CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE LA IMPUGNACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS CONTENIDOS EN LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 325/2001. MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.
SECRETARIOS: MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ GONZÁLEZ Y MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día ocho de julio de dos mil tres.
Vistos para resolver los autos relativos a la controversia constitucional 325/2001, promovida por ... en su carácter de síndicos primero y segundo del Ayuntamiento del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en contra de la Federación; y
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cuatro de septiembre de dos mil uno ... en su carácter de síndicos primero y segundo del Ayuntamiento del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, promovieron controversia constitucional contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan:
"3. Autoridades demandadas:
"Son poderes demandados de la Federación:
"a. El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, titular del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión ...
"b. El honorable Congreso de la Unión ...
"5. Actos y normas generales que se estiman inconstitucionales:
"a. Oficio 608.708 de fecha 25 de junio de 2001, notificado en la Oficialía de Partes del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 9 de julio de 2001, suscrito por el jefe de la Unidad de Autopistas de Cuota de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante el cual se niega la ‘concesión al Municipio de Nuevo Laredo para la administración, operación, explotación, conservación y mantenimiento de los puentes I y II’ que comunican a Nuevo Laredo, Tamaulipas, con Laredo, Texas (anexo tres).
"b. Oficios de fecha 3 de julio de 2001, notificados a nuestro representado el 23 de agosto pasado, por los que la coordinadora de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República informa que por instrucciones del Ejecutivo de la Unión turna nuestra solicitud de devolución de los puentes fronterizos a que se refiere el acto anterior al Gobierno del Estado de Tamaulipas (anexos cuatro y cinco).
"c. Artículo 7o. del Decreto que Ordena la Liquidación de las Juntas Federales de Mejoras Materiales (en adelante el ‘decreto liquidador’) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1978, que establece:
"‘Artículo 7o. Todos aquellos servicios públicos, obras e instalaciones que no pudiesen ser transferidos a los Ayuntamientos, por no corresponder a su jurisdicción o por no ser aceptados por dichos gobiernos, pasarán a ser administrados por las dependencias o entidades de la administración pública federal que corresponda.’
"d. Acto u actos administrativos del conocimiento de la autoridad demandada por el que se entregaron los puentes internacionales número I ‘Puerta de las Américas’ y número II ‘Juárez-Lincoln’ que comunican a la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con la de Laredo, Texas (en adelante ‘los puentes fronterizos’) a la Dirección General de Caminos y Puentes Federales, en ejecución del inconstitucional artículo 7o. del Decreto Liquidador de las Juntas Federales de Mejoras Materiales, cuya copia certificada se solicitará al Ejecutivo de la Unión en términos del artículo 33 de la ley reglamentaria;
"e. Concesión en poder y del conocimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a favor del organismo público descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, por la que se le otorga la administración, operación, explotación, conservación y mantenimiento de los puentes fronterizos;
"f. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de abril de 1980, por la que la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas determinó que la Junta Federal de Mejoras Materiales de Nuevo Laredo, Tamaulipas, dejó de atender los asuntos de su competencia por haber concluido su liquidación;
"g. Artículos 1o., fracción I y 2o., fracciones II y III, del Decreto que Reestructura la Organización y Funcionamiento del Organismo Público Descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), con sus correspondientes reformas y adiciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1985, que señalan:
"‘Artículo 1o. El organismo público descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, creado por decreto del Ejecutivo Federal del 27 de junio de 1963, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 del mismo mes y año, con personalidad jurídica y patrimonio propios tendrá por objeto:
"‘I. Administrar y explotar los caminos y puentes federales que actualmente opera y los que en el futuro se construyan con cargo a sus recursos o los que le sean asignados, por cuyo uso se deban pagar las cuotas establecidas por la Ley Federal de Derechos.’
"‘Artículo 2o. El patrimonio de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos se integrará con:
"‘...
"‘II. Todos los demás bienes muebles e inmuebles que en los términos de la Ley General de Bienes Nacionales haya adquirido y los que adquiera por cualquier título.
"‘III. Los ingresos afectados al organismo por la Ley Federal de Derechos, provenientes de los derechos por el uso de las carreteras y puentes federales administrados por el mismo.’
"h. Artículo 21, fracciones I y II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1995, que señala:
"‘Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
"‘I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos;
"‘II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.’
