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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO SE CONTROVIERTE UNA NORMA GENERAL POR VULNERAR LOS DERECHOS DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS (LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO). II. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA LEY GENERAL DE LA MATERIA CONSTITUYE EL PARÁMETRO DE VALIDEZ PARA EL ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES LOCALES RELATIVAS (LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO). III. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS TIENEN COMPETENCIA PARA REGULAR ESTE DERECHO EN SUS LEYES LOCALES, ARMONIZÁNDOLAS CON LAS DIRECTRICES, PRINCIPIOS Y BASES DE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA, SIN QUE DEBA REPLICARSE ÉSTA EN DICHAS LEYES NI SE IMPIDA A LOS ESTADOS CONSTRUIR SUS PROPIOS SISTEMAS PARA AMPLIAR, PERFECCIONAR O MAXIMIZAR SU EJERCICIO (LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO). IV. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EL SISTEMA ESTABLECIDO EN LA LEY RESPECTIVA DEL ESTADO DE TABASCO ARTICULA Y COORDINA LAS COMPETENCIAS PROPIAS DE LOS ORGANISMOS GARANTES LOCALES Y DE LOS OTROS ÓRGANOS ESTATALES QUE LOS INTEGRAN, A EFECTO DE DEFINIR Y EVALUAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTES, SIN VULNERAR EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES (ARTÍCULOS 28, 29, 30, 31, 32, FRACCIONES IV, VIII Y X, 59, 63 Y 65 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO). V. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LAS NORMAS ESTATALES QUE PREVÉN EL SISTEMA PARA NOMBRAR A LOS COMISIONADOS QUE DEBAN CUBRIR VACANTES, ASÍ COMO QUE EL ORGANISMO GARANTE LOCAL FORMA PARTE DE LOS SISTEMAS NACIONAL Y ESTATAL DE TRANSPARENCIA, NO SE VINCULAN CON LA VIOLACIÓN ADUCIDA AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES NI AL ARGUMENTO DE QUE REGULAN A DICHO ORGANISMO, PUES EN REALIDAD SE DIRIGEN AL CITADO SISTEMA ESTATAL, EN CUANTO AL ASPECTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS (ARTÍCULOS 41 Y 45, FRACCIÓN XXXVII, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO). VI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. REGULACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL CON EL FIN DE COORDINARSE CON EL NACIONAL PARA IMPLEMENTAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DEMÁS CRITERIOS EN ESTA MATERIA, ASÍ COMO PARA FUNGIR COMO UN ENTE ADMINISTRATIVO DE ENLACE ENTRE DICHO SISTEMA NACIONAL Y LOS SUJETOS OBLIGADOS (ARTÍCULOS 28, 29, 30, 31, 32, FRACCIONES IV,VIII Y X, 45, FRACCIÓN XXXVII, 59, 63 Y 65 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO). VII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA EXCEPCIÓN PARA QUE DETERMINADOS SUJETOS OBLIGADOS ESTATALES NO ESTÉN SUJETOS A LOS COMITÉS DE TRANSPARENCIA Y LA PREVISIÓN DE QUE SUS FUNCIONES SEAN RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL TITULAR DE ÁREA RESPECTIVO FUERON ESTABLECIDOS POR EL CONGRESO LOCAL EN EJERCICIO DE SU LIBERTAD CONFIGURATIVA (ARTÍCULO 47, PÁRRAFO PENÚLTIMO, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO). VIII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA EXCEPCIÓN PARA QUE DETERMINADOS SUJETOS OBLIGADOS ESTATALES NO ESTÉN SUJETOS A LOS COMITÉS DE TRANSPARENCIA Y LA PREVISIÓN DE QUE SUS FUNCIONES SEAN RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL TITULAR DE ÁREA RESPECTIVO NO TRASCIENDEN AL DERECHO DE IGUALDAD (ARTÍCULO 47, PÁRRAFO PENÚLTIMO, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO). IX. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA EXCEPCIÓN PARA QUE DETERMINADOS SUJETOS OBLIGADOS ESTATALES NO ESTÉN SUJETOS A LOS COMITÉS DE TRANSPARENCIA Y LA PREVISIÓN DE QUE SUS FUNCIONES SEAN RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL TITULAR DE ÁREA RESPECTIVO NO CONSTITUYEN UNA OMISIÓN LEGISLATIVA (ARTÍCULO 47, PÁRRAFO PENÚLTIMO, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO). X. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA OBLIGACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TRANSPARENTAR, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS, LA AGENDA DE LOS MAGISTRADOS NO PENALES VIOLA LAS GARANTÍAS DE IGUALDAD, SEGURIDAD JURÍDICA Y DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIALES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 80, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO). XI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CARECEN DE COMPETENCIA PARA AMPLIAR EL CONCEPTO DE SEGURIDAD NACIONAL, PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA, A SU ÁMBITO DE COMPETENCIA, ESTO ES, ESTABLECER COMO INFORMACIÓN RESERVADA LA RELACIONADA CON LA "SEGURIDAD DEL ESTADO"(INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 112, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O A LA SEGURIDAD DEL ESTADO", 121, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATI

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 1/2016. · Registro digital (IUS): 29561
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-11-13
Promovente: INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, Pág. 101.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 1/2016. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 9 DE MAYO DE 2019. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: GABRIELA GUADALUPE FLORES DE QUEVEDO.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al nueve de mayo del dos mil diecinueve, emite la siguiente

Sentencia

Mediante la que se resuelven los autos relativos a la acción de inconstitucionalidad 1/2016 promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

I. Antecedentes

1. Presentación de la demanda. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales promovió acción de inconstitucionalidad contra, de manera destacada, los artículos 2, fracción IV, 6, 17, 28, 29, 30, 31, 32, fracciones IV, VIII y X, 39, 41, 42, párrafo segundo, 45, fracción XXXVII, 47, penúltimo párrafo, 59, 63, 65, 80, fracción VIII, 112, fracción I, 121, fracciones I, XII, XIV y XV, 125, 126, 128, fracción IV, 163, 169, 170, 171, 172 y 173, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad el quince de diciembre del dos mil quince.

2. Radicación y admisión. Por auto de quince de enero del dos mil dieciséis, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente con el número 1/2016 y, por razón de turno, designó al Ministro Javier Laynez Potisek para que instruyera el procedimiento.

3. El dieciocho del mes y año en cita el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad y, entre otras cosas, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tabasco para que rindieran sus respectivos informes, así como al procurador general de la República para los efectos legales conducentes.

4. Informes. Por auto de veintitrés de febrero siguiente se tuvo a dichos poderes rindiendo los informes solicitados y ofreciendo las pruebas que estimaron pertinentes, con las que se corrió traslado a las partes y se les otorgó a todas plazo para formular alegatos.

5. Alegatos y cierre de instrucción. Mediante proveídos de dieciséis y treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis, se tuvieron por formulados los alegatos del promovente y del Congreso del Estado de Tabasco y se declaró cerrada la instrucción del asunto, a efecto de elaborar el proyecto de resolución respectivo.

II. Competencia

6. El Tribunal Pleno es competente para resolver esta acción de inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Federal, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno, toda vez que se cuestiona la constitucionalidad de diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

III. Oportunidad

7. En su informe, el Congreso del Estado de Tabasco sostiene que la acción de inconstitucionalidad es extemporánea respecto de los artículos 6, párrafo segundo al último, 17, 42, párrafo segundo, 121, fracciones I, XII, XIV y XV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco vigente, pues la ley de transparencia estatal abrogada los contenía sólo que para no complicar su estudio se estimó pertinente expedir una nueva pero dichos preceptos sólo cambiaron de orden en el articulado, de fracción o de párrafo, no de contenido.

8. De ahí que asegure que respecto de tales preceptos la acción de inconstitucionalidad es improcedente por extemporánea, pues el promovente debió solicitar su declaratoria de invalidez desde la emisión de la ley abrogada.

9. Los artículos 19, fracción VIII y 59 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal establecen que las controversias y las acciones de inconstitucionalidad son improcedentes en los demás casos que resulte de alguna disposición del propio ordenamiento.

10. Por su parte, el artículo 60 de dicha legislación dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a aquel en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial.

11. En los diversos precedentes que invoca el Poder Legislativo, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que un nuevo acto legislativo es la modificación sustancial o material de cierta norma a través de un proceso legislativo distinto.

12. Se indicó que el requisito de índole formal conlleva el desahogo de las diferentes etapas del procedimiento legislativo, mientras que el material se actualiza cuando existan verdaderos cambios normativos que modifican la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto impugnado.

