TRÁNSITO. LA NEGATIVA DE LA TRANSFERENCIA DE ESE SERVICIO PÚBLICO POR PARTE DEL GOBIERNO ESTATAL A LOS MUNICIPIOS CUANDO SE HAN CUMPLIDO LOS PRESUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y TERCERO TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999, TRANSGREDE EL REFERIDO PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN SU FRACCIÓN III, INCISO H).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 326/2001. MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.
SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día veintidós de abril de dos mil tres.
Vistos para resolver los autos relativos a la controversia constitucional 326/2001, promovida por Félix Francisco Romero Sánchez, en su carácter de primer síndico municipal del Ayuntamiento del Municipio de Toluca, Estado de México, en contra del Poder Ejecutivo del Estado de México; y
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el siete de septiembre de dos mil uno, Félix Francisco Romero Sánchez, en su carácter de primer síndico municipal del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, promovió controversia constitucional contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan:
"II. Parte demandada en el juicio. El Poder Ejecutivo del Estado de México, representado por su depositario el gobernador constitucional, Lic. Arturo Montiel Rojas, y por el secretario general de Gobierno, Ing. Manuel Cadena Morales. ...
"IV. Norma general o acto cuya invalidez se demanda.
"Primero. El acto se hace consistir en la respuesta negativa para transferir o municipalizar el servicio público de tránsito y vialidad, contenida en el oficio sin número de fecha siete de agosto del año dos mil uno, suscrito por el secretario general de Gobierno del Estado de México, Ing. Manuel Cadena Morales, quien afirma que ‘... atento al comunicado de fecha 3 de julio de 2001, por medio del cual solicita la transferencia del servicio público de tránsito, incluyendo los bienes muebles e inmuebles que el Gobierno del Estado tiene destinados para la prestación de este servicio, expreso a usted lo siguiente: lamentablemente el Ejecutivo del Estado de México, en este momento está imposibilitado jurídicamente para transferir al Municipio de Toluca el servicio público de tránsito municipal.’; respuesta que le fuera hecha saber al presidente municipal mediante oficio presentado en la oficialía de partes de la presidencia municipal, en fecha nueve de agosto del año dos mil uno, a las quince horas con cincuenta y seis minutos de ese mismo mes y año.
"Segundo. Como consecuencia de lo anterior, de igual manera, se hace consistir el acto en la negativa por parte del Gobierno del Estado de México a transferir los bienes con los que se viene prestando el servicio público de tránsito, en virtud de que en el documento a que se hace referencia con antelación, en la última parte de manera textual manifestó:
"‘... debe precisarse que en términos del artículo 115 constitucional la transferencia del servicio público de tránsito no implica la transferencia de los bienes que el Gobierno del Estado tiene destinados a la prestación de este servicio.’."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:
"1. Derivado de la reforma al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de diciembre de 1999, en donde se establece que los Municipios tendrán a su cargo la prestación del servicio público de tránsito, y en atención al primer artículo transitorio, que establece la entrada en vigor de la referida reforma a los noventa días de su publicación, y su transitorio segundo, donde los Estados deberán adecuar sus Constituciones y leyes reglamentarias a más tardar en un año, habiéndose cumplido este término.
"2. Mediante acuerdo de Cabildo 201/070, mismo que se adjunta en copia certificada a esta demanda como anexo dos, el Cabildo instruyó al Presidente Municipal Constitucional de Toluca, Ing. Juan Carlos Núñez Armas, solicitar al Ejecutivo del Estado, la municipalización del servicio público de tránsito o realizar convenio de transferencia de funciones.
"3. El C. Presidente Municipal Constitucional de Toluca, en cumplimiento al acuerdo antes referido, mediante oficio de fecha tres de julio del año dos mil uno solicitó al Ejecutivo del Estado, a nombre del H. Ayuntamiento de Toluca, la transferencia del servicio público de tránsito, mismo que le fuera notificado tanto al Ejecutivo como al secretario general de Gobierno el día primero de agosto del año dos mil uno (anexo tres).
"4. Mediante escrito de fecha siete de agosto del año dos mil uno, suscrito por el secretario general de Gobierno, Ing. Manuel Cadena Morales, hace del conocimiento al Presidente Municipal Constitucional de Toluca, Ing. Juan Carlos Núñez Armas, que en ese momento era imposible jurídicamente transferir el servicio solicitado por las consideraciones que en el referido oficio se esgrimen, mismas que por obvio de repeticiones innecesarias no se transcriben en este apartado, toda vez que se adjunta dicho documento como anexo cuatro.
