidós.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Presentación de la demanda, poder demandado y acto impugnado. Por escrito presentado el trece de mayo de dos mil veintiuno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Rubén Jasso Díaz, en su carácter de Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en representación del citado Poder, en la que solicitó la invalidez de los actos que más adelante se señalan y emitido por el Poder que a continuación se mencionan:
a) Entidad, poder u órganos demandados:
- Poder Ejecutivo del Estado de Morelos
- Poder Legislativo del Estado de Morelos
- Secretario de Gobernación del Estado de Morelos
b) Norma general o actos cuya invalidez se reclama:
• Por sí y por vicios propios, los artículos 1o., 2o., y 3o. del Decreto Mil Veintiuno, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" cincuenta y nueve veintinueve, el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determinó otorgar pensión por viudez a Esteban Carlos Odriozola Mirón, cónyuge supérstite de Maribel Velazco Abarca, con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos.
2. SEGUNDO.—Antecedentes. De su escrito de demanda se desprende que el Poder Judicial manifiesta los siguientes hechos:
• El Poder Ejecutivo del Estado remitió el primero de octubre de dos mil veinte, a la LIV Legislatura del Estado de Morelos, el proyecto de Presupuesto de Egresos para el Gobierno de ese Estado para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno.
• El quince de diciembre de dos mil veinte, el Congreso del Estado de Morelos aprobó el Decreto Mil Ciento Cinco, en el cual autoriza el Presupuesto de Egresos para el Gobierno de ese Estado para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, asignado al Poder Judicial de la entidad, por la cantidad de quinientos cuarenta y nueve millones treinta y cuatro mil pesos, en la que entre los rubros señalados se encuentran: a) Tribunal Superior de Justicia del Estado; b) pago de pensiones, jubilaciones, controversias constitucionales y amparos del Tribunal Superior de Justicia; y, c) Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes, sin contemplar la partida "Apoyo extraordinario o sindicalizados del Poder Judicial".
• El treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno se publicó en el Periódico Oficial de Morelos "Tierra y Libertad" cincuenta y nueve veintinueve, el Decreto Mil Veintiuno a través del cual se determinó otorgar pensión por viudez a Esteban Carlos Odriozola Mirón, en los términos siguientes:
"Decreto Número Mil Veintiuno por el que se concede pensión por viudez al C. Esteban Carlos Odriozola Mirón.
"Artículo 1o. Se concede pensión por viudez al C. Esteban Carlos Odriozola Mirón, cónyuge supérstite de la finada Maribel Velasco Abarca, que en vida prestó sus servicios para el Poder Judicial del Estado de Morelos en el H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: jubilada por pensión vitalicia en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.
"Artículo 2o. La cuota mensual decretada, deberá cubrirse a razón de la última de que hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a partir del día siguiente al del fallecimiento de la pensionada por el Poder Judicial del Estado de Morelos a través del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida destinada para pensiones, según lo establecen los numerales 55, 57, 64 y 65, fracción II, inciso c) y párrafo segundo, inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
"Artículo 3o. La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo aludido."
"Artículos transitorios
"Artículo primero. Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos correspondientes.
"Artículo segundo. El decreto que se expide entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ órgano del gobierno del Estado.
"Recinto Legislativo, en sesión ordinaria de Pleno del día nueve de diciembre de dos mil veinte.
"Diputados integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos. Dip. Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente. Dip. Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, secretaria. Dip. Erika García Zaragoza, secretaria. Rúbricas.
"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno, en la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos a los veinticinco días del mes de febrero del dos mil veintiuno.
"‘Sufragio efectivo. No reelección’
"Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos
"Cuauhtémoc Blanco Bravo
"Secretario de Gobierno
"Lic. Pablo Héctor Ojeda Cárdenas
"Rúbricas."
