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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO SE CONTROVIERTE UNA NORMA GENERAL POR VULNERAR LOS DERECHOS DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE PRECEPTOS TRANSITORIOS IMPUGNADOS, DERIVADO DE AGOTARSE EL SUPUESTO NORMATIVO PREVISTO (ARTÍCULO TRANSITORIO PRIMERO DE LA LEY DE ARCHIVOS Y ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS). III. LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL EN MATERIAS CONCURRENTES. SU VALIDEZ DEPENDE DE LO ESTABLECIDO TANTO EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL COMO EN LAS LEYES GENERALES (LEY DE ARCHIVOS Y ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS). IV. ARCHIVOS. OBLIGACIONES A CARGO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SUS SISTEMAS LOCALES, EN TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (LEY DE ARCHIVOS Y ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS). V. ARCHIVOS. LA LIBERTAD CONFIGURATIVA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA REGULAR SUS SISTEMAS LOCALES SE ENCUENTRA LIMITADA A QUE SEA EQUIVALENTE AL SISTEMA NACIONAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA Y FUNCIONAL PARA EL MISMO (LEY DE ARCHIVOS Y ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS). VI. ARCHIVOS EN EL ESTADO DE MÉXICO. LA NO INCLUSIÓN DE LOS CONCEPTOS "CONSEJO TÉCNICO", "EXPEDIENTE ELECTRÓNICO", "ÓRGANO DE GOBIERNO", "ÓRGANO DE VIGILANCIA", "PLAZO DE CONSERVACIÓN" Y "PROGRAMA ANUAL" EN LA LEGISLACIÓN LOCAL, NO VIOLA LOS MANDATOS ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (ARTÍCULO 4, FRACCIONES XVII, XXX, XLIV Y XLVII, DE LA LEY DE ARCHIVOS Y ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS). VII. ARCHIVOS EN EL ESTADO DE MÉXICO. LA POSIBILIDAD DE QUE EL ORGANISMO GARANTE LOCAL DE LA TRANSPARENCIA PERMITA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE DOCUMENTOS CON VALOR HISTÓRICO, QUE NO HAYAN SIDO TRANSFERIDOS A UN ARCHIVO HISTÓRICO Y QUE CONTENGA DATOS PERSONALES SENSIBLES, PARA UNA INVESTIGACIÓN O ESTUDIO QUE SE CONSIDERE RELEVANTE PARA EL ESTADO, NO VIOLA LOS MANDATOS ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (ARTÍCULO 38, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE ARCHIVOS Y ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS). VIII. ARCHIVOS EN EL ESTADO DE MÉXICO. LA POSIBILIDAD DE IMPUGNAR LAS DETERMINACIONES O RESOLUCIONES DEL ORGANISMO GARANTE LOCAL DE LA TRANSPARENCIA ANTE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO RESPECTO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE DOCUMENTOS CON VALOR HISTÓRICO, QUE NO HAYAN SIDO TRANSFERIDOS A UN ARCHIVO HISTÓRICO Y QUE CONTENGA DATOS PERSONALES SENSIBLES, NO VIOLA LOS MANDATOS ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (ARTÍCULO 38, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE ARCHIVOS Y ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS). IX. ARCHIVOS EN EL ESTADO DE MÉXICO. LA PREVISIÓN DE QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERÁN ESTABLECER EN SU PROGRAMA ANUAL LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA GENERACIÓN, ADMINISTRACIÓN, USO, CONTROL Y MIGRACIÓN DE FORMATOS ELECTRÓNICOS, APOYÁNDOSE EN LAS DISPOSICIONES DEL CONSEJO ESTATAL, NO VIOLA LOS MANDATOS ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE ARCHIVOS Y ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS). X. ARCHIVOS EN EL ESTADO DE MÉXICO. LA PREVISIÓN DE QUE EL CONSEJO ESTATAL PROPONDRÁ LOS LINEAMIENTOS AL CONSEJO NACIONAL PARA LA CREACIÓN Y EL USO DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS, ASÍ COMO DE LOS REPOSITORIOS ELECTRÓNICOS, VIOLA LOS MANDATOS ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE ARCHIVOS Y ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS). XI. ARCHIVOS EN EL ESTADO DE MÉXICO. EL USO DE LOS CONCEPTOS "ENTES PÚBLICOS" Y "SUJETOS OBLIGADOS" COMO SINÓNIMOS EN LA LEGISLACIÓN LOCAL, VIOLA LOS MANDATOS ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 56 DE LA LEY DE ARCHIVOS Y ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS). XII. ARCHIVOS EN EL ESTADO DE MÉXICO. LA INTEGRACIÓN, ATRIBUCIONES Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESTATAL DE ARCHIVOS, AL SER DISTINTOS A LOS QUE PREVÉ LA LEY GENERAL DE LA MATERIA, VIOLAN EL DEBER DE EQUIVALENCIA PREVISTO EN DICHA LEY (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 3, PÁRRAFO TERCERO, 30, FRACCIÓN V, 65, FRACCIONES X Y XI, Y 67, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE ARCHIVOS Y ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS). XIII. ARCHIVOS EN EL ESTADO DE MÉXICO. INTEGRACIÓN, ATRIBUCIONES Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESTATAL QUE NO VIOLAN LOS MANDATOS ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (ARTÍCULOS 66, 67, SALVO SU FRACC

