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Modo: Corpus Pro

AVERIGUACIÓN PREVIA. SU TRÁMITE, GENERALMENTE, NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA (DESAFUERO). CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE CONTRA LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA (DESAFUERO) QUE SE PRESENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 111 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIAS DICTADAS EN JUICIOS DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS ACTOS REALIZADOS EN SU EJECUCIÓN. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES VÁLIDO INVOCAR LA JURISPRUDENCIA DERIVADA DE SENTENCIAS QUE RESOLVIERON EL FONDO DE JUICIOS DE ESA NATURALEZA, PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, NO ES INDISPENSABLE QUE EXISTA Y SE VINCULE CON UNA DISPOSICIÓN EXPRESA Y ESPECÍFICA AL RESPECTO EN ESE ORDENAMIENTO JURÍDICO. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTRIBA EN UNA CUESTIÓN DE DERECHO NO DESVIRTUABLE CON LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO. DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA (DESAFUERO). OBJETO Y EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SEÑALADOS EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 111 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA (DESAFUERO). INICIADO EL PROCEDIMIENTO RELATIVO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 111 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ES IRREPARABLE. SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA (DESAFUERO). POR SÍ MISMA NO GENERA AFECTACIÓN JURÍDICA A LOS PRESUNTOS RESPONSABLES.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 208/2004-PL, DEDUCIDO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 70/2004. · Registro digital (IUS): 18589
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Enero de 2005, , Pág. 943.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 208/2004-PL, DEDUCIDO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 70/2004. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIA: MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al siete de septiembre de dos mil cuatro.

VISTOS; para resolver el presente recurso de reclamación número 208/2004-PL, deducido de la controversia constitucional número 70/2004 y;

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el dos de julio de dos mil cuatro, Silvia Lorena Villavicencio Ayala, en su carácter de presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, promovió controversia constitucional en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se señalan:

"II. Poderes y órgano demandados:

"A) El ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, titular del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión, con domicilio en Palacio Nacional, sito en Plaza de la Constitución número 1, colonia Centro de esta Ciudad de México, Distrito Federal, en su calidad de jefe del C. Procurador general de la República;

"B) La H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con domicilio el (sic) Palacio Legislativo, sito en avenida Congreso de la Unión, número 66, edificio A, colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, en esta Ciudad de México, Distrito Federal;

"C) El C. Procurador general de la República, con domicilio en Paseo de la Reforma número 211, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, de esta Ciudad de México, Distrito Federal;

"D) La Secretaría General de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con domicilio en el Palacio Legislativo, sito en Avenida Congreso de la Unión, número 66, edificio A, colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, código postal 15969, en esta Ciudad de México, Distrito Federal;

"E) La instructora de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con domicilio en el edificio ‘F’, nivel uno, oficina F01, avenida Congreso de la Unión, número sesenta y seis, colonia El Parque, en la Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15969, en esta Ciudad de México, Distrito Federal (Diario Oficial, 19 de abril de 2004); y

"...

"IV. Actos cuya invalidez se demanda:

"A) El requerimiento formulado por el C. Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa con residencia en el Distrito Federal y el inicio de la averiguación previa número 1339/FESPLE/2001.

"B) El acuerdo de fecha 14 de mayo de 2004, en virtud del cual el Ministerio Público Federal, en la averiguación previa número 1339/FESPLE/2001, resolvió solicitar se iniciara el procedimiento para la declaración de procedencia en contra del ciudadano Andrés Manuel López Obrador, jefe de Gobierno del Distrito Federal.

"C) El ejercicio de la atribución de solicitar la iniciación del procedimiento para la declaración de procedencia respecto del ciudadano Andrés Manuel López Obrador, jefe de Gobierno del Distrito Federal.

"D) El ejercicio de parte del Ministerio Público Federal de la supuesta competencia para la investigación y persecución del delito previsto en el artículo 206 de la Ley de Amparo.

"E) El acuerdo emitido por la Secretaría General de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de fecha 20 de mayo pasado, por el cual, en forma indebida, se ordenó pasar a la sección instructora la solicitud formulada por la Procuraduría General de la República a fin de iniciar el procedimiento de declaración de procedencia en contra del ciudadano jefe de Gobierno del Distrito Federal.

