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Modo: Corpus Pro

MAGISTRADOS Y JUECES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. LA FACULTAD DE LA LEGISLATURA LOCAL PARA INCOAR JUICIO POLÍTICO EN SU CONTRA ES DE CARÁCTER EXCEPCIONAL Y SE ENCUENTRA CONDICIONADA A LA SALVAGUARDA DE VALORES COLECTIVOS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 19/97. · Registro digital (IUS): 5175
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Septiembre de 1998, , Pág. 816.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 19/97. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintinueve de junio de mil novecientos noventa y ocho.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO.-Por escrito presentado el nueve de julio de mil novecientos noventa y siete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Valdez Angulo, en su carácter de presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, promovió demanda de controversia constitucional, en contra del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, por actos de esa autoridad que hizo consistir, esencialmente, en la resolución de procedencia e instauración de juicio político de fecha veinticinco de abril de mil novecientos noventa y siete, emitida por la Comisión de Responsabilidades del H. Congreso del Estado, sancionada por la Asamblea Legislativa, en acuerdo económico número 500/97, de fecha veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y siete.

SEGUNDO.-En la demanda se señalaron como antecedentes del caso, los siguientes:

"1. Se radicó ante el Juzgado Sexto de lo Penal del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, la averiguación previa que quedó registrada en dicho juzgado, con el número de expediente 260/96, instaurada en contra de Carlos Luviano Montelongo y Sara González Luviano, por la presunta responsabilidad de los indiciados en la comisión de diversos delitos.-2. Con fecha doce de julio de 1996, mil novecientos noventa y seis, el Juez primario dictó sentencia interlocutoria, mediante la cual negó la orden de aprehensión solicitada por el fiscal consignador. Inconforme con dicha resolución, la institución del Ministerio Público, interpuso recurso de apelación, del que tocó conocer a la Honorable Sexta Sala, a la cual se encuentran adscritos los señores Magistrados sujetos al juicio político a que me he referido con anterioridad, registrándose con el número de toca 1344/96.-Con fecha ocho de octubre del mismo año, la Sala en mención resolvió el recurso de alzada, confirmando en sus términos la interlocutoria dictada por el Juez natural, dentro de la averiguación judicial a que se ha hecho referencia en líneas precedentes.-3. Es el caso que, por escrito presentado y ratificado el día 1o., primero de noviembre de 1996, mil novecientos noventa y seis, el C. Carlos Luviano Jaramillo, compareció ante el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, solicitando la instauración de juicio político, en contra de los ciudadanos Magistrados Gregorio Rodríguez Gutiérrez, Manuel Higinio Ramiro Ramos, Esteban de la Asunción Robles Chávez y el señor Juez José Ávalos Pelayo, titular -este último- del Juzgado Sexto de lo Penal de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco; por lo que con fecha 04 cuatro de noviembre del año citado, se turnó dicha petición a la Comisión de Responsabilidades de la LIV Legislatura, haciéndose del conocimiento de la Asamblea Legislativa dicho trámite, en los términos de la ley orgánica de ese poder.-4. Los hechos atribuidos por el denunciante a los involucrados, son el de incurrir durante el ejercicio de la actual administración en actos y omisiones, violando la Constitución Política del Estado de Jalisco -entonces vigente-, aduciendo que el sumario integrado por el fiscal consignador, a que se hizo referencia en el primer párrafo de este escrito, constituye una armazón jurídica fuerte por cuanto a elementos probatorios se refiere.-Que el Juzgado Sexto Penal tardó en resolver la solicitud de la fiscalía, el tiempo máximo que permite la ley, dictando interlocutoria mediante la cual negó la orden de aprehensión solicitada por el consignador; en contra de esa determinación el agente del Ministerio Público adscrito a ese juzgado, promovió el recurso de apelación correspondiente en el que -según su dicho- se analizó con toda claridad y precisión, punto por punto la resolución recurrida y demostrando jurídicamente en ella, la ostensible inexactitud en la aplicación de las leyes de la materia, particularmente la violación de todos y cada uno de los principios reguladores de la valorización de la totalidad de las pruebas, aportadas al sumario por el fiscal consignador, analizando también la violación al principio de inmediatez procesal.-Aduciendo también que -como se dejó asentado en líneas anteriores- la Sexta Sala resuelve el recurso de alzada, confirmando en sus términos la interlocutoria dictada por el inferior.