CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DECRETO NÚMERO 17931 EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO EL TREINTA DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, EL CUAL FIJA EL LÍMITE TERRITORIAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE LA HUERTA Y CIHUATLÁN, EN LA ZONA QUE CONFLUYEN CON EL OCÉANO PACÍFICO, TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL AL BASARSE EN UNA INDEBIDA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS APORTADAS AL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 23/99. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA HUERTA, ESTADO DE JALISCO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIA: ANDREA ZAMBRANA CASTAÑEDA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dieciocho de marzo de dos mil tres.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante escrito presentado el once de agosto de mil novecientos noventa y nueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gerardo Macías Trillo, con el carácter de secretario y síndico del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de La Huerta, Estado de Jalisco, y en representación de éste promovió controversia constitucional demandando la invalidez del acto que a continuación se señala, emitido por las autoridades que se mencionan en el párrafo siguiente:
"Poder demandado: El Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, depositado en el ciudadano Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, en los términos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y específicamente al Poder Legislativo del Estado, H. Congreso del Estado de Jalisco, con domicilios, los cuales quedaron debidamente precisados con antelación. Actos cuya invalidez se demanda: El anticonstitucional, incomprensible y confuso Decreto Número 17931, efectuado por el Congreso del Estado de Jalisco, el cual fija el límite territorial entre los Municipios de La Huerta y Cihuatlán, ambos del Estado de Jalisco, en la zona en que confluyen con el Océano Pacífico. Artículo único. Se fija el límite territorial entre los Municipios de La Huerta y Cihuatlán, ambos del Estado de Jalisco, en la zona en que confluyen con el Océano Pacífico, en los siguientes puntos de las coordenadas geográficas siguientes: CE. 01. Latitud 19°16’27.99102’’N. Longitud 104°47’331.01345’’W. ASE 160.100 M. CE. 02. Latitud 19°16’26.91515’’N. Longitud 104°47’11.32631’’W. ASE -9.971 M. CE. 03. Latitud 19°16’25.77115’’N. Longitud 104°47’06.42725’’W. ASE -8.70 M. CE. 04. Latitud 19°16’47.81486’’N. Longitud 104°46’39.61880’’W. ASE 180.819 M. CE. 05. Latitud 19°16’52.9886’’N. Longitud 104°46’16.12453’’W. CE. 06. Latitud 19°17’26.78328’’N. Longitud 104°45’56.54654’’W. ASE 61.339 M. CE. 07. Latitud 19°19’08.27289’’N. Longitud 104°45’27.05402’’W. ASE 321.697 M. Quedando vigentes los límites que actualmente se reconocen los Municipios de La Huerta y Cihuatlán, en lo que respecta a las zonas no afectas (sic) por este decreto. Transitorio. Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’. Salón de sesiones del Congreso del Estado, Guadalajara, Jalisco, 30 de junio de 1999. Diputado presidente. Abundio Gómez Meléndrez. Firmado. Diputado secretario. Manuel Castelazo Mendoza. Firmado. Diputado secretario. Vicente Vargas López. Firmado."
SEGUNDO. Los antecedentes del caso narrados en la demanda son, en síntesis, los siguientes:
1. Que el Ayuntamiento de La Huerta, Estado de Jalisco, por conducto de su presidente, así como por el secretario y síndico, en el año de mil novecientos noventa y tres solicitaron al Congreso del Estado se manifestara mediante decreto respecto de los límites territoriales de este Municipio; posteriormente, con fecha veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, nuevamente el entonces presidente municipal solicitó a la citada legislatura la determinación de los límites municipales de La Huerta, Jalisco, con el vecino Municipio de Cihuatlán del mismo Estado, acompañándose los documentos que estimaron pertinentes. Al efecto, el Congreso del Estado turnó ambas solicitudes a la Comisión de Gobernación para su conocimiento y estudio correspondiente.
