Corpus
Modo: Corpus Pro

DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO. EL ACUERDO ECONÓMICO 153/98 EXPEDIDO POR EL CONGRESO DE DICHA ENTIDAD, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE DIVISIÓN DE PODERES.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 1/99. · Registro digital (IUS): 6549
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Julio de 2000, , Pág. 465.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 1/99. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIO: MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ GONZÁLEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día once de mayo de dos mil.

Vistos para resolver los autos relativos a la controversia constitucional 1/99, promovida por Alberto Cárdenas Jiménez, gobernador del Estado de Jalisco, en su carácter de titular del Poder Ejecutivo de dicho Estado, en contra del Congreso del Estado de Jalisco; y

RESULTANDO:

PRIMERO.-Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el día veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, Alberto Cárdenas Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, en su carácter de titular del Poder Ejecutivo de dicho Estado, promovió controversia constitucional contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan:

"Que en los términos del artículo 105, fracción I, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a demandar en controversia constitucional al Poder Legislativo del Estado de Jalisco depositado en la asamblea denominada Congreso del Estado, la invalidez del Acuerdo Económico 153/98 ya citado. Por ser violatorio de los preceptos constitucionales federales 39, 40, 41, 49, 115 y 116, y constitucionales estatales 1o., 2o., 14, 35, fracción IV, toda vez que en el mismo se pretende ejercitar actos o funciones que no le son propias y que son contrarias y opuestas a la estructura y al sistema constitucional federal y estatal."

SEGUNDO.-En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:

"A finales del año pasado, por mayoría de los integrantes del Congreso del Estado de Jalisco, fue votado un acto llamado ‘Acuerdo Económico Número 153/98’, que según se asienta en su texto, el pleno del Congreso resolvió:

"‘Primero. Que es ilegal el procedimiento de adjudicación de chalecos antibalas llevado a cabo a partir del acuerdo de fecha 19 de noviembre, firmado por el exsecretario de Administración, Carlos Rodríguez Combeller, procedimiento en el que tuvo participación directa el contralor general del Estado, Jorge Alejandro Preciado Martínez.

"‘Segundo. Que existen elementos de convicción suficientes para determinar que el contralor general del Estado, Jorge Alejandro Preciado Martínez y el exsecretario de Administración, Carlos Rodríguez Combeller, son responsables de ilegalidades graves dentro del procedimiento ilegal citado en el punto inmediato anterior.

"‘Tercero. Que existen elementos de convicción suficientes para determinar que existe responsabilidad pecuniaria en contra del erario estatal, y por ende a la sociedad dentro del procedimiento ilegal de adjudicación de chalecos antibalas por parte del contralor general del Estado, del exsecretario de Administración y de quien resulte responsable.

"‘Cuarto. Que existen suficientes elementos de prueba en contra de los CC. Jorge Alejandro Preciado Martínez y Carlos Rodríguez Combeller, en sus respectivos cargos de contralor general y de exsecretario de Administración, para fincarles responsabilidad en el fuero común y federal respectivamente por los delitos de daño pecuniario, ejercicio indebido de servicio público y uso indebido de atribuciones y facultades.

"‘Quinto. Instrúyase por el Pleno de esta H. Soberanía, al contador mayor de Hacienda de este Poder Legislativo, para que de inmediato presente las denuncias formales que correspondan ante las autoridades competentes en contra de los CC. Jorge Alejandro Preciado Martínez contralor general del Estado, Carlos Rodríguez Combeller exsecretario de Administración y quien resulte responsable.’.

"Lo anterior, como se menciona en tal acuerdo, pretende ser el resultado de una ‘auditoría de legalidad’ (vid. pág. 1, párrafo tercero de antecedentes, Acuerdo Económico 153/98), para lo cual no tiene ninguna facultad el órgano legislativo del Estado de Jalisco pues nuestro Estado no tiene un sistema parlamentario."

Como conceptos de invalidez, se hicieron valer los siguientes:

"1. El artículo 49 de la Constitución Federal establece el principio de que el poder se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación. Por su parte, la Constitución del Estado de Jalisco establece en el artículo 14 que el poder público del Estado se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; y de manera igual a como lo hace la Constitución Federal establece una prohibición: nunca podrán reunirse dos o más de estos poderes en una persona o corporación.