-Ante lo anterior, el denunciante del juicio político consideró que las autoridades involucradas, al dictar sus respectivas resoluciones, lo hicieron con un criterio jurídico manifiestamente contrario a todas las constancias que obran en autos, y con ello fomentan la impunidad de los delitos y obstruyen la procuración de justicia, lo que redunda evidentemente en perjuicio del interés público fundamental, porque con ello se rompe el orden jurídico, ya que se propicia y se fomenta en esta forma la delincuencia que devasta en gran escala a la sociedad estimando que, las autoridades involucradas violan los artículos 4o. y 53 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como el arábigo 17 de la Constitución Federal; atribuyendo a las autoridades involucradas imparcialidad; a más de dolerse de que se violaron sus garantías individuales, en virtud de que la resolución del tribunal de segundo grado no podrá ser modificada por no existir ulterior recurso; y que las resoluciones de ambos tribunales no se encuentran sustentadas jurídicamente, que carecen de argumentación y que las pocas pruebas que en éstas se comentaron fueron mencionadas con falso análisis y con equivocada interpretación, violando con ello los principios reguladores de la valorización de las pruebas y del arbitrio judicial. Encuadrando la responsabilidad de los funcionarios públicos involucrados en lo dispuesto por la fracción III del artículo 6o. de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.-5. A solicitud en comento, la Comisión de Responsabilidades del Congreso de Jalisco, determinó que los CC. licenciados Gregorio Rodríguez Gutiérrez, Manuel Higinio Ramiro Ramos y Esteban de la Asunción Robles Chávez quienes integran y se desempeñan como Magistrados de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, así como el licenciado José Ávalos Pelayo, titular del Juzgado Sexto Penal de Primera Instancia del Primer Partido Judicial, son sujetos de juicio político, por considerar que los elementos del tipo penal a que se refiere el artículo 165, fracción I, quedaron debidamente demostrados con todos y cada uno de los elementos probatorios existentes en la averiguación previa número 28629/95, así como la probable responsabilidad del C. Carlos Luviano Montelongo, sosteniendo que no son lógicos ni jurídicos los argumentos expuestos por el Juez y Magistrados que resuelven, el primero negando la orden de aprehensión y los segundos desechando el agravio que hace valer el Ministerio Público. Argumentando que los Magistrados y el Juez inculpados no hacen una correcta valoración de las pruebas, allegadas a la averiguación de que se trata, esgrimiendo que la prueba pericial a cargo del C. Jesús R. Galván García, no debió de tomarse como prueba aislada, sino como prueba que confirmaba las conclusiones a que llegaron los peritos oficiales, a más de existir la prueba pericial llevada a cabo por las CC. Luz Bertha Álvarez Gómez y Susana Chávez Madrigal, quienes concluyen que la muestra manuscrita estampada por el C. Carlos Luviano Montelongo en las ocho hojas tamaño oficio, con el sello oficial de la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia, comparada con la rúbrica cuestionada contenida en el cheque número 000294 de la cuenta 002173197-8, de la institución de banca múltiple Banoro, S.A., a la orden de Waldo Hemir López Torres, fechado el dos de octubre de mil noventa y cinco, sí procede del mismo origen gráfico, respecto a la muestra estándar de comparación, es decir, fueron elaboradas por el mismo autor.-De igual forma, reforzaron su dictamen aduciendo que las testimoniales desahogadas ante el Ministerio Público de la C. María de Lourdes Ruelas Fernández, quien refirió que tenía -en ocasiones, más bien diario-, que esconder la chequera y el dinero en efectivo hasta la morralla, por instrucciones de Elia Sofía Luviano y Carlos Luviano, ambos hijos del señor Carlos Luviano Jaramillo; con las declaraciones de Sara González Luviano, Adrián Hernández García, Elías Sofía Luviano Montelongo, María Lourdes Fernández y el propio querellante Carlos Luviano Jaramillo, que entre otras cosas afirman que quienes tenían acceso a la chequera, eran Sara González Luviano, Lourdes Ruelas Fernández y Elia Sofía Luviano Montelongo, concluyendo la comisión en cita que todos los indicios que resultan de las diversas pruebas desahogadas y en consideración a la naturaleza de los hechos de que se trata y el enlace lógico y natural que existe entre esos indicios y el hecho por demostrar, justifican la plena certeza del hecho antijurídico tipificado en las leyes penales, como falsificación de documentos en general y la probable responsabilidad del C. Carlos Luviano Montelongo.