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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DELEGADO QUE DESIGNE EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA PUEDE FORMULAR PROMOCIONES, SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE DE EJERCER FACULTADES PROCESALES QUE, POR SER MERAMENTE AUXILIARES, NO REQUIERAN LA INTERVENCIÓN PERSONAL DE ÉSTE. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA PUEDE VÁLIDAMENTE SOLICITAR COPIAS POR CONDUCTO DE SU DELEGADO.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 71/98. EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 51/96. · Registro digital (IUS): 5109
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, , Pág. 582.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 71/98. EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 51/96. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIO: ALEJANDRO SÁNCHEZ LÓPEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dieciséis de junio de mil novecientos noventa y ocho.

VISTOS; y

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y ocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Antonio García Ocampo, director general de Constitucionalidad, quien se ostentó como delegado designado por el procurador general de la República, para actuar en la controversia constitucional 51/96, promovida por el Ayuntamiento del Municipio de Puebla, de la entidad federativa del mismo nombre, solicitó al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, designado para la instrucción de la aludida controversia, lo siguiente:

"José Antonio García Ocampo, delegado del procurador general de la República, personalidad que tengo debidamente acreditada y reconocida en los autos del expediente de controversia constitucional al rubro indicado; ante usted, con el debido respeto comparezco y expongo:

"Que en términos del presente oficio y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atentamente solicito se me expida copia simple de los dictámenes rendidos por los peritos de la parte actora, de las autoridades demandadas y del tercero interesado, así como los emitidos por los especialistas designados por esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Autorizo para que recojan las copias a las CC. Patricia Flores Jiménez y Ángela Campos Durán.

"Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted C. Ministro instructor, atentamente solicito se sirva:

"ÚNICO: Acordar de conformidad la expedición de copias de los documentos señalados."

SEGUNDO. En acuerdo de diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y ocho, el Ministro instructor, entre otras determinaciones, negó la expedición de las copias solicitadas en el ocurso transcrito.

TERCERO. Inconforme con el acuerdo anterior, el procurador general de la República interpuso recurso de reclamación; mediante proveído de dos de abril de mil novecientos noventa y ocho, el presidente de la Suprema Corte de Justicia ordenó formar y registrar el expediente relativo al recurso de reclamación de que se trata, lo tuvo por interpuesto y ordenó turnar el expediente, para su estudio, al señor Ministro Juan Díaz Romero.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno es competente para conocer y resolver el presente recurso de reclamación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución General de la República, en relación con los artículos 51 y 53 de su ley reglamentaria y 10, fracciones I y V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

SEGUNDO. El recurso de reclamación fue interpuesto oportunamente, pues el acuerdo impugnado se notificó por lista de veinte de marzo de mil novecientos noventa y ocho (viernes), y surtió sus efectos el día hábil siguiente, veintitrés de marzo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, por lo que el término de cinco días previsto en el artículo 52 de la propia ley para tal efecto, transcurrió del veinticuatro al treinta del mismo mes y año, siendo precisamente este último día cuando la autoridad recurrente presentó el escrito de reclamación, lo cual denota que se hizo valer dentro del término legal mencionado.

TERCERO. El recurso de reclamación se interpone por parte legítima, pues lo suscribe Jorge Luis Madrazo Cuéllar, procurador general de la República, carácter que demostró en la propia controversia constitucional 51/96, de la que deriva el acuerdo recurrido y, además, en el cuaderno relativo al presente recurso (folio 14), quien tiene la calidad de parte ordinaria en el procedimiento de controversia constitucional, en términos del artículo 10, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional.

CUARTO. El recurso de reclamación es procedente, en virtud de que es el idóneo para combatir el acuerdo dictado por el Ministro instructor, por encuadrar dentro del supuesto contenido en el artículo 51, fracción II, de la ley de la materia (cuya aplicabilidad invoca la autoridad recurrente), el cual dispone:

"Artículo 51. El recurso de reclamación procederá en los siguientes casos:

"...

"II. Contra los autos o resoluciones que pongan fin a la controversia o que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar un agravio material a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva ..."

