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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE RECLAMACIÓN INTERPUESTO EN CONTRA DEL AUTO QUE LA ADMITIÓ SE ADVIERTEN MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA, PROCEDE REVOCAR TAL PROVEÍDO Y DESECHAR LA DEMANDA RELATIVA.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 304/2004-PL, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 94/2004. · Registro digital (IUS): 18735
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, , Pág. 815.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 304/2004-PL, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 94/2004. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Previamente al pronunciamiento que se lleve a efecto en este asunto, se debe señalar que el señor Ministro instructor actuó correctamente al admitir la demanda de controversia constitucional que dio origen a la formación del expediente registrado con el número 94/2004, pues su actuación derivó del análisis del escrito de demanda y de las pruebas que se anexaron a ésta, y en mérito de ello determinó dictar el proveído que por esta vía se recurre, motivo por el que, en principio, la reclamación debería declararse infundada.

No obstante lo anterior, este tribunal advierte que con posterioridad al auto admisorio que se combate y durante la tramitación del presente recurso de reclamación, se dieron motivos claros y manifiestos de improcedencia que se toman en consideración aunque sean posteriores al acto de presentación de la aludida demanda, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, que da lugar a revocar el auto que la admitió y, por tanto, a desecharla.

Esta actuación del Tribunal Pleno se justifica en la medida en que el recurso de reclamación que procede respecto de la admisión de la demanda de controversia constitucional constituye un recurso de jurisdicción plena, es decir, que mediante dicho medio de impugnación existe devolución de jurisdicción del Ministro instructor al Tribunal Pleno, quien tiene la facultad de sustituirse en el instructor y analizar la situación jurídica planteada en los términos y condiciones que en el transcurso de su sustanciación se presenten.

Si bien, no resulta ser común que el Tribunal Pleno ejerza esta facultad de sustitución, lo cierto es que en el presente caso se justifica plenamente en atención al principio de economía procesal y a los razonamientos que enseguida se exponen.

Para mayor comprensión del presente asunto, a continuación se realiza una relación de cómo se lleva a cabo el procedimiento de juicio político de responsabilidad de altos funcionarios según la Constitución Política del Estado de Morelos:

a) El procedimiento se inicia con una denuncia que es turnada a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Morelos, quien establece o determina una declaración de procedencia de juicio político.

b) Con la declaración de procedencia tomada por la mayoría de las dos terceras partes, es turnada a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado del mismo Congreso para que éste actúe como instructor del procedimiento, y una vez que sustancia el procedimiento escuchando a las partes emite un dictamen que presenta al Pleno del Congreso.

c) El Pleno del Congreso decide si esa declaración puede dar lugar o no a la procedencia del juicio político y a responsabilizar o no al funcionario de que se trate; si se determinara que sí es responsable, tendrá que suspenderlo y ordenar que el expediente se remita al Tribunal Superior de Justicia de ese Estado.

d) El Tribunal Superior de Justicia de la entidad federativa citada, al recibir el expediente también estará en aptitud de emitir una resolución absolutoria o condenatoria; en el caso de que fuera absolutoria, el funcionario será restituido en su cargo con todos sus derechos; si fuera condenatoria, tendrá que ser arraigado y, si es el caso, se pondrá a disposición de las autoridades penales quienes le seguirán el proceso penal correspondiente.

En la especie, el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos promovió, entre otras, la controversia constitucional 94/2004, cuyo auto admisorio es motivo de la presente reclamación, en la que demanda la declaración de invalidez de las dos resoluciones terminales del procedimiento de juicio político señalados en los incisos c) y d) de la relación precedente. Ambas resoluciones según el promovente se llevaron a cabo el trece de octubre de dos mil cuatro. Los actos combatidos son textualmente los siguientes:

"1. Del Congreso del Estado de Morelos: a) La resolución definitiva y condenatoria dictada en sesión secreta de 13 de octubre de 2004, por el Pleno del Congreso del Estado erigido en jurado de declaración, por la cual se resuelve la destitución e inhabilitación de Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez, como gobernador del Estado de Morelos. b) Como consecuencia de lo anterior, la determinación contenida en la citada resolución por medio de la cual se determina suspender a Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez como gobernador de la entidad y ponerlo a disposición del Tribunal Superior de Justicia del mismo Estado. c) Con base en la resolución definitiva ya precisada, todo el procedimiento de juicio político realizado por el Congreso del Estado de Morelos por conducto de los órganos que en la demanda se precisan. 2. Del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos: a) La resolución definitiva y condenatoria dictada en sesión secreta de trece de octubre de dos mil cuatro, por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia erigido en jurado de sentencia, por la cual se resuelve la destitución e inhabilitación de Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez como gobernador del Estado de Morelos. b) Como consecuencia de lo anterior, la determinación contenida en la citada resolución en virtud de la cual se ordena el arraigo de Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez como gobernador del Estado de Morelos. c) Con base en la resolución definitiva ya precisada, todo el procedimiento de juicio político realizado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos por conducto de sus integrantes en los términos ya precisados."

Por otra parte, es un hecho notorio de conformidad con lo sustentado por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis número P. IX/2004, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la página 259 del Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.", que con fecha siete de diciembre de dos mil cuatro, el propio gobernador del Estado de Morelos promovió la diversa controversia constitucional 106/2004 en la que nuevamente impugnó las dos resoluciones terminales del juicio político que señaló en la controversia constitucional 94/2004, pero con la variante de que en la controversia constitucional citada en primer término, la resolución atribuida al Congreso del Estado de Morelos es de fecha veinticuatro de octubre de dos mil cuatro, y la del Tribunal Superior de Justicia de ese Estado el promovente reconoce que aún no se ha emitido. Los actos reclamados en la controversia antes citada son los siguientes:

"III. Actos cuya invalidez se demanda: 1. Del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como de las restantes autoridades pertenecientes al mismo y que ya fueron precisadas, los siguientes: a) La resolución definitiva y condenatoria contenida en el acta de jurado de declaración celebrada el día veinticuatro de octubre de dos mil cuatro, por el Pleno del Congreso del Estado erigido en jurado de declaración, que me fue notificada el día tres de noviembre de dos mil cuatro, que formaliza y publicita la diversa tomada el trece de octubre de dos mil cuatro, en sesión secreta que fue impugnada en la demanda inicial y por la cual se resuelve: ‘Primero. Se aprueban las conclusiones formuladas por la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, instructora del procedimiento de juicio político seguido en contra del servidor público Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez. Segundo. El demandado es responsable de causar graves perjuicios a las instituciones fundamentales como consecuencia del abandono y desatención injustificada de las funciones que se le encomendaron, violando con ello los derechos constitucionales de la ciudadanía morelense, al incurrir en las responsabilidades que prevé el artículo 8o., fracciones IV y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos. Tercero. Se suspende del ejercicio del cargo de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos al ciudadano Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez. En términos de los artículos 63 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, el secretario de Gobierno cubrirá dicha ausencia hasta que el Congreso del Estado elija gobernador sustituto. Cuarto. Se pone a disposición del honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, al ciudadano Sergio Alberto Estrada Cajigal para la continuación del procedimiento a que aluden los artículos 16 a 21 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Quinto. En su oportunidad, y por la responsabilidad en que incurrió en funciones el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Sergio Alberto Estrada Cajigal, se solicita al honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, se le apliquen las sanciones que señala el artículo nueve, fracciones primera y segunda, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, tomando en cuenta que se trata de responsabilidad oficial proveniente del ejercicio del servicio público y se considere la experiencia que como funcionario obtuvo para la inhabilitación por el máximo de la sanción que señala el precepto legal invocado. Sexto. Se designa una comisión de tres diputados para que sostenga la resolución emitida ante el Tribunal Superior de Justicia como coadyuvantes del Ministerio Público, misma que se integra por los diputados Cecilio Xoxocotla Cortez, Fidel Demédicis Hidalgo y Guillermo López Ruvalcaba. Séptimo. Conforme a lo dispuesto en el incidente de suspensión dictado en la controversia constitucional número 94/2004, interpuesta por el gobernador del Estado en contra de esta soberanía ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, en su parte conducente, textualmente establece: «... el Ministro instructor que suscribe estima pertinente conceder la suspensión de los efectos de los actos impugnados a las autoridades demandadas, para que Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez no sea suspendido, arraigado, removido, destituido o inhabilitado en el ejercicio de su cargo como Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, hasta en tanto este Alto Tribunal se pronuncia sobre el fondo del asunto; además para que no se le finque alguna responsabilidad política o penal con motivo de los actos impugnados y para que el Tribunal Superior de Justicia de la entidad no ejecute orden, procedimiento o resolución tendente a arraigar al Poder Ejecutivo de la entidad, así como a materializar la referida destitución e inhabilitación del propio funcionario estatal; en la inteligencia de que la medida suspensiva así concedida no impide que la Legislatura Local y el Tribunal Superior de Justicia Estatal ejerzan sus facultades, pues el objeto de la medida cautelar únicamente es salvaguardar la materia del presente juicio, para que no proceda la remoción, destitución o suspensión del Poder Ejecutivo del Estado, ya que su elección y permanencia en el cargo constituye una cuestión fundamental del orden jurídico mexicano por preverse sus lineamientos generales en la Constitución Federal; además, con el otorgamiento de la suspensión no se causa daño mayor a la sociedad en relación con el beneficio que pudiera obtener el solicitante de la medida, pues el Poder Legislativo del Estado de Morelos podrá continuar ejerciendo sus atribuciones en el ámbito de su respectiva competencia siempre y cuando no se ejecute ninguno de los actos impugnados hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice la constitucionalidad de los mismos. ...». En tal virtud, y a efecto de que este Congreso del Estado cumpla en sus términos con la suspensión ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y para no incurrir en desacato, los puntos resolutivos tercero, cuarto, quinto y sexto, no entrarán en vigor y, como consecuencia, no se ejecutarán, por lo que no se materializará la sanción impuesta, hasta en tanto concluya el juicio de controversia constitucional número 94/2004 o se levante la suspensión otorgada; por lo que una vez que se cumplan con las condiciones citadas, en ese acto entrarán en vigor los puntos resolutivos tercero, cuarto, quinto y sexto, quedando suspendido inmediata y materialmente del cargo el ciudadano Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez y, en consecuencia, se remitirá al Tribunal Superior de Justicia del Estado la resolución condenatoria junto con las constancias procesales existentes, enviándose, asimismo, copia de las mismas al procurador general de Justicia del Estado para efectos de su representación social, debiendo comparecer en ese momento la comisión designada para que se sostengan (sic) la resolución emitida ante el Tribunal Superior de Justicia como coadyuvantes del Ministerio Público. Octavo. Notifíquese el contenido de la misma a las partes del procedimiento de juicio político, para los efectos legales conducentes. Noveno. Publíquese en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, órgano oficial de difusión del Gobierno del Estado y en la Gaceta Legislativa del Congreso del Estado de Morelos.’. b) Como consecuencia de lo anterior, la determinación contenida en la citada resolución por medio de la cual se concluye que el suscrito es responsable de causar graves perjuicios a las instituciones y se me suspende como gobernador del Estado de Morelos, y se me pone a disposición del Tribunal Superior de Justicia del mismo Estado. c) Con base en la resolución definitiva ya precisada, todo el procedimiento de juicio político realizado por el Congreso del Estado de Morelos por conducto de los órganos ya precisados. 2. Del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y sus integrantes, incluido su presidente: a) La inminente resolución definitiva y condenatoria que formalizará la previa tomada en forma secreta el día trece de octubre de dos mil cuatro y que se impugnó en la demanda inicial, que emitirá el Pleno del Tribunal Superior de Justicia erigido en jurado de sentencia por la cual se formalizará y se publicitará la destitución e inhabilitación del suscrito, Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez, como gobernador del Estado de Morelos. b) Con base en la resolución definitiva ya precisada, todo el procedimiento de juicio político realizado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos por conducto de sus integrantes en los términos ya precisados."

