Corpus
Modo: Corpus Pro

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE SOBRESEERSE EN EL PROCEDIMIENTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON EL 19, FRACCIÓN V, AMBOS DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 38, 52, PÁRRAFO SEGUNDO, 118, FRACCIÓN I Y 57, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS, REFORMADOS MEDIANTE DECRETO No. 466, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 11 DE ABRIL DE 2014, EN TANTO QUE POR DECRETO No. 521 PUBLICADO EL 30 DE JUNIO SIGUIENTE EN EL CITADO ÓRGANO DE DIFUSIÓN, SE REFORMARON Y DEROGÓ, RESPECTIVAMENTE, LAS MENCIONADAS DISPOSICIONES Y, POR ENDE, CESARON SUS EFECTOS. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza) ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SUPUESTOS EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN V, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza) DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO No. 466, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 11 DE ABRIL DE 2014, AL PREVER QUE PARA EFECTOS DE LA ELECCIÓN DE AQUÉLLOS, SE CONSTITUIRÁN CUATRO CIRCUNSCRIPCIONES PLURINOMINALES QUE COMPRENDERÁN LOS VEINTICUATRO DISTRITOS DE MAYORÍA RELATIVA EN QUE SE DIVIDE EL TERRITORIO DEL ESTADO, ASÍ COMO LA CONFORMACIÓN DE CADA UNA DE ELLAS, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN II, PÁRRAFO TERCERO, CONSTITUCIONAL. (Razones aprobadas por cuatro votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, en contra del voto de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Alberto Pérez Dayán. Los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y presidente Juan N. Silva Meza votaron en contra de algunas consideraciones. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO No. 466, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 11 DE ABRIL DE 2014, AL ESTABLECER QUE PARA TENER DERECHO A PARTICIPAR EN LA ASIGNACIÓN RELATIVA EL PARTIDO DE QUE SE TRATE DEBERÁ OBTENER, AL MENOS, EL 3% DE LA VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA A NIVEL ESTATAL, ES CONSTITUCIONAL. (Razones aprobadas por mayoría de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza. El Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea votó en contra de las consideraciones. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL DECRETO No. 466, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS EL 11 DE ABRIL DE 2014, POR EL QUE SE REFORMAN, ENTRE OTROS, EL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ESA ENTIDAD, QUE PREVÉ, EN SU SEGUNDA PARTE, LA CONFORMACIÓN DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES PLURINOMINALES PARA EFECTOS DE LA ELECCIÓN DE AQUÉLLOS, CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. (Razones aprobadas por cuatro votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, en contra del voto de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Alberto Pérez Dayán. Los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y presidente Juan N. Silva Meza votaron en contra de algunas consideraciones. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LA OMISIÓN LEGISLATIVA DE REGULAR LOS LÍMITES A LA SOBRE Y SUBREPRESENTACIÓN EN EL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDAD

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 13/2014 Y SUS ACUMULADAS 14/2014, 15/2014 Y 16/2014. · Registro digital (IUS): 25502
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-02-27
Promovente: PARTIDO NUEVA ALIANZA, PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, PARTIDO DEL TRABAJO Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo I, Pág. 753.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 13/2014 Y SUS ACUMULADAS 14/2014, 15/2014 Y 16/2014. PARTIDO NUEVA ALIANZA, PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, PARTIDO DEL TRABAJO Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día once de septiembre de dos mil catorce.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la demanda, autoridades emisora y promulgadora, y normas impugnadas. Por oficios presentados el nueve de mayo de dos mil catorce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las personas que se citan a continuación promovieron sendas acciones de inconstitucionalidad, en representación del partido político, e impugnaron las normas que, en cada caso, se precisan:

• Luis Castro Obregón, presidente del Comité de Dirección Nacional del Partido Nueva Alianza, impugnó el "Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, identificado con el número 466".