"5. Destacándose que la Legislatura Local publicó en la Gaceta de Gobierno, el día dieciséis de mayo del año dos mil uno, las reformas y adiciones para adecuarlas al espíritu del artículo 115 constitucional; hasta la fecha de la presentación de esta demanda se tiene conocimiento que el resto de las leyes locales no han sido reformadas, pese a que se ha cumplido con el tiempo señalado en la propia Constitución."
Como conceptos de invalidez se hicieron valer los siguientes:
"Primero. El artículo 115 constitucional, fracción III, inciso h), y sus transitorios primero, segundo, tercero y cuarto del decreto de fecha 23 de diciembre de 1999, que modificó y adicionó el precepto constitucional antes mencionado, establece, en lo que interesa, que los Ayuntamientos deben prestar por sí mismos o con el concurso del Gobierno Estatal ‘cuando así fuere necesario’ el servicio público de tránsito y vialidad contenido a favor de los Municipios, pues de dicha norma constitucional lleva a la conclusión que las materias de seguridad pública y tránsito están reservadas para el ámbito municipal, tal y como se desprende de la jurisprudencia sustentada por ese Máximo Tribunal del país.
"‘Novena Época
"‘Instancia: Pleno
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"‘Tomo: IV, noviembre de 1996
"‘Tesis: P./J. 69/96
"‘Página: 330
"‘SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO EN LOS MUNICIPIOS. EN PRINCIPIO, SON MATERIAS RESERVADAS CONSTITUCIONALMENTE A ELLOS.’ (la transcribe).
"En términos de lo antes apuntado tenemos que la norma constitucional, en principio, establece que el servicio público de tránsito está reservado a los Municipios, por tanto, el cumplimiento de la misma no se encuentra sujeto a una ley inferior, esto es, el Municipio tiene la competencia original sobre la prestación de dicho servicio público, y ante la negativa del Gobierno del Estado para hacer la transferencia de dicho servicio al Municipio de Toluca, se encuentra transgrediendo la norma constitucional.
"El Ejecutivo del Estado nos ha manifestado que por el momento está imposibilitado jurídicamente para transferir el servicio público de tránsito, porque estima que hasta en tanto se realicen las adecuaciones a las leyes locales el servicio se seguirá prestando por este último.
"Las apreciaciones antes vertidas indebidamente interpretadas hacen que el Ejecutivo del Estado crea estar imposibilitado para transferir dicho servicio público, puesto que, por un lado, afirma lo siguiente:
"‘El artículo segundo transitorio del decreto del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que declaró reformado y adicionado el artículo 115, dispone que los Estados deberán adecuar sus Constituciones y leyes conforme a lo dispuesto en este decreto, a más tardar en un año de su entrada en vigor. Sin embargo, en su segundo párrafo textualmente señala «En tanto se realizan las adecuaciones a que se refiere el párrafo anterior, se continuarán aplicando las disposiciones vigentes.».’
"De lo anterior se destaca que efectivamente se ha cumplido el término constitucional para adecuar las Constituciones y leyes locales, es por ello que la solicitud de transferencia del servicio público de tránsito se encuentra apegada a la norma constitucional; no obstante de que hasta el momento no se han adecuado las leyes secundarias del Estado, ya que ello no impide que la transferencia sea materializada, puesto la norma constitucional prevé, como en el caso que nos ocupa, que la norma a aplicar será la que se encuentre vigente, e incluso este Municipio en el momento de la transferencia podrá legislar la reglamentación municipal acorde a los principios del multicitado artículo 115 constitucional.