2. Con fecha catorce de abril de mil novecientos noventa y nueve, la citada Comisión de Gobernación llevó a cabo sesión especial con la asistencia de los presidentes municipales de La Huerta y Cihuatlán, los que hicieron uso de la palabra y manifestaron su postura sobre la pertenencia, en especial, de los predios denominados Tamarindo, Majahua y Bahía Dorada, que se encuentran dentro de la Bahía de Tenacatita, al poniente de la localidad de La Manzanilla, Municipio de La Huerta, Jalisco; que los representantes de cada Municipio hicieron relación de las pruebas por ellos aportadas, y reclamaron su jurisdicción territorial sobre los referidos predios, ante el interés que existe por encontrarse en un complejo turístico desarrollado en dicha zona; asimismo, que en la citada sesión se señaló la necesidad de desahogar una inspección ocular acompañada de peritos y testigos de identificación, y se fijó para tal efecto el diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y nueve.
3. Que en sesión celebrada el treinta de junio de mil novecientos noventa y nueve, la legislatura demandada emitió el Decreto Número 17931, por el que fijó los límites territoriales entre los Municipios de La Huerta y Cihuatlán, ambos del Estado de Jalisco, en la zona que confluyen con el Océano Pacífico; aprobando al efecto el dictamen emitido por la citada comisión, y en el cual se hizo una incorrecta valoración de las pruebas aportadas a ese procedimiento por las partes, y se consideró que los predios en conflicto denominados La Manzanilla, Majahua y Bahía Dorada, pertenecen al Municipio de Cihuatlán, Jalisco.
TERCERO. Los conceptos de invalidez expresados son los siguientes:
"Primer concepto de invalidez. Tal como se ha afirmado y demostrado en los antecedentes, los poderes demandados conculcan los derechos constitucionales de mi representado e incurren en los actos cuya invalidez se demanda, toda vez que violan flagrantemente lo dispuesto por el artículo 41 de nuestra Carta Magna, toda vez que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de competencia de éstos, y por la de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la Constitución Federal y las Particulares de los Estados, siempre y cuando estas últimas no contravengan lo dispuesto por nuestra Máxima Ley, y en el caso presente los citados poderes demandados con su actuar incurren en actos ilegales e improcedentes, puesto que sin tener facultades para privarnos de parte de nuestro territorio nos están privando del mismo, ya que no respetan los antecedentes que plenamente tenemos reconocidos sobre los terrenos del Tamarindo, Majahua y Bahía Dorada, ya que, como quedó precisado, los límites territoriales entre ambos Municipios parten o inician del Océano Pacífico, específicamente de la Caleta del Palmito, hasta el Cerro de Zapotán, y sin embargo, el poder público demandado, H. Congreso del Estado de Jalisco, señaló nuevos límites, iniciándolos en un lugar totalmente diferente y a kilómetros de distancia de donde está fijado el punto de los límites entre ambos Municipios, no obstante que en ningún momento se les solicitó señalaran nuevos límites, sino que única y exclusivamente se solicitó que éstos fueran determinados, obviamente con los antecedentes de reconocimiento previo que ya tenía el H. Ayuntamiento Constitucional de La Huerta, Jalisco, conforme a los antecedentes que quedaron descritos. Segundo concepto de invalidez. Con el actuar de los poderes demandados se conculca lo establecido por el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se incurre en los actos cuya invalidez se demanda, porque si bien es cierto que el derecho de iniciar leyes o decretos compete en lo establecido en su fracción III a las Legislaturas de los Estados, como es el caso de lo decretado por el H. Congreso del Estado de Jalisco, al pasar la iniciativa por la Comisión de Gobernación, sujetándose a los trámites que designe el reglamento de debates y como se puede apreciar en el Diario de los Debates correspondiente a la sesión celebrada el día 30 de junio de 1999 en el local que ocupa el H. Congreso del Estado de Jalisco, se puede apreciar fehacientemente que dicho poder demandado viola lo dispuesto por el citado artículo, puesto que está emitiendo un decreto mediante el cual priva a mi representada sobre terrenos en los cuales tiene debidamente reconocida su jurisdicción y competencia, robustecido por lo levantado en el acta de inspección ocular practicada con fecha 19 de mayo de 1999, en donde se demuestra que en los terrenos de los cuales inconstitucionalmente se nos priva, en estos mismos hay reconocimiento oficial del Gobierno del Estado de Jalisco, lo que se desprende de los planos elaborados