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Modo: Corpus Pro

JUICIO POLÍTICO. LA FACULTAD CONFERIDA AL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO PARA INCOARLO, CONSTITUYE UNA ATRIBUCIÓN EXCEPCIONAL Y SU EJERCICIO DEBE RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA, RESERVA DE DERECHO Y DIVISIÓN DE PODERES CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SUJETÁNDOSE, ADEMÁS, A LOS LINEAMIENTOS SEÑALADOS POR EL LEGISLADOR ORDINARIO.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 26/97. · Registro digital (IUS): 5673
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, , Pág. 699.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 26/97. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.

MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.

SECRETARIO: ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dos de marzo de mil novecientos noventa y nueve.

VISTOS Y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y siete, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Valdez Angulo, en su carácter de presidente del Supremo Tribunal de Justicia y por tanto representante del Poder Judicial del Estado de Jalisco, promovieron demanda de controversia constitucional en contra del Poder Legislativo del Estado de Jalisco por el acto consistente en la invasión que ha venido realizando el Poder Legislativo de Jalisco a la esfera jurisdiccional que únicamente compete al Poder Judicial de la misma entidad federativa.

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:

"1. Se radicó ante el Segundo de lo Penal de Puerto Vallarta, Jalisco, la averiguación previa que quedó registrada en dicho juzgado, con el número de expediente 419/95, instaurada en contra de Julio Villas Canales, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de fraude, cometido en agravio de Lawrence John Quesenberry. 2. Con fecha 8 ocho de julio de 1996, de mil novecientos noventa y seis, el Juez primario dictó sentencia definitiva, mediante la cual absolvió a Julio Villas Canales, del delito de fraude genérico a que se refiere el artículo 250 del Código Penal de Jalisco, que se dijo cometido en agravio de Lawrence John Quesenberry, por el cual formuló su acusación el agente del Ministerio Público y por ende del pago de la reparación del daño, decretándole absoluta libertad. Inconforme con dicha resolución, la institución del Ministerio Público, interpuso recurso de apelación, del que tocó conocer a la Honorable Segunda Sala registrándose con el número de toca 1527/96. Con fecha cinco de agosto de mil novecientos noventa y seis, el señor Villas Canales solicitó al Juez de la causa, la devolución de la póliza de fianza que exhibió para que le fuera concedida la libertad provisional, petición que le fuera negada por proveído fechado en veintitrés del mes y año antes citado; por lo que mediante ocurso del día veintitrés de septiembre del año en cita, nuevamente el procesado solicitó al Juez natural, la devolución de la fianza en comento, así como que le eximiera de presentarse al juzgado a firmar la lista correspondiente, hasta en tanto se resolviera la apelación interpuesta y admitida en el sumario antes mencionado; petición que mediante auto del día diez de octubre de mil novecientos noventa y seis, fue acordada de conformidad ordenando el C. Licenciado Torres Ángel, que se regresara al procesado las pólizas de fianza números C-40997 y C-40614, que otorgó el indiciado, para hacer uso de la libertad provisional bajo caución, a más de eximirlo de seguir haciendo sus presentaciones al juzgado como lo venía haciendo, fundando su resolución en lo establecido por el arábigo 359 del enjuiciamiento penal del Estado de Jalisco. Resolución que no está por demás decir fue notificada a todas y cada una de las partes en el proceso, sin que ninguna de ellas hubiere interpuesto el recurso correspondiente. Mediante resolución del día veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y seis, el tribunal de alzada revocó la resolución de fecha 8 ocho de julio de mil novecientos noventa y seis, dictada en el proceso 1419/95, del Juzgado Segundo en Materia Penal de Primera Instancia de Puerto Vallarta, Jalisco, declarando -en lo que al caso interesa- que Julio Villas Canales es penalmente responsable en la comisión del delito de fraude genérico, que se cometió en agravio de Lawrence John Quesenberry, condenando al primero a la pena de cuatro años de prisión, con derecho al beneficio de la suspensión condicional de la pena, satisfechos que sean los requisitos del artículo 71 del Código Penal del Estado de Jalisco; pena que surtirá sus efectos en el lugar que en el cuarto resolutivo se indica, a partir de la fecha en que el reo reingrese a prisión, descontándose en su favor el tiempo que estuvo detenido antes de lograr su libertad bajo caución, siendo sometido en su caso, a trabajos físicos e intelectuales tendientes a su pronta regeneración; condenándole además al pago por concepto de la reparación del daño, a la cantidad de $111,500.00 (ciento once mil quinientos pesos 00/100 M.N.), en favor de Lawrence John Quesenberry. Receptada la resolución de mérito en el juzgado de origen, por oficio número 094/97 del día diez de enero del año en curso, el licenciado Joaquín Torres Ángel, solicitó al C. Procurador General de Justicia del Estado de Jalisco, se procediera a la reaprehensión del señor Julio Villas Canales, y hecho lo anterior, lo ponga a disposición del juzgado en ese entonces a su cargo, en el interior del reclusorio regional de la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. 