AUTORIDAD INTERMEDIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. AUTORIDADES INTERMEDIAS. TIENEN ESE CARÁCTER LOS COMITÉS DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA (LEY PARA EL FEDERALISMO HACENDARIO DEL ESTADO DE PUEBLA). HACIENDA MUNICIPAL. LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES FORMAN PARTE DE AQUÉLLA, PERO SÓLO LAS PRIMERAS QUEDAN COMPRENDIDAS EN EL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 6/98. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ALJOJUCA, PUEBLA Y OTROS MUNICIPIOS DE LA MISMA ENTIDAD.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIO: OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día catorce de marzo de dos mil.
VISTOS; y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Tomás E. de Jerónimo Aniceto y Damián Cortés Guzmán en su carácter, respectivamente, de presidente municipal y síndico del Municipio de Aljojuca, Agustín Torres Romero y Porfirio Castro Ramírez en su carácter, respectivamente, de presidente municipal y síndico del Municipio de Nealtican, y Roberto Crisóstomo Bruno y Juventino Santiago Desiderio en su carácter, respectivamente, de presidente municipal y síndico del Municipio de Altepexi, Municipios todos ellos del Estado de Puebla, promovieron en representación de sus respectivos Municipios controversia constitucional en contra de los actos y autoridades que a continuación se señalan:
"Órganos demandados y su domicilio. a) El Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, constituido por el Congreso Constitucional del Estado, con domicilio en el recinto oficial de dicho Poder en la ciudad de Puebla, Estado de Puebla, llamado Palacio Legislativo y bien conocido en dicha localidad. b) El Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Puebla, cuyo titular es el C. Gobernador Constitucional de dicho Estado, Lic. Manuel Bartlett Díaz, con domicilio en el Palacio de Gobierno del Estado de Puebla, ubicado en la ciudad de Puebla e igualmente bien conocido en dicha localidad. Norma general y actos cuya invalidez se demanda y medio oficial en el que se publicó tal norma general de la cual derivan los actos que se impugnan. 1. La norma general cuya invalidez se demanda es la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, aprobada por el Congreso del Estado de Puebla el día 27 de enero de 1998, promulgada y publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 28 de enero de 1998, la cual entró en vigor el mismo día de su publicación. De esa ley se impugna todo el sentido general que su contenido revela, así como específicamente las disposiciones de aplicación generales contenidas en los siguientes artículos de la misma ley impugnada: Artículos 4o., fracciones VII y IX, 8o., tercer párrafo, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, fracciones III y V, 30, 35, 36, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 73, 74, 76, 81, 82, 83, 84, 95, 96, 97 y 98. 2. También se impugnan, por carecer de validez constitucional, todos los actos que son o lleguen a ser consecuencia de la aplicación concreta de los preceptos antes mencionados de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, sobre todo por lo que hace a la creación, organización y funcionamiento de los llamados Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal y demás grupos supuestamente organizados de los diversos sectores que prevé dicha ley, así como los actos de las Juntas Auxiliares, incluyendo en forma específica los actos tendientes al ejercicio de las atribuciones y funciones que la ley que se combate otorga a dichas autoridades intermedias que pretende establecer en los preceptos antes señalados. Asimismo, se combaten todos los actos que también son o lleguen a ser consecuencia de la aplicación de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, tendientes a la administración, distribución, ejecución, ejercicio y fiscalización de las participaciones y aportaciones federales que corresponden a los Municipios actores. Funciones que la ley impugnada pretende atribuir inconstitucionalmente a las autoridades que trata de establecer, en tanto que la Ley Fundamental y Suprema de toda la Unión atribuye incuestionablemente las mismas funciones a otras autoridades legítimamente establecidas, entre ellas a las autoridades municipales."
