Corpus
Modo: Corpus Pro

JUICIO POLÍTICO EN EL ESTADO DE MORELOS. ES IMPROCEDENTE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL CONGRESO DE LA ENTIDAD COMO JURADO DE DECLARACIÓN. JUICIO POLÍTICO EN EL ESTADO DE MORELOS. LA IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN DE DESTITUCIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO PROCEDE HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN POR EL JURADO DE SENTENCIA EN LA QUE DECLARE SU RESPONSABILIDAD. JUICIO POLÍTICO EN EL ESTADO DE MORELOS. LA SUSPENSIÓN DECRETADA EN LA RESOLUCIÓN CONDENATORIA DICTADA POR EL CONGRESO DE LA ENTIDAD COMO JURADO DE DECLARACIÓN PUEDE SER ANALIZADA EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 106/2004. · Registro digital (IUS): 19356
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, , Pág. 1366.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 106/2004. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIAS: MARÍA ESTELA FERRER MAC-GREGOR POISOT Y LOURDES FERRER MAC-GREGOR POISOT.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día cuatro de octubre de dos mil cinco.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el siete de diciembre de dos mil cuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y a nombre del Poder Ejecutivo de ese Estado, promovió controversia constitucional en la que señaló como órganos demandados y actos impugnados, los siguientes:

"III. Actos cuya invalidez se demanda: 1. Del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como de las restantes autoridades pertenecientes al mismo y que ya fueron precisadas, los siguientes: a) La resolución definitiva y condenatoria contenida en el acta de jurado de declaración celebrada el día 24 de octubre de 2004 por el Pleno del Congreso del Estado erigido en jurado de declaración, que me fue notificada el día 3 de noviembre de 2004, que formaliza y publicita la diversa tomada el 13 de octubre de 2004 en sesión secreta que fue impugnada en la demanda inicial y por la cual se resuelve: ... (se transcribe). b) Como consecuencia de lo anterior, la determinación contenida en la citada resolución por medio de la cual se concluye que el suscrito es responsable de causar graves perjuicios a las instituciones y se me suspende como gobernador del Estado de Morelos y se me pone a disposición del Tribunal Superior de Justicia del mismo Estado. c) Con base en la resolución definitiva ya precisada, todo el procedimiento de juicio político realizado por el Congreso del Estado de Morelos por conducto de los órganos ya precisados. 2. Del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y sus integrantes, incluido su presidente: a) La inminente resolución definitiva y condenatoria que formalizará la previa tomada en forma secreta el día 13 de octubre de 2004 y que se impugnó en la demanda inicial, que emitirá el Pleno del Tribunal Superior de Justicia erigido en jurado de sentencia por la cual se formalizará y se publicitará la destitución e inhabilitación del suscrito, Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez, como gobernador del Estado de Morelos. b) Con base en la resolución definitiva ya precisada, todo el procedimiento de juicio político realizado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos por conducto de sus integrantes en los términos ya precisados."

SEGUNDO. En la demanda se narraron los antecedentes del caso; se señalaron como preceptos violados los artículos 14, 16, 40, 108, 114, 116 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se expusieron los conceptos de invalidez que se estimaron pertinentes.

TERCERO. Por acuerdo de ocho de diciembre de dos mil cuatro, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la demanda aludida con el número de expediente 106/2004, así como remitirlo al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, a quien le correspondió actuar como instructor.

CUARTO. El Ministro instructor, mediante proveído de diez de diciembre de dos mil cuatro, tuvo por presentado al promovente de la controversia constitucional, con la personalidad que ostenta; admitió la demanda; reconoció con el carácter de demandados al Poder Legislativo del Estado de Morelos, a la Junta de Coordinación Política, a las Comisiones Instructora del Procedimiento, de Gobernación y Gran Jurado del Congreso del Estado mencionado, al Tribunal Superior de Justicia de la entidad y al presidente de dicho tribunal, pero no a los Magistrados que lo integran; ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que formularan su contestación de demanda y correr traslado al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

QUINTO. Por resolución de veintitrés de febrero de dos mil cinco, pronunciada por el Tribunal Pleno de este Alto Tribunal en el recurso de reclamación 6/2005-PL, se modificó el auto dictado por el Ministro instructor el diez de diciembre de dos mil cuatro, para el efecto de no tener con el carácter de autoridades demandadas a la Junta de Coordinación Política y a las Comisiones Instructora del Procedimiento de Juicio Político y de Gobernación y Gran Jurado por tratarse de órganos subordinados al Congreso del Estado de Morelos.

