Corpus
Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE SOBRESEERSE EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 91 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO Y 91 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO, AMBOS DEL ESTADO DE TABASCO, AL NO TRATARSE DE NORMAS DE NATURALEZA ELECTORAL. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE SOBRESEERSE EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTO DEL ARTÍCULO 311, INCISO C), DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VII, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DESESTIMACIÓN (ARTÍCULOS 84, PÁRRAFOS 3 Y 5 -EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA "COALICIONES"-, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 261, FRACCIÓN III, Y 324 DE LA LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO DE TABASCO). IV. CANDIDATOS INDEPENDIENTES. DESIGNACIÓN DE SUS REPRESENTANTES (ARTÍCULO 209, PÁRRAFO 2, DE LA LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO DE TABASCO). V. CANDIDATURAS COMUNES. FACULTAD DEL LEGISLADOR LOCAL PARA REGULARLAS (ARTÍCULOS 53, PÁRRAFO 1, FRACCIÓN V; 84, PÁRRAFO 3; 92; 93; 94; 192, PÁRRAFO 1, FRACCIÓN IV; 194, PÁRRAFO 1; 216, PÁRRAFO 2, FRACCIÓN III; 238, PÁRRAFO 2, FRACCIÓN II, PÁRRAFO 3; 240, PÁRRAFO 2; 261, PÁRRAFO 1, FRACCIÓN III; Y 303, PÁRRAFO 2, DE LA LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO DE TABASCO). VI. CANDIDATURAS COMUNES. RESPECTO DE PARTIDOS POLÍTICOS DE NUEVO REGISTRO. LOS ARTÍCULOS 84, PÁRRAFO 5, 87, 92, 93 Y 94 DE LA LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO DE TABASCO, QUE PREVÉN LO RELATIVO A SU ORGANIZACIÓN, SON CONSTITUCIONALES. VII. CANDIDATURAS COMUNES Y COALICIONES. DIFERENCIAS EN SU REGULACIÓN (ARTÍCULOS 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 Y 94 DE LA LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO DE TABASCO). VIII. COALICIONES. SUPRESIÓN DE SU PREVISIÓN EN UNA CONSTITUCIÓN LOCAL (ARTÍCULO 9, APARTADO A, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TABASCO). IX. CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DE TABASCO (ARTÍCULO 91, PÁRRAFO 2, DE LA LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO DE TABASCO). X. FINANCIAMIENTO PÚBLICO. CANDIDATOS COMUNES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES (ARTÍCULOS 312, 313, 319 Y 320 DE LA LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO DE TABASCO). XI. GASTOS DE CAMPAÑA. CANDIDATOS COMUNES (ARTÍCULOS 93, PÁRRAFO 1, FRACCIÓN VI; Y 94, PÁRRAFO 2; DE LA LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO DE TABASCO). XII. NORMAS ELECTORALES. EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL DECRETO 118, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO DE TABASCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL DE 2 DE JULIO DE 2014, ES CONSTITUCIONAL. XIII. PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES. REGISTRO (ARTÍCULO 44, PÁRRAFO 1, DE LA LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO DE TABASCO). XIV. REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TABASCO. EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL DECRETO 117, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 21 DE JUNIO DE 2014, NO VULNERA EL PRINCIPIO DEMOCRÁTICO DE DELIBERACIÓN PARLAMENTARIA.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 36/2014 Y SUS ACUMULADAS 87/2014 Y 89/2014. · Registro digital (IUS): 25795
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-08-21
Promovente: DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I , Pág. 9.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 36/2014 Y SUS ACUMULADAS 87/2014 Y 89/2014. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintitrés de septiembre de dos mil catorce.

VISTOS; para resolver la acción de inconstitucionalidad identificada al rubro; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Demandas. Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de julio de dos mil catorce, Carlos Mario de la Cruz Alejandro, Esther Alicia Dagdug Lutzow, Erubiel Lorenzo Alonso Que, María Elena Silván Arellano, José del Pilar Córdova Hernández, Liliana Ivette Madrigal Méndez, Luis Rodrigo Marín Figueroa, Mirella Zapata Hernández, José del Carmen Herrera Sánchez, Mileidy Aracely Quevedo Custodio, Jovita Segovia Vázquez y Rogers Arias García, diputados integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco, promovieron acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto 117, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el veintiuno de junio de dos mil catorce, por medio del cual se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política de esa entidad federativa, combatiendo, concretamente, el artículo 9, párrafo tercero, apartado A, fracción I, de ese ordenamiento; y señalando como autoridades demandadas al Congreso y gobernador de dicho Estado.

