I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE (ARTÍCULO 60, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LAS PERSONAS DIPUTADAS QUE CONFORMEN EL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE UNA LEGISLATURA ESTATAL TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (SOBRESEIMIENTO RESPECTO DEL ARTÍCULO 29, PÁRRAFO 2, DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, REFORMADO MEDIANTE EL DECRETO 65-172, PUBLICADO EL QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARGUMENTOS TENDENTES A DEMOSTRAR LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A LAS NORMAS IMPUGNADAS DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER COMO EFECTO LA INVALIDEZ TOTAL DE AQUÉLLAS, QUE HAGA INNECESARIO SU ESTUDIO. V. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. FASES QUE LO COMPONEN. VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. INEXISTENCIA DE VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVÓ EL DECRETO IMPUGNADO, TODA VEZ QUE DE LAS CONSTANCIAS SE ADVIERTE QUE LA PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA NOTIFICÓ CORRECTAMENTE A LOS LEGISLADORES LA CONVOCATORIA A LA SESIÓN ORDINARIA EN LA QUE SE DISCUTIRÍA (DECRETO 65-172, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3.3 Y 29.2 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, PUBLICADO EL QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS). VII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. EL HECHO DE QUE EN LA INICIATIVA DEL DECRETO IMPUGNADO NO SE HAYA SEÑALADO LA FECHA EN LA QUE SE RECIBIÓ, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A DICHO PROCEDIMIENTO (DECRETO 65-172, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3.3 Y 29.2 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, PUBLICADO EL QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS). VIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. EL HECHO DE QUE LA PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA NO HAYA INCLUIDO LA CITA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SIGUIENTE SESIÓN, EN ATENCIÓN A LAS PARTICULARIDADES EN QUE SE LLEVÓ A CABO LA PRIMERA SESIÓN, NO IMPLICA UNA VIOLACIÓN A DICHO PROCEDIMIENTO (DECRETO 65-172, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3.3 Y 29.2 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, PUBLICADO EL QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS). IX. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. INEXISTENCIA DE VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO EN LA ETAPA DE DICTAMINACIÓN, YA QUE EN EL ANÁLISIS, ESTUDIO Y DICTAMINACIÓN SÍ HUBO DELIBERACIÓN POLÍTICA DE TODOS LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS (DECRETO 65-172, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3.3 Y 29.2 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, PUBLICADO EL QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS). X. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. EL HECHO DE QUE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DEL CONGRESO LOCAL HAYA ADICIONADO UN PRECEPTO QUE NO TIENE UNA RELACIÓN DIRECTA Y LÓGICA CON EL ARTÍCULO SOBRE EL CUAL VERSABA ORIGINALMENTE LA INICIATIVA, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO, PUES LA ADICIÓN DESVIRTUÓ EL CONTENIDO QUE ORIGINALMENTE SE PLANTEÓ, SIN QUE EXISTIERA PARA ELLO LA PARTICIPACIÓN DE TODAS LAS FUERZAS POLÍTICAS (INVALIDEZ DEL DECRETO 65-172, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3.3 Y 29.2 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, PUBLICADO EL QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS). XI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. EL HECHO DE QUE LA SESIÓN EN LA QUE SE DISCUTIÓ LA APROBACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO SE HAYA REALIZADO DE MANERA VIRTUAL, SIN EXISTIR LA JUSTIFICACIÓN DE EXCEPCIONALIDAD DE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA SANITARIA DE SALUD PÚBLICA EN EL ESTADO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A DICHO PROCEDIMIENTO (INVALIDEZ DEL DECRETO 65-172, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3.3 Y 29.2 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, PUBLICADO EL QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS). XII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. EL HECHO DE QUE LA MESA DIRECTIVA NO SE HAYA CERCIORADO DE QUE
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 101/2022. DIVERSAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 10 DE JUNIO DE 2024. PONENTE: MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN TINAJERO SÁNCHEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: Diversos Diputados de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas impugnaron el Decreto 65-172, mediante el cual se reforman los artículos 3, párrafo 3; y 29, párrafo 2, de la Ley Sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, publicado el quince de junio de dos mil veintidós en el Periódico Oficial de esa entidad federativa.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diez de junio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 101/2022, promovida por diversos Diputados integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas en contra del Decreto 65-172, mediante el cual se reforman los artículos 3, párrafo 3; y 29, párrafo 2, de la Ley Sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, publicado el quince de junio de dos mil veintidós en el Periódico Oficial de esa entidad federativa.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda de acción de inconstitucionalidad. Mediante escrito recibido el trece de julio de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, diversos Diputados integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas(1) promovieron acción de inconstitucionalidad en la que señalaron como norma general impugnada y órganos emisores los siguientes:
"II. ÓRGANO EMISOR DE LA NORMA
• Legislatura 65 del Congreso del Estado de Tamaulipas, con domicilio públicamente conocido.
