CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE LA FEDERACIÓN. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS ENTIDADES POLÍTICAS QUE CONFORMAN EL ESTADO FEDERAL PUEDEN PROMOVER LA DEMANDA RESPECTIVA A TRAVÉS DE CUALQUIERA DE LOS ÓRGANOS QUE CONSTITUCIONALMENTE ESTÁN PREVISTOS PARA ACTUAR EN SU NOMBRE, SALVO DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRARIO.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 7/99. PODER EJECUTIVO FEDERAL.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIOS: MARA GÓMEZ PÉREZ Y RAFAEL COELLO CETINA.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día cuatro de octubre del año dos mil dos.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante escrito presentado el doce de abril de mil novecientos noventa y nueve, en el domicilio particular de la persona autorizada por el secretario general de Acuerdos de este Alto Tribunal para recibir promociones de término fuera del horario de labores, recibido el trece de abril del mismo mes y año en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ángel Gurría Treviño, ostentándose como secretario de Hacienda y Crédito Público, presentó demanda de controversia constitucional, demandando la invalidez de las normas y actos que a continuación se señalan, emitidos por el poder y órganos que se mencionan en el párrafo siguiente:
"II. Poderes y órganos demandados y su domicilio: 1. H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Chihuahua. 2. C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chihuahua. 3. C. Procurador general de Justicia del Estado Libre y Soberano de Chihuahua. 4. C. Secretario general de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua. 5. C. Director general de Finanzas y Administración del Ejecutivo Local. 6. C. Director del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua. Todas las autoridades anteriores tienen domicilio ampliamente conocido en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. ... IV. Norma general o acto cuya invalidez se demanda y medio oficial en que se hubiere publicado. Del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua reclamo la expedición del Decreto Número 105/98 I P.O., por el que se adicionan los artículos 124-A, 124-B, 124-C y 124-D a la Ley sobre el Sistema Estatal de Seguridad Pública, de 21 de diciembre de 1998, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el 30 de diciembre del mismo año. Del Poder Ejecutivo del Estado demando la promulgación y publicación del decreto antes señalado, así como la expedición y promulgación del Acuerdo Número 2, mediante el cual el gobernador del Estado de Chihuahua expide el Reglamento de los artículos 124-A, 124-B, 124-C y 124-D de la Ley sobre el Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, publicado en el folleto anexo al Periódico Oficial del Estado el 9 de enero del año en curso. Del procurador general de Justicia del Estado de Chihuahua reclamo la elaboración y actualización del Padrón de Propietarios y Poseedores de Vehículos Extranjeros cuya estancia en esa entidad, no esté legalmente acreditada. De la Dirección General de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo demandado, impugno la recepción, por conducto de la Oficina de Recaudación de Rentas, de los derechos por 'identificación de vehículos no empadronados, con fines de seguridad pública', así como la expedición del certificado de ingresos correspondiente, que ampara el pago del mismo. Del secretario de Gobierno, del procurador general de Justicia y del director de la Policía del Estado, todos del Estado de Chihuahua, demando la invalidez de los actos consistentes en el allanamiento del recinto fiscal de Ciudad Juárez (sic), Chihuahua, así como la sustracción de diversos vehículos previamente asegurados por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público."
SEGUNDO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman violados por la parte actora son el 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero; 73, fracción XXIX, apartado 1o.; 89, fracción I; 117, fracción V; 120, 124 y 131.
TERCERO. En la demanda se señalaron en síntesis, como antecedentes del caso, los siguientes:
1. Que el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y nueve, la Administración Local de Recaudación en Chihuahua, Chihuahua, dependiente del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda, llevó a cabo la verificación física de diversos vehículos de procedencia extranjera, así como de la documentación de quienes los ocupaban, a fin de acreditar su estancia en el país y como resultado fueron embargados diversos vehículos de procedencia extranjera, cuyos propietarios o poseedores no acreditaron su legal estancia en el país, importación o tenencia, siendo trasladados los vehículos embargados a los patios de la Administración Local de Recaudación de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua.