SEXTO. Mediante oficio presentado el veintiocho de enero de dos mil cinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ricardo Rosas Pérez, como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por sí y en representación del tribunal mencionado, dio contestación a la demanda.

SÉPTIMO. El Poder Legislativo del Estado de Morelos, por conducto de Óscar Julián Vences Camacho, en su carácter de presidente de la mesa directiva, contestó la demanda mediante oficio recibido el cuatro de febrero de dos mil cinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

OCTAVO. Por oficio presentado el veintinueve de marzo dos mil cinco, el procurador general de la República formuló pedimento en la presente controversia constitucional.

NOVENO. Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y en representación del Poder Ejecutivo de esa entidad, mediante escrito presentado el treinta y uno de marzo de dos mil cinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, amplió la demanda de controversia constitucional en contra del acto siguiente:

"c) La omisión de enviar al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos la resolución definitiva y condenatoria contenida en el acta de la sesión de jurado de declaración celebrada el día 24 de octubre de 2004 por el Pleno del Congreso del Estado erigido en jurado de declaración, conforme lo ordenan los artículos 138, 139 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos."

DÉCIMO. Por auto de treinta y uno de marzo de dos mil cinco, el Ministro instructor admitió la ampliación de demanda en contra del Poder Legislativo del Estado de Morelos y del presidente de su mesa directiva respecto del acto referido en el resultando precedente y las emplazó para que formularan su contestación; asimismo, ordenó dar vista al procurador general de la República para que antes de la celebración de la audiencia de ley manifestara lo que a su representación correspondiera.

DÉCIMO PRIMERO. Óscar Julián Vences Camacho, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Morelos, por sí y en nombre del Poder Legislativo de la entidad, dio contestación a la ampliación de demanda mediante oficio recibido en este Alto Tribunal el veintiocho de abril de dos mil cinco.

DÉCIMO SEGUNDO. Por oficio presentado el treinta de mayo dos mil cinco, el procurador general de la República formuló su pedimento en relación con la ampliación de demanda formulada en la presente controversia constitucional.

DÉCIMO TERCERO. El día primero de junio de dos mil cinco, tuvo verificativo la audiencia de ofrecimiento de pruebas, desahogo y alegatos en la presente controversia constitucional y se puso el expediente en estado de resolución.

DÉCIMO CUARTO. El presente asunto se listó para las sesiones de los días quince, dieciséis y dieciocho de agosto de dos mil cinco, habiéndose determinado en la última fecha señalada, por mayoría de diez votos de los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Díaz Romero, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo, Ortiz Mayagoitia, Valls Hernández, Sánchez Cordero, Silva Meza y Azuela Güitrón en contra del voto del señor Ministro Aguirre Anguiano que la presente controversia constitucional es improcedente en contra de todos los puntos resolutivos de la resolución pronunciada por el Congreso del Estado de Morelos el veinticuatro de octubre de dos mil cuatro, en el procedimiento de juicio político seguido al gobernador de la entidad, Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez, con excepción del tercer punto resolutivo de dicha resolución, respecto del cual se determinó que la controversia constitucional es procedente, por mayoría de seis votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Luna Ramos, Ortiz Mayagoitia, Valls Hernández, Sánchez Cordero y Azuela Güitrón en contra de los votos emitidos por los señores Ministros Cossío Díaz, Díaz Romero, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo y Silva Meza.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o. de la ley reglamentaria de las fracciones I y II de dicho precepto; y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se plantea un conflicto entre los poderes de un mismo Estado, específicamente entre el Poder Ejecutivo y los Poderes Legislativo y Judicial del Estado de Morelos.