La procedencia del recurso de reclamación se justifica plenamente, de conformidad con el supuesto legal antes transcrito, no sólo porque esté en juego una simple negativa del Ministro instructor a autorizar la expedición de copias de constancias integrantes de un expediente de controversia constitucional, a quien se apersonó como agente auxiliar (delegado) del procurador general de la República; si esto fuera así, podría decirse, entonces, que el agravio procesal queda reparado si el titular del Ministerio Público de la Federación solicitara (y quizá recogiera) "personalmente" la expedición de copias existentes en una controversia de esta índole. El problema es de mayor entidad, pues se establece el criterio, implícitamente considerado, de exigir, sin excepción, que sea el propio procurador quien comparezca personalmente a realizar cualesquier acto que le corresponda ejercer dentro del procedimiento de controversia respectivo, a diferencia de lo que ocurre con las demás partes, que pueden ser representadas, nombrar delegados y designar personas para oír notificaciones. Esta medida establecería una limitación no sólo en el caso concreto del acuerdo, sino en todas las actuaciones que quisiese gestionar algún delegado del procurador en la controversia constitucional de origen, en atención a que la no impugnación del acuerdo recurrido daría lugar a establecer la firmeza del criterio cuestionado, sin posibilidad jurídica de que posteriormente, en tal expediente, se discutiera su legalidad.

La intervención personal del procurador general de la República en todas las actuaciones procesales (aun la más intrascendente), que se determina en el acuerdo recurrido, impide a dicha autoridad contar con el auxilio de sujetos procesales que le provean o faciliten los medios para desarrollar la función primordial que tiene conferida; la delimitación de las facultades que atañen al procurador, como parte invariable en la controversia constitucional, y la posibilidad o negación para que algunas de ellas puedan ser ejercidas mediante la designación de delegados, es una cuestión fundamental que debe dilucidarse, válidamente, mediante la interposición del recurso de reclamación, pues además de que no está previsto en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, un recurso o medio de defensa específico en contra de este tipo de determinaciones, es obvio que la decisión cuestionada no sería posible jurídicamente abordarla en la sentencia definitiva, porque no está comprendida dentro de la materia sobre la cual recae el pronunciamiento de fondo que en ésta se resuelve.

QUINTO. El auto materia del presente recurso de reclamación, en la parte que interesa, es del tenor literal siguiente:

"México, Distrito Federal, a diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y ocho. ... Igualmente, glósese a este sumario el oficio número 225/98, de fecha dieciséis de marzo de este año del licenciado José Antonio García Ocampo, director general de Constitucionalidad de la Procuraduría General de la República, el que se ostenta como delegado de la anterior dependencia, mediante el cual requiere se le expida copia de los dictámenes rendidos por los peritos arriba mencionados. Con relación a la anterior solicitud, dígase al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, atento a lo dispuesto en el tercer párrafo, del apartado A, del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que ‘El procurador general de la República, intervendrá personalmente en las controversias constitucionales y acciones a que se refiere el artículo 105 de esta Constitución.’; además, en autos no existe constancia alguna en la cual se le hubiese reconocido a dicho director el carácter de delegado del procurador general de la República ... Lo proveyó y firma el Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, designado como instructor para conocer del presente asunto. Doy fe."

SEXTO. El procurador general de la República expresó los siguientes agravios:

"Con el acuerdo impugnado se produce una violación al artículo 102, apartado A, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por una errónea y restrictiva interpretación del mismo y, como consecuencia de ello, se violenta en mi perjuicio, la garantía de legalidad prevista en el primer párrafo del artículo 16 del propio ordenamiento constitucional. 1. Se realiza una interpretación restrictiva del artículo 102, apartado A, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Ministro instructor, al interpretar el artículo 102, apartado A, tercer párrafo de la Constitución Federal en la forma en que lo plasma en el acuerdo que se recurre, merma las facultades de los delegados que en derecho me corresponde designar, lo anterior en virtud de los siguientes razonamientos. El artículo 102, apartado A, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en lo conducente que: ‘El procurador general de la República intervendrá personalmente en las controversias y acciones a que se refiere el artículo 105 de esta Constitución.’. En mi opinión, el auto que se recurre realiza una interpretación letrística y limitada del párrafo tercero, apartado A, del artículo 102 de la Ley Fundamental, lo que me causa un agravio, por afectarse el ámbito de atribuciones de los delegados que en derecho me corresponde designar. A efecto de realizar una adecuada interpretación del precepto constitucional aludido, considero conveniente referirme a las razones que expresó el Órgano Revisor de la Constitución Federal, durante el proceso de reformas del artículo 102, publicadas el 31 de diciembre de 1994, en el Diario Oficial de la Federación. La iniciativa de reformas constitucionales estableció al respecto: ‘Debido a que la Constitución le otorga al procurador general de la República el carácter de representante de los intereses de la nación en las materias del juicio de amparo y las controversias y las acciones de inconstitucionalidad, se hace necesario someter el nombramiento que haga el Ejecutivo Federal a la ratificación del Senado de la República.’. La propuesta de reformas constitucionales estableció en un apartado diverso: ‘Se propone abrir la posibilidad de que un porcentaje de los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión, de las Legislaturas Locales, de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal o, en su caso, el procurador general de la República, puedan plantear ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el ámbito de sus atribuciones, la inconstitucionalidad de leyes, previéndose que las resoluciones puedan anular, con efectos generales, la norma declarada inconstitucional.’. De lo anterior, se observa que el Constituyente Permanente quiso depositar en el procurador general de la República la alta misión de ser uno de los servidores públicos responsables de hacer guardar la Constitución, por eso es que el texto del artículo 102, apartado A, tercer párrafo, garantizó que su intervención en los juicios de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad fuera de manera personal, estableciendo también en el numeral 105 la facultad de promover, por su propio derecho, acciones de inconstitucionalidad. De esta forma quedó plasmado en el texto de la Ley Fundamental el carácter de garante de la constitucionalidad de actos y normas, del procurador general de la República. La intervención personal que manda el artículo 102 de la Constitución excluye la posibilidad de que cualquier otro servidor público de la procuraduría pueda realizar las funciones conferidas al procurador, tal y como ocurre en el juicio de amparo. Por lo anterior, la exposición de motivos de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalaba: ‘En estos juicios (de controversias constitucionales) se da intervención, oficiosa y obligatoria, al procurador general de la República, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado A del artículo 102 constitucional, misma que se justifica por el carácter que tiene el servidor público, como uno de los responsables de hacer guardar la Constitución.’. De los textos transcritos, se concluye lógica y sistemáticamente, que la intervención personal que se manda, significa que el procurador general de la República debe ser quien intervenga en los actos procesales de fondo, y en general realice cualquier pronunciamiento sobre la constitucionalidad de los actos o normas generales que se impugnen. Para efecto de desarrollar cabalmente su función personal, el procurador requiere de la actuación procesal de sus delegados, mismos que están facultados para hacer promociones que no impliquen pronunciamiento sobre el fondo, con el fin de contar con la información suficiente, en la especie, copias de constancias que obran en el expediente, pues de no contar con esta atribución, se entorpecería gravemente el conocimiento de los detalles del juicio de que se trate. Considero que lo anterior es la interpretación que se debe hacer del artículo 102, apartado A, tercer párrafo, de la Ley Fundamental, pues en esos términos la actuación procesal de los delegados no significa una intervención en las facultades personales del procurador, ni una sustitución de las mismas, y en cambio permite que el suscrito cuente, con toda oportunidad, con los elementos para cumplir con sus atribuciones. La interpretación rígida y literal del precepto en comento que realiza el Ministro instructor, rompe la aplicación armónica de las facultades de los delegados, que llevaría al absurdo de exigir la presencia del procurador general de la República en todos y cada uno de los actos procesales que se desarrollen en el juicio de controversias constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad. Llevada al extremo la interpretación del Ministro instructor, acerca de la intervención personal del procurador que manda la Constitución, se podría concluir que éste no puede designar delegados, pues los mismos se encuentran reservados para las demás partes, inclusive podría ‘interpretarse con la limitación estatuida en el precepto constitucional transcrito’ que el procurador, a pesar de ser una parte permanente y obligatoria, no estaría facultado para designar personas para oír notificaciones, imponerse de los autos y recibir copias de traslado, como establece el último párrafo del artículo 4o. de la ley reglamentaria del artículo 105. Como punto adicional es conveniente mencionar que, a través