Posteriormente, por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el primero de agosto de dos mil catorce, César Octavio Camacho Quiroz, en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del Decreto 118, publicado el dos de julio de dos mil catorce, en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, por medio del cual, se expidió la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, concretamente, combatió los artículos 44, párrafo 1, 53, párrafo 1, fracción V, 84, párrafos 3 y 5, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 192, párrafo 1, fracción IV, 194, párrafo 1, 209, párrafo 2, 216, párrafo 2, fracción III, 238, párrafo 2, fracción II, y párrafo 3, 240, párrafo 2, 261, párrafo 1, fracción III, 303, párrafo 2, 312, 313, 319, 320, 324 y 330, párrafo 2; señalando como autoridades demandadas al Congreso y gobernador de esa entidad federativa.

Asimismo, por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el primero de agosto de dos mil catorce, Gustavo Enrique Madero Muñoz, en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del artículo 261, fracción III, de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, cuya publicación se describió en el párrafo que antecede; y cuyas autoridades demandadas corresponden a las ya mencionadas.

SEGUNDO.-Conceptos de invalidez. Los promoventes señalaron que las normas cuya invalidez demandan son violatorias de los artículos 1o., 9o., 13, 14, 16, 35, 39, 40, 41, fracciones I, II, III, IV, V y VI, 49, 73, fracción XXIX-U, 105, fracción II, párrafo cuarto, 115, 116, fracción IV, 117, 118, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de igual forma expresaron, como conceptos de invalidez, lo que a continuación se resume:

I. Los diputados integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco argumentaron, en síntesis, lo siguiente:

Primer concepto de invalidez

El artículo 9, párrafo tercero, apartado A, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, reformado mediante el Decreto Número 117, es inconstitucional porque con su reforma se suprimió de la Constitución Local, la figura de las coaliciones, y porque no señala expresamente cuáles son las otras formas de participación o asociación de los partidos políticos que, con el fin de postular candidatos, se pueden emplear en el Estado de Tabasco, lo que contraviene los artículos 41, fracción I, y 116, fracción IV, de la Constitución Federal; el segundo transitorio del decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, así como los diversos 1, párrafo 3, y 12, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 85, párrafos 2 y 5, de la Ley General de Partidos Políticos.

Que lo anterior es así, porque el artículo 1, párrafo 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prevé que las Constituciones y leyes locales se ajustarán a lo previsto en la Constitución y en esa ley; a su vez el diverso 12, párrafo 2, dispone que el derecho de asociación de los partidos políticos en los procesos electorales a cargos de elección popular federal o local, estará regulado precisamente por ese ordenamiento, y el diverso 85, párrafo 5, de la Ley General de Partidos Políticos prevé la posibilidad de que en las Constituciones de los Estados se puedan establecer otras formas de participación o asociación de los partidos políticos, con el fin de postular candidatos, lo que implica que esas formas de participación o asociación deban quedar plasmadas en la Constitución del Estado y no en algún otro ordenamiento; empero, en el caso, no se cumplió con esos mandatos cuando el Congreso del Estado de Tabasco reformó el artículo 9, apartado A, fracción I, de la Constitución de dicha entidad, pues suprimió la figura de las coaliciones que ya se contemplaban, y no estableció de manera expresa cuáles son las otras formas de participación o asociación de los partidos políticos, con el fin de postular candidatos.

Y que la omisión de la que se duele no se subsana por el hecho de que ese artículo 9 establezca que la ley contemplará otras formas de participación o asociación, con el fin de postular candidatos, conforme lo señala el artículo 85, párrafo 5, de la Ley General de Partidos Políticos, pues con ello no se cumple con esa norma general, que es clara en ordenar que será en las Constituciones Locales donde se establezca, en su caso, ese tipo de asociaciones o formas de participación, lo que, insiste, no fue respetado por la autoridad demandada.