"La razón de ser de estos principios es evitar la concentración del poder en cualquiera de los órganos de gobierno. Esto implica que quienes ejercen funciones en tales órganos no están autorizados a actuar como se les ocurra de acuerdo a su voluntad, a su capricho o a sus intereses, ni por parte de los integrantes de los órganos ni de sus funcionarios y empleados.

"En la doctrina constitucional moderna queda claro que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. En el caso de los órganos ejecutivo y legislativo, tanto en la Constitución Federal como en la Constitución del Estado de Jalisco, el poder derivado que ejercen proviene de su elección directa por la población.

"Ninguna de las tres ramas del gobierno está sometida a otra. Ésta es la base de la separación en el ejercicio de los poderes que tienen su origen únicamente en el pueblo. Cada uno de los órganos de gobierno ejerce precisamente las funciones que le han sido otorgadas por la población, según se establece en los textos constitucionales. Ninguno tiene facultades ilimitadas ni puede atribuirse supremacía sobre los otros. Sin embargo, cada uno tiene distintas facultades para examinar o revisar el uso de los poderes de los otros, pero sin sustituirse en el ejercicio de los poderes ajenos, sin pretender someterlos, ni impedir su función o intervenir de manera tal que los otros se inmovilicen o se paralicen por medidas de presión o por el temor de actuar. Este delicado mecanismo es lo que se conoce como el equilibrio de funciones, de facultades o de poderes entre los órganos de gobierno.

"La tarea es compleja. Por una parte, debe impedirse el dominio de unos órganos sobre los otros y, por otra, el poder, cuando es ilimitado, necesariamente corrompe sea en el área de la administración, como en el área del establecimiento de reglas generales o en el ejercicio de las funciones judiciales. El trabajo es muy difícil, pues en tanto deben darse todos los medios para que los otros órganos lleven a cabo sus funciones, como funciones diferenciadas exclusivas que corresponden a un solo órgano y que no deben obstaculizarse por los otros ni duplicarse innecesariamente, debe evitarse al mismo tiempo que cualquiera de ellos haga de sus funciones cotos de poder ilimitados o que pretenda ser el soberano en el Estado.

"Las facultades del Congreso del Estado se desprenden de la Constitución Federal de la República y de la Constitución del Estado de Jalisco. Fuera de éstas, dicho órgano legislativo no tiene otras. El poder público de los Estados, de acuerdo con la Constitución Federal de la República, según el artículo 116, se dividirá para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, además de esto se establece que los poderes de los estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las normas que en dicho artículo se especifican y, en el segundo párrafo de la fracción I de dicho artículo, se señala que la elección de los gobernadores de los Estados y de las Legislaturas Locales será directa.

"Asimismo, hay que señalar las más importantes diferencias que hay entre un sistema de gobierno republicano presidencialista, que en la esfera de la competencia estatal podemos denominarlo como ejecutivista o gubernamentalista (toda vez que la dirección política general está a cargo del gobernador del Estado), y un sistema parlamentario. En el primer sistema, como ya se adelantaba, el gobernador (en el caso de un Estado) encabeza la dirección política general, contando con secretarios de despacho designados y en su caso removidos libremente por él. En el segundo sistema, la dirección política general corresponde a los ministros (en México no hay ministros) que resultan políticamente responsables ante el parlamento, el cual será llamado en última instancia a aprobar la dirección delineada por el gobierno.

"2. El Congreso del Estado de Jalisco no tiene entre sus facultades decidir ni supervisar o vigilar la distribución de funciones que al interior del órgano ejecutivo lleve a cabo éste en sus diferentes secretarías. Una tarea de vigilancia y supervisión diaria y constante como la que pretende el órgano legislativo es propia solamente de los regímenes parlamentarios en los cuales el líder de la mayoría permanente o transitoria ejerce los Poderes Ejecutivos, es decir, los poderes de la administración, en forma completa mientras tenga la mayoría. Naturalmente ese sistema conlleva a otros problemas que traen los cambios frecuentes de gobierno, pero no viene al caso señalar o discutir las ventajas y desventajas de los sistemas parlamentarios, lo único que interesa en este caso es que ni en el Estado de Jalisco ni en la República existe un sistema parlamentario.

"Es función primordial del Poder Legislativo aprobar leyes y disposiciones generales, es decir, formal y materialmente le compete la función legislativa. De manera excepcional, sólo en casos expresamente precisados, puede encargársele la vigilancia sobre otros órganos de poder, exclusivamente en los términos, formas y plazos, que señale la Constitución.