3. TERCERO.—Conceptos de invalidez. La parte actora señaló como único concepto de invalidez el siguiente:
Señala que el decreto que se impugna vulnera en su perjuicio los artículos 17, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a) y 127 de la Constitución General de la República; 32, párrafo séptimo, 83, 92-A, fracción VI y 131 de la Constitución de Morelos, ya que invade la autonomía en la gestión presupuestal.
Lo anterior es así ya que el Poder Legislativo demandado determina, de manera unilateral, conceder pensión por viudez a Esteban Carlos Odriozola Mirón, con cargo al presupuesto del Poder Judicial Estatal, lesionando con ello la autonomía de la gestión presupuestaria, de conformidad con el artículo 17 constitucional, que establece la garantía de expeditez en la administración de justicia y en la obligación del Poder Legislativo, Federal y Local, de garantizar la independencia, lo que en el particular no ocurre pues, al emitir el decreto, el Legislativo se entromete en las decisiones financieras del Poder Judicial aquí actor, lesionándolo en el grado más grave, que es la subordinación y, en consecuencia, su autonomía en la gestión de sus recursos.
Lo anterior pues, de conformidad con el artículo 2o. del cuestionado decreto, se dispone directamente de los recursos financieros del Poder Judicial Estatal al conceder una pensión por viudez y quien tiene la facultad de disponer de dichos recursos no tuvo intervención alguna en el decreto impugnado, máxime que no determina de manera expresa la fuente de pago o partida presupuestal correspondiente del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, para realizar el pago.
La afectación al presupuesto del Poder Judicial Local sostiene que es mucho mayor, ya que se impone la obligación de pagar la pensión por invalidez a partir del día siguiente al del fallecimiento de la pensionada, lo que implica que se haya dispuesto de presupuesto que ya se encuentra agotado, por lo que atendiendo al principio de anualidad del presupuesto, se encuentra imposibilitado para cumplir con el pago de la pensión a partir del día siguiente de dicha separación, puesto que ese presupuesto ya se agotó, por lo que se vulnera también el contenido del artículo 116 de la Constitución Federal, al pretender que el Poder Judicial Local se someta a las decisiones del Congreso Local.
Sostiene que la pensión por viudez debe encontrar fundamento legal, sin que en el particular se asignara una partida especial para el pago del decreto y, por ende, existe un impedimento legal y constitucional para realizar el mismo; además, sin que se transfirieran los recursos necesarios para cumplir con dicha pensión, circunstancia que afecta aún más las finanzas del Poder Judicial de Morelos y que a su parecer se traduce en una omisión que permite advertir una notoria afectación al presupuesto del Poder Judicial y, por ende, vulnera los principios de división de poderes, autonomía e independencia, establecidos en la Constitución Federal y Local.
Al respecto, señala que el artículo 17 constitucional, en su párrafo quinto, consagra el principio de independencia judicial que debe regir tanto en el ámbito federal como en el local, así como la plena ejecución de las resoluciones emitidas por los órganos estatales que conformen el Poder Judicial, por lo que tal disposición debe entenderse como una garantía dirigida a los juzgadores para que en virtud de dicha independencia, se encuentren en plena libertad para emitir sus resoluciones sin influencias ajenas al reconocimiento jurídico. No obstante, pese a que existe la obligación de que la ley contemple y regule las pensiones de los trabajadores estatales, la forma de proceder del Congreso Estatal se aparta del principio de autonomía de la gestión presupuestaria.
Así pues, sostiene que no se explica por qué si los trabajadores tuvieron la relación de trabajo con el Poder Judicial corresponde a una autoridad ajena, como lo es el Congreso Local, evaluar que un trabajador de otro Poder sea beneficiado con una de las distintas pensiones que menciona la ley con cargo a la hacienda pública del Poder actor. Lo anterior, sin que se haya tomado en cuenta a éste y sin ampliar a la par el presupuesto para cubrir la misma.
Señala que resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 101/2000, de rubro: "PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. MARCO JURÍDICO DE GARANTÍAS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."