III. ÓRGANO EMISOR DE LA NORMA
• Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a través del Periódico Oficial del Estado.
IV. NORMA GENERAL QUE SE RECLAMA Y MEDIO OFICIAL DE PUBLICACIÓN
• Decreto 65-172 expedido de manera ilegal el 14 de junio de 2022, por el que se reforman los artículos 3.3; y 29.2, de la Ley Sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.
• Publicado en el Periódico Oficial del Estado el 15 de junio de 2022, Tomo: CXLVII, edición vespertina, número 71."
2. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la parte promovente expuso los siguientes conceptos de invalidez:
PRIMERO. Conceptos de invalidez relativos al proceso legislativo
• En la creación del Decreto impugnado se actualizaron violaciones al procedimiento, así como a los principios de seguridad jurídica, legalidad y deliberación parlamentaria; violaciones determinantes al procedimiento legislativo que contravienen los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.
• No existió llamamiento verbal ni escrito para la sesión de trece de junio de dos mil veintidós, en que se tuvo por recibida la iniciativa del Decreto impugnado, por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, por lo que no hubo publicidad para el efecto de que la totalidad de los integrantes de la legislatura pudieran estar presentes, contraviniendo el artículo 78 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.
• La sesión de trece de junio de dos mil veintidós inició a las diez horas con veinticuatro minutos, esto es, antes del horario normal establecido en el artículo 78 de la citada ley, sin que la Mesa Directiva lo haya hecho del conocimiento del Pleno.
• En la sesión de trece de junio de dos mil veintidós, al momento de hacer la lectura de la correspondencia recibida se hizo del conocimiento, sin precisar la fecha, que se recibió del Grupo Parlamentario Acción Nacional una iniciativa de Decreto mediante el que se reforman diversas disposiciones de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Además, el diputado que presentó la referida iniciativa solicitó por escrito a la Presidenta de la Mesa que insertara de manera íntegra el contenido de la iniciativa, escrito del que desconocen su existencia y valor.
• Aunado a lo anterior, la referida iniciativa que versaba únicamente sobre la reforma al artículo 29.2, de la ley de referencia, no fue expuesta de manera integral en la sesión, además de que se turnó en dos ocasiones a la Comisión de Estudios Legislativos para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. En esa sesión la Presidenta dio por terminada la sesión sin hacer convocatoria para la sesión ordinaria siguiente.
• En la sesión de la Comisión de Estudios Legislativos de trece de junio de dos mil veintidós, no existió un proceso deliberativo que permita acreditar el estudio respectivo. Además, a la reforma propuesta se incluyó la modificación al artículo 3.3 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, sin mayor trámite y sin que se aprecie la motivación o algún tipo de justificación para modificar la iniciativa originalmente presentada, siendo este artículo uno de los más trascendentes, pues cambia de manera total el sistema de votación de todos los procesos de la ley.