En atención a los hechos narrados con anterioridad, este Tribunal Pleno estima que en la controversia constitucional 94/2004 operan las causales de improcedencia y sobreseimiento contenidas en los artículos 19, fracciones III y V y 20, fracción III, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dicen:

"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

"...

"III. Contra normas generales o actos que sean materia de una controversia pendiente de resolver, siempre que exista identidad de partes, normas generales o actos y conceptos de invalidez;

"...

"V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia."

"Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:

"...

"III. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe la norma o acto materia de la controversia, o cuando no se probare la existencia de ese último."

Por razón de método se expresarán los motivos por los que se considera que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, respecto de la resolución reclamada al Congreso del Estado de Morelos de trece de octubre de dos mil cuatro, toda vez que se estima que cesaron los efectos de dicha resolución.

En la citada controversia constitucional 94/2004, en la que se dictó el auto que ahora se recurre, según los antecedentes señalados con anterioridad, el actor impugna presuntas resoluciones de fecha trece de octubre de dos mil cuatro, que atribuye tanto al Congreso del Estado de Morelos como al Tribunal Superior de esa entidad federativa, ambas decisiones de la misma fecha, cuyo contenido es de parte del Congreso del Estado, el haberse constituido como jurado de procedencia, declarar que existe responsabilidad política del gobernador, suspenderlo en sus atribuciones y determinar que quede a disposición del Tribunal Superior de Justicia; por cuanto hace al citado tribunal, le imputó que con fecha trece de octubre de dos mil cuatro, tomó la decisión de fincarle responsabilidad política y arraigarlo.

Así planteó el gobernador del Estado de Morelos los actos reclamados en la aludida controversia constitucional 94/2004 y, como ya se señaló, ésta se admitió en esos términos, pues en ese momento procesal no aparecía ningún motivo manifiesto de improcedencia.

Sin embargo, posteriormente el propio gobernador del Estado de Morelos promovió otra controversia constitucional que fue registrada con el número 106/2004, lo que, como ya se indicó, es un hecho notorio para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el citado escrito el actor señaló como actos reclamados los que quedaron reproducidos en los párrafos que anteceden.

De los actos cuya invalidez solicitó el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos en la nueva controversia constitucional 106/2004, sustenta que la llamada resolución de trece de octubre de dos mil cuatro, quedó materializada en una resolución formal de veinticuatro del mismo mes y año que le fue notificada, según lo expresa en el escrito de demanda el tres de noviembre de la anualidad citada, que es la que se reclama en la controversia constitucional referida, la cual tiene el mismo contenido decisorio que la que se señaló en la controversia constitucional 94/2004; esto es, en el asunto citado en primer término, en este párrafo se transcriben los puntos decisorios que son ya de su conocimiento, según se ha señalado, mediante los cuales el Congreso del Estado de Morelos, constituido en jurado de procedencia, determina que sí hay responsabilidad política para el gobernador, declara que debe ser suspendido en sus funciones y ponerse a disposición del Tribunal Superior de Justicia para el enjuiciamiento político que corresponde.

Ahora bien, si el propio actor en el escrito que originó la controversia constitucional número 106/2004, reconoce que la resolución de veinticuatro de octubre de dos mil cuatro, dictada por el Pleno del Congreso del Estado de Morelos subsume a la de trece de ese mismo mes y año, ésta que dio lugar a la controversia constitucional 94/2004 de la que deriva el presente recurso en que se actúa, al quedar inmersa en la de veinticuatro del mes y año citados, cesó en sus efectos, lo que determina que se actualice la causal de improcedencia contenida en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otra parte, se estima que en el caso, en relación con la resolución de trece de octubre de dos mil cuatro, atribuida al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento contenidas en los artículos 19, fracción III y 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En efecto, el actor revela que el acto que atribuye al Tribunal Superior de Justicia, todavía no se lleva a cabo, puesto que de esta autoridad reclama "... la inminente resolución definitiva ..." en la que "... se formalizará y publicitará ..."; que culminará con la destitución e inhabilitación al gobernador del Estado de Morelos.