Sostiene que de conformidad con la ley orgánica que rige al Congreso del Estado de Morelos y con la Ley del Servicio Civil de esta entidad federativa, está facultado para emitir decretos arbitrarios obligando a otros Poderes a acatar sus determinaciones e influyendo en su hacienda pública y, en el caso, no existe justificación legal para la expedición de un decreto como el que se impugna. Por tales circunstancias, se debe declarar la invalidez del decreto impugnado y analizar la subordinación y dependencia en la que se encuentra este Poder Judicial, además, que el Poder Legislativo Local deberá incrementar o dotar de los recursos suficientes en la partida de pensiones a efecto de no vulnerar los derechos de los trabajadores de este Poder Judicial, toda vez que aprobó el presupuesto de egresos del Estado de Morelos por una cantidad menor a la solicitada para el rubro de pago de decretos pensionarios, tanto de los existentes como de los que se pudieran autorizar en el ejercicio fiscal dos mil veintiuno.
Así pues, estima que la cantidad asignada en el decreto que aquí se combate no representa ni siquiera la mitad de lo que se necesita para cumplir con el pago de decretos pensionarios ya existentes, ni muchos menos para el pago del incremento de los salarios de las pensiones correspondientes.
4. CUARTO.—Artículos constitucionales señalados como violados. Los artículos 14, 16, 17, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5. QUINTO.—Trámite de la controversia. Por acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional con el número de expediente 65/2021; asimismo, ordenó que se turnara el expediente al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento, de conformidad con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.
6. Luego, mediante proveído de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en su calidad de instructor de la controversia constitucional, admitió a trámite la demanda y ordenó emplazar como demandados a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como al secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos.
7. Además, requirió a los Poderes Ejecutivo y Legislativo demandados para que, al rendir su contestación, enviaran a este Alto Tribunal todas las documentales relacionadas con el acto impugnado; por último, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que expresaran lo que a su representación correspondiera.
8. SEXTO.—Contestación de demanda. Mediante proveídos de trece de julio, dos y diez de agosto de dos mil veintiuno, el Ministro instructor tuvo al Poder Ejecutivo, secretario de Gobierno y Poder Legislativo, todos del Estado de Morelos, dando contestación a la demanda de controversia constitucional y dando cumplimiento a los requerimientos formulados mediante proveído de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, para que remitieran los antecedentes legislativos del decreto impugnado. Así pues, las autoridades demandadas señalaron lo siguiente:
• Poder Ejecutivo. Considera que resulta infundado que se viole en perjuicio de la parte actora lo dispuesto por los artículos 14, 16, 17, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32, párrafo séptimo, 83, 92-A y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
Al respecto, señala que el Poder actor manifiesta que la Legislatura del Estado transgrede el principio constitucional de autonomía en la gestión presupuestal, toda vez que emitió el decreto mediante el cual se otorga el pago de una pensión con cargo al presupuesto del Poder Judicial actor. De ahí que no se imputa a esta autoridad la omisión de poner en conocimiento que a la fecha y con base a la reforma constitucional que otorga autonomía financiera al Poder Judicial del Estado de Morelos, el Congreso del Estado de Morelos asigne al Poder Judicial una partida equivalente al 4.7% del monto total del gasto programable del presupuesto de egresos anual.
Señala que el Poder Legislativo, en el presupuesto de egresos de dos mil veintiuno, en el artículo décimo octavo, autorizó para el Poder Judicial del Estado la cantidad de quinientos cuarenta y nueve millones treinta y cuatro mil pesos, distribuidos de conformidad con el anexo 2 del decreto y que integra los recursos necesarios para todas y cada una de las obligaciones financieras, las laborales y de seguridad social, así como las derivadas de pensiones y jubilaciones y controversias constitucionales. Por lo que se considera que el Poder Judicial cuenta en el ejercicio fiscal actual con los recursos necesarios para hacer frente a los pagos que por pensiones le corresponda realizar.
