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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUEDE PRESENTARLA EN REPRESENTACIÓN DE ESTE ENTE LEGITIMADO. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA MODIFICACIÓN DEL NÚMERO DE LA FRACCIÓN IMPUGNADA, AL HABERSE ADICIONADO UNA DIVERSA FRACCIÓN PREVIA, NO CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO QUE HAGA CESAR SUS EFECTOS. III. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE OAXACA. EL RETIRO DE LA FIRMA DE UNA DIPUTADA INTEGRANTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES NO SIRVE PARA DEMOSTRAR LA INVALIDEZ DEL DECRETO IMPUGNADO, PUES EL DICTAMEN RESPECTO DEL CUAL LA DIPUTADA RETIRÓ SU FIRMA FUE MODIFICADO Y ES ANTERIOR AL QUE DIO ORIGEN A DICHO DECRETO (DECRETO NÚMERO 2473, POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN DEL APARTADO C; LOS PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO Y OCTAVO; LAS FRACCIONES IV, V Y VIII, TODOS DEL APARTADO C DEL ARTÍCULO 114 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL PRIMERO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO). IV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE OAXACA. EL GOBERNADOR DEL ESTADO CUMPLIÓ CON LA OBLIGACIÓN DE PROMULGAR Y PUBLICAR EL DECRETO IMPUGNADO, CONTENIDA EN LOS ARTÍCULOS 52, 53, FRACCIONES I Y II, Y 58 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE DICHA ENTIDAD (DECRETO NÚMERO 2473, POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN DEL APARTADO C; LOS PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO Y OCTAVO; LAS FRACCIONES IV, V Y VIII, TODOS DEL APARTADO C DEL ARTÍCULO 114 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL PRIMERO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO). V. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE OAXACA. EL HECHO DE QUE EL DECRETO IMPUGNADO SE HAYA PUBLICADO AL DÍA VEINTIOCHO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU PROMULGACIÓN, NO DA LUGAR A SU INVALIDEZ (DECRETO NÚMERO 2473, POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN DEL APARTADO C; LOS PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO Y OCTAVO; LAS FRACCIONES IV, V Y VIII, TODOS DEL APARTADO C DEL ARTÍCULO 114 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL PRIMERO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO). VI. VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA. VII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS CUYO CUMPLIMIENTO SE DEBE VERIFICAR EN CADA CASO CONCRETO PARA DETERMINAR LA INVALIDACIÓN DE AQUÉL. VIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. SUS FORMALIDADES ESENCIALES ASEGURAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS. IX. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE OAXACA. SÍ EXISTE CERTEZA DE QUE EL DICTAMEN DEL DECRETO IMPUGNADO FUE PUESTO A VOTACIÓN EN LA SESIÓN DE CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO Y QUE FUE PUBLICADO PARA SEGUNDA LECTURA (DECRETO NÚMERO 2473, POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN DEL APARTADO C; LOS PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO Y OCTAVO; LAS FRACCIONES IV, V Y VIII, TODOS DEL APARTADO C DEL ARTÍCULO 114 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL PRIMERO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO). X. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE OAXACA. LA INEXISTENCIA DE DEBATE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA REFORMA IMPUGNADA NO IMPLICA QUE NO HAYA EXISTIDO CONCILIACIÓN ENTRE LAS DIVERSAS FUERZAS POLÍTICAS NI CONSTITUYE UNA RAZÓN CON POTENCIAL INVALIDANTE DE AQUÉL (DECRETO NÚMERO 2473, POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN DEL APARTADO C; LOS PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO Y OCTAVO; LAS FRACCIONES IV, V Y VIII, TODOS DEL APARTADO C DEL ARTÍCULO 114 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL PRIMERO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO). XI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. PARÁMETROS A LOS QUE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEBEN SUJETARSE EN LA CREACIÓN DE LOS ÓRGANOS GARANTES. XII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. FINALIDADES DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN LA MATERIA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE FEBRERO DE 2014. XIII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LAS LEGISLATURAS LOCALES DEBEN ADECUAR SUS INSTRUMENTOS NORMATIVOS EN LA MATERIA A LAS BASES Y LOS PRINCIPIOS RECONOCIDOS TANTO EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL, COMO EN LA LEY GENERAL RESPECTIVA, PERO A LA VEZ TIENEN LIBERTAD PARA AMPLIARLOS O PRECISARLOS ATENDIENDO A SU REALIDAD, SIEMPRE Y CUANDO RESPETEN DICHOS MÍNIMOS, BASES Y PRINCIPIOS, Y LO LEGISLADO LOCALMENTE SE RELACIONE CON SU ESPECÍFICO ÁMBITO DE COMPETENCIA. XIV. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LAS LEGISLATURA