"i. Artículo 9o. A de la Ley de Coordinación Fiscal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, en vigor desde el 1o. de enero de 1996, que señala:
"‘Artículo 9o. A. La Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los Estados y los Municipios en donde existan puentes de peaje operados por la primera, podrán convenir en crear fondos cuyos recursos se destinen a la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad en aquellos Municipios en donde se ubiquen dichos puentes o, en su caso, a la realización de obras de infraestructura o gasto de inversión, sin que en ningún caso tales recursos se destinen al gasto corriente. La aportación a los fondos mencionados se hará por el Estado, por el Municipio o, cuando así lo acordaren, por ambos, en un 20% del monto que aporte la Federación, sin que la aportación de ésta exceda de un 25% del monto total de los ingresos que obtenga por la operación del puente de peaje de que se trate. La aportación federal se distribuirá en partes iguales entre el Estado y el Municipio correspondiente, destinando el Estado al mismo fin estos recursos en cualquiera de los Municipios de la entidad.’
"j. Artículos 1o., fracción I, 2o., fracción I y 29, fracción IX, de la Ley General de Bienes Nacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero, 12 de febrero y 24 de marzo de 1982 (sic), que señalan:
"‘Artículo 1o. El patrimonio nacional se compone de:
"‘I. Bienes de dominio público de la Federación, y
"‘II. Bienes de dominio privado de la Federación.’
"‘Artículo 2o. Son bienes de dominio público:
"‘I. Los de uso común.’
"‘Artículo 29. Son bienes de uso común:
"‘...
"‘IX. Los caminos, carreteras y puentes que constituyen vías generales de comunicación, con sus servicios auxiliares y demás partes integrantes establecidas en la ley federal de la materia.’
"k. Artículos 1o., 2o., 5o., 6o. y 6o. transitorio de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1993, así como sus equivalentes en la abrogada Ley sobre Construcción y Caminos en Cooperación con los Estados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 1934. Los artículos que se impugnan de la ley vigente señalan:
"‘Artículo 1o. La presente ley tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes a que se refieren las fracciones I y V del artículo siguiente, los cuales constituyen vías generales de comunicación, así como los servicios de autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios auxiliares.’
"‘Artículo 2o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:
"‘I. Caminos o carreteras:
"‘a) Los que entronquen con algún camino de país extranjero.
"‘b) Los que comuniquen a dos o más Estados de la Federación; y
"‘c) Los que en su totalidad o en su mayor parte sean construidos por la Federación; con fondos federales o mediante concesión federal por particulares, Estados o Municipios.
"‘...
"‘V. Puentes:
"‘a) Nacionales: Los construidos por la Federación; con fondos federales o mediante concesión o permiso federales por particulares, Estados o Municipios en los caminos federales o vías generales de comunicación; o para salvar obstáculos topográficos sin conectar con caminos de un país vecino, y
"‘b) Internacionales: Los construidos por la Federación; con fondos federales o mediante concesión federal por particulares, Estados o Municipios sobre las corrientes o vías generales de comunicación que formen parte de las líneas divisorias internacionales.’
"‘Artículo 5o. Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes y los servicios de autotransporte que en ellos operan y sus servicios auxiliares.
"‘Corresponden a la secretaría, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la administración pública federal las siguientes atribuciones:
"‘I. Planear, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de los caminos, puentes, servicios de autotransporte federal y sus servicios auxiliares;
"‘II. Construir y conservar directamente caminos y puentes;
"‘III. Otorgar las concesiones y permisos a que se refiere esta ley; vigilar su cumplimiento y resolver sobre su revocación o terminación en su caso;
"‘IV. Vigilar, verificar e inspeccionar los caminos y puentes, los servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares;
"‘V. Determinar las características y especificaciones técnicas de los caminos y puentes;
"‘VI. Expedir las normas oficiales técnicas de los caminos y puentes así como de vehículos de autotransporte y sus servicios auxiliares;
"‘VII. Establecer y organizar un cuerpo de vigilancia, de seguridad y auxilio para los usuarios de los caminos y puentes, de los servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares;
"‘VIII. Establecer las bases generales de regulación tarifaria; y
"‘IX. Las demás que señalen otras disposiciones legales aplicables.’
"‘Artículo 6o. Se requiere de concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener los caminos y puentes federales.
