I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE (ARTÍCULO 60, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS DIPUTADOS QUE CONFORMEN EL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE UNA LEGISLATURA ESTATAL TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PODER EJECUTIVO ESTATAL NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD DEMANDADA, CUANDO SE COMBATEN REFORMAS Y ADICIONES A LA LEGISLACIÓN INTERNA DEL CONGRESO LOCAL (SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO ATRIBUIDA AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). IV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS IRREGULARIDADES ACONTECIDAS POR AQUÉL. V. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. FASES QUE LO COMPONEN. VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. LA MODIFICACIÓN DE UN ARTÍCULO DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE ESA ENTIDAD APROBADA SIN CUMPLIR CON LA MAYORÍA CALIFICADA DE VOTOS, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO CON POTENCIAL INVALIDANTE [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 130, NUMERALES 1, PRIMER PÁRRAFO, Y 3, INCISOS B) Y G), DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 65-581, PUBLICADO EL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS]. VII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. EL VICIO IDENTIFICADO DERIVADO DE LA APLICACIÓN INCORRECTA DE LAS REGLAS DE VOTACIÓN DURANTE LA APROBACIÓN DE UN ARTÍCULO ESPECÍFICO QUE HABÍA SIDO RESERVADO PARA SU DISCUSIÓN EN LO PARTICULAR, NO SE EXTIENDE A LA VOTACIÓN ALCANZADA PARA EL RESTO DEL DICTAMEN [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 130, NUMERALES 1 Y 3, INCISOS B) Y G), DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 65-581, PUBLICADO EL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS]. VIII. DIVISIÓN DE PODERES. PARA FIJAR EL ALCANCE DE LA PROHIBICIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVA A QUE EL PODER LEGISLATIVO NO PUEDE DEPOSITARSE EN UN INDIVIDUO, RESULTA INSUFICIENTE SU INTERPRETACIÓN LITERAL. IX. DIVISIÓN DE PODERES. EL EQUILIBRIO INTERINSTITUCIONAL QUE EXIGE DICHO PRINCIPIO NO AFECTA LA RIGIDEZ DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. X. DIVISIÓN DE PODERES. INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LA PROHIBICIÓN CONTENIDA EN EL TEXTO ORIGINAL DEL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVA A QUE EL PODER LEGISLATIVO NO PUEDE DEPOSITARSE EN UN INDIVIDUO. XI. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. XII. DIVISIÓN DE PODERES. NO EXISTE UNA PROHIBICIÓN ABSOLUTA PARA QUE LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS PUEDAN LLAMAR A COMPARECER A UN SERVIDOR PÚBLICO PERTENECIENTE A OTRO PODER PARA QUE INFORME SOBRE LOS ASUNTOS A SU CARGO, SIEMPRE QUE LA FORMULACIÓN ESPECÍFICA DE LAS DISPOSICIONES IMPUESTAS NO RESULTEN DESPROPORCIONADAS (ARTÍCULO 47, NUMERAL 1, DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 65-581, PUBLICADO EL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). XIII. COMPARECENCIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. LAS COMISIONES DE ESE ÓRGANO LEGISLATIVO, VÁLIDAMENTE PUEDEN SOLICITAR LA PRESENCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DEL ESTADO PARA ILUSTRAR SU JUICIO EN EL DESPACHO DE LOS ASUNTOS A SU CARGO CUANDO SE DISCUTA UNA LEY O SE ESTUDIE UN NEGOCIO DE SU COMPETENCIA, ASÍ COMO PARA QUE RESPONDAN A INTERPELACIONES O PREGUNTAS (ARTÍCULO 47, NUMERAL 1, DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 65-581, PUBLICADO EL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). XIV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO LOCAL [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 130, NUMERALES 1 Y 3, INCISOS B) Y G), DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 65-581, PUBLICADO EL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS].
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 160/2023. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 14 DE MAYO DE 2024. PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIA: DANIELA CARRASCO BERGE.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día catorce de mayo de dos mil veinticuatro, por el que se emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 160/2023, promovida por diversos diputados integrantes del Congreso del Estado de Tamaulipas en contra del Decreto 65-581, que reforma diversas disposiciones de la Ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, publicado el seis de junio de dos mil veintitrés, en el Periódico Oficial de esa entidad federativa.