"Es el caso que el Acuerdo Económico 153/98 aprobado por la mayoría de los diputados del Congreso del Estado de Jalisco, explícitamente constituye una concentración de facultades en ese órgano, y va en contra del principio republicano de separación de poderes consagrado en los artículos 49 y 116 de la Constitución Federal y 14 de la Constitución Estatal. Asimismo, resultando que la mayoría del Congreso del Estado de Jalisco al oponerse a la forma republicana de gobierno, infringe los artículos 39, 40, 41 y 115 de la Constitución Federal y segundo de la Constitución Estatal.

"Hay una diferencia básica entre la monarquía y los sistemas oligárquicos, respecto de lo que es una verdadera república. En la monarquía como en la oligarquía, uno o varios déspotas ejercen el poder que sólo corresponde a la población llamándose a sí mismos soberanos, junta de notables, supremo poder, o cualquier otro nombre. Su poder no tiene límites. Ellos expiden por sí y ante sí las reglas de su funcionamiento, imponiendo las mismas no sólo a sus empleados para efectos internos sino a cualquier otro órgano de gobierno, pretendiendo obligar a los demás con sus propias reglas. Por el contrario, en un sistema republicano de gobierno todo poder de cualquier ente u órgano deriva del pueblo, tiene límites y, aunque cada órgano puede darse sus reglas de funcionamiento interno en los casos expresamente determinados de acuerdo con las bases constitucionales que los rigen, no puede pretender imponérselas a los demás.

"3. El Congreso del Estado de Jalisco, como el gobernador encargado del órgano ejecutivo y el Tribunal Superior de Justicia como titular de los órganos judiciales tienen la facultad de darse sus reglas de funcionamiento interno, las leyes orgánicas correspondientes. Es evidente, y no necesita mayor explicación, que las reglas de funcionamiento interno que los distintos órganos de gobierno se dan a sí mismos sin la participación que la estructura constitucional exige para las normas de carácter general, llámense como se llamen: leyes orgánicas, reglamentos internos, bases de funcionamiento interno, manuales de organización, acuerdos internos, etc., en la medida en que son sólo la voluntad o la decisión de un órgano independiente, no pueden servir para obligar o someter a los otros órganos.

"El Acuerdo Económico 153/98 se funda en diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Jalisco. Debe señalarse que tal ley es en realidad un reglamento interior de la institución que pretende organizar. La llamada ‘ley’ constituye un reglamento únicamente y exactamente para los integrantes y para sus funcionarios y empleados del órgano respectivo. No obstante que como toda ley se compone de normas de carácter general y abstracto, su regulación prevé hipótesis típicas que se constriñen a regular la conducta de los integrantes, funcionarios y empleados de tal órgano. Así las cosas, el carácter de generalidad y abstracción es consecuente, en la medida en que tales normas no se ciñen a un sujeto en concreto sino a cualquiera que sea funcionario de tal órgano. Esta ley se refiere al ámbito exclusivo del Congreso, por lo cual no puede ser vetada ni es promulgada por el Ejecutivo, como así lo establece el artículo 33 de la Constitución Estatal.

"4. El Acuerdo Económico 153/98 del Congreso del Estado de Jalisco, invade actividades y funciones que son responsabilidad del Ejecutivo a mi cargo. Esta invasión indebida distrae de sus obligaciones naturales y propias, implicando que se contrate la utilización de recursos tanto por la ocupación y gastos del trabajo del personal interno y el equipo instalado que debe estar dedicado a sus funciones necesarias y cotidianas, como por los gastos internos y externos para resolver esta controversia, e impide la dedicación a las funciones naturales de los otros órganos de gobierno.

"La aceptación de un sistema de control mutuo que se ejerza en forma constante, permanente y por ello arbitraria, no sólo obstaculiza y dificulta en buena parte las labores a mi cargo, sino que implica una dedicación del Legislativo en detrimento de sus funciones propias y naturales y en perjuicio de los recursos que se otorgan a dicho órgano para cumplir con las que le corresponden, pues todos los recursos de que dispone el Legislativo (como los otros órganos del gobierno) es proveniente de los impuestos de la población, que no puede gastarse en actividades de obstaculización, de amenazas y de formulación de acusaciones absurdas para propósitos políticos de interés particular o de grupo o fracción de los diputados firmantes del acuerdo.