-Asimismo, determinan que los servidores públicos denunciados, violaron el principio de inmediatez procesal, asentando que -como se puede apreciar-, la declaración que hace Sara González Luviano, ante el fiscal consignador, de manera libre y espontánea, concuerda con las declaraciones de Adrián Hernández García, en el sentido de que la primera entregó dinero por una cantidad de $5,000.00 en efectivo, en un sobre al segundo; con lo declarado por Waldo Hemir López Torres, quien manifiesta que con respecto al cheque número 294 a cargo de Banoro, S.A., que fue librado a su nombre por la cantidad de $19,000.00, declara que con fecha 20 de octubre de 1995, se presentó a su domicilio su amigo de nombre Pedro Alberto Méndez Pinto, a quien conocía desde hacía 5 años aproximadamente, le mencionó que si le podía hacer el favor de cambiarle el citado cheque, ya que dijo que a su novia de nombre Sara González Luviano, quien trabaja en la Notaría No. 65, de la ciudad de Guadalajara, ocupaba cambiar el cheque, pues según él, no tenía tiempo para hacerlo, presentándose el día siguiente, junto con su amigo a la institución bancaria, ubicada en Plaza del Sol, denominada Banoro, S.A. cambiando el multicitado cheque y entregándoselo en ese mismo momento a su amigo de nombre Pedro Alberto Méndez Pinto, quien al parecer fue a la notaría supuestamente le hizo entrega de ello a la señorita Sara González Luviano; con el dicho de Pedro Alberto Méndez Pinto, que declara que le entregó a Waldo Hemir López Torres, el documento mercantil, pues le pidió el favor de cambiarlo ya que a su vez, su esposa de nombre Sara González Luviano, le pidió que le cambiara el cheque que era de la notaría, documento que una vez cambiado fue entregada la cantidad de dinero a su esposa Sara González; declaraciones contrarias al segundo ateste de la señora Sara González Luviano, a la que le dan mayor credibilidad los servidores públicos denunciados, también resolvieron en el sentido de que no existe prueba alguna que confirme la segunda declaración de la antes mencionada, en relación al hecho histórico de los hechos, haciéndola por ende, inverosímil.-Sustentan también su acuerdo económico en que las periciales no son suficientes para configurar el tipo penal que ahí se comenta, aduciendo que los involucrados no entraron al estudio de manera completa al agravio sustentado por el Ministerio Público; sosteniendo que el criterio soportado por este último, es compartido por esa comisión; manifestando que si bien es cierto que las constancias contenidas en el sumario de origen, no son suficientes para acreditar los elementos del tipo penal de fraude genérico, previsto en el artículo 250 del Código Penal del Estado de Jalisco, también lo es que en el escrito de agravios del agente del Ministerio Público que conoció de la averiguación previa, sustentó entre otros, la interlocutoria que niega el pedimento de orden de aprehensión en contra de Carlos Luviano Montelongo, por su probable responsabilidad criminal, en los delitos de fraude y falsificación de documentos en general, considerando que si bien las pruebas desahogadas no eran suficientes para acreditar los elementos del tipo penal denominado fraude, sí existían para él de falsificación de documentos en general, aunado a que son suficientes para demostrar la presunta responsabilidad del señor Carlos Luviano Montelongo.-6. Por todo lo anterior, la Comisión de Responsabilidades multicitada, declaró procedente la incoación de la solicitud de juicio político solicitada por el C. Carlos Luviano Jaramillo, en contra de los señores Magistrados Gregorio Rodríguez Gutiérrez, Manuel Higinio Ramiro Ramos y Esteban de la Asunción Robles Chávez, quienes integran la Honorable Sexta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, que ahora represento, así como en contra del Lic. José Ávalos Pelayo, titular del Juzgado Sexto Penal de Primera Instancia de la misma entidad federativa, por considerar que existen elementos de prueba, que hacen probable la responsabilidad de una conducta atribuida, encuadrando el hecho denunciado en el supuesto de procedencia, establecido en la fracción V del artículo 7o. de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, declaración de procedencia de juicio político, que desde luego fue votado y aprobado por la Asamblea Legislativa.-Una vez que me he referido a los antecedentes de los motivos por los cuales se instauró el juicio político a que se ha hecho alusión, y tomando en cuenta que para la procedencia de la controversia constitucional necesariamente debe ser vulnerada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y considerando que al realizar la declaratoria de procedencia de juicio político el Honorable Poder Legislativo de Jalisco, violó la esfera jurisdiccional del Poder Judicial la que represento, ello con independencia de la involucración de los señores Magistrados y Juez denunciados, habida cuenta que la resolución de procedencia e instauración de juicio político emitida con fecha 25 veinticinco de abril de 1997 mil novecientos noventa y siete, por la Comisión de Responsabilidades y sancionada por la Asamblea Legislativa constitutiva del H. Congreso del Estado, en Acuerdo Económico Número 500/97, contiene una invasión a las atribuciones, competencia y función jurisdiccional que por disposición constitucional (artículo 116 de la Ley Suprema), es propia del Poder Judicial, violación que se materializa por el Poder Legislativo de Jalisco, al analizar en la resolución de procedencia los elementos del tipo penal, al valorar pruebas, así como la presunta responsabilidad de los inculpados en el toca de apelación 1344/96, ventilada ante la H. Sexta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco."

