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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO DE TABASCO). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULO 129, NUMERAL 2, DE LA LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO DE TABASCO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 115, NUMERAL 1, FRACCIÓN VI, 117, NUMERAL 2, FRACCIONES XX Y XXIII, 119, NUMERAL 1, FRACCIONES VI Y XI, 127, NUMERALES 1 Y 4, 130, NUMERAL 1, FRACCIONES III, VI Y VII, Y 131, NUMERAL 1, FRACCIONES II, VI, VIII, IX, X Y XI, DE LA LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO DE TABASCO). IV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN AQUÉL (DECRETO 202, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO DE TABASCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARGUMENTOS TENDENTES A DEMOSTRAR LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A LAS NORMAS IMPUGNADAS DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER COMO EFECTO LA INVALIDEZ TOTAL DE AQUÉLLAS, QUE HAGA INNECESARIO SU ESTUDIO (DECRETO 202, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO DE TABASCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE). VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE TABASCO. CONTEXTO NORMATIVO QUE LO RIGE (DECRETO 202, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO DE TABASCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE). VII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE TABASCO. ASPECTOS RELEVANTES DEL QUE DIO LUGAR AL DECRETO IMPUGNADO (DECRETO 202, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO DE TABASCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE). VIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE TABASCO. AUSENCIA DE POTENCIAL INVALIDANTE DE QUE EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE SE HAYA ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LAS DIPUTADAS Y A LOS DIPUTADOS VEINTIDÓS HORAS ANTES DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA EN QUE SE DISCUTIÓ Y VOTÓ (DECRETO 202, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO DE TABASCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE). IX. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE TABASCO. AUSENCIA DE POTENCIAL INVALIDANTE DE QUE ÚNICAMENTE SE HAYA DADO TRÁMITE Y APROBADO LA INICIATIVA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO, SIN TOMAR EN CUENTA LAS DEMÁS INICIATIVAS PRESENTADAS (DECRETO 202, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO DE TABASCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE). X. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE TABASCO. AUSENCIA DE POTENCIAL INVALIDANTE DE QUE NO SE HAYA ACOMPAÑADO A LA INICIATIVA CORRESPONDIENTE ALGÚN ESTUDIO, CORRIDA FINANCIERA O DICTAMEN DE IMPACTO REGULATORIO Y PRESUPUESTAL (DECRETO 202, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO DE TABASCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE). XI. ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES. LAS LEGISLATURAS LOCALES TIENEN LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN PARA DESAPARECER LOS CONSEJOS, LAS JUNTAS Y LAS VOCALÍAS MUNICIPALES [LA REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 114, NUMERAL 1, 115, NUMERALES 1, FRACCIÓN II, Y 4, 117, NUMERAL 2, FRACCIONES VIII, XII Y XXII, 121, NUMERAL 1, FRACCIONES X Y XIII, 126, NUMERAL 1, FRACCIÓN VI, 131, NUMERAL 1, FRACCIONES VII Y XII, 145, NUMERAL 1, 146, NUMERAL 1, 147, NUMERAL 2, 152, NUMERAL 1, 153, NUMERAL 1, 154, NUMERAL 2, 155, NUMERAL 1, 165, NUMERALES 5 Y 6, 188, NUMERAL 1, FRACCIONES I, INCISOS A) Y B), Y II, INCISOS A) Y B), 190, NUMERALES 5, 6, 7 Y 8, 201, NUMERAL 3, 217, NUMERAL 1, 219, NUMERAL 4, 246, NUMERAL 2, 249, NUMERALES 1, 5 Y 6, 254, NUMERAL 1, FRACCIONES II Y III, 255, NUMERAL 1, 256, NUMERAL 1, 258, NUMERAL 1, FRACCIONES I Y II, 262, NUMERAL 8, 265, NUMERAL 1, FRACCIÓN VI, 266, NUMERAL 1, 279, NUMERAL 1, 304, NUMERAL 1,

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 157/2020 Y SUS ACUMULADAS 160/2020 Y 225/2020. · Registro digital (IUS): 30002
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-08-06
Promovente: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Agosto de 2021, Tomo I, Pág. 664.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 157/2020 Y SUS ACUMULADAS 160/2020 Y 225/2020. PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiocho de septiembre de dos mil veinte, emite la siguiente:

Sentencia

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 157/2017 y sus acumuladas 160/2020 y 225/2020, promovidas por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática, respectivamente, a través de la cual se impugnan diversas disposiciones de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco.