• En el Dictamen correspondiente, en su parte expositiva, se aprecia únicamente y de manera deficiente el estudio sobre la reforma al artículo 29.2, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, incluso, en la hoja de firmas sólo se hace referencia a la reforma a este artículo y no al diverso 3.3, de la misma ley, violando las reglas para los dictámenes previstas en el artículo 95 de la ley de organización.
• El Dictamen no fue puesto a disposición de todos los integrantes del Congreso, a través de la Secretaría General, como lo ordena el artículo 97.1 de la Ley de Organización.
• El Dictamen no fue incluido en el orden del día (publicado a las catorce horas del trece de junio de dos mil veintidós) de la sesión para la que fue inscrito.
• Entre la emisión del Dictamen y la sesión programada para el catorce de junio de dos mil veintidós, no mediaron veinticuatro horas, por lo que su inclusión en el orden del día requería de manera forzosa acuerdo de la Junta de Coordinación Política, como lo establece el artículo 97.4 de la multicitada ley de organización, sin que tengan conocimiento de la existencia de un acuerdo, ya que no fue mencionado o relacionado en la sesión de catorce de junio de dos mil veintidós.
• La sesión de catorce de junio de dos mil veintidós, cuyo orden del día fue publicado a las catorce horas del trece de junio de ese mismo año, no pudo desarrollarse por la presencia de fuerzas estatales, por lo que se canceló y se convocó a una nueva sesión de manera virtual, para la cual se circuló de manera aislada la liga de acceso y la hora, sin ponerlo a consideración del Pleno para ser acordado por la dos terceras partes de sus miembros, tal y como lo establece el artículo 5.1 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Además, no se publicó ningún acuerdo y no se cercioraron de que todos los integrantes del Pleno estuvieran debidamente emplazados.
• Los demandantes alegan que no fueron debidamente llamados a esa sesión virtual y a quienes se les logró hacer del conocimiento la liga de acceso no pudieron ingresar por ser ésta incorrecta o por no ser aceptados en la sala virtual.
• En la sesión de catorce de junio de dos mil veintidós, la Presidenta de la Mesa Directiva manifestó que daba inicio a la sesión de manera virtual, ya que no existieron las condiciones para efectuarla en el salón de sesiones, esto con base en un "Acuerdo adoptado por la Junta de Coordinación de consuno con la Presidenta de la Mesa Directiva." Este acuerdo no es válido porque no fue hecho del conocimiento de los integrantes del Pleno, ni publicitado antes del inicio de la sesión, además de que su emisión no justifica la falta de votación de las dos terceras partes del Pleno.
• En evidente contraste con la versión estenográfica de la sesión de catorce de diciembre de dos mil veintidós, en el Acta número cuarenta y tres de la sesión pública ordinaria de esa fecha, esto es posteriormente, y en un afán de subsanar la ilegalidad de la convocatoria, la Mesa Directiva quiso justificar el acuerdo para llevar a cabo la sesión de manera virtual por las condiciones de salud pública derivadas de la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2. Sin embargo, en el presente asunto no se actualiza lo previsto en el artículo 77 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso el Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, que prevé las sesiones de manera semipresencial, con carácter excepcional por la situación de emergencia y contingencia de salud pública en el estado, ya que la sesión no se celebró por la falta de condiciones de seguridad y no por la contingencia de salud. Siendo relevante precisar que, en la fecha de la sesión de catorce de junio de dos mil veintidós, no estaba declarada la situación de emergencia por repunte de casos de la pandemia, al contrario, se encontraba en una fase de control y disminución de contagios. Incluso, en la etapa más crítica de la pandemia no se llevaron a cabo las sesiones cien por ciento de manera virtual, como ilegalmente aconteció.
• En la sesión de catorce de junio de dos mil veintidós, que se celebró a las dieciocho horas, esto es, fuera del horario normal, quienes pudieron estar presentes en esa sesión dispensaron la lectura de las iniciativas, pasando a su exposición en general y al no existir ninguna discusión se votó y aprobó.