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 102/2021. · Registro digital (IUS): 32592
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-07-12
Promovente: INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Julio de 2024, Tomo II, Volumen 1, Pág.194.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 102/2021. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 11 DE ABRIL DE 2023. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: BRENDA MONTESINOS SOLANO.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al once de abril de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 102/2021, promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la acción. La acción de inconstitucionalidad se presentó de la siguiente manera:

Ver presentación de la acción

2. Órganos que emitieron y promulgaron la norma general que se impugna: Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

Ver norma impugnada

3. Conceptos de invalidez. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales hizo valer los siguientes conceptos de invalidez:

Primero. Violaciones en el proceso legislativo.

• Sostiene que en el caso concreto se generó un escenario de inseguridad jurídica, puesto que se publicaron en la Gaceta parlamentaria dos dictámenes con un número de firmas distinto, el primero, publicado el treinta de septiembre de dos mil veinte, para efectos de la primera lectura, con tres firmas y el segundo, publicado para efectos de publicidad de la segunda lectura de catorce de abril de dos mil veintiuno, con cinco firmas.

• Refiere que posteriormente, sin haber subsanado ese requisito esencial, el dictamen o los dictámenes se sometieron a votación, sin que los diputados tuvieran la certeza de cuál era el documento correcto y los fundamentos para considerarlo por tal carácter. Incluso, aduce que, durante la votación, la Diputada María de Jesús Mendoza Sánchez se manifestó en el sentido de que existía un error en los dictámenes porque no sabía cuál era el documento aprobado, por lo que, se abstendría de votar para no violar el procedimiento legislativo. No obstante, dicha manifestación, la votación continuó.

• Por otra parte, se duele de que el decreto no fue firmado por los titulares de las dependencias involucradas.

• Aunado a lo anterior, manifiesta que la publicación del Decreto impugnado se realizó más de veintisiete días hábiles después, contados a partir de la fecha de promulgación.

• Finalmente, señala que por lo que respecta a la vertiente sustancial, tal como se desprende de la sesión ordinaria de catorce de abril de dos mil veintiuno, el decreto o decretos (dado que no se tiene certeza de cuál fue el que se sometió a votación) fueron aprobados sin haber mediado un debate, ni la conciliación de una opinión sobre la procedencia de la reforma entre las diversas fuerzas políticas que conforman en el Congreso oaxaqueño.

Segundo. Desaparición del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, creación de un nuevo órgano garante y omisión de establecer un régimen transitorio.

• Sostiene que la reforma combatida implica la desaparición del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, lo que violenta la autonomía de ese órgano y el principio de división de poderes, afectando con ello los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales de los habitantes de Oaxaca, vulnerando a su vez, los artículos 1o., 6o., apartado A, fracciones I, II, III, IV, VIII, párrafos primero, segundo, séptimo y décimo, 49, 116, párrafos primero y segundo, fracción VIII y 133 constitucionales.

• Aduce que, en el caso, se actualiza una transgresión al derecho de acceso a la información y protección de datos personales, en un doble sentido.