• Dante Alfonso Delgado Rannauro, Jaime Álvarez Cisneros, Jesús Armando López Velarde Campa, Alejandro Chanona Burguete, José Juan Espinosa Torres, Juan Ignacio Samperio Montaño y Nelly del Carmen Vargas Pérez, coordinador e integrantes de la Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, impugnan el "Decreto Número 466 por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, por cuanto hace a la porción normativa del párrafo segundo del artículo 27 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas".

• Alberto Anaya Gutiérrez, María Guadalupe Rodríguez Martínez, Ricardo Cantú Garza, Alejandro González Yáñez, Pedro Vázquez González, Reginaldo Sandoval Flores, Óscar González Yáñez y Francisco Amadeo Espinosa Ramos, integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo, impugnan el "Decreto Número 466 por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, por cuanto hace a la porción normativa del párrafo segundo del artículo 27 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas".

Por otra parte, mediante oficio presentado el sábado diez de mayo de dos mil catorce, ante el licenciado Jorge Enrique Hernández Peña, autorizado para recibir promociones de término fuera del horario normal de labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tratándose de acciones de inconstitucionalidad con contenido electoral (según se desprende de la certificación que consta al reverso de la foja trescientos diez del cuaderno principal), Jesús Zambrano Grijalva, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, impugna el "Decreto Número 466 por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas".

Todos los partidos políticos señalaron, de manera coincidente, como órganos demandados, al Poder Legislativo del Estado de Chiapas, como autoridad emisora, y al Poder Ejecutivo del referido Estado, como promulgadora de la norma general impugnada.

SEGUNDO. Artículos constitucionales que los promoventes señalan como violados. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que los promoventes estiman violados son: en relación con el Partido Nueva Alianza, los artículos 14, 16, 54 y 116, fracción II, párrafo tercero; el Partido Movimiento Ciudadano, los artículos 1o., 14, 16, primer párrafo, 35, fracciones I, II y III, 36, fracción IV, inciso a) y 133; el Partido del Trabajo, los artículos 1o., 14, 16, primer párrafo, 35, fracciones I, II y III, 36, fracción IV, 39, 40, 41, párrafos primero y segundo, base I, 116, fracciones II y IV, inciso a) y 133, y el Partido de la Revolución Democrática, los artículos 1o., 14, 16, 17, 35, 40, 41, 116, fracciones II y IV, y 133.

TERCERO. Conceptos de invalidez. Los promoventes aducen los siguientes conceptos de invalidez, en los que argumentan, en síntesis, lo siguiente:

Partido Nueva Alianza:

1. Expresa que el artículo 27, párrafo segundo, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas es inconstitucional, en virtud de que del decreto controvertido no se advierte ninguna manifestación que establezca técnicamente la eficacia de la redistribución distrital realizada, ni formula ninguna motivación mediante la cual exponga o ratifique la permanencia de las motivaciones que sirvieron para sustentar originalmente el sistema de representación proporcional en cuatro circunscripciones electorales; por lo que considera que adolece de una falta de fundamentación y motivación al respecto, ya que, al realizar una redistribución de los distritos electorales en las cuatro circunscripciones plurinominales, se debieron atender la causa y el fin de la norma misma, esto es, incrementar la participación de los pueblos indígenas y fortalecer la participación de las minorías en el Estado.

2. Que el artículo impugnado (27, párrafo segundo, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas) violenta el artículo 116, fracción II, párrafo tercero, en correlación con los artículos 14, 16 y 54 de la Constitución Federal, toda vez que, al prever como base del sistema de representación proporcional en la elección de diputados una Constitución de cuatro circunscripciones plurinominales que comprendan los veinticuatro distritos de mayoría relativa, favorece al partido mayoritario y fragmenta la votación en perjuicio de los partidos minoritarios, generando distorsiones en el sistema de representación que afectan el principio de pluralismo y la debida correspondencia entre votos y escaños en la integración del Congreso de Chiapas.