"F) Al acuerdo de fecha 27 de mayo pasado, adoptado por mayoría de los miembros de la sección instructora, por el cual se admitió a trámite la solicitud de declaración de procedencia y se ordenó requerir al C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, rindiera un informe respecto de esa solicitud.

"De todos los actos anteriores la H. Asamblea Legislativa tuvo conocimiento el día 3 de junio de 2004, en virtud de la notificación formulada por el ciudadano licenciado Luis Oswaldo Peralta Rivera, notificador la (sic) H. Cámara de Diputados, al C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, mediante cédula de notificación emitida en el expediente SI/03/04 y que éste, a su vez, hizo de (sic) conocimiento de la Comisión de Gobierno el día de la fecha."

SEGUNDO. Por acuerdo de cinco de julio de dos mil cuatro, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional número 70/2004, así como la remisión del expediente respectivo al Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, a quien por razón de turno le correspondió actuar como instructor del procedimiento.

En virtud de que el Ministro instructor Guillermo Ortiz Mayagoitia se encontraba disfrutando de su periodo vacacional, el presidente de este Alto Tribunal acordó el cinco de julio de dos mil cuatro, con apoyo en lo dispuesto en los puntos primero y segundo del Acuerdo Número 3/2000 de diecisiete de febrero de dos mil del Pleno de esta Suprema Corte referente a la suplencia en caso de ausencia de algún Ministro, remitir los autos al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano para que actuara como Ministro instructor suplente.

TERCERO. Por auto de siete de julio de dos mil cuatro, el Ministro instructor suplente acordó desechar de plano la demanda señalando en la parte medular de su razonamiento (punto sexto del acuerdo):

"SEXTO. Por consiguiente, con independencia de que, esencialmente, la parte actora señala en sus conceptos de invalidez: a) Que el delito respecto del cual se solicita la declaración de procedencia no es atribuible al jefe de Gobierno del Distrito Federal. b) Que es improcedente la declaración de procedencia, ya que no existe delito alguno. c) Que sin haber mediado una solicitud de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dio curso a la solicitud de declaración de procedencia, sin tomar en cuenta las razones que fundan y motivan tal procedimiento, y d) Que en la tramitación del procedimiento se han cometido diversas irregularidades; lo cierto es que, como se ha evidenciado, este asunto se promovió con motivo de la violación a la suspensión definitiva otorgada por el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo 862/2000, así como de aquellos actos que derivan directamente de dicha resolución, de ahí que resulta improcedente la controversia constitucional, pues los órganos jurisdiccionales federales de amparo no ejercen facultades ordinarias de un nivel de gobierno, sino extraordinarias de control constitucional en términos del artículo 107 de la Constitución Federal, por lo que la enumeración que se hace en la fracción I del artículo 105 de la propia Constitución no puede abarcar a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y, por tanto, las determinaciones que emitan en los juicios de amparo de su conocimiento y los actos que se dicten como consecuencia o en cumplimiento de los mismos, no pueden ser materia de análisis en una controversia constitucional pues, de estimar lo contrario, se haría de la controversia un ulterior recurso para revisar las determinaciones de dichos juzgados federales, lo que es contrario a la naturaleza de este tipo de acciones constitucionales. Sirven de apoyo a lo anterior, aplicadas por analogía, las siguientes tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno: P./J. 77/98, publicada en la página ochocientos veinticuatro del Tomo VIII, diciembre de mil novecientos noventa y ocho, y P./J. 117/2000, publicada en la página mil ochenta y ocho del Tomo XII, octubre de dos mil; ambas de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con los rubros: ‘CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA IMPUGNAR ACTOS DERIVADOS DE RESOLUCIONES DICTADAS EN UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO.’ y ‘CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO SON LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES.’. A mayor abundamiento, cabe precisar que el juicio de amparo constituye un medio de control constitucional, al igual que la controversia constitucional, de ahí que los actos que se realicen en dichos procedimientos constitucionales no son susceptibles de ser impugnados y, por tanto, resulta improcedente la controversia, ya que este Alto Tribunal ha establecido que jurídicamente no es posible que proceda un medio de control constitucional sobre otro. En consecuencia, al actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 19, fracción VIII y 25 de la ley de la materia, en relación con la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal, y en las disposiciones legales antes citadas, se acuerda: I. Se desecha de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de controversia constitucional presentada por la presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ..."