TERCERO.-La demanda se funda en los artículos 105, fracciones I y II, 14, 17, 21, 23, 25, 39, 40, 41, 49, 50, 71, 76, 94, 108, 109, 110, 115, 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los diversos 2o., 14,16, 28, 35, 51, 52, 53, 56, 57, 62, 90, 91, 92 y 97 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 31, 38, 61, 96, 146 y 148 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco y 3o., 5o., 6o., 7o., 8o. y 10 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

CUARTO.-Los conceptos de invalidez expuestos en la demanda son los siguientes:

"El Honorable Congreso del Estado de Jalisco, ha vulnerado en perjuicio del Poder Judicial de Jalisco, lo establecido por los artículos 14, 16, 17, 21, 23, 25, 49, 94 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 55 fracción V de la Constitución particular local antes de su última reforma, y los numerales 2o., 14, 52, 53, 56, 57, 62, 97 fracción III de la Constitución del Estado de Jalisco en vigencia.-Se afirma lo anterior en virtud de que según lo establece el artículo 116 de nuestra Carta Magna ‘El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.-Los Poderes de los Estados, se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: ... Fracción III. El Poder Judicial de los Estados, se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas.-La independencia de los Magistrados y Jueces en el ejercicio de sus funciones, deberá estar garantizada por las Constituciones y las leyes orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados ...’. Arábigo que cobra plena concordancia con lo dispuesto por el numeral 55 fracción V de la Constitución particular del Estado, antes de su última reforma, 56 y 57 de la Constitución vigente, los que establecen -en lo que al caso interesa- que el Poder Judicial del Estado, se depositará en el Supremo Tribunal de Justicia, Juzgados de Primera Instancia, Menores, de Paz y Jurados.-Se compondrá y funcionará conforme a las bases siguientes: Artículo 55 fracción V, de la Constitución anterior y 57 de la vigente: ‘La ley garantizará la independencia de los propios tribunales, la de los Magistrados, consejeros y Jueces en el ejercicio de sus funciones, así como la plena ejecución de sus resoluciones.’.-En ese orden de ideas, el artículo 17 de la Constitución Federal, señala: ‘... Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.-Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo para ello, sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.-Las leyes federales y locales, establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales, de la plena ejecución de sus resoluciones ...’.-De lo que se sigue que, según lo refieren los arábigos antes citados, el Poder Judicial de Jalisco -Supremo Tribunal de Justicia en el Estado-, a través de sus dependencias, llámense éstas Juzgados o Salas, es el único facultado para impartir justicia a los gobernados, sin que exista dispositivo legal alguno en el que se especifique que otro órgano de gobierno o poder, pueda supervisar los actos del tribunal de justicia que a esta materia se refieren pues las propias Constituciones, garantizan su independencia en el dictado y ejecución de sus resoluciones.-Así las cosas, el principio de la división de poderes que la Constitución recoge en el artículo 49, requiere la independencia de éstos, sobre la base de su coordinación, equilibrio y control recíproco; por lo que si esa independencia es indispensable para todos los poderes, con mayor razón lo es para el Poder Judicial, ya que los tribunales de justicia, deben ser independientes para fortalecer la realidad social; porque la independencia judicial, constituye la primera garantía de la jurisdicción, ya que sólo cabe esperar justicia completa y estricta del Juez que es jerárquicamente libre, dependiente sólo de la ley.-Se dice lo anterior, toda vez que en la reforma del artículo 17 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 17 de marzo de 1987, quedó claro que uno de los objetivos más relevantes de la misma -expresado por el Ejecutivo Federal- es que la impartición de justicia deba ser pronta, completa, imparcial y gratuita; reconociendo como condición necesaria, para la adecuada impartición de justicia, la independencia de los tribunales, sólo subordinados al principio de regularidad.-Que la jurisdicción es la potestad de que se hallan revestidos los Jueces, para administrar justicia; la independencia judicial requiere que los Jueces al actuar, no han de tener otra norma rectora que la ley.-La solución del Juez a la ley le hace independiente de la voluntad subjetiva de los hombres que gobiernan e incluso, de su propia voluntad, cuando ésta propende a la arbitrariedad.