"Otra de las consideraciones jurídicas que hace el Gobierno del Estado para no transferir el servicio público de tránsito, lo fundamenta en lo que establece el tercer párrafo del artículo tercero transitorio del decreto de fecha 23 de diciembre de 1999, el cual al tenor literal establece:
"‘En tanto se realiza la transferencia a que se refiere el primer párrafo, las funciones y servicios públicos seguirán ejerciéndose o prestándose en los términos y condiciones vigentes.’. El primer párrafo del artículo tercero transitorio del decreto antes señalado literalmente expresa: ‘Tratándose de funciones y servicios que conforme al presente decreto sean competencia de los Municipios y que a la entrada en vigor de las reformas a que se refiere el artículo transitorio anterior sean prestados por los Gobiernos Estatales, o de manera coordinada con los Municipios, éstos podrán asumirlos, previa aprobación del Ayuntamiento. Los Gobiernos de los Estados dispondrán de lo necesario para que la función o servicio público de que se trate se transfiera al Municipio de manera ordenada, conforme al programa de transferencia que presente el Gobierno del Estado, en un plazo máximo de noventa días contados a partir de la recepción de la correspondiente solicitud.’.
"Es evidente que las funciones seguirán ejerciéndose por el Gobierno del Estado dentro del plazo de noventa días en lo que dura el periodo de la transferencia, incurriendo en una indebida interpretación que, desde luego, es en perjuicio de esta entidad municipal.
"Un diverso argumento que establece el Gobierno del Estado para no transferir el multicitado servicio público de tránsito, es el que se deriva del artículo tercero transitorio del Decreto Número 23, de fecha 16 de mayo del año dos mil uno, donde se reformaron y adicionaron diversos artículos a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, el cual establece:
"‘En tanto se expiden o adecuan las leyes secundarias correspondientes, se estará a lo dispuesto en los artículos tercero y cuarto transitorios del decreto expedido por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que declara reformado y adicionado el artículo 115 constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999 y esta Constitución.’
"De lo anterior se colige que no hay impedimento legal alguno para que se realice la transferencia, puesto que, en primer término, se ha cumplido con el tiempo que estableció la reforma constitucional y, en segundo lugar, de las argumentaciones que aduce el secretario general de Gobierno del Estado no se encuentran debidamente fundadas, puesto que incurre en errores de apreciación, e incluso de interpretación jurídica. A manera de reflexión, y como dato referencial, me permito poner a consideración de este órgano de control constitucional el antecedente que como controversia constitucional resolvió el Pleno, en el expediente 25/98, promovida por el Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, en donde en el considerando sexto determina el alcance de la referida resolución, razona en lo que interesa lo siguiente:
"‘Al declararse la invalidez constitucional de los actos impugnados en cuanto impiden y niegan la municipalización del servicio público de tránsito y vialidad en la ciudad de Xalapa, Veracruz, resulta procedente otorgar el plazo máximo de noventa días contados a partir de la legal notificación de la presente resolución a las autoridades demandadas para que emitan un acuerdo en el que tomando en cuenta las consideraciones vertidas en la presente ejecutoria, accedan a municipalizar el servicio público de tránsito en el Municipio de Xalapa, Veracruz, transfiriendo al Municipio de manera ordenada, conforme a un programa de transferencia que elabore el Gobierno del Estado, el referido servicio público, cuidándose, por una parte, que mientras no se realice de manera integral la transferencia, la función y servicio público seguirán ejerciéndose y prestándose en los términos y condiciones vigentes y, por otra, que en todo el Municipio de Xalapa en cuanto a la prestación del servicio de tránsito.
"‘Por último, debe precisarse que no pasa inadvertido a este órgano colegiado, que en el Diario Oficial de la Federación de veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, se publicaron las reformas y adiciones al artículo 115 de la Constitución Federal, estableciéndose en el artículo primero transitorio del decreto relativo que el mismo ‘entrará en vigor noventa días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación’. Sin embargo, las reformas y adiciones aludidas, en nada afectan ni obstaculizan lo determinado en la presente resolución, porque el examen de fondo de la problemática constitucional del asunto realizado obviamente a la luz de la normatividad vigente cuando se produjeran los actos impugnados y los alcances de esta sentencia, resultan acordes con el contenido de dichas reformas y adiciones. Además, conviene destacar que si bien conforme al artículo primero transitorio el decreto entrará en vigor noventa días después de su publicación en el Diario Oficial, según se ha precisado, se establecen diversas salvedades, puesto que deben realizarse las adecuaciones previstas en el segundo transitorio, tanto a las leyes federales como a las constitucionales y leyes locales, lo que deberá hacerse ‘por los Estados dentro de un año a partir de la iniciación de la vigencia del decreto y en el Congreso de la Unión a más tardar el treinta de abril del año dos mil uno, precisándose que mientras no se hagan las adecuaciones se continuarán aplicando las disposiciones vigentes.’