y que constan en el sumario y, asimismo, con lo establecido por el Decreto 11950, de fecha 28 de diciembre de 1984, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el martes 1o. de enero de 1985, efectuado por el propio Congreso del Estado de Jalisco el cual en su artículo único establece: ‘Se eleva a la categoría de Delegación Municipal la actual Agencia de La Manzanilla perteneciente al Municipio de La Huerta, Jal., comprendiendo los poblados: Los Ingenios, Boca de Iguanas, El Tamarindo y el área hotelera de la Bahía de La Manzanilla, incluyendo el centro vacacional Los Ángeles Locos de Tenacatita, por satisfacer los extremos del Art. 8o. de la Ley Orgánica Municipal, debiéndosele reconocer dicho carácter para todos los efectos de ley.’. Luego entonces, cómo es posible que dicho poder demandado contradiga lo que previamente tiene decretado, sin que exista decreto alguno en el que se le hayan segregado los terrenos que legalmente le pertenecen, por lo que, repito, resulta conculcatorio el actuar de dicho poder demandado, constituyendo esto en los actos cuya invalidez se demanda. Tercer concepto de invalidez. Con la manera de actuar de los poderes hoy demandados se conculca lo establecido por el artículo 72, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que en la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos se observarán los mismos trámites establecidos para su formación y, en el caso que nos ocupa, dichos poderes demandados en ningún momento reformaron o derogaron los decretos en los cuales se reconoce en forma expresa y oficio al que La Manzanilla, El Tamarindo, Majahua y Bahía Dorada, pertenecen y son de la jurisdicción y competencia del H. Ayuntamiento Constitucional de La Huerta, Jalisco, por lo que se constituye en forma clara y precisa los actos cuya invalidez se demandan. Cuarto concepto de invalidez. Además se conculca lo establecido por el artículo 73, fracción XXIX-C, de la Constitución Política de México, ya que para expedirse las leyes (o decretos) que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de la citada Constitución, ya que con el actuar de los poderes demandados incurren en los actos cuya invalidez se demandan. Quinto concepto de invalidez. Con el actuar de los poderes demandados se violan las garantías establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, fracción I. Toda vez que los Estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: Cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado, y en este caso, precisamente, los poderes demandados incurren en los actos cuya invalidez se demanda, en razón de que actuando de una manera anticonstitucional tratan de privar a mi representada de los terrenos que legalmente les corresponden y tienen la jurisdicción y competencia sobre los mismos, sin que tengan ninguna facultad legal para realizarlo de esa manera; fracción II. Asimismo se conculca lo aquí establecido, puesto que los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley, y en su segundo párrafo dice que los Ayuntamientos poseerán facultades para expedir de acuerdo con las bases normativas que deberán establecer las Legislaturas de los Estados, los bandos de política (sic) y buen gobierno y los reglamentos, singulares (sic) y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, y que los poderes públicos demandados con ese actuar en que incurren en los actos cuya invalidez se demanda, desconociendo la personalidad jurídica y el manejo de su patrimonio del H. Ayuntamiento Constitucional de La Huerta, Jalisco, y puesto que La Manzanilla, El Tamarindo, Majahua y Bahía Dorada son terrenos que están comprendidos en la jurisdicción y competencia de dichos Municipios, lo están privando de percibir los impuestos generados en los predios de referencia, específicamente en los tres últimos citados; fracción III. Además se conculca lo aquí establecido por dichos poderes demandados, toda vez que los Municipios, con el concurso de los Estados cuando así fuera necesario y lo determinen las leyes, tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos: a) Agua potable y alcantarillado, b) Alumbrado público, c) Limpia, e) Panteones, g) Calles, parques y jardines, h) Seguridad pública y tránsito, i) Los demás que las Legislaturas Locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera, y en este caso está comprobado plenamente que en La Manzanilla, El Tamarindo, Majahua, Bahía Dorada, La Boquita, El Portezuelo, Melaque Portezuelo, entre otros, los servicios públicos municipales los presta por tenerlos a su cargo el H. Ayuntamiento Constitucional de La Huerta, Jalisco, por reconocimiento expreso y que consta en la inspección ocular practicada y de donde se desprende