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 307/2020. · Registro digital (IUS): 33367
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-06-27
Promovente: INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Junio de 2025, Tomo IV, Volumen 1, Pág.70.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 307/2020. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 9 DE MAYO DE 2023. PONENTE: MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: JORGE JANNU LIZÁRRAGA DELGADO.

ÍNDICE TEMÁTICO

HECHOS: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, solicitó la invalidez de los artículos 3, 4, 11, fracciones IV y XI, 25, 28, fracción XI, 30, fracción V, 33, fracción V, 38, 40, fracción II, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 56, 65, 67, fracción VI, 72, 75, 76, 77, 78, 81, 83, 86, 99, 101, fracción XXII, 102, 103, 109, 111, Primero, Séptimo y Noveno Transitorios, así como las omisiones legislativas, de la Ley de Archivos y Administración de Documentos del Estado de México y Municipios, publicada en el Periódico Oficial del Estado de México el veintiséis de noviembre de dos mil veinte.

Ver índice temático

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al nueve de mayo de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA:

1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, a través del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por conducto de Miguel Novoa Gómez, en su carácter de Director General de Asuntos Jurídicos de dicho Instituto, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del Decreto Número 214, por el que se expide la Ley de Archivos y Administración de Documentos del Estado de México y Municipios, publicada en el Periódico Oficial del Estado de México el veintiséis de noviembre de dos mil veinte; específicamente los artículos 3, 4, 11, fracciones IV y XI, 25, 28, fracción XI, 30, fracción V, 33, fracción V, 38, 40, fracción II, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 56, 65, 67, fracción VI, 72, 75, 76, 77, 78, 81, 83, 86, 99, 101, fracción XXII, 102, 103, 109, 111, Primero, Séptimo y Noveno Transitorios, así como las omisiones legislativas respectivas.

2. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. El Instituto accionante estima violados los artículos 1, 6, Apartado A, 16, 73, fracciones XXI, XXV, XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Síntesis de los conceptos de Invalidez. El Instituto Nacional promovente destacó medularmente en el apartado relativo a los conceptos de invalidez, lo siguiente:

4. Primer concepto de invalidez. El Instituto accionante refiere que el artículo 4 de la Ley de Archivos y Administración de Documentos del Estado de México y Municipios, es contrario al artículo 4 de la Ley General de Archivos y, por ende, a los artículos 1, 6, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIXT, 124 y 133, de la Constitución General, dado que existe una omisión en la Ley local, toda vez que no establece los términos y definiciones de “Consejo Técnico”, “Expediente Electrónico”, “Órgano de Gobierno”, “Órgano de Vigilancia”, “Plazo de Conservación” y “Programa anual”, tal como los prevé el artículo 4 de la Ley General de Archivos.

5. Sostiene que resulta inválida la variación, es decir, el que no se prevean en total amplitud las definiciones contenidas en la Ley General, como lo es el artículo 4, fracción XXVI, de la Ley local, que no prevé a la fiscalía o procuraduría local y varía la previsión del homólogo de “dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, por “las Dependencias y Organismos Auxiliares de la Administración Pública Estatal”. De igual forma, la fracción XLII de la Ley local, sustituye “casas curales”, por la de “casas culturales”.