I. Antecedentes

1. El veintiséis de junio de dos mil veinte, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el Decreto 202 mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Electoral y de Partidos Políticos Estatal. La reforma consistió, esencialmente, en modificar la estructura del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco para desaparecer a los órganos electorales municipales y transferir sus atribuciones a los órganos electorales distritales.(1)

2. En contra de lo anterior, los días veintisiete de julio, cuatro y diez de agosto de dos mil veinte, los representantes de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática promovieron acciones de inconstitucionalidad, en las cuales desarrollaron los conceptos de invalidez que consideraron pertinentes. De manera concurrente, los tres partidos se inconformaron de la desaparición de los órganos municipales y argumentaron, con motivo de la reforma:

a) Que se vulnera el principio de progresividad de los derechos humanos, pues los órganos municipales representaban una garantía democrática y ciudadana, por lo que su desaparición constituye un retroceso en los logros alcanzados dentro de la lucha democrática y de participación ciudadana en Tabasco.

b) Que se vulnera el principio de no discriminación, pues con la reforma aludida, a las personas que viven dentro de los Municipios alejados de la cabecera distrital les es más difícil participar para un cargo de elección popular, ya que obliga a la ciudadanía a dirigirse hasta las oficinas de la cabecera distrital.

c) Que la libertad configurativa de las entidades federativas no es aplicable a la desaparición de los órganos electorales municipales, pues la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prevé la existencia de órganos municipales adicionales e independientes.

d) Que se vulnera la autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades electorales y se reduce la capacidad operativa del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para cumplir con su obligación de organizar debidamente las elecciones, ya que los Consejos Municipales también deben desarrollar su función de manera independiente. Así, el hecho de que los Consejos Distritales asuman las funciones de los Consejos Municipales, a decir de los partidos políticos, implica que su funcionamiento no sea independiente.

e) Que la eliminación de los órganos municipales a su vez crea una falta de seguridad fáctica y peligro en la cadena de custodia de la paquetería electoral al finalizar la jornada y en su traslado posterior. Lo anterior, debido a que en los distritos electorales que abarcan más de dos Municipios el traslado de la paquetería electoral tendría que ser hasta la cabecera distrital, lo cual representa un riesgo para el resguardo durante el traslado de la paquetería.

f) Que el utilizar un pretexto financiero para disminuir la capacidad operativa del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco vulnera la autonomía de dicho órgano, debido a que el Poder Legislativo únicamente señaló como fundamento la consideración de que en cada proceso electoral se estaría ahorrando por concepto de dietas y salarios, renta de inmuebles así como gastos de acondicionamiento, servicios y viáticos la cantidad de nueve millones seiscientos veintiséis mil doscientos catorce pesos, sin la existencia de un estudio que lo justificara.

g) Que la eliminación de los órganos municipales pone en riesgo la garantía de audiencia y la inmediatez procesal, pues implica que las personas candidatas en las plantillas de regidurías municipales tengan que trasladarse en el caso de los distritos que abarcan más de dos Municipios a una cabecera municipal distinta a la propia. Además, esto puede representar un desgaste financiero, lo que vulnera sus derechos políticos a puestos de elección popular.

h) Que debido a la distribución de la población, existen Municipios que no son cabecera de distrito y, por ende, el cómputo municipal, la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría serán competencia de consejeros y consejeras ajenas al Municipio.

3. Adicionalmente, los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional desarrollaron conceptos de invalidez en contra de artículos o porciones normativas particulares.