3. Así las cosas, el día tres de febrero de mil novecientos noventa y siete, la C. Olivia Villegas Escobedo, presentó y ratificó su escrito ante el oficial mayor del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual solicitó la instauración de juicio político, en contra del señor Juez Joaquín Torres Ángel; por lo que con fecha 4 cuatro de febrero del mismo año, se turnó dicha petición a la Comisión de Responsabilidades de la LIV Legislatura, y en la misma fecha se hizo del conocimiento de la Asamblea Legislativa dicho trámite, en los términos de la ley orgánica de ese poder. 4. La denunciante atribuye al servidor público involucrado, la comisión de delitos en la administración de justicia, en perjuicio de Lawrence John Quesenberry, aduciendo que no obstante de que en los autos del proceso penal número 419/95, radicado en el Juzgado Segundo de lo Penal de Puerto Vallarta, Jalisco, existían suficientes pruebas en contra del C. Julio Villas Canales, por el delito de fraude, el funcionario público ahora implicado, dictó sentencia absolutoria; que al haber sido apelada dicha sentencia -por parte del agente del Ministerio Público- el Juez de la causa tardó más de un mes en remitir el expediente a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y que encontrándose la causa penal en comento en la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia de Guadalajara, Jalisco, para la sustanciación del recurso interpuesto, misma que quedó registrado con el número de toca 1527/96, el procesado solicitó al Juez implicado, le fuera devuelta la fianza que había depositado como pago de la reparación del daño que le causó al agraviado, a lo que primeramente el Juez negó su petición, pero que nuevamente, esto es, el día 23 de septiembre de 1996, el procesado Julio Villas Canales, insistió en su petición, y aún más pide se le conceda no presentarse más a firmar al juzgado, petición que obsequió el licenciado Torres Ángel, mediante acuerdo del día diez de octubre de mil novecientos noventa y seis, cuando aún no había sido resuelta la apelación antes reseñada. Manifiesta también la denunciante de juicio político de que se trata que -como se dejó asentado en líneas anteriores- la Segunda Sala resuelve el recurso de alzada, revocando la sentencia definitiva dictada por el inferior en la causa penal antes aludida, condenando al procesado a cuatro años de prisión y al pago de la reparación del daño en favor del ofendido Lawrence John Quesenberry; refiriendo la quejosa, que con la actitud del Juez involucrado se les deja en estado de indefensión, causándoles un grave perjuicio a su patrimonio, ya que el procesado se encuentra huyendo de la justicia y aunque existe una orden de reaprehensión en su contra, prácticamente resulta imposible que lo capturen y por ende que ellos recuperen su dinero, argumentando que era la única cantidad de dinero que iban a recuperar, ya que el procesado les quitó todo su capital. 5. A la solicitud en comento, la Comisión de Responsabilidades del Congreso de Jalisco, determinó que el C. Licenciado Joaquín Torres Ángel, actual titular del Juzgado Primero de lo Civil de Ciudad Guzmán, Jalisco, es sujeto de juicio político, por considerar que cometió graves irregularidades en la administración de justicia, en perjuicio del ciudadano Lawrence John Quesenberry, dentro del proceso penal que bajo expediente 419/95, se instauró en contra del ciudadano Julio Villas Canales, por el delito de fraude cometido en agravio del señor Quesenberry; argumentando que el día 8 de julio de 1996, el licenciado Joaquín Torres Ángel, Juez Segundo de lo Penal de Puerto Vallarta, dictó sentencia absolutoria en favor del procesado, no obstante de que en autos existían suficientes pruebas en contra de dicho sujeto, por lo que el Ministerio Público apeló la referida resolución, remitiéndose el expediente a la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, en la que se registró bajo el toca número 1527/96; que posteriormente mediante escrito de fecha 29 de julio de 1996, el procesado solicitó al titular del juzgado antes mencionado, le fuera devuelta la fianza que había depositado como pago de la reparación del daño, a lo que el Juez le contestó que no era procedente, en virtud de que todavía no se