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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE SI RESPECTO DEL FUTURO CESARON LOS EFECTOS DE LA LEY IMPUGNADA Y EN CUANTO AL PASADO, NO TRATÁNDOSE DE NORMAS PENALES, LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ NO PODRÍA OPERAR POR NO TENER EFECTOS RETROACTIVOS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 5/99. · Registro digital (IUS): 7053
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Marzo de 2001, , Pág. 1082.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 5/99. PROMOVIDA POR EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.

SECRETARIO: ROLANDO JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primero de febrero de dos mil uno.

VISTOS; y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el cuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en su carácter de jefe de Gobierno del Distrito Federal, ocurrió en la vía de controversia constitucional, demandando lo siguiente:

"I. Entidad o poder actor, domicilio, nombre y cargo del funcionario que lo representa: El Poder Ejecutivo del Distrito Federal, representado por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, jefe de Gobierno del Distrito Federal, en los términos expresados en el proemio de este documento. II. Poderes u órganos demandados. 1. El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, a través de: La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. 2. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Secretario de Gobernación. 4. Secretario de Hacienda y Crédito Público. 5. Subsecretario de Egresos. 6. Director del Diario Oficial de la Federación. III. Las entidades, poderes u órganos terceros interesados. Los Estados de: Aguascalientes, por el gobernador del Estado C. Felipe González González. Baja California, por el gobernador del Estado C. Alejandro González Alcocer. Baja California Sur, por el gobernador del Estado C. Guillermo Mercado Romero. Campeche, por el gobernador del Estado C. José Antonio González Curi. Coahuila, por el gobernador del Estado C. Rogelio Montemayor Seguy. Colima, por el gobernador del Estado C. Fernando Moreno Peña. Chiapas, por el gobernador del Estado C. Roberto Albores Guillén. Chihuahua, por el gobernador del Estado C. Patricio Martínez García. Durango, por el gobernador del Estado C. Ángel Sergio Guerrero Mier. Guanajuato, por el gobernador del Estado C. Vicente Fox Quesada. Guerrero, por el gobernador del Estado C. Ángel Eladio Aguirre Rivero. Hidalgo, por el gobernador del Estado C. Humberto Lugo Gil. Jalisco, por el gobernador del Estado C. Alberto Cárdenas Jiménez. México, por el gobernador del Estado C. César O. Camacho Quiroz. Michoacán, por el gobernador del Estado C. Víctor Manuel Tinoco Rubí. Morelos, por el gobernador del Estado C. Jorge Morales Beraud. Nayarit, por el gobernador del Estado C. Rigoberto Ochoa Zaragoza. Nuevo León, por el gobernador del Estado C. Fernando de Jesús Canales Clariond. Oaxaca, por el gobernador del Estado C. José Murat Cassab. Puebla, por el gobernador del Estado C. Melquiades Morales Flores. Querétaro, por el gobernador del Estado C. Ignacio Loyola Vera. Quintana Roo, por el gobernador del Estado C. Mario Ernesto Villanueva Madrid. San Luis Potosí, por el gobernador del Estado C. Fernando Silva Nieto. Sinaloa, por el gobernador del Estado C. Juan S. Millán Lizárraga. Sonora, por el gobernador del Estado C. Armando López Nogales. Tabasco, por el gobernador del Estado C. Roberto Madrazo Pintado. Tamaulipas, por el gobernador del Estado C. Tomás Yarrington Rubalcaba. Tlaxcala, por el gobernador del Estado C. Alfonso Sánchez Anaya. Veracruz, por el gobernador del Estado C. Miguel Alemán Velasco. Yucatán, por el gobernador del Estado C. Víctor M. Cervera Pacheco. Zacatecas, por el gobernador del Estado C. Ricardo Monreal Ávila. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 10, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, atentamente se solicita a Usías, se dé la vista que conforme a derecho procede, al C. Procurador general de la República en su carácter de parte en este juicio, por conducto del C. Jorge Madrazo Cuéllar. IV. Normas generales o actos cuya invalidez se demanda. A) La aprobación y expedición del Decreto por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1998, concretamente los artículos 25, fracción IV, 36, 37 y 38, mediante su primer acto de aplicación consistente en el Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas, la distribución y calendarización para la ministración de los recursos correspondientes al Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 1999. Dicha aprobación y expedición del decreto en cuestión, estuvo a cargo del H. Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. B) La expedición del decreto promulgatorio del Decreto por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal en los términos señalados en el párrafo que antecede, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 1998, realizado por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. C) El refrendo del decreto promulgatorio señalado, realizado por la Secretaría de Gobernación, dependiente del Poder Ejecutivo Federal, representada por el titular del ramo. D) El Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas, la distribución y calendarización para la ministración de los recursos correspondientes al Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, de fecha 19 de enero de 1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de enero de 1999, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dependiente del Poder Ejecutivo Federal representada por su titular. Asimismo, se demanda de esta autoridad la distribución y calendarización de las ministraciones de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, a que se refiere el punto segundo del acuerdo antes citado, en donde sin fundamento se excluye materialmente al Distrito Federal como beneficiario de dicho fondo. E) El propio Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas, la distribución y calendarización para la ministración de los recursos correspondientes al Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, de fecha 19 de enero de 1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de enero de 1999, que en términos del artículo 105 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el subsecretario de Egresos dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Poder Ejecutivo Federal, rúbrica con su firma en ausencia del C. Secretario de los demás subsecretarios del ramo. También se demanda de esta autoridad la distribución y calendarización de las ministraciones de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, a que se refiere el punto segundo del acuerdo antes mencionado, en donde sin fundamento se excluye materialmente al Distrito Federal como beneficiario de dicho fondo. F) La publicación del decreto y acuerdo antes mencionados, a cargo del director del Diario Oficial de la Federación, representado por su titular. G) Los demás actos que se deriven o que sean consecuencia de los anteriormente señalados. V. Preceptos constitucionales que se estiman violados: Los artículos 14 y 16, en relación con los diversos 25, 26, 43 y 122, apartado H, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. VI. Los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de la norma general y actos cuya invalidez se demanda, son los siguientes: 1. Por decreto de fecha 15 de diciembre de 1997, el honorable Congreso de los Estados Unidos Mexicanos tuvo a bien decretar las adiciones y reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, donde destaca la adición de un capítulo V a la Ley de Coordinación Fiscal, denominado ‘De los fondos de aportaciones federales’, que comprende los artículos 25 a 42, mismo que fue promulgado por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de diciembre de 1997. Ahora bien, del contenido del artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente en 1998, se advierte la existencia del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal, mismo que constituye el antecedente inmediato de la participación del Distrito Federal en los fondos de aportaciones federales y concretamente en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal, conforme al cual se dio participación al Distrito Federal durante el ejercicio fiscal de 1998. 2. A través del Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas, la distribución y calendarización para la ministración de los recursos correspondientes al Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 1998, se advierte que el Distrito Federal fue considerado dentro del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal. 3. El 2 de febrero de 1998, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se aprueba el Programa para Superar la Pobreza 1995-2000. 4. En fecha 30 de diciembre de 1998, el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decretó las reformas a los artículos 25, primer párrafo y fracción IV, 32, 33, 35, último párrafo, 36, 37, 38 y 42, y las adiciones a los artículos 25, con las fracciones VI y VII, 43, 44, 45 y 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, mismo que fue promulgado por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 1998, sin embargo, es el caso que en la fracción IV del artículo 25, y demás relativos del ordenamiento antes citado, se suprime la participación del Distrito Federal de los recursos económicos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. 5. Mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al día 31 de diciembre de 1998, se dio a conocer el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1999. 6. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó mediante acuerdo, dar a conocer a los gobiernos de las entidades federativas, la distribución y calendarización para la ministración de los recursos correspondientes al Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 1999, en donde destaca el hecho de la exclusión del Distrito Federal de la participación de los recursos económicos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, no obstante que los criterios de asignación de recursos de este fondo son de orden poblacional, es decir, la Federación excluye a más de 8’489,007 habitantes de este beneficio. 