Atento a lo anterior, estima que el Poder actor está en condiciones de cubrir a cabalidad con el pago de las obligaciones derivadas de los decretos de pensión de sus exservidores públicos, sin encontrarse supeditado a los recursos que le sean aprobados y destinados por los Poderes Ejecutivo y Legislativo Estatales, toda vez que anualmente cuenta con la certeza de un presupuesto con un porcentaje fijo en el presupuesto de egresos anual, cuyo monto incrementará en la medida que lo haga dicho monto total.
Así pues, sostiene que los actos emitidos por el Poder Ejecutivo Estatal, relativos a la promulgación y publicación del decreto impugnado, se encuentran apegados al orden constitucional, así como demás normativa en la materia.
Independientemente de lo señalado, sostiene que el Ejecutivo Estatal no es patrón solidario o sustituto frente a las diversas obligaciones que actualmente tiene el citado Poder Judicial con sus jubilados, por lo que el Ejecutivo sólo debe hacerse cargo de sus propias obligaciones, no así de las obligaciones que deje de cumplir el Poder Judicial.
• Poder Legislativo. En primer lugar, hace valer la causal de improcedencia consistente en la falta de interés legítimo, como más adelante se señala.
En torno al concepto de invalidez del Poder actor, sostiene que en el caso, de conformidad con la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, publicada en dos mil veinte y por la cual se abrogó la ley del mismo nombre promulgada en mil novecientos cincuenta, los trabajadores del Estado (o sus beneficiarios) tienen el derecho a disfrutar de una pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez o muerte, que será otorgada por los Poderes patrones a través de las instituciones que para el caso determinen o con quien hayan celebrado convenio. Y a efecto de cumplir con ese derecho, los Poderes patrones tienen la obligación de enterar a la institución respectiva las aportaciones que fijen las leyes aplicables.
Asimismo, señala que, además de las pensiones anteriores, los trabajadores del Estado de Morelos tienen también derecho a gozar de otra pensión (por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez o muerte) que se otorga mediante decreto que expide el Congreso del Estado, una vez satisfechos los requisitos que establece la propia Ley del Servicio Civil para tal efecto. Así pues, derivado de lo anterior, ante la facultad otorgada por la Ley del Servicio Civil, al Congreso del Estado le corresponde otorgar los decretos de pensión en favor de los trabajadores que prestaron sus servicios al Estado de Morelos, entre los que se encuentran los del Poder Judicial.
Ante ello, estima que resultan infundadas e inoperantes las afirmaciones dogmáticas subjetivas realizadas por la parte actora. Además, señala que el Congreso aportó el presupuesto para el Poder Judicial Local y previó asignaciones por la cantidad de quinientos cuarenta y nueve millones treinta y cuatro mil pesos, de los cuales, setenta y cinco millones de pesos son para el pago de sus pensiones, tal como se aprecia del anexo 2 del presupuesto.
Además, sostiene que el Tribunal Superior de Justicia del Estado remitió el monto total para el pago de las pensiones, correspondiente al año dos mil diecinueve, el cual asciende a la cantidad de treinta y nueve millones seiscientos cincuenta y nueve mil setenta y tres pesos, lo que se tomó de base en la asignación al Tribunal Superior de Justicia para asignar la cantidad de setenta millones de pesos, la cual resulta bastante y suficiente para el pago de la pensión correspondiente de la quejosa.
Señala que al haber otorgado el Poder Legislativo del Morelos la partida destinada para el pago de las pensiones otorgadas controvertidas, así como para las que se otorgaran en el año dos mil veinte, tomando como base lo solicitado por la entonces presidenta del Poder Judicial, en nada transgrede el principio de autonomía en la gestión presupuestal, pues a través de su expedición y el otorgamiento de los recursos para realizar su pago, no dispone de los recursos presupuestales de otro Poder, ya que de manera previa le otorgó los recursos suficientes para el pago de la pensión aludida generando con ello las condiciones legales y materiales para que el demandante pueda hacer frente a esa carga.