Es decir, que a través de lo señalado en la decisión de veinticuatro de octubre de dos mil cuatro, el Congreso del Estado pone a su titular a disposición del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad federativa, para que dicte la resolución última del indicado juicio político; por tanto, aun suponiendo que el trece de octubre de dos mil cuatro hubiese existido una resolución del Tribunal Superior de Justicia, además de que todavía no ha sido emitida, según reconocimiento expreso del propio actor, razón que resultaría suficiente para estimar improcedente la presente controversia constitucional, conforme a lo establecido en el artículo 20, fracción III, de la ley de la materia, al igual que la resolución de trece de octubre de dos mil cuatro, reclamada al Congreso del Estado de Morelos, que como antes se dijo quedó subsumida en la diversa de veinticuatro del mes y año citados; ambas son motivo de impugnación en la diversa controversia constitucional número 106/2004, razón que determina que se actualicen también las causales de improcedencia y sobreseimiento que establecen los artículos 19, fracción III y 20, fracción III, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Carta Magna.

En esas condiciones, toda vez que se acreditan las causales de improcedencia y sobreseimiento contenidas en los artículos 19, fracciones V y III y 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se está en el caso de revocar el auto admisorio de fecha catorce de octubre de dos mil cuatro dictado en la controversia constitucional 94/2004 y, en consecuencia, se desecha la demanda que le dio origen.

En virtud de que las causales de improcedencia aludidas son manifiestas, notorias, de mero derecho y se encuentran plenamente acreditadas, por economía procesal, resulta ocioso continuar con un trámite que se está verificando en otra controversia constitucional.

Sin que la decisión alcanzada deje al mencionado gobernador del Estado de Morelos en estado de indefensión, pues se encuentra en posibilidad de hacer valer sus defensas y alegatos en la controversia constitucional 106/2004.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Es procedente y fundado este recurso de reclamación.

SEGUNDO.-Se revoca el acuerdo recurrido de catorce de octubre de dos mil cuatro, dictado en la controversia constitucional número 94/2004.

TERCERO.-Se desecha la demanda de controversia constitucional promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos en contra del Poder Legislativo y otras autoridades de esa entidad federativa.

Notifíquese; por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, conforme a la votación que enseguida se precisa:

Por mayoría de siete votos de los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Sergio Armando Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Mariano Azuela Güitrón, se determinó que sí existen elementos suficientes para resolver; los señores Ministros Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza, votaron en contra.

Se sometió a votación la propuesta del señor Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia de que se declarara procedente y fundada la reclamación por improcedencia sobrevenida, revocar el auto admisorio y desechar la demanda de controversia constitucional.

Por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Sergio Armando Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Mariano Azuela Güitrón se resolvió declarar procedente y fundado el recurso de reclamación; revocar el auto admisorio de fecha catorce de octubre de dos mil cuatro, dictado por el Ministro instructor, y por improcedencia sobrevenida desechar la demanda de controversia constitucional; los señores Ministros Juan Díaz Romero y Genaro David Góngora Pimentel emitieron su voto en contra y el señor Ministro Juan N. Silva Meza votó a favor de su proyecto. El señor Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo aclaró que el desechamiento por el que votó obedece a consideraciones diferentes y reservó su derecho de formular voto concurrente; y los señores Ministros Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel y Juan N. Silva Meza, reservaron su derecho de formular votos particulares.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18735-c8c8d8a5/controversia-constitucional-si-durante-la-tramitacion-del-recurso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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