SEGUNDO. En primer término se procede a precisar los actos impugnados en la presente controversia y su naturaleza, así como determinar su certeza.

Para tal efecto, se considera pertinente hacer previamente una relación de los antecedentes del caso:

I. Por escrito presentado el veintisiete de mayo de dos mil cuatro, Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, a nombre del Poder Ejecutivo de ese Estado, promovió controversia constitucional contra los siguientes actos y autoridades:

1. Del Poder Legislativo del Estado de Morelos, los siguientes actos:

a) La aprobación del punto de acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Morelos de fecha 4 de mayo de 2004, mediante la cual determinó: i. Que quedaron acreditados los elementos de procedencia de la denuncia de juicio político en contra del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. ii. La iniciación del procedimiento de juicio político correspondiente. iii. El turno de la denuncia y pruebas presentadas, así como del dictamen correspondiente, a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, en su carácter de comisión instructora del procedimiento, a efecto de que formara el expediente respectivo y practicara las diligencias necesarias conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos.

b) La aprobación del dictamen emitido por la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

c) La continuación del procedimiento.

d) La inminente emisión de la resolución condenatoria y, por consiguiente, la suspensión en el ejercicio del cargo como titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así como la puesta a disposición ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

2. De la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Morelos, los siguientes actos:

a) La aprobación del dictamen emitido el 3 de mayo de 2004, por el que se inició el procedimiento de juicio político en contra del titular del Poder Ejecutivo del Estado y someter al Pleno del Congreso del Estado dicho dictamen.

b) La remisión de las constancias respectivas a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, en su carácter de comisión instructora del juicio político.

3. De la Comisión de Gobernación y Gran Jurado del H. Congreso del Estado de Morelos, la aprobación del acuerdo de inicio del procedimiento de juicio político.

4. De la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Morelos, los siguientes actos:

a) La inclusión en el orden del día correspondiente a la sesión de fecha 4 de mayo de 2004, del punto de acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política.

b) La remisión de las constancias respectivas a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, en su carácter de comisión instructora del juicio político.

5. De la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos del H. Congreso del Estado de Morelos, la inclusión dentro del orden del día de la sesión ordinaria del congreso de fecha 4 de mayo de 2004, del punto de acuerdo para someter a la consideración y, en su caso, aprobación del Pleno el dictamen de la Junta de Coordinación Política.

La anterior demanda dio lugar a la controversia constitucional 63/2004, que fue fallada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal el quince de octubre de dos mil cuatro, en el sentido de sobreseer en el juicio, con fundamento en los artículos 19, fracción VI y 20, fracción II, de la ley reglamentaria en la materia, dado que "... el procedimiento que pretende impugnar el poder actor no había adquirido definitividad a la fecha de presentación de la demanda. ..."

II. Mediante oficio presentado ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el trece de octubre de dos mil cuatro, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos promovió diversa controversia constitucional en contra de las siguientes autoridades y actos:

1. Del Congreso del Estado de Morelos, así como de las siguientes autoridades pertenecientes al mismo: Junta de Coordinación Política, Comisiones Instructora del Procedimiento, de Gobernación y Gran Jurado:

a) La resolución definitiva y condenatoria dictada por el Pleno del Congreso del Estado, erigido en jurado de declaración, en sesión secreta de trece de octubre de dos mil cuatro, por la que se resuelve la destitución e inhabilitación de Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez como gobernador del Estado de Morelos.

b) La determinación contenida en la citada resolución por medio de la cual se resuelve suspenderlo como gobernador del Estado de Morelos y ponerlo a disposición del Tribunal Superior de Justicia del mismo Estado.

c) Todo el procedimiento de juicio político realizado por el Congreso del Estado de Morelos.

2. Del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y su presidente:

a) La resolución definitiva y condenatoria dictada en sesión secreta de trece de octubre de dos mil cuatro por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia erigido en jurado de sentencia, por la que se resuelve la destitución e inhabilitación de Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez como gobernador del Estado de Morelos.

b) La determinación contenida en la citada resolución por la cual se ordena el arraigo de Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez como gobernador del Estado de Morelos.

c) Todo el procedimiento de juicio político realizado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.