4. Al respecto, el Partido Acción Nacional (acción de inconstitucionalidad 157/2020) desarrolló ciertos argumentos relacionados con el principio de certeza jurídica y legalidad sobre los distritos que fungirán como cabecera de Municipio, consistentes en lo siguiente:

a) Que el artículo 259 reformado prevé que hasta después del arranque del proceso electoral se sabrá qué Consejo Distrital asumirá la competencia municipal.(2) Lo anterior ocurriría, por ejemplo, en Municipios como centro, en cuyo territorio se enmarcan diversos distritos y en términos del artículo mencionado, el Consejo Estatal tendrá que elegir el distrito que realizará el cómputo. Lo anterior, a decir del partido accionante, vulnera los principios de certeza y legalidad, al no encontrarse en la ley los criterios a considerar para la elección del distrito que computará los votos.

b) Que el hecho de que no se conozca con claridad a qué Consejo Distrital serán dirigidos los paquetes electorales, no permite que las personas candidatas a un puesto de elección popular sepan sobre el manejo que el Instituto Electoral Local le podrá dar a dicha paquetería, por lo que hay una desventaja en la contienda.

5. Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional (acción de inconstitucionalidad 160/2020) planteó diversos conceptos de invalidez relacionados con violaciones al procedimiento legislativo, la violación al principio de certeza electoral por la introducción de las llamadas "mesas auxiliares" y el procedimiento para llevar a cabo el cómputo de las elecciones municipales. En concreto, expresó:

Violaciones al procedimiento legislativo

a) Que el decreto no se encuentra apoyado por un estudio, una corrida financiera, un dictamen o el impacto regulatorio o presupuestario. Lo anterior era necesario de conformidad con el artículo 120, segundo párrafo y 121, quinto párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Local,(3) en relación con lo que establece el artículo 15, tercer párrafo, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Tabasco.(4)

b) Que la iniciativa de reforma se presentó por el titular del Poder Ejecutivo el diez de junio de dos mil veinte y la presidencia del Congreso Local ordenó que fuera turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis y emisión del dictamen; sin embargo, la misma no fue turnada por ningún medio a los miembros de la comisión referida, en contraste con otras iniciativas en materia de paridad que sí fueron turnadas.

c) Que el veintitrés de junio de dos mil veinte, los miembros de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales fueron citados, vía correo electrónico, a una sesión para analizar y discutir la iniciativa referida, remitiendo un proyecto de dictamen.

d) Que ese mismo día la Secretaría de Asuntos Parlamentarios convocó a los miembros de la Comisión Permanente a sesión de ese órgano a efectuarse el veinticuatro siguiente, destacando que uno de los asuntos que se trataría sería el dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, derivado de la iniciativa presentada por el gobernador, aun cuando no se había emitido dicho dictamen.

e) Que el veinticuatro de junio de dos mil veinte, a las doce horas, se llevó a cabo la sesión de la comisión multicitada, en la que aprovechando su mayoría, el partido político Morena, aprobó el dictamen correspondiente a la iniciativa del Decreto 202, sin que tomara en consideración diversas iniciativas propuestas en materia de paridad.

f) Que el veinticinco de junio de dos mil veinte se llevó a cabo la sesión extraordinaria de Pleno, en la que en el punto V.V del orden del día, se contempló la lectura del decreto que se impugna, sin que el mismo se pusiera a disposición de los coordinadores, ni de las demás diputaciones, por lo menos veinticuatro horas antes, tampoco se circuló la iniciativa del gobernador. Por lo que no se cumplió con las formalidades del proceso legislativo, relativa a poner a disposición el dictamen con la anticipación requerida por la ley.

Violaciones de fondo

g) Que hay un error en el momento del cómputo de las elecciones municipales conforme al reformado artículo 258, toda vez que se establece que dicho cómputo se llevará a cabo primero de la gubernatura, después de las diputaciones y posteriormente de los Municipios, por lo que no dará tiempo para culminar el cómputo municipal antes del domingo, aun conformado por un número indeterminado de mesas auxiliares.(5)

h) Que el artículo 265 no establece en qué momento se llevará a cabo el cómputo municipal ni el procedimiento por el cual se deben sacar los paquetes electorales de la elección municipal.(6)

i) Que los artículos 258 y 259 vulneran el principio de certeza, pues señalan que el procedimiento de instalación de las mesas auxiliares a través de las cuales los Consejos Distritales realizarán el cómputo municipal será determinado conforme a los lineamientos que para tal efecto emita el Consejo Estatal.(7) Por tal motivo, no se especifica el modo, tiempo y lugar en la que deberá de efectuarse el cómputo municipal respectivo, cuando es obligación del Congreso Local establecer el método para realizarlo.

