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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ANÁLISIS DE LA VALIDEZ DE LOS ACTOS IMPUGNADOS DEBE REALIZARSE CONFORME A LAS CONDICIONES JURÍDICAS IMPERANTES AL MOMENTO DE PRODUCIRSE EL FALLO.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 10/2001. · Registro digital (IUS): 17598
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE HIDALGO, ESTADO DE MICHOACÁN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, , Pág. 1041.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 10/2001. MUNICIPIO DE HIDALGO, ESTADO DE MICHOACÁN.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día veintidós de abril de dos mil tres.

Vistos para resolver los autos relativos a la controversia constitucional 10/2001, promovida por Celestino Pérez Arroyo, en su carácter de síndico del Ayuntamiento del Municipio de Hidalgo, Estado de Michoacán, en contra del gobernador del Estado de Michoacán; y

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el dieciocho de abril de dos mil uno, Celestino Pérez Arroyo, síndico del Ayuntamiento del Municipio de Hidalgo, Estado de Michoacán, promovió controversia constitucional contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan:

"III. Autoridad responsable. C. Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo ...

"IV. Actos reclamados. La omisión de cumplimiento a las reformas ocurridas al artículo 115, fracción III, inciso h), del mismo cuerpo de ley (sic), así como los artículos transitorios segundo y tercero del decreto aprobado el día 22 veintidós de diciembre de 1999 mil novecientos noventa y nueve, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día jueves veintitrés de diciembre del mismo año."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:

"1. Las reformas ocurridas al artículo 115 de la Constitución Federal, así como los artículos transitorios segundo y tercero del decreto aprobado el día veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el día jueves veintitrés de diciembre del mismo año.

"2. En sesión ordinaria de Cabildo, celebrada con fecha dieciséis de mayo del año dos mil, en el punto número dos de asuntos de presidencia, inciso B), se estableció lo que a la letra se señala a continuación:

"B) Tránsito. En este punto se comenta en Cabildo la necesidad de solicitar al Gobierno del Estado de Michoacán que la delegación de Tránsito de Ciudad Hidalgo, Michoacán, pase a la jurisdicción del Municipio de Hidalgo, Michoacán, de conformidad a las reformas al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en sus artículos transitorios, publicación en el Diario Oficial de la Federación el día jueves veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, el cual establece lo siguiente: ‘Artículo 115. ... III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: ... h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución, Policía Preventiva Municipal y Tránsito ...’. Artículos transitorios. ‘Artículo tercero. Tratándose de funciones y servicios que conforme al presente decreto sean competencia de los Municipios y que a la entrada en vigor de las reformas a que se refiere el artículo transitorio anterior sean prestados por los Gobiernos Estatales, de manera coordinada con los Municipios, éstos podrán asumirlos, previa aprobación del Ayuntamiento. Los Gobiernos de los Estados dispondrán de lo necesario para que la función o servicio público de que se trate se transfiera al Municipio de manera ordenada, conforme al programa de transferencia que presente el Gobierno del Estado, en un plazo máximo de 90 días contados a partir de la recepción de la correspondiente solicitud. ...’. Los miembros de Cabildo acuerdan por unanimidad solicitar al Gobierno del Estado la transferencia del servicio de tránsito a la jurisdicción del Gobierno Municipal de conformidad a lo estipulado en las reformas al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus artículos transitorios respectivos.

"2. El día veinticinco de mayo del año dos mil, el Gobierno del Estado recibió el oficio número EPL/433/99, suscrito por el ingeniero Everardo Padilla López, presidente municipal de Hidalgo, Michoacán, mediante el cual le informa que en sesión de Cabildo del día dieciséis de mayo del año dos mil, se acordó por unanimidad solicitar al Gobierno del Estado la transferencia de la delegación de Tránsito con el presupuesto respectivo a la jurisdicción del Gobierno Municipal, de conformidad a lo preceptuado en las reformas al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus artículos transitorios, solicitando, además, el programa de transferencia de conformidad a lo ordenado en la citada Ley Suprema, documento que fue enviado con copia a la Secretaría de Gobierno y al Congreso del Estado.

"3. Con fecha 21 de agosto del año dos mil el licenciado Juan Benito Coquet Ramos, secretario de Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, envía el oficio número 1820 al ingeniero Everardo Padilla López, presidente del Municipio de Hidalgo, Michoacán, en el cual le informa lo siguiente:

"La Secretaría de Gobierno a mi encargo, junto con las dependencias de la materia ha iniciado los trabajos de planeación e instrumentación técnico legal, laboral y financiero, concernientes a la descentralización operativa de este servicio público, en los Ayuntamientos del Estado, estimando estar concluidos durante el primer periodo de sesiones ordinario del Congreso del Estado el próximo año, para presentar a su consideración y aprobación las iniciativas de reformas reglamentarias de la materia.