SEGUNDO. Los antecedentes del caso son los siguientes:
"Hechos que constituyen los antecedentes de la norma general y de los actos cuya invalidez se demanda. 1. El titular del Ejecutivo del Estado de Puebla envió al Congreso Local la iniciativa de Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla. 2. Dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales, y de Hacienda y Patrimonio Estatal y Municipal, para su estudio y dictamen. 3. Las Comisiones Unidas mencionadas sometieron al H. Congreso del Estado de Puebla el dictamen correspondiente con minuta de ley, la cual fue aprobada por mayoría con fecha 27 de enero de 1998. 4. La Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla así aprobada, fue turnada al Ejecutivo del Estado para los efectos constitucionales de su promulgación y publicación, habiendo sido publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, número 12, segunda sección, el 28 de enero de 1998, para entrar en vigor el día de su publicación, atento a lo dispuesto en su artículo primero transitorio. 5. A pesar de que la ley que se combate ya entró en vigor, aún no se han creado los órganos que la misma prevé, que tienen el carácter de autoridades intermedias prohibidas por la Constitución, como son los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal, razón por la cual por este medio se combaten y se impugnan, no solamente la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla en sí misma, específicamente por lo que hace a los artículos ya señalados, sino también todos los actos que son o lleguen a ser consecuencia directa e inmediata de su aplicación: la integración y la atribución de funciones de los comités ya referidos; la participación en los actos relacionados con el ejercicio de las funciones de las Juntas Auxiliares, así como la expedición de verdaderas normas de observancia general, inconstitucionalmente delegada por el Poder Legislativo al gobernador del Estado, pues le encomienda en la ley que se combate la emisión de un pretendido ‘Manual Único de Operación para el Federalismo Hacendario’. La Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla es inconstitucional por las razones a que más adelante haremos referencia y, por tal motivo, es el cuerpo normativo general que constituye uno de los actos en contra de los cuales se promueve esta controversia constitucional, específicamente por lo que hace a sus artículos 4o., fracciones VII y IX, 8o., tercer párrafo, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, fracciones III y V, 30, 35, 36, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 73, 74, 76, 81, 82, 83, 84, 95, 96, 97 y 98. Esta controversia constitucional también se promueve en contra de los actos que se realicen o pretendan realizarse como consecuencia directa de la aplicación de dicha ley, específicamente con fundamento en los mencionados artículos, cuyos actos en forma lógica y necesaria también devienen en inconstitucionales. Con la finalidad de facilitar el ejercicio de la función jurisdiccional de ese H. Tribunal Supremo en la presente controversia constitucional, específicamente por lo que toca a la consulta general y total o parcial, o específica de la ley que se impugna, como ya se ha dicho, los promoventes adjuntamos a este escrito como anexo ‘10’ del mismo, un ejemplar original del ya mencionado órgano oficial del Gobierno del Estado de Puebla, tomo CCLXXIII, número 12, segunda sección, publicado en ‘H. Puebla de Z.’, el miércoles 28 de enero de 1998."
TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:
"Conceptos de invalidez. Antes de expresar los conceptos de invalidez de las disposiciones generales de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla y de los actos que se combaten a través de esta controversia constitucional, es conveniente hacer una breve sinopsis de la evolución que ha tenido la figura del Municipio desde la Constitución de 1917, para el efecto de entender cuál ha sido la tendencia de las diversas reformas constitucionales en cuanto a esa forma de organización político-administrativa del Estado, como lo es precisamente el Municipio. Desde el Constituyente de 1917, al elaborar el artículo 115 constitucional, surgieron con motivo de la Revolución Mexicana diversas ideas en cuanto a la forma de administración de la hacienda municipal. A este respecto, había en ese Congreso Constituyente dos posiciones: La primera, que defendía la intervención del Ejecutivo Federal en materia de recaudación de impuestos, al argumentar que los Municipios tenían la obligación de sujetarse a las leyes que dictaran las Legislaturas Locales, pues sostenía que los Municipios no eran entidades totalmente independientes y autónomas, toda vez que tenían que ver con el Estado en cuyo territorio se encontrara su asiento y demarcación. La segunda, defendía la libertad municipal y la autonomía del Ayuntamiento, con el argumento de que el Municipio debería tener su hacienda propia, porque desde el momento que tuviese intervención del Estado o de la Federación o de ambos, aquél dejaría de subsistir. De la anterior discusión se denota la gran preocupación que habría de dar a los Municipios mayor libertad para lograr así la autonomía municipal. De esta manera se buscaba que los Municipios fueran la primera célula de la organización democrática del país y el primer órgano de representación política del individuo dentro de la sociedad. Después de varias sesiones, el Constituyente consagró la libertad municipal en el artículo 115 de la Carta Magna, estableciéndose en la parte conducente, que ‘cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa, administrando libremente su hacienda, la cual se formará de las contribuciones que señalen las Legislaturas de los Estados y que, en todo caso, serán las suficientes para atender a las necesidades municipales’. Igualmente, en relación con la autonomía municipal, el Constituyente de 1917 plasmó en la fracción I del artículo 115 constitucional, la prohibición expresa y terminante de la existencia de una ‘autoridad intermedia’ entre los Municipios y los gobiernos de los Estados, para tratar de resolver así diversas situaciones, de hecho, que históricamente se habían presentado, en virtud de las cuales se creaban, por debajo de los gobiernos de los Estados, diversas figuras o entidades que constituían factores reales de poder, que de facto eran reconocidas inclusive por los gobernadores, toda vez que en algunos casos cumplían las órdenes de éstos. Así se socavaba la libertad y autonomía de las que necesariamente deben gozar los Municipios. Posteriormente, hubo una serie de reformas constitucionales referentes a la institución del Municipio. Una de las más importantes y trascendentes es la efectuada en el año de 1982, por iniciativa del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, que, en lo referente al patrimonio de los Municipios, establecía lo siguiente: a) Elevar a rango constitucional el derecho de los Municipios a recibir las participaciones federales que, en su caso, se les asignen, obligando a las Legislaturas Locales a establecer anualmente las bases correspondientes. b) Que los presupuestos de egresos de los Municipios deben ser aprobados sólo por los Ayuntamientos, con base en los ingresos disponibles. c) Por último, se incluye la facultad para la celebración de convenios, considerada pertinente, a fin de homologar en el orden constitucional la celebración de convenios que hasta esa fecha se había efectuado entre la Federación y los Estados. Dicha iniciativa fue aprobada por el órgano revisor de la Constitución General de la República a que alude el artículo 135 de la misma. El decreto de reformas constitucionales correspondiente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de febrero de 1983. Con lo anterior, de manera muy general, queda clara la tendencia de considerar al Municipio como una organización político-administrativa autónoma, que debe ser administrada por un Ayuntamiento de elección popular directa, no permitiéndose, por mandato constitucional, que exista autoridad intermedia alguna entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado. Igualmente, en lo referente a su patrimonio, se le otorga al Municipio la libre administración de su hacienda, facultad que es eminente y evidentemente irrenunciable y, por ello, indelegable en favor de los Gobiernos Estatales o, con mayor razón, en favor de cualesquiera autoridades intermedias que dichos gobiernos o aun el Federal, pretendan crear o establecer. Como consecuencia de lo ya señalado, el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en sus fracciones I y IV, y sus correlativos de la Constitución del Estado de Puebla, que son los artículos 1o., 2o. y 