CUARTO. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el trece de julio de dos mil cuatro, Silvia Lorena Villavicencio Ayala, en su carácter de presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, interpuso el presente recurso de reclamación en contra del proveído recién mencionado.

QUINTO. El presidente de este Alto Tribunal, por acuerdo de quince de julio de dos mil cuatro, tuvo por presentado el recurso de reclamación y ordenó la integración del expediente respectivo, así como la remisión de los autos al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, a quien correspondió por razón de turno, para el efecto de que elaborara el proyecto de resolución respectivo.

En ese mismo proveído, con fundamento en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en los puntos primero y segundo del Acuerdo 6/2003, el presidente ordenó que una vez que fuese integrado el expediente, se remitieran a la Primera Sala de este Alto Tribunal, por ser la de la adscripción de quien fue designado ponente.

SEXTO. Por acuerdo de la Primera Sala de esta Suprema Corte tomado en sesión pública el veinticinco de agosto de dos mil cuatro, se determinó remitir el presente asunto al Tribunal Pleno para que fuera éste quien lo resolviera, en virtud de lo cual el día veintisiete siguiente el presidente de esta Suprema Corte dictó el acuerdo de radicación respectivo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer el presente recurso de reclamación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 51, fracción I y 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto tercero, fracción I, del Acuerdo 5/2001 y punto primero, inciso h), del Acuerdo 6/2003.

SEGUNDO. El recurso de reclamación ha sido interpuesto dentro del plazo legal de cinco días previsto en el artículo 52 de la ley reglamentaria.

En efecto, siendo que el auto de desechamiento recurrido fue notificado por lista a las partes el propio día siete en que se dictó, surtió sus efectos el día siguiente, por lo que el plazo para su impugnación corrió del día nueve al día quince siguiente (por ser inhábiles los días once y doce de julio, que correspondieron, respectivamente, a sábado y domingo), y toda vez que el escrito se presentó el día trece de julio, resulta inconcuso que fue presentado oportunamente.

TERCERO. El escrito de reclamación ha sido presentado por Silvia Lorena Villavicencio Ayala, quien aduce tener reconocida en autos de la controversia constitucional su personalidad. En dichos autos la parte conducente del acuerdo de desechamiento dice:

"... con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4o., primer y último párrafos, 11, primer y segundo párrafos, y 31 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene por presentada únicamente a la presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con la personalidad que ostenta, en términos de las documentales exhibidas, no así a ..."

Así las cosas, considerando que en autos del principal le fue reconocida la personalidad con que la recurrente se ostentó, es de considerarse que el presente recurso fue interpuesto por parte legitimada.

CUARTO. La recurrente aduce como motivos de ilegalidad del desechamiento combatido los siguientes agravios:

"Primer agravio. La resolución de 7 de julio en curso no fue emitida con base en la demanda y los documentos que se le acompañaron.

"Tal como aparece a fojas 6, en la demanda de controversia constitucional señalé y aparecen como demandados el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el C. Procurador general de la República, el C. Secretario general de la H. Cámara de Diputados y la sección instructora de la H. Cámara de Diputados.

"En la demanda no aparece como demandado el C. Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal.

"En mi escrito inicial no demandé la invalidez de una sentencia de amparo. Insisto, con la controversia no se buscó anular una sentencia de amparo; al promoverla estuvimos conscientes de que, por haber sido ratificada por un Tribunal Colegiado de Circuito, era firme e irrevocable y que a quienes habían sido partes en el juicio sólo les quedaba acatarla en sus términos.

"En ninguna parte de la demanda de controversia constitucional se solicitó la anulación de la interlocutoria en virtud de la cual se concedió la suspensión definitiva en el amparo 862/2000.

"Por lo que toca a esa autoridad judicial, ciertamente, en mi escrito inicial señalé como acto cuya invalidez demandaba la vista que formuló al Ministerio Público Federal y que dio inicio a la averiguación previa número 1339/FESPLE/2001.

"No obstante lo anterior, el C. Ministro instructor en su resolución sostiene: ‘este asunto se promovió con motivo de la violación a la suspensión definitiva otorgada por el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo 862/2000, así como de aquellos actos que derivan directamente de dicha resolución.’