7. En efecto, con fecha 19 de enero de 1999, el subsecretario de Egresos, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Poder Ejecutivo Federal, representado por su titular, en términos del artículo 105 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, rubricó con su firma en ausencia del C. Secretario y de los demás subsecretarios del ramo, el Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas, la distribución y calendarización para la ministración de los recursos correspondientes al Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, a que se refiere el Capítulo V, de la Ley de Coordinación Fiscal, este documento apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de enero de 1999, y constituye el primer acto de aplicación de los artículos 25, fracción IV, 36, 37 y 38 de la Ley de Coordinación Fiscal, cuya invalidez se demanda. VII. Conceptos de invalidez. Primero. Los actos que por esta vía se reclaman infringen lo dispuesto por los artículos 25, 26 y 122, apartado C, base segunda, fracción II, inciso a), todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual origina una indebida observancia del artículo 67 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en virtud de que la exclusión que recae sobre el Distrito Federal, impide que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, ejerza las facultades que constitucionalmente tiene conferidas. En efecto, de conformidad con los artículos 25 y 26 constitucionales, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional y la organización de un sistema de planeación democrático del desarrollo nacional, conforme a los cuales se emitieron el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, y el Programa para Superar la Pobreza 1995-2000, mismos que parten de los principios de equidad y proporcionalidad, a fin de hacer frente a los rezagos sociales, la desigualdad social, y la pobreza. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 122, apartado C, base segunda, fracción II, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 67, fracción III, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, se advierte que el jefe de Gobierno del Distrito Federal tiene la obligación de cumplir y ejecutar las leyes relativas al Distrito Federal que expida el Congreso de la Unión, en la esfera de competencia del órgano ejecutivo a su cargo; sin embargo, es el caso que con las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de diciembre de 1998, y el Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas, la distribución y calendarización para la ministración de los recursos correspondientes al Ramo 33, Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios, a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 1999, se impide que el titular del Poder Ejecutivo Local del Distrito Federal, cumpla con lo dispuesto por los referidos artículos 25, 26 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Gobierno del Distrito Federal está obligado a satisfacer los requerimientos del Distrito Federal, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y a la atención de las necesidades vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes, problema este último que requiere ser abatido de inmediato por el Gobierno del Distrito Federal, dados los altos índices de criminalidad que imperan en la Ciudad de México, situación que constituye un hecho notorio tanto de la opinión pública como de las partes que intervienen en la presente controversia constitucional. Así las cosas, es evidente que con el proceder de las autoridades demandadas, se obstaculiza al titular del Poder Ejecutivo del Distrito Federal, el ejercicio de las atribuciones que constitucionalmente le fueron atribuidas, pues el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sobre la iniciativa de decreto que reforma la Ley de Coordinación Fiscal, publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura, el día 30 de diciembre de 1998, consideró excluir al Distrito Federal del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal, en base a las siguientes argumentaciones: ‘I. El artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Distrito Federal es la sede de los Poderes de la Unión y capital de nuestro país, circunstancia a partir de la cual, aunada a otras múltiples condiciones, ha obedecido el que cuente con un régimen de apoyo subsidiario en todos los ámbitos, mismos que continúan vigentes y que a lo largo del tiempo ha provocado la concentración de la vida económica, política y social del país, sin que en cambio erogue recursos para la atención de los servicios de educación básica y normal. Así por ejemplo, en 1998 recibió 10,294.9 millones de pesos a través del Ramo 25, Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica y Normal y para 1999 se prevé en el presupuesto de egresos 11,981.5 millones de pesos. Esta comisión dictaminadora, en razón de lo expuesto y atendiendo a principios de equidad distributiva, propone modificar la Ley de Coordinación Fiscal para que el actual Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal, sea distribuido únicamente en beneficio de los Municipios, motivo por el cual sugiere las siguientes reformas, tanto a la nomenclatura como al contenido sustantivo del citado fondo.’