I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA LOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE CONFORMEN EL TREINTA Y TRES POR CIENTO [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE EL CONCEPTO DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE ESTÉN VINCULADAS DE MODO FUNDAMENTAL CON LA LEY RECLAMADA. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DEL FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CUANDO SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO ES NECESARIO AGOTAR UN MEDIO DE DEFENSA LOCAL PARA SU PROCEDENCIA. VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE SURTE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 60, AMBOS DE LA LEY REGLAMENTARIA, BAJO EL ARGUMENTO DE QUE LA HIPÓTESIS NORMATIVA CONTENIDA EN LAS NORMAS GENERALES IMPUGNADAS FUE PREVISTA EN UNA REFORMA ANTERIOR, EN VIRTUD DE QUE AQUÉLLA VERSÓ SOBRE NORMAS GENERALES DIFERENTES A LAS IMPUGNADAS, AUNADO A QUE EN CUALQUIER CASO, LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS FUERON SOMETIDOS A UN PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL QUE SUFRIERON UN CAMBIO EN EL SENTIDO NORMATIVO. VII. VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA. VIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. ESTÁNDARES PARA DETERMINAR SI LAS VIOLACIONES A AQUÉL TIENEN PODER INVALIDANTE POR AFECTAR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN LEGISLATIVA Y DE LIBRE DISCUSIÓN DE LAS NORMAS. IX. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. LA CALIDAD DEMOCRÁTICA DE LA DECISIÓN FINAL DE LA LEGISLATURA NO SÓLO DEPENDE DE LA EXPRESIÓN Y DEFENSA DE LA OPINIÓN DEL LEGISLADOR EN UN CONTEXTO DE DELIBERACIÓN PÚBLICA, SINO QUE ESA PARTICIPACIÓN SE BASE EN UN CONOCIMIENTO INFORMADO Y RAZONADO DE LOS DOCUMENTOS SOMETIDOS A SU CONSIDERACIÓN. X. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. CONTEXTO NORMATIVO QUE LO RIGE. XI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. CON INDEPENDENCIA DE QUE SE CUMPLAN LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN FORMAL DE UN DECRETO, LA TRANSGRESIÓN AL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE TODAS LAS FUERZAS POLÍTICAS CON REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA EN CONDICIONES DE LIBERTAD E IGUALDAD, CONSTITUYE UN VICIO GRAVE AL PRINCIPIO DEMOCRÁTICO CONSTITUCIONAL. XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CONTEXTO NORMATIVO QUE REGULA LAS CUESTIONES PROBATORIAS. XIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. LA MINORÍA LEGISLATIVA ACCIONANTE NO APORTÓ LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ACREDITAR QUE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE RESGUARDO DEL CONGRESO LOCAL LE HUBIERAN IMPEDIDO DELIBERADAMENTE EL ACCESO AL RECINTO LEGISLATIVO EL DÍA DE LA VOTACIÓN Y, POR ENDE, NO HUBO VIOLACIÓN A DICHO PROCEDIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 42 BIS Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 42 Y 99, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS EN LA GACETA OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA). XIV. INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA. LA CIUDAD DE MÉXICO, AL IGUAL QUE LAS DEMÁS ENTIDADES FEDERATIVAS, TIENE LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN EN SU DISEÑO. XV. FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ETAPAS QUE CONFORMAN EL PROCEDIMIENTO PARA NOMBRAR A LA PERSONA TITULAR. XVI. FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EN EL PROCEDIMIENTO DE RATIFICACIÓN DE SU TITULAR EL LEGISLADOR LOCAL NO ESTÁ OBLIGADO A REPLICAR LAS MISMAS ETAPAS QUE SE UTILIZARON EN EL NOMBRAMIENTO REALIZADO POR PRIMERA OCASIÓN. XVII. PROCEDIMIENTO DE RATIFICACIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. TANTO SU ESTRUCTURA COMO LA INTERVENCIÓN DE LOS ÓRGANOS QUE PARTICIPAN EN AQUÉL, SON ACORDES CON LOS PRINCIPIOS QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. XVIII. PROCEDIMIENTO DE NOMBRAMIENTO Y RATIFICACIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. LA PROPUESTA QUE EN ÉSTE CORRESPONDE FORMULAR AL CONSEJO JUDICIAL CIUDADANO, RESPETA EL ARTÍCULO 122 CONSTITUCIONAL, AL NO GENERAR DEPENDENCIA, SUBORDINACIÓN O SUMISIÓN DE LA FISCALÍA A LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO LOCAL (ARTÍCULO 42 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO). XIX. CONSEJO JUDICIAL CIUDADANO. SUS FACULTADES EN EL PROCESO DE NOMBRAMIENTO Y RATIFICACI
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 133/2023. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 23 DE ABRIL DE 2024. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: DANIELA CARRASCO BERGE Y FERNANDO SOSA PASTRANA.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día veintitrés de abril de dos mil veinticuatro, por el que se emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 133/2023, promovida por diversos diputados integrantes del Congreso de la Ciudad de México en contra del Decreto por el que se adiciona el artículo 42 Bis y se reforman los artículos 42 y 99 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, publicado el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa.