"Lo anterior es inexacto; un jurista debe distinguir cuando la naturaleza de la materia lo hace necesario. La controversia la promoví con motivo de un acto de usurpación. El Ministerio Público Federal asumió una función que constitucionalmente no le corresponde y que sólo compete al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El C. Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa, indebidamente, sin reconocer la intervención que legalmente corresponde a la Corte, dio vista al Ministerio Público Federal. Éste, por sí, presentó una solicitud de declaración de procedencia respecto del C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

"En virtud de lo anterior, en estricto derecho, es falso que la controversia haya sido promovida con motivo de la violación a una suspensión; el C. Ministro instructor no percibió la naturaleza del cuestionamiento que formulé; es muy simple: un Juez de Distrito no puede dar vista al Ministerio Público; y mucho menos éste, por sí, puede solicitar a la H. Cámara de Diputados una declaración de procedencia; al haberlo hecho, ha violado las fracciones XVI y XVII del artículo 107 constitucional.

"El Ministerio Público Federal debió haber analizado el motivo de improcedencia de su solicitud en términos de las fracciones XVI y XVII del artículo 107 constitucional, en relación con el artículo 143 de la Ley de Amparo, mismo que remite a los artículos 104, 105, 107 y 111 de la misma ley.

"La solicitud del Ministerio Público Federal es ilegal en dos supuestos: uno, cuando por sí, usurpando una facultad que corresponde al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, solicita una declaración de procedencia en los casos en que se viola una sentencia de amparo, y dos, en lo casos en que formula el mismo requerimiento, cuando se viola una suspensión.

"En ese contexto el concepto de invalidez que invoqué está referido a algo muy concreto: a anular un acto de usurpación. Nada tiene que ver con la anulación de una resolución de suspensión, porque aun cuando al parecer se reclama un acto derivado de un juicio de amparo, se debe distinguir que, en esencia, no es así, ya que si bien es cierto que: Por un lado, el C. Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el incidente de violación a la suspensión tramitado en el juicio de garantías número 862/2000, dio vista al Ministerio Público; y por otro, el C. Juez Cuarto de Distrito ‘A’ de Amparo en Materia Penal, mediante sentencia dictada el 15 de octubre de 2003, otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a Promotora Internacional Santa Fe, S.A. de C.V., en relación con las vistas dadas al agente del Ministerio Público de la Federación, para el efecto de que, en un plazo de 30 días, determinara la procedencia o no del ejercicio de la acción penal en la averiguación previa 1339/FESPLE/2001, iniciada con motivo de la vista que se le dio en la supuesta violación a la suspensión definitiva decretada en el incidente relativo; no es menos cierto que tales efectos, a pesar de ser ilegales, no son reclamados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ni mucho menos fueron autoridades demandadas los juzgadores mencionados. Luego entonces, es falso que se reclamen actos derivados de algún juicio de amparo.

"En esa tesitura, no debe perderse de vista el hecho de que ante la orden del C. Juez Cuarto de Distrito ‘A’ de Amparo en Materia Penal, en relación con la vista dada por el C. Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa, las autoridades responsables no debieron atribuirse una facultad y competencia que no tienen en el presente caso por encontrarnos ante una figura criminosa especialísima. Lo anterior, en virtud de que el Constituyente, en las reformas a la Constitución Política Federal publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1994, decidió que en este caso sui generis la facultad y competencia fuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como se expone en detalle en el escrito de la demanda que fue desechada.

"En ese orden de ideas, el Ministro resolutor no debió haber desechado la demanda de controversia constitucional, sin haber estudiado el fondo de la cuestión planteada, ya que, se reitera, el Ministro debió distinguir que en el presente caso se reclaman actos que parecen derivados de un juicio de amparo, pero que en realidad no lo son, ya que tanto el C. Procurador general de la República como el C. Agente del Ministerio Público Federal, al dárseles vista en el juicio de garantías 862/2000 y al ordenárseles determinar la procedencia o no del ejercicio de la acción penal en la averiguación previa 1339/FESPLE/2001, debieron analizar lo dispuesto en el artículo 107, fracciones XVI y XVII, constitucional, en relación con los diversos 143, 104, 105, 107 y 111 de la Ley de Amparo, y determinar que no estaban facultados y que, por ende, no eran competentes para realizar los actos reclamados en el caso concreto.

