I. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. AL EXISTIR CONCURRENCIA DE FACULTADES LEGISLATIVAS EN ESTA MATERIA, LOS CONGRESOS LOCALES TIENEN COMPETENCIA PARA LEGISLAR RESPECTO DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN RELATIVOS, SIEMPRE QUE LO HAGAN DE FORMA ARMÓNICA Y HOMOLOGADA A LOS PARÁMETROS DE LA LEY GENERAL (ARTÍCULOS DEL 158 AL 181 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). II. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CARECEN DE COMPETENCIA LEGISLATIVA PARA ESTABLECER UN PLAZO DIVERSO AL MÁXIMO DE CUARENTA DÍAS PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA PARA EL TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 162 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). III. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA LEY GENERAL DE LA MATERIA CONSTITUYE EL PARÁMETRO DE VALIDEZ PARA EL ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES LOCALES RELATIVAS (LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 162 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 37/2016. PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 6 DE MAYO DE 2019. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: CECILIA ARMENGOL ALONSO.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al seis de mayo de dos mil diecinueve, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 37/2016, en la que se impugnan diversos preceptos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el miércoles veintisiete de abril de dos mil dieciséis a través del Decreto LXII-948.
I. Antecedentes y trámite de la demanda
1. Demanda. Mediante oficio 142/2016 presentado el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la entonces procuradora general de la República, se interpuso acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 y 181, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, publicados en el Periódico Oficial de la entidad el miércoles veintisiete de abril de dos mil dieciséis, a través del Decreto LXII-948.(1)
2. Conceptos de invalidez. Al respecto, se plantearon los conceptos de invalidez que se sintetizan a continuación:
• Primer concepto de invalidez. La procuradora alega violación a los artículos 16, párrafo primero, 73, fracción XXIX-S y 116, fracción VIII, todos de la Constitución Federal, respecto de los artículos 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 y 181, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, publicados en el Periódico Oficial de la entidad el miércoles veintisiete de abril de dos mil dieciséis, a través del Decreto LXII-948; en tanto estos preceptos regulan aspectos relativos al recurso de revisión, tales como la procedencia, los plazos, el trámite y sustanciación, las causales de improcedencia del mismo y las posibles formas de resolución.
• Por eso considera que derivado de los artículos 6o., apartado A, fracción IV y 73, fracción XXIX-S, de la Constitución Federal, mismos que fueron objeto de la reforma constitucional en materia de transparencia publicada en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil catorce, y de cuyos textos se desprende que para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias tomarán como principio y/o base, establecer mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos.
• Señala que conforme con la fracción XXIX-S del artículo 73 de la Constitución Federal, se establece que es el Congreso de la Unión quien cuenta con la facultad de expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno.
• Agrega que conforme con la fracción XXIX-S del artículo 73 de la Constitución Federal, se establece que es el Congreso de la Unión quien cuenta con la facultad de expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno.
• Observa, que del artículo segundo transitorio, se desprende la obligación del Congreso de la Unión de emitir una ley general y reglamentaria del numeral 6o. de la Constitución Federal, lo cual ocurrió mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, en el que se expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que en su artículo 1, establece como su objeto establecer las bases para crear las instituciones que la misma regula y fija los principios generales y crear los procedimientos para el ejercicio de acceso a la información pública. Aunado a que de las fracciones I y IV del artículo 2 de la ley general, se advierte que parte de sus objetivos consisten en distribuir competencias entre el órgano garante de la Federación y los correspondientes a las entidades federativas, y regular los medios de impugnación en materia de transparencia y acceso a la información.
• Agrega también, que del análisis a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, se advierte el título octavo denominado "De los procedimientos de impugnación en materia de acceso a la información pública" de cuyos preceptos se prevé la sustanciación, entre otros, del recurso de revisión. Luego, considera que al ser la Ley General de Transparencia un ordenamiento que distribuye competencias y del cual se deriva que el Congreso de Tamaulipas ya no tiene atribuciones para establecer los recursos que hagan efectivo el ejercicio del derecho de acceso a la información, de ahí los preceptos de la ley local que regulan dicho recurso resultan inconstitucionales.