Agrega que el Congreso Local, al haber emitido el artículo cuestionado, no cumplió con los requisitos de certeza y seguridad jurídica propios de toda disposición electoral, así como con los principios de razonabilidad y proporcionalidad, en virtud de que debió emplear términos concretos, precisos y acotados a fin de brindar mayor especificación de los supuestos previstos y evitar disposiciones excesivas; y que si bien existe libertad para legislar, ésta no es absoluta sino restringida, por lo ordenado en el artículo segundo transitorio del decreto de reforma constitucional en materia electoral y por lo dispuesto en las leyes generales que emanaron de dicha reforma. Máxime que la Suprema Corte ha sustentado que la libertad de regulación de las Legislaturas Estatales está sujeta a la limitación de que dicha regulación no resulte arbitraria, innecesaria, desproporcionada o incumpla con criterios de razonabilidad.

También argumenta que el artículo 9, párrafo 3, apartado A, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, es inequitativo para los partidos políticos y para las candidaturas independientes, porque no fija reglas o límites a la ley secundaria, al no prever las formas de asociación o participación de los partidos políticos, cuando el artículo 85, párrafo 5, de la Ley General de Partidos Políticos, es claro en señalar que en las Constituciones de los Estados se deben establecer esas reglas, de otra forma cabría preguntar qué va regular la ley secundaria, si la Constitución no establece parámetro alguno, lo que causa incertidumbre jurídica y afecta la certeza de los procesos electorales, ya que se está ante disposiciones relativas a la participación de los partidos políticos en una contienda electoral.

También argumenta que la disposición cuestionada soslaya que los numerales 16, 21, párrafo segundo, y 64, fracción IV, de la Constitución Local aluden a la figura de la coalición, por lo que era innecesario e injustificado suprimir de la norma la referencia a las coaliciones, de donde es clara la violación a la Constitución Federal y a las leyes generales referidas, por lo que se debe declarar la invalidez del artículo 9, párrafo tercero, apartado A, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y ordenar la reviviscencia de ese precepto previo a su reforma, pues la redacción anterior estaría en armonía con la Ley General de Partidos Políticos.

En relación con lo anterior, agrega que el artículo combatido vulnera el diverso 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que son coincidentes en señalar que los ciudadanos tienen derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, a votar y ser votados y a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país.

Segundo concepto de invalidez

Que en el dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asuntos Electorales, el artículo 9, párrafo tercero, apartado A, fracción I, de la Constitución del Estado, estaba redactado en los siguientes términos:

"Artículo 9. ...

"Apartado A. De los partidos políticos y los candidatos independientes.

"I. Los partidos políticos son entidades de interés público, la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, así como las formas específicas de su intervención en el proceso electoral."

Sin embargo, al momento en que se sometió a discusión dicho dictamen, sin que se cumpliera el principio de razonabilidad correspondiente y sin tomar en cuenta a cabalidad el artículo 85, párrafo 5, de la Ley General de Partidos Políticos, el secretario de la mesa directiva dio lectura a una propuesta de modificación formulada por los presidentes de dichas comisiones, para agregar una porción normativa en los siguientes términos: "incluyendo otras formas de participación o asociación, con el fin de postular candidatos, conforme lo señala el artículo 85, párrafo 5, de la Ley General de Partidos Políticos."

Propuesta que fue aprobada por mayoría sin cumplir a cabalidad todo el procedimiento que establece el artículo 91 del Reglamento Interior del Congreso del Estado; aprobación que no subsana la violación al principio democrático de deliberación parlamentaria, ya que lo imprevisto de la propuesta de adición, no permitió a los legisladores tener elementos suficientes para deliberar, debatir y emitir un voto razonado y consciente de la trascendencia de lo que estaban aprobando, pues, reitera, esa propuesta no estaba contemplada originalmente ni en las iniciativas, ni en el dictamen inicial sometido a discusión; por tanto, el procedimiento legislativo está viciado, en virtud de que la violación referida provoca inobservancia a los principios de seguridad jurídica y deliberación parlamentaria; máxime que el contenido de esa propuesta no está basada en ninguna de las iniciativas que se describen en los antecedentes del dictamen que dio origen al Decreto 117, y su aprobación por la mayoría no convalida la violación a esos principios, ni justifica el incumplimiento al mandato contenido en el artículo 85, párrafo 5, de la Ley General de Partidos Políticos.