"‘Asimismo y por medio de esta dependencia le informaremos los avances y acciones en materia de transferencia, en apego a las reformas del artículo 115 constitucional, para la culminación de este importante programa de descentralización.’

"Documento este que fue notificado por vía fax el día 5 de septiembre del año dos mil.

"4. Con fecha 12 de septiembre del año dos mil, el licenciado Pablo Flores Yañiz, subsecretario de Seguridad Pública y Protección Civil de la Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, envía el oficio número 1115/2000, al ingeniero Everardo Padilla López, presidente del Municipio de Hidalgo, Michoacán, en el cual le informa lo siguiente:

"‘En atención a la solicitud que le hiciera llegar al licenciado Juan Benito Coquet Ramos, secretario de Gobierno, con fundamento a las recientes reformas al artículo 115 de la Constitución Federal, se transfiera el servicio público de tránsito al Ayuntamiento que dignamente preside, por instrucciones del secretario de Gobierno, me permito informarle que se está llevando a cabo el estudio correspondiente para que a más tardar el día último de este año se haya concretado la transferencia de este servicio del Gobierno del Estado a los Gobiernos Municipales.

"‘Concluido el estudio se establecerá la comunicación respectiva a los presidentes municipales a fin de preparar la transferencia.’

"5. A la fecha, el Ayuntamiento que represento no ha recibido ningún comunicado para realizar el programa de la citada transferencia, no obstante que han transcurrido en demasía los plazos indicados por la reforma tantas veces mencionada."

Como conceptos de invalidez se hicieron valer los siguientes:

"Único. Violación a los artículos 115, fracción III, inciso h), constitucional, y segundo y tercero transitorios del decreto de reformas a dicho precepto constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día jueves 23 de diciembre de 1999, por desacato.

"En efecto, la autoridad responsable incurre en la violación, pues no obstante de que las reformas al artículo 115 constitucional, en su fracción III, inciso h), prevé que los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos de seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esa Constitución, policía preventiva municipal y tránsito, y que tratándose de funciones que conforme al decreto de reformas sean competencia del Municipio a la entrada en vigor de las mismas, y sean prestados por los Gobiernos Estatales o de manera coordinada con los Municipios, éstos podrán asumirlos, previa aprobación del Ayuntamiento.

"De este modo, observamos que no obstante que por decisión unánime del Ayuntamiento de Hidalgo, se solicitó al Gobierno del Estado se llevara a cabo la transferencia del servicio público de tránsito, acto de (sic) que fue notificado al gobernador del Estado el día veinticinco de mayo del año dos mil, acorde a lo dispuesto por el artículo tercero transitorio en análisis que precisa: ‘... Los Gobiernos de los Estados dispondrán de lo necesario para que la función o servicio público de que se trate se transfiera al Municipio de manera ordenada, conforme al programa de transferencia que presente el Gobierno del Estado, en un plazo máximo de 90 días contados a partir de la recepción de la correspondiente solicitud. ...’.

"Así se puede arribar a la conclusión, que la autoridad responsable desacata frontalmente los dispositivos en comento, pues es claro que si la solicitud de transferencia se le notificó el 25 de mayo de dos mil, su plazo para presentar el programa de transferencia y llevar a cabo la misma vencía el 25 de agosto del año próximo anterior.

"Aún más, en una plena inobservancia de los dispositivos que se mencionan como preceptos violados, el secretario de Gobierno informa al presidente municipal de Hidalgo, Michoacán, que los trabajos de descentralización operativa del servicio público de tránsito estima que estén concluidos durante el periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado, correspondiente al año dos mil uno, cuando como ya mencionamos su plazo vencía el veinticinco de agosto del año dos mil.

"Se ignora por qué siendo una facultad originaria del Municipio la prestación del servicio público de tránsito, dentro de su correspondiente jurisdicción, el Gobierno del Estado, en un acto plenamente anticonstitucional se niega a entregar al Municipio tal servicio, no obstante, que de manera categórica y limitada en el tiempo, nuestra Carta Magna le impone la obligación de transferírselo en un plazo máximo de 90 días, por lo que corresponde se otorgue el amparo y protección de la Federación a fin de que se obligue a las autoridades responsables cumplan con los términos del artículo 115 constitucional.