de sus delegados, el procurador ha intervenido en la totalidad de las audiencias a que ha convocado ese Supremo Tribunal, en el trámite de controversias constitucionales. Como lo establece la doctrina, la delegación de facultades es el acto jurídico, general o individual, por medio del cual un órgano administrativo transmite parte de sus poderes o facultades a otro, cubriendo ciertas condiciones, que son las siguientes: 1. Que la delegación esté prevista por la ley;-2. Que el órgano delegante esté autorizado para transmitir parte de sus poderes;-3. Que el órgano delegado pueda recibir legalmente esos poderes;-4. Que los poderes transmitidos puedan ser materia de la delegación. La falta de una de estas condiciones hace nula de pleno derecho la delegación. Para cumplir su objeto la delegación debe estar autorizada por la ley o por un ordenamiento de carácter general. En el caso, se debe interpretar el texto constitucional armónicamente con la legislación reglamentaria, a saber, para el procurador sólo es posible delegar aquellas facultades que le faciliten el desempeño de sus atribuciones personales, como la solicitud de copias fotostáticas, pero nunca las que impliquen que el delegado realice ante esa Suprema Corte, promociones tendientes a pronunciarse sobre la constitucionalidad de los actos o normas generales que se impugnen. De la correcta interpretación del texto constitucional anteriormente transcrito, se desprende que es cierto que obliga al suscrito a intervenir, en forma personal, en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, previstas en las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución General de la República, pero también es cierto que ello debe entenderse en el sentido de que sólo cuando se realice una promoción que tenga como consecuencia o efecto el pronunciamiento sobre el fondo del asunto, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas generales o actos impugnados, personalmente deberá intervenir el procurador general de la República. Por el contrario, cuando se trate de una simple promoción que no tenga como consecuencia o efecto el pronunciamiento sobre el fondo del asunto, es decir, una promoción de mero trámite, como lo es la promoción mediante la cual se solicitó al Ministro instructor copias simples de diversas constancias que obran en el presente expediente, se actualiza, evidentemente, la intención del legislador de autorizar al procurador general de la República a designar delegados para hacer promociones, sin que por ello contravenir (sic) el texto constitucional. Por último, es menester hacer la aclaración de que, si bien el servidor público que promovió la solicitud de las copias que se negaron en el acuerdo que se impugna, no se encontraba designado en el presente expediente como delegado del suscrito, el recurso se promueve para dejar a salvo el ejercicio de las facultades de los delegados previamente autorizados y los que designe en el futuro. 2. Falta de motivación y fundamentación. Como consecuencia de las anteriores violaciones, se conculca en mi perjuicio la garantía de legalidad establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal. Así es, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer párrafo establece que: ‘Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.’. Al respecto, la doctrina ha reconocido que la garantía de legalidad establecida en la primera parte del artículo 16 de la Constitución Federal protege a todo el sistema de derecho objetivo en México, desde la misma Constitución, hasta el reglamento administrativo más minucioso. Asimismo, la garantía de legalidad condiciona a todo acto de autoridad, cualquiera que éste sea, a fundar y motivar la causa legal de su proceder. a) Falta de fundamentación. La fundamentación consiste en que los actos que originen la molestia deben basarse en la disposición normativa general, es decir, que tal disposición prevea la situación concreta para la cual sea procedente la realización del acto de autoridad. En el presente caso al dictar el acuerdo recurrido, el Ministro instructor no fundó debidamente la causa legal de su proceder, pues al realizar una errónea y restrictiva interpretación del artículo 102, apartado A, tercer párrafo, de la Constitución Federal, limita, sin fundamento alguno, la facultad de los delegados que designe para poder hacer promociones de mero trámite, pues no se apoyó en ningún precepto legal que expresamente le prohíba a los delegados del procurador el solicitar copias simples de las constancias que obran en el expediente en que se actúa. No es obstáculo a lo anterior el que el auto impugnado cite el artículo 102, apartado A, tercer párrafo, de la Constitución Federal como fundamento de su negativa, porque la fundamentación exigida por el artículo 16 constitucional requiere que los artículos en que pretende apoyarse el acto de molestia, sean realmente aplicables al caso concreto y que su aplicación sea procedente, lo que implica que cuando para la aplicación de un precepto, sea necesario interpretarlo, la que se haga deberá ser correcta para que la fundamentación lo sea también. b) Falta de motivación. La motivación consiste en la adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto de molestia y el caso específico en el que éste va a operar, es decir, deberá realizar una correlación entre precepto legal normativo y las causas materiales que lo llevaron a aplicar tal precepto normativo. En la especie, el Ministro instructor tampoco motivó la causa legal de su proceder, pues al realizar la interpretación del artículo 102, apartado A, tercer párrafo, se basó, como ya quedó acreditado con anterioridad, en una errónea, limitativa y subjetiva interpretación de lo dispuesto por el mencionado artículo. Afirmo lo anterior, en virtud de que el hecho de que la Constitución Federal establezca que el procurador general de la República deberá intervenir personalmente en juicios de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, no obsta para que los delegados que éste designe, puedan hacer promociones que no tengan por objeto pronunciarse sobre el fondo del asunto, en la especie, solicitud de copias, pues ello debe interpretarse en el sentido de que cuando se haga una promoción que implique pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas generales o actos impugnados, efectivamente, deberá comparecer personalmente el procurador."