"5. La exigencia de responsabilidad a mis funcionarios constituye un ejercicio ilegal de las funciones que corresponden a los diputados, ya que se está actuando como si estuviese vigente un sistema parlamentario, cuando nuestro sistema republicano no lo es. El titular del Poder Ejecutivo recae en una sola persona que, como lo declara la Constitución Estatal en su artículo 36, es el ‘Gobernador del Estado’.

"La línea de conducta que pretende seguir el Congreso, conduciría a que los tres órganos de gobierno intensificaran su control mutuo distorsionándolo en enfrentamiento arbitrario y extralegal en detrimento finalmente del gobierno total que le da cuerpo al Estado. Lo cual es claramente contrario al espíritu de la Constitución Federal y de la Constitución Estatal. Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha establecido claramente el sistema político de la República y las facultades y competencias de los órganos de gobierno. Si el órgano legislativo debe respetar los tiempos y procedimientos para pedirle cuentas al Ejecutivo y no invadir su esfera, mucho menos debe entorpecer ilegalmente su función. Tales acciones, inspiradas por fines políticos, se oponen a la razón de ser del Congreso que es una de las representaciones temporales de los intereses del pueblo (la otra es el Ejecutivo a mi cargo). El buen gobierno sirve para tales propósitos y no para fines personales u oligárquicos o facciosos de algunos de los miembros del órgano legislativo del Estado.

"6. Siguiendo los principios de la separación de poderes establecida en nuestra Constitución Federal, la Constitución del Estado de Jalisco establece en el artículo 35 fracción IV que son facultades del Congreso: ‘... IV. Determinar los gastos del Estado para cada ejercicio fiscal, así como las contribuciones de Estado y Municipios para cubrirlos y examinar las cuentas correspondientes.’. También le corresponde al Congreso, de acuerdo con la fracción XXX del artículo 35 de la Constitución del Estado de Jalisco: ‘Citar a los titulares de las dependencias y organismos descentralizados del Poder Ejecutivo del Estado y de los Municipios, para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a sus respectivos ramos o actividades. De igual forma podrá citarlos para que informen sobre los avances en relación con sus planes de desarrollo.’. Las facultades del Congreso del Estado de Jalisco son semejantes a las que tiene el Congreso Federal en lo referente a sus poderes sobre las funciones del Ejecutivo en lo que se refiere al presupuesto de egresos y la ley de ingresos para cubrir los mismos, así como las facultades para examinar las cuentas correspondientes.

"Por su parte, el gobernador, de acuerdo con el artículo 50, fracción IV de la Constitución del Estado de Jalisco, tiene facultades para pedir informes al Congreso del Estado sobre su administración.

"En cualquier caso, examinar y aun revisar, que parece ser un concepto más amplio o más cercano al poder de aprobar o reprobar a posteriori, significa o tiene por objeto, como dice el artículo 74 fracción IV de la Constitución Federal ‘... conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.’, para que ‘Si del examen que realice la Contaduría Mayor de Hacienda aparecieran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas respectivas del presupuesto o no existiera exactitud o justificación en los gastos hechos, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley. ...’.

"Ahora bien, el examen y aun la revisión de las cuentas que evidentemente deben hacer otros órganos independientes del Ejecutivo, en ningún caso supone ni la sustitución ni la vigilancia para autorización constante de cada uno de sus actos, pues esto sería la concentración precisamente en un sólo órgano del poder que le da la población al gobierno; es decir, lo contrario a la necesaria separación de los poderes, como base de un buen gobierno.

"Los actos de examen o revisión de las cuentas, así como los actos de aprobación anterior o posterior de un órgano del poder público sobre los otros, no deben ni pueden ir en ningún caso más allá de lo que establezca expresamente la Constitución Estatal, dentro de los márgenes fijados en el texto constitucional federal. De no ser así, se pondría en peligro la separación del ejercicio del poder público y se estaría en camino al dominio y la dependencia de los órganos de gobierno por uno solo de ellos; es contrario del principio del equilibrio y separación de poderes, abriendo la puerta al despotismo o a la dictadura. Esto es así porque quien tiene el poder ilimitado de intervenir o de sancionar tiene el poder de destruir.

"Por tanto, tal como sucede en materia federal, carece de facultades el órgano legislativo del Estado para llevar a cabo exámenes fuera del respectivo tiempo de revisión de cuentas y de la justificación de gastos. La Constitución del Estado de Jalisco señala claramente, que las facultades que le corresponden al Congreso de acuerdo con el citado artículo 35 fracción IV, obviamente deben ejercitarse en cada ejercicio fiscal y no cuando se le ocurra a su capricho a la mayoría del Congreso.