resolvía la apelación; también refiere la comisión que no obstante lo anterior, el día 23 de septiembre del mismo año, el ciudadano Villas Canales nuevamente solicitó la devolución de la garantía por haber sido absuelto de los cargos, a más de que pidió no presentarse a firmar más al juzgado, solicitudes a las cuales con fecha 10 de octubre de 1996, el Juez en mención les dio procedencia, devolviéndole las fianzas números C-40997 y C-40614, que amparaban las cantidades de $111,500.00 (ciento once mil quinientos pesos 00/100 M.N.), que sirvieron para garantizar el monto de la reparación del daño, y $2,516.00 (dos mil quinientos dieciséis pesos 00/100 M.N.) que garantizaban las obligaciones derivadas del proceso, respectivamente, aun cuando todavía no se resolvía la apelación interpuesta, misma que en la Sala de segunda instancia se resolvió el día 22 de noviembre de ese mismo año, revocando la sentencia absolutoria y condenando al procesado a la pena de cuatro años de prisión y al pago de la reparación del daño, por la cantidad de $111,500.00 (ciento once mil quinientos pesos 00/100 M.N.); refiriendo la comisión en cita, que el Juez de primera instancia involucrado, dejó en estado de indefensión al agraviado, causándole un grave perjuicio en su patrimonio, asentando que no ha sido posible la reaprehensión del sentenciado. Hace ver la comisión en comento, que el Juez Segundo de lo Penal de Puerto Vallarta, Jalisco, al autorizar la devolución de las pólizas de fianza en favor del procesado, dentro del proceso penal número 419/95, incurrió en una violación grave a las garantías individuales, respecto del señor Lawrence John Quesenberry, dejándolo en estado de indefensión, toda vez que violó las formalidades esenciales del procedimiento, resolviendo de manera parcial en favor del acusado, ya que el servidor público ahora denunciado, devolvió al procesado las fianzas que había otorgado, fundamentando que se había dictado sentencia absolutoria al mismo, con lo que resulta evidente que el referido Juez, no tomó en consideración que esa resolución aún no había causado ejecutoria, por encontrarse pendiente de resolver el recurso de apelación, que se ventilaba ante la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en donde finalmente se revocó la sentencia absolutoria, condenando al procesado a la pena de cuatro años de prisión y al pago de la reparación del daño; condena la cual no se pudo hacer efectiva en favor del señor Lawrence John Quesenberry, en virtud de que el multicitado Juez, mediante auto de fecha 10 de octubre de 1996, no sólo devolvió la fianza que garantizaba la reparación del daño, sino que, además irresponsablemente concedió al acusado, eximirse de las presentaciones que estaba haciendo ante el juzgado, ocasionando con esa actitud un daño grave no solamente al ofendido, sino a la sociedad misma, porque da pie a que dicho sentenciado pueda sustraerse de la justicia, con la posibilidad de seguir cometiendo actos ilícitos, ya que no ha sido posible la reaprehensión del mismo; asentando también que con el hecho de no observar las formalidades esenciales del procedimiento, además de infringir nuestra Carta Magna, el servidor público denunciado incurrió en una omisión a las obligaciones que establece el artículo 55 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 6. Por todo lo anterior, la comisión de responsabilidades multicitada, declaró procedente la incoación de la solicitud de juicio político solicitada por la C. Olivia Villegas Escobedo en contra del señor licenciado Joaquín Torres Ángel, actualmente titular del Juzgado Primero de lo Civil de Ciudad Guzmán, Jalisco, por considerar que existen elementos de prueba, que hacen probable la responsabilidad de una conducta atribuida, encuadrando el hecho denunciado en el supuesto de procedencia, establecido en las fracciones III, V, VI del artículo 7o., de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, declaración de procedencia de juicio político, que desde luego fue votada y aprobada por la Asamblea Legislativa. Una vez que me he referido a los antecedentes de los motivos por los cuales se instauró el juicio político a que se ha hecho alusión, y tomando en cuenta que para la procedencia de la controversia constitucional, necesariamente debe ser vulnerada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y considerando que al realizar la declaratoria de procedencia de juicio político el Honorable Poder Legislativo de Jalisco, violó la esfera jurisdiccional del Poder Judicial que represento, ello con independencia de la involucración del señor Juez denunciado, habida cuenta que la resolución de procedencia e instauración de juicio político emitida con fecha nueve de abril de 1997 mil novecientos noventa y siete, por la comisión de responsabilidades y sancionada por la Asamblea Legislativa constitutiva del H. Congreso del Estado, en acuerdo económico número 499/97 contiene una