• Corrobora su argumento al señalar que de la iniciativa a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información se verifica que el legislador federal señaló que el objeto perseguido por la ley general, fue establecer las bases mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información, regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; así como regular los medios de impugnación en concreto el recurso de revisión ante el instituto y los organismos garantes que otorgan la posibilidad a los particulares de solicitar la información, razón por la cual se señaló que se homologarán los plazos de respuestas de estos órganos.
• Alega que no obstante el Congreso de Tamaulipas cumplió con el quinto transitorio de la Ley General de Transparencia, pasaron por alto apegarse a sus bases y directrices, e invadieron la esfera del legislador federal al legislar sobre un ámbito de competencia reservado de manera exclusiva al legislador federal, y a fin de corroborar la vulneración a la fracción XXIX-S del artículo 73 de la Constitución Federal, la actora realiza un cuadro comparativo entre las disposiciones de la Ley General de Transparencia y las que combate de la ley de transparencia de Tamaulipas relativas a la regulación del recurso de revisión, de cuya confronta destaca que si bien el legislador en algunos preceptos estableció hipótesis normativas de forma idéntica a la ley general, en otras lo hace de manera diferente, como por ejemplo en el artículo 162 de la ley impugnada en el que el legislador local estableció un plazo para la resolución del recurso de revisión distinto al señalado en la ley general, lo que también ocasiona una transgresión al principio de certeza jurídica. Por lo que concluye, es evidente que el legislador local estaba impedido para legislar lo concerniente al recurso de revisión en la materia de transparencia y acceso a la información, y por ello, deben invalidarse las normas impugnadas.
• Segundo concepto de invalidez. La procuradora actora alega violación al principio de certeza jurídica, y combate en concreto el artículo 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas, que considera genera una violación al principio de certeza jurídica porque establece que el organismo garante tiene un plazo de treinta días para resolver el recurso de revisión, y que el mismo podrá ampliarse en una sola ocasión hasta por diez días más. Lo que se contradice con la regulación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información ya que ésta en su artículo 146 prevé un plazo de cuarenta días en el mismo supuesto, y que éste podrá ampliarse por una sola vez hasta por un periodo de veinte días.
• Luego, sostiene que la inconstitucionalidad del precepto radica en que como se señaló del dictamen elaborado por la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura, respecto del proyecto a la ley general en materia de transparencia, se evidencia que la intención del legislador federal fue de homologar los plazos de respuesta de los órganos garantes respecto del recurso de revisión, por tanto, es evidente que el legislador local de Tamaulipas, carecía de facultades para modificar dichos plazos.
• Además, que ello incide en el principio de seguridad jurídica, toda vez que, el Congreso Local de forma distinta a las previsiones de la ley general estableció plazos diversos para la resolución del recurso de revisión, y ello impide que los solicitantes que interpongan el recurso en cita, conozcan con precisión los plazos sobre los cuáles el órgano garante resolverá el recurso de revisión.
3. Admisión y trámite. Por acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, el Ministro presidente tuvo por presentada la acción de inconstitucionalidad promovida por la procuradora general de la República, registrándola bajo el número 37/2016, y la asignó al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena como instructor del procedimiento.(2)
4. Consiguientemente, por acuerdo de veintiséis de mayo siguiente, el Ministro instructor dio cuenta de la demanda de inconstitucionalidad, la admitió a trámite y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tamaulipas como las entidades que aprobaron, emitieron y promulgaron el decreto impugnado, por lo que les solicitó su informe en un plazo de quince días hábiles, y se requirió al Congreso Local la remisión de los antecedentes legislativos de los decretos reclamados; y al Poder Ejecutivo de la entidad para que remitiera un ejemplar del Periódico Oficial del Estado respectivo.(3)
5. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas. A través de un escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, el veintiocho de junio de dos mil dieciséis, el gobernador constitucional del Estado de Tamaulipas rindió su informe(4) y expresó los razonamientos que se detallan a continuación:
• Alegó que la promulgación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se encuentra ajustada a derecho, tan así que el mismo Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que como organismo especializado en la materia aprobó en todos y cada uno de sus términos el proyecto de ley.