. De lo antes transcrito, claramente se advierte que la Comisión de Hacienda y Crédito Público, al momento de emitir el dictamen correspondiente a la iniciativa de decreto que reforma la Ley de Coordinación Fiscal, para 1999 dejó de tomar en consideración el objeto de la Ley de Coordinación Fiscal, consistente en coordinar el sistema fiscal de la Federación con los Estados, Municipios y el Distrito Federal, estableciendo la participación y distribución que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales, y de esa forma seguir avanzando en la consolidación de un nuevo federalismo, mediante el robustecimiento de los ingresos que perciban las haciendas de los Gobiernos Locales, a través de recursos federales adicionales y distintos de los correspondientes a la recaudación federal participable, de forma tal que estén en aptitud de dar continuidad al desarrollo de las funciones, responsabilidades y toma de decisiones. En consecuencia, el decreto de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1998, y el Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas, la distribución y calendarización para la ministración de los recursos correspondientes al Ramo 33, Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios, a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 1999, representan un obstáculo en el ejercicio de las atribuciones conferidas al jefe de Gobierno del Distrito Federal, con base en lo dispuesto por los artículos 25, 26 y 122, apartado C, base segunda, fracción II, inciso a), todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 67 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, ya que la pretendida justificación de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para excluir al Distrito Federal de la participación de los recursos económicos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal, resulta contraria al espíritu del nuevo federalismo, a los objetivos que persigue la Ley de Coordinación Fiscal y a los principios distributivos y de equidad consagrados en los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se hace notar que la concentración de la vida económica, política y social del país, en la capital de la República, de ninguna manera justifica la exclusión a que se ha venido haciendo referencia, sino al contrario, demuestra la existencia de una gran concentración de población, la cual no necesariamente tiene satisfechas sus necesidades por el simple y solo hecho de residir en la circunscripción territorial del Distrito Federal, pues en la Ciudad de México también existen grupos sociales que viven en condiciones de pobreza extrema, mismos que requieren satisfacer sus necesidades. Asimismo, no debe pasar desapercibido que los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, deben destinarse a la satisfacción de los requerimientos de las entidades federativas y Municipios, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y a la atención de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes, rubros que de ninguna manera puede considerarse que están satisfechos por la simple consideración de que en la capital de nuestro país históricamente se ha concentrado la vida económica, política y social del país. De igual forma, no puede soslayarse que si bien el Distrito Federal pudo haber recibido 10,294.9 millones de pesos a través del Ramo 25, Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica y Normal, y para 1999, se haya previsto en el presupuesto de egresos 11,981.5 millones de pesos; lo cierto es que tales ingresos corresponden al Ramo 25 y no al Ramo 33, que es el que corresponde a las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. Además, contrariamente al principio de equidad distributiva que según la citada comisión dictaminadora justifica la exclusión del Distrito Federal del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, en virtud de recibir recursos del Ramo 25, dicha medida excluyente en realidad resultó inequitativa, pues todos los Estados participan de las previsiones de dicho Ramo 25, y no por ese motivo se suprime su incorporación al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, como aconteció injustificadamente con el Distrito Federal. También estimamos conveniente puntualizar que los ingresos correspondientes al Ramo 25 tienen la finalidad de satisfacer las necesidades correspondientes a la educación básica y normal, recursos que en un momento dado coinciden con los fines que persigue el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, del cual sí es partícipe el Distrito Federal, pero que nada tiene que ver con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, antes Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal, y más aún si tomamos en consideración que el criterio para asignar los recursos de este fondo es el poblacional, y no la existencia de Municipios, tan es así, que el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal dispone que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, distribuirá el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada Estado, de acuerdo con la información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Cabe destacar que de conformidad con el artículo cuarto transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Coordinación Fiscal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1997, las aportaciones que realice la Federación con cargo a los servicios de educación básica, no se tomarán en cuenta para la determinación del monto de recursos que afecten al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal; por lo tanto, no puede colegirse que si el Distrito Federal recibió en 1998, 10,294.9 millones de pesos a través del Ramo 25 y en 1999 recibirá $10,767'524,600.00 por concepto de aportaciones para los servicios de educación básica en el Distrito Federal, debe excluírsele del otrora Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal. Finalmente, podemos concluir que la comisión dictaminadora de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de ninguna manera atendió al principio de equidad contributiva, al excluir al Distrito Federal del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, habida cuenta de que su pretendida fundamentación y