"Con lo antes transcrito se robustece de nuestra parte que el periodo en el cual seguirá asumiendo el cargo del servicio público de tránsito, en su caso, será únicamente en el periodo de transferencia, y no como indebidamente lo quiere interpretar el Ejecutivo del Estado, que lo sujeta a la condicionante de que hasta que no se adecuen las leyes secundarias estará jurídicamente posibilitado para hacer dicha transferencia.
"De los argumentos que esgrime el Ejecutivo del Estado para no transferir el multicitado servicio público ya referido, es porque en el artículo tercero transitorio del decreto aprobado el 27 de marzo del año en curso por la Legislatura Local, establece, en lo que interesa, que hasta en tanto se expidan o adecuen las leyes secundarias correspondientes se estará a lo dispuesto en los artículos tercero y cuarto transitorios del decreto expedido por el Congreso General de la República, con ello dando razón al Municipio en el sentido de que se ha cumplido con la temporalidad que dichos preceptos establecen y, por ende, no hay mayor excusa para hacer la transferencia solicitada.
"Segundo. El segundo concepto de invalidez que se hace valer se deriva del hecho que la Legislatura Local en el término establecido por la Constitución para adecuar y reformar la Constitución Local y sus leyes reglamentarias, tan sólo cumplió con adecuar la primera de las normas mencionadas, pues fue omisa al adecuar las segundas y con ello hace que esta entidad municipal se encuentre sujeta -según el Ejecutivo del Estado- hasta que no se adecuen estas últimas se estará en condiciones jurídicamente óptimas para la transferencia del servicio de tránsito; sin embargo, resulta en grave perjuicio lo antes expuesto, ya que no es imputable a la parte promovente el adecuar la reglamentación secundaria.
"En tales circunstancias, si bien es cierto que el Municipio de Toluca no cuenta con la reglamentación necesaria para que sea aplicado al servicio público de tránsito, no menos cierto es que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo transitorio respectivo, determinó que hasta en tanto no se adecuaran las Constituciones y leyes la disposición a aplicar sería la vigente. Con ello el legislador previó la circunstancia de que se siguiera aplicando la norma vigente, sin perjuicio de que con posterioridad a la transferencia se pudiera legislar la norma a aplicar; cabe destacar que en nuestra entidad federativa hay diversos ejemplos que cobran relevancia en el asunto que nos ocupa, ya que es de conocimiento público que en los Municipios de Naucalpan, Tlalnepantla y Metepec, cuentan actualmente con dicho servicio, y tanto la ley como el reglamento de tránsito estatal siguen teniendo vigencia, pues los mismos entre sí no se contraponen, ya que como es el caso de lo que establece el artículo segundo del Reglamento de Tránsito del Estado de México, en donde participa de la competencia tanto de autoridades estatales como de las de orden municipal para la aplicación de este reglamento; por tanto, desmerece que el Ejecutivo del Estado justifique su imposibilidad de transferir al Municipio que represento el servicio de tránsito, puesto que se está cumpliendo en forma con lo dispuesto por la norma constitucional sin transgredir la esfera jurídica que a este último le compete.
"Tercero. El suscrito estima que por lo que respecta a lo manifestado por el secretario general de Gobierno en cuanto a que ‘lamentablemente el Ejecutivo del Estado de México en este momento está imposibilitado jurídicamente para transferir al Municipio de Toluca el servicio público de tránsito municipal’, lo único que denota es el deseo de no acatar el cumplimiento de lo preceptuado por nuestra Carta Magna, en atención a que de lo previsto por nuestra Ley Fundamental, sus señorías claramente pueden apreciar que jurídicamente sí es posible el que se transfiera el servicio público de tránsito al Municipio de Toluca, toda vez que como quedó establecido en el artículo 115, en lo que a esta parte interesa, la competencia original de dicho servicio público compete a los Ayuntamientos, situación que se llevó a cabo de dicha forma por parte del legislador para fortalecer la competencia municipal; por otra parte, es inatendible lo manifestado por la parte demandada en el oficio de respuesta a la solicitud del servicio público de tránsito, esto en atención a que pretende sujetar el cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a una reforma a aplicarse a una ley estatal, que en el caso sería la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de México, por lo que en atención a que nuestra Carta Magna es clara en cuanto en quién reside la competencia de la prestación del servicio público de tránsito, obvio es que se debe estar a lo ordenado por la misma.