• Aduce que la actora argumenta de manera dogmática que la emisión de la ley impugnada se llevó a cabo sin fundamentación y motivación, pero no expone los razonamientos que sustenta ese dicho; aunado a que la acción debe sobreseerse porque la actora plantea una contradicción entre una norma general y una ley secundaria, sin precisar una causa de pedir respecto a su inconstitucionalidad, esto es al no señalar las razones mínimas que pongan de relieve la violación del derecho público subjetivo invocado por la norma general aplicada y no la que se utilice como parámetro comparativo.(5)
• Señala que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue emitida atendiendo a las facultades y obligaciones conferidas en el artículo 91, fracción V, de la Constitución del Estado de Tamaulipas, esto es: promulgar, mandar a publicar, cumplir y hacer cumplir las leyes y decretos del Congreso del Estado. Y, por ende, la legislación impugnada cumple con la debida fundamentación y motivación.
• En cuanto a los argumentos que alegan violación al principio de seguridad jurídica, el Ejecutivo señala que la inconstitucionalidad de una ley no puede demostrarse por incongruencias con el orden jurídico que revelen violación, entre otras, a la garantía de seguridad jurídica, como podría ser la contradicción de tesis entre la norma impugnada con otra norma general. Y estima que, la inconstitucionalidad de una ley requiere de la indicación de la garantía individual violada y de la precisión de razones mínimas que pongan de relieve la violación del derecho público subjetivo invocado por la norma general aplicada, y no por la que se utilice como parámetro comparativo. Máxime que, en el caso los legisladores cumplieron, considera, con los artículos 6, apartado A, fracción IV y 73, fracción XXIX-S, de la Constitución Federal.
• Además, considera que debe tomar en cuenta el principio de progresividad tutelado por el artículo 1o. de la Constitución Federal, a fin de evidenciar que el plazo de la ley local es más favorable para el particular y por ende es incuestionable que se tiene que respetar esta determinación. Y en suma considera que por esas razones el concepto de invalidez debe calificarse como inoperante. Máxime que considera que la procuradora actora sólo se limita a señalar que son inconstitucionales los artículos 158 al 181 de la ley de transparencia del Estado de Tamaulipas, sin elaborar argumentos ni razonamientos lógico jurídicos del por qué tales aseveraciones son inoperantes al no desvirtuar la presunción de constitucionalidad de las leyes.
• Agrega que el argumento referente a la diferencia de plazos entre la ley local y la ley general, sí otorga seguridad jurídica a los ciudadanos porque el artículo 162 de la legislación impugnada se apega al principio de inmediatez procesal contenido en los artículos 6o. y 17 de la Constitución Federal, lo que además respeta el principio pro persona porque el plazo de la ley general es mayor.
• Alega que de los artículos quinto y séptimo transitorios de la Ley General de Transparencia establece que no se podrán reducir o ampliar los plazos vigentes en la normatividad de la materia en perjuicio de los solicitantes de información. De ahí que por ese impedimento, se deben respetar los plazos de la norma, amén que la armonización normativa no sólo es un paso o un requisito adicional al proceso de creación de un ordenamiento, sino que debe buscar por un perfeccionamiento del orden jurídico, por lo que basta la comparativa entre los preceptos para concluir que éstos no discuerdan ni se rechazan, sino que en la legislación local se establece una norma más benéfica a las partes, lo cual está permitido por el artículo séptimo transitorio de la Ley General de Transparencia.
6. Informe del Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas. A través de un escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintiocho de junio de dos mil dieciséis, el presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Segunda Legislatura del Estado de Tamaulipas rindió su informe(6) y expresó los razonamientos que se detallan a continuación:
• Señala que la emisión de la ley impugnada tiene una legítima finalidad constitucional, y por eso la aprobación del Decreto LXII-948, además que cumplió con todas las etapas del proceso legislativo, fue apta e idónea y no invade la esfera competencial del Congreso de la Unión, porque el actuar del Congreso Local se apegó a lo que dispone el artículo 6o. de la Constitución Federal, atendiendo todas las formalidades sin que fuera violentado el artículo 1o. de la Constitución Federal.