13. Atendiendo a ese criterio se emitió la jurisprudencia P./J. 25/2016 (10a.) de este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 35, Tomo I, octubre de 2016, página 65, que establece:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. Para considerar que se está en presencia de un nuevo acto legislativo para efectos de su impugnación o sobreseimiento por cesación de efectos en una acción de inconstitucionalidad deben reunirse, al menos, los siguientes dos aspectos: a) Que se haya llevado a cabo un proceso legislativo (criterio formal); y b) Que la modificación normativa sea sustantiva o material. El primer aspecto conlleva el desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación; mientras que el segundo, consistente en que la modificación sea sustantiva o material, se actualiza cuando existan verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto, de este modo una modificación al sentido normativo será un nuevo acto legislativo. Este nuevo entendimiento, pretende que a través de la vía de acción de inconstitucionalidad se controlen cambios normativos reales que afecten la esencia de la institución jurídica que se relacione con el cambio normativo al que fue sujeto y que deriva precisamente del producto del órgano legislativo, y no sólo cambios de palabras o cuestiones menores propias de la técnica legislativa tales como, por ejemplo, variación en el número de fracción o de párrafo de un artículo, el mero ajuste en la ubicación de los textos, o cambios de nombres de entes, dependencias y organismos. Tampoco bastará una nueva publicación de la norma para que se considere nuevo acto legislativo ni que se reproduzca íntegramente la norma general, pues se insiste en que la modificación debe producir un efecto normativo en el texto de la disposición al que pertenece el propio sistema."

14. No parece que exista duda al afirmar que dicho criterio es aplicable tratándose de reformas o modificaciones a instrumentos normativos existentes, pues en ese supuesto es necesario determinar si la modificación, adición o reforma introducida por el legislador constituye o no un nuevo acto legislativo.

15. En cambio, dicho criterio no es aplicable tratándose de la emisión de nuevos instrumentos normativos, esto es, de aquellos expedidos íntegramente y en virtud de los cuales se abrogan los anteriores, pues es claro que su contenido derivó de un procedimiento legislativo distinto y presupone la existencia de verdaderos cambios normativos que modifican su trascendencia, contenido o alcance, justamente por haber sido necesaria su emisión integral.

16. En otras palabras, el criterio antes reproducido y en que se sustenta su alegato el Poder Legislativo Estatal, tiene como presupuesto la modificación, reforma o adición de ciertas disposiciones, caso en que debe determinarse si el cambio introducido y controvertido verdaderamente obedeció a un procedimiento legislativo distinto y trascendió a su contenido, o bien, si sólo atendió a un aspecto de técnica legislativa para modificar párrafos, fracciones o la forma de organización de la ley existente.

17. En cambio, dicho criterio es inaplicable tratándose de nuevas leyes, pues en ese supuesto su emisión evidentemente atiende a un diverso procedimiento legislativo y a un cambio sustancial de contenido, tan es así que, en su caso, fue necesario abrogar la ley preexistente o anterior.

18. Como se indicó en los antecedentes de esta sentencia, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales promovió la acción de inconstitucionalidad que nos ocupa contra diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, publicada íntegramente en el Periódico Oficial de dicha entidad el quince de diciembre del dos mil quince, misma que abrogó la ley anterior.

19. Basta lo expuesto para concluir que es inaplicable el criterio sobre el que descansa el argumento del Congreso de Estado de Tabasco, pues los preceptos impugnados están contenidos en una nueva ley que abrogó la anterior.

20. Además, aun cuando fuera aplicable, no se actualiza el supuesto de extemporaneidad alegado.

21. Los artículos 6, párrafo segundo al último, 17, 42, párrafo segundo, 121, fracciones I, XII, XIV y XV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco vigente, en comparación con los diversos de la ley abrogada, son del contenido siguiente:

Ver cuadro comparativo 1

22. La confronta de ambos textos podría evidenciar que, efectivamente, los artículos ahora impugnados tenían su símil en la ley de transparencia estatal abrogada, de modo que el promovente debió impugnarlos durante su vigencia y no so pretexto de la nueva ley; sin embargo, tal aseveración es incorrecta al sustentarse sólo en el contenido literal de las normas impugnadas, y no en su origen.

23. Para corroborar tal aserto es necesario informar que el siete de febrero del dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto en virtud del cual se reformaron, entre otras disposiciones, las fracciones I, IV y V del apartado A y se adicionó una fracción VIII al artículo 6o. constitucional a través de la cual se regularon, entre otras cosas, los sujetos obligados a transparentar su información y se estableció la necesidad de que el Congreso de la Unión emitiera una ley general a fin de unificar los criterios aplicables en la materia, atendiendo justamente a la diversidad imperante hasta ese momento.