"Se estima que de una manera ‘tendenciosa’ el Gobierno del Estado de México pretende sujetar la transferencia del servicio público de tránsito a la reforma que se dé a la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de México, pero omite tomar en consideración que nuestra Carta Magna fue precisa en el término concedido para que se diere tal circunstancia, esto es, el año a que hace alusión la reforma federal se encuentra agotado, por tanto, es obvio que el Gobierno del Estado no pretende dar cabal cumplimiento a nuestra Ley Fundamental, toda vez que de acatar lo dispuesto por el Gobierno del Estado se estaría en una situación incierta.
"En otro entendido, se estima que tampoco es atendible lo manifestado por el secretario general de Gobierno, en cuanto a que debe precisarse que en términos del artículo 115 constitucional la transferencia del servicio público de tránsito no implica la transferencia de los bienes que el Gobierno del Estado tiene destinados a la prestación de este servicio, lo único que denota con ello es desconocer por completo la naturaleza del servicio público de que se trata y, aún más, de lo sustentado por nuestro Máximo Tribunal en jurisprudencia respecto al caso concreto, toda vez que ya se cuenta con el antecedente que se estableció al resolverse la controversia 25/98, siendo la parte actora el Municipio de Xalapa, Veracruz, en donde este último solicitó la transferencia y entrega de los bienes muebles e inmuebles, parque vehicular, recursos presupuestales e incluso del personal que venía prestando el servicio, pues es factible que este Municipio lo solicite para darle continuidad a dicho servicio y que no sea en perjuicio de la ciudadanía, por tanto, atendiendo a dicho antecedente este órgano de control constitucional, siendo congruente con su resolución, deberá de igual forma invalidar la negativa del Gobierno del Estado para transferir los recursos humanos y materiales antes expuestos, concediéndosele el término que la propia reforma al artículo 115 establece, siendo un periodo de noventa días."
TERCERO. Por auto de diecisiete de septiembre de dos mil uno, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente respectivo, y turnar el asunto al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, a quien por razón de turno correspondió actuar como instructor en el procedimiento.
Por auto de dieciocho de septiembre de dos mil uno, dictado por el Ministro instructor, se admitió la demanda y se ordenó emplazar a la parte demandada y dar vista al procurador general de la República.
CUARTO. Por escrito presentado ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el cinco de noviembre de dos mil uno, la parte demandada contestó la demanda.
Por escrito presentado en el domicilio del secretario autorizado para recibir promociones fuera del horario de labores, el diez de diciembre de dos mil uno, el procurador general de la República desahogó la vista que se ordenó en el auto admisorio.
QUINTO. Sustanciado el procedimiento en sus términos, con fecha cuatro de enero de dos mil dos se celebró la audiencia a que se refieren los artículos 29 y 34 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, y se puso el expediente en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con los artículos 104, fracción IV y 105, fracción I, inciso i), de la Constitución General de la República; 1o. de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del citado precepto constitucional; y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se trata de una controversia suscitada entre un Estado y uno de sus Municipios.
SEGUNDO. A continuación se procederá al análisis de la legitimación de la parte promovente.
Del escrito de demanda se aprecia que promueve la presente controversia constitucional Félix Francisco Romero, en su carácter de primer síndico del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, lo que acredita con la constancia que obra a fojas nueve del expediente, expedida por el Instituto Electoral del Estado de México.
Ahora bien, los artículos 10, fracción I y 11, primer párrafo, ambos de la ley reglamentaria de la materia, disponen:
"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
"I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia."
"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."
Previamente a determinar la legitimación correspondiente, conviene precisar que los Ayuntamientos son órganos de dirección y administración política de los Municipios y tienen legitimación para entablar demandas.
Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número P./J. 51/2000, emitida por el Tribunal Pleno, consultable en la página ochocientos trece del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual indica:
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LOS AYUNTAMIENTOS TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PLANTEARLAS CON LOS OTROS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO. Si bien es cierto que en la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se otorga legitimación para plantear los conflictos que se susciten entre los órganos originarios del Estado, por la vía de la controversia constitucional, al Municipio y no al Ayuntamiento, se entiende que aquél actúa en el mundo real y jurídico a través de su órgano de gobierno y representación política, que lo es el Ayuntamiento según lo previsto en la fracción I del artículo 115 constitucional. De lo anterior se sigue que el Ayuntamiento, a través de los servidores públicos a los que la legislación estatal les dé la facultad de representarlo y de defender sus intereses, está legitimado para pedir que se diriman los referidos conflictos."