-Sostener lo contrario, iría en contra de la autonomía de la función jurisdiccional, entendiéndose como garantías de ésta (comprendidas dentro de las reformas) las siguientes: 1. La independencia judicial o independencia de los Supremos Tribunales de Justicia de los Estados, llamada por algunos tratadistas ‘El autogobierno’.-2. La plena ejecución de sus resoluciones.-3. El principio de plena autoridad, a fin de ser considerado un verdadero poder.-4. La responsabilidad de los administradores de justicia.-Por otra parte, es de decirse que la democracia como estructura jurídica, no da vida a la soberanía, antes bien, ésta la produce como institución política, dentro del orden de derecho fundamental del Estado, según lo refiere el maestro Ignacio Burgoa Orihuela, en su texto: ‘Derecho Constitucional Mexicano’. Agregando que resulta evidente para que opere la juricidad, la existencia de la división o separación de poderes, que es otro signo denotativo de la democracia. Ya Montesquieu señaló la necesidad de este principio como garante de la seguridad jurídica.-En efecto, si las autoridades encargadas de la aplicación de las leyes, fueran las mismas que las que las elaboran y si no existiese entre una y otra, ningún órgano que decidiese jurisdiccionalmente los conflictos surgidos con motivo de dicha aplicación y que velara por la observancia de la Constitución, en una palabra, si fuera un solo órgano del Estado el que concentrara las funciones: legislativa, ejecutiva y judicial, no habría sistema democrático.-El principio de división de poderes, tutelado por el artículo 116 de nuestra Carta Magna, en relación con el arábigo 14 de la Constitución particular del Estado, enseña que cada una de esas tres funciones se ejerce separadamente por órganos estatales diferentes. División que implica pues, separación de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; en el sentido de que su respectivo ejercicio se deposita en órganos distintos, interdependientes y cuya conjunta actuación entraña el desarrollo del poder público en el Estado.-Por consiguiente, la capacidad jurídica para realizar esos distintos tipos de actos de autoridad de cada uno de los poderes, está plenamente delimitada por las Constituciones tantas veces citadas; siendo el caso de que la función primordial del Poder Legislativo, estriba en elaborar leyes o en decidir controversias de derecho conforme a las mismas; en tanto, que la función primordial del Poder Judicial, es la de impartir justicia, aplicando precisamente las leyes expedidas por el órgano antes citado.-Por ello, y tomando en cuenta que la defensa constitucional comprende un amplio conjunto de instituciones e instrumentos, tendientes a proteger la Constitución, en sus acepciones siguientes: A) De carácter preventivo: que es el que está integrado por todos aquellos instrumentos políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica, que tienen como propósito limitar el poder y lograr que sus titulares se sometan a los lineamientos establecidos por la propia Constitución. Dentro de este grupo se encontraría, por ejemplo, el principio de la separación de poderes, a que nos hemos venido refiriendo. B) Garantías constitucionales: de índole correctiva, que está formada, por los medios jurídicos, primordialmente de carácter procesal, dirigidos a la reintegración del orden constitucional, cuando el mismo ha sido desconocido o violado por los propios órganos del poder, verbigracia: procedimientos de responsabilidad.-En esa tesitura, la institución que represento, considera que no solamente es improcedente la incoación del juicio político a los señores Magistrados a que me he referido en el cuerpo del presente, ya que según lo establece el artículo 6o., de la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, es procedente el juicio político, cuando los actos u omisiones de los servidores públicos redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales de su buen despacho: 1) El ataque a las instituciones democráticas. 2) El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y popular. 3) Las violaciones graves o sistemáticas a las garantías individuales o sociales. 4) El ataque a la libertad del sufragio. 5) Cualquiera infracción a la Constitución Local o a las leyes estatales o municipales, cuando cause daños graves al Estado o Municipio o a la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de sus instituciones. 6) Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior.-Hipótesis las anteriores que -no está por demás decir- no se actualizan en la especie, ya que el hecho que originó el juicio político, es un hecho aislado, que sólo incide en la esfera individual de un particular, careciendo de trascendencia social; por consiguiente, no puede dar lugar a un juicio político, por grave que lo considere el particular afectado. No se afectó a un grupo social o a una colectividad para poner en movimiento al Congreso del Estado.