invasión a las atribuciones, competencia y función jurisdiccional que por disposición constitucional (artículo 116 de la Ley Suprema), es propia del Poder Judicial, violación que se materializa por el Poder Legislativo de Jalisco, al analizar la resolución pronunciada por el entonces titular del Juzgado Segundo de lo Penal de Puerto Vallarta, Jalisco -hoy involucrado en el juicio político a que se ha hecho referencia en líneas precedentes- en el expediente número 419/95, al aprobar lo asentando la comisión en comento, en el sentido de que en los autos de dicha causa existían suficientes pruebas en contra de Julio Villas Canales, realizando con ello un situación no permitida por la ley, pues como ya se dijo, la aplicación de derecho corresponde única y exclusivamente al Poder Judicial y no a ningún otro órgano o poder; de igual forma se materializa al realizar pronunciamiento en el sentido de que el Juez involucrado no tomó en consideración que la resolución que se ha dejado reseñada en líneas precedentes, aún no había causado ejecutoria y que no obstante ello, devolvió al procesado las fianzas que éste había otorgado para garantizar el pago de la reparación del daño y la que exhibió para obtener su libertad bajo caución, atribuyéndole además que irresponsablemente concedió al acusado eximirse de las presentaciones que estaba haciendo ante el juzgado; resolución esta última que al igual que la primera no puede ni debe ser objeto de revisión por parte de un órgano distinto al Poder Judicial, pues en todo caso, las partes involucradas en el proceso a estudio, debieron interponer el recurso correspondiente, a fin de que la autoridad judicial correspondiente resolviera lo conducente."

TERCERO. La demanda se funda en los artículos 116, 17, 14, 16, 21, 23, 25, 49 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 55, fracción V, de la Constitución del Estado de Jalisco antes de su última reforma y los numerales 2o., 14, 52, 53, 56, 57, 62, 97, fracción III de la Constitución del Estado de Jalisco vigente.

CUARTO. Los conceptos de invalidez que hizo valer la parte accionante son:

"El Honorable Congreso del Estado de Jalisco, ha vulnerado en perjuicio del Poder Judicial de Jalisco, lo establecido por los artículos 14, 16, 17, 21, 23, 25, 49, 94 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 55 fracción V de la Constitución particular local antes de su última reforma, y los numerales 2o., 14, 52, 53, 56, 57, 62, 97 fracción III de la Constitución del Estado de Jalisco en vigencia. Se afirma lo anterior en virtud de que según lo establece el artículo 116 de nuestra Carta Magna 'El poder público de los Estados se dividirá para su ejercicio, en ejecutivo, legislativo y judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: ... III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas. La independencia de los Magistrados y Jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones y las leyes orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados ...', arábigo que cobra plena concordancia con lo dispuesto por el numeral 55 fracción V de la Constitución particular del Estado, antes de su última reforma, 56 y 57 de la Constitución vigente, los que establecen -en lo que al caso interesa- que el Poder Judicial del Estado, se depositará en el Supremo Tribunal de Justicia, Juzgados de Primera Instancia, Menores, de Paz y Jurados. Se compondrá y funcionará conforme a las bases siguientes: Artículo 55 fracción V, de la Constitución anterior y 57 de la vigente: 'La ley garantizará la independencia de los propios tribunales, la de los Magistrados, consejeros y Jueces en el ejercicio de sus funciones, así como la plena ejecución de sus resoluciones.'. En ese orden de ideas, el artículo 17 de la Constitución Federal, señala: 'Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.'. De lo que se sigue que, según lo refieren los arábigos antes citados, el Poder Judicial de Jalisco -Supremo Tribunal de Justicia en el Estado-, a través de sus dependencias, llámese éstas juzgados o Salas, es el único facultado para impartir justicia a los gobernados, sin que exista dispositivo legal alguno en el que se especifique que otro órgano de gobierno o poder, pueda supervisar los actos del tribunal de justicia que a esta materia se refieren pues las propias Constituciones, garantizan su independencia en el dictado y ejecución de sus resoluciones. Así las cosas, el principio de la división de poderes que la Constitución recoge en el artículo 49, requiere la independencia de éstos, sobre la base de su coordinación, equilibrio y control recíproco; por lo que si esa independencia es indispensable para todos los poderes, con mayor razón lo es para el Poder Judicial, ya que los tribunales de justicia, deben ser independientes para fortalecer la realidad social; porque la independencia judicial, constituye la primera garantía de la jurisdicción, ya que sólo cabe