• Secretario de Gobierno. Señala que si bien el Poder Judicial reclama la invalidez del decreto de mérito, el mismo se abstiene de formular conceptos de invalidez en los que se combata dicha disposición por vicios respecto del acto de publicación atribuido al secretario de Gobierno del Estado de Morelos, por lo que resulta evidente que la autoridad que representa se encuentra llamado a la presente controversia constitucional, en atención al requisito formal de tener por demandados a los órganos que hubiesen expedido, promulgado o publicado el decreto impugnado, para la adecuada tramitación y resolución de la controversia constitucional en que se actúa. Señala que el secretario de Gobierno, en el proceso legislativo para la emisión del decreto que se impugna, llevó a cabo su publicación, sin que tal acto haya sido motivo de impugnación por vicios propios, por lo que es falso que la autoridad que se representa viole en perjuicio del Poder Judicial actor las disposiciones constitucionales que invoca en su concepto de invalidez.
Precisa que el secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado, en el acto de publicación del decreto, que es el único acto que le resulta atribuible, en ningún momento incurrió en violación a los dispositivos constitucionales que señala la demandante, lo que da cuenta de la satisfacción y apego literal del citado acto a los textos de la Constitución Local y a la ley orgánica transcritos; razón por la cual, la impugnación que formula el Poder Judicial actor en contra de la autoridad que representa resulta notoriamente improcedente e infundada, en virtud de que bajo ninguna circunstancia dichos actos invaden el ámbito de facultades constitucionalmente establecidas a favor de dicho Poder actor, sino que el actuar del secretario de Gobierno se encuentra apegado a las facultades legales que le han sido conferidas.
9. SÉPTIMO.—Opinión del fiscal general de la República y de la Consejería Jurídica Federal. Tanto el fiscal general de la República como la Consejería Jurídica Federal, a pesar de haber sido notificados correctamente, se abstuvieron de formular pedimento.
10. OCTAVO.—Audiencia y cierre de instrucción. Agotado el trámite respectivo, el veinte de septiembre de dos mil veintiuno tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal en la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos y, con relación a los alegatos, las partes no los formularon. Por último, se puso el expediente en estado de resolución.
11. NOVENO.—Avocamiento. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente, mediante proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictado por la Ministra presidenta de la Primera Sala, se AVOCÓ al conocimiento del asunto y, además, determinó enviar nuevamente los autos a la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para la elaboración del proyecto de resolución.
CONSIDERANDO
12. PRIMERO.—Competencia. La Primera Sala de la Suprema Corte es competente para conocer de esta controversia, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal,(1) 1o. de la ley reglamentaria de la materia,(2) 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) en relación con el artículo 37, párrafo primero,(4) del Reglamento Interior de este Alto Tribunal y los puntos segundo, fracción I, párrafos primero y tercero, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece,(5) al resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno dado el sentido de la presente controversia constitucional.
13. SEGUNDO.—Fijación de la litis. A fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con el artículo 41, fracción I,(6) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta necesario determinar cuál es el acto concreto y específicamente reclamado por el Poder actor.
14. En el respectivo apartado de la demanda, el Poder Judicial accionante señaló como tal el siguiente:
"IV. La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como el medio oficial en que se hubieran publicado:
"Se reclama la invalidez por sí y por vicios propios de los artículos 1o., 2o. y 3o. del Decreto Número Mil Veintiuno (1021), publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ 5929, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determinó otorgar pensión por viudez al C. Esteban Carlos Odriozola Mirón, cónyuge supérstite de la finada Maribel Velazco Abarca, con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin transferir efectivamente los recursos necesarios para cumplir con la carga económica que implica el decreto pensionario."