"7. El Acuerdo Económico 153/98 está fuera de las facultades y tiempos constitucionales del análisis de la cuenta pública. La cuenta pública debe ser estudiada por una dependencia del Congreso denominada Contaduría Mayor de Hacienda y ésta debe de rendir un informe a aquél para determinar responsabilidades si hay discrepancias entre gasto y presupuesto, tal actividad se realiza únicamente cada año fiscal y no cuando le plazca a algunos miembros del Congreso. Pues esto, al entorpecer y bloquear las actividades normales y propias de la responsabilidad del Poder Ejecutivo, vulneraría seriamente el ejercicio responsable del gobierno.

"La justificación de cuentas, debe ser anual para aprobarse o no aprobarse en el momento en que se discute la cuenta pública. En el Acuerdo Económico 153/98 se omite la fundamentación indispensable en la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco. Esta ley dispone en sus artículos 4o., 94, 95, 96, 97 y 98 lo siguiente:

"‘Art. 4o. El presupuesto de egresos de la entidad será el que contenga el decreto que apruebe el Congreso del Estado a iniciativa del titular del Poder Ejecutivo, autorizando las previsiones del gasto público que habrán de realizar las dependencias y entidades para costear durante el periodo de un año las acciones, obras y servicios públicos previstos en los programas a cargo de los responsables de ejercer el gasto público.’

"‘Art. 94. Para los efectos de esta ley, la cuenta pública del gobierno del Estado tiene por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si ella se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto, así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en la programación oficial.

"‘La cuenta pública estará constituida por los estados financieros y demás información que compruebe el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la ley de ingresos y del ejercicio del gasto público, así como la incidencia entre las operaciones y las cuentas de balance incluyendo el origen y destino de los recursos.’.

"‘Art. 95. La formulación de la cuenta pública se realizará por la secretaría y en particular por cada una de las entidades, misma que la someterán a la consideración del gobernador del Estado, lo anterior con la finalidad de que el titular del Poder Ejecutivo la valide y a su vez la remita para su revisión y aprobación definitiva al Congreso del Estado en los términos que señalan la Constitución Política y la Ley de Deuda Pública, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco.’

"‘Art. 96. Las entidades que no estén incluidas en el presupuesto de egresos, pero que estén obligadas a presentar su propia cuenta pública a la revisión y glosa del Congreso Estatal, se sujetarán para tal efecto a las disposiciones contenidas en este capítulo.’

"‘Art. 97. La revisión, glosa y control de la cuenta pública, será realizada por el Congreso del Estado, a través de la Contaduría Mayor de Hacienda, la cual se sujetará para tal efecto a la legislación aplicable, así como a los procedimientos que expida el Congreso del Estado.

"‘La revisión, glosa y control de la cuenta pública comprenderá una revisión legal, económica y contable del ingreso y del gasto público, verificando la exactitud y la justificación de dichos aspectos, de acuerdo con los conceptos autorizados para uno y otro rubro, así como su impacto en el cumplimiento de la programación oficial del Gobierno del Estado.’.

"‘Art. 98. Si del examen que en los términos del artículo anterior realice la Contaduría Mayor de Hacienda, aparecieran discrepancias entre las cantidades autorizadas al gasto con las realizadas, o bien, no existiera exactitud ni justificación tanto en los gastos que se efectuaron, como en los ingresos que se recibieron o debieron exigir, además de cualquier otra irregularidad que a juicio del citado órgano de revisión y control del Congreso del Estado, y de acuerdo a la ley se justifique, se determinarán las responsabilidades conducentes, mismas que fincarán ante la autoridad que conforme a las leyes y en atención a cada caso en particular sea competente para hacerlo.’

"De esta manera, la justificación de los gastos se reduce a que no haya un engaño, a que las adquisiciones y los gastos sean razonablemente necesarios y a que se haya cubierto la cantidad indicada. Todo esto únicamente debe hacerlo el órgano legislativo al llevar a cabo la revisión de la cuenta pública y no cuando le plazca.

"Cabe decir, en razón de las apreciaciones sobre la compra de los chalecos antibalas, que el gasto de tales chalecos está plenamente justificado, y el pago fue hecho a quienes los vendieron. No se puede pretender que la justificación implica la revisión de la necesidad, la verificación de la calidad de lo adquirido, la estimación de la durabilidad y la valoración del precio correcto, bajo la idea de que debe ser el más bajo con la mayor calidad que existe en el mercado. Esto último es absurdo, pues el mercado no se conoce de manera absoluta.