2. Que acudió al citado recinto un grupo de más de cien personas, entre éstas el secretario de Gobierno, el subprocurador de la Zona Centro de la Procuraduría General de Justicia, el director operativo de la Policía Judicial y algunos elementos de dicha corporación, todos del Estado de Chihuahua, así como diversos diputados de las distintas fracciones parlamentarias que integran el Congreso Local, quienes se introdujeron violentamente, sustrayendo un total de siete vehículos, argumentando que tenían instrucciones del gobernador constitucional de la citada entidad.
3. Que el veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y nueve, se presentaron en las instalaciones de la Aduana Interior de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, alrededor de veinte personas, entre las que se encontraban diversos diputados del Congreso Local y el asesor del Gobierno del Estado, quienes irrumpieron violentamente, sustrayendo cinco vehículos embargados por las autoridades fiscales federales.
4. Que con motivo de lo anterior, se presentó la denuncia de hechos correspondiente ante el agente del Ministerio Público de la Federación, y como consecuencia de todo lo mencionado, las autoridades fiscales federales tuvieron conocimiento de la existencia de diversas normas de carácter general, consistentes en los artículos 124-A, 124-B, 124-C y 124-D que se adicionaron a la Ley sobre el Sistema Estatal de Seguridad Pública, mediante el Decreto Número 105/98 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, así como de su reglamento.
5. Que por tanto, el veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y nueve, mediante oficio, se comunicó al presidente de la República la expedición de los preceptos y reglamento indicados, en los que las autoridades del Estado de Chihuahua establecieron un Padrón de Propietarios y Poseedores de Vehículos Extranjeros, otorgando un plazo a los propietarios o poseedores de vehículos que no acrediten su legal estancia en la entidad federativa, a fin de que los registren en dicho padrón, expidiéndoseles al efecto, lo que se denomina una cédula de identificación, misma que consiste en dos engomados que se dice deben colocarse en un lugar visible del vehículo de que se trate.
6. Que la expedición de dichos engomados constituye el primer acto de aplicación de las normas generales que se combaten, en razón de que a través de su expedición y de su aplicación, se actualiza una invasión a la esfera de competencia de la Federación, específicamente del Poder Ejecutivo Federal, por parte del Estado Libre y Soberano de Chihuahua.
CUARTO. No se transcriben los conceptos de invalidez por ser innecesarios para ilustrar el sentido de este fallo.
QUINTO. Por acuerdo del catorce de abril de mil novecientos noventa y nueve, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional, la cual, por turno, correspondió conocer como instructor al señor Ministro Juventino V. Castro y Castro.
Mediante proveído del veintiuno de abril de mil novecientos noventa y nueve, el Ministro instructor tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar a las autoridades demandadas para la formulación de su respectiva contestación y dar vista al procurador general de la República.
SEXTO. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Manuel Chávez Rodríguez, Pedro Alvarado Silva, Carlos Ulises Domínguez Arana y Raúl Chávez Espinoza, ostentándose como presidente, secretarios primero y segundo, y oficial mayor del Congreso del Estado de Chihuahua, en representación del citado órgano legislativo, contestaron la demanda manifestando, en síntesis, lo siguiente:
a) En el artículo 105 constitucional no se prevé la hipótesis de que el presidente de la República, en términos del artículo 80 de la Constitución, esté facultado para plantear una controversia constitucional en contra de uno de los poderes que integran un Estado como entidad federativa, como lo es el Congreso del Estado de Chihuahua, ya que los actos emanados del mismo tienen el carácter de legislativos, por lo que el titular del Poder Ejecutivo Federal carece de facultades y legitimación para impugnar actos de carácter legislativo; que si bien representa a la Federación en algunos casos, tratándose de las controversias constitucionales no se crearon para que un poder reclamara la conducta de otro con diferente función y por ello el citado carece de legitimación ya que el acto cuya invalidez demanda es de carácter legislativo.
b) La Federación se integra no sólo con los Poderes Federales sino también con las entidades federativas y el Municipio, siendo su representante legítimo el Ministerio Público Federal; que al demandarse la invalidez de actos de carácter legislativo como es la expedición de una ley y un reglamento, el Ejecutivo Federal no es representante de la Federación.
Además, en el caso debe atenderse a lo dispuesto en los artículos 39 y 43, en relación con el 49, 50, 80 y 94, todos de la Constitución General de la República, pues de una debida interpretación respecto de la procedencia de las controversias constitucionales, se desprende que éstas deben plantearse por órganos de la misma naturaleza cuando se invada la esfera de competencia de otro poder.