• La publicación del Decreto que se efectuó el quince de junio de dos mil veintidós tiene inconsistencias pues se asentó que fue firmado en el salón de sesiones, siendo que fue de manera virtual.
SEGUNDO. Conceptos de invalidez relativos al fondo
• No existe argumento válido para cambiar el tipo de votación en la designación de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, previsto en el artículo 29.2, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.
• Si bien con la reforma al citado artículo se pretende dar un carácter democrático con un máximo de votos, esto no se logra, pues somete la votación para la designación de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política a la estricta aprobación de la facción dominante, lo que genera decisiones pactadas y a modo, que no salvaguardan el derecho de la ciudadanía a ser representada.
• El artículo transitorio segundo, correspondiente a la reforma al citado artículo 29.2, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas que dispone que quien se encuentre en funciones como Presidente o Presidenta de la Junta de Coordinación Política se mantendrá en su ejercicio hasta que se logre una votación en los términos del Decreto, es inconstitucional porque deja a manera de perpetuidad y sin que exista razón o justificación, en tanto no culmine la legislatura, a quien se ostente en la Presidencia de la Junta.
• El artículo 3.3, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, que se reformó mediante el Decreto impugnado, al disponer que todas las reformas, adiciones, derogaciones y abrogación necesitan para su aprobación de las dos terceras partes de la votación de los integrantes del Congreso, pauta un nivel de votación extremo para cualquier decisión que se adopte, dejando por un lado la naturaleza e idoneidad que por procedimiento debe tener el tipo de votación y su quantum.
• El artículo 3.3, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, que se reformó mediante el decreto impugnado, viola el artículo 74 de la Constitución del Estado, que dispone que en la reforma de leyes o decretos se observarán los mismos trámites establecidos para su creación, esto pues discrimina aquellos preceptos que fueron votados en su origen por mayoría simple, además de que viola el principio de seguridad jurídica, pues crea un estándar injustificado de votación no previsto por el legislador ordinario.
3. Admisión y trámite. Por acuerdo de catorce de julio de dos mil veintidós, el entonces Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente físico y electrónico relativo a la acción de inconstitucionalidad 101/2022 y la turnó a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf para instruir el procedimiento correspondiente.
4. El quince de julio siguiente, la Ministra instructora admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad; previno a la parte promovente para que hasta antes del cierre de instrucción remitiera copia certificada del documento con el que acreditara la personalidad del diputado José Braña Mojica; ordenó dar vista a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tamaulipas para que rindieran sus informes y remitieran los documentos necesarios para la debida integración del expediente; y dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su esfera competencial correspondiera.
5. Por acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo a la representante común de los Diputados promoventes, desahogando la prevención y dando cumplimiento al requerimiento.
6. Informe del Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas. En proveído de siete de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo al Diputado Félix Fernando García Aguiar, Presidente de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Tamaulipas, rindiendo el informe en representación del citado órgano, en los términos siguientes:
• No existen violaciones al procedimiento legislativo, ya que se llevó a cabo en los términos de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.
• Contrario a lo que sostienen los demandantes, sí existió convocatoria para la sesión de trece de junio de dos mil veintidós, mediante publicación en la Gaceta Parlamentaria. Además, fueron convocados con la debida anticipación mediante oficio emitido por la Presidencia de la Mesa Directiva. Aunado a lo anterior, los Diputados promoventes estuvieron presentes en la sesión.
• El Dictamen se llevó a cabo conforme a la Ley Orgánica del Congreso, se turnó a la Comisión de Puntos Legislativos, en la que participaron varios de los Diputados promoventes. El Dictamen y la celebración de la sesión de la comisión fueron aprobados en términos del artículo 44 de la citada ley, el cual no exige un plazo específico para la discusión y aprobación del dictamen.
• El dictamen fue puesto a disposición de los Legisladores accionantes a través de la Secretaría General, en términos del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso, por lo que era su responsabilidad consultar la iniciativa ante dicho órgano parlamentario y, por ende, en caso de que no lo hubieran hecho es falta imputable a ellos.