I. TRÁMITE
1. Presentación de la demanda. El catorce de julio de dos mil veintitrés, se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal la demanda de diversos integrantes del Congreso de Tamaulipas.
2. Norma general cuya invalidez se demanda. Se impugna la totalidad del Decreto 65-581, mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas ("Ley interna del Congreso"), publicado el seis de junio de dos mil veintitrés, en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa.
3. Conceptos de invalidez. En su escrito de demanda, la minoría legislativa formula dos conceptos de invalidez.
4. En su primer concepto de invalidez, sostiene la inconstitucionalidad del Decreto impugnado en su totalidad porque considera que existieron violaciones graves en el proceso legislativo con un potencial invalidante.
5. A partir de una interpretación armónica de los artículos 66 y 67 de la Constitución local y 3 y 109 de la Ley interna del Congreso, los promoventes sostienen que en ciertos actos legislativos resulta necesaria una mayor deliberación y consenso, por lo que se exige que sean aprobados por mayoría calificada.
6. En el caso, consideran que el Decreto impugnado resulta inválido dado que, en la sesión plenaria donde fue discutido, se declaró aprobada la reforma impugnada solamente con diecinueve votos a favor, en lugar de los veinticuatro necesarios para cumplir con el requisito de dos terceras partes de los integrantes de la legislatura.
7. Es decir, el Decreto impugnado requería de una mayoría calificada de dos terceras partes de los integrantes del Congreso local para su aprobación, esto es, el voto afirmativo de veinticuatro de los treinta y seis integrantes. Sin embargo, bastó con una mayoría de diecinueve votos a favor para que se declarara aprobado y se ordenara su expedición.
8. La minoría legislativa considera que lo anterior es contrario a las garantías de legalidad, certeza y seguridad jurídica conforme a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.
9. Así, argumenta que esta Suprema Corte, al resolver las controversias constitucionales 38/2005 y 110/2006, así como la acción de inconstitucionalidad 124/2020, estableció que las votaciones exigidas por el marco legal aplicable a un procedimiento legislativo deben ser respetadas con exactitud, so pena de invalidez absoluta del procedimiento.
10. En línea con estas consideraciones, el Presidente de la Mesa Directiva no podía determinar la inaplicación del artículo 3 de la Ley interna del Congreso y declarar aprobado un dictamen que no cumplía con la mayoría calificada requerida, vulnerando los artículos 3 y 109 de la Ley interna del Congreso, así como los artículos 66 y 67 de la Constitución local y 72, inciso f), de la Constitución Federal.
11. En su segundo concepto de invalidez, la minoría legislativa sostiene que el Decreto impugnado contraviene los artículos 40, 41, 49, 52, 105, fracción II, 116, 124 y 133 de la Constitución Federal, al supeditar a otros poderes y órganos de la entidad federativa a la voluntad del Congreso de Tamaulipas, afectando el principio de división de poderes.
12. Así, considera que las normas impugnadas generan una subordinación del resto de servidores públicos estatales hacia el Congreso local porque permiten que éste les ordene comparecer ante el Pleno, la Junta de Coordinación Política o cualquiera de las comisiones.
13. Por lo tanto, mediante el Decreto impugnado, el Congreso Estatal abusó de su competencia para dictarse una regulación interna y vulneró el principio de separación de poderes porque obliga a cualquier servidor público estatal a comparecer, responder interpelaciones, jurar protesta de conducirse con verdad y cumplir con otros mecanismos de subordinación, por lo que debe declararse su invalidez.
14. Auto de registro y admisión. Mediante acuerdo de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, los Ministros Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, integrantes de la Comisión de Receso correspondiente al primer periodo de esa anualidad, admitieron a trámite la acción de inconstitucionalidad 160/2023 y ordenaron dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, a fin de que rindieran el informe correspondiente. Asimismo, ordenaron dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que manifestaran lo que a su competencia conviniere.
15. Auto de turno. Mediante acuerdo de primero de agosto de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta Norma Lucía Piña Hernández turnó el expediente al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que fungiera como instructor en el procedimiento.
16. Informe del Congreso del Estado de Tamaulipas.(1) En relación con el primer concepto de invalidez, el Poder Legislativo sostiene que no se transgredieron los principios de transparencia, certeza, legalidad y seguridad jurídica, dado que no existieron violaciones durante el procedimiento legislativo que dio origen al Decreto impugnado.