Que el esquema de cuatro circunscripciones, previsto en el artículo 27, párrafo segundo, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, es contrario al principio de pluralismo y a la base general séptima del principio de representación proporcional, prevista en la Constitución Federal, al considerar un sistema de representación proporcional que se encuentra establecido en reglas de asignación de diputados que no resultan conformes con los resultados de la votación obtenida, que favorecen distorsiones en beneficio de los partidos mayoritarios y que, en consecuencia, violentan el valor igualitario de los votos emitidos. Al respecto, invocó las jurisprudencias identificadas con los rubros: "REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN MATERIA ELECTORAL. LA REGLAMENTACIÓN DE ESE PRINCIPIO ES FACULTAD DEL LEGISLADOR ESTATAL." y "DIPUTADOS LOCALES. LA LIBERTAD LEGISLATIVA DE LOS ESTADOS PARA COMBINAR LOS SISTEMAS DE ELECCIÓN (MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL) EN LA INTEGRACIÓN DE SUS CONGRESOS LOCALES, ESTÁ SUJETA A LOS LÍMITES IMPUESTOS POR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TOMANDO EN CUENTA LOS PORCENTAJES SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 52 DE LA PROPIA CONSTITUCIÓN."

3. Que la inconstitucionalidad del decreto impugnado, por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, radica en la falta de regulación a los límites de la sobrerrepresentación y subrepresentación en que incurrió el Congreso del Estado de Chiapas, lo que se traduce en una omisión legislativa clasificable como absoluta en competencia de ejercicio obligatorio, toda vez que el artículo 116, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Federal vigente, impone un mandato constitucional de regular, de manera completa, el principio de representación proporcional derivado del artículo 116, fracción II, en relación con el 54 de dicho cuerpo normativo, lo cual, no aconteció en la especie, no obstante que, al momento de la dictaminación, discusión, aprobación, promulgación y publicación del decreto impugnado, ya se encontraba vigente el mandato establecido en el aludido precepto constitucional, que impone límites respecto de la representación del partido mayoritario en hasta un ocho por ciento de la votación obtenida y a la subrepresentación en un porcentaje no menor a la votación obtenida menos ocho puntos porcentuales.

Partido Movimiento Ciudadano:

• El artículo 27, párrafo segundo, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas violenta los derechos fundamentales de los ciudadanos de dicho Estado, como son el derecho a votar y ser votado y, como consecuencia, el derecho de acceso al poder público, así como la garantía de seguridad jurídica, porque dolosamente se pretende justificar la disparidad existente entre las cuatro circunscripciones en que se divide el Estado, para efectos de la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, proponiendo su modificación, por cuanto hace a su integración, presuntamente, para buscar que existe un mayor equilibrio entre el número de habitantes que a cada una de ellas comprende, pero rompiendo con ello el principio de representación proporcional, porque hace imposible que se cumpla con la pluralidad de la representación de todas las fuerzas políticas, cuando lo correcto es que, para que exista una verdadera representación de todos los ciudadanos a través de las distintas organizaciones políticas en el Congreso del Estado, se considera que debe existir una sola circunscripción y, por ende, el registro de una sola lista de dieciséis fórmulas, atendiendo al restablecimiento de la constitucionalidad del sistema electoral de asignación de diputados por el principio de representación proporcional.

• Señala que si bien no existe imperativo para imponer a los Estados un modelo específico para la instrumentación de los sistemas de elección que dispone la Constitución Federal; no obstante, por mayoría de razón y siguiendo el espíritu de las disposiciones constitucionales que lo establecen, debe asegurarse que los términos que se establecen en la legislación estatal no cumplen con lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Federal, ya que no es suficiente con que las Legislaturas de los Estados dispongan que las elecciones se sujetarán a los principios de mayoría relativa y de proporcionalidad; sino, además, es necesario que las normas que desarrollen esos principios cumplan real y efectivamente con el fin para el cual fueron establecidos, sin perjuicio de las modalidades que cada Legislatura Estatal quiera imponerles, pero sin desconocer su esencia.