La demanda referida dio lugar a la controversia constitucional 94/2004.

En dicho juicio de controversia, se amplió la demanda con motivo de la resolución dictada por el Pleno del Congreso del Estado de Morelos el veinticuatro de octubre de dos mil cuatro y, a su vez, se promovió la presente controversia constitucional a que se hace referencia en el punto siguiente.

III. Mediante oficio presentado ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el siete de diciembre de dos mil cuatro, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, promovió la controversia constitucional a que se refiere el presente asunto, en contra de las siguientes autoridades y actos:

1. Del Congreso del Estado de Morelos, así como de las siguientes autoridades pertenecientes al mismo: Junta de Coordinación Política, Comisiones Instructora del Procedimiento, de Gobernación y Gran Jurado:

a) La resolución definitiva y condenatoria emitida por el Pleno del Congreso del Estado erigido en jurado de declaración el veinticuatro de octubre de dos mil cuatro, que formaliza y publicita la diversa tomada el trece de octubre de dos mil cuatro en sesión secreta.

b) La determinación contenida en la citada resolución por medio de la cual se concluye que el gobernador es responsable de causar graves perjuicios a las instituciones, se le suspende del cargo y se le pone a disposición del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

c) Todo el procedimiento de juicio político realizado por el Congreso del Estado de Morelos.

2. Del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y su presidente:

a) La inminente resolución definitiva y condenatoria que formalizará la previa tomada en forma secreta el trece de octubre de dos mil cuatro, que emitirá el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, erigido en jurado de sentencia, por la cual se formalizará y se publicitará la destitución e inhabilitación del gobernador del Estado de Morelos.

b) Todo el procedimiento de juicio político realizado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.

IV. En sesión de dieciocho de enero de dos mil cinco, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó resolución en el recurso de reclamación 304/2004-PL, promovido en contra de la admisión de la controversia constitucional 94/2004, referida en el inciso II anterior, en la que determinó revocar el auto admisorio y desechar ese medio de control constitucional con fundamento en los artículos 19, fracciones III y V, y 20, fracción III, de la ley reglamentaria en la materia, porque la resolución reclamada en dicha controversia constitucional del Congreso del Estado de Morelos de fecha trece de octubre de dos mil cuatro, quedó subsumida en la diversa resolución impugnada en la presente controversia constitucional 106/2004, dictada también por el Congreso mencionado el veinticuatro del mismo mes y año, y respecto de la resolución reclamada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, se reclama como inminente en ambas controversias constitucionales.

V. Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y en representación del Poder Ejecutivo de esa entidad, mediante escrito presentado el treinta y uno de marzo de dos mil cinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, amplió la demanda de controversia constitucional en contra de la omisión del Congreso del Estado de Morelos y del presidente de su mesa directiva de enviar al Tribunal Superior de Justicia de la entidad el expediente para la continuación del procedimiento de juicio político.

De la anterior relación se pone de manifiesto que lo que se impugna en la demanda de controversia constitucional son actos y no disposiciones generales, toda vez que se refieren a una situación particular, concreta e individual, como lo son los actos dictados en el procedimiento de juicio político seguido al Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, que no reúnen las características de generalidad, abstracción e impersonalidad de toda norma general.

Ahora bien, respecto de la certeza de los actos impugnados en la demanda, de las constancias de autos deriva que sólo está acreditada la existencia de la resolución pronunciada por el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, erigido en jurado de declaración, el veinticuatro de octubre de dos mil cuatro y todo el procedimiento de juicio político contra el gobernador de la entidad seguido en dicha legislatura a través de sus órganos internos.

No existe en autos prueba alguna que acredite la existencia de un acuerdo tomado en sesión secreta el trece de octubre de dos mil cuatro, ni por el Pleno del Congreso del Estado de Morelos ni por el Tribunal Superior de Justicia de la entidad.