"Sirve de apoyo, en la especie, la tesis de jurisprudencia P./J. 56/2000, emitida por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice:

"‘TRÁNSITO. ES UN SERVICIO PÚBLICO QUE EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN RESERVA A LOS MUNICIPIOS, POR LO QUE SI ALGUNO LLEGA A CELEBRAR UN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA QUE ÉSTE LO PRESTE EN EL LUGAR EN EL QUE RESIDE, EL MUNICIPIO, EN TODO MOMENTO, PUEDE REIVINDICAR SUS FACULTADES, PUES UN CONVENIO NO PUEDE PREVALECER INDEFINIDAMENTE FRENTE A LA CONSTITUCIÓN.’ (se transcribe).

"De todo lo anterior y en virtud de que procede conforme a estricto derecho, solicito el amparo de la Justicia de la Unión a fin de que el Gobierno Estatal de Michoacán de Ocampo, se someta al imperio del artículo 115 constitucional, solicitando en virtud de que este Municipio se encuentra jurídicamente legitimado conforme a lo dispuesto por los artículos 104, fracción IV y 105, fracción I, inciso i), de nuestra Constitución General y tomando en consideración la siguiente jurisprudencia P./J. 29/2002, de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa:

"‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS MUNICIPIOS TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL, REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO; Y ANTES DE LA REFORMA, POR INTERPRETACIÓN JURISPRUDENCIAL DE DICHO PRECEPTO, VIGENTE EN ESA ÉPOCA.’ (se transcribe)."

TERCERO. Por auto de veintitrés de abril de dos mil uno, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente respectivo y turnar el asunto al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, a quien por razón de turno correspondió actuar como instructor en el procedimiento.

Por auto de veintitrés de abril de dos mil uno dictado por el Ministro instructor, se admitió la demanda y se ordenó emplazar a la parte demandada y dar vista al procurador general de la República.

CUARTO. Por escrito presentado ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el treinta y uno de mayo de dos mil uno, la parte demandada contestó la demanda.

Por escrito presentado ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el diez de julio de dos mil uno, el procurador general de la República desahogó la vista que se ordenó en el auto admisorio.

QUINTO. Sustanciado el procedimiento en sus términos, con fecha diez de agosto de dos mil uno se celebró la audiencia a que se refieren los artículos 29 y 34 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal y se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con los artículos 104, fracción IV y 105, fracción I, inciso i), de la Constitución General de la República; 1o. de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del citado precepto constitucional; y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se trata de una controversia suscitada entre un Estado y uno de sus Municipios.

SEGUNDO. Previamente al estudio de la cuestión de fondo planteada, debe analizarse la legitimación de quien promueve, por ser un presupuesto de orden público y de estudio preferente.

En el caso, suscribe la demanda Celestino Pérez Arroyo, en su carácter de síndico del Ayuntamiento del Municipio de Hidalgo, Michoacán, quien exhibió copia certificada de la constancia de mayoría y validez de la elección de Ayuntamiento, expedida por el Consejo Municipal Electoral de Ciudad Hidalgo, Michoacán, de fecha once de noviembre de mil novecientos noventa y ocho (foja 10).

Ahora bien, el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que podrán comparecer a juicio los funcionarios que en los términos de las normas que los rigen, estén facultados para representar a los órganos correspondientes.

Al respecto, el artículo 48, fracciones I y II, de la Ley Orgánica Municipal de Michoacán disponen:

"Artículo 48. El síndico tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

"I. La procuración, defensa y promoción de los intereses municipales;

"II. La representación jurídica del Ayuntamiento, en los litigios en que éste sea parte y en la gestión de los negocios de la hacienda municipal, pudiendo hacerse representar, no obstante lo anterior, por apoderados especiales cuando así convenga a los intereses municipales, previo acuerdo del Ayuntamiento."

De las disposiciones antes transcritas se advierte que los síndicos tienen facultades para representar legalmente al Ayuntamiento y, por ende, para ejercitar la presente acción en representación del Municipio, destacándose que no existe disposición que establezca que se requiera acuerdo previo del Ayuntamiento para que puedan promover en esta vía.

TERCERO. A continuación se analizará si la demanda de controversia constitucional fue promovida en forma oportuna.

En primer término, debe señalarse que lo impugnado en este asunto se hace consistir en la omisión por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, de transferir el servicio público de tránsito al Municipio actor en cumplimiento a las reformas ocurridas al artículo 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Federal, en relación con los artículos transitorios segundo y tercero del decreto aprobado el veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre del mismo año.

Ahora bien, el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:

"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:

"I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos;

"II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, y

"III. Tratándose de los conflictos de límites distintos de los previstos en el artículo 73, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de sesenta días contados a partir de la entrada en vigor de la norma general o de la realización del acto que los origine."