• Por lo anterior, -aduce- las reformas planteadas evidencian que, de manera flagrante, la forma en que se encuentran divididas las circunscripciones en la entidad, así como la fórmula y el método que se siguen en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, que se determina en los artículos 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, incumplen y se contraponen con los fines y objetivos que persigue el principio de representación proporcional, y que llevó al Constituyente a establecer su introducción en los sistemas electorales locales; aunado a que dichos dispositivos infringen principios rectores fundamentales, tales como los de representatividad, federalismo, equidad y supremacía constitucional.

• Bajo dicho orden de ideas, plantea que debe señalarse que si bien se reconoce que existen diferentes métodos o modelos que pueden aplicarse para hacer vigente este principio de representación proporcional, en el sistema electoral mexicano sus bases generales se instituyen en el artículo 54 de la Constitución Federal, de cuyo análisis se llega al convencimiento de que la proporcionalidad en materia electoral, más que un principio, constituye un sistema compuesto por bases generales tendentes a garantizar, de manera efectiva, la pluralidad en la integración de los órganos legislativos, permitiendo que formen parte de ellos candidatos de los partidos minoritarios, e impidiendo, a la vez, que los partidos dominantes alcancen un alto grado de sobrerrepresentación.

• Por lo anterior, considera que la reforma, por cuanto hace a la porción normativa del párrafo segundo del artículo 27 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas es inconstitucional, porque no atiende al principio de proporcionalidad establecido en los artículos 54 y 116 de la Constitución Federal; de ahí que concluye que deben desaparecer las cuatro circunscripciones plurinominales y restablecer la constitucionalidad del sistema electoral de asignación de diputados por el principio de representación proporcional a una sola circunscripción y registro de una sola lista de dieciséis fórmulas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 52, 53 y 116, fracción II, de la Constitución Federal, por considerarlas inequitativas, aun cuando se modifican por cuanto hace a su integración.

Partido del Trabajo:

El Partido del Trabajo expone como conceptos de invalidez, los aducidos por el Partido Movimiento Ciudadano, en relación con el artículo 27, párrafo segundo, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, señalado con anterioridad, así como los siguientes:

• Que el artículo 30, fracción II, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas contraviene los parámetros y principios establecidos en los artículos 1o., 35, fracciones I y II, 40, 41, 54 y 116, fracción II, de la Constitución Federal, ya que es contrario a los principios y características propias del sistema de representación proporcional, pues pretende que un partido político tenga que obtener, al menos, el 3% de la votación válida emitida en el Estado para tener derecho a participar en la asignación por el principio de representación proporcional, atentando contra el principio de pluralidad política y de una auténtica representación de las minorías, así como lo establecido en la tesis de jurisprudencia 77/2003 que, en esencia, menciona que las Legislaturas Locales no pueden alejarse significativamente de los porcentajes establecidos en la Constitución Federal.

• Indica que el artículo 57, párrafo segundo, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas es contrario a lo establecido en el artículo segundo transitorio, fracción I, inciso f), numeral 5, de la Constitución Federal, toda vez que el procedimiento legislativo que se llevó a cabo para aprobar la reforma impugnada contraviene el principio de legalidad contemplado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en virtud de que las autoridades tienen la obligación de fundar y motivar la causa legal del procedimiento, mientras que, en el presente caso, el legislador local omitió señalar si en el proceso electoral inmediato los partidos políticos podrían coaligarse.

Que al omitir el legislador local, si en el primer proceso electoral se pueden coaligar los partidos políticos, se vulneran los principios de certeza en materia electoral y el de legalidad, pues se genera incertidumbre, existiendo una laguna de carácter constitucional y legal; asimismo, indica que es inconstitucional el permitir que un partido de nueva creación a nivel local se pueda coaligar con otro partido ya existente en la primera elección en que va a participar, ya que a nivel federal los partidos políticos nacionales de nueva creación están impedidos legalmente para coaligarse con otra fuerza política, de acuerdo con la reforma política antes mencionada. En este orden de ideas, considera que no existe una armonización entre la Constitución Federal, con la reforma a la Ley Electoral del Estado de Chiapas, ya que rompe con la supremacía constitucional establecida en el artículo 133 de la Carta Magna.