• El Dictamen se incluyó en el orden del día de la sesión de catorce de junio de dos mil veintidós, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva, como lo establece el artículo 97.4 de la ley orgánica del Congreso, para el caso de dictámenes que hayan sido aprobados con menos de 24 horas de anticipación, como se hizo constar en la propia sesión del Pleno. La Junta de Coordinación Política celebró una sesión a las doce horas del catorce de junio de dos mil veintidós, según consta en el acta treinta y uno y en el acuerdo respectivo. En esa reunión se modificó el orden del día de la sesión programada para el catorce de junio de dos mil veintidós, para incluir el dictamen emitido por la Comisión de Estudios Legislativos, lo que se notificó a la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena y al Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, representante del partido político Movimiento Ciudadano.
• La sesión virtual de catorce de junio de dos mil veintidós se llevó a cabo de esa manera por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, como consecuencia de los disturbios y falta de cumplimiento a las medidas sanitarias por razón de la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 (COVID 19), como consta en el acta de sesión.
• Los accionantes sí fueron convocados para la sesión de catorce de junio de dos mil veintidós, como se advierte de los oficios emitidos por la Presidenta de la Mesa Directiva, dirigido a cada uno de los legisladores y legisladoras promoventes.
• Los accionantes sí tuvieron acceso al vínculo de la sesión de catorce de junio de dos mil veintidós, a través del sistema zoom, en la cuenta oficial del Congreso, sin embargo, por su voluntad determinaron no comparecer en un intento de impedir la configuración del quorum legal.
• La celebración virtual de la sesión, por sí misma, no impide o coarta el debate, ya que los Diputados pueden ejercer la palabra y argumentar en tribuna del mismo modo que en el salón de sesiones.
• Los elementos de seguridad pública en ningún momento irrumpieron en el salón de sesiones, mucho menos impidieron a los legisladores o al personal llevar a cabo sus actividades, sino que los accionantes clausuraron unilateralmente el salón de sesiones, negando así el acceso al resto de los legisladores que participarían en la sesión. Lo que se invoca como hecho notorio, porque trascendió a nivel nacional que el trece y catorce de junio de dos mil veintidós, el Congreso del Estado de Tamaulipas fue asaltado por legisladores y por terceros, como consta en videograbaciones y actas, así como en notas periodísticas.
• En la sesión virtual de catorce de junio de dos mil veintidós, hubo quorum, ya que se encontraban diecinueve de los treinta y seis Diputados que integran la sexagésima quinta legislatura del Congreso del Estado, como consta en el acta cuarenta y tres y en su versión estenográfica.
• En cuanto a la dispensa de lectura del dictamen del decreto impugnado, ésta fue aprobada por unanimidad de los presentes, y por mayoría absoluta del Pleno, conforme al artículo 148 de la Ley Orgánica del Congreso en el que se dispone que el Pleno puede acordar la dispensa de los trámites del proceso legislativo.
• La publicación del Decreto impugnado se realizó conforme a las disposiciones vigentes antes de su aprobación.
• En cuanto al fondo, el Poder Legislativo alegó que el establecimiento de mayorías calificadas se encuentra en diversos artículos tanto de la Ley Orgánica del Congreso, así como en la Constitución del estado, por lo que no es en sí misma inconstitucional.
• La exigencia de una votación por mayoría absoluta o calificada es un aspecto de ingeniería constitucional, un elemento del diseño operativo de las instituciones de carácter meramente procedimental, por lo que son los Diputados a quienes compete determinar la conveniencia institucional del Decreto impugnado.
• La exigencia de mayorías calificadas garantiza el principio democrático, exigiendo un mayor y más sólido consenso, tal y como se desprende de la iniciativa del Decreto impugnado, el propósito de la reforma es imponer un consenso mayoritario a la designación de los órganos de integración política.