SÉPTIMO. Con el propósito de hacerse cargo de los agravios planteados, por cuestión de orden es conveniente examinar las proposiciones concretas que en ellos se contienen, que a continuación se sintetizan:

1) El Ministro instructor no fundó ni motivó el acuerdo recurrido, pues no citó el precepto aplicable, ni motivó la causa legal de su proceder, en tanto que sólo llevó a cabo una errónea interpretación del artículo 102, apartado A, tercer párrafo, de la Constitución Federal.

2) La interpretación del citado precepto constitucional es equivocada, en virtud de que se limita al sentido literal, sin atender a la verdadera intención del Constituyente Permanente, que en esencia consiste en atribuir al procurador general de la República la responsabilidad de intervenir de manera personal en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, cuando sea necesario realizar un pronunciamiento relativo al problema de fondo, es decir, que tenga que ver con la constitucionalidad de las normas generales o actos (si se trata de controversias).

3) La eficacia de la intervención personal del procurador general de la República en los asuntos mencionados, requiere del auxilio de la figura del delegado, quienes están facultados para formular promociones que no impliquen aspectos de fondo, como lo es la solicitud de copias, actividad que es necesaria y puede delegarse, porque sin ella se entorpecería gravemente el conocimiento de los detalles del juicio de que se trate.

4) Si se llevara al extremo la interpretación realizada en el acuerdo recurrido, se podría concluir que el procurador general de la República no está facultado para designar delegados, o inclusive, a sostener que el procurador, a pesar de ser parte permanente y obligatoria en una controversia constitucional, no estaría facultado para oír notificaciones, imponerse de los autos y recibir copias de traslado.

En atención al orden de los planteamientos anteriores, este Tribunal Pleno considera que en relación con el primero de ellos, no es exacto que el Ministro instructor hubiese omitido citar la disposición aplicable, pues la determinación de negar las copias solicitadas por el director general de Constitucionalidad, quien se ostentó como delegado designado por el procurador general de la República, la apoyó en el artículo 102, apartado A, párrafo tercero, de la Constitución Federal, que dispone: "El procurador general de la República, intervendrá personalmente en las controversias constitucionales y acciones a que se refiere el artículo 105 de esta Constitución.". Además, es inconcuso que el acuerdo impugnado en la reclamación satisface el requisito de la motivación, en virtud de que, para darse cuenta que el solicitante de las copias no está facultado para llevar a cabo una intervención de ese tipo dentro de una controversia constitucional, era suficiente mencionar el cargo que ostenta el promovente y confrontarlo con lo dispuesto en el precepto constitucional citado, que expresamente confiere al procurador general de la República la obligación de intervenir en forma personal dentro de un procedimiento de esa naturaleza.