De los argumentos planteados por la parte actora en la demanda se infiere que no corresponde a ésta la acción porque no es un conflicto entre la Federación y el Estado de Chihuahua; que para la procedencia era necesario que el Congreso de la Unión le otorgara su representación.
Incluso, atendiendo lo dispuesto por el artículo 105, párrafo segundo, inciso c), constitucional, a quien correspondía la acción respectiva era al procurador general de la República, en términos del artículo 102 de la misma Norma Fundamental, que se refiere a la violación de la esfera de competencia de otro poder, violentando el Pacto Federal, citándose en el caso, en relación con lo anterior, las tesis cuyos rubros dicen: "FEDERACIÓN COMO PARTE, COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES EN CASO DE.", "FEDERACIÓN. CONTROVERSIAS EN QUE ES PARTE.", "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN PROCESAL. EL CONSEJERO JURÍDICO DEL EJECUTIVO FEDERAL LA TIENE, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, PARA PROMOVER EN NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA." y "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA FALTA DE LEGITIMACIÓN DE LA PARTE ACTORA CONSTITUYE CAUSA DE IMPROCEDENCIA."; por lo que en el caso se actualiza una causa de improcedencia de la controversia constitucional.
c) Además, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, toda vez que el decreto cuya invalidez se demanda, por el que se adicionan los artículos del 124-A al 124-D de la Ley sobre el Sistema Estatal de Seguridad Pública, su promulgación y la expedición del reglamento de las disposiciones adicionadas, tuvo como finalidad elaborar un Padrón de Propietarios y Poseedores de Vehículos Extranjeros, y es el caso que el plazo otorgado para que dichos propietarios o poseedores se empadronaran a la fecha de la resolución de la presente demanda habrá transcurrido con exceso, dejando de tener vigencia los efectos de la norma general materia de la controversia, originándose el sobreseimiento previsto en el artículo 20, párrafo segundo, de la ley reglamentaria de la materia.
d) También se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, habida cuenta que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 12 de la Ley de Coordinación Fiscal, existe un procedimiento de carácter administrativo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está facultada para iniciar, y es el caso que el catorce de abril de mil novecientos noventa y nueve dicha demandada fue notificada del procedimiento previsto en tales numerales con motivo del convenio de colaboración celebrado con la actora, en el que se invocan violaciones idénticas a las señaladas en la presente controversia constitucional, el cual aún no ha concluido, por lo que es claro que no se ha agotado la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, actualizándose la causa de improcedencia referida.
e) Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, de la multicitada ley reglamentaria de la materia, al ser extemporánea la presentación de la demanda de que se trata, pues para computar el plazo respectivo no debe tomarse como punto de partida el acto de carácter administrativo a que alude la actora como es la fecha en que, dice el secretario de Hacienda, avisó al titular del Poder Ejecutivo, pues tratándose de leyes o reglamentos basta su sola publicación para que obligue a las partes que tienen el carácter de recipendario, por lo que no es atendible su argumento de oportunidad.
f) Por lo que hace a los actos imputados al secretario general de Gobierno, al procurador general de Justicia y al director de la Policía Judicial, todos del Estado de Chihuahua, consistentes en un supuesto allanamiento de un recinto fiscal, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con los párrafos segundo y tercero del artículo 105 constitucional.
g) Es inexacto que el Congreso demandado al expedir el decreto impugnado haya impuesto una contribución que tuviere como objeto gravar bienes del comercio exterior, pues con los artículos adicionados a la Ley sobre el Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, sólo se estableció la conformación de un Padrón de Propietarios y Poseedores de Vehículos Extranjeros, los sujetos obligados a inscribirse, los datos de registro que debía contener, el otorgamiento de una cédula de identificación para los vehículos, las obligaciones derivadas de la transmisión de la propiedad, actualización y vigencia, sanciones aplicables por su incumplimiento y las autoridades responsables de la elaboración, actualización y vigilancia de dicho padrón.