24. En cumplimiento al artículo segundo transitorio de dicha reforma constitucional, el Congreso de la Unión emitió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública publicada en dicho medio de difusión oficial el cuatro de mayo del dos mil quince.

25. Asimismo, en cumplimiento a los artículos quinto transitorio tanto del citado decreto de reformas constitucional como de la mencionada ley general, el Congreso del Estado de Tabasco emitió la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la entidad, publicada en su periódico oficial el quince de diciembre del dos mil quince, cuyo artículo segundo transitorio abrogó la ley anterior.

26. Lo expuesto evidencia, que el texto legal aquí impugnado se emitió en atención a una reforma constitucional y a la emisión de una ley general que establece nuevas instituciones y parámetros en materia de transparencia y acceso a la información pública.

27. Basta lo anterior para concluir que, el hecho de que la ley de transparencia estatal abrogada haya contenido normas de contenido similar a las ahora impugnadas, no torna extemporánea la acción que se resuelve, simple y sencillamente porque la ley vigente derivó de un nuevo proceso legislativo, es decir, la legislación de transparencia local anterior fue abrogada para dar lugar a una nueva cuya emisión se sustentó en una reforma constitucional y en la promulgación de una ley general, todo a la luz de distintos parámetros y regulación.

28. En otras palabras, aun siendo aplicable el criterio antes reproducido, no puede considerarse extemporánea la promoción de la acción en cuanto a los artículos antes identificados porque con independencia de que se haya modificado o no su contenido o variado su numeral o ubicación, lo objetivamente cierto es que se emitieron a la luz de una reforma constitucional que vinculó al legislativo federal a emitir una ley general a partir de distintos parámetros y aspectos que, evidentemente, no se contemplaban con anterioridad.

29. Máxime si se considera que en sus conceptos de invalidez el promovente contrasta el contenido de tales disposiciones tanto con el Texto Constitucional que lo originó como con el de la ley general de mérito.

30. De ahí que, por mucho que el legislador local alegue que se abrogó la ley anterior y se emitió la nueva a fin de no complicar la comprensión de ese sistema normativo, lo objetivamente cierto es que al tener sustento en la reforma constitucional de siete de febrero del dos mil catorce y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es evidente que se trata de un nuevo acto legislativo, cuya constitucionalidad debe analizarse a la luz de esos nuevos parámetros.

31. Resuelto lo anterior, resta decir que la acción de inconstitucionalidad que nos ocupa fue promovida dentro del plazo de treinta días naturales previsto en el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el Decreto 235 que contiene las normas impugnadas se publicó en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Tabasco el martes quince de diciembre del dos mil quince, de modo que el aludido lapso transcurrió del miércoles dieciséis de diciembre de ese año al jueves catorce de enero del dos mil dieciséis, siendo que su promoción ocurrió ese último día.

IV. Legitimación

32. En su informe, el Poder Legislativo del Estado asegura que el promovente carece de legitimación procesal activa para impugnar los artículos 41, 125 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, pues su impugnación no fue aprobada por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para ser controvertidos, al no tener relación alguna con los temas autorizados o propuestos.

33. Para resolver su argumento conviene tener en cuenta que los artículos 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Federal, 41, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 32, fracciones I y II, del Estatuto Orgánico del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, establece que corresponde al director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales la representación de dicho instituto y, como tal, la promoción de las acciones de inconstitucionalidad contra, entre otras, las leyes estatales que considere vulneran el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, siempre y cuando cuente con la aprobación de la mayoría de los comisionados.

34. Cabe destacar que dicha normatividad en ningún momento limita el objeto de impugnación a que se propongan los mismos argumentos contra diversos preceptos, o bien, que los temas expuestos se relacionen entre sí, sino únicamente que se vinculen con la materia que defiende el citado organismo garante, esto es, el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales.

35. Al promover la acción que se resuelve, el citado director exhibió el acuerdo ACT-EXT-PUB/11/01/2016.02, derivado de la sesión extraordinaria de once de enero del dos mil dieciséis en que, entre otras cosas, se indicó lo siguiente:

"Acuerdo por el que se aprueba que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales interponga acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de diversas disposiciones de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, publicada el día quince de diciembre del año dos mil quince en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, bajo Decreto 235.