Agrega que en apoyo a esa argumentación, se deben tomar en cuenta las consideraciones sustentadas por el Tribunal Pleno, al resolver la acción de inconstitucionalidad 65/2012 que, en lo conducente, declaró que es inconstitucional incluir en un decreto, textos no contenidos en alguna iniciativa de las que dan origen al mismo, lo que aplica al caso, porque la modificación al artículo 9 de la Constitución Local, contenido en el decreto combatido, no se basó en alguna iniciativa antecedente de éste, lo que provocó que los legisladores presentes no tuvieran un antecedente que les permitiera contar con los elementos necesarios para poder discutir y aprobar una porción normativa que no tenía relación con lo que originalmente fue aprobado en comisiones, lo que evidentemente repercutió en su voto.

II. En la demanda suscrita por el Partido Revolucionario Institucional, se hicieron valer los conceptos de invalidez que a continuación se resumen:

Primer concepto de invalidez

El Decreto Número 118 impugnado, por el que se expidió, entre otras, la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, contraviene los artículos 14, 16, 39, 40, 41 y 72, aplicado por analogía, y 116 de la Constitución Federal; 28, 35 y 36, fracción I, de la Constitución del Estado de Tabasco; 9, 25, fracciones I y II, 28, fracciones V y VI, 74, 89, 90, 92, 93, 98, 99, 100, 101, 108, 109, 110, 116 y 117 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco; y 28, 75, 76, 79, 87, 88, 89, 90, 98 y 99 del Reglamento Interior del Congreso de esa entidad federativa, en virtud de que en el procedimiento legislativo del que derivó, se cometieron diversas violaciones que a continuación se describen:

a) En la sesión de la Comisión Permanente de veintisiete de junio de dos mil catorce, en términos de los artículos 29 y 39, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Tabasco, 40 y 67 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 38 del Reglamento Interior de ese Congreso, se expidió convocatoria para el segundo periodo extraordinario de sesiones del primer periodo de receso del segundo año de ejercicio de la LXI Legislatura del Congreso Local, la que en su considerando sexto convocó a los diputados que integran esa Legislatura a un segundo periodo extraordinario de sesiones, que se llevaría a cabo el treinta de junio de dos mil catorce, a las diecisiete horas para la lectura, discusión y aprobación en su caso, de un dictamen de decreto por el que se expedirían diversos ordenamientos en materia electoral.

Dicha convocatoria tiene el carácter de decreto y no se publicó en el Periódico Oficial del Estado, como lo ordenan los artículos 28 de la Constitución Local y 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, disposiciones de las que se desprende que las resoluciones que emite el Congreso son fundamentalmente leyes y decretos, y que el gobernador del Estado no puede hacer observaciones al decreto por el que la Comisión Permanente convoque a periodo extraordinario de sesiones; asimismo, se desprende que la resolución que se emite para convocar a un periodo extraordinario tiene el carácter de decreto, en consecuencia, era obligatorio que se publicara en el Periódico Oficial del Estado, para su difusión, de acuerdo con el artículo 6 del Código Civil de la entidad y los diversos 2, 6 y 11 del Reglamento para la Impresión, Publicación, Distribución y Resguardo del Periódico Oficial del Estado; empero, ni el decreto, ni la convocatoria se publicaron en ese medio de difusión, incluso, de la lectura a la convocatoria no se advierte que la Comisión Permanente haya ordenado su publicación, de ahí que, de origen, el procedimiento legislativo está viciado, porque no se cumplieron los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales y, por lo mismo, el Decreto 118 impugnado, resulta inconstitucional.