Incluso, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que no hay invasión de esferas cuando las legislaturas no gravan materias exclusivas de la Federación, según se puede apreciar de la jurisprudencia y tesis aislada de rubros: "INVASIÓN DE ESFERAS. EL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS PREVISTO EN UNA LEY LOCAL, EN RELACIÓN CON UNA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, NO INVADE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN." e "IMPUESTO SOBRE NÓMINAS. DECRETOS NÚMEROS 429-79-3-16 P.E. Y 430-79-4-16 P.E. DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. NO INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN.".
h) El decreto impugnado emitido por el Congreso Estatal no establece ningún impuesto, ni aun de carácter alcabalatorio, ni transgrede lo dispuesto por los artículos 117, 118 y 131 de la Constitución General de la República, pues no grava mercancías o efectos que no se van a consumir en el Estado y sólo van de paso; no pone obstáculos o grava la entrada de mercancías o productos que vayan a quedarse en el mismo, ni la salida de mercancías provenientes de éste; no grava la circulación o el consumo de efectos nacionales o extranjeros mediante aduanas locales, ni establece un tratamiento distinto a las mercancías en atención a su procedencia, es decir, no ejerce ningún control sobre la entrada de mercancías extranjeras al Estado de Chihuahua o la salida de su territorio. Para apoyar lo anterior se citan las tesis de rubros: "AUTOMÓVILES, TENENCIA Y USO DE, IMPUESTO SOBRE, ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. NO GRAVA EL TRÁNSITO DE PERSONAS NI DE COSAS, PROHIBIDO EN EL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NI INVADE LA ESFERA DE AUTORIDADES FEDERALES." y "TABACOS LABRADOS, IMPUESTO SOBRE, EN EL ESTADO DE SINALOA, CARÁCTER ALCABALATORIO DEL.".
En el texto del decreto impugnado no existe ninguna disposición, ni aun transitoria, que imponga la obligación de pagar algún tributo o contribución alguna que tienda a gravar las mercancías que se importen o exporten, o bien que pasen de tránsito por el territorio nacional, ni aun reglamenta la circulación de efectos, cualquiera que sea su procedencia.
Además, de conformidad con el párrafo último del artículo 21 constitucional, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los Estados y Municipios, y tiene como finalidad un aspecto de seguridad distinto al de reserva constitucional contenido en el 124 de la misma Norma Fundamental, por lo que la entidad federativa de Chihuahua conserva la facultad de reglamentar la seguridad pública en lo que se refiere a los vehículos de cualquier tipo, nacionales o extranjeros, que circulen en su territorio, por lo que al expedirse el decreto impugnado no se contravinieron las estipulaciones del Pacto Federal, sino exclusivamente se ejerció la soberanía estatal.
i) El titular del Ejecutivo del Estado al mandar promulgar y publicar el decreto multirreferido sólo dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 93, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, sin violentar el diverso 120 de la Carta Magna pues, como ya se precisó en el inciso anterior, el decreto mencionado no es contrario a lo dispuesto en la Ley Suprema, máxime que se dispuso que la obligación de empadronamiento no implicaba regularización ni autorizaba la legal estancia de los vehículos, ni eximía a sus propietarios o poseedores de las obligaciones que al respecto les imponen las leyes relativas, por lo que con dicha promulgación y publicación no se invadió la atribución conferida por el artículo 89, fracción I, constitucional, al titular del Poder Ejecutivo Federal.
Además, tampoco se invadieron facultades del citado titular, al expedir el gobernador del Estado de Chihuahua el reglamento impugnado, pues este último lo llevó a cabo en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 93, fracción II, de la Constitución Política de la entidad y en cumplimiento a un decreto emitido por el órgano legislativo estatal, el cual no regula materias reservadas en forma exclusiva a la Federación, como quedó asentado anteriormente, al ser su finalidad establecer la seguridad pública en el Estado.
El hecho de que el artículo 7o. del reglamento impugnado establezca que para lograr el registro y permanencia en el padrón todo propietario deberá pagar los derechos correspondientes, no implica el establecimiento de una contribución o de un gravamen sobre alguna de las materias reservadas a la Federación, pues en principio el establecimiento de contribuciones no corresponde al titular del Ejecutivo Local sino al Congreso del Estado y tales derechos se encuentran como objeto gravable al servicio público prestado, consistente en la identificación de vehículos no empadronados con fines de seguridad pública.
j) Es incorrecto que se haya legislado sobre una materia reservada a la Federación al emitir el decreto impugnado, pues lo que hizo fue legislar sobre seguridad pública, materia respecto a la cual se encuentra facultada en términos del penúltimo párrafo del artículo 21 de la LeyFundamental, aunado a que el padrón a que se refiere el decreto no persigue la finalidad de regular la introducción al territorio nacional de mercancías de procedencia extranjera, ni alguna otra cuestión relacionada con el comercio exterior, sino exclusivamente dar seguridad a sus habitantes con la identificación del parque vehicular que circula en la entidad.