• Refiere que, en principio, se está ante una violación abstracta, porque la desaparición del órgano garante, aun cuando haya creado uno nuevo, debilita la autonomía constitucional que ya se le había reconocido y por virtud de la cual, prima facie, no podía existir una intervención injustificada de alguno de los poderes tradicionales. Con esa actuación del legislativo, se deja al órgano garante y a la propia sociedad en un estado de incertidumbre jurídica en el que existe la amenaza constante de que, en cualquier momento, se podría volver a interferir en las funciones del órgano debilitando nuevamente su autonomía.

• Por otra parte, manifiesta que se está ante una violación in concreto, pues mediante la reforma a la Constitución local, el Congreso del Estado de Oaxaca omite establecer un régimen transitorio claro que determine qué es lo que sucederá con el antiguo Instituto y sus integrantes.

• Manifiesta que la omisión legislativa en la que incurre el Poder Legislativo local al no señalar que sucederá con el antiguo organismo garante y sus integrantes, así como el hecho de que ello significa la sustitución total del mismo, violenta los derechos de acceso a la información y protección de datos personales al no existir un panorama claro sobre los recursos que la sociedad tiene derecho a ejercer en caso de que consideren que la actuación de los sujetos obligados no se ajusta al parámetro de legalidad y constitucionalidad establecido.

• Asegura que, en el caso concreto, se actualiza una omisión legislativa absoluta en una competencia potestativa para legislar, pues el Congreso del Estado de Oaxaca no tenía ninguna obligación previa que lo vinculara a realiza un cambio de estructura en el otrora órgano garante, por el contrario, en un ejercicio invasivo de la autonomía constitucional, determinó que era necesario, bajo una supuesta exigencia de la sociedad, modificar el número de comisionados, así como aumentar sus funciones. Asimismo, la omisión es absoluta, dado que no establece los parámetros bajos los cuales serán sustanciados los procedimientos vigentes o iniciados durante la transición de un órgano a otro.

• Aduce que si bien el decreto de reforma al artículo 114, apartado C), de la Constitución Política del Estado de Oaxaca establece artículos transitorios, éstos son omisos en cumplir la función que exige la técnica legislativa, por lo que, se deja en estado de incertidumbre a los particulares que se encuentran sustanciando procedimientos o bien, vayan a iniciar alguno. Dicha situación genera una violación directa al derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.

• Por otra parte, considera que el Congreso del Estado de Oaxaca, pasa por alto la garantía institucional materializada en la inamovilidad de sus titulares y desaparecer el órgano garante para crear uno nuevo, con titulares distintos, sin que para ello presente una justificación válida.

• Para demostrar lo anterior, se hace referencia a algunas justificaciones expuestas durante el proceso legislativo acompañadas de observaciones de ese Instituto Nacional.

• Al respecto, refiere que, en las justificaciones del proceso legislativo, se señaló que debía instituirse un organismo garante a efecto que respondiera a las exigencias de la sociedad. No obstante, de una comparación de los textos, no existe una justificación suficiente, en tanto que uno de los cambios sustanciales se centró en integrar más titulares al órgano garante, lo cual habría funcionado de forma más efectiva si solo se integraban los nuevos titulares a un órgano ya existente.

• Se consideró que el nuevo órgano, además de las características de autonomía constitucional, debía ser un ente independiente, que la adición de este elemento no tiene ningún efecto práctico distinto al que ya se había generado con la autonomía, por lo que tampoco se presenta como modificación sustancial o fundamental que coadyuve a fortalecer al órgano.

• Se expuso que el Poder Legislativo tiene la encomienda de fortalecer los órganos vinculados al combate a la corrupción y uno de ellos es el que fue objeto de la reforma.

• Al respecto refiere que bien tal cuestión es cierta, también lo es que no se advierte este fortalecimiento, en tanto que, se insiste no existen cambios o adiciones fundamentales y sustanciales a este respecto, pues todo lo modificado ya existía de una forma similar en el texto previo.