17. Al respecto, argumenta que se cumplieron todas las formalidades esenciales previstas para la creación y modificación de las leyes en la entidad federativa, pues conforme a los artículos 66, párrafo primero, y 67 de la Constitución local, los decretos deben ser aprobados por la mayoría de los diputados presentes en la sesión correspondiente, incluyendo aquellos que versen sobre reformas a las normas relativas al funcionamiento interno del Congreso Estatal.
18. En este sentido, el Decreto impugnado cumplió con dicha regla de votación dado que fue aprobado por más de la mitad del total de los integrantes del Congreso, esto es diecinueve de los treinta y seis legisladores. Así, no resulta válido atender a la regla de votación por mayoría calificada de dos terceras partes de la diputación prevista en los artículos 3 y 109, numeral 3, de la Ley interna del Congreso, sino que bastaba cumplir con la regla de aprobación establecida en la Constitución local que requiere solamente el voto afirmativo de la mayoría de los legisladores presentes en la sesión.
19. Por lo tanto, si el Decreto impugnado fue aprobado por más de la mitad de los integrantes del órgano legislativo, cabe concluir que el procedimiento de creación es válido al cumplir tanto con las normas estatales, como con el mandato previsto en el artículo 116, párrafo segundo, de la Constitución Federal.
20. Asimismo, señala que no debe pasar inadvertido que el artículo 3 de la Ley interna del Congreso se encuentra sub judice en la diversa acción de inconstitucionalidad 101/2022, lo cual explica la inaplicación del precepto durante el procedimiento que dio origen al Decreto cuestionado.
21. Desde su perspectiva, la exigencia de una mayoría legislativa calificada en la aprobación de los asuntos plenarios del Congreso únicamente es necesaria cuando la propia Constitución local así lo exige, más no a partir de lo regulado en una disposición jerárquicamente inferior. Es decir, el Poder legislativo precisa que, durante la sesión plenaria correspondiente, el Presidente de la Mesa Directiva optó por inaplicar el artículo 3 de la Ley interna del Congreso y acogerse a la hipótesis del artículo 67 de la Constitución local, por lo que bastó con el voto favorable de diecinueve legisladores para declarar aprobado el Decreto impugnado.
22. A mayor abundamiento, enumera los únicos supuestos en los que, desde su perspectiva, es necesario el voto aprobatorio de una mayoría calificada de dos terceras partes de los integrantes del Congreso local conforme a la Constitución local.(2)
23. En consecuencia, en el caso de la Ley interna del Congreso, la Constitución local no establece alguna regla especial para que sus reformas deban ser aprobadas por una mayoría calificada de legisladores, por lo que resulta válida la expedición del Decreto impugnado con la mayoría alcanzada en la sesión correspondiente.
24. En consecuencia, toda vez que se respetó el marco legal aplicable a las votaciones, al privilegiarse la aplicación de las disposiciones previstas en la Constitución local, el Congreso Estatal considera que no existió vulneración alguna a las garantías de legalidad, certeza y seguridad jurídica.
25. Tratándose del segundo concepto de invalidez, el Poder Legislativo local sostiene que la reforma a los artículos 47, numeral 1, y 130, numerales 1 y 3, incisos b) y g), de la Ley interna del Congreso no implica una subordinación de otros órganos o poderes estatales a la voluntad del Poder Legislativo local, sino que únicamente se clarifican y fortalecen las atribuciones ya previstas en los artículos 58, fracción LXI, y 93, último párrafo, de la Constitución local.
26. Conforme al artículo 40 de la Constitución Estatal, en relación con el artículo 116 de la Constitución Federal, el Congreso cuenta con la facultad de establecer en su ley las normas internas y los procedimientos necesarios para el desahogo de las atribuciones que le corresponden. Por lo que, si la impugnación del promovente versa sobre una reforma a la Ley interna del Congreso local aprobada por el propio Poder Legislativo, es evidente que no existe intromisión alguna en la esfera competencial de cualquier otro órgano estatal.
27. Consecuentemente, solicita se declare infundado el concepto de invalidez planteado y se reconozca la validez del Decreto impugnado, dado que no existe una violación al principio de división de poderes.