No obsta a la anterior determinación de inexistencia de los anteriores actos controvertidos, el que se impugne del Tribunal Superior de Justicia de la entidad "la inminente resolución definitiva y condenatoria que formalizará la previa tomada en forma secreta el día 13 de octubre de 2004", que publicitará la destitución e inhabilitación del gobernador del Estado de Morelos y la sustanciación del procedimiento de juicio político que a dicho tribunal corresponde, porque, con independencia de la procedencia o improcedencia del juicio de controversia constitucional contra actos inminentes, lo cierto es que en el caso no existe tal inminencia, pues se desconoce el sentido de la resolución que pudiera llegar a dictar el Tribunal Superior de Justicia en el procedimiento de juicio político que no ha continuado ante tal órgano, lo que se corrobora si se considera que en la ampliación de demanda se impugnó la omisión de remitir al tribunal mencionado el expediente del juicio político seguido al gobernador del Estado para la continuación del procedimiento.

Consecuentemente, al no obrar en autos elementos de prueba suficientes para tener por acreditados los actos referidos, procede sobreseer en el juicio respecto de los mismos, con fundamento en el artículo 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala:

"Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:

"...

"III. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe la norma o acto materia de la controversia, o cuando no se probare la existencia de ese último."

TERCERO. Por otra parte, este Tribunal Pleno advierte, de oficio, que en torno al acto omisivo impugnado en la ampliación de demanda se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el 27 de la ley reglamentaria en la materia, que disponen:

"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

"...

"VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley."

"Artículo 27. El actor podrá ampliar su demanda dentro de los quince días siguientes al de la contestación si en esta última apareciere un hecho nuevo, o hasta antes de la fecha de cierre de la instrucción si apareciere un hecho superveniente. La ampliación de la demanda y su contestación se tramitarán conforme a lo previsto para la demanda y contestación originales."

Del anterior precepto legal se advierte que son dos las hipótesis en que procede la ampliación de demanda en la controversia constitucional, a saber:

a) Hecho nuevo; y,

b) Hecho superveniente.

El hecho nuevo se entiende como aquel respecto del cual la parte actora tiene conocimiento de su existencia con motivo de la contestación de la demanda, con independencia del momento en que nace; esto es, que el actor tiene conocimiento del mismo al momento en que las autoridades demandadas producen su contestación y, entonces, a partir de ese momento comienza a correr el plazo para su impugnación.

Por su parte, el hecho superveniente es aquel que se genera o acontece con posterioridad a la presentación de la demanda de controversia constitucional, pero antes del cierre de instrucción.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 139/2000 de este Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, diciembre de 2000, página 994, que establece:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. HECHO NUEVO Y HECHO SUPERVENIENTE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, la ampliación de la demanda de controversia constitucional constituye un derecho procesal, del cual la parte actora puede hacer uso cuando se actualice cualquiera de las siguientes dos hipótesis, a saber: la primera, dentro del plazo de quince días siguientes a la presentación de la contestación de la demanda, si en ésta apareciere un hecho nuevo; y, la segunda, hasta antes de la fecha del cierre de la instrucción si apareciere un hecho superveniente. Ahora bien, para determinar la oportunidad en que debe hacerse valer la referida ampliación, debe tomarse en consideración la distinción entre el hecho nuevo y el superveniente, pues mientras el primero es aquel respecto del cual la parte actora tiene conocimiento de su existencia con motivo de la contestación de la demanda, con independencia del momento en que nace, el hecho superveniente es aquel que se genera o acontece con posterioridad a la presentación de la demanda de controversia constitucional, pero antes del cierre de instrucción. De ahí que tratándose de hechos nuevos deba determinarse cuándo tuvo conocimiento de ellos la parte actora, en tanto que si se trata de hechos supervenientes deba definirse cuándo tuvieron lugar."

En el caso concreto, el acto de omisión de envío del expediente del juicio político por el Congreso del Estado de Morelos y el presidente de su mesa directiva al Tribunal Superior de Justicia de la entidad para la continuación del procedimiento no constituye ni un hecho nuevo, ni un hecho superveniente que dé lugar a la procedencia de la ampliación de la demanda.