"CONSIDERANDO

"...

"8. Que este organismo garante advierte que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco podría ser contraria al artículo 6o. constitucional, por lo cual, en ejercicio de las facultades conferidas a este organismo garante en el artículo 150, fracción II, inciso h), de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 41, fracción VI, de la LGTAIP, se propone al Pleno el Acuerdo por el que se aprueba que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales interponga Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, publicada el día quince de diciembre de dos mil quince en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, bajo Decreto 235.

"...

"ACUERDO

"PRIMERO. Se aprueba que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a través de su representante legal interponga Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, bajo Decreto 235, el día quince de diciembre del año dos mil quince.

"SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este instituto para que elabore el documento por el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y protección de Datos Personales interponga Acción de Inconstitucionalidad, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, bajo decreto 235, el día quince de diciembre del año dos mil quince.

"...

"Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en sesión celebrada el once de enero de dos mil dieciséis. Los comisionados firman al calce para todos los efectos a que haya lugar ..." (folios 49 a 53 del toca).

36. Del texto transcrito se advierte que el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales acordó por unanimidad de votos promover una acción de inconstitucionalidad contra diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, contenida en el Decreto 235, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el quince de diciembre del dos mil quince.

37. Lo expuesto es suficiente para desestimar el argumento del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, pues conforme a la normatividad aplicable y el acuerdo antes reproducido se advierte que el director general de Asuntos Jurídicos cuenta con legitimación procesal activa para promover la vía que nos ocupa.

V. Causas de improcedencia

38. En su informe, el Poder Legislativo del Estado afirma que la acción es improcedente contra los artículos 58, 67, 158 (sic) y 168 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco antes identificada, porque el promovente omitió señalarlos como normas impugnadas en el capítulo respectivo de su demanda.

39. Como ya se dijo, los artículos 19, fracción VIII y 59 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal establecen que las controversias y las acciones de inconstitucionalidad son improcedentes en los demás casos que resulte de alguna disposición del propio ordenamiento.

40. Por su parte, el artículo 22 del citado ordenamiento prevé los requisitos que debe contener el escrito de demanda, cuya fracción IV indica que la norma general o acto cuya invalidez se demande, así como, en su caso, el medio oficial en que se haya publicado.

41. Cabe precisar que dicha disposición no ordena, en ningún momento, que la identificación de esas normas o actos se encuentre única y expresamente en el apartado o capítulo de normas generales o acto cuya invalidez se demande, sino que hace referencia al escrito de demanda, esto es, al documento íntegro.

42. De la lectura del capítulo de normas generales cuya invalidez se demanda, del escrito original se advierte que, efectivamente, no contiene identificadas las normas que refiere el Poder Legislativo del Estado; sin embargo, como el propio órgano lo reconoce, en el décimo concepto de invalidez el promovente propuso argumentos tendentes a evidenciar su inconstitucionalidad (reverso del folio 42 al 44 del toca).

43. Lo expuesto es suficiente para concluir que en el caso no se actualiza la causa de improcedencia analizada, pues el hecho de que el promovente no haya identificado en el capítulo de normas generales impugnadas los artículos 58, 67 y 168 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, no significa que no los controvierta, tan es así que propone conceptos de invalidez en su contra.

44. Por otra parte, el Poder Legislativo del Estado sostiene que debe sobreseerse en la acción respecto de los artículos 125 y 126 de la Ley de Transparencia del Estado de Tabasco, pues el promovente omitió proponer conceptos de invalidez en su contra.

45. Tal causa de improcedencia es infundada, pues basta la lectura del noveno concepto de invalidez para advertir lo contrario (folios 39 a 42 del toca).

46. Al no existir alguna otra causa de improcedencia propuesta por las partes o que este órgano judicial advierta de oficio, corresponde resolver el fondo del asunto.

VI. Estudio de fondo

47. Antes de emprender el estudio del fondo del asunto conviene precisar que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la promovente impugna en esta vía los artículos 2, fracción IV, 6, párrafo sexto, 17, cuarto párrafo, 28, 29, 30, 31, 32, fracciones IV, VIII y X, 39, 41, 42, párrafo segundo, 45, fracción XXXVII, 47, penúltimo párrafo, 58, 59, 63, 65, 67, 80, fracción VIII, 112, fracción I, 121, fracciones I, XII, XIV y XV, 125, 126, 128, fracción IV, 163, párrafo segundo, 168, 169, 170, 171, 172 y 173 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, contenida en el Decreto 235, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el quince de diciembre del dos mil quince.