j) Que lo mismo ocurre con el artículo 266, pues no precisa cuándo inicia y acaba el cómputo municipal, ni tampoco precisa si los resultados municipales se darán después o antes del cómputo distrital.(8)

k) Que el artículo 259 que prevé que el Consejo Estatal podrá designar el Consejo Electoral Distrital que fungirá como cabecera de Municipio, viola el principio de certeza electoral, porque los partidos no sabrán en dónde se van a desarrollar los cómputos.(9)

6. En las demandas se señalaron como preceptos constitucionales violados los artículos 1, 14, 25, 35, 36, 40, 41, párrafo tercero, fracción V, apartados A), párrafos primero y segundo y C); 115, 116, fracción II y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 5 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 23, 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

7. El catorce de agosto y cinco de septiembre de dos mil veinte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, rindió su opinión en el presente asunto. De manera general, se posicionó por la validez de la reforma impugnada y expuso los razonamientos que se sintetizan a continuación:

a) Que trasladar las facultades de los Consejos Electorales Municipales a los Distritales no resulta contrario a la Constitución Federal, pues los Congresos Estatales tienen libertad configurativa para regular dicha cuestión, toda vez que no existe mandato constitucional o disposición general que establezca la forma exacta en que los organismos públicos habrán de desarrollar sus atribuciones.

b) Que el marco constitucional y legal en la materia se limita a establecer la naturaleza de los órganos administrativos electorales,(10) los principios que rigen su función y, respecto a su integración, únicamente precisan que deben contar con un órgano de dirección superior así como una Secretaría Ejecutiva y la representación de los partidos políticos. Por tanto, los Congresos Estatales tienen libertad configurativa para decidir la forma en que cada Instituto Electoral Local debe estar organizado. En consecuencia, la desaparición de los órganos municipales no contraviene los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, legalidad y máxima publicidad que deben contar con un órgano de dirección superior.

c) Que no se vulnera el principio de progresividad, ya que este es un principio de interpretación de los derechos humanos que no es trasladable a la verificación del funcionamiento de un organismo público local. Además de que tampoco pueda afirmarse que la forma en que el Instituto Electoral Local organice, por decisión de Congreso del Estado, las funciones de los órganos electorales para efectos de las elecciones en los Municipios constituye alguna afectación a un derecho político-electoral.

d) Que la regulación por una entidad federativa, acorde a su libertad de configuración legislativa, respecto a la forma en que el organismo público electoral local debe estar organizado administrativamente para el desempeño de sus funciones, no crea o genera derechos adquiridos a la ciudadanía o a los partidos políticos, mucho menos concreta algún derecho humano.

e) Que la Sala Superior no está facultada para emitir opinión respecto a los planteamientos relacionados con violaciones a las formalidades del procedimiento legislativo por ser cuestiones que pertenecen al ámbito del derecho en general, parlamentario y constitucional, y no de índole electoral.

8. Posteriormente, el diecisiete de agosto y dos de septiembre de dos mil veinte, la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco rindió de manera electrónica el informe en representación del Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa e hizo valer tanto causales de improcedencia, como argumentos en contra de los conceptos de invalidez formulados por los partidos políticos accionantes, de conformidad con lo siguiente:

Causales de improcedencia

a) Que únicamente se presentaron conceptos de inconstitucionalidad tendientes a combatir la supuesta invalidez del decreto de referencia, sin especificar con exactitud, cuál de estos conceptos de invalidez resulta contrario a los preceptos constitucionales que estima violentados y pretende citar de manera genérica el decreto cuestionado, señalando de manera vaga e imprecisa los conceptos de invalidez e intentando erróneamente que se le supla la deficiencia de la queja.