esperar justicia completa y estricta del Juez que es jerárquicamente libre, dependiente sólo de la ley. Se dice lo anterior, toda vez que en la reforma del artículo 17 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 17 de marzo de 1987, quedó claro que uno de los objetivos más relevantes de la misma -expresado por el Ejecutivo Federal- es que la impartición de justicia deba ser pronta, completa, imparcial y gratuita; reconociendo como condición necesaria, para la adecuada impartición de justicia, la independencia de los tribunales, sólo subordinados al principio de regularidad. Que la jurisdicción es la potestad de que se hayan revestidos los Jueces, para administrar justicia; la independencia judicial requiere que los Jueces al actuar, no han de tener otra norma rectora que la ley. La solución del Juez a la ley le hace independiente de la voluntad subjetiva de los hombres que gobiernan e incluso, de su propia voluntad, cuando ésta propende a la arbitrariedad. Sostener lo contrario, iría en contra de la autonomía de la función jurisdiccional, entendiéndose como garantías de ésta (comprendidas dentro de las reformas) las siguientes: 1. La independencia judicial o independencia de los Supremos Tribunales de Justicia de los Estados, llamada por algunos tratadistas 'el autogobierno'. 2. La plena ejecución de sus resoluciones. 3. El principio de plena autoridad, a fin de ser considerado un verdadero poder. 4. La responsabilidad de los administradores de justicia. Por otra parte, es de decirse que la democracia como estructura jurídica, no da vida a la soberanía, antes bien, ésta la produce como institución política, dentro del orden de derecho fundamental del Estado, según lo refiere el maestro Ignacio Burgoa Orihuela, en su texto: 'Derecho Constitucional Mexicano'. Agregando que resulta evidente para que opere la juridicidad, la existencia de la división o separación de poderes, que es otro signo denotativo de la democracia. Ya Montesquieu señaló la necesidad de este principio como garante de la seguridad jurídica. En efecto, si las autoridades encargadas de la aplicación de las leyes, fueran las mismas que las que las elaboran y si no existiese entre una y otra, ningún órgano que decidiese jurisdiccionalmente los conflictos surgidos con motivo de dicha aplicación y que velara por la observancia de la Constitución, en una palabra, si fuera un solo órgano del Estado el que concentrare las funciones: legislativa, ejecutiva y judicial, no habría sistema democrático. El principio de división de poderes, tutelado por el artículo 116 de nuestra Carta Magna, en relación con el arábigo 14 de la Constitución particular del Estado, enseña que cada una de esas tres funciones se ejerce separadamente por órganos estatales diferentes. División que implica pues, separación de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; en el sentido de que su respectivo ejercicio se deposita en órganos distintos, interdependientes y cuya conjunta actuación entraña el desarrollo del poder público en el Estado. Por consiguiente, la capacidad jurídica para realizar esos distintos tipos de actos de autoridad de cada uno de los poderes, está plenamente delimitada por las Constituciones tantas veces citadas; siendo el caso de que la función primordial del Poder Legislativo, estriba en elaborar leyes o en decidir controversias de derecho conforme a las mismas; en tanto, que la función primordial del Poder Judicial, es la de impartir justicia, aplicando precisamente las leyes expedidas por el órgano antes citado. Por ello, y tomando en cuenta que la defensa constitucional comprende un amplio conjunto de instituciones e instrumentos, tendientes a proteger la Constitución, en sus acepciones siguientes: A) De carácter preventivo: que es el que está integrado por todos aquellos instrumentos políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica, que tienen como propósito limitar el poder y lograr que sus titulares se sometan a los lineamientos establecidos por la propia Constitución. Dentro de este grupo se encontraría, por ejemplo: el principio de la separación de poderes, a que nos hemos venido refiriendo. B) Garantías constitucionales: de índole correctiva, que está formada, por los medios jurídicos, primordialmente de carácter procesal, dirigidos a la reintegración del orden constitucional, cuando el mismo ha sido desconocido o violado por los propios órganos del poder, verbigracia: procedimientos de responsabilidad. La institución que represento, considera que no solamente es improcedente la incoación del juicio político al señor Juez a que me he referido en el cuerpo del presente, ya que según lo establece el artículo 6o., de la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, es procedente el juicio político, cuando los actos u omisiones de los servidores públicos redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales de su buen despacho; y el artículo 7o. del mismo ordenamiento legal señala que 'redundan en perjuicio del interés público fundamental y de su buen despacho: 1) El ataque a las instituciones democráticas. 