• Precisa que se realizan diversas reflexiones en torno a las inercias globales en materia del derecho de acceso a la información y lo destacada que es la legislación mexicana, afirmando que no obstante ello México está en la lista de los más corruptos. No obstante, la afectación de la autonomía constitucional del otrora órgano garante, no es un acierto que coadyuve a combatir la corrupción, por el contrario, la reforma debilitó la autonomía constitucional del órgano y por ende fue una medida regresiva.

• Refiere que se aumentó el número de Comisionados bajo el argumento de que esto coadyuvaría a fortalecer el derecho de acceso a la información y por ende la democracia en México, pero en ningún momento se menciona el tema relativo a la inamovilidad de sus titulares, ni los procedimientos que deben seguirse para realizar los cambios. Con ello, se concreta un supuesto de subordinación del órgano garante frente al poder legislativo local, quien desconoce la garantía institucional de la que goza aquél.

• Así, sostiene que en esencia la reforma impugnada no representa cambios sustanciales, salvo porque pretende desaparecer al anterior organismo garante local, por lo que, en cualquier caso, del proceso legislativo se debieron desprender razones esenciales para que dicha reforma sea considerada constitucional.

• Reitera que, por mandato constitucional, los titulares sólo pueden ser removidos por señalamientos de responsabilidades establecidos en el propio texto fundamental y no por cuestiones personales o voluntariosas, como en el caso se sugiere el capricho de sustituir al Instituto por el Órgano Garante sin advertirse una necesidad manifiesta en ese sentido.

• Sostiene que, tanto a nivel Federal como Estatal, existe un procedimiento específico para el nombramiento de los titulares de los órganos garantes de los derechos en cuestión, así como un procedimiento y causas específicas para su remoción. A este respecto, se observa que los Comisionados de los organismos garantes en los dos órdenes de gobierno sólo podrán ser removidos de su cargo por las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y juicio político.

• Precisa que no obstante dicha restricción constitucional, el Congreso del Estado de Oaxaca pasó por alto la garantía institucional de la que goza el órgano garante en materia de transparencia y realiza cambios legislativos injustificados que conllevan a considerar que existe una concepción de subordinación del Poder Ejecutivo local respecto del órgano, que ello genera una transgresión a la autonomía constitucional considerada per se, la cual, sin duda está relacionada con el principio de división de poderes establecido en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Señala que en tales circunstancias y tomando en cuenta las circunstancias y las consideraciones expuestas, la falta de previsión de normas o régimen transitorio que dé seguridad respecto de lo que sucederá con el antiguo organismo garante y sus integrantes, así como el hecho de que ello significa la sustitución total del mismo, esto es, su desaparición, violenta la garantía institucional de autonomía que tiene como único fin y motivo de su existencia, la protección de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, violándose así los artículos 1o., 6o., apartado A, fracciones I, II, III, IV, VIII, párrafos primero, segundo, séptimo y décimo, 14, 16, 49, 116, párrafos primero y segundo, fracción VIII y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. Facultad del Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca para interponer recursos de revisión ante el Poder Judicial del Estado.

• Refiere que el artículo 114, apartado C, fracción V, viola el principio de vinculatoriedad, definitividad e inacatabilidad de las resoluciones del órgano garante local para los sujetos obligados, establecida en los artículos 6o., apartado A, párrafo séptimo, y 116 fracción VIII, constitucional, y 97 y 157 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el derecho a la igualdad de aquellas personas que sustancien procedimientos ante el órgano garante local.

• Señala que el Congreso del Estado de Oaxaca violó la restricción establecida en el parámetro de regularidad constitucional que otorga exclusivamente la facultad de romper con el principio de definitividad de las resoluciones al Consejero Jurídico del Gobierno Federal.