28. Informe del Poder Ejecutivo local.(3) En este, sostiene que los conceptos de invalidez formulados por la minoría legislativa son infundados.
29. Respecto del primer concepto de invalidez, argumenta que, conforme a los artículos 66 y 67 de la Constitución Local, bastaba con que el Decreto impugnado fuera aprobado por más de la mitad de los integrantes del Congreso local, situación que sí se cumplió durante el procedimiento legislativo.
30. Por otra parte, por lo que hace al segundo concepto de invalidez, argumenta que los preceptos impugnados no generan ningún tipo de subordinación, dependencia o intromisión en la labor de los servidores públicos estatales, en transgresión al principio de división de poderes. En realidad, considera que se limitan a establecer un mecanismo de rendición de cuentas, en un marco de transparencia, que propone fortalecer la función administrativa de cada ente de la administración pública estatal.
31. Auto por el que se tienen rendidos los informes. En auto de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, el Ministro instructor tuvo por rendidos los informes solicitados y otorgó un plazo de cinco días hábiles para la formulación de alegatos.
32. Alegatos. Mediante escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, el Poder Legislativo del Estado formuló alegatos en la presente acción de inconstitucionalidad.
33. Opinión del Fiscal General de la República. El Fiscal General de la República no formuló pedimento alguno.
34. Manifestaciones de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. El Consejero Jurídico del Gobierno Federal no formuló opinión alguna.
35. Cierre de instrucción. Visto el estado procesal de los autos, el ocho de noviembre de dos mil veintitrés, con fundamento en el artículo 68, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria, el Ministro instructor dictó auto de cierre de instrucción.
II. COMPETENCIA
36. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(5) y el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General 1/2023 de este Tribunal Pleno.(6) Ello es así, toda vez que diversos integrantes del Congreso de Tamaulipas controvierten la validez de un decreto expedido por dicho órgano legislativo.
III. OPORTUNIDAD
37. El plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que se haya publicado en el correspondiente medio oficial la norma general o tratado internacional impugnado.(7)
38. El Decreto 65-581, mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas fue publicado el seis de junio de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa. Por lo tanto, el plazo para su impugnación transcurrió del siete de junio al seis de julio de dos mil veintitrés.
39. En el caso, la demanda se recibió vía correo certificado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el catorce de julio de dos mil veintitrés. No obstante, fue depositada por el promovente en la oficina de correos local el cinco de julio de la misma anualidad, por lo que se surte el supuesto previsto en el artículo 8 de la Ley Reglamentaria en la materia.(8) En consecuencia, cabe concluir que resulta oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
40. El artículo 105, fracción II, inciso d),(9) de la Constitución Federal y el diverso 62, primer párrafo,(10) de la Ley Reglamentaria facultan al equivalente al treinta y tres por ciento (33 %) de los integrantes de las legislaturas de las entidades federativas a promover acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes expedidas por el propio órgano.
41. En el caso, el escrito de demanda fue firmado por: 1) Félix Fernando García Aguiar, 2) Luis René Cantú Galván, 3) Leticia Sánchez Guillermo, 4) Liliana Álvarez Lara, 5) Edmundo José Marón Manzur, 6) Ángel de Jesús Covarrubias Villaverde, 7) Lidia Martínez López, 8) Carlos Fernández Altamirano, 9) Marina Edith Ramírez Andrade, 10) Myrna Edith Flores Cantú, 11) Nancy Ruíz Martínez, 12) Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez y 13) Leticia Vargas Álvarez, en su carácter de diputados integrantes de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas, personalidad que acreditan con la copia certificada de la versión estenográfica de la sesión del Pleno del órgano legislativo de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, en la cual consta dicha personalidad.