motivación equivoca el origen y destino de los recursos provenientes del referido fondo, con los recursos correspondientes a los servicios de educación básica y normal, máxime que los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, se destinarán exclusivamente a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y a la atención de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública. Al respecto, en el Distrito Federal se declara el 57.7% de los ingresos tributarios que recibe la Federación (IVA, ISR, IA, IEPS e impuestos al comercio exterior); recibe sólo el 12.6% de los recursos que la Federación distribuye a las entidades en el marco de la coordinación fiscal y contribuye con el 24.1% del producto interno bruto nacional. Los indicadores económicos señalan que el Distrito Federal aporta el 24.0% de la actividad industrial nacional, el 26.6% de los servicios, el 25.8% de las manufacturas, el 27.7% del sector construcción y el 27.8% de los servicios financieros (indicadores básicos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal 1998). Segundo. El Decreto por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1998, y el Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas, la distribución y calendarización para la ministración de los recursos correspondientes al Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 1999, infringen lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que se priva al Distrito Federal de la participación del Fondo de las Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, no obstante que la misma Federación reconoció y otorgó durante el ejercicio fiscal de 1998, que el Distrito Federal sí tenía participación de dichos fondos, vulnerándose en consecuencia las formalidades del procedimiento de asignación de los recursos provenientes de los fondos en cuestión, al carecer los actos reclamados de la debida fundamentación y motivación. En efecto, el decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley de Coordinación Fiscal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1998, y el Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas, la distribución y calendarización para la ministración de los recursos correspondientes al Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, infringen lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que con la promulgación del decreto por el que se adiciona un capítulo V a la Ley de Coordinación Fiscal, denominado ‘De los fondos de aportaciones federales’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1997, fue que se dio participación al Distrito Federal de los recursos económicos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal; en consecuencia, al decretarse la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal que suprime la participación del Distrito Federal de los recursos económicos del fondo antes citado, se está en presencia de un acto carente de fundamentación y motivación que viola las formalidades del procedimiento, pues sin que exista justificación alguna se priva a más de 8’489,007 habitantes del Distrito Federal, según datos del conteo de población y vivienda 1995, de los apoyos provenientes de los recursos económicos ministrados a través del multicitado fondo. Lo anterior debido a que las aportaciones que se reciban con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, se destinarán exclusivamente a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y a la atención de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes. Por lo que el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, no debe limitarse a ministrar recursos económicos a los Estados y Municipios, pues en el Distrito Federal también existen múltiples necesidades, las cuales requieren ser satisfechas; en consecuencia, no pueden alcanzarse tales objetivos con recursos propios del Distrito Federal, atento a que sus ingresos no son suficientes para cubrir esos fines, y sí en cambio el omitir la participación del Distrito Federal en la ministración de los mismos implica un trato inequitativo entre los Estados y el Distrito Federal, ya que no existe justificación alguna para considerar lo contrario. En este sentido no hay que perder de vista que la política social que impulsa la Federación debe tener el objetivo de propiciar igualdad de oportunidades, crear las condiciones que aseguren a la población el disfrute de los derechos individuales y sociales consagrados en la Constitución, elevar los niveles de bienestar y la calidad de vida de los mexicanos y de manera prioritaria disminuir la pobreza, y la exclusión social; por lo tanto, se hace necesario establecer estrategias que tiendan a la atención de los grupos y las regiones más vulnerables en todo el país, con el propósito de combatir la pobreza extrema, todo ello inscrito en un marco jurídico y federalista. Bajo este contexto tenemos que las acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de la población y avanzar a un desarrollo económico social que propicie y extienda las oportunidades de superación individual y comunitaria se rigen por el principio de equidad, por ello no es dable perseguir logros individuales o localizados, pues si las características propias de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7053-60b65cc3/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-si-respecto-del-futuro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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