• Las reformas contenidas en el Decreto impugnado garantizan el debate parlamentario y el principio democrático, protegiendo el derecho de participación de las minorías y obligando a la construcción de consensos amplios y de deliberación, que son el principio fundamental de las democracias deliberativas. • El establecimiento de mayorías calificadas es un ejercicio de soberanía parlamentaria respecto de la regulación interna del Congreso del estado.
7. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas. Por acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, se agregaron al expediente el escrito y anexos presentados por Jorge Luis Beas Gámez, Subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, mediante el cual rindió informe en representación del Gobernador del referido Estado y adjuntó el ejemplar del Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, en su edición vespertina, número 71, en el que aparece publicado el Decreto Número 65-172 impugnado.
8. Pedimento. El Fiscal General de la República y la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal no formularon manifestación o pedimento alguno.
9. Alegatos. Las partes no los formularon.
10. Cierre de la instrucción. En auto de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, la Ministra instructora cerró la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
11. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Federal(2) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) en relación con el Punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario 1/2023,(4) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, toda vez que se plantea la posible contradicción entre el Decreto número 65-172,(5) por el que se reforman los artículos 3.3 y 29.2 de la Ley Sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas y la Constitución Federal.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
12. La minoría parlamentaria promovente impugnó el Decreto número 65-172, publicado el quince de junio de dos mil veintidós en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, mediante el cual se reformaron los artículos 3.3 y 29.2 de la Ley Sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.
13. Asimismo, impugnaron los preceptos reformados mediante el Decreto citado, los cuales se transcriben a continuación:
Artículo 3.
...
3. Esta ley, sus reformas, adiciones, derogaciones, así como su abrogación, necesitarán para su aprobación la votación de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso; asimismo no requerirán de promulgación del Ejecutivo para tener vigencia, ni podrán ser objeto de observaciones y serán publicadas inmediatamente en el Periódico Oficial del Estado.
Artículo 29.
...
2. Presidirá la Junta durante la Legislatura, la o el diputado que mediante votación directa sea elegido democráticamente y obtenga la votación de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso.
14. Por lo tanto, se tiene por impugnado en su totalidad el Decreto mencionado y, en lo particular, los preceptos citados.
III. OPORTUNIDAD
15. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente, con la precisión de que en materia electoral todos los días se consideran hábiles.(6)
16. En este caso, la acción es oportuna, pues el Decreto 65-172 fue publicado el quince de junio de dos mil veintidós, en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, por lo que el plazo de treinta días naturales para promoverla transcurrió del dieciséis de junio al quince de julio de dos mil veintidós.
17. En ese sentido, si el escrito de demanda fue depositado en el Buzón Judicial de este Alto Tribunal el trece de julio de dos mil veintidós, su presentación resulta oportuna, en virtud de que se presentó el antepenúltimo día previo a que finalizara el término con que contaba para ello.
IV. LEGITIMACIÓN
18. La acción fue promovida por parte legitimada ya que los artículos 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(7) y 62, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria en la materia,(8) establecen que, tratándose de leyes expedidas por las legislaturas de las entidades federativas que se estimen contrarias a la Constitución Federal, al menos el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del órgano legislativo correspondiente estará legitimado para promover una acción de inconstitucionalidad.
19. De conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas(9) el Congreso de dicha entidad estará integrado por veintidós legisladores según el principio de mayoría relativa y catorce por el principio de representación proporcional, es decir, treinta y seis en total.
20. En el caso, dieciséis de los diputados signaron la acción de inconstitucionalidad que nos ocupa,(10) lo que equivale al cuarenta y cuatro punto cuatro por ciento (44.4%) de la legislatura, por lo que los promoventes se encuentran legitimados en términos de lo previsto en los artículos 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Federal y 62, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria en la materia.