42. Ahora bien, el artículo 26 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas establece que el Congreso del Estado se integrará por un total de treinta y seis personas; veintidós de ellas electas según el principio de mayoría relativa mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y catorce electas según el principio de representación proporcional en una circunscripción plurinominal, mediante el sistema de listas de candidatos.(11)
43. Por lo tanto, si en el caso la demanda fue suscrita por trece integrantes del Congreso de Tamaulipas, quienes representan el treinta y seis por ciento (36 %) de dicho órgano legislativo, es claro que los promoventes tienen legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad. Aunado a ello, se impugna la constitucionalidad de un Decreto expedido por el propio órgano legislativo al que pertenecen.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
44. De forma preliminar, el Poder Ejecutivo plantea en su informe que, si bien cumplió con la solicitud de publicación del Decreto impugnado en el Periódico Oficial del Estado, lo cierto es que debe declararse la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad respecto de este servidor público dado que no tuvo participación en el procedimiento legislativo que dio origen al Decreto impugnado, conforme a lo previsto en el artículo 40 de la Constitución local.(12)
45. Este Tribunal Pleno considera que le asiste razón al Poder Ejecutivo local pues se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 19 de la Ley Reglamentaria, en relación con los artículos 61, fracción II, 64 y 65 de la misma.(13)
46. En efecto, el artículo 61, fracción II, referido, dispone que la demanda deberá contener los órganos legislativo y ejecutivo que hubieren emitido y promulgado las normas generales impugnadas. En correspondencia, el artículo 64 prevé que el ministro instructor dará vista al órgano legislativo que hubiere emitido la norma y al órgano ejecutivo que la hubiere promulgado, a fin de que rindan el informe correspondiente. Esto, con el objetivo de garantizar la oportunidad de dichas autoridades de defender la constitucionalidad de la norma impugnada.
47. Ahora bien, conforme al artículo 3 de la Ley interna del Congreso y el artículo 40, último párrafo, de la Constitución de Tamaulipas, su aprobación, sus reformas, adiciones, derogaciones y abrogación no pueden ser sujetas de observaciones o veto por parte del Poder Ejecutivo local, ni requiere la promulgación por parte de éste para tener vigencia, debiendo ser publicadas inmediatamente en el Periódico Oficial del Estado.(14)
48. Por lo tanto, si el Decreto impugnado en la presente acción de inconstitucionalidad versa sobre reformas y adiciones a la legislación interna del Congreso local, el Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas no tiene legitimación pasiva en el presente medio de control ya que no participó como autoridad promulgadora de las normas impugnadas en virtud de que, conforme a la propia regulación de dicha entidad federativa, se exceptúa su participación en este procedimiento legislativo específico.
49. Por ello, si quien emitió y promulgó el Decreto impugnado fue el propio Congreso Estatal, limitando la función ejecutiva a cumplir con la orden de publicación en el Periódico Oficial de la entidad federativa, no cabe duda de que el titular del Poder Ejecutivo estatal no puede tener el carácter de autoridad demandada.
50. En consecuencia, solamente se tiene como autoridad demandada en el presente medio de control constitucional al Congreso del Estado de Tamaulipas y no así al Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa, por lo que se debe decretar el sobreseimiento respecto de este último.(15)
51. Dado lo anterior, y toda vez que este Alto Tribunal no advierte oficiosamente la actualización de alguna otra causal de improcedencia, corresponde estudiar el fondo de la cuestión planteada.
VI. PRECISIÓN DE LA NORMA IMPUGNADA
52. De conformidad con el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia,(16) se precisa que, de una lectura integral de la demanda, los conceptos de invalidez planteados por el promovente versan sobre la inconstitucionalidad de:
1) El Decreto 65-581, mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, publicado el seis de junio de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa, en su totalidad, dados los vicios en el procedimiento legislativo que le dio origen, y
2) Los artículos 47, numeral 1, y 130, numerales 1 y 3, en sus incisos b) y g), reformados por medio del Decreto 65-581, en virtud de sus hipótesis normativas. VII. ESTUDIO DE FONDO
53. Por cuestión metodológica, los conceptos de invalidez serán analizados conforme a la siguiente ruta temática:
Ver ruta temática
TEMA I. Violaciones al proceso legislativo que dio origen al Decreto 65-581
54. En primer lugar, será examinado el argumento planteado por la minoría parlamentaria actora relacionado con irregularidades en el proceso legislativo que dio lugar al Decreto impugnado.