De conformidad con el precepto antes transcrito, el plazo para la presentación de la demanda de controversia constitucional será de treinta días, tratándose de actos y disposiciones generales. Cuando la demanda se promueva con motivo de disposiciones generales, el plazo para su presentación se computará a partir de su publicación, o bien, a partir de su primer acto de aplicación y tratándose de conflictos de límites diversos a los previstos en el artículo 73, fracción IV, de la Constitución Federal, el plazo será de sesenta días computados a partir de la entrada en vigor de la norma general o de la realización del acto que los origine.

Sin embargo, respecto de actos de carácter omisivo la ley reglamentaria de la materia no señala plazo para la promoción de la demanda de controversia constitucional.

Estos actos, por su naturaleza, son aquellos que implican un no hacer por parte de la autoridad, creando así una situación permanente que no se subsana mientras no actúe el omiso. La situación permanente se genera y reitera día a día mientras subsista la actitud omisiva de la autoridad, dando lugar así a consecuencias jurídicas que día a día se actualizan.

Esta peculiaridad que conllevan las omisiones conduce a que, en la generalidad de los casos y dada la reiteración constante de la omisión, el plazo para la impugnación de las mismas también se actualice día a día, permitiendo entonces en cada una de esas actualizaciones la impugnación de la constitucionalidad de dicho no actuar de la autoridad.

En vista de lo anterior, es de concluirse que, en tratándose de la impugnación de omisiones, la oportunidad para realizarla se actualiza de momento a momento mientras ésta subsista, por lo que la demanda será oportuna, igualmente, mientras ésta subsista.

En el caso, a fojas trece de los autos obra copia certificada del oficio EPL/433/99, de veinticuatro de mayo de dos mil, signado por el presidente del Municipio actor, por el que solicita al Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán la transferencia del servicio público de tránsito con el presupuesto respectivo.

Asimismo, obran en autos:

1. A fojas catorce, el oficio 1820 de veintiuno de agosto de dos mil, del secretario de Gobierno de la entidad, por el que comunica al presidente del Municipio actor en relación con su solicitud de transferencia del servicio público de tránsito, lo siguiente:

"La Secretaría de Gobierno a mi encargo, junto con las dependencias de la materia han iniciado los trabajos de planeación e instrumentación técnico, legal, laboral y financiero, concernientes a la descentralización operativa de este servicio público, a los H. Ayuntamientos del Estado, estimando estar concluidos durante el primer periodo de sesiones ordinario del H. Congreso del Estado del próximo año, para presentar a su consideración y aprobación las iniciativas de reformas reglamentarias en la materia.

"Asimismo y por medio de esta dependencia le informaremos los avances y acciones en materia de transferencia, en apego a las reformas del artículo 115 constitucional, para la culminación de este importante programa de descentralización."

2. A fojas quince, copia certificada del oficio 1115/2000 de doce de septiembre de dos mil, signado por el subsecretario de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Michoacán, por medio del cual hace del conocimiento del Municipio actor que:

"En atención a la solicitud que le hiciera llegar al licenciado Juan Benito Coquet Ramos, secretario de Gobierno, con fundamento a las recientes reformas del artículo 115 de la Constitución Federal, se transfiera el servicio público de tránsito al Ayuntamiento que dignamente preside, por instrucciones del secretario de Gobierno, me permito informarle que se está llevando a cabo el estudio correspondiente, para que a más tardar el día último de este año se haya concretado la transferencia de este servicio del Gobierno del Estado a los Gobiernos Municipales.

"Concluido el estudio se establecerá la comunicación respectiva a los presidentes municipales a fin de preparar la transferencia."

Conforme a estas constancias, es claro que la demandada no se expresó en sentido negativo respecto a la petición que le formuló el actor, antes bien, le señaló que estaba realizando tareas conducentes para estar en condiciones de realizar la transferencia e incluso le señaló una fecha particular en que la llevaría a cabo (a más tardar el día último de este año).

Sin embargo, el paso del tiempo puso en evidencia la omisión de la autoridad demandada de realizar la transferencia. Esto es, no obstante las respuestas consignadas en los oficios de referencia la demandada no actuó, constituyéndose así el actuar omisivo que la actora aquí impugna, actuar que, por su propia naturaleza conforme quedó explicado, es impugnable mientras subsista.

De todo lo cual se concluye, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, que el gobernador del Estado fue omiso en realizar la transferencia del servicio público de tránsito al Municipio actor, por lo que, para efectos de determinar la oportunidad de la demanda, debe considerarse que si a la fecha de presentación de la misma la parte actora manifestó que no se había subsanado dicha omisión y no obra ni dicho ni probanza en autos que lo desvirtúe, entonces debe estimarse presentada en tiempo.