b) Que los escritos de demanda presentados por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática no especifican con exactitud cuáles son los artículos que se pretenden combatir y se limitan a señalar de manera generalizada que se impugna la totalidad del Decreto 202 y que, por tanto, procede el sobreseimiento respecto de los artículos que no son objeto de ningún concepto de invalidez, de conformidad con los artículos 19, fracción VIII, 20, fracción II, 25 y 61 fracciones II y V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal.(11)

c) Que los escritos de demanda presentados por el Partido Revolucionario Institucional y por el Partido de la Revolución Democrática fueron presentados extemporáneamente, tomando en cuenta que tratándose de normas en materia electoral se tienen treinta días naturales posteriores a su publicación en el Periódico Oficial, independientemente de que el último día del plazo sea inhábil, de acuerdo con la tesis jurisprudencial 81/2001.(12) En el caso, si las normas impugnadas fueron publicadas el veintiséis de junio de dos mil veinte, los representantes de los partidos tenían hasta el veintiséis de julio de dos mil veinte para interponer su demanda; sin embargo, los escritos fueron presentados el veintinueve de julio y cuatro de agosto.

d) Que el escrito de demanda presentado por el Partido Revolucionario Institucional no fue debidamente firmado por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional. En efecto, al no haber sido presentada con la firma digital del accionante no se aprecia su voluntad como promovente, faltando el requisito establecido en el artículo 61, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(13)

Sobre los conceptos de invalidez

a) Que el Congreso del Estado de Tabasco goza de libertad de configuración legislativa, pues la Constitución Federal no lo limita mediante alguna disposición específica respecto a la conformación de la estructura de los organismos públicos locales.

b) Que con la reforma no se va a generar falta de operatividad, de seguridad fáctica y peligro en la cadena de custodia en la paquetería electoral, ya que las funciones las seguirán realizando los Consejos Distritales. Aunado a ello, en la acción de inconstitucionalidad 41/2008 y sus acumuladas, se reconoció la validez de la desaparición de los Consejos Municipales.

c) Que el ahorro en la desaparición de los Consejos Municipales responde al reclamo social de la ciudadanía respecto al reproche económico que se ha visto en los salarios de los integrantes de los Consejos Municipales, estableciéndose la reforma a la ley electoral con base en la soberanía popular y la libertad configurativa de las Legislaturas Locales.

d) Que la reforma a la ley electoral estatal no limita las atribuciones y funciones del Instituto Nacional Electoral ya que el Decreto 202 únicamente elimina los Consejos Electorales Municipales, cuyas atribuciones son conferidas a los Consejos Electorales Distritales.

e) Que el Decreto 202 tampoco contraviene lo establecido en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal(14) en la vertiente del derecho a la igualdad, votar y ser votado, ya que la desaparición de las Juntas Municipales y traslado de sus funciones a las Juntas Distritales, no excluye o restringe el derecho a votar y ser votado ni transgrede el principio pro persona, al no generar un retroceso en los logros dentro de la lucha democrática ya que sólo se limita a modificar la estructura del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, trasladando las obligaciones municipales en materia electoral a las Juntas Distritales a fin de consolidar sus actividades mejorando su funcionamiento, con lo que en ningún momento se coarta o amenaza derecho humano o político alguno.

f) Que son infundados los conceptos de invalidez primero, segundo y cuarto de la demanda del Partido Revolucionario Institucional porque el Decreto 202 no violenta el artículo 104, numeral 1, inciso o), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,(15) ya que no mandata la creación de órganos electorales municipales y sólo establece las facultades que le corresponden a los órganos públicos locales.

g) Que es infundado el argumento del Partido Revolucionario Institucional respecto a que la reforma impugnada es inconstitucional por supuestamente dejar a consideración de los Poderes Legislativo y Ejecutivo Estatal lo relativo a las decisiones sistemáticas del Instituto Electoral del Estado, ya que el artículo 33 de la Constitución Local señala la potestad de diferentes autoridades facultadas para iniciar leyes,(16) además de los poderes referidos.

h) Que los argumentos relativos a los supuestos detrimentos de la eficiencia del sistema y operatividad de los procedimientos electorales, son infundados, ya que no se establecen con claridad ni se fundamentan las afirmaciones al asegurar que el Decreto 202 significará problemáticas en el desarrollo de las jornadas electorales, en lo particular, en el recuento de votos, en la funcionalidad de las mesas auxiliares, en el cómputo de la elección de las autoridades municipales y en el peligro en la cadena de custodia de la paquetería electoral, reiterando que la reforma únicamente dota de nuevas atribuciones a los Consejos Distritales respecto de las actividades electorales municipales, cumpliendo con los principios de legalidad, objetividad y certeza.