b) Otra violación cometida en ese procedimiento se refiere a que la sesión a que se convocó de treinta de junio de dos mil catorce, no se llevó a cabo supuestamente por falta de quórum, consecuentemente, ese periodo quedó sin efecto y debió declararse desierto o sin materia, sin importar la causa por la que no se desahogó, porque en la convocatoria se dijo claramente que el periodo se efectuaría en esa fecha, sin mencionar que en ésta daría inicio, ni se dejó abierta la posibilidad de que se pudiera realizar más de una sesión o que se concluyera en otra fecha hasta haberse agotado el asunto para el que había sido convocado, pues la convocatoria no lo estableció así y, en razón de ello, la Comisión Permanente de manera colegiada debió convocar de nueva cuenta a otra sesión, según lo dispone el artículo 39, fracción I, de la Constitución del Estado, toda vez que la convocatoria no estableció la posibilidad de efectuar la sesión otro día, ni se dijo que el día treinta de junio sólo daría inicio el periodo extraordinario.

En consecuencia, como en términos del artículo 28 de la Constitución Local, esa resolución, entiéndase la convocatoria, es un acto análogo a un decreto que incluso debe ser publicada en el Periódico Oficial del Estado, para poder reformarla o adicionarla e incluso cambiar la fecha de la celebración del referido periodo extraordinario de sesiones, se debieron observar los mismos trámites para su formulación, es decir, se requería que la Comisión Permanente, previa presentación y discusión del proyecto de acuerdo respectivo, aprobara de manera colegiada una nueva resolución y que ésta se publicara en el Periódico Oficial del Estado, según el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Y que ello es así, porque se está ante una situación excepcional y existen reglas distintas a las del periodo ordinario, pues en los extraordinarios el único órgano facultado para convocar a los diputados a sesión es la Comisión Permanente, y lo debe hacer de manera colegiada, de acuerdo con los artículos 39, fracción I, de la Constitución Local y 45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. En otras palabras, la Comisión Permanente debió sesionar de nuevo y convocar a otro periodo o por lo menos modificar la fecha de la celebración de la sesión extraordinaria.

Además, de manera unilateral sin fundamentación y motivación, sin facultades ni competencia para ello, la presidenta de la Comisión Permanente convocó a los treinta y cinco diputados a una nueva sesión para el primero de julio de dos mil catorce, lo que es contrario a los artículos 14 y 16 constitucionales, porque no se respetaron las formalidades del procedimiento legislativo; máxime que, reitera, no habría sido necesario convocar de nuevo a un periodo extraordinario de sesiones si en la convocatoria ya referida se hubiera dejado abierta esa posibilidad, pues así lo dispone el artículo 38 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, o si se hubiera iniciado el treinta de junio el periodo extraordinario convocado y no hubiera concluido por cualquier motivo, pues lo permite el diverso 35 de ese reglamento, empero, como no se hizo así, era necesario que la Comisión Permanente se reuniera de nuevo y convocara a un diverso periodo extraordinario o, por lo menos, modificara la fecha de celebración de éste, ya que durante los periodos extraordinarios la Comisión Permanente sigue ejerciendo sus atribuciones.

c) Otro vicio deriva de que la presidenta de la Comisión Permanente instruyó al oficial mayor para que girara memorándum a los diputados integrantes de la legislatura, a fin de prevenirles para que acudieran a la sesión de instalación del segundo periodo de sesiones extraordinarias, lo que viola los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Federal, porque eso es contradictorio con la convocatoria expedida el veintisiete de junio de dos mil catorce, pues en ella no se dijo que el periodo extraordinario iniciaría el treinta de junio de ese año; tampoco se dijo que la presidenta de la Comisión Permanente podía cambiar la fecha en que se efectuaría el segundo periodo extraordinario de sesiones, por lo que no era legalmente procedente citar para las diecisiete horas del día primero de julio; además de que el precepto en que se funda tal memorándum no es aplicable, esto es, el 69 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, de cuyo contenido se advierte que no es aplicable, ya que se refiere a las sesiones que se efectúan en periodos ordinarios y, en el caso, se está ante un periodo extraordinario, por lo que las reglas que rigen para convocar a los diputados son distintas, esto es, sólo convoca la Comisión Permanente y de manera colegiada de acuerdo con el artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco.