102, en relación con los artículos 13, 50, fracción III, 51 y 52 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, establecen claramente lo siguiente: Que no puede haber autoridad intermedia alguna entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado. Que los Municipios manejarán su patrimonio conforme a la ley, administrando libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: i) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. ii) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. iii) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Expuesto lo anterior, pasamos a expresar los siguientes conceptos de invalidez: Primero. Violación a lo dispuesto por el primer párrafo de la fracción I del artículo 115 constitucional, porque, en virtud de diversos preceptos de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, se crean autoridades intermedias entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado. 1. El artículo 115 constitucional, fracción I, primer párrafo, establece, en la parte conducente, que el Municipio Libre constituye la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los Estados; que cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa y que no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado. 2. En el mismo sentido, se hallan los siguientes preceptos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla: Artículo 1o., que establece que el Estado de Puebla es una entidad jurídica y política, organizada conforme a los principios establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor. Artículo 2o., que señala que el Estado adopta para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo y popular, teniendo como base de su organización política y administrativa el Municipio Libre. Artículo 102, que dispone en su primer párrafo, en congruencia con lo anterior, que el Municipio Libre constituye la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, y que cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa ... sin que haya ninguna autoridad intermedia entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado. 3. De manera correcta, lo anterior también es reconfirmado por la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, en cuyo artículo 13 igualmente se establece que cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa ... y no habrá ninguna autoridad intermedia entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado. 4. Ahora bien, la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, y todos los actos que son consecuencia directa e inmediata de su aplicación, contravienen de modo flagrante el imperativo constitucional que establece: no habrá ninguna autoridad intermedia entre el Ayuntamiento de cada Municipio y el Gobierno del Estado. Efectivamente, todos los preceptos de la ley que se impugna y que de alguna manera se refieren a dichas autoridades intermedias, como son los llamados Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal, transgreden la disposición constitucional a que se refiere este primer concepto de invalidez, toda vez que constituyen autoridades o entidades sobrepuestas al Municipio en la administración de los recursos que le son propios y que constituyen parte fundamental de su patrimonio y su hacienda. Los preceptos de la ley que se combate, que por esta razón en particular resultan inconstitucionales, son los artículos 4o., fracciones VII y IX, 8o., tercer párrafo, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, fracciones III y V, 30, 42, 43, 44, 49, 50, 57, 82, 95 y 98. Como se desprende de la lectura de tales disposiciones de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, se están creando autoridades intermedias entre los Ayuntamientos y el Gobierno del Estado, denominados Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal, además de las ya existentes Juntas Auxiliares, con facultades que implican una contravención a la prohibición constitucional multimencionada. Ello vulnera y socava la libertad y autonomía municipales, pues a través de tales autoridades intermedias se condiciona la actuación de los Municipios en cuanto al libre manejo de su patrimonio y la genuina administración de su hacienda. 5. Esto es así, toda vez que en la ley que se combate se otorgan a los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal facultades para planear, discutir, analizar y seleccionar las obras y acciones por realizar, para atender las demandas de la población, así como para aprobar los programas de obras de acciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Sin embargo, tales facultades no son de mera coordinación y de apoyo a la administración pública municipal, sino poderes unilaterales de decisión y de ejecución, que las coloca por encima de los Gobiernos Municipales, con supremacía y supraordenación frente a las actividades y atribuciones que la Constitución y la ley les confieren a los Municipios, en detrimento y en perjuicio de su libertad y autonomía. Sirva para confirmar el anterior criterio, la tesis de jurisprudencia que se transcribe a continuación: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. AUTORIDAD INTERMEDIA PROHIBIDA EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CARACTERÍSTICAS