6. De esta manera, la falta de previsión de ciertos términos y sus respectivas definiciones, así como la variación de estas últimas, constituye un aspecto de invalidez cuya corrección debe ser ordenada al legislador local.

7. Segundo concepto de invalidez. El Instituto accionante sostiene que el artículo 38 de la Ley de Archivos y Administración de Documentos del Estado de México y Municipios, es contrario al diverso 38 de la Ley General de Archivos, por lo que se violan los artículos 1, 6, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133, de la Constitución Federal, toda vez que el legislador local hizo una indebida adecuación para permitir el acceso a la información de un documento con valores históricos que haya sido transferido a un archivo histórico y que contenga datos personales sensibles.

8. En ese sentido, el precepto impugnado establece un supuesto adicional al que de manera limitativa establece el artículo 38 de la Ley General de Archivos, pues permite el acceso a documentos cuando se soliciten para una investigación o estudio que se considere relevante para el Estado de México y sus Municipios.

9. Por otra parte, refiere que el último párrafo del artículo 38 de la Ley local, padece de un vicio de certeza jurídica, toda vez que establece que los particulares podrán impugnar las determinaciones o resoluciones a que se refiere ese precepto, “en los términos de las disposiciones jurídicas de la materia”, siendo que la materia de que se trata es la de acceso a la información y protección de datos personales, la cual es resuelta por un organismo garante local; no obstante, una ley local no puede establecer competencia a un órgano de carácter federal, por lo que, en realidad, no habría disposición jurídica de la materia.

10. Tercer concepto de invalidez. Estima que el artículo 42, de la Ley de Archivos y Administración de Documentos del Estado de México y Municipios es contrario al 42 de la Ley General de Archivos, y por ende, a los artículos 1, 6, 16, 73, fracción XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133, de la Constitución Federal, puesto que se advierte que el objeto de las disposiciones emanadas del Consejo Estatal coincide o sería exactamente el mismo que el previsto en el del Consejo Nacional, conforme al artículo 42 de la Ley General Archivos, atentos a que estas últimas no serían aplicables únicamente para los sujetos obligados federales, sino para todos los sujetos obligados del país; es decir, para todo orden de nivel de gobierno, por lo que existe una invasión competencial a la prevista en la Ley General para el Consejo Nacional, por parte de la Ley local, con la atribución prevista para el Consejo Estatal de Archivos.

11. Cuarto concepto de invalidez. El Instituto actor estima que el artículo 46, de la Ley de Archivos y Administración de Documentos del Estado de México y Municipios, es contrario al artículo 46 de la Ley General de Archivos y, por ende, violenta los artículos 1, 6, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133, de la Constitución General, toda vez que establece una facultad del Consejo Estatal que coincide con la atribuida al Consejo Nacional en la Ley General de Archivos, relativo al establecimiento de las bases para la creación y uso de sistemas automatizados para la gestión documental y administración de archivos, por lo que existe una invasión de competencias del Consejo Nacional.

12. Agrega que es inconstitucional aun y cuando el precepto que se impugna establezca que el Consejo Estatal emitirá los lineamientos “observando lo establecido en la Ley General”, pues el hecho de que se otorgue esta atribución al Consejo Estatal constituye una contravención a la Ley General.

13. Quinto concepto de invalidez. El Instituto accionante refiere que los artículos 50 y 56, de la Ley de Archivos y Administración de Documentos del Estado de México y Municipios, son contrarios al artículo 50 de la Ley General de Archivos, por lo que, se violentan los artículos 1, 6, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133, de la Constitución Federal, toda vez que el término “entes públicos” no tiene el mismo significado que “sujeto obligado” como lo establece la Ley General de Archivos.

14. En ese sentido, señala que los artículos 50 y 56 de la Ley local son limitantes en cuanto a la amplitud de sujetos, ya que impone la obligación en relación con los sujetos de la Ley General, es decir mientras todo ente público es un sujeto obligado, no todo sujeto obligado es un ente público.