"‘Las concesiones se otorgarán a mexicanos o sociedades construidas conforme a las leyes mexicanas, en los términos que establezcan esta ley y los reglamentos respectivos.
"‘Las concesiones se otorgarán hasta por un plazo de 30 años, y podrán ser prorrogadas hasta por un plazo equivalente al señalado originalmente, siempre que el concesionario hubiere cumplido con las condiciones impuestas y lo solicite durante la última quinta parte de su vigencia y a más tardar un año antes de su conclusión.
"‘La secretaría contestará en definitiva las solicitudes de prórroga a que se refiere el párrafo anterior, dentro de un plazo de 60 días naturales contados a partir de la fecha de presentación de la misma debidamente requisitada y establecerá las nuevas condiciones de la concesión, para lo cual deberá tomar en cuenta la inversión, los costos futuros de ampliación y mejoramiento y las demás proyecciones financieras y operativas que considere la rentabilidad de la concesión.
"‘Sexto transitorio. Las concesiones y permisos otorgados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, continuarán en vigor en los términos y condiciones consignados en los mismos, hasta el término de su vigencia. ...’."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como terceros interesados a los siguientes:
"4. Terceros interesados.
"El Estado de Tamaulipas podrían verse afectados (sic) por la sentencia que en este juicio se dictare únicamente por lo que hace a la probable inconstitucionalidad del artículo 9o. A de la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que deberá ser llamado al presente juicio.
"El gobernador del Estado de Tamaulipas podrá ser notificado en el Palacio de Gobierno de Tamaulipas, ubicado entre la avenida Juárez y 5 de Mayo, colonia Centro, código postal 87000, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
"Asimismo, podrán verse afectados los Municipios que actualmente gozan de alguna participación del fondo constituido con base en el artículo 9o. A de la Ley de Coordinación Fiscal respecto de los puentes en actual litigio, por lo que también a ellos habrá de llamarse a juicio.
"No obstante ello, no se cuenta con información suficiente que nos permita determinar cuáles Municipios tamaulipecos se verían afectados en los términos señalados, por lo que esa honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá ordenar las pesquisas que resulten apropiadas para hacerlo."
Asimismo, se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:
"1. Las Juntas Federales de Mejoras Materiales.
"1.1. Su procedencia institucional.
"La Ley de Ingreso Fiscal de 1924 dispuso que parte de los ingresos de la Federación se destinarían a lugares donde existieren aduanas marítimas o terrestres para realizar obras de beneficio público a cargo de unas Juntas administrativas creadas ex profeso.
"En 1931 fue promulgado el primer reglamento para que las Juntas de Mejoras Materiales fungieran como administradoras de los productos fiscales sobre derechos de importación y exportación para llevar a cabo sus funciones.
"Finalmente, las Juntas Federales de Mejoras Materiales fueron creadas por la Ley para el Funcionamiento de las Juntas Federales de Mejoras Materiales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 1948, como órganos federales dependientes del Ejecutivo de la Unión. Sus trabajadores eran protegidos por las leyes del servicio civil de la época y los fondos que manejaban provenían mayoritariamente de una recaudación federal de impuestos previstos por las leyes de la materia para beneficio general de las comunidades de los Municipios.
"Las funciones que correspondió cumplir a las Juntas fueron eminentemente municipales: realizar proyectos generales de obras; abastecer de agua a la población; introducir drenaje general; proporcionar luz y energía eléctrica; pavimentar calles y construir puentes en las poblaciones; fomentar viveros forestales, forestaciones de producción y defensivas; construir hospitales, escuelas y edificios públicos municipales; realizar comunicaciones vecinales y centros de aprovisionamiento; establecer nuevas fuentes de trabajo benéficas para la economía nacional y hacer obras de ornato y conmemorativas.
"Además de la Junta de Nuevo Laredo, se crearon Juntas Federales de Mejoras en Progreso (Yucatán), Cozumel, Chetumal e Isla Mujeres (Quintana Roo); Ciudad Hidalgo y Comitán (Chiapas); Puerto Ángel y Salinas Cruz (Oaxaca); Acapulco (Guerrero); Manzanillo (Colima); Guadalajara y Puerto Vallarta (Jalisco); Mazatlán (Sinaloa); Agua Prieta, Guaymas, Naco, Nogales, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y Sonorita (Sonora); Ensenada, Los Algodones, Mexicali, Santa Rosalía, Tecate y Tijuana (Baja California Norte); La Paz y San José del Cabo (Baja California Sur), Ciudad Juárez, Gral. Rodrigo M. Quevedo y Ojinaga (Chihuahua); Ciudad Acuña, Piedras Negras y Torreón (Coahuila); Monterrey (Nuevo León); Ciudad Miguel Alemán, Matamoros, Reynosa y Tampico (Tamaulipas); Coatzacoalcos, Tuxpan y Veracruz (Veracruz); Frontera (Tabasco); Campeche y Ciudad del Carmen (Campeche).