a) Parámetro de regularidad
55. En la acción de inconstitucionalidad 31/2019,(17) se hizo referencia a la línea de precedentes relativa a que dentro del procedimiento legislativo pueden darse violaciones de carácter formal que trascienden de manera fundamental a la norma, de suerte tal que provocan su invalidez.(18)
56. De igual forma, este Tribunal Pleno ha emitido un criterio reiterado en el sentido de que, para determinar si las violaciones al procedimiento legislativo planteadas en una acción de inconstitucionalidad tienen poder invalidante por afectar el principio de representación legislativa y de libre discusión de las normas, es necesario evaluar el cumplimiento de una serie de estándares. El objetivo de estos estándares es determinar si las irregularidades denunciadas impactan o no en la calidad democrática de la decisión final, ordenada constitucionalmente. Éstos se enumeran a continuación:
1. El procedimiento legislativo debe respetar el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, en condiciones de libertad e igualdad. Es decir, es necesario que se respeten los cauces que permiten tanto a las mayorías como a las minorías parlamentarias expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública, lo cual otorga relevancia a las reglas de integración y quorum en el seno de las Cámaras y a las que regulan el objeto y el desarrollo de los debates.
2. El procedimiento deliberativo debe culminar con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas.
3. Tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones deben ser públicas.(19)
57. De lo anterior, se sigue la ineludible referencia a la calidad democrática de la decisión final en un procedimiento legislativo, es decir, que la Constitución Federal impone ciertos requisitos para que la creación, la reforma, o la supresión de las normas puedan ser consideradas válidas. De modo que, para lograr el respeto de los principios de democracia y representatividad que consagra nuestro sistema constitucional, es de suma importancia la forma en que son creadas o reformadas las normas. De ahí el peso de las formalidades esenciales del procedimiento legislativo, pues finalmente, aseguran el cumplimiento de los principios democráticos, por virtud de los cuales:
1. Se permite a los legisladores su participación libre, responsable e informada en el estudio, dictamen, discusión y aprobación de las iniciativas de ley o decretos que se someten a su consideración.
2. Se da certeza y claridad al procedimiento legislativo, lo que implica que los legisladores tengan un conocimiento razonable de las iniciativas de ley o decretos que estudian y aprueban.
58. En otras palabras, la calidad democrática de la decisión final de la legislatura no sólo depende de la expresión y defensa de la opinión del legislador en un contexto de deliberación pública, sino que esa participación se base en un conocimiento informado y razonable de los documentos por aprobar.
59. Este Tribunal Pleno sostuvo consideraciones similares al fallarse la acción de inconstitucionalidad 99/2020 y su acumulada 100/2020.(20)
b) El proceso legislativo en Tamaulipas
60. Ahora bien, en lo que resulta relevante para el presente asunto, el Congreso de Tamaulipas, conforme al artículo 26 de la Constitución local, se integra por un total de treinta y seis diputados, de los cuales veintidós son electos según el principio de mayoría relativa y catorce, según el principio de representación proporcional.(21)
61. En términos del artículo 64 de la Constitución local y 93 de la Ley interior del Congreso, el derecho de iniciativa compete a los diputados, al Gobernador Estatal, al Supremo Tribunal de Justicia y a los ciudadanos en un número equivalente al cero punto trece por ciento (0.13 %) de la lista nominal de electores.(22)
62. Las iniciativas se presentarán por escrito ante el Congreso del Estado, el cual, en sesión plenaria, lo turnará a la comisión o comisiones correspondientes para su estudio y dictamen. Ninguna iniciativa podrá discutirse sin el dictamen correspondiente, salvo que se trate de asuntos de obvia y urgente resolución, donde el Pleno podrá acordar la dispensa de trámites.(23)
63. Siguiendo el proceso en comisiones, conforme al artículo 45 de la Ley interior del Congreso, se precisa que dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la fecha de recepción se deberá presentar el dictamen correspondiente, pudiéndose solicitar justificadamente la ampliación del periodo.(24) Si transcurrido este plazo no ha sido presentado el dictamen, se exhortará a la comisión a emitirlo en un periodo razonable no mayor a quince días naturales, so pena de returno.(25)
64. Los diputados integrantes de la comisión deberán aprobar el dictamen por mayoría de sus integrantes o por la mayoría que exija la propia ley del Congreso.(26) Por su parte, el diverso 95 de la Ley interna del Congreso, señala las características que deberá tener todo dictamen.(27)