I. TRÁMITE
1. Presentación de la demanda. El quince de junio de dos mil veintitrés, se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal la demanda suscrita por diversos integrantes del Congreso de la Ciudad de México.
2. Norma general cuya invalidez se demanda. Se impugna la totalidad del Decreto por el que se adiciona el artículo 42 Bis y se reforman los artículos 42 y 99 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, publicado el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa.
3. Concepto de invalidez. En su escrito de demanda, la minoría legislativa formula dos conceptos de invalidez.
Primer concepto de invalidez
4. La minoría plantea la inconstitucionalidad de la reforma a los artículos 42, 42 Bis y 99 de la Ley Orgánica de la Fiscalía de la Ciudad de México porque es contraria a los artículos 14, 16 y 122 de la Constitución Federal y 44 de la Constitución local.
5. Al respecto, argumenta que el artículo 122, inciso A, fracción X, de la Constitución Federal establece que la procuración de justicia será una materia regulada en la Constitución de la Ciudad de México. En concordancia, la Constitución local establece, en su artículo 44, que la persona titular de la Fiscalía durará cuatro años en su encargo y será electa por mayoría calificada del Congreso local, a propuesta del Consejo Judicial Ciudadano mediante un proceso de examinación público y abierto que se establecerá en la ley correspondiente. Además, en virtud del mismo artículo, la persona titular podrá ser ratificada por un periodo igual, a propuesta del Consejo.
6. En contraposición a lo anterior, desde la perspectiva del promovente y, en síntesis, la reforma impugnada vulnera el diseño constitucional porque:
- El proceso de ratificación debe seguir la misma regla prevista para la designación de la persona titular de la Fiscalía General, es decir, la ratificación debe hacerse mediante la propuesta de una terna por parte del Consejo Judicial Ciudadano a la Jefa de Gobierno y, por su conducto, al Congreso local quién elegirá a la persona fiscal por mayoría calificada. Este proceso para la designación de la persona titular de la Fiscalía, que debería regir también para su ratificación, se encuentra desarrollado ya en el artículo 120 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.
- La Constitución local solamente permitió la ratificación de la persona titular de la Fiscalía General y no así de las Fiscalías Especializadas para la Atención de Delitos Electorales y de Combate a la Corrupción.
- Desnaturaliza la esencia del Consejo Judicial Ciudadano. Conforme al artículo 37 de la Constitución local, este Consejo sólo tiene la facultad, en lo que concierne a las personas titulares de las fiscalías, de proponer las ternas para su designación, además de que, una vez ejercida su función, concluye su encargo.
7. Sobre este último punto, una vez descrita la naturaleza temporal del Consejo, el promovente considera que los artículos impugnados resultan inconstitucionales por dotar al Consejo de múltiples facultades que no corresponden con su esencia como son: 1) el requerir por escrito a la persona titular de la Fiscalía General que manifieste su interés en someterse al proceso de ratificación, pues la facultad de proponer la terna a la Jefa de Gobierno es del propio Consejo, por lo que no es dable establecer una especie de derecho a la ratificación del servidor público por encima del control ciudadano; y 2) el imponerle al Consejo la obligación de recibir recomendaciones y opiniones sobre el desempeño de las personas titulares o de emitir opinión sobre la ratificación, pues contraviene el artículo 46, inciso c), numeral 7, de la Constitución local, dado que excede los requisitos que deberán reunir las personas aspirantes y atenta contra el principio de supremacía constitucional.