48. Para determinar el tratamiento que deba darse a los conceptos de invalidez propuestos conviene tener en cuenta lo siguiente.

49. Como se informó en considerandos precedentes, el siete de febrero del dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas a la Constitución Federal en virtud del cual se reformaron, entre otras disposiciones, las fracciones I, IV y V del apartado A y se adicionó una fracción VIII a su artículo 6o. a fin de establecer, entre otras cosas, los sujetos obligados a transparentar su información, así como la obligación del Congreso de la Unión de emitir una ley general que unificara los criterios aplicables en la materia, atendiendo justamente a la diversidad imperante hasta ese momento.

50. El referido proceso de reforma constitucional comenzó en virtud de diversas iniciativas presentadas por distintos partidos políticos en el Senado de la República.

51. En dichas iniciativas que constituyen la exposición de motivos de la reforma en comento, se dejó en claro la necesidad de avanzar en diversos temas, por ejemplo, establecer los alcances y directrices de los principios rectores de la materia, los procedimientos a seguir, los sujetos obligados, el diseño institucional de los organismos garantes caracterizados por su autonomía que permite su imparcialidad, además de que les da la posibilidad de promover acciones de inconstitucionalidad, así como la posibilidad de cumplir el mandato contenido en el artículo 1o. constitucional en materia de derechos humanos, todo esto para lograr un derecho unificado en materia de transparencia y acceso a la información pública.

52. Asimismo, se indicó la necesidad de facultar al Congreso de la Unión para emitir una ley general cuyo objetivo es homogeneizar el contenido de la normatividad que rige el acceso a la información pública en el país y armonizar la interpretación y alcance de los principios y bases establecidos en el párrafo segundo del propio precepto, pues el establecimiento de parámetros iguales para todos los niveles de gobierno permite contar con una base sólida a fin de que el derecho de que se trata sea igual para todos.

53. Se precisó que con la expedición de tal ley general se pretendían cuatro finalidades principales, a saber:

a) Homologar los mecanismos de acceso a la información, los medios de impugnación, el plazo de cumplimiento de las resoluciones, la temporalidad de la reserva de información, los supuestos de restricción a la información pública o causas de reserva y de confidencialidad y el catálogo de información pública de oficio que de manera común deben cumplir todos y cada uno de los sujetos obligados,

b) Establecer obligaciones de transparencia específicas para determinados sujetos obligados,

c) Delinear obligaciones generales a cargo de los sujetos obligados, tales como la evaluación del cumplimiento a las leyes de la materia en todos los ámbitos de gobierno, la capacitación de servidores públicos, la promoción del derecho en comento y las acciones de vinculación con la sociedad; y,

d) Prever políticas de incentivos, entre otros aspectos.

54. Continuó el legislador constitucional diciendo que, en congruencia con el sistema federal adoptado por nuestro país, dicha ley general establece los estándares mínimos y los procedimientos en la materia, a fin de asegurar que en todo el país la protección de los derechos en comento y las políticas de transparencia obedezcan a condiciones mínimas compartidas a todo lo largo y ancho del territorio nacional, lo cual dará certeza a los gobernados en cuanto a los requisitos para la integración de los órganos garantes, los criterios de clasificación y reserva de información, los procedimientos, plazos, entre otros.

55. Finalmente, se precisó que atendiendo a sus circunstancias, condiciones y realidades específicas corresponderá a las Legislaturas de cada entidad federativa adaptar, perfeccionar o, aún más, mejorar o ampliar los mínimos establecidos en la ley general de mérito y con ello contribuir a un derecho que cumpla las condiciones de progresividad y gradualidad necesarias para responder a la complejidad de nuestro país, de modo que se pueda cumplir un doble objetivo, por un lado, tener bases compartidas sobre la comprensión, características y requisitos del ejercicio del derecho de acceso a la información pero, por otro lado, respetar el sistema federal reconociendo ámbitos de regulación propios de cada entidad federativa.

56. Teniendo en cuenta las razones que motivaron la reforma constitucional en comento, conviene dar noticia del texto vigente de los artículos 6o., 73, fracción XXIX-S y 116, fracción VIII, de la Constitución Federal, que establecen:

"Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

"Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

"El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

"Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

"A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

"I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos baj

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29561-7d0761e7/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-director-general-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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