"En 1978 se decretó su liquidación y se estableció para ello la Comisión Intersecretarial Liquidadora de las Juntas Federales de Mejoras Materiales, con las siguientes funciones: formular el programa general y programas específicos conforme a los cuales se procedería a la liquidación de cada una de las Juntas; determinar las normas, lineamientos y políticas a que debía sujetarse la liquidación de las mismas; dar las bases generales para determinar el monto de la participación de la recaudación que se efectúe en las aduanas fronterizas o marítimas por concepto de los impuestos adicionales y de exportación; autorizar la celebración de los convenios que fueren necesarios para formalizar la transferencia, a favor de los Ayuntamientos, de los servicios, obras y sistemas administrados por las Juntas, destinados a la prestación de un servicio público; proponer al Ejecutivo, las dependencias o entidades de la administración pública federal que deberán hacerse cargo de las obras públicas realizadas o en proceso de realización, y de los servicios públicos que no hubieren convenido hacerse cargo los Ayuntamientos, así como los programas y presupuestos necesarios.
"La información acerca de las actividades de la Comisión Intersecretarial Liquidadora de las Juntas Federales de Mejoras Materiales comprendió: auditorías de los estados financieros de las Juntas; actas administrativas de liquidación; nombramientos de liquidadores; informes de recursos humanos, materiales, bienes inmuebles, obras programadas, obras en proceso y obras terminadas, así como disposiciones, convenios y juicios pendientes de resolución.
"1.2. Su patrimonio.
"El patrimonio de las Juntas Federales de Mejoras Materiales estuvo constituido fundamentalmente con fondos destinados al progreso municipal, entonces operados por las Juntas y provenientes de los impuestos adicionales del dos y tres por ciento a la importación y exportación, cuya naturaleza municipal data de la época del presidente Juárez.
"Este patrimonio, según lo dispuesto por el artículo 7o. de la Ley para el Funcionamiento de las Juntas Federales de Mejoras Materiales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 1948, estuvo constituido fundamentalmente por los impuestos adicionales del dos y tres por ciento de las importaciones y las exportaciones previstos durante la vida de las Juntas para beneficio de los Municipios en las diversas leyes de ingresos de la Federación. Estos impuestos eran recaudados por la Federación y legalmente destinados, desde tiempos remotos en la historia de México, a las arcas municipales.
"No debemos confundir dicha figura con la que priva hoy en día respecto de las aportaciones federales, que indiscutiblemente se tratan de fondos federales que no forman parte del régimen de libertad hacendaria municipal. Por el contrario, los impuestos que administraban las Juntas constituían un activo cierto y destinado en las leyes federales a los Municipios, quienes podían convenir y colaborar con ellas -sus ofensivos guardianes en la aplicación de los recursos- para realizar las obras que más convinieran a la comunidad. Por el contrario, el destino de las vigentes aportaciones federales no puede acordarse con los Municipios y deben ser dedicadas expresamente al objeto que se les asigne, o de lo contrario serán devueltas a la Federación. La diferencia es muy clara: los recursos de las Juntas ingresaban con sus peculiaridades al régimen de libertad hacendaria municipal; las aportaciones federales vigentes hoy en día, no.
"No sólo el sentido común, sino también el Diario de los Debates del Congreso de la Unión, nos permiten entender que el establecimiento de las Juntas Federales de Mejoras se debió a una absoluta e infundada desconfianza en las autoridades municipales sobre su capacidad u honestidad para manejar los recursos que habrían de beneficiar a las distintas comunidades. Ello no puede hacer ‘federales’ a los recursos que se destinaron al beneficio municipal, sino sólo desconfiadas a las autoridades encargadas de recaudar el ingreso para el Municipio. Si los recursos eran del y para el Municipio, aun cuando su recaudación pudiere estar en manos de la Federación, las autoridades municipales debieron administrarlos e invertirlos y no haber sido víctimas de esta forzada minusvalía a la que fueron sometidos por las autoridades federales en total invasión a la autonomía municipal.