GENERALES QUE LA IDENTIFICAN. El Constituyente de 1917 impuso la prohibición de «autoridad intermedia» a que se refiere la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a situaciones de hecho, según informa la historia, en virtud de las cuales se creaban, por debajo de los Gobiernos Estatales, personas conocidas como «jefes políticos» que detentaban un poder real de hecho reconocido por el gobernador, en virtud del cual se cumplían las órdenes de éste y servía para que la autoridad tuviera medios inmediatos de acción y centralización. Tomando en consideración lo anterior, debe establecerse que una autoridad, ente, órgano o persona de que se trate, no debe tener facultades o atribuciones que le permitan actuar de manera independiente, unilateral y con decisión, que no sea resultado o provenga de manera directa de los acuerdos o decisiones tomados por los diferentes niveles de gobierno dentro del ámbito de sus respectivas facultades, a efecto de impedir que la conducta de aquéllos se traduzca en actos o hechos que interrumpan u obstaculicen la comunicación directa entre el Gobierno Estatal y el Municipio, o que impliquen sustitución o arrogación de sus facultades. Controversia constitucional 2/95. Jesús Hinojosa Tijerina, José Martínez González y Miguel Gómez Guerrero, en su carácter de Presidente Municipal, Secretario y Síndico Segundo del Ayuntamiento del Municipio de Monterrey, Estado de Nuevo León, respectivamente, contra el Gobernador, Secretario General de Gobierno y Congreso Estatal del propio Estado. 13 de mayo de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el dos de junio de mil novecientos noventa y siete, aprobó, con el número 50/1997, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dos junio de mil novecientos noventa y siete. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: V, junio de 1997. Tesis: P./J. 50/97. Página: 343.’. 6. Igualmente, resulta inconstitucional por ser consecuencia directa e inmediata de lo anterior, el artículo 97 de la ley que se combate, pues dispone que en caso de que los Ayuntamientos no ministren los recursos correspondientes a sus Juntas Auxiliares, el Gobierno del Estado los liquidará directamente. Tal acto por ser consecuencia de la aplicación de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, también es claramente inconstitucional. 7. Finalmente, conviene resaltar que a través de la fracción VII del artículo 4o. de la ley que se combate, se está obligando a los Municipios a integrarse a los órganos hacendarios, concretamente a los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal. Ello es claramente inconstitucional puesto que el Municipio tiene la autonomía plena en sus funciones y en el manejo de su hacienda. Por tanto, no puede ser obligado a formar parte de un órgano intermedio, superior al Municipio, que disponga de sus recursos fiscales. Con base en lo anterior, lo procedente conforme a derecho es declarar fundada la presente demanda de controversia constitucional y, consecuentemente, declarar la inconstitucionalidad de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, por lo que hace a los preceptos específicos señalados en este primer concepto de invalidez. Segundo. Hay violación a lo dispuesto por la fracción II y por el inciso B) de la fracción IV del artículo 115 constitucional. Debido a que la aplicación de diversos preceptos de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, impiden que los Municipios actores administren libremente, a través de los Ayuntamientos legítimamente electos, las participaciones y aportaciones federales que la Federación les cubre, y que son parte de la hacienda municipal. Antes de entrar en el desarrollo de este segundo concepto de invalidez, es menester señalar que se encuentra estrechamente vinculado con el primero, razón por la cual finalmente ambos conceptos de invalidez deben ser considerados en forma conjunta y armónica para decretar la inconstitucionalidad de la ley y de los actos que se combaten. 1. El artículo 115 constitucional, fracción IV, inciso b), establece que los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan en su favor, y en todo caso de las participaciones y aportaciones federales que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados, y de conformidad con lo establecido por las recientes modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal, que en su nuevo capítulo V, referente a las aportaciones federales a los Municipios, establece dos nuevos fondos en el artículo 25 de dicha ley. 2. En el mismo sentido encontramos el artículo 103, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, que dispone que los Municipios tienen personalidad jurídica con patrimonio propio, que los Ayuntamientos manejarán conforme a la ley y administrarán libremente su hacienda, la cual se formará, entre otros conceptos, de las participaciones y aportaciones federales. 