8. La promovente trae a cuenta que el artículo 46, inciso c), numeral 1, prevé la excepción para el nombramiento de personas titulares cuando existan mecanismos de designación distintos en las leyes o en la propia Constitución local. Sin embargo, argumenta que esto no debe ser interpretado en el sentido de que las leyes puedan señalar cuestiones adicionales, diferentes y excesivas en relación con el funcionamiento del Consejo Judicial Ciudadano que se encuentra reglado constitucionalmente.
9. Por lo tanto, en el caso, no era dable recurrir a la Ley para establecer un proceso de nombramiento porque: 1) este proceso ya estaba claramente contemplado en la Constitución local; 2) el Consejo Judicial Ciudadano solamente debe constituirse para la designación de las ternas de las Fiscalías General y Especializadas y 3) la posibilidad de reelección de la Fiscalía General debe permitir la competencia en igualdad de circunstancias con otras y otros ciudadanos.
10. Consecuentemente, los artículos 42, 42 Bis y 99 impugnados contravienen los principios de legalidad y seguridad jurídica, dado que regulan un procedimiento de ratificación a nivel legal diferente al previsto por la Constitución local.
11. Finalmente, la minoría legislativa también argumenta que el Decreto impugnado implica una violación al principio de progresividad de los derechos humanos porque genera un retroceso en los derechos humanos de las víctimas directas e indirectas del delito, al dejar en manos de la propia persona titular de la Fiscalía la decisión de si continua en el cargo o no, suprimiendo dicha prerrogativa del Consejo Judicial Ciudadano.
Segundo concepto de invalidez
12. La minoría promovente del Congreso local sostiene que el procedimiento legislativo que dio origen al Decreto impugnado vulneró los principios de legalidad, certeza y democracia parlamentaria, así como la igualdad legislativa.
13. Durante la sesión plenaria en donde se aprobó el Decreto correspondiente, la minoría considera que se le impidió arbitrariamente la entrada al recinto legislativo a más de treinta diputados, por lo que no pudieron participar en condiciones de igualdad para la discusión y aprobación del dictamen de mérito.
14. Al respecto, el promovente arguye la importancia de respetar el principio de la deliberación parlamentaria como medio para justificar las acciones legislativas. Sin embargo, señala que, en la sesión de nueve de mayo de dos mil veintitrés, diversos integrantes del Congreso no pudieron participar pues su acceso fue impedido tanto por integrantes de la policía de la Ciudad de México, como por el personal de resguardo del mismo Congreso.
15. En virtud de lo anterior, no existió cumplimiento del principio parlamentario de igualdad legislativa y se permitió la aprobación del Decreto impugnado sin consenso y sin un debate legislativo. Como consecuencia, no se obtuvo el producto de un genuino debate democrático, lo que genera la invalidez del procedimiento, en términos de los precedentes resueltos por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que privilegian el derecho de las mayorías y minorías a participar en condiciones de igualdad y libertad. Cita en respaldo la acción de inconstitucionalidad 9/2005 y la 52/2006 y sus acumuladas 53/2006 y 54/2006.
16. Auto de registro y turno. Mediante acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta Norma Lucía Piña Hernández ordenó el registro de la acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 133/2023, y turnó el expediente al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que fungiera como instructor en el procedimiento
17. Auto de admisión. Mediante acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad. Asimismo, ordenó que se diera vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Ciudad de México a fin de que rindieran el informe correspondiente
18. Informe del Congreso de la Ciudad de México.(1)
Respuesta al primer concepto de invalidez
19. El Poder Legislativo local sostiene que, conforme al artículo 122, apartado A, fracción X, de la Constitución Federal, será la Constitución Política de la Ciudad de México la norma que garantizará las funciones de procuración de justicia, por lo que el parámetro de regularidad en relación con la Fiscalía Local es esta última norma.
20. En este aspecto, trae a cuenta lo resuelto por esta Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017,(2) en la que se precisó que el artículo 122 de la Constitución Federal no detalla la manera en que se deberá cumplir la obligación prevista en la fracción X, ni prescribe directrices organizativas para las autoridades que realicen dichas funciones. Asimismo, se determinó que la figura de la Fiscalía General de la República no podía funcionar como parámetro de referencia al ser una institución federal y respecto de la cual no existe un mandato expreso de homologar. En consecuencia, se declaró que la entidad federativa cuenta con la libertad de configuración en el diseño de sus instituciones siempre y cuando garantice la autonomía e imparcialidad, su diseño no interfiera con las funciones de la Ciudad como capital y sede de los Poderes de la Unión y el arreglo no vulnere algún derecho humano u otro principio constitucional.