La imposición de sanciones que prevé el artículo 124-C adicionado en el decreto impugnado, no tiende a reprender la ilegal estancia de vehículos extranjeros en el territorio nacional, sino el incumplimiento a las obligaciones consistentes en inscribirse en el respectivo padrón y la notificación de la transmisión de propiedad de los automóviles, por lo que no se trata de sanciones en materia aduanal.
k) Es inexacto que el Ejecutivo Estatal al emitir el reglamento impugnado invada la esfera de atribuciones de la Federación, pues el citado no se refiere ni impone contribución alguna al comercio exterior. Siendo falso que se grave indirectamente la entrada al territorio de la entidad de los vehículos de procedencia extranjera contraviniendo la libertad de comercio, pues de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 31 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, los pagos a que se alude, se trata de derechos por la prestación de un servicio.
Incluso, la hipótesis a que se refieren los artículos 15 y 22 del reglamento impugnado, relativa a impedir la circulación de los mencionados vehículos, no obedece a la circunstancia de su internación ilegal sino al incumplimiento del decreto antes mencionado, expedido con fines de seguridad pública.
El multirreferido reglamento no otorga facultades para vigilar y fiscalizar la estancia legal de los vehículos de procedencia extranjera al procurador general de Justicia del Estado, sino exclusivamente para vigilar las disposiciones relacionadas con el padrón de que se trata y su reglamento, sin relacionarse de modo alguno con la materia aduanal.
l) De ninguna forma se violan los artículos 14 y 16 constitucionales como aduce la parte actora, aunado a que ésta no puede considerarse a sí misma como titular de garantías individuales, pues éstas corresponden en exclusiva a los gobernados.
La participación de autoridades en los actos denominados como de allanamiento no deben formar parte de la litis en la presente controversia pues, en su caso, deben dirimirse en un procedimiento de diferente naturaleza, lo cual se deduce de las probanzas ofrecidas consistentes en las diligencias de averiguación previa llevadas a cabo por el Ministerio Público Federal.
Por otra parte, cabe señalar que mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Patricio Martínez García, ostentándose como Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, en representación del Poder Ejecutivo de dicha entidad, formuló la contestación de la demanda, manifestando iguales argumentos a los expresados por el Congreso demandado al producir su contestación, los cuales han quedado sintetizados con anterioridad, agregando:
El Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua no ha otorgado placas ni tarjetas de circulación ni algún otro documento que permita la circulación de vehículos automotores de procedencia extranjera dentro de su territorio o fuera de él, no ha establecido contribuciones sobre el comercio exterior, ni ha emitido acto alguno que permita la entrada o legal estancia de mercancías de origen extranjero en el territorio nacional, motivo por el cual de ninguna manera se ha contravenido cualquier disposición legal vigente en la República; además, el espíritu de la reforma materia de impugnación fue establecer los medios necesarios para abatir el creciente índice de inseguridad pública que era observable en la entidad derivada, en parte, de la presencia en el territorio local de más de doscientos mil vehículos de procedencia extranjera carentes de elementos de identificación, por lo que se estimó necesario realizar un padrón administrativo de éstos, sus propietarios o poseedores.
SÉPTIMO. Por oficio número PGR 348/99, presentado el nueve de julio de mil novecientos noventa y nueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República manifestó lo siguiente:
I. Que en su opinión, este Alto Tribunal es competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional, por virtud de que se plantea un conflicto de carácter constitucional por supuestas violaciones a preceptos de la Ley Fundamental que se imputan al Congreso, gobernador, procurador general de Justicia y otras autoridades del Estado de Chihuahua, en perjuicio del Poder Ejecutivo Federal y quien promueve lo hace en nombre y representación del presidente de la República.