En efecto, los puntos resolutivos de la resolución dictada el veinticuatro de octubre de dos mil cuatro por el Congreso del Estado de Morelos, impugnada en la demanda inicial de la presente controversia, son del siguiente tenor:

"Primero. Se aprueban las conclusiones formuladas por la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, instructora del procedimiento de juicio político seguido en contra del servidor público Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez. Segundo. El demandado Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez, es responsable de causar graves perjuicios a las instituciones fundamentales o de su buen despacho, como consecuencia del abandono y de la desatención injustificada de las funciones que se le encomendaron violando con ello los derechos constitucionales de la ciudadanía morelense, al incurrir en las responsabilidades que prevé el artículo 8o., fracciones IV y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos. Tercero. Se suspende del ejercicio del cargo de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos al ciudadano Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez. En términos de los artículos 63 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, el secretario de Gobierno cubrirá dicha ausencia, hasta que el Congreso del Estado elija gobernador sustituto. Cuarto. Se pone a disposición del honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, al ciudadano Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez, para la continuación del procedimiento a que aluden los artículos 16 a 21 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Quinto. En su oportunidad, y por la responsabilidad en que incurrió en funciones el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez, se solicita al honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, se le apliquen las sanciones que señala el artículo 9o., fracciones I y II, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, tomando en cuenta que se trata de responsabilidad oficial proveniente del ejercicio del servicio público y se considere la experiencia que como funcionario obtuvo para la inhabilitación por el máximo de la sanción que señala el precepto legal invocado. Sexto. Se designa una comisión de tres diputados para que sostengan la resolución emitida ante el Tribunal Superior de Justicia como coadyuvantes del Ministerio Público; misma que se integra por los ciudadanos diputados Cecilio Xoxocotla Cortéz, Fidel Demédias Hidalgo y Guillermo López Ruvalcaba. Séptimo. Conforme a lo dispuesto en el incidente de suspensión dictado en la controversia constitucional número 94/2004, interpuesta por el gobernador del Estado en contra de esta Soberanía ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en su parte conducente textualmente establece: (se transcribe) ... En tal virtud, y a efecto de que este Congreso del Estado cumpla en sus términos con la suspensión ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y para no incurrir en desacato, los puntos resolutivos tercero, cuarto, quinto y sexto, no entrarán en vigor y, como consecuencia, no se ejecutarán, por lo que no se materializará la sanción impuesta, hasta en tanto concluya el juicio de controversia constitucional número 94/2004, o se levante la suspensión otorgada; por lo que una vez que se cumplan con las condiciones citadas, en ese acto entrarán en vigor los puntos resolutivos tercero, cuarto, quinto y sexto, quedando suspendido inmediata y materialmente del cargo el ciudadano Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez y, en consecuencia, se remitirá al Tribunal Superior de Justicia del Estado, la resolución condenatoria junto con las constancias procesales existentes, enviándose asimismo, copia de las mismas al C. Procurador general de Justicia del Estado, para efectos de su representación social, debiendo comparecer en ese momento la comisión designada para que sostenga la resolución emitida ante el Tribunal Superior de Justicia como coadyuvantes del Ministerio Público. Octavo. Notifíquese el contenido de la misma a las partes del procedimiento del juicio político, para los efectos legales conducentes. Noveno. Publíquese en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, órgano oficial de difusión del Gobierno del Estado y en la Gaceta Legislativa del Congreso del Estado de Morelos."

De los puntos resolutivos antes transcritos se advierte que la determinación tomada por el Congreso del Estado de Morelos consistente en poner a disposición del Tribunal Superior de Justicia de la entidad a Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez para la continuación del procedimiento a que aluden los artículos 16 a 21 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de dicho Estado, no entraría en vigor hasta que concluyera el juicio de controversia constitucional número 94/2004, o se levantara la suspensión

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19356-08d51eb9/juicio-politico-en-el-estado-de-morelos-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.