21. De lo anterior, el Congreso local sostiene que conforme al artículo 44, letra A, numeral 4, de la Constitución local, el titular de la Fiscalía local durará en su encargo cuatro años y podrá ser ratificado a propuesta del Consejo Judicial Ciudadano, delegándose a la ley secundaria la regulación de dicho proceso. Por lo tanto, al establecerse en la norma impugnada la forma en que se llevará a cabo, únicamente se actuó en cumplimiento a dicho mandamiento constitucional, conforme a la libertad de configuración en la materia.
22. Finalmente, el Congreso local sostiene que es congruente regular de formas diferenciadas los procedimientos de nombramiento ante un supuesto de vacante y otro de ratificación pues, en el primer caso, es necesario acreditar una serie de requisitos, mientras que, en el segundo supuesto, dichos requisitos ya fueron satisfechos. Es decir, dada su propia naturaleza, estos procedimientos deben ser distintos.
23. En consecuencia, debe declararse infundado el argumento relativo a que la designación y ratificación de la Fiscalía General de Justicia deben seguir el mismo procedimiento, pues dicho aspecto queda a discreción del legislador ordinario.
24. Por lo que hace al argumento del promovente, relativo a la posibilidad de ratificación de las personas titulares de las Fiscalías Especializadas en Combate a la Corrupción y en Atención a Delitos Electorales, el Poder Legislativo sostiene que esta decisión forma parte de la libertad de configuración local para determinar en una norma secundaria el funcionamiento de la Fiscalía General de la entidad federativa, de acuerdo con los artículos 41, numeral 2, y 44, apartado A, numeral 1, y apartado C, numeral 1, así como décimo tercero transitorio, todos de la Constitución local.
25. En todo caso, sostiene que la posibilidad de ratificación para estos dos cargos públicos ya había sido establecida desde el decreto de reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía local publicado el veintiocho de julio de dos mil veinte, por lo que debió ser en ese momento cuando se impugnara la supuesta inconstitucionalidad de la hipótesis normativa. Es decir, en la norma impugnada en el presente caso, únicamente se estableció el procedimiento para llevar a cabo la ratificación y no la posibilidad por sí misma de ser ratificado.
26. En otro punto, el legislativo argumenta que no se actualiza una falta de motivación y fundamentación en la modificación del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Fiscalía local, toda vez que la norma fue emitida en ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Federal y la libertad de configuración otorgada por el artículo 44, apartado A, numeral 4, de la Constitución local. Por el contrario, plantea que, en caso de no haber ejercido su competencia, hubiera incurrido en una omisión legislativa absoluta, porque existiría la posibilidad de ratificación, pero no el procedimiento que la hace efectiva.
27. Por otra parte, la necesidad de la reforma fue claramente abordada en el considerando séptimo del Dictamen correspondiente. Al respecto, sostiene que no es factible que la Suprema Corte evalúe, en abstracto, las razones políticas por las cuales se crean las normas, ni puede erigirse como árbitro de los modelos que resulten más eficientes.
28. Tratándose de la solicitud que se hace al titular de la Fiscalía General para que manifieste su interés en someterse al proceso de ratificación, esto es natural con el hecho de que el Consejo no podría obligar a la persona a desempeñar otro periodo si no es su deseo. Bajo esta lógica, la manifestación de querer ser ratificado solamente es el primer paso del procedimiento, pues existirá una evaluación pública y abierta y será finalmente el Congreso quien deberá decidir por mayoría calificada si ha lugar a un segundo periodo.
29. El Poder Legislativo local sostiene que la ratificación, en su vertiente de derecho de la persona, se traduce en que se le tome en cuenta el tiempo ejercido y los resultados de su gestión, para que mediante el procedimiento correspondiente pueda volver a ocupar el cargo; por otro lado, en una segunda vertiente, opera como garantía en favor de la ciudadanía para contar con una persona idónea en el cargo. Entonces, la posibilidad de ratificación no prejuzga sobre el resultado final del procedimiento.
30. En consecuencia, debe concluirse que la medida impugnada fortalece la participación democrática y refuerza el funcionamiento de la estructura institucional a través del Consejo Judicial Ciudadano, otorgándole un marco jurídico adecuado para su operación.