Partido de la Revolución Democrática:

El Partido de la Revolución Democrática expone como conceptos de invalidez, los aducidos por el Partido Movimiento Ciudadano, en relación con el artículo 27, párrafo segundo, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, señalados con anterioridad, así como los siguientes:

• Impugna el artículo 38 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, porque al establecer que tratándose de coaliciones formadas para la elección de Ayuntamientos, deberán obtener a su favor, en el Municipio correspondiente, al menos el 3% de la votación válida emitida, violenta lo dispuesto en los artículos 41 y 116, fracción IV, de la Constitución Federal, ya que condicionan la posibilidad de partidos nacionales y estatales a participar en coalición a un resultado a nivel municipal, violentando, adicionalmente, el transitorio segundo, inciso f), numeral 3, de la reforma constitucional aprobada y publicada el diez de febrero de dos mil catorce.

Lo anterior, porque el legislador federal no observó la configuración que a nivel local estableció el transitorio segundo de modelo de coaliciones, pues condiciona las coaliciones a nivel municipal y no a nivel estatal, lo cual, implica que es inconstitucional. Asimismo, señala que es inconstitucional condicionar un porcentaje de votación previa (3%) a una coalición que el nuevo sistema constitucional identifica como un elemento a nivel estatal.

Indica que la norma transitoria que se invoca es vigente y aunque se refiere a la norma de carácter general a emitir, excluye, en consecuencia, a las Legislaturas Estatales de legislar al respecto, por lo cual, es otro elemento para declararlo inconstitucional, en atención al principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 133 constitucional.

• En el mismo sentido, de lo alegado en el anterior concepto de invalidez, impugna los artículos 52, 62 y 118 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, porque al establecer que los partidos políticos nacionales son susceptibles de perder el registro a nivel nacional si no tiene un 3% de la votación valida emitida en las elecciones de diputados y Ayuntamiento del Estado, condicionan la participación de los mismos a una cantidad de Municipios y distritos, lo cual vulnera lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso f), párrafo segundo, de la Constitución Federal.

CUARTO. Admisión y trámite. Por acuerdo de nueve de mayo de dos mil catorce, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la acción de inconstitucionalidad 13/2014 y, de conformidad con la certificación de turno que acompaña, se turnó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, como instructor del procedimiento; asimismo, mediante acuerdos de doce de mayo del año en cita, ordenó formar y registrar las acciones 14/2014, 15/2014 y 16/2014, además, de conformidad con las certificaciones de turno que acompaña y dado que tienen relación con la diversa acción de inconstitucionalidad 13/2014, se decretó la acumulación de las referidas acciones a este último asunto y, por razón de turno, por conexidad, se nombró como instructor del procedimiento al referido Ministro.

Mediante proveído de trece de mayo de dos mil catorce, el Ministro instructor de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la radicación, acumulación y admisión de las acciones de inconstitucionalidad 13/2014, 14/2014, 15/2014 y 16/2014, promovidas por el Partido Nueva Alianza, Partido Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Partido de la Revolución Democrática, respectivamente, y ordenó dar vista a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Chiapas, para que rindieran sus respectivos informes; así como al procurador general de la República, para que formulara el pedimento correspondiente, requiriendo, a su vez, al presidente del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, para que informara a este Alto Tribunal la fecha en que inicia el próximo proceso electoral en la referida entidad; así como a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que expresara su opinión en relación con las acciones intentadas.

QUINTO. Informes de las autoridades.