tal situación, únicamente que, según consta, realizan pagos al H. Ayuntamiento Constitucional de Cihuatlán, Jalisco, siendo esto en forma indebida e ilegal, puesto que los recibos de impuesto predial que así efectúa no constituyen pruebas idóneas ni eficientes para demostrar que los terrenos en cuestión les pertenezcan, esto establecido en jurisprudencia por esta H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que el irracional e ilegal actuar de los poderes demandados, éstos incurren en los actos cuya invalidez se demanda por todas y cada una de las razones que previamente he dejado precisadas; fracción IV. Se viola lo establecido en virtud de que los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tenga por base el cambio del valor de los inmuebles, y en este caso, con el actuar de los poderes demandados se nos está privando de las contribuciones que debemos percibir, incluyendo las tasas adicionales sobre la propiedad inmobiliaria y de que no permiten que mi representada administre libremente su hacienda de los rendimientos de los bienes que legalmente le pertenecen y de las contribuciones y otros ingresos que son a su favor, puesto que con los actos cuya invalidez se demanda nos están privando de terrenos sobre los cuales tiene jurisdicción y competencia mi representada; c) Los poderes demandados conculcan en perjuicio de mi representada también lo aquí establecido por los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos municipales a su cargo, ya que no obstante el hecho de estar plenamente reconocido que los correspondientes servicios públicos municipales los presta el H. Ayuntamiento Constitucional de La Huerta, Jalisco, de manera arbitraria, ilegal e improcedente con los actos cuya invalidez se demanda lo tratan de privar de los terrenos sobre los cuales tiene jurisdicción y competencia, y en los que tiene jurisdicción y competencia sin que le hayan sido segregados en ningún momento y de que jamás han pertenecido al Municipio de Cihuatlán, Jalisco; fracción V. Se conculca también aquí con el actuar de los poderes públicos demandados lo establecido, ya que los Municipios, en los términos de las leyes generales y estatales relativas, estarán facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, participar en la creación y administración de sus reservas territoriales, controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales, intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, otorgar licencias y permisos para construcciones, y participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas, ya que los poderes demandados al incurrir en los actos cuya invalidez se demanda están desconociendo que dentro de los planes de desarrollo urbano municipal, en la creación y administración de sus reservas territoriales y en el control y vigilancia de la utilización del suelo en la jurisdicción y competencia territorial de mi representada, no le permiten el que otorgue las licencias y permisos para construcciones y en la participación, creación y administración de sus reservas ecológicas, no obstante de que tienen conocimiento pleno del reconocimiento oficial que está debidamente establecido en declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federación y en múltiples decretos legal y debidamente publicados en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, donde sí se reconoce que el H. Ayuntamiento Constitucional de La Huerta, Jalisco, tiene jurisdicción y competencia sobre los predios que en el decreto que constituyen los actos cuya invalidez se demanda se le está privando incorrectamente de dichas garantías. Sexto concepto de invalidez. A su vez, los poderes demandados conculcan lo establecido por el artículo 116, en su fracción VII, de nuestra Carta Magna, en razón de que la Federación con los Estados, en los términos de ley, podrán convenir la asunción, por parte de éstos, del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario. Los Estados estarán facultados para celebrar esos convenios con sus Municipios, a efecto de que éstos asuman la prestación de los servicios o la atención de las funciones a las que se refiere el párrafo anterior, ya que dichos poderes, al incurrir en los actos cuya invalidez se demanda, en ningún momento convinieron con mi representada la asunción, por parte de éstos, de la operación de obras y de la prestación de servicios públicos, y no obstante que el Estado para celebrar esos convenios con mi representada, a efecto de asumir la prestación de los servicios públicos municipales, en ningún momento existió convenio para la prestación de dichos servicios públicos, mucho menos para que éstos fueran prestados por el Municipio de Cihuatlán, Jalisco, ya