Respuesta al segundo concepto de invalidez
31. El Poder Legislativo plantea que es infundado. Los diputados promoventes decidieron libremente no asistir a la sesión plenaria de nueve de mayo de dos mil veintitrés, sin que pueda sostenerse la justificación de que les fue impedido su ingreso. Inclusive, sostiene, fue habilitado un acceso secundario al recinto legislativo para facilitar la entrada, por lo que no existió violación alguna al principio de igualdad parlamentaria.
32. Respecto de este punto, el Congreso local argumenta que el juez constitucional debe ser deferente hacia el legislador en cuanto a la regulación de cuestiones fundamentales y solamente intervenir en caso de violaciones a derechos humanos, pues el poder legislativo cuenta con legitimidad democrática.
33. Así, arguye que es falso que se violentaran los principios de legalidad, certeza y democracia parlamentaria pues no existió impedimento alguno para que los promoventes asistieran a la sesión correspondiente. Tan es así que, a la misma, acudieron legisladores de diversas fracciones parlamentarias, alcanzando un total de treinta y seis integrantes representantes de múltiples fuerzas políticas.
34. A mayor abundamiento, durante la sesión plenaria de nueve de mayo de dos mil veintitrés, no se hicieron manifestaciones en torno a que se hubiera impedido el acceso a cualquier diputado. Además de que, en todo caso, se leyó y votó la moción suspensiva presentada por el Diputado Ricardo Rubio Torres que se encontraba ausente.
35. El Congreso local da cuenta del desarrollo del procedimiento legislativo para concluir que, a su parecer, no existieron vicios en el procedimiento legislativo con un potencial invalidante, pues se respetaron las reglas previstas por el mismo Congreso y se garantizó la discusión y deliberación del asunto por diversas fuerzas políticas, incluyendo a los ausentes de quienes fueron votadas las mociones suspensivas.
36. Informe del Poder Ejecutivo local.(3)
Respuesta al primer concepto de invalidez
37. El Poder Ejecutivo de la Ciudad de México sostiene la validez del Decreto impugnado.
38. Plantea que, conforme a la libertad de configuración concedida en el artículo 122 de la Constitución Federal, en relación con los artículos 41, numeral 2, y 44 apartado A, numeral 1, y apartado C, numeral 1, de la Constitución local, el Congreso de la Ciudad de México se encuentra facultado para designar por mayoría calificada a los titulares de las Fiscalías Especializadas en Atención de Delitos Electorales y de Combate a la Corrupción, sin que se haya plasmado una limitación expresa respecto de la figura de ratificación.
39. Así, si bien existen parámetros generales a los que se deberá apegar la ratificación de la persona titular de la Fiscalía General, no ocurre lo mismo por lo que hace a las Fiscalías Especializadas en las que no existe limitación alguna.
40. Bajo esta línea, sostiene el Ejecutivo que la figura de ratificación de las fiscalías especializadas no es una figura novedosa, pues la misma se implementó con motivo de la reforma de veintiocho de julio de dos mil veinte a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, especialmente con las modificaciones a sus artículos 56 y 57. Entonces, debe declararse infundado el planteamiento relativo a que la posibilidad de ratificación vulnera la Constitución local, pues lo que realmente fue regulado en el Decreto impugnado es únicamente el procedimiento que deberá efectuarse para formalizar la ratificación que ya se encontraba regulada con anterioridad.
41. Como segundo punto, el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México argumenta que es infundado el argumento relativo a que los artículos 42 y 42 Bis impugnados establecen un procedimiento de ratificación para la persona titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México diferente al previsto en la Constitución local.
42. Al respecto, reseña la exposición de motivos de la iniciativa que dio origen al Decreto impugnado para mostrar que el Decreto impugnado se enfocó en dar claridad al procedimiento de ratificación de la Fiscalía General toda vez que la Constitución local y los artículos 119 y 120 de la Ley Orgánica del Congreso local no especificaban la manera para llevarlo a cabo; por lo tanto, resultaba necesario diferenciar entre el procedimiento de ratificación y aquel de nombramiento por primera vez, dado que en el primer caso ya se cumplió con los requisitos para obtener el cargo y existe certeza jurídica de la aptitud para desempeñar la función, mientras que en el segundo no.
43. Con lo anterior, sostiene el Poder Ejecutivo local, el Decreto impugnado no violenta el artículo 16 de la Constitución Federal toda vez que se encuentra fundado y motivado por el órgano facultado para emitir dicha norma general.