• Precisa que de conformidad con el actual artículo 114, apartado C, de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, establece que las resoluciones del Órgano Garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados, pero le reconoce la facultad al Consejero Jurídico del Gobierno del Estado para interponer recursos de revisión ante el Poder Judicial de la propia entidad en los términos que establezca la ley, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad estatal y nacional.

• Aduce que no obstante la proscripción constitucional y legal, el Congreso del Estado de Oaxaca determinó crear en su artículo 114, apartado C, un medio de impugnación en el cual se concede la facultad al Consejero Jurídico del Gobierno para que pueda impugnar las resoluciones emitidas por el órgano garante local bajo un argumento de violación a la seguridad estatal, creando una excepción al principio de definitividad sin que tuviera facultades para ello.

• Sostiene que, en materia de transparencia y acceso a la información, los legisladores de las entidades federativas no tienen libertad de configuración para limitar el derecho de acceso a la información, ni mucho menos crear un recurso que vulnere el principio de definitividad. Por ello, la disposición que faculta al Consejero Estatal del Gobierno a interponer el mismo recurso respecto de la seguridad nacional, viola flagrantemente el artículo 6o. de la Constitución Política, así como los diversos 97 y 157 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los cuales son claros al reconocer esa facultad exclusiva a un funcionario federal.

• Advierte que una litis parecida a la actual fue resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 1/2016 en sesión de nueve de mayo de dos mil diecinueve, en la que una de las normas reclamadas era el artículo 163 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, que dotaba de una facultad similar al Coordinador General de Asuntos Jurídicos del Poder Ejecutivo de esa entidad.

• Señala que ante dicha porción normativa, en ese momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la disposición era contraria al orden constitucional, no sólo porque preveía la procedencia del recurso de revisión es un supuesto introducido por el legislador estatal que distorsionaba el sistema nacional de transparencia, sino también porque desconocía el principio de definitividad de las resoluciones de los organismos garantes para los sujetos obligados al prever la posibilidad de impugnación en un supuesto que no siquiera se debió regular localmente y con dicha argumentación declaró su invalidez.

• Así, considera que es indudable que a través del artículo 114, apartado C, en el párrafo que otorga una facultad que, en el parámetro de regularidad constitucional, está reconocida exclusivamente para el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, el Congreso del Estado de Oaxaca excede sus funciones legislativas y pasa por alto una restricción constitucional expresa.

• Asegura que la inclusión de esa facultad al Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, no sólo transgrede el artículo 6 de la Constitución Política y los numerales 97 y 157 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sino que igualmente limita el derecho de acceso a la información, creando una regulación desigual de la entidad frente a otras, lo cual afecta el derecho a la igualdad de los habitantes del Estado o bien, de cualquier persona que ejerza su derecho en ese territorio.

• Refiere que al regularse de manera diversa el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información en Oaxaca respecto de otras entidades federativas, dado que se impone un medio de impugnación para un sujeto obligado, que beneficia al resto de los sujetos obligados de la entidad federativa y que no está contenido ni en la Constitución Federal ni en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al permitir la inclusión de figuras como la establecida en el artículo 114 de la Constitución del Estado de Oaxaca, se crea un trato desigual de manera arbitraria respecto de las demás personas que ejerciten el derecho de información en las diferentes entidades federativas, lo cual acarrea una violación a la intención buscada por el Poder Revisor mediante reforma de siete de febrero de dos mil catorce.

• En ese sentido advierte que si la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece las bases y principios a que deben sujetarse las legislaciones para regular los derechos de acceso a la información y protección de los datos personales, como lo ordena el artículo 116, fracción VIII, de la Constitución Federal, y en éste, tajantemente se prohíbe impugnar las resoluciones de los organismos garantes locales, confiriéndose sólo excepcionalmente al Consejero del Ejecutivo Federal la posibilidad de hacerlo, en los casos de la seguridad nacional y ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se concluye que la porción normativa es violatoria del precepto constitucional y de los dispositivos legales referidos, aun cuando se trate de la seguridad estatal.