I. El Poder Ejecutivo en su informe, sustancialmente, manifestó, respecto de las acciones, lo siguiente:

• Que los partidos políticos actores erróneamente señalan que el decreto impugnado es violatorio de diversos preceptos de la Constitución, pues señalan, en su primer concepto de invalidez, que el artículo 27, párrafo segundo, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, es inconstitucional, toda vez que la integración de cuatro circunscripciones plurinominales, como base del sistema de representación proporcional en la elección de diputados, favorece al partido mayoritario y fragmenta la votación en perjuicio de los partidos minoritarios, lo que afecta el principio de pluralismo y debida correspondencia entre votos y escaños en la integración del Congreso del Estado de Chiapas, por lo que proponen que exista una sola circunscripción.

Sostuvo que el artículo 27, párrafo segundo, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas no contraviene la Constitución, toda vez que la determinación del sistema de representación proporcional en una facultad que expresamente le fue atribuida en el artículo 116, párrafo segundo, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Federal, mediante reserva de ley, debido a que este precepto constitucional establece que las Legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que sus leyes señalen.

Señaló que la Suprema Corte ha resuelto que las Legislaturas de los Estados deben introducir el principio de representación proporcional en su sistema electoral local, pero que no existe deber para que se sigan reglas específicas para efectos de la reglamentación del aludido principio.

Asimismo, adujo que, en este sentido, la Suprema Corte concluyó que la obligación estatuida en los dispositivos fundamentales reduce a establecer dentro del ámbito local ese principio de representación proporcional, pero no existe disposición constitucional que imponga reglas específicas para tales efectos; de manera que para que las Legislaturas cumplan y se ajusten a la norma constitucional, es suficiente con que adopten tal principio dentro de su sistema electoral local.

Así las cosas, sostuvo que la facultad de reglamentar este principio es de las Legislaturas Estatales, las que conforme al artículo 116 constitucional, sólo deberán considerar en su sistema ambos principios de elección, sin que se prevea alguna disposición adicional al respecto. En este sentido, consideró que si la exigencia constitucional a las Legislaturas Estatales se limita a prever el principio de representación proporcional en su sistema electoral local, es inconcuso que la determinación de cuatro circunscripciones plurinominales, por sí, no es contraria a la Constitución General.

Señala que, en el caso particular, los partidos políticos actores aducen que la distribución de distritos que hace la Legislatura Estatal es desproporcionada, en cuanto a la población, electores y distritos; sin embargo, de la lectura de sus escritos de demanda no se advierte tal circunstancia, máxime que si se compara con la integración que existía antes de la reforma, con la nueva conformación, se hace evidente que la intención fue hacer una distribución más equitativa, como se demuestra tomando en cuenta los datos contenidos en la exposición de motivos del decreto controvertido y la información que presentan los propios actores.

• En cuanto al segundo concepto de invalidez, manifestó que no vulnera disposición constitucional alguna el decreto controvertido, pues si bien no se establece en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas un límite a la sobrerrepresentación o subrepresentación, lo cierto es que esas restricciones ya fueron impuestas por el Poder Reformador de la Constitución, sin que sea necesario que la legislación estatal reitere la disposición constitucional.

• Con relación al tercer concepto de invalidez, sostuvo que el artículo 30, fracción II, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas no vulnera disposición alguna, en términos de lo expuesto por el Partido del Trabajo.

Señaló que la doctrina judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el tema de representación proporcional, ha evolucionado desde la posición en que los parámetros eran los previstos en los artículos 52 y 54 constitucionales, como se refleja en la tesis de jurisprudencia, de rubro: "MATERIA ELECTORAL. PASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.". Hasta una posición, relativamente reciente, en que esas disposiciones constitucionales dejaron de constituir las pautas obligatorias de control para analizar la constitucionalidad de las leyes electorales.

El nuevo criterio se ha generado, a partir de una serie de acciones de inconstitucionalidad: 14/2010 y sus acumuladas; 26/2011 y su acumulada; 27/2011; 41/2012 y sus acumuladas, y, la más reciente, 50/2012; que marcan una línea clara, pues coinciden en que los artículos 52 y 54 de la Constitución Federal son aplicables únicamente al ámbito federal, en tanto que el artículo 116, que rige en el ámbito estatal, no establece cifras o porcentajes a los cuales deban ceñirse los Estados.