44. En otro aspecto, precisa que el artículo 42 de la Constitución local establece la posibilidad de ratificación, mas no su obligatoriedad, pues existirá una evaluación del desempeño de funciones. Esto se traduce en un derecho a favor de la sociedad para contar con funcionarios capaces e idóneos conforme a los artículos 109, fracción III, de la Constitución Federal, y 107, apartado A, de la Constitución local; y, en contrapartida, se traduce también en una garantía de certeza jurídica para los aspirantes al cargo. 45. Finalmente, por lo que hace a la alegada inconstitucionalidad del artículo 99, tal y como se observa en el dictamen emitido durante el procedimiento legislativo correspondiente, se pretendió regular las atribuciones del Consejo Judicial Ciudadano ya previstas de forma general por el artículo 37 de la Constitución local, dado que era necesario detallar los procedimientos para el ejercicio de su función. Es decir, la reforma robustece la participación democrática en la Ciudad de México porque define detalladamente las facultades del Consejo y determina un marco jurídico adecuado para la evaluación de los perfiles de los candidatos para ser titular de la Fiscalía General de Justicia local.
46. Por lo tanto, concluye que la reforma no desnaturaliza el objetivo del Consejo Judicial Ciudadano previsto en la Constitución local, sino que robustece y especifica sus funciones dentro del procedimiento de ratificación y designación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia local, fortaleciendo la participación democrática de las ciudadanía en las instituciones de procuración de justicia.
47. Auto por el que se tienen rendidos los informes. En auto de once de septiembre de dos mil veintitrés, el Ministro instructor tuvo por rendidos los informes solicitados, requirió a los diputados accionantes, y otorgó un plazo de cinco días hábiles para la formulación de alegatos.
48. Alegatos. Mediante escritos presentados los días veinte, veintiuno y veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, respectivamente, el Congreso de la Ciudad de México, la minoría legislativa accionante y el Poder Ejecutivo local formularon alegatos en la presente acción de inconstitucionalidad.
49. Opinión del Fiscal General de la República. El Fiscal General de la República no formuló pedimento alguno.
50. Manifestaciones de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. El Consejero Jurídico del Gobierno Federal no formuló opinión alguna.
51. Amicus Curiae. El veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, el grupo ciudadano autodenominado "Grupo de vecinos en contra de la Ley Godoy" presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un escrito de amicus curiae en el que solicitó fueran considerados diversos argumentos en torno a la constitucionalidad de las normas impugnadas.
52. Cierre de instrucción. Visto el estado procesal de los autos, el veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, con fundamento en el artículo 68, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria, el Ministro instructor dictó auto de cierre de instrucción.
II. COMPETENCIA
53. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(5) y el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General 1/2023 de este Tribunal Pleno.(6) Ello es así, toda vez que diversos integrantes del Congreso de la Ciudad de México controvierten la validez de un decreto expedido por dicho órgano legislativo.
III. OPORTUNIDAD
54. El plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que se haya publicado en el correspondiente medio oficial la norma general o tratado internacional impugnado.(7)
55. El Decreto por el que se adiciona el artículo 42 Bis y se reforman los artículos 42 y 99 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México fue publicado el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa. Por lo tanto, el plazo para su impugnación transcurrió del dieciocho de mayo al dieciséis de junio de dos mil veintitrés.
56. En el caso, el escrito de demanda se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el quince de junio de dos mil veintitrés. En consecuencia, cabe concluir que resulta oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
57. El artículo 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Federal y el diverso 62, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria(8) facultan al equivalente al treinta y tres por ciento (33%) de los integrantes de las legislaturas de las entidades federativas a promover acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes expedidas por el propio órgano.(9)
58. En el caso, el escrito de demanda fue firmado por: 1) Federico Dóring Casar, 2) Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, 3) María Gabriela Salido Magos, 4) Diego Orlando Garrido López, 5) José Gonzalo Espina Miranda,(10) 6) Aníbal Alexandro Cañéz Morales, 7) Claudia Montes de Oca del Olmo, 8) Héctor Barrera Marmolejo, 9) Frida Jimena Guillén Ortiz, 10) Ricardo Rubio Torres, 11) Ana Jocelyn Villagrán Villasana, 12) América Alejandra Rangel Lorenzana, 13) Raúl de Jesús Torres Guerrero, 14) Daniela Gicela Álvarez Camacho, 15) Federico Chávez Semerena, 16) Luis Alberto Chávez García, 17) Gabriela Quiroga Anguiano, 18) Polimnia Romana Sierra Bárcena, 19) Jhonatan Colmenares Rentería, 20) Ernesto Alarcón Jiménez, 21) Maxta Iraís González Carrillo, 22) Tania Nanette Larios Pérez, y 23) Mónica Fernández César, en su carácter de diputados integrantes de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, personalidad que acreditan con la copia certificada de las versiones estenográficas de la sesión constitutiva del Pleno del órgano legislativo de primero de septiembre de dos mil veintiuno, y la sesión ordinaria de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés,(11) en las cuales consta dicha personalidad.