• De ahí que solicita la invalidez de la disposición en comento, en virtud de haber resultado violatoria de los artículos 1o., 6o., apartado A, fracción VIII, séptimo párrafo, 116, fracción VIII, constitucionales y 97 y 157 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

• Finalmente, solicita que con base en el artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se extienda la declaratoria de invalidez a las normas cuya invalidez depende de las normas que se invaden en sentencia, como por ejemplo podrían ser las reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, que si bien al momento de la promoción de la presente no se encuentra publicada sino en el proceso legislativo, puede suceder que al momento de resolverse la presente, la misma ya se encuentre vigente.

4. Admisión y trámite. Mediante proveído de siete de julio de dos mil veintiuno, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó:

• Formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por el Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con el número 102/2021.

• Por razón de turno, designar al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor en el procedimiento.

5. Por su parte, mediante acuerdo emitido el ocho de julio de dos mil veintiuno, el Ministro Instructor determinó:

• Tener por presentada la acción de inconstitucionalidad y admitirla a trámite.

• Tener por designado delegado, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y ofrecidas como prueba las documentales que indica.

• Dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Oaxaca, órganos que, respectivamente, emitieron y promulgaron las normas impugnadas, a fin de que rindieran sus correspondientes informes. • Requerir al Congreso del Estado, por conducto de quien legalmente la representa, para que al rendir el informe solicitado envíe a este Alto Tribunal copia certificada de todos los antecedentes legislativos del decreto impugnado.

• Requerir al Poder Ejecutivo del Estado que al rendir el informe solicitado envíe a este Alto Tribunal un ejemplar o copia certificada del Periódico Oficial del Estado en el que se publicó el decreto controvertido.

• Dar vista a la Fiscalía General de la República para que formule pedimento, además a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, con la finalidad de que, si considera que la materia de la presente acción de inconstitucionalidad trasciende a sus funciones constitucionales, manifieste lo que a su representación corresponda, hasta antes del cierre de instrucción.

6. Informe del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca. El Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, a través del Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, por lo que mediante proveído de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno el Ministro instructor tuvo por presentado el citado informe; ofreciendo como pruebas las documentales que acompaña, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana; además, se tuvo al citado poder dando cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de ocho de julio de dos mil veintiuno, al exhibir copias certificadas de los antecedentes legislativos del decreto impugnado.

7. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. El Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a través del Consejero Jurídico del Gobierno de Oaxaca, rindió su respectivo informe dentro del plazo establecido, en el que precisó que es cierto el acto que se le atribuye al Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y que el citado poder cumplió con el mandato Constitucional al promulgar y publicar el Decreto impugnado; asimismo, envío un ejemplar del Periódico Oficial del Estado en el que se publicó el proyecto controvertido.

8. Mediante proveído de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, el Ministro instructor tuvo por presentado el informe y, por desahogado el requerimiento que le fue formulado en el proveído de ocho de julio de dos mil veintiuno.

9. Cierre de instrucción. Una vez recibidos los informes y transcurrido el plazo legal concedido a las partes para formular alegatos, mediante proveído del Ministro Instructor de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, se decretó el cierre de la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución respectivo.

I. COMPETENCIA

10. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) toda vez que en dicha acción se planteó la posible contradicción entre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en particular, su artículo 114, apartado C, párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo; y las fracciones IV, V y VIII, publicado en el Periódico Oficial del Estado, "Extra" el uno de junio de dos mil veintiuno.

II. OPORTUNIDAD

11. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales y el cómputo respectivo deberá hacerse a partir del día siguiente al que se hubiere publicado la norma impugnada en el correspondiente medio oficial. Asimismo, señala que, si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

12. Como se precisó en el considerando anterior, en la acción de inconstitucionalidad 102/2021 se impugna un precepto de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial del Estado, "Extra" el uno de junio de dos mil veintiuno.