Razones estas por las que es infundado el dicho del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán y del procurador general de la República, en el sentido de que, en el caso, se configura la causa de improcedencia prevista por el artículo 19, fracción VII, en relación con el diverso 21, ambos de la ley reglamentaria de la materia, dispositivos que se refieren a la presentación extemporánea de la demanda; pues se insiste en que su presentación es oportuna en la medida en que el acto impugnado es de carácter omisivo.

No habiendo aducido las partes otra causa de improcedencia y al no advertirse por este Alto Tribunal que se actualice alguna, se procede a efectuar el estudio de los conceptos de invalidez.

CUARTO. El Municipio actor en su único concepto de invalidez, sustancialmente sostiene:

Que el Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán demandado viola el artículo 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Federal, en virtud de que no obstante que prevé que los Municipios tendrán a su cargo diversos servicios públicos, entre ellos, el de tránsito; y de que existe solicitud expresa del Municipio promovente para que se le transfiera este último servicio y el citado Poder no ha efectuado su entrega.

Ahora bien, el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que interesa, señala:

"Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

"I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado. ...

"II. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.

"Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

"El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:

"...

"d) El procedimiento y condiciones para que el Gobierno Estatal asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la Legislatura Estatal considere que el Municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y

"e) Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes.

"Las Legislaturas Estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los Municipios y el Gobierno del Estado, o entre aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores;

"III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

"...

"h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e

"i) Los demás que las Legislaturas Locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

"Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los Municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. ..."

Conforme a la fracción III, inciso h), del precepto transcrito, constitucionalmente es competencia de los Municipios la prestación del servicio público de tránsito.

Cuestión esta última a la que se refieren las exposiciones de motivos de las iniciativas presentadas por las fracciones parlamentarias de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, a fin de reformar la fracción III del artículo 115 de la Constitución Federal, lo que eventualmente aconteció según publicación del Diario Oficial de la Federación de veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, y de las que se desprende que a través de la enmienda en comento, se pretendió fortalecer el ingreso y ámbito competencial del Municipio.

De las referidas exposiciones de motivos destacan las siguientes ideas para desentrañar el sentido de la norma motivo del presente estudio:

"(Fortalecimiento municipal) ... El Constituyente Permanente, les asignó a los Municipios un catálogo de servicios a prestar y funciones a ejercer, pero tristemente no se garantizan estas funciones como expresión mínima y exclusiva de este ámbito de competencia con la suficiente claridad, ya que el propio Constituyente, en la fracción III del artículo 115, puso de nueva cuenta a la consideración de las Legislaturas Locales y sin limitación alguna, el que éstas puedan determinar si aquellas funciones primigeniamente municipales pasan a los Estados, de tal manera que hoy, en la mayoría de los Municipios del país, los Congresos Estatales les han negado a los Municipios la atribución de prestar servicios y ejercer funciones plenas y fundamentales tales como las de agua potable, obras públicas, desarrollo urbano, catastro, seguridad pública, transporte público, etc. En materia de seguridad pública, particularmente, ha sido mal concebida la facultad de mando de los gobernadores respecto de la fuerza pública, de tal suerte que en muchos Municipios, específicamente capitales, los gobernadores tienen a su cargo la organización y operación de las policías preventivas, con un alto grado de ineficiencia por cierto. La gran paradoja que revela esta realidad, es la perversa dualidad de funciones que en todo y en el mejor de los casos, se manifiesta en muchos Estados, en donde dependencias estatales y hasta federales, despliegan y ejercen funciones, auténtica, natural y lógicamente municipales. 3. Esta realidad, a grandes rasgos expresada pero de todos conocida, porque la vivimos en carne propia como ciudadanos y sobre todo, quienes hemos tenido el honor de servir en un Gobierno Municipal, son motivos suficientes para replantear el texto de los artículos cuya reforma constitucional se propone con el propósito de garantizar una auténtica autonomía municipal y, para ello, pasamos a describir sucintamente las razones y alcances de cada una de ellas: ... f) A la fracción tercera del artículo 115 constitucional, se le adiciona un inciso g) relativo a la prestación del servicio de construcción de infraestructura urbana y rural; se expresa en el inciso h) de manera independiente, la función de seguridad pública, recorriendo en sus incisos el servicio de tránsito y transporte público, adicionando la materia de catastro, y conservando el principio de que los Municipios tendrán a su cargo las demás materias que las legislaturas determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas que prevalezcan, pero eliminando el

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17598-4dac862d/controversia-constitucional-cuando-se-trate-de-omisiones-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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