Tal disposición establece que el partido político local que no obtenga, al menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo Locales, le será cancelado el registro. En ese sentido, resulta congruente lo previsto en la normativa electoral local con la disposición constitucional, pues no es congruente que si un partido político pierde su registro por no alcanzar el mínimo de votación requerida, se le asignen diputados por el principio de representación proporcional.

• Ahora bien, respecto al cuarto concepto de invalidez, sostuvo que el artículo 38 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas no es contrario a los artículos 41 y 116, fracción IV, de la Constitución Federal, como alega el Partido de la Revolución Democrática, porque de su lectura no se advierte que se condicione a los partidos políticos, de forma alguna, su participación en las elecciones municipales.

Asimismo, señaló que dicha disposición tampoco resulta contraria a lo dispuesto en el artículo segundo transitorio, inciso f), numeral 3, del decreto de reforma constitucional, publicado en el Diario Oficial del diez de febrero de dos mil catorce, pues el Reformador Permanente de la Constitución no estableció prevención alguna en cuanto al porcentaje mínimo de la votación válida emitida para que los partidos políticos puedan acceder a la representación proporcional en los Ayuntamientos, en consecuencia, se reafirma que no hay impedimento constitucional para que las Legislaturas Estatales establezcan estos mínimos.

• En relación al quinto concepto de invalidez, adujo que los artículos 52, 62 y 118 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, toda vez que de su lectura se advierte que no se condiciona la conservación del registro de los partidos políticos nacionales a la obtención de alguna votación mínima en elecciones estatales o municipales, ni limita su participación en las elecciones locales a la obtención de alguna votación mínima de determinada votación.

Se debe tomar en consideración -adujo- que conforme a los artículos 53, 64, 65 y 66 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, para que las asociaciones de ciudadanos adquieran la calidad de partidos políticos estatales deberán obtener su registro ante el Instituto Electoral Local y, por su parte, los partidos políticos nacionales interesados en participar en las elecciones estatales deberán acreditar su registro ante el propio órgano electoral, siendo que los partidos políticos estatales y nacionales con registro y acreditación, respectivamente, gozan de los mismos derechos y obligaciones. En este sentido, los artículos controvertidos no limitan o condicionan la participación de los partidos políticos nacionales en los procedimientos locales.

Respecto al sexto concepto de invalidez, señaló que el artículo 57, párrafo segundo, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, no es inconstitucional, pues, en primer lugar, tal precepto establece el momento a partir del cual surtirá efectos el registro o acreditación de los partidos políticos, sin que se advierta que tenga que ver con temas vinculados con el registro de las candidaturas o la modalidad de participación de las coaliciones en los procedimientos electorales.

Además, en cuanto a lo argumentado en el sentido de que se debió establecer si en el procedimiento electoral inmediato, los partidos políticos se podrán coaligar, no asiste la razón al partido político actor, pues en términos de los artículos 73, fracción XXI-U, constitucional y segundo transitorio del decreto de reforma constitucional, esta regulación es competencia del Congreso de la Unión.

Finalmente, en cuanto al argumento relativo a que el decreto no está debidamente fundado y motivado, de la misma manera, reiteró que éste se encuentra debidamente fundado y motivado, como se desprende del texto del considerando del propio decreto.

II. El Poder Legislativo, en su informe, sustancialmente, manifestó, respecto de las acciones, lo siguiente:

• Que el decreto no contradice ninguna norma constitucional, esto es así, pues la misma adición resulta ser en beneficio del electorado, puesto que se divide en cuatro circunscripciones electorales, tomando en consideración el nú

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25502-8355a351/accion-de-inconstitucionalidad-debe-sobreseerse-en-el-procedimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.