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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE EL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS SENADORES QUE CONFORMEN CUANDO MENOS EL TREINTA Y TRES POR CIENTO DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LEGITIMACIÓN PARA DEMANDAR LA INVALIDEZ DE UN DECRETO PRESIDENCIAL, A TRAVÉS DE AQUEL MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. IMPROCEDENCIA DEL DESISTIMIENTO CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS GENERALES. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. AL TRATARSE DE UN DERECHO QUE ASISTE A LAS MINORÍAS DISIDENTES DE UN ÓRGANO LEGISLATIVO PARA INCONFORMARSE EN CONTRA DE UNA LEY QUE HA SIDO APROBADA POR LA MAYORÍA, RESULTA CONGRUENTE QUE EL LEGISLADOR NO PERMITA SU DESISTIMIENTO, EN EL ENTENDIDO DE QUE, POR SER UN MEDIO DE CONTROL ABSTRACTO, EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL INMEDIATO QUE SE BUSCA TUTELAR ES LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA SÓLO CONTRA LEYES DE CARÁCTER ELECTORAL (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. TRATÁNDOSE DE UN PARTIDO POLÍTICO, LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DEBE SER A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE SEA TITULAR DE SU DIRIGENCIA NACIONAL, POR SER ÉSTE QUIEN TIENE LA ATRIBUCIÓN DE SU REPRESENTACIÓN LEGAL. VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA INTERPRETACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN RESPECTO A LO QUE DEBE ENTENDERSE POR MATERIA ELECTORAL, SÓLO TIENE LA FINALIDAD DE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CUANDO ES PROMOVIDA POR ALGÚN PARTIDO POLÍTICO. VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO PARA IMPUGNAR NORMAS QUE NO SON DE NATURALEZA ELECTORAL (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS DIECISIETE). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE [DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE; ESPECÍFICAMENTE LAS FRACCIONES LIX Y LXI DEL ARTÍCULO 15; LAS FRACCIONES II Y IV DEL ARTÍCULO 216; LAS FRACCIONES II, IV Y X, ASÍ COMO EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 256; EL SEGUNDO, TERCERO Y QUINTO PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 259; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 260; EL TERCERO Y QUINTO PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 261; EL QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 297, Y LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO IV DEL TÍTULO DÉCIMO QUINTO PARA QUEDAR COMO "SANCIONES EN MATERIA DE TRANSMISIÓN DE MENSAJES COMERCIALES Y DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS", LAS ADICIONES DE UN TERCERO Y CUARTO PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 256; Y DEROGAN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 256 Y LA FRACCIÓN II DEL INCISO C) DEL ARTÍCULO 311 DE ESA LEY.]. X. VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA. XI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO ANTE LA CÁMARA DE SENADORES. FORMALIDADES Y ESTÁNDARES PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EN CUANTO AL DEBIDO PROCESO LEGISLATIVO Y ESPECIAL RELEVANCIA DEL REGLAMENTO DEL SENADO. XII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO ANTE LA CÁMARA DE SENADORES. LA OBLIGACIÓN DE QUE EN CADA REGLAMENTO SE PREVEA LA FORMA, INTERVALOS Y MODO DE PROCEDER EN LAS DISCUSIONES Y VOTACIONES QUE SE SUSCITEN DURANTE SU DESARROLLO, PRETENDE EVITAR EL CONTROL ARBITRARIO DE LA AGENDA PARLAMENTARIA POR PARTE DE LAS MAYORÍAS, Y ASÍ NO AFECTAR LOS VALORES CENTRALES DE LA DIMENSIÓN DELIBERATIVA DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA, EN PARTICULAR LA NECESIDAD DE RESGUARDAR EL DEBIDO PROCESO, EL RESPETO A LOS DERECHOS DE LAS MINORÍAS PARLAMENTARIAS, LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN QUE ASISTE A CADA UNO DE LOS LEGISLADORES, ASÍ COMO SU DERECHO AL VOTO, DE FORMA TAL QUE NINGÚN PARLAMENTARIO SEA EXCLUIDO DEL PROCESO DELIBERATIVO DEMOCRÁTICO. XIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO ANTE LA CÁMARA DE SENADORES. LA OMISIÓN POR PARTE DE LAS COMISIONES DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, ASÍ COMO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE GENERAR EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 150/2017 Y SU ACUMULADA 153/2017. · Registro digital (IUS): 31150
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-01-06
Promovente: DIVERSOS SENADORES INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Enero de 2023, Tomo I, Pág.235.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 150/2017 Y SU ACUMULADA 153/2017. DIVERSOS SENADORES INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 29 DE AGOSTO DE 2022. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: JORGE JANNU LIZÁRRAGA DELGADO.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día veintinueve de agosto de dos mil veintidós.

VISTOS, Y

RESULTANDO:

PRIMERO. Escritos iniciales de las acciones de inconstitucionalidad. Las acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas el veintiocho(1) y treinta(2) de noviembre de dos mil diecisiete, respectivamente, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por cuarenta y siete senadores integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Senadores,(3) así como por María Alejandra Barrales Magdaleno, en su carácter de presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática, en contra del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete; específicamente las fracciones LIX y LXI del artículo 15; las fracciones II y IV del artículo 216; las fracciones II, IV y X, así como el párrafo segundo del artículo 256; el segundo, tercero y quinto párrafos del artículo 259; el primer párrafo del artículo 260; el tercero y quinto párrafos del artículo 261; el quinto párrafo del artículo 297, y la denominación del capítulo IV del título décimo quinto para quedar como ‘sanciones en materia de transmisión de mensajes comerciales y derechos de las audiencias’, las adiciones de un tercero y cuarto párrafos al artículo 256; y derogan la fracción III del artículo 256 y la fracción II del inciso c) del artículo 311 de esa ley."

SEGUNDO. Artículos constitucionales que se estiman vulnerados. Los senadores integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura señalaron que las normas cuya invalidez se demanda, infringen los artículos 1o., párrafos primero, segundo, tercero y quinto, 2o., 3o., 6o., apartado B y 28 de la Constitución Federal, el numeral 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos así como la interpretación que sobre esa norma han realizado los órganos interamericanos de protección de derechos humanos.

Por su parte, la presidenta nacional del partido político sostuvo que se infringen los artículos 1o., 6o., apartado B, fracciones III, IV y VI, 7, 28, párrafos décimo quinto, décimo sexto y vigésimo, fracción IV, 35, fracción II, 40, 41, fracciones II y VI, 105, fracción II, 133 y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 1, 11, 13, 14, 25.1 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su centésimo octavo periodo ordinario de sesiones, celebrado del dos al veinte de octubre del dos mil, así como el numeral 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

TERCERO. Conceptos de invalidez. Los accionantes expusieron los siguientes conceptos de invalidez.

III. 1. Acción de inconstitucionalidad 150/2017. Los senadores promoventes, en esencia, hicieron valer los siguientes conceptos de invalidez.

• Primero.(4) El decreto impugnado transgrede el principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, previsto en el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Federal, en virtud de que las modificaciones legislativas a los artículos 15, fracción LIX, 216, fracción II, 256, párrafos segundo, tercero y cuarto, fracciones III, IV y X, así como 259, párrafos segundo y tercero, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (en adelante LFTyR), significaban un estándar mínimo a partir del cual se debía avanzar en materia de protección de derechos de las audiencias, entendidos como derechos constitucionales; no obstante, con la reforma controvertida se reduce su esfera de protección, violentando la obligación estatal de ampliar el alcance y la tutela de los derechos humanos de las audiencias, así como la prohibición de emitir actos legislativos que limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y la tutela que de manera previa a la reforma, se les reconocía a las audiencias.

• Las modificaciones a los artículos 15, fracciones LIX y LXI, y 216, fracciones II y IV, de la LFTyR, implican una medida regresiva en lo tocante a las facultades de vigilancia y de sanción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (en adelante IFT o instituto), dado que al precisarse las facultades de sanción del instituto en materia de derechos de la audiencias, se elimina la posibilidad de que se aplique la sanción de suspensión precautoria de transmisiones.

• La reforma impugnada es regresiva, al eliminarse en el artículo 256, fracción III, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la obligación de los concesionarios de distinguir con toda claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta, en la medida en la que se suprime el derecho de las audiencias de recibir información imparcial, veraz y oportuna.

• La reforma que recayó sobre la fracción IV del artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual en su texto previo establecía que los concesionarios estaban obligados a aportar los elementos suficientes para distinguir entre publicidad del contenido de un programa, no obstante, con el texto de la reforma, este tipo de información se limita únicamente a programas de información periodística o noticiosa.

• La reforma al párrafo segundo del artículo 256 supone un cambio de un modelo de corregulación a uno de autorregulación, ya que previo a la reforma, se establecía la obligación de los concesionarios de emitir códigos de ética para proteger los derechos de las audiencias, los cuales debían ajustarse a los lineamientos emitidos por el instituto para preservar lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución, mientras que con las reformas impugnadas, se establecen condiciones para que los concesionarios se autorregulen, lo cual pone en sus manos la protección de los derechos de las audiencias.

• Otra medida regresiva se evidencia con la reforma al artículo 259, párrafo segundo, de la Ley Federal de Telecomunicación y Radiodifusión, el cual preveía la facultad del instituto de expedir los lineamientos en los que se establecieran las obligaciones mínimas que tendrían los defensores de las audiencias para la adecuada protección de sus derechos, sin embargo, con la modificación de la citada porción normativa, la actuación del defensor de las audiencias se sujeta exclusivamente ahora al código de ética que emite el propio concesionario, además de que el defensor únicamente rendirá cuentas a las instancias del concesionario previstas en el propio código, eliminando por completo la participación del instituto, consagrando con ello la discrecionalidad del actuar de los concesionarios de las audiencias.

• Asimismo, se eliminaron derechos que asistían a las audiencias en beneficio de los concesionarios, al eliminar las facultades del instituto para regular a los concesionarios respecto de sus contenidos, circunstancia que deja en estado de incertidumbre a las audiencias, quienes ya no cuentan con procesos homologados o formas en las que puedan exigir sus derechos ante los concesionarios.

• Con la reforma al párrafo tercero del artículo 259 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, actualmente se faculta a los concesionarios a designar libremente al defensor de las audiencias, sin intervención alguna del instituto, lo que vulnera la imparcialidad de dicho defensor, permitiendo su actuación discrecional.

• Por su parte, la modificación al artículo 261 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión genera la existencia de diversos procedimientos para el ejercicio de los derechos de las audiencias, dejando en estado de incertidumbre a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, pues se establece que una vez recibidas las reclamaciones o las quejas, el defensor debe tramitarlas dentro de las áreas correspondientes del concesionario y condiciona los tiempos del procedimiento al código de ética que emita el propio concesionario.

• Segundo.(5) El legislador federal no emprendió un examen de proporcionalidad de los derechos de las audiencias para derogar y modificar diversas disposiciones que impiden la protección de estos derechos.

• En primer lugar, debe tomarse en consideración que el artículo 6o., apartado B, fracción VI, constitucional, reconoce a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y los denomina como "audiencias", lo que implica que no se trata de meros usuarios o receptores del algún servicio, sino de audiencias, a quienes se les reconoce en general diversos derechos en aras de fomentar su participación en la vida democrática del país, así como su derecho de exigir el cumplimiento de sus prerrogativas como ciudadanos.

• Además, el citado artículo constitucional, prevé que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establecerá los derechos de las audiencias, así como los mecanismos para su protección, instaurando los elementos para determinar en qué consisten, tal como se señala en ese mismo artículo en su fracción III, al indicar que el Estado se obliga a preservar la pluralidad y la veracidad de la información transmitida a través de los servicios de radiodifusión; de igual forma, la fracción V del apartado y numeral en cita, establece que es facultad del instituto asegurar la difusión imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional.

• Bajo este contexto, toda medida legal que sea contraria a dichos parámetros constitucionales o que vulnere las facultades otorgadas por la Constitución al Instituto Federal de Telecomunicaciones, resulta inconstitucional.

• Por otro lado, en los dictámenes que concluyeron en la modificación del artículo 256 de la ley combatida, puede apreciarse que las Cámaras consideraron que el derecho de las audiencias a recibir información imparcial era un límite injustificado al derecho de libertad de expresión, al permitir que se establezca un régimen de derechos de las audiencias que imponga restricciones arbitrarias en cuanto a la distinción entre información y opinión, que exista oportunidad y veracidad de la información así como la posibilidad que ante cualquier incumplimiento el instituto pueda imponer sanciones a los medios de comunicación.

• No obstante, en dicho dictamen se soslayó que de conformidad con el artículo 6o. constitucional, la libertad de expresión tiene varios límites que consisten en que la manifestación de las ideas no afecte la moral, la vida privada o los derechos de terceros, por lo que los derechos de las audiencias al ser derechos de terceros estaban dentro de los supuestos para limitar la libertad de expresión y, por ende, su supresión no tiene efecto alguno en lo que referente a la libertad de expresión.

• La medida legislativa de suprimir un derecho de las audiencias es de facto un menoscabo arbitrario en la capacidad para manifestar el pensamiento propio, pues no asegura el derecho a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno de manera clara, sino que permite que líneas editoriales sean presentadas como hechos noticiosos, avalando la parcialidad de la información.

• Asimismo, la reforma al artículo 259 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, elimina la facultad del instituto de expedir los lineamientos para definir las obligaciones mínimas que tendrían los defensores de las audiencias, pues ahora la actuación del defensor se sujeta exclusivamente al código de ética del concesionario, en el entendido de que sólo ante éste último se rendirán las cuentas, eliminando con ello la participación del instituto y permitiendo el actuar discrecional de los concesionarios, afectando invariablemente los derechos de las audiencias.

• En otro orden, la modificación al artículo 261 de la ley impugnada genera la existencia de diversos procedimientos para el ejercicio del derecho de las audiencias, lo cual deja en completo estado de incertidumbre a los usuarios de los servicios de radiodifusión.

• Tercero.(6) Se vulnera el artículo 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos porque la regulación de los derechos de las audiencias, quedará en manos de los concesionarios a través de códigos de ética, que ellos mismos aprobarán sin que el regulador pueda objetarlos.

• La reforma impugnada es contraria al artículo 13.2 del Pacto San José, pues la regulación y limitaciones de los derechos de las audiencias deben preverse en una ley formal y material y no así en un código de ética emitido por los propios concesionarios en materia de radiodifusión, sin posibilidad de objetarlos o rechazarlos por parte de la autoridad reguladora, aunado a que en la emisión de la reforma impugnada no se observó un examen de proporcionalidad entre la libertad de expresión y los derechos de las audiencias.

• Cuarto.(7) La derogación del artículo 256, fracción III, de la ley impugnada, abre la puerta para que los agentes económicos preponderantes en radiodifusión intenten limitar las atribuciones del regulador en temas de competencia y calidad lo cual tendrá consecuencias negativas para las audiencias, pues se eliminó de la ley el mandato de que el servicio público de radiodifusión deba prestarse en condiciones de competencia y calidad.

• La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de once de junio de dos mil trece, tuvo como finalidad establecer un marco normativo que regulara a los concesionarios en materia de derechos de las audiencias ante el poder desmedido que tenían sobre la difusión de la información que se generaba por tal ausencia legislativa, mas no se refería a implementar mecanismos de autorregulación como ahora lo impone la reforma impugnada, aunado a que resulta indispensable contar con un ente regulador con suficientes facultades que de manera efectiva obligue a dichos actores a cumplir con las disposiciones en materia de las audiencias.

• La modificación al artículo 256 atenta contra los derechos de los pueblos originarios (indígenas) y las poblaciones históricamente vulneradas (discapacitados), al eliminarse lo concerniente a que el servicio público de radiodifusión debe garantizar los beneficios de cultura, preservando la pluralidad y la veracidad de la información así como fomentar los valores de la identidad nacional con el propósito de contribuir a los fines previstos en el artículo 3o. de la Constitución General, aun cuando el legislador tenía el deber de ampliar el ámbito de protección de los derechos de tales grupos vulnerables y no suprimirlos en el entendido de que para ello al menos debía formular consultas previas.

• De igual manera, deja a voluntad de los concesionarios aportar los elementos para distinguir con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta, así como la obligación de los concesionarios de aportar elementos para distinguir la publicidad de la información, vulnerando el mandato constitucional de no hacer pasar publicidad por información, previsto en el artículo 6o., apartado B, fracción IV, constitucional.

• Lo anterior, pues tales obligaciones quedan constreñidas exclusivamente a la programación informativa y sólo cuando se trate de un comentario o comentario editorial, con lo cual las audiencias quedan desprotegidas tratándose de otro tipo de programas, como revistas matutinas o emisiones de espectáculos en las cuales se suelen vender entrevistas a políticos o supuestos especialistas que recomiendan un determinado producto, sin que al público se le aclare que se trata de un segmento pagado, por lo que dicha eliminación permite que libremente los concesionarios pongan a la venta entrevistas o propaganda encubierta que se muestra a las audiencias como información periodística y que deja importantes ganancias comerciales o para desviar la opinión de determinados temas.

• Se eliminan como derechos de las audiencias todos los que se derivan de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y no están incluidos expresamente en el artículo 256, quedando sin efectos, entre otros, las líneas de acción establecidas para que los contenidos respeten el interés superior de la niñez, la no discriminación o la equidad de género, afectando con ello también a los derechos de las audiencias de las personas con discapacidad y las comunidades indígenas.

• De igual forma, se suprimen las atribuciones de supervisión, vigilancia y sanción del instituto, como la suspensión precautoria de transmisiones en el caso de programas noticiosos, incluso se deja a voluntad de los concesionarios de radiodifusión garantizar los derechos de las audiencias bajo la figura de la autorregulación, cuando por décadas se ha demostrado que esta figura en este país ha resultado nula, de ahí que no se hubiere implementado desde que se emitió la nueva legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

• La figura de la defensoría de las audiencias se debilitó, pues en los artículos 256, 259, 260 y 261 de la reforma impugnada ya no se ordena que se ajuste a los criterios de imparcialidad e independencia, además de que los concesionarios elegirían libremente al defensor de sus audiencias, sin que sea posible establecer requisitos que eliminen conflictos de interés, máxime las defensorías de las audiencias ya no redirán informes ante el instituto, ni éste último podrá sancionar por incumplimiento a lo establecido en los "Lineamientos sobre Defensa de las Audiencias".

• La reforma a la ley se realizó sin consultas públicas previas en materia indígena, así como personas con discapacidad, y sin esperar las resoluciones de la Suprema Corte, ante la cual se promovieron dos controversias constitucionales en materia de derechos de las audiencias, tanto por el Senado como por el Ejecutivo Federal, de manera tal que con la aprobación del decreto impugnado se generó su sobreseimiento.

• Quinto.(8) El decreto impugnado transgrede los artículos 1o., 2o., 3o., 6o., apartado B, 14, 16 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que antes de la reforma del treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, se permitía al instituto establecer las condiciones para asegurar la actuación de los defensores, no obstante, al eliminarse tal atribución, se dejó en manos de los concesionarios actuar de manera arbitraria en lo tocante a los derechos de las audiencias.

• Del mismo modo, la modificación al párrafo tercero del artículo 259 que faculta a los concesionarios a designar libremente al defensor de las audiencias sin la intervención del instituto u otra autoridad, genera la imparcialidad del propio defensor y permite a los concesionarios actuar discrecionalmente, afectando directamente los derechos de las audiencias.

• La reforma al artículo 261 genera la existencia de diversos procedimientos para el ejercicio de los derechos de las audiencias dejando en estado de incertidumbre a los usuarios de los servicios de radiodifusión, dado que permite la autorregulación para la atención de reclamaciones y quejas, en ese sentido, es difícil considerar que en realidad se busque proteger la libertad de expresión.

• Sexto.(9) El decreto impugnado limita las facultades de supervisión y sanción del Instituto Federal de Telecomunicaciones en relación con las normas vigentes previas, lo cual es regresivo, por que debilita la figura de defensoría de las audiencias, pues no se garantiza que se ajuste a criterios de imparcialidad e independencia. • La reforma impugnada es violatoria del artículo 1o. constitucional, particularmente del principio de progresividad, así como el artículo 6o. constitucional en cuanto a la prohibición a la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información noticiosa.

• Séptimo.(10) La aprobación del decreto impugnado vulnera de manera sustancial distintas disposiciones reglamentarias que rigen el procedimiento en el Senado de la República y que impidieron la participación de las distintas fuerzas políticas.

• Los vicios en el proceso legislativo por el que se reformó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, trascienden de manera fundamental a la norma, de tal manera que provocan su inconstitucionalidad.

• Ello en virtud de que la iniciativa fue turnada para su dictamen el día cinco de septiembre de dos mil diecisiete, solicitando el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía que se ampliara el turno a dicha comisión. Tal hecho ocurrió el doce de septiembre siguiente, por lo que la comisión dictaminadora contaba con un plazo de hasta treinta días hábiles para elaborar su dictamen, es decir, el plazo que de acuerdo con al artículo 212, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, corrió del día seis de septiembre al diecisiete de octubre, sin embargo, en el presente caso no existieron tales actos legislativos.

• El vicio es tan grave que ni el propio presidente de la comisión dictaminadora tuvo la oportunidad de revisar y estudiar el dictamen, pues la convocatoria a la reunión extraordinaria en la que se llevó a cabo su discusión fue convocada sin razón justificada por los secretarios y no por el presidente tal como lo establece el Reglamento del Senado; además, el dictamen no fue puesto en conocimiento de la totalidad de los integrantes de las tres comisiones con tiempo suficiente para analizarlo y discutirlo entre ellos, por lo que resulta inválida la forma en que se llevó a cabo la discusión y aprobación de dicho dictamen, el cual momentos después fue incorporado de manera por demás extraña al Pleno, cuando éste ya estaba sesionando y sin respetar los plazos mínimos requeridos para su discusión y votación, circunstancias que revelan que hubo un desconocimiento total del contenido de las reformas impugnadas por parte de los senadores, tanto en la reunión extraordinaria de Comisiones Unidas como en Pleno del Senado.

• En efecto, la noche del veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, siendo las 19:27 (diecinueve horas con veintisiete minutos), fue convocada por tres de los cuatro secretarios de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para una reunión de carácter extraordinario que se llevó a cabo el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete a las 9:00 (nueve horas); comunicación que se hizo llegar a los integrantes de las comisiones vía correo electrónico a las 21:35 (veintiuno y treinta y cinco horas), existiendo menos de doce horas entre la notificación y la hora de su verificativo, cuando de conformidad con el artículo 139 del Reglamento del Senado se debe convocar a sesión con una anticipación mínima de cuarenta y ocho horas, debiendo mediar además la publicación de la convocatoria en la Gaceta, así como su envió en forma directa a cada integrante.

• En otro orden, en lo atinente a la sesión de Pleno del Senado del día veintiséis de octubre, momentos después de haber sido aprobada de manera irregular el dictamen en Comisiones Unidas, se integró intempestivamente a la sesión del Pleno cuando está ya había iniciado, se dieron por efectuadas las lecturas del dictamen y se discutió y aprobó, lo que resulta violatorio del artículo 195 del Reglamento del Senado.

• Aunado a lo anterior, en el diverso numeral 193 se establece que el dictamen que se presente ante el Pleno del Senado a discusión debe publicarse cuando menos veinticuatro horas antes en la Gaceta Parlamentaria; en este sentido, el mismo numeral en el párrafo 3 señala que el Pleno no se pronunciará sobre un dictamen que no se haya publicado en la Gaceta de manera previa.

• En esa virtud, se destaca que resulta inválida la forma en la que se llevó el proceso legislativo, dado que sin reconocer las facultades del presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, tres de los cuatro secretarios, sin justificación, convocaron a reunión extraordinaria sin cumplir con el procedimiento respectivo, ni con los tiempos que establece el propio reglamento.

• La discusión y votación tanto en comisiones como en el Pleno se llevó a cabo de manera anómala, puesto que previamente se debió llevar a cabo una discusión en la propia Comisión de Comunicaciones y Transportes y, posteriormente, hacer el respectivo turno a las Comisiones dictaminadoras para que una vez integrado y aprobado un dictamen conjunto, presentarlo ante el Pleno para su discusión y aprobación respetando los plazos mínimos para la distribución y publicación del dictamen, en el entendido de que sin cumplir este requisito el Pleno no se pronuncia sobre el contenido del dictamen; asimismo, omitieron realizar las dos lecturas que señala el numeral 195 del reglamento, máxime que el dictamen no fue dado a conocer a los legisladores con la anticipación requerida.

• Por tanto, al no cumplirse con los principios democráticos que deben regir en el debate legislativo y al no ser cuestiones que sean subsanables, debe analizarse de manera pormenorizada el proceso legislativo a la luz de las disposiciones reglamentarias respectivas y al constatar las violaciones graves antes referidas, declarar la invalidez total del decreto impugnado.

III. 2. Acción de inconstitucionalidad 153/2017. La presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática hizo valer los siguientes conceptos de invalidez.(11)

• Primero. El decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión viola los principios de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso legislativo y democracia deliberativa al transgredir los artículos 14, 16, 40, 71, párrafos segundo y tercero, 72, párrafo primero, letra F, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 20, párrafo 2, inciso c), 49, párrafo 1, inciso d), 66, párrafo 1, inciso d), y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos; 128, 135, fracciones I y II, 139, párrafos 2 y 3, 140, 186, 188, 193, párrafos 1, 2, 3 y 195, párrafos 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República.

• El proceso legislativo del decreto impugnado es inválido, dado que en el trámite de la minuta con proyecto de decreto, el dictamen y su aprobación, no se atendieron las formalidades de procedimiento legislativo en el Pleno del Senado de la República, ya que contrario a lo señalado en el artículo 139, numeral 3, del Reglamento del Senado que señala que las reuniones extraordinarias previo acuerdo de la Junta Directiva, se deben convocar con anticipación a través de comunicación directa con los integrantes de la comisión y, de ser posible, que la convocatoria respectiva sea publicada en la gaceta correspondiente, lo que en el caso concreto, no se realizó de esa manera, toda vez que en un lapso menor a veinticuatro horas, se convocó a las comisiones y se aprobó el dictamen de la minuta con proyecto de decreto, sin que éste tuviera el carácter de urgente.

• De igual forma, el dictamen formulado por la Comisión Coordinadora de Comunicaciones y Transportes no fue compartido de manera previa con las demás comisiones, tal como se mandata en los artículos 186 y 188 del reglamento .

• En lo tocante a su aprobación ante el Pleno del Senado, se trasgrede lo establecido en el artículo 193 del reglamento referido, dado que el dictamen no siguió el proceso de publicación, dado que no se publicó con veinticuatro horas de anticipación antes del inicio de la sesión del Pleno.

• Existen violaciones al proceso legislativo que no pueden ser convalidadas con la votación del Pleno, porque éstas implican el desconocimiento total del contenido del dictamen que sólo en unas horas se discutió por primera vez en una reunión extraordinaria convocada por tres de los cuatro secretarios de una de las tres comisiones dictaminadoras, votándose sin conocer el contenido y alcance de la reforma, siendo que la comisión contaba con treinta días hábiles para elaborar el dictamen correspondiente, lo que en el caso tampoco aconteció.

• El dictamen no fue publicado en la Gaceta para que se integrara a la orden del día de la sesión del Pleno; de igual forma, se dispensó la primera y segunda lectura, violando con ello el principio de democracia deliberativa parlamentaria.

• Segundo. Debe invalidarse el decreto impugnado para evitar una afectación al proceso electoral, en especial al derecho al voto libre e informado, al tratarse de modificaciones legales sustanciales que aplican a los procesos electorales y locales coincidentes, emitidas una vez iniciado el proceso electoral, es decir, fuera del plazo de noventa días previos al inicio de los procesos electorales en que vayan a aplicarse.

• El artículo segundo transitorio del decreto impugnado, que abroga de manera general "las disposiciones reglamentarias y administrativas que se opongan al presente decreto" trasciende y afecta los "Lineamientos generales que sin afectar la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas ni pretender regular dicha libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas ni pretender regular dichas libertades, se recomienda a los noticieros respecto de la información y difusión de las actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos y de las candidaturas independientes del Proceso Electoral Federal 2017-2018", expedidos el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, por el Instituto Nacional Electoral, genera falta de certeza, ya que en el proceso electoral se deben establece

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31150-4f67a433/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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