-Sino que, lo más grave es que con los argumentos vertidos por el Honorable Poder Legislativo del Estado de Jalisco, para declarar la admisibilidad del mismo, vulneran los preceptos constitucionales que se han dejado reseñados en párrafos precedentes.-Se afirma lo anterior, toda vez que según dictamen de la Comisión de Responsabilidades del órgano legislativo, aprobado por este último, los señores diputados sustentan su resolución, en que los Magistrados y Juez involucrados, incurrieron en responsabilidad que habrá de dirimirse mediante juicio político, aduciendo que pronunciaron una resolución en un procedimiento penal del que el solicitante del mismo, es parte activa; que los hoy inculpados, realizaron una deficiente valoración de las pruebas allegadas a dicho sumario y que violaron el principio de inmediatez judicial; constituyéndose con ello, en un tribunal revisor de la resolución pronunciada por los ahora enjuiciados, lo que desde luego, no está permitido por la Constitución y sí, por el contrario, está prohibido, pues únicamente competería a un tribunal federal el revisar las resoluciones pronunciadas por un tribunal local; sostener lo contrario sería tanto como aceptar que el Poder Legislativo se constituya en un tribunal de tercera instancia y por ende, respecto de todas las resoluciones, en que no se obsequia al justiciable su pretensión -por no encontrarse apegada a derecho-, se vería el resolutor implicado en un procedimiento como el que se ha venido reseñando, ocasionando con ello que si un órgano distinto al Poder Judicial revisa sus resoluciones, invade su soberanía y absorbe su competencia, actuando por ende en contravención con nuestra Ley Fundamental.-No es objeto de la presente controversia el hecho de que se haya instaurado juicio político a los señores Magistrados y Juez a que se ha hecho referencia, ya que cierto es, que conforme a los artículos 91, fracción VI y VII de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 8o., de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y 146, 147 y 148 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para esta entidad federativa, corresponde al Congreso del Estado el conocer y sustanciar, hasta su resolución, el procedimiento en el juicio político; sino el hecho de que el Poder Legislativo de Jalisco, olvida el principio de legalidad, fundado en la premisa de que sólo podrá llevar a cabo todos aquellos actos a los que la ley expresamente le faculte, luego entonces, no podrá jamás crear regulaciones propias, sin que previamente estén concedidas por la ley, ni variar a su libre arbitrio las ya existentes.-Contrario a lo anterior, y violando lo establecido por el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 57, de la Constitución particular del Estado, los señores diputados entraron al estudio y análisis de las pruebas, de los hechos, de las disposiciones de la ley, que se contienen en el procedimiento judicial, referido en el capítulo de hechos de la presente denuncia, y que están contenidas en el expediente 260/96-A y toca 1344/96, de primera y segunda instancia respectivamente, tramitados ante los integrantes del Poder Judicial de Jalisco; lo que desde luego, y dada la naturaleza de los hechos puestos a consideración de los señores diputados, integrantes del Honorable Poder Legislativo, y que los encaminaron a determinar la procedencia del juicio político en cuestión, realizaron una situación no permitida por la ley, como es la de revisar actos de jurisdicción, que competen única y exclusivamente al Poder Judicial; invadiendo con ello, la esfera que constitucionalmente le corresponde, en forma exclusiva, realizar a los miembros del Poder Judicial, que por su naturaleza y origen son los únicos facultados para ejercer esos actos, como son: la aplicación de las leyes, la valorización de pruebas en un procedimiento, la aplicación del castigo que merezcan los delincuentes y el juzgar la conducta de los hombres; que no puede ni debe ser, materia de la actividad de un órgano legislativo, sin constituir con ello, una violación y demérito a la normatividad de la división de poderes, que anima el funcionamiento e integración de las instituciones democráticas, vigentes en nuestro país.-En efecto, el H. Congreso del Estado de Jalisco, a través de la Comisión de Responsabil

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5175-359937d0/magistrados-y-jueces-del-poder-judicial-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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