"1.3. Sus efectos sociológicos en Nuevo Laredo.
"Históricamente, los Estados y las poblaciones fronterizas de nuestro país han mantenido vigente la solicitud de que los ingresos provenientes de los peajes que se cobran por concepto de los cruces internacionales, actualmente operados por el organismo público descentralizado Caminos y Puentes Federales, e incluso la propiedad de los mismos, pasen a los Estados y Municipios, no sólo porque por razones técnico-jurídicas en la mayoría de los casos fueron producto de inversiones que debían destinarse a los Municipios, como es el caso de Nuevo Laredo, sino además, porque en la frontera norte se ha generado una compleja problemática derivada del crecimiento explosivo de las ciudades y ello requiere de un equivalente progreso material de los Municipios.
"Los recursos municipales han sido notablemente rebasados por las necesidades generadas por el crecimiento demográfico derivado del intercambio fronterizo. La inversión de los puentes con recursos que pertenecían al Municipio ha generado una demanda de crecimiento que no puede satisfacerse con los recursos que la Federación le otorga a través del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en virtud del aprovechamiento de las cuotas de peaje (artículo 9o. A de la Ley de Coordinación Fiscal).
"El cobro de este peaje, cuya justificación no es otra sino la recuperación de la inversión y no en el lucro que realiza la Federación en detrimento del Municipio, además de cubrir los gastos de mantenimiento que realiza la Federación, ha devenido sólo en un impuesto que se carga a la población que no se refleja ni pálidamente en un beneficio sustancial para ella. En pocas palabras, la inversión que supuestamente debió realizarse para el beneficio de la comunidad de Nuevo Laredo, finalmente se traduce hoy en una pesada carga fiscal para ella.
"Por esta razón existe una profunda indignación en el pueblo neolaredense, en virtud de que no solamente la demandada realizó una inversión para su exclusivo beneficio con recursos que pertenecían a la comunidad de Nuevo Laredo, sino que además la exigua participación que entrega por concepto de la coordinación fiscal al Municipio y al Estado de Tamaulipas no alcanza a cubrir los más elementales requerimientos urbanos que ha generado la propia inversión.
"1.4. Las consecuencias jurídicas de su liquidación.
"Las inversiones realizadas por las Juntas Federales de Mejoras Materiales han sido recuperadas casi en su totalidad por los Municipios, y son contadas las excepciones que todavía existen luego de su liquidación. Sin embargo, la función de la comisión liquidadora prevista en dicha liquidación -disuelta en el caso de Nuevo Laredo en 1980- no fue del todo cumplida e, incluso, a manera de ejemplo, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo puso al servicio del Ayuntamiento de Nuevo Laredo el 14 de diciembre de 2000 el inmueble denominado ‘Santa Anita’ -propiedad de la entonces Junta Federal de Mejoras Materiales de Nuevo Laredo- para dedicarlo al ‘ateneo nuevolaredense’ en beneficio de la comunidad académica del Municipio.
"En 1992 se dio el primer paso para la obtención de los recursos a los que particularmente el Municipio de Nuevo Laredo tenía derecho a percibir de la Federación con motivo de la injusta situación por la que atraviesa, en virtud de que, con recursos que debieron invertirse en su beneficio directo, la Federación obtiene todos los días un beneficio económico que por mucho ha superado la recuperación de una inversión que ni siquiera debió realizar en su beneficio.
"Por esta razón y a fin de tratar de atemperar las urgentes necesidades de inversión urbana del Municipio, el Congreso de la Unión aprobó la iniciativa de adición a la Ley de Coordinación Fiscal, con el artículo 9o. A, en el que se crearon fondos destinados a la construcción, mantenimiento, operación y ampliación de obras de vialidad en donde existieren puentes de peaje operados por la Federación, como es el caso. Con este sistema se aportaban al fondo montos iguales, Federación, Estado y Municipio, sin exceder el 10 por ciento del monto total de los ingresos obtenidos por la operación y el puente de que se tratare, en nuestro caso los dos puentes fronterizos de Nuevo Laredo.