15. No obstante, derivado de la lectura integral y sistemática de la demanda se advierte, en específico del único concepto de invalidez que hizo valer el Poder Judicial del Estado de Morelos, que de lo que se duele es que se haya otorgado una pensión por viudez a una persona con cargo al presupuesto del Poder Judicial Local sin haber transferido los recursos económicos necesarios para cumplir tal señalamiento.
16. Tal determinación se encuentra únicamente en el artículo 2o. y no en los artículos 1o. y 3o. y es la que constituye la materia de la presente controversia constitucional. En consecuencia, se tiene únicamente al artículo 2o. del Decreto Mil Veintiuno, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" cincuenta y nueve veintinueve, el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, como acto impugnado.
17. No pasa desapercibido para esta Primera Sala que en la parte final del único concepto de invalidez se señala que en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, no se aprobó el anteproyecto con las cantidades y montos solicitados. Sin embargo, lo anterior no implica que propiamente se esté impugnando el presupuesto de egresos, porque de una lectura integral de la demanda se advierte que ello es parte de la compleja argumentación para demostrar la inconstitucionalidad del decreto pensionario impugnado a partir de la inconstitucionalidad del sistema de pensiones previsto en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y su reflejo en la autonomía e independencia del Poder Judicial Local.
18. Similares consideraciones sostuvo esta Primera Sala al resolver la diversa controversia constitucional 62/2021, el trece de octubre de dos mil veintiuno.(7)
19. TERCERO.—Oportunidad. El artículo 21, fracciones I y II,(8) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el plazo para la interposición de la demanda de controversia constitucional será:
a) Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.
b) Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.
20. De lo anterior se advierte que la ley reglamentaria de la materia dispone expresamente cuáles son los plazos para la interposición de la demanda de controversia constitucional, distinguiendo para efecto de las reglas de aplicación de dichos plazos, cuando se impugnen actos o normas generales.
21. En el caso se impugna un acto administrativo, en tanto que el Decreto Mil Veintiuno, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" cincuenta y nueve veintinueve, de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, a través del cual se otorga pensión por viudez a Esteban Carlos Odriozola Mirón, no revisten las características de generalidad, abstracción e impersonalidad, propias de las normas generales, sino que se trata de un acto específico relacionado con la determinación por parte del Poder Legislativo de otorgar pensión por viudez a un cónyuge supérstite que fue servidor público del Poder Judicial de Morelos, con cargo a su presupuesto.(9)
22. Es decir, crea situaciones jurídicas particulares y concretas, que no implican su permanencia después de su aplicación, sino que está dirigido a una situación concreta y, una vez aplicado, se extingue.
23. En vista de lo anterior, atendiendo a que el decreto fue publicado el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, y en virtud de que el Poder actor manifiesta haber conocido de él con motivo de la publicación, el cómputo del plazo de treinta días previsto en la fracción II del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia transcurrió del cinco de abril al diecisiete de mayo de dos mil veintiuno.(10)
24. En esas condiciones, siendo que la demanda fue presentada en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el trece de mayo de dos mil veintiuno, tal como se advierte del sello que obra en el escrito de demanda, resulta oportuna respecto a los decretos impugnados.
25. CUARTO.—Legitimación activa. En términos del artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Federal,(11) el Poder Judicial del Estado de Morelos es uno de los órganos que se encuentran legitimados para promover controversia constitucional.
26. Por su parte, de los artículos 10, fracción I(12) y 11, primer párrafo,(13) de la ley reglamentaria se desprende que tendrá el carácter de actor la entidad, poder u órgano que la promueva y deberá comparecer al juicio por conducto del funcionario que, en términos de la norma que lo rige, esté facultado para representarlo.
27. En el presente asunto, la demanda de controversia constitucional fue promovida por Rubén Jasso Díaz, en su carácter de Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, personalidad que le fue reconocida en el a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30653-2935f6e3/i-controversia-constitucional-el-presidente-del-tribunal-superior · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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