65. Una vez aprobado en comisiones, el dictamen será puesto a disposición de todos los integrantes del Congreso por conducto de la Secretaría General, solicitándose su incorporación en el orden del día de la sesión más próxima. Considerando que deberá mediar un periodo mínimo de veinticuatro horas antes del inicio de la sesión plenaria donde se pretende incluir. De otra forma, si mediara un plazo menor, se requerirá el acuerdo de la Junta de Gobierno.(28)
66. Ya en el Pleno del Congreso, para iniciar la sesión es necesaria la presencia de por lo menos la mitad más uno de los integrantes del Congreso (diecinueve integrantes).(29) Una vez leído y aprobado el orden del día, el dictamen podrá ser leído por cualquiera de los integrantes de la comisión que lo suscriban. Posteriormente, el Presidente de la Mesa Directiva lo someterá a discusión, salvo que el Pleno acuerde un segunda lectura en la siguiente sesión.(30)
67. Antes de empezar la discusión, un representante de la comisión que lo formuló deberá explicar los fundamentos de su dictamen, asimismo, podrá intervenir el autor de la iniciativa cuando se trate de un integrante del Congreso local.(31)
68. Acto seguido, el Presidente de la Mesa Directiva abrirá la discusión. Para esto, se formará una lista de oradores a favor y en contra de la propuesta, tratando de conceder alternativamente la palabra a los inscritos, los términos específicos para el orden y duración de las participación se describe en el artículo 102 y 103 de la Ley interior del Congreso.(32)
69. En los casos de modificaciones constitucionales, legales o de decretos, se someterá primero a una discusión en lo general. Terminada dicha discusión, se pondrá el dictamen a discusión en lo particular, los integrantes del Congreso podrán reservarse los artículos que deseen discutir en esa modalidad.
70. De no existir reservas, se votará el dictamen, en lo general y en lo particular, en un solo acto. En caso de existir artículos reservados, en primer lugar, se hará la votación en lo general y de los artículos no reservados; seguido, se procederá a la discusión de los artículos reservados y, al terminar ésta, en segundo lugar, el Presidente de la Mesa Directiva llamará a la votación en lo particular.(33)
71. En las votaciones en lo particular, se deberá dar claridad en el sentido de la voluntad de los legisladores, con la precisión de que cada legislador haga sobre el sentido de su voto.(34)
72. Ahora bien, conforme al artículo 66 de la Constitución local, en las normas sobre el funcionamiento interno del Congreso se contendrán las reglas que deberán observarse, entre otros aspectos, en la votación de las leyes, decretos y acuerdos.(35) En este sentido, el Congreso puede tener cuatro tipos diferentes de mayorías:
• Simple – La mitad más uno de los integrantes presentes.
• Relativa – La mitad más uno de los integrantes de la Legislatura.
• Absoluta – Las dos terceras partes de los integrantes presentes.
• Calificada – Las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura.
73. Conforme al artículo 109 de la Ley interna del Congreso, en todos los casos de votaciones es requerida una mayoría absoluta de los integrantes presentes en la sesión correspondiente, salvo que la Constitución local, la Ley interna del Congreso u algún otro ordenamiento relativo a la actividad parlamentaria exija una mayoría diferente.(36)
74. Así, a pesar de que conforme al artículo 67 de la Constitución Estatal usualmente basta con una mayoría de los diputados presentes para aprobar los decretos de ley,(37) lo cierto, es que la propia Ley interna del Congreso –autoimpuesta por los legisladores– exige que tratándose de esta legislación, sus reformas, adiciones, derogaciones, así como su abrogación, sean aprobadas por una mayoría calificada de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso (veinticuatro de treinta y seis integrantes), conforme a su artículo 3, numeral 3.(38)
75. Las votaciones podrán ser económicas, nominales o por cédula, pero la votación de leyes y decretos siempre será nominal,(39) pudiendo recogerse conforme al sistema electrónico que el Congreso autorice.(40)
76. Una vez aprobada la ley, decreto o acuerdo correspondiente, serán suscritos por el Presidente y los Secretarios de la Mesa Directiva y se expedirá la resolución correspondiente.(41)
77. Específicamente, en el caso de la Ley interna del Congreso, que interesa en la presente acción, sus reformas no pueden ser sujetas de observaciones o veto por parte del Poder Ejecutivo local, ni requiere de promulgación por éste para tener vigencia, debiendo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32718-f0c9a6c5/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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