"En virtud de que este fondo era ostensiblemente insuficiente para compensar el daño, en 1995 el Congreso de la Unión modificó este artículo, estableciendo un incremento del 10 al 25 por ciento de aportación de la Federación de los ingresos generados en cada puente, creándose así nuevas reglas de operación que establecen que por cada peso que la Federación aportare, el Estado y el Municipio, o ambos, cuando así lo acordaren, pondrían 20 centavos. Adicionalmente, fue aprobada la posibilidad legal de extender los beneficios de los recursos federales a otros Municipios de la entidad que no contaren con puentes, pero que también se ven afectados por el cada vez más intenso intercambio fronterizo, de manera que los Municipios en cuestión gozan del derecho para recibir estos fondos del Estado de Tamaulipas. Por esta razón, en caso de que se concedieran las prestaciones exigidas en esta demanda, el artículo 9o. A de la Ley de Coordinación Fiscal dejaría de beneficiar al Estado de Tamaulipas y a los demás Municipios del mismo que actualmente gozan de alguna participación del fondo constituido respecto de los puentes fronterizos en actual litigio, por lo que aquellos Municipios que cuenten con este beneficio habrán de ser llamados a este juicio como terceros interesados.
"Es evidente que con el acto que generó la presente controversia constitucional no se aplicó de manera expresa el artículo 9o. A en cita, pero los efectos de esta sentencia podrían alcanzar un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de dicho artículo, habida cuenta de su estrecha relación con el régimen legal que se impugna en esta demanda.
"Como se detallará en el segundo concepto de invalidez, este Municipio no pretende privar al Estado de Tamaulipas y a los demás Municipios del mismo de los fondos a que se refiere el artículo señalado, sino llegar con ellos a un arreglo más provechoso para todos, con toda convicción republicana y federativa, en el caso de que quedare acreditada la falta de competencia de las autoridades federales para disponer de los ingresos generados por los puentes fronterizos.
"2. La construcción de los puentes fronterizos.
"Luego de la pérdida de las vías que comunicaban al territorio de nuestro representado con la ciudad de Laredo, Texas, por una creciente del Río Bravo, el Municipio de Nuevo Laredo inició diversas gestiones ante las autoridades federales para que se erigiera una construcción similar.
"Las autoridades federales instruyeron a la Junta Federal de Mejoras Materiales del Municipio de Nuevo Laredo para que con sus propios recursos realizare la construcción, absteniéndose de hacer uso de otros recursos provenientes de la recaudación federal que no estuvieren destinados a la inversión municipal.
"El procedimiento para la realización de las obras se ajustó en principio a lo dispuesto por la Ley para el Funcionamiento de las Juntas Federales de Mejoras, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 1948.
"Sin embargo, los puentes fronterizos I y II entraron en operación en 1957 y 1977, y pese a que ambas construcciones fueron terminadas, los servicios que se prestaron nunca fueron entregados al Municipio, violándose con ello el artículo 13 de la ley en cita, la cual, de considerarse que prevé derechos exclusivos para la Federación en materia de administración de los bienes de uso común, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá también tenerla como norma general impugnada en los términos del primero y tercero conceptos de invalidez de esta demanda.
"Durante la vigencia de las Juntas Federales de Mejoras, la administración de los puentes fronterizos permaneció en todo momento a cargo de la Junta de Nuevo Laredo.
3. La entrega de los puentes a la Federación.
"Tras la emisión del decreto liquidador a que se refiere el inciso 5.c. del proemio de esta demanda, las Juntas procedieron en sus términos a la entrega de los bienes que administraban a los Municipios, así como a la Federación en los casos que la Comisión Intersecretarial Liquidadora adujo unilateralmente que correspondían a la jurisdicción federal, como fue el caso de los puentes fronterizos.
"De esta manera, las Juntas entregaron los puentes fronterizos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sin oír al Municipio de Nuevo Laredo, beneficiario de los recursos con los que se construyeron los mismos, y eventualmente fueron concesionados al organismo público descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, quien hasta la fecha sigue siendo beneficiario.
"4. Hechos que generaron la controversia.
"Ante la situación anterior, nuestro representado informó al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio P.A.4171/V/28/2001-1 que aceptaba el servicio público que se debía transf
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17710-7ef28eda/controversia-constitucional-es-improcedente-la-impugnacion-de-inconstitucionalidad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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