3. En forma congruente con lo antes señalado, es conveniente citar los siguientes preceptos de la Ley Orgánica Municipal: Artículo 50, fracción III, que establece que la hacienda municipal se formará con: ... Las participaciones federales. Artículo 51, que dispone que los Ayuntamientos manejarán conforme a la ley el patrimonio del Municipio. Artículo 52, que establece que los Ayuntamientos administrarán eficaz y libremente la hacienda municipal. Artículo 55, que señala la forma en que se distribuirán los fondos municipales, a saber: I. Gastos de educación pública; II. Policía y tránsito; III. Alimentación de presos y sostenimiento de hospitales; IV. Gastos de conservación de edificio y obras municipales; V. Servicios públicos; VI. Obras de utilidad general para el Municipio, como caminos, redes telefónicas, puentes, etc.; VII. Gastos para el fomento de la agricultura, comercio e industria; VIII. Sueldos de los funcionarios y empleados del Ayuntamiento conforme lo dispongan los presupuestos respectivos. 4. Por su parte, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Puebla dispone en sus artículos 1o. y 46 lo siguiente: ‘Artículo 1o. La hacienda pública para atender los gastos de los Municipios del Estado de Puebla, percibirá en cada ejercicio las contribuciones, productos, aprovechamientos, participaciones federales y estatales; ingresos extraordinarios y en su caso, las donaciones, herencias, legados y reintegros que se hicieran a su favor.’. ‘Artículo 46. Las participaciones que correspondan a los Municipios del Estado, en ingresos federales, se ingresarán con arreglo a las disposiciones aplicables y, en cuotas de las leyes que lo establecen y, en su caso, la Ley de Coordinación Fiscal Federal, la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Puebla, el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal y Federal. 5. Igualmente, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1998, en el último párrafo de su artículo 8o. y en su artículo 19, dispone lo siguiente: Artículo 8o. (último párrafo) Las erogaciones que se ejerzan a través del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios deberán aplicarse conforme a lo dispuesto por el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y este decreto ...’, ‘Artículo 19. Este precepto básicamente establece la manera en que se distribuirán las erogaciones previstas para el Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, en el año de 1998, como sigue: Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal; Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, tanto estatal como municipal; Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal; y Fondo de Aportaciones Múltiples.’. 6. Los anteriores preceptos deben entenderse relacionados con los siguientes artículos de la Ley de Coordinación Fiscal, según la misma fue reformada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de diciembre de 1997, cuyos artículos forman parte del nuevo capítulo V de esta ley denominado ‘De los fondos de aportaciones federales’. Artículo 25. Dispone que, con independencia de lo establecido en los capítulos del I al IV de la propia ley, respecto de la participación de los Estados, Municipios y Distrito Federal en la recaudación federal participable, los mismos fondos ya mencionados, es decir, el de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, el de Aportaciones para los Servicios de Salud, el de Aportaciones para la Infraestructura Social, el de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal, y el de Aportaciones Múltiples, se constituirán en beneficio de las entidades federativas y, en su caso, de los Municipios con cargo a recursos de la Federación. Artículo 34. Establece la fórmula y los procedimientos conforme a los cuales el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, distribuirá el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social entre los Estados, considerando criterios de pobreza extrema. Artículo 35. Establece la fórmula conforme a la cual los Estados distribuirán entre los Municipios los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, considerando los criterios de magnitud de los Municipios y la profundidad de su pobreza extrema. También se establece que si de la información disponible no es posible aplicar la fórmula señalada, referida en el artículo 34 de la misma ley, se utilizarán las cuatro variables que ahí se precisan, a saber: Población ocupada del Municipio que perciba menos de dos salarios mínimos respecto de la población del Estado en similar condición. Población municipal de 15 años o más que no sepa leer o escribir respecto de la población del Estado en igual situación. Población municipal que habite viviendas particulares sin disponibilidad de drenaje conectado a fosa séptica o a la calle, respecto de la población estatal sin el mismo tipo de servicio. Población municipal que habite en viviendas particulares sin disponibilidad de electricidad, entre la población del Estado en igual condición. Artículo 36. Establece el monto conforme al cual se determinará anualmente, en el presupuesto de egresos de la Federación con recursos federales, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal. Artículo 37. Establece los fines a los que se destinarán las aportaciones federales que r
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6415-7a9e05e9/autoridad-intermedia-interpretacion-de-la-fraccion-i-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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