i) Que las supuestas violaciones al procedimiento legislativo, correspondientes al tercer y sexto conceptos de invalidez del Partido Revolucionario Institucional, en las cuales se acusa de que el documento a discutir no fue remitido con 24 horas de anticipación, son infundadas porque ningún integrante de la Comisión Dictaminadora se quejó en la sesión de trabajo o en el desarrollo de la sesión en Pleno.

9. El dos de septiembre de este año el Poder Legislativo del Estado rindió informe por la vía electrónica, en el que dio contestación conjunta a las tres demandas de acción de inconstitucionalidad en los términos siguientes:

Causales de improcedencia

a) Que es notorio que el promovente de la acción de inconstitucionalidad 160/2020, quien se ostenta como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, no fue quien remitió con su firma electrónica la demanda, incumpliendo con el requisito exigido en la parte final de la fracción I del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(17)

b) Que las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra del Decreto 202 fueron presentadas de manera extemporánea, ya que de conformidad con el artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia,(18) si el Decreto referido fue publicado el veintiséis de junio de dos mil veinte, se tenía como fecha límite el veintiséis de julio del mismo año; sin embargo, los escritos de demanda fueron presentados los días veintinueve de julio –por la representación del Partido Revolucionario Institucional sin la firma electrónica correspondiente–, el día cuatro de agosto por el representante del Partido de la Revolución Democrática y el diez de agosto de manera presencial por el representante del Partido Revolucionario Institucional, todos del año dos mil veinte.

c) Que existe ausencia de los conceptos de invalidez en contra del Decreto 202, lo cual transgrede el artículo 61 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(19) ya que si no se exponen en la demanda la o las normas generales cuya invalidez se reclame, no es posible que este Alto Tribunal pueda estudiar la constitucionalidad de una norma jurídica y de los escritos de demanda. En el caso, los conceptos de invalidez únicamente se limitan a cuestionar las consideraciones del decreto, lo cual no es suficiente para que se pueda analizar la constitucionalidad de una norma.

Sobre los conceptos de invalidez

a) Que la publicación del Decreto 202 se encuentra fundada y motivada, por lo que cumple con las exigencias de un examen de constitucionalidad, tanto con la ordinaria al ser el Congreso quien expide la ley, como con la motivación reforzada, que se desprende del razonamiento pormenorizado de los motivos y fundamentos de la decisión legislativa que aplicó el Congreso de Tabasco en la aprobación del citado decreto y que es requerida cuando se emiten actos que pueden afectar derechos fundamentales sujetos a protección especial o incidir en otros bienes relevantes desde el punto de vista constitucional.

b) Que los Congresos Locales cuentan con libertad configurativa para legislar en materia de integración de los organismos públicos locales electorales, de conformidad con la fracción IV del artículo 116 constitucional(20) y lo único que hace el Decreto 202 es concentrar en los Consejos Distritales Locales el cómputo y declaración de validez de las elecciones de diputados y regidores, así como el de realizar el cómputo distrital de la elección para gobernador, sin que esto pueda tomarse como una violación.

c) Que con la desaparición de los órganos electorales municipales, se estaría ahorrando en cada proceso electoral por concepto de dietas y salarios correspondientes a 119 plazas temporales, la renta mensual de 17 bienes inmuebles, así como gastos de acondicionamiento del lugar, servicios, viáticos, entre otros. De un estimado de las erogaciones por dietas y salarios de los integrantes de los 17 Consejos Municipales y Juntas Electorales durante el proceso electoral 2017-2018, se tiene que el ahorro sería aproximadamente por la cantidad de $9'626,214.32 (nueve millones seiscientos veintiséis mil doscientos catorce pesos 32/100 moneda nacional).(21)

d) Que la propuesta también contribuirá a la consolidación de las actividades de los órganos distritales, a otorgar mayor certeza a los resultados electorales bajo los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, contribuyendo al cumplimiento de lo señalado en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, en el Eje Rector "Seguridad, Justicia y Estado de Derecho", punto 1.3 "Política y gobierno", donde se plantea como visión lo siguiente:

Los ciudadanos seremos una sociedad plural, democrática, civilizada e inclusiva, con instituciones políticas legítimas y confiables, las cuales, en colaboración con los poderes, órganos autónomos, órdenes de gobierno y organizaciones civiles, implementarán políticas públicas consensuadas que darán solución efectiva a los problemas colectivos, contribuirán a la fortaleza del Estado de derecho, a la reconciliación social, a la vigencia de los derechos humanos, y al ejercicio pleno de las libertades políticas de las y los ciudadanos.

e) Que es infundado que en la emisión del Decreto 202 no se cumplieron las formalidades esenciales del proceso legislativo, en cuanto a que no se remitió para estudio el asunto con 24 horas de antelación a las diputadas y los diputados, ya que se circuló por correo electrónico a las 14:24 horas del día veinticuatro de junio de 2020, cuando la sesión se celebró el día veinticinco del mismo mes y año a las 13:00 horas (22 horas y 36 minutos),(22) con lo cual hubo tiempo suficiente para su análisis. Lo anterior se evidencia en los trabajos de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, órgano dictaminador, en donde se encuentra el coordinador de la fracción parlamentaria del partido accionante, quien se pronunció en contra del proyecto con argumentos de fondo que denotan que conocía a la perfección la iniciativa y el contenido del dictamen que estaba a discusión y en la discusión en el Pleno fue aprobado por mayoría calificada de 24 votos,(23) lo cual implica que no sólo votaron a favor los integrantes del partido en gobierno, frente a 7 votos en contra de los partidos políticos Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática.(24)

f) Que es infundado que el proceso legislativo sea inconstitucional por no haberse dictaminado en conjunto a las que dieron origen al decreto impugnado, una iniciativa presentada el día 10 de junio de 2020, por una integrante de la fracción parlamentaria de uno de los partidos promoventes, la cual propone expedir la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Aun y cuando versa sobre la misma materia del Decreto 202 el concepto de invalidez resulta infundado, ya que la decisión de la elección del número de iniciativas a dictaminar por las comisiones no afecta el procedimiento legislativo,(25) ya que en ninguna parte de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco ni en el Reglamento Interior del Congreso del Estado se señala que cuando se discuta una iniciativa, deba dictaminarse en conjunto con todas las iniciativas que existan al respecto.

g) Que es infundado que la reforma genere una reducción de la capacidad operativa del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco al eliminarse los órganos municipales, ya que no toma en cuenta el fondo del Decreto 202 que señala que no se eliminan las funciones en torno a las elecciones municipales, sino se transfieren a los órganos distritales, lo cual no contraviene la Constitución Federal, ni tampoco el artículo 104, párrafo 1, inciso o), de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,(26) ya que ésta regula la función de supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y municipales, mas no la de crear y preservar los Consejos Distritales ni los municipales.

h) Que los argumentos sobre la imposibilidad material de lograr los ahorros presupuestales señalados en las consideraciones del decreto impugnado, sobre la base de que la desaparición de los Consejos Electorales Municipales implica la necesidad de emplear un mayor número de recursos en los Consejos Distritales, así como la creación de mesas auxiliares para el cómputo de las elecciones municipales, son infundados, debido a que de acuerdo con la reforma al artículo 258 de la ley electoral estatal,(27) al adicionarse el numeral 6, se estableció que el funcionamiento de las mesas auxiliares sería temporal.

i) Que es infundado que la reforma impugnada afecte la operatividad de la ley electoral al suprimir a los órganos municipales electorales y que ello sea sinónimo de regresividad y retroactividad en perjuicio de las personas habitantes de los Municipios más alejados de las cabeceras distritales, por restringirles el derecho de votar y ser votado, ya que Tabasco es uno de los Estados de la República con menor extensión territorial (con una superficie de 24,731 kilómetros cuadrados) ocupando el lugar 24 en el país, y con pocos Municipios, 17 en total, por lo que es relativamente fácil desplazarse por su territorio, pues de la capit

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30002-142f3932/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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