59. Ahora bien, el artículo 29, apartado A, numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México establece que el Congreso local se integrará por un total de sesenta y seis personas; treinta y tres de ellas electas según el principio de mayoría relativa mediante el sistema de distritos electorales uninominales, una diputación electa mediante el voto de los ciudadanos residentes en el extranjero y treinta y dos asignadas según el principio de representación proporcional.(12)
60. Por lo tanto, si en el caso la demanda fue suscrita por veintitrés integrantes del Congreso de la Ciudad de México, quienes representan casi el treinta y cinco por ciento (34.84%) de dicho órgano legislativo, es claro que los promoventes tienen legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad. Aunado a ello, se impugna la constitucionalidad de un Decreto expedido por el propio órgano legislativo al que pertenecen.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
61. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Ciudad de México plantearon la actualización de tres causales de improcedencia que serán abordadas de la siguiente manera:
Ver causales de improcedencia
V.I. Violaciones directas a la Constitución Federal
62. Como primer causal, los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Ciudad de México argumentan que la acción de inconstitucionalidad resulta improcedente conforme a los artículos 1, 19, fracción VIII, 20, fracción II, y 59 de la Ley Reglamentaria,(13) en relación con el artículo 105, fracción II, de la Constitución Federal, toda vez que no se plantearon transgresiones directas a la Constitución Federal, sino a la Constitución de la Ciudad de México. Y, si bien el promovente hace referencia a los artículos 122, 124 y 133 de la Constitución Federal, lo cierto es que no desarrolla cómo se vulneran directamente dichos preceptos, pues el parámetro donde se encuentran las reglas concernientes a la Fiscalía General de la Ciudad de México es en la Constitución local.
63. Este Alto Tribunal considera que tal causal de improcedencia resulta infundada por dos razones. En primer lugar, se advierte que el promovente sí plantea diversas violaciones a preceptos de la Constitución Federal en sus conceptos de invalidez; así, en el primero, sostiene que las normas impugnadas son contrarias, entre otros, a los artículos 14, 16 y 122 de la Constitución Federal y, en el segundo concepto, sostiene que el procedimiento legislativo transgredió los principios de representación legislativa y de libre discusión de las normas contenidos en la Constitución Federal.
64. Además, es criterio reiterado de este Alto Tribunal que cuando se alega la contravención al artículo 16 de la Constitución Federal, en relación con otras disposiciones secundarias, resulta procedente el estudio siempre que estén vinculadas de modo fundamental con el acto o norma reclamados, como sucede en el caso de transgresiones a disposiciones dentro del procedimiento legislativo que dio origen al ordenamiento combatido.(14)
65. Ciertamente, en la demanda también se observa que el promovente argumenta que las normas impugnadas no son acordes con diversas disposiciones de la Constitución de la Ciudad de México. Sin embargo, como se dijo, también plantea violaciones a una serie de preceptos de la Constitución Federal respecto de los cuales deben evaluarse los méritos de la impugnación. Descartar en este apartado las posibles violaciones directas a la Constitución Federal, obligarían a adelantarse en cuestiones propias del fondo del asunto.
66. Lo anterior, nos lleva a la segunda de las razones para declarar infundada la causal planteada, esto es, que la determinación definitiva de si se transgreden o no los preceptos constitucionales invocados por el promovente, es una cuestión que corresponde al estudio de fondo, ya que no es posible hacer un análisis preliminar sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas.(15)
V.II. Agotamiento de las vías legales para la solución del conflicto
67. En una segunda razón de improcedencia, ambos Poderes demandados sostienen que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 19, fracción VI,(16) d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32779-e7c91abf/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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