"Sin embargo, al no haber observado las autoridades responsables lo dispuesto en los artículos indicados, sus actos son violatorios de la Constitución, lo que es materia del fondo de la controversia constitucional que se plantea y que constituyen los actos reclamados, mismos que resultan ser actos autónomos de las responsables que se desligan completamente de los juicios de amparo respectivos tramitados ante los Jueces indicados, distinción que debió haber efectuado el Ministro resolutor y, al no haberlo hecho así, causa a mi representada el agravio que se plantea y que solicito se reconsidere.

"Por ello, no es válido sostener que a través de la controversia se plantee una materia que fue objeto de un juicio de amparo. Ello con independencia de que el C. Ministro instructor invoca una tesis jurisprudencial que no es aplicable en el caso, por las razones que más adelante expreso. En el caso, tienen aplicación los siguientes criterios:

"...

"En virtud de todo lo anterior, el presente agravio resulta fundado, por lo que procede y así lo solicito, se haga tal declaración y en virtud de ello se anule la resolución de fecha 7 de julio pasado y se dicte una nueva resolución en virtud de la cual se admita la demanda de controversia constitucional que formulé.

"Segundo agravio. La resolución impugnada causa agravio por cuanto a que el C. Ministro instructor pasó por alto que las causales de improcedencia son estrictamente limitadas y las aumentó en perjuicio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

"Dado que en una controversia están de por medio entes, poderes u órganos, debe entenderse que cuando alguno de ellos recurre a una controversia constitucional lo hace en procuración del interés público y en busca de altos objetivos; debe suponerse que no defienden un interés particular o egoísta.

"Como se ha dicho anteriormente, el legislador ordinario enumeró, en forma limitativa, las causales de improcedencia; no dispuso ‘Las controversias son improcedentes, entre otros, en los siguientes supuestos.’ Tampoco ordenó: ‘Las controversias son improcedentes en los supuestos previstos por la ley.’

"El legislador ordinario, en el artículo 19 de la ley reglamentaria, usó una fórmula concreta; determinó, en forma limitada, las causales: ‘Las controversias constitucionales son improcedentes: ...’. El artículo 19 concluye: ‘VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley.’

"En virtud de lo anterior, el juzgador, en el caso los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, únicamente puede desechar una demanda en los casos expresamente previstos; no le es dable rechazarlas en otros casos recurriendo a la analogía o a la mayoría de razón; a ellos no es dable aumentar en los supuestos expresamente previstos en la ley.

"El supuesto que invoca el Ministro instructor no está consignado en la ley reglamentaria; en efecto, a fojas 7 y 8 de la resolución se asienta: ‘lo cierto es que como se ha evidenciado, este asunto se promovió con motivo de la violación a la suspensión definitiva otorgada por el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo 862/2000, así como de aquellos actos que derivan directamente de dicha resolución, de ahí que resulta improcedente la controversia constitucional, pues los órganos jurisdiccionales federales de amparo no ejercen facultades ordinarias de un nivel de gobierno, sino extraordinarias de control constitucional en términos del artículo 107 de la Constitución Federal, por lo que la enumeración que se hace en la fracción I del artículo 105 de la propia Constitución, no puede abarcar a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y, por tanto, las determinaciones que se emitan en los juicios de amparo de su conocimiento y los actos que se dicten como consecuencia o en cumplimiento de los mismos, no pueden ser materia de análisis en una controversia constitucional, pues de estimar lo contrario se haría de la controversia un ulterior recurso para revisar las determinaciones de dichos juzgados federales, lo que es contrario a la naturaleza de este tipo de acciones constitucionales.’

"De lo anterior, el C. Ministro instructor, en su resolución, concluye lo siguiente: ‘En consecuencia, al actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 19, fracción VIII y 25 de la ley de la materia, en relación con la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal, y en las disposiciones legales antes citadas, se acuerda.’

"Lo referido por el C, Ministro instructor no corresponde a los términos de la demanda ni tiene apoyo en la ley.

"Como lo manifesté en el agravio anterior, en la demanda de controversia constitucional que presenté no señalé como poder u órgano demandados al C. Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa.

"En la demanda tampoco se demandó la nulidad de la interlocutoria en virtud de la cual el C. Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa concedió la suspensión definitiva.