• Agrega que se cumplió con el objetivo de armonización de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, cumpliendo con la obligación legislativa con arreglo al principio pro persona, a fin de crear condiciones que permitan a cada persona gozar de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, en concreto del acceso a la información pública, por lo que con la idea de proporcionar más y mejores condiciones legales que permitan garantizar el derecho constitucional, se establecieron los mecanismos jurídicos para hacerse valer los medios de impugnación, lo que no invade la esfera competencial del Congreso de la Unión.
7. Cierre de la instrucción. Tras el trámite legal correspondiente y la presentación de alegatos, por acuerdo de trece de julio de dos mil dieciséis, se declaró cerrada la instrucción del asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución.(7)
II. Competencia
8. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c),(8) de la Constitución General y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al plantearse la posible contradicción entre diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas y la Constitución Federal.
III. Precisión de las normas reclamadas
9. Del análisis del escrito de la procuradora actora, se advierte que las normas impugnadas que son señaladas como contrarias al artículo 6o. y la fracción XXIX-S del artículo 73 de la Constitución Federal, consisten en especificó los artículos 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 y 181, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, publicados en el Periódico Oficial de la entidad, el miércoles veintisiete de abril de dos mil dieciséis, a través del Decreto LXII-948.
10. Así las cosas, este Tribunal Pleno considera como efectivamente impugnados los artículos 158 a 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tamaulipas.
IV. Oportunidad
11. El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal(9) (de ahora en adelante la "ley reglamentaria de la materia") dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial, precisando que en materia electoral todos los días y horas son hábiles.
12. En ese sentido, se estima que la acción de inconstitucionalidad resulta oportuna, pues primeramente se trata de un nuevo acto legislativo respecto de todas las normas efectivamente impugnadas(10) y la presentación de la demanda se hizo en el plazo legal correspondiente.
13. En tanto se verifica que el Decreto LXII-948, impugnado en la presente acción de inconstitucionalidad, se publicó el miércoles veintisiete de abril de dos mil dieciséis,(11) por lo que el plazo para presentar la acción de inconstitucionalidad transcurrió del jueves veintiocho de abril al viernes veintisiete de mayo de dos mil dieciséis. Consecuentemente, dado que la demanda de la procuradora general de la República se interpuso en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el martes veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis,(12) resulta inconcuso que se satisface el requisito de temporalidad que se analiza.
V. Legitimación
14. La acción de inconstitucionalidad fue promovida por órgano legitimado y por su debido representante, tal como se evidencia en las consideraciones y razonamientos que se detallan enseguida.
15. En lo que interesa, artículo 105, fracción II, inciso c),(13) de la Constitución Federal dispone:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
"...
"c) El procurador general de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. ..."
16. De acuerdo con el citado precepto, el procurador general de la República podrá promover acción de inconstitucionalidad, entre otros, en contra de leyes estatales.
17. En el caso, se advierte que suscribe el escrito Arely Gómez González, en su carácter de procuradora general de la República, lo que acredita con la copia certificada de su nombramiento, expedido por el presidente de la República el tres de marzo de dos mil quince (foja treinta y dos del expediente).
18. Dicha funcionaria promueve la acción en contra de diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, ordenamiento de carácter estatal, por lo que cuenta con legitimación para hacerlo.
19. Apoya la anterior conclusión, la tesis P./J. 98/2001, publicada en la página ochocientos veintitrés del Tomo XIV, septiembre de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra señala:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES.—El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al procurador general de la República para impugnar, mediante el ejercicio de las acciones de inconstitucionalidad, leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal, así como tratados internacionales, sin que sea indispensable al efecto la existencia de agravio alguno, en virtud de que dicho medio de control constitucional se promueve con el interés general de preservar, de modo directo y único, la supremacía constitucional, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma. En otras palabras, no es necesario que el procurador general de la República resulte agraviado o beneficiado con la norma en contra de la cual enderece la acción de inconstitucionalidad ni que esté vinculado con la resolución que llegue a dictarse, pues será suficiente su interés general, abstracto e impersonal de que se respete la supremacía de la Carta Magna."
VI. Causas de improcedencia y sobreseimiento
20. El Poder Ejecutivo demandado, en su informe manifestó que toda vez que en el primer concepto de invalidez formulado por la actora se plasmó una contradicción entre una norma general y una ley secundaria, el mismo precisa de una causa de pedir al no señalar las razones mínimas que pongan de relieve la violación del derecho público subjetivo invocado por la norma general aplicada y no la que se utilice como parámetro comparativo. Misma que debe desestimarse en tanto que su análisis involucra el estudio de fondo del asunto,(14) como se desarrollará en el siguiente apartado.
21. Luego, al no haberse hecho valer alguna otra causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento diverso al analizado, ni advertirse de oficio alguna por este Alto Tribunal,(15) se procede al estudio de los conceptos de invalidez planteados.
VII. Estudio de fondo
22. Este Tribunal Pleno procede al análisis del primer concepto de invalidez planteado por la actora en el que alega que el Congreso del Estado de Tamaulipas carece de competencia para emitir las normas cuya validez se cuestiona, al estimar que derivado de los artículos 6o., apartado A, fracción IV y 73, fracción XXIX-S, de la Constitución Federal, mismos que fueron objeto de la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce, que es el Congreso de la Unión quien cuenta con la facultad de expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno y, con ello la regulación de los medios de impugnación.
23. Además, la parte actora alega que no obstante el Congreso de Tamaulipas cumplió con el quinto transitorio de la Ley General de Transparencia, al hacerlo omitió apegarse a sus bases y directrices respecto a los procedimientos, e invadió la esfera del legislador federal al legislar sobre un ámbito de competencia reservado de manera exclusiva al legislador federal, por lo que es evidente que el legislador local estaba impedido para legislar lo concerniente al recurso de revisión en la materia de transparencia y acceso a la información y, por ello, deben invalidarse las normas impugnadas.
24. Concepto de invalidez que resulta infundado, de acuerdo al criterio mayoritario que este Tribunal Pleno, sostuvo al fallar la diversa acción de inconstitucionalidad 45/2016,(16) en la cual se sostuvo que en la materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, el Constituyente estableció un sistema de facultades concurrentes entre la Federación y las entidades federativas.
25. En efecto, dado que la propia Constitución reconoce y la jurisprudencia de este Tribunal así lo ha reconocido,(17) las llamadas facultades concurrentes, que se ejercen simultáneamente por la Federación y las entidades federativas y, eventualmente, Municipios u órganos de la Ciudad de México, como consecuencia de la unidad de fines o concordancia de propósitos que supone el régimen federal. Estas facultades atribuyen competencia tanto a los órganos de autoridad federal como a la autoridad local, pero concediendo a una de ellas, en este caso a la Federación, la atribución para fijar bases o criterios de división de esa facultad.
26. Así las concurrencias legislativas que efectúa el Constituyente en favor de los distintos órdenes de gobierno, en relación con una materia competencial específica, se establecen a través de la distribución en una ley del Congreso de la Unión, llamada "ley general".
27. Y que también se han denominado leyes marco, que distribuyen las competencias entre la Federación y los Estados, otorgando las bases para el desarrollo de las leyes locales correlativas, suprimiendo en la Constitución Federal la atribución de competencias entre los dos órdenes de gobierno, dejando la función de reparto en el Congreso Federal.(18)
28. Y por lo cual, la inconstitucionalidad de una ley puede depender no sólo de la infracción a la Constitución Federal, sino también de la contravención a normas que no forman parte de la Constitución y que tienen un rango inferior a ella, pero que por disposición constitucional deben ser utilizadas como parámetros de validez respecto de las leyes de la misma jerarquía, cuya contravención provoca la inconstitucionalidad de éstas.(19)
29. Por esas razones este Tribunal Pleno encuentra que tratándose de la materia de transparencia y acceso a la información, existe concurrencia de competencias legislativas, porque así se refiere el marco constitucional que regula lo relativo al derecho de acceso a la información y transparencia reconocido en los artículos 6o., apartado A, fracciones IV y VIII, párrafo segundo, 73, fracción XXIX-S y 116, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que disponen lo siguiente:
"Artículo 6o. ...
"A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
"...
"IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
"...
"VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.
"El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, en los términos que establezca la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho. ..."
"Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
"...
"XXIX-S. Para expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno. ..."
"Artículo 116. El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.
"Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:
"...
"VIII. Las Constituciones de los Estados establecerán organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6o. de esta Constitución y la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimient
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29212-d1c7e469/i-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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