15. Sexto concepto de invalidez. Sostiene que el artículo 65, de la Ley de Archivos y Administración de Documentos del Estado de México y Municipios, es contrario a los artículos 65 y 71 de la Ley General de Archivo, de manera que se violan los artículos 1, 6, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133, de la Constitución General, toda vez que por una parte, existe una falta de representación calificada de ciertos servidores públicos a través de sus titulares en el Sistema Nacional, mientras que en el local se trata de una representación de naturaleza simple. En otro tenor, se establece que el Consejo Estatal se integrará por: “XII. Una persona representante de los gobiernos municipales", mientras que la Ley General establece la participación de todos los municipios, delegando a las leyes locales los términos en que dicha participación se lleve a cabo; no obstante, la Ley local establece una participación que resulta confusa, puesto que pareciera que se está refiriendo a una persona que representará “al total de los gobiernos municipales”, cuando dicha representación debería ser a través de un representante por cada Municipio, o bien a través de un representante regional o grupal, en los términos que prevea la Ley.

16. De igual forma, advierte que la representación municipal, no es acorde con lo previsto en la Ley General, toda vez que establece en su artículo 71, tercer párrafo, que los Municipios participarán en los Consejos Locales, “en los términos de la legislación de cada entidad federativa”, por lo que, establece un principio de reserva de ley para que sea una norma de esta jerarquía la que establezca cómo participarán los Municipios; mientras que, en la Ley local, dicha cuestión es delegada y no en un diverso instrumento normativo, sino al Consejo Estatal.

17. Séptimo concepto de invalidez. El Instituto actor sostiene que los artículos 3, 30, 50 y 67, fracción VI, de la Ley de Archivos y Administración de Documentos del Estado de México y Municipios, son contrarios al artículo 30 de la Ley General de Archivos, ya que violentan los artículos 1, 6, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133, de la Constitución Federal, dado que la Ley local establece una serie de facultades en favor del Consejo Local, lo que resulta contrario a la Ley General de Archivos.

18. Señala que, el artículo 30 establece las funciones en materia de archivos de cada unidad administrativa de los sujetos obligados, las cuales deberán contar con un archivo de trámite, en su fracción V, refiere que corresponde trabajar de acuerdo con los criterios específicos y recomendaciones dictados por el área coordinadora de archivos y, en el artículo 30 impugnado, se incluye al “Consejo Estatal”; de igual forma, el artículo 3, le otorga la facultad de interpretación de la Ley de Archivos Estatal, al “Consejo Estatal”, dicha cuestión no es facultad del Consejo Estatal, porque en la Ley General, no existe dicho órgano.

19. El artículo 67, fracción VI, invade atribuciones del Archivo General del Estado en materia de catálogo de disposiciones documentales (CADIDO) y bajas documentales ya que es una facultad que le corresponde al Archivo General del Estado y no al Consejo Estatal.

20. Por último, refiere que acorde con el artículo 106, fracción V, de la Ley General, así como, del artículo 101, fracción V, de la Ley local, el Archivo General es el competente para llevar a cabo el registro y validación de Instrumentos de Control Archivístico de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo Estatal, no obstante, el diverso numeral 50, párrafo segundo, de la ley local, autoriza al Consejo Estatal de Archivos para la aprobación de las Fichas Técnicas de Valoración de la Serie Documental que conforman el Catálogo de Disposición Documental, lo que contraviene el diseño normativo y procedimental establecido por la Ley General.

21. Octavo concepto de invalidez. El Instituto aduce que los artículos 11, fracción XI, 25, 28, fracción XI, 33, fracción V, 40, fracción II, 41, 45, 48 y 49, de la Ley de Archivos y Administración de Documentos del Estado de México y Municipios, son contrarios a los artículos 46, 67, fracción V y 73, fracción IV, de la Ley General de Archivos, toda vez que el resguardo digital, recursos tecnológicos, formatos y documentos electrónicos, automatización, digitalización, tecnologías de la información, medios digitales, gestión documental, entre otras, se regulan de manera exclusiva mediante lineamientos, en los que se establecen las bases para la creación del sistema automatizado para la gestión documental y administración de archivos, así como de repositorios electrónicos, por lo que las temáticas previamente referidas, no pueden quedar sujetas a una Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios, y su Reglamento, como lo pretenden los artículos que se impugnan; es decir, la materia de archivos, no puede quedar sujeta a la legislación local.