que, como ha quedado demostrado, la prestación de los servicios públicos municipales que quedaron debidamente precisados los presta el H. Ayuntamiento Constitucional de La Huerta, Jalisco, y con el actuar de los poderes públicos demandados se generan los actos cuya invalidez se demanda. Séptimo concepto de invalidez. Los poderes demandados violan lo establecido por el artículo 133 de nuestra Ley Fundamental, en razón de que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con la aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados, y con el actuar de dichos poderes públicos demandados incurren en actos cuya invalidez se demanda, ya que actuaron en contra de lo establecido por la Ley Suprema de toda la Unión, y el hecho de que manifieste haber aplicado disposiciones establecidas en la Constitución Política del Estado de Jalisco o en sus leyes, éstas son disposiciones en contrario a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Octavo concepto de invalidez. Con el actuar de los poderes demandados se conculca en perjuicio de mi representada también las garantías establecidas por el artículo 135 constitucional, ya que éste a la letra dice: ‘La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los Estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.’; y, en este caso, precisamente en ningún momento ha habido reformas o adiciones en tal sentido, por lo que con su actuación, al tratar de privar a mi representada, H. Ayuntamiento Constitucional de La Huerta, Jalisco, de sus posesiones en las que ejerce jurisdicción y competencia, sin que tenga facultad para ello, dan origen a los actos cuya invalidez se demanda. Para mayor abundamiento y para que la exposición se robustezca y se tenga debidamente fundada y razonada, me permito transcribir jurisprudencias establecidas por esta H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales son aplicables al presente caso y son las siguientes: ‘Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VII, febrero de 1998. Tesis: 2a. XIII/98. Página: 337. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL ANÁLISIS PARA RESOLVER EL CONFLICTO SUSCITADO ENTRE DOS NIVELES DE GOBIERNO IMPLICA EL ESTUDIO TANTO DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES RELATIVOS, COMO DE LA MOTIVACIÓN Y CAUSA GENERADORA QUE LLEVÓ AL LEGISLADOR A ELEVARLOS A RANGO CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). ‘Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VII, febrero de 1998. Tesis: 2a. XIV/98. Página: 381. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL CONFLICTO SUSCITADO ENTRE UN ESTADO Y UN MUNICIPIO RESPECTO DE LA COMPETENCIA PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, OBLIGA A RECABAR PRUEBAS NO SÓLO DE LA CUESTIÓN CONSTITUCIONAL PLANTEADA, SINO TAMBIÉN RESPECTO DE LA PRESTACIÓN MATERIAL DEL SERVICIO.’ (se transcribe). ‘Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VI, agosto de 1997. Tesis: 1a. XVII/97. Página: 467. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LAS FRACCIONES PARLAMENTARIAS Y LOS DIPUTADOS EN LO PARTICULAR, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA EJERCER LA ACCIÓN EN REPRESENTACIÓN DEL CONGRESO LOCAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).’ (se transcribe). ‘Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VI, agosto de 1997. Tesis: 1a. XV/97. Página: 468. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA Y EN EL PROCESO.’ (se transcribe). ‘Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: V, mayo de 1997. Tesis: P./J. 28/97. Página: 416. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. MOMENTO EN QUE INICIA EL PLAZO PARA HACERLAS VALER, CON MOTIVO DE LA PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES IMPUGNADAS, ANTERIOR A LA FECHA EN QUE ENTRÓ EN VIGOR LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.’ (se transcribe). ‘Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: V, mayo de 1997. Tesis: P./J. 29/97. Página: 474. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES, OPORTUNIDAD PARA PROMOVERLAS CUANDO SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES.’ (se transcribe). ‘Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: V, abril de 1997. Tesis: P./J. 22/97. Página: 134. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS SÍNDICOS TIENEN LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA PROMOVERLA A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO, SIN REQUERIR SU ACUERDO PREVIO (LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA).’ (se transcribe). ‘Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: IV, noviembre de 1996. Tesis: P./J. 72/96. Página: 249. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO ES PROMOVIDA POR UN MUNICIPIO, LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL ESTATAL, SÓLO TENDRÁ EFECTOS PARA LAS PARTES.’ (se transcribe). ‘Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: IV, noviembre de 1996. Tesis: P./J. 65/96. Página: 327. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA GARANTÍA DE DEBIDO PROCESO LEGAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN, DEBE RESPETARSE A LAS PARTES PARA INTERPRETAR SI LA DEMANDA FUE PROMOVIDA OPORTUNAMENTE.’ (se transcribe). ‘Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: IV, septiembre de 1996. Tesis: P./J. 51/96. Página: 357. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES ENTRE EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y SUS MUNICIPIOS. PROCEDEN SIN NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAMENTE LA VÍA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.’ (se transcribe). ‘Nota: Véase la ejecutoria y voto minoritario publicados en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, páginas 394 y 446, respectivamente.’. ‘Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: III, marzo de 1996. Tesis P. XLIII/96. Página: 262. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS MUNICIPIOS TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL, REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO; Y ANTES DE LA REFORMA, POR INTERPRETACIÓN JURISPRUDENCIAL DE DICHO PRECEPTO, VIGENTE EN ESA ÉPOCA.’ (se transcribe). ‘Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: III, marzo de 1996. Tesis: P. XLIV/96. Página: 320. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES ENTRE UN ESTADO Y UNO DE SUS MUNICIPIOS. A LA SUPREMA CORTE SÓLO COMPETE CONOCER DE LAS QUE SE PLANTEEN CON MOTIVO DE VIOLACIONES A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES DEL ORDEN FEDERAL.’ (se transcribe). ‘Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VI, septiembre de 1997. Tesis: III.1o.A.29 K. Página: 711. OBJECIÓN, PARA RESTARLE VALOR A UN DOCUMENTO CERTIFICADO, SE TIENE QUE DEMOSTRAR LA CAUSA DE ELLA.’ (se transcribe). ‘Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: IV, septiembre de 1996. Tesis: VI.2o.55 A. Página: 656. IMPUESTOS SOBRE INMUEBLES. ES LEGAL DETERMINARLOS CON BASE EN LAS MANIFESTACIONES REALIZADAS EN ESCRITURA PÚBLICA POR EL PROPIETARIO DEL BIEN.’ (se transcribe). ‘Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XIV, julio de 1994. Página 718. POSESIÓN. TRANSMISIÓN JURÍDICA Y NO DE HECHO DE LA.’ (se transcribe). ‘Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Tomo: 68, agosto de 1993. Tesis: I.5o.C. J/33. Página: 43. POSESIÓN PARA PRESCRIBIR. RECIBOS DE IMPUESTO PREDIAL Y DE SERVICIOS PÚBLICOS. NO CONSTITUYEN PRUEBAS IDÓNEAS NI EFICIENTES PARA DEMOSTRARLA.’ (se transcribe). ‘Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: X, diciembre de 1992. Página: 347. POSESIÓN. NO SE JUSTIFICA CON LAS BOLETAS DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL.’ (se transcribe). ‘Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: IX, abril de 1992. Página: 571. POSESIÓN DE UN INMUEBLE, RECIBOS DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y DE SERVICIOS PÚBLICOS SON INSUFICIENTES PARA ACREDITAR LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).’ (se transcribe). ‘Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XI, abril de 1993. Página: 277. NOTARIOS. SU INTERVENCIÓN EN MATERIA JUDICIAL.’ (se transcribe). ‘Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XI, marzo de 1993. Página: 319. NOTARIOS, SU INTERVENCIÓN EN MATERIA JUDICIAL.’ (se transcribe). ‘Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo: IV, Parte TCC. Tesis: 577. página: 419. POSESIÓN PARA PRESCRIBIR. RECIBOS DE IMPUESTO PREDIAL Y DE SERVICIOS PÚBLICOS. NO CONSTITUYEN PRUEBAS IDÓNEAS NI EFICIENTES PARA DEMOSTRARLA.’ (se transcribe)."
CUARTO. La parte actora considera que los actos cuya invalidez demanda son violatorios de los artículos 41, 70, 71, fracción III, 72, incisos c), segundo párrafo y f), 73, fracciones IV y XXIX-C, 105, fracción I, inciso i), 115, fracciones I, II, III, incisos a), c), e), f), g), h), i), IV, incisos a) y c), V, VI, 116, fracción VII, 121, fracción II, 124, 126, 133 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO. Por acuerdo de fecha dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y nueve, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibida la demanda de mérito, ordenó formar y
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17546-45f347ee/controversia-constitucional-el-decreto-numero-17931-emitido-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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