Ahora bien, los artículos 52 y 53, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, establecen:
"Artículo 52. Los síndicos municipales tendrán a su cargo la procuración y defensa de los derechos e intereses del Municipio, en especial los de carácter patrimonial y la función de contraloría interna, la que, en su caso, ejercerán conjuntamente con el órgano de control y evaluación que al efecto establezcan los Ayuntamientos."
"Artículo 53. Los síndicos tendrán las siguientes atribuciones:
"I. Procurar, defender y promover los derechos e intereses municipales; representar jurídicamente a los Ayuntamientos en los litigios en que éstos fueren parte, y en la gestión de los negocios de la hacienda municipal."
En tal orden de ideas, al desprenderse de los preceptos reproducidos que el síndico tiene la facultad de representar jurídicamente al Ayuntamiento en los litigios donde éste fuere parte, sin que requiera de ninguna formalidad o acuerdo especial del Cabildo, de conformidad con lo dispuesto por el transcrito numeral 11 de la ley reglamentaria de la materia, es de concluir que el referido síndico promovente se encuentra legalmente legitimado para representar al Ayuntamiento de Toluca, Estado de México y, por ende, para promover la presente controversia constitucional.
No es obstáculo alguno para la conclusión alcanzada lo aducido por el gobernador demandado en cuanto a que en la controversia constitucional se actualiza una causa de improcedencia, ya que el citado síndico carece de legitimación para el ejercicio de la presente acción, al ser el Ayuntamiento el órgano de gobierno del Municipio, y que por ello dicho síndico requería que dicho cuerpo edilicio le otorgara la representación, toda vez que, como se desprende de los artículos transcritos, la Ley Orgánica Municipal de la entidad no alude a la necesidad de alguna formalidad o acuerdo previo del Ayuntamiento para que el síndico le represente, atendiendo a que la materia propia de las sesiones que éste lleva a cabo se refiere específicamente a los asuntos sustantivos propios de la administración del Municipio.
Al respecto es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia número P./J. 52/2000, emitida por este Tribunal Pleno, consultable en la página setecientos veinte del Tomo XI, del mes de abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SÍNDICO ÚNICO DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, TIENE LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA COMPARECER EN SU REPRESENTACIÓN, SIN REQUERIR FORMALIDAD O ACUERDO ESPECIAL PREVIO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, el ‘síndico único’ es el encargado de la procuración, defensa y promoción de los intereses municipales y de la representación jurídica de los Ayuntamientos en los litigios en que éstos fueren parte, sin que exista ninguna disposición que ordene formalidad o acuerdo previo del Ayuntamiento para llevar a cabo estas funciones, ya que la materia propia de las sesiones que éste lleva a cabo se refiere específicamente a los asuntos sustantivos propios de la administración del Municipio. Por tanto, el ‘síndico único’, en uso de las atribuciones que la ley le otorga, puede promover y representar legalmente al Municipio en cualquier litigio, como lo es la controversia constitucional, sin que se establezca condición o requisito formal previo para ello."
No es óbice para la aplicación, en el caso, de la citada jurisprudencia, que en ésta se interprete una disposición del Estado de Veracruz, toda vez que el artículo a que alude, como se desprende de su contenido, contempla los mismos supuestos que el artículo 53, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en cuanto a que corresponde al síndico municipal la "representación jurídica de los Ayuntamientos".
Así, al no advertirse que en el caso se argumente por las partes ninguna otra causa de improcedencia diversa a la analizada, o bien, que de oficio advierta este Alto Tribunal que se actualice alguna otra, se procederá al estudio del fondo del asunto.
TERCERO. Los conceptos de invalidez planteados por la parte promovente se refieren básicamente al oficio de siete de agosto de dos mil uno, mediante el cual se comunica al Municipio actor, por el Gobierno del Estado de México, que no es posible transferirle el servicio público de tránsito que solicita.
En dicho concepto de invalidez, sustancialmente se so
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17599-f493e053/transito-la-negativa-de-la-transferencia-de-ese · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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