"Independientemente de que no es función del órgano legislativo, la notoriamente extemporánea calificación de la compra de los chalecos antibalas; tales chalecos eran un requerimiento de carácter urgente y la licitación respectiva correspondió a tal motivación, en beneficio de la población. La seguridad pública es uno de los reclamos más importantes de la sociedad jalisciense y de todo el país. La urgencia estriba en el importantísimo valor que representa la seguridad pública.

"8. El Acuerdo Económico 153/98, con el cual la mayoría de los diputados del Congreso pretenden amenazar e intimidar indebidamente a secretarios y otros servidores públicos del Ejecutivo a mi cargo, con la intención de establecer una dominación oligárquica contraria a la separación de poderes inventa conductas delictivas, derivadas de una supuesta ‘auditoría de legalidad’. Esto significa que el Congreso pretende ser un órgano de control legal y constitucional, lo cual claramente invade la competencia de los tribunales y la función jurisdiccional, violentando la separación de poderes. En México, el control legal y constitucional es ejercitado por los órganos jurisdiccionales, que como señalan los artículos 103, 104 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son los tribunales de la Federación."

TERCERO.-Por auto de primero de febrero de mil novecientos noventa y nueve, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente respectivo y turnar el asunto al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, a quien por razón de turno correspondió actuar como instructor en el procedimiento.

El Ministro instructor, por auto de dos de febrero del mismo año, admitió la demanda y ordenó emplazar a la parte demandada y dar vista al procurador general de la República.

CUARTO.-Por escrito presentado en una oficina de correos de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el doce de marzo de mil novecientos noventa y nueve, y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el día diecinueve del mismo mes y año, la parte demandada contestó la demanda en los siguientes términos:

"H. Suprema Corte de Justicia de la Nación.-At'n. Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.-México, Distrito Federal.

"En atención al oficio número 00343, de fecha 3 de febrero de 1999, y relativo a la controversia constitucional al rubro citada, los suscritos diputados secretarios del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, comparecemos en los términos del artículo 23 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de dar contestación a la demanda promovida por el C. Ing. Alberto Cárdenas Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, contra actos de este Poder Legislativo, para lo cual hacemos las siguientes manifestaciones:

"I. En cuanto al hecho, es cierto que en la sesión ordinaria celebrada el día 8 de octubre de 1998, la Asamblea Legislativa, aprobó el Acuerdo Económico Número 153/98, en el cual el Pleno resolvió que: es ilegal el procedimiento de adjudicación de chalecos antibalas llevado a cabo a partir del acuerdo de fecha 19 de noviembre, firmado por Carlos Rodríguez Combeller, exsecretario de Administración, procedimiento en el que tuvo participación directa el contralor general del Estado, Jorge Alejandro Preciado Martínez; asimismo, que existen elementos de convicción suficientes para determinar que los ciudadanos en cita, son responsables de ilegalidades graves dentro del procedimiento de adjudicación en comento; que existen elementos de convicción suficientes para determinar que existe responsabilidad pecuniaria en contra del erario estatal y por ende a la sociedad; y además existen elementos de prueba en contra de ellos, para fincarles responsabilidad en el fuero común y federal, por los delitos de daño pecuniario, ejercicio indebido de servicio público, y uso indebido de atribuciones y facultades. En ese sentido, el Poder Legislativo, instruye al contador mayor de Hacienda del Congreso de la entidad, para que presente las denuncias formales que correspondan ante las autoridades competentes.

"Sin embargo, en lo que se refiere a que tal acuerdo pretende ser el resultado de una ‘auditoría de legalidad’, es menester indicar que erróneamente se interpreta, pues en primer término el acuerdo económico de referencia, se concreta al esclarecimiento del procedimiento de adquisición de los chalecos antibalas; en segundo lugar, el acuerdo se fundamenta en la facultad fiscalizadora que tiene el Congreso, misma que debe de ser entendida no sólo en la revisión de los resultados financieros, sino que además comprende la revisión de su gestión, aplicación y ejercicio, en la que se debe de comprobar que se ajuste a los criterios señalados en los presupuestos, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas correspondientes, lo que quiere decir, que el examen se refiere también a que se hayan aplicado los recursos conforme a los procedim

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6549-f8c0a5b0/denuncias-contra-funcionarios-publicos-del-estado-de-jalisco · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.