21. Finalmente, cabe señalar que los promoventes acreditaron su personalidad con copias certificadas de las constancias expedidas por el Instituto Electoral de Tamaulipas en las que hace constar su carácter de Diputados de dicha entidad federativa, precisando que en el caso del Diputado José Braña Mojica, remitió su constancia posteriormente en atención a una prevención formulada por este Alto Tribunal, la que se tuvo por desahogada en proveído de siete de septiembre de dos mil veintidós.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
22. Las cuestiones relativas a la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad son orden público, por lo cual son de estudio preferente. En este asunto, el Poder Legislativo local(11) argumentó que cesaron los efectos del artículo 29.2 de la Ley impugnada al haber sido reformado el trece de enero, veintidós de marzo y seis de julio, todos de dos mil veintitrés, actualizando con ello la causa de improcedencia prevista en el artículo 20, fracción II, en relación con el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria en la materia.(12)
23. Al respecto, este Alto Tribunal estima que es fundada la causa de improcedencia planteada. En efecto, cuando las normas impugnadas son reformadas o sustituidas por otras, no tiene objeto alguno su análisis, ya que la transgresión a la Constitución debe ser objetiva y actual al momento de resolver el caso. De lo contrario, el efecto de estimar fundados los conceptos de invalidez se reduciría a anular una ley sin existencia jurídica ni aplicación futura, por lo que la sentencia que llegara a pronunciarse no produciría efecto distinto al que ya se logró con su reforma.
24. En el caso concreto, la norma impugnada en la presente acción de inconstitucionalidad es el Decreto Número 65-172, publicado el quince de junio de dos mil veintidós en el Periódico Oficial de esa entidad federativa, que reformó los artículos 3.3 y 29.2 de la Ley impugnada.
25. Sin embargo, el trece de enero de dos mil veintitrés se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el diverso Decreto 65-504, por el que se reformaron, entre otros, el artículo 29 de la Ley impugnada.
26. Dicha reforma consistió en que la designación de quien presidirá la Junta de Coordinación Política ya no será mediante votación directa de las dos terceras partes de quienes integran el Congreso, como se disponía en la redacción producto del Decreto 65-172 impugnado, sino que ahora será quien coordine el Grupo Parlamentario del partido político que haya obtenido más votos en la elección correspondiente a la Legislatura en turno.
27. Como se advierte, dicha modificación no fue meramente formal o gramatical, sino que se trata de un acto legislativo nuevo en sentido formal y material,(13) pues se expidió el Decreto 65-504, lo cual es prueba suficiente para concluir que hubo un proceso legislativo por el mismo órgano que emitió la norma impugnada, aunado a que se modificó la manera de designación de quien presidirá la Junta de Coordinación Política.
28. Además, el mismo artículo 29.2 de la Ley impugnada se reformó nuevamente mediante el Decreto 65-549, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, así como mediante el Decreto 65-615, publicado en el Periódico Oficial de la entidad federativa el seis de julio de dos mil veintitrés, quedando en términos similares. Para un mejor entendimiento, todas las modificaciones mencionadas, así como la redacción del artículo impugnado, se transcriben a continuación:
Ver transcripción
29. La comparación entre la norma impugnada y las reformadas evidencia que la elección de quien presidirá la Junta de Coordinación Política varió normativamente, pues, en la primera, la selección debía realizarse mediante votación directa de las dos terceras partes del Congreso. Con las reformas posteriores, en último término, quien presidirá la junta será el que coordine el Grupo Parlamentario del partido político que haya obtenido más votos o que haya ganado más distritos de mayoría en el Estado. Consecuentemente, el artículo 29.2 de la citada ley, que se impugnó, ya no surte efectos, pues fue plenamente sustituido por una nueva norma.
30. Por lo anterior, le asiste la razón al Poder Legislativo en cuanto a que se actualiza la cesación de efectos del citado precepto impugnado, pues fue reformado en su contenido normativo por el Congreso del Estado de Tamaulipas, de manera que se trata de una disposición que actualmente carece de existencia y aplicación futura, aunado a que dicha norma n
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32778-7fa16497/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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