2) El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y popular. 3) Las violaciones graves o sistemáticas a las garantías individuales o sociales. 4) El ataque a la libertad del sufragio. 5) Cualquiera infracción a la Constitución Local o a las leyes estatales o municipales, cuando cause daños graves al Estado o Municipio o a la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de sus instituciones. 6) Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior.'. Hipótesis las anteriores que -no está por demás decir- no se actualizan en la especie, ya que el hecho que originó el juicio político, es un hecho aislado, que sólo incide en la esfera individual de un particular, careciendo de trascendencia social. Y para el caso de que se considere que el Juez encausado violó las formalidades del procedimiento y por ende las garantías individuales del ofendido en el sumario de origen -como lo sostiene la denunciante- se tendrá que haber reclamado la resolución de que se duele la promovente del juicio político, mediante el juicio constitucional, a fin de que un Juez Federal realizara el pronunciamiento de violación de garantías individuales situación que no aconteció en el asunto del que devino el juicio político tantas veces citado, ya que como antes se dijo, ninguna de las partes interesadas en ese proceso interpusieron recurso alguno o juicio de garantías, en contra del acuerdo dictado por el Juez implicado, mediante el cual ordenó la devolución de las fianzas exhibidas por el reo y lo eximió de seguirse presentando al juzgado a la firma correspondiente; por consiguiente, no puede darse lugar a un juicio político, por grave que lo considere el particular afectado. Sosteniéndose que no se afectó a un grupo social o a una colectividad para poner en movimiento al Congreso del Estado. Sino que, lo más grave es que con los argumentos vertidos por el Honorable Poder Legislativo del Estado de Jalisco, para declarar la admisibilidad del mismo, vulneran los preceptos constitucionales que se han dejado reseñados en párrafos precedentes. Se afirma lo anterior, toda vez que según dictamen de la Comisión de Responsabilidades del órgano legislativo, aprobado por este último, los señores diputados sustentan su resolución, en que el Juez involucrado, incurrió en responsabilidad que habrá de dirimirse mediante juicio político, aduciendo que pronunciaron una resolución en un procedimiento penal del que el esposo de la solicitante del mismo, es parte activa; que el hoy inculpado, decretó la libertad del procesado, sin tomar en consideración que en el sumario de origen existían pruebas suficientes en contra de dicho sujeto, y que violó las garantías individuales del ofendido, así como las formalidades esenciales del procedimiento, constituyéndose con ello, en tribunal revisor de la resolución pronunciada por el ahora enjuiciado, lo que desde luego, no esta permitido por la Constitución y si, por el contrario, está prohibido, pues únicamente competería a un tribunal federal el revisar las resoluciones pronunciadas por un tribunal local; sostener lo contrario sería tanto como aceptar que el Poder Legislativo se constituya en un tribunal de tercera instancia y por ende, respecto de todas las resoluciones, en que no se comparta la interpretación que un juzgador dé a las normas de derecho o que obsequie o niegue al justiciable su pretensión, se vería el resolutor implicado en un procedimiento como el que se ha venido reseñando, ocasionando con ello que si un órgano distinto al Poder Judicial revisa sus resoluciones, invade su soberanía y absorbe su competencia, actuando por ende en contravención con nuestra Ley Fundamental. No es objeto de la presente controversia el hecho de que se haya instaurado juicio político al señor Juez a que se ha hecho referencia, ya que cierto es, que conforme a los artículos 91, fracción VI y VII de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 8o., de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y 146, 147 y 148 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para esta entidad federativa, corresponde al Congreso del Estado el conocer y sustanciar, hasta su resolución, el procedimiento en el juicio político; sino el hecho de que el Poder Legislativo de Jalisco, olvida el principio de legalidad, fundado en la premisa de que sólo podrá llevar a cabo todos aquellos actos a los que la ley expresamente le faculte, luego entonces, no podrá jamás crear regulaciones propias, sin que previamente estén concedidas por la ley, ni variar a su libre a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5673-188c04ec/juicio-politico-la-facultad-conferida-al-congreso-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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