Ahora bien, si en el caso el recurrente expresa que la fundamentación y motivación son indebidas, esto no refleja, de ningún modo, la carencia de esos requisitos en el auto reclamado, pues se trata de cuestiones distintas, que generan consecuencias diversas. Esto es así, porque mientras la falta de estos requisitos impide conocer a la parte afectada el fundamento legal y las razones en que se apoye una autoridad para emitir un acto de autoridad, en el caso de que se alegue indebida fundamentación o motivación propicia un conocimiento cierto del apoyo legal y motivos que se tuvieron en cuenta para la emisión del acto, lo cual permite expresar al afectado los argumentos pertinentes para demostrar su ilegalidad.

Sobre el particular, si la base de la argumentación propuesta por el recurrente consiste en que el Ministro instructor, al emitir la determinación que se combate realizó una errónea interpretación del artículo 102, apartado A, tercer párrafo, de la Constitución General de la República, es obvio que el problema a dilucidar consiste en decidir si tal interpretación es correcta o no lo es, lo cual es ajeno al objeto que encierran los principios de fundamentación y motivación.

Por lo que toca a los restantes agravios, cuyo estudio debe efectuarse en forma conjunta en virtud de la relación estrecha que guardan entre sí, debe decirse que el elemento básico para determinar si aquéllos son fundados, o no lo son, consiste en delimitar el alcance de la expresión "intervendrá personalmente" que el Constituyente Permanente, en el artículo 102, apartado A, párrafo tercero, atribuye al procurador general de la República como parte permanente en los procedimientos de controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad.

Al indagar sobre el tema, se observa que el texto de los artículos 102 y 105 constitucionales fue objeto de una trascendente reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación del treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro; en ella destaca el establecimiento, en el artículo 105 de la Constitución Federal, de las controversias constitucionales (con las características que actualmente se le reconocen) y las acciones de inconstitucionalidad, como instrumentos de protección y defensa directa de la Constitución; y la adición del párrafo en el que se prevé la intervención del procurador general de la República dentro de los procedimientos del orden constitucional mencionados, que dice: "El procurador general de la República, intervendrá personalmente en las controversias constitucionales y acciones a que se refiere el artículo 105 de esta Constitución.".

En la exposición de motivos relativa no se proporciona ninguna razón que justifique la necesidad de que el procurador general de la República intervenga directamente en las controversias constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad; tampoco el texto que se analiza fue motivo de discusión durante el procedimiento de reforma constitucional, de manera que no existen elementos directos para conocer las circunstancias particulares que concurrieron en la inclusión del párrafo transcrito en el artículo 102 constitucional.

Debido a lo anterior, es conveniente buscar en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el propósito fundamental que se tuvo en cuenta para asignar al procurador general de la República el carácter de parte ordinaria en los procedimientos de controversia constitucional y de acción de inconstitucionalidad, así como los límites de su actuación, en la medida de que el conocimiento de estos aspectos pueden servir para apreciar la exigencia del Constituyente Permanente en el sentido de que el procurador general de la República intervenga personalmente en las controversias indicadas, y si ésta es absoluta, al grado de que imposibilite en todo caso la designación de delegados que auxilien dentro del proceso constitucional a aquella autoridad, o relativa.

En principio, importa destacar que en la exposición de motivos de la ley que reglamenta los procedimientos de control de la constitucionalidad aludidos, invocada, en la parte correspondiente a la regulación de las controversias constitucionales, se indica: "En estos juicios se da intervención, oficiosa y obligatoria, al procurador general de la República, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo (actualmente tercero) del apartado A del artículo 102 constitucional, misma que se justifica por el carácter que tiene este servidor público, como uno de los respon

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5109-b63b4f72/controversia-constitucional-el-delegado-que-designe-el-procurador · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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