II. Que en su opinión, la demanda de controversia fue presentada en tiempo, en virtud de que de la interpretación conjunta de los numerales 19, fracción VII y 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, se desprende que para que la demanda de controversia constitucional sea oportuna, se requiere que sea presentada dentro de los treinta días, contados a partir del día siguiente al en que el actor haya tenido conocimiento del acto cuya invalidez se demanda o de su ejecución, toda vez que en este supuesto no se requiere que el acto sea notificado a la autoridad demandada, lo que en la especie ocurrió, pues parte de los actos reclamados fueron ejecutados el veinticuatro y veinticinco de febrero del año en curso, sin un aviso o notificación previa, lo que constituye en sí, actos de privación de derechos constitucionales en perjuicio de la autoridad federal, hoy actora, mientras que el resto fueron conocidos precisamente con la ejecución de aquéllos; con motivo de lo anterior, la autoridad federal tuvo conocimiento de que las previsiones contenidas en las normas ahora demandadas se habían actualizado y que se habían cobrado los derechos por identificación de vehículos no empadronados y que se había elaborado y actualizado el Padrón Local de Propietarios y Poseedores de Vehículos Extranjeros, actos que afectan la esfera competencial de las autoridades federales. De lo anterior resulta que la actora tuvo conocimiento de que los actos de aplicación de las normas demandadas le estaban ocasionando un perjuicio con motivo de diversas actuaciones de las autoridades locales, en consecuencia, el plazo empieza a correr el mismo día para la totalidad de los actos demandados, pues tuvo conocimiento de los mismos con motivo de la ejecución del resto de ellos los días veinticuatro y veinticinco de febrero, independientemente de la fecha en que hayan ocurrido los anteriores.
Que el plazo para demandar los actos debe computarse a partir del día veinticinco de febrero, mismo que feneció el doce de abril del presente año, y precisamente el escrito de demanda fue presentado ese día en el domicilio de la persona autorizada por el secretario general de Acuerdos de esa Suprema Corte, para recibir promociones de término, por lo que es de concluirse que los actos fueron demandados oportunamente.
El cómputo del plazo para la interposición de la demanda de controversia constitucional deberá empezar a correr, no a partir del veinticinco de febrero del año en curso, fecha en que el secretario de Hacienda y Crédito Público le comunicó al Ejecutivo Federal los hechos acontecidos, sino a partir del día anterior, es decir, el veinticuatro de febrero del año en curso, toda vez que es en esta fecha en que la autoridad federal, a saber, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomó conocimiento de la existencia del primer acto de aplicación y para efectos de la promoción de la controversia, es irrelevante la fecha en que se haya producido materialmente el acto referido, porque todos los actos demandados fueron del conocimiento de la promovente precisamente el mismo día, a saber, el veinticuatro de febrero antes anotado.
III. Que el argumento en el sentido de que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 19, fracción VII, de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105, y tomando en cuenta el contenido de las tesis jurisprudenciales de rubros: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. OPORTUNIDAD PARA PROMOVERLAS CUANDO SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES." y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CÓMPUTO PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA, CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS GENERALES CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN, SE INICIA AL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE TUVO CONOCIMIENTO EL ACTOR O SE HAGA SABEDOR DEL MISMO.", aplicándolas al caso en particular, la demanda de controversia constitucional respecto de las normas generales impugnadas es, en su opinión, presentada dentro del plazo establecido en el artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional y, como consecuencia, la causal de improcedencia hecha valer por las autoridades demandadas es infundada, porque atendiendo a lo sostenido en las tesis citadas, el primer acto de aplicación de los artículos 124-A a 124-D de la Ley sobre el Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, no es el reglamento expedido por el Ejecutivo Local, ya que para efectos de la promoción de la demanda, se requiere un acto de aplicación en perjuicio de la autoridad actora y que dicho acto se haga del conocimiento del actor o que éste se haga sabedor de él, según lo establecen las citadas tesis jurisprudenciales.
Que en la presente controversia constitucional existen dos tipos de actos de autoridades, a saber: a) Actos de naturaleza legislativa (la emisión de las normas generales) y, b) Actos de naturaleza ejecutiva (la ejecución material de los supuestos jurídicos establecidos en la norma general impugnada), y atendiendo a lo anterior, el primer acto de aplicación de la norma general impugnada no debe ser considerado el acto de naturaleza legislativa, sino el d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17287-d354500d/controversia-constitucional-el-titular-del-poder-ejecutivo-federal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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