"Por lo que toca al C. Juez Noveno de Distrito, si bien es cierto que en la controversia constitucional se cuestionó el haber usurpado una función que constitucionalmente sólo corresponde al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ordenó una vista el Ministerio Público que no le corresponde; no lo es menos que en la demanda de controversia se reclaman los actos realizados autónomamente por el procurador general de la República y por el agente del Ministerio Público Federal, ya que éstos, en vez de integrar la averiguación previa número 1339/FESPLE/2001, determinar (sic) que era procedente el ejercicio de la acción penal y solicitar la declaración de procedencia, debieron declararse incompetentes para perseguir el supuesto delito de violación a un auto que concede la suspensión de un acto reclamado, como se explicó en el agravio que antecede.

"Como se desprende de mi escrito inicial de demanda, en ella afirmé y fundé que sólo la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la facultada para solicitar a la H. Cámara de Diputados una declaración de procedencia, respecto de un servidor público que goza de inmunidad; los Jueces o tribunales que conocen de amparo no pueden, por sí, dar vista al Ministerio Público Federal a fin de que él solicite una declaración de procedencia respecto de esa clase de servidor público.

"Sostuve, igualmente, en mérito a la estabilidad de las instituciones políticas, que es esa H. Suprema Corte de Justicia la única que puede formular tal solicitud.

"No hay duda de que la interlocutoria que concede la suspensión es cosa juzgada y que a quienes fueron parte en el juicio de amparo correspondiente únicamente les queda acatarla en sus términos.

"No se puede sostener que al cuestionar el requerimiento formulado por el C. Juez Noveno de Distrito al Ministerio Público Federal, implícita o indirectamente, se esté cuestionando la interlocutoria que concedió la suspensión.

"El que esté de por medio una solicitud formulada indebidamente con vista a una interlocutoria que concede una suspensión, no puede llevar a que se declare improcedente una controversia constitucional.

"Suponiendo, sin conceder, que a través de la controversia que promoví se tratara de cuestionar una interlocutoria que concede una suspensión, debo advertir que aun en ese caso no sería causal de improcedencia, puesto que la ley no la establece como tal.

"El C. Ministro instructor ha invocado una causal de improcedencia no prevista en la ley reglamentaria; el Juez de Distrito no fue señalado como demandado, por lo mismo no se da la supuesta causal prevista en la fracción I del artículo 105 constitucional; ésta no establece una causal de improcedencia. Suponer que demandé a quien no lo hice deriva en aumentar una causal no prevista, ello es contrario a su artículo 19 de la ley reglamentaria, que en forma limitativa enumera las causales que es válido invocar.

"El Ministro instructor carece de la facultad legislativa; no es competente para incrementar por cualquier razón, fundada o infundada, por analogía o mayoría de razón, las causales de improcedencia que en forma limitativa establece la ley reglamentaria. Hacerlo es una facultad que corresponde en forma privativa al Congreso de la Unión.

"Toda autoridad, entre ellas el C. Ministro instructor, está obligada a fundar sus determinaciones. En el presente caso no lo hizo; en el caso tiene aplicación al presente los criterios jurisprudenciales que son del tenor literal siguiente:

"‘Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, junio de 2002, tesis 1a. XLIV/2002, página 431.

"‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FALTA DE AFECTACIÓN AL INTERÉS DEL ACTOR, AL CONSTITUIR UNA CUESTIÓN DE FONDO QUE NO PUEDE SER ANALIZADA AL PRESENTARSE LA DEMANDA, NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.’ (se transcribe).

"‘Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, enero de 2002, tesis P./J. 140/2001, página 1034.

"‘CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA, SI PARA ELLO EL MINISTRO INSTRUCTOR REQUIERE HACER UNA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE ALGÚN PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe).

"‘Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, octubre de 2001, tesis P./J. 128/2001, página 803.

"‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN «MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA» PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA.’ (se transcribe).

"‘Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, septiembre de 1999, tesis P./J. 92/99, página 710.

"‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE.’ (se transcribe).

"‘Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, enero de 1998, tesis P./J. 9/98, página 898.

"‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE.’ (se transcribe).

"‘Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, tesis P./J. 32/96, página 386.

"‘CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUI

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18589-ceee8bbc/averiguacion-previa-su-tramite-generalmente-no-es-susceptible · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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