13. Por consiguiente, el plazo de treinta días naturales para promover la acción inició el miércoles dos de junio y concluyó el jueves uno de julio del dos mil veintiuno.

14. Consecuentemente, como la demanda de acción de inconstitucionalidad 102/2021 fue entregada el miércoles treinta de junio de dos mil veintiuno mediante buzón judicial, recibida en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el jueves uno de julio siguiente, debe estimarse que resulta oportuna.

III. LEGITIMACIÓN

15. A continuación, se procede a analizar la legitimación del promovente, por ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.

16. La demanda está suscrita por Gonzalo Sánchez de Tagle Pérez Salazar, Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, quien actúa en suplencia por ausencia de la Comisionada Presidente y representante legal, así como de las y los Comisionados que integran el Pleno del mencionado Instituto.

17. Para la interposición de dicha demanda, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, emitió un acuerdo ACT-PUB/23/06/2021.08, correspondiente a la sesión de veintitrés de junio de mil veintiuno, donde, entre otras cosas, instruye al representante legal de dicho Instituto para la presentación del escrito de acción de inconstitucionalidad relativa a la impugnación del Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en particular, en su artículo 114, apartado C, párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo; y las fracciones IV, V y VIII, publicadas en el Periódico Oficial del Estado, "Extra", el uno de junio de dos mil veintiuno, ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

18. En ese sentido, de conformidad con los artículos 41, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 35, fracción XVIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es al Pleno del Instituto Nacional, como máxima autoridad, a quien corresponde decidir sobre la interposición de las acciones de inconstitucionalidad en el ámbito de su especialidad, y de conformidad con los diversos 30 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 16 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la representación legal se le atribuye al Comisionado Presidente.

19. Asimismo, dentro de la estructura interna del Instituto, el citado Estatuto Orgánico, en su artículo 16, párrafo último, señala que la Dirección General de Asuntos Jurídicos se encuentra adscrita a la Oficina del Comisionado Presidente; el numeral 32, fracciones I y II, atribuye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la representación legal del Instituto en asuntos jurisdiccionales; y, por último, el diverso 29, fracción XXXVII, establece que las direcciones generales tienen la función genérica de "suplir por ausencia a su superior jerárquico inmediato".

20. Así, se estima que Gonzalo Sánchez de Tagle Pérez Salazar en su carácter de Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, tiene legitimación suficiente para promover la presente acción de inconstitucionalidad, en términos del artículo 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

21. Las partes no hicieron valer algún motivo de improcedencia o sobreseimiento. Este Tribunal Pleno tampoco advierte, de oficio, que se actualice alguno, por lo que corresponde realizar el estudio de fondo de la acción de inconstitucionalidad.

22. No pasa inadvertido para este Tribunal Pleno que el Instituto promovente impugnó el Decreto número 2473, mediante el cual reforma los párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo; las fracciones IV, V y VIII, todos del apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial ‘Extra’ del Gobierno del Estado de Oaxaca, de fecha primero de junio de dos mil veintiuno.

23. No obstante, posterior a la presentación de la demanda, mediante Decreto Número 2736, publicado el veintitrés de octubre de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, se adicionó una fracción VII, recorriéndose las fracciones subsecuentes del párrafo sexto del apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, de ahí que las fracciones impugnadas quedaron de la siguiente manera:

Ver fracciones impugnadas

24. Como se desprende del cuadro anterior, con el Decreto publicado con posterioridad al Decreto hoy impugnado, las normas impugnadas, no sufrieron cambio de sentido normativo, únicamente se modificó el número de la fracción VIII, por el número de fracción IX con el que se identifica, ello al haberse adicionado una fracción, por lo que, no han cesado sus efectos y en nada cambia el estudio de fondo.

V. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

25. A fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad de conformidad con los artículos 39, 40 y 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional,(3) resulta procedente hacer la siguiente precisión que deriva de la lectura integral

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32592-2d67e5e9/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-persona-titular-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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