No obstante, como la sesión de primero de julio de dos mil catorce tampoco se desahogó en esa fecha, la presidenta de la Comisión Permanente de manera infundada e inmotivada, supuestamente instruyó al oficial mayor, prevenir por tercera ocasión a los legisladores para que concurrieran a una sesión a efectuarse a las catorce horas del dos de julio de dos mil catorce, cometiendo de nuevo las violaciones ya referidas.

d) Asimismo, en la sesión de dos de julio de dos mil catorce, la presidenta de la Comisión Permanente declaró el inicio de ésta sin quórum, en virtud de que sólo asistieron tres miembros de la comisión, por lo que no podía iniciar la sesión y, mucho menos, sesionar, porque el artículo 38 de la Constitución Política del Estado exige un quórum de cuatro miembros. Además, para iniciar la sesión se apoyó indebidamente en los artículos 25, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 41 del Reglamento Interior del Congreso Local, preceptos que no la facultan a convocar a sesiones extraordinarias de Pleno, mucho menos de manera unilateral, ni la facultan para iniciar una sesión de la Comisión Permanente sino están presentes por lo menos cuatro de sus integrantes, ya que si bien, tratando de justificar su proceder, ante la ausencia del secretario, designó como tal a un vocal, el lugar de éste lo debió haber ocupado un suplente, porque así lo dispone el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para que hubiera por lo menos cuatro miembros de ese órgano, lo que no ocurrió así, violando por este motivo las reglas del procedimiento legislativo y, desde luego, los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Federal.

Agrega que, conforme al diseño normativo que rige en el Congreso del Estado, el órgano que inicia los trabajos de un periodo extraordinario es la Comisión Permanente, precisamente, para elegir a los integrantes de la mesa directiva que conducirá los trabajos en la sesión o sesiones del periodo extraordinario, según lo disponen los artículos 19, segundo párrafo, y 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como el 36 y el 37 del Reglamento Interior del Congreso, y una vez que dicha mesa directiva es electa, los miembros de la Comisión Permanente dejan de ejercer funciones y suben a desempeñar sus atribuciones los integrantes de la mesa directiva electa; por ello, es inconstitucional que la Comisión Permanente haya iniciado los trabajos el dos de julio de dos mil catorce sin contar con el quórum correspondiente.

e) Que otra violación consiste en que el dictamen respectivo no se circuló formalmente por escrito a los legisladores, ni se entregó en la junta previa a los coordinadores el día anterior a la sesión en que se iba a discutir, como lo ordena el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pues, en primer lugar, no hubo junta previa y, en segundo, si bien ese precepto establece que en el caso de los dictámenes que se refieren a asuntos electorales no es necesario cumplir esa formalidad, tal precepto, en la actualidad, es inaplicable e inconstitucional.

f) Otra violación al procedimiento consiste en que al aprobarse el decreto combatido no se observó que los artículos de un dictamen en lo particular, se deben discutir uno por uno, obviamente del menor al mayor, conforme al artículo 90 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Local; empero, si se analizan el acta, audios y videos respectivos de la sesión en la que se aprobó dicho decreto, se advertirá que durante la discusión del dictamen en lo relativo al artículo primero que expide la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado, las legisladoras Rosalinda López Hernández y Leticia Taracena Gordillo, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, se reservaron diversos artículos para la discusión en lo particular, no obstante ello, al momento de concederles el uso de la voz el presidente de la mesa directiva permitió que esas legisladoras, que se reservaron e impugnaron artículos, expusieran en un solo acto sus impugnaciones, una después de la otra, por lo que, en consecuencia, los artículos reservados para la discusión en lo particular, no se fueron discutiendo ni aprobando uno después del otro, como lo exige el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso, en relación con el 89 de su reglamento interior.

g) Que aunado a lo anterior, se cometió otra violación en el procedimiento legislativo al momento de la discusión en lo particular, porque del dictamen original se suprimió la fracción II del artículo 93 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado, que se refería a los porcentajes para registrar candidatos comunes en coaliciones parciales y en coaliciones flexibles; y no sólo esa disposición sufrió cambios durante la discusión, sino también los artículos 128, 219, 238, 240, 241, 274, 288, 290 y 303, propuestas de modificación que, aduce, por lo imprevisto de su elaboración y sumado al hecho de que el dictamen no se circuló legalmente, no dio oportunidad a que los legisladores contaran con elementos necesarios para prepararse, debatir y emitir un voto razonado y consciente de la trascendencia de lo que estaban aprobando, lo que desnaturaliza la razón de ser del procedimiento legislativo, que es la de brindar seguridad jurídica y certeza, de ahí la impugnación que plantea ante la violación a los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso legislativo, así como al principio de deliberación parlamentaria a que alude la jurisprudencia P./J. 11/2011, del Tribunal Pleno; máxime que esas violaciones no se subsanan por el hecho de que las propuestas de modificación hayan sido aprobadas por mayoría de votos.

Y que tampoco convalida la violación a esos principios, el hecho de que el artículo 91 del Reglamento Interior del Congreso del Estado disponga que presentada una propuesta de adición o modificación a un dictamen y escuchados los fundamentos que desee exponer su autor, se preguntará a la asamblea si se pone o no a discusión, y que en caso negativo se tendrá por desechada, y si es afirmativo se procederá a su discusión, y acto seguido se realizará la votación y la aprobación se hará constar en dicho dictamen, porque ese precepto no puede estar por encima de la Constitución Federal; aunado a que, como ya se expuso, al no haberse circulado en tiempo y forma el dictamen y ante lo espontáneo de las propuestas de modificación, los legisladores no tuvieron tiempo de prepararse ni contaron con los elementos para debatirlas y emitir un voto razonado, por lo que, incluso, ese precepto es violatorio de los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso legislativo.

h) Otra violación advertida en el procedimiento, es la cometida por el presidente de la mesa directiva, consistente en no tomar en consideración que el dictamen aprobado por la Comisión Orgánica de Asuntos Electorales el veintisiete de junio de dos mil catorce, incidía en cuatro ordenamientos, esto es, el artículo primero del dictamen correspondió a la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, el artículo segundo a la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Tabasco, el artículo tercero a la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y el artículo cuarto a la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tabasco; empero, esa autoridad fue omisa en someter los citados artículos segundo, tercero y cuarto del dictamen, por separado, a discusión y aprobación del Pleno, tanto en lo general como en lo particular, lo que debió hacer porque esos ordenamientos contenían artículos que en específico se debieron de haber puesto a discusión en lo particular, de manera separada, uno después del otro, aunque estuvieran contenidos en un solo dictamen, lo que, insiste, era necesario hacer precisamente para que los diputados tuvieran la oportunidad de pronunciarse a favor o en contra de cada una de las reformas, derogaciones o adiciones y, en su caso, de tener alguna reserva respecto de alguno de ellos, omisión que claramente demuestra una violación a los principios de legalidad, seguridad jurídica y deliberación parlamentaria.

Agrega que el hecho de que supuestamente todos los demás artículos del dictamen que no fueron impugnados se hayan aprobado después en un solo acto, no convalida la omisión citada, pues el dictamen se refiere a cuatro ordenamientos y se presentaron impugnaciones a diversos artículos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco; por tanto, no hay certeza en el sentido de si lo que se sometió a la consideración del Pleno fueron los artículos no impugnados de la ley mencionada, o si en esa votación se incluyeron también los artículos segundo, tercero y cuarto del dictamen, que se refieren a las otras leyes, de donde es clara la violación a los artículos mencionados al inicio del concepto de invalidez.

i) Una violación más, es la relativa a la sanción y promulgación del Decreto 118, ya que, como se observará, la sesión de dos de julio de dos mil catorce inició a las catorce cuarenta y cinco horas y concluyó a las dieciocho treinta, sin embargo, el decreto aparece publicado el mismo dos de julio, por lo que resulta poco creíble que en tan sólo cinco horas y media, se haya cumplido todo el procedimiento previsto en los artículos 28, primer párrafo, y 35 de la Consti

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25795-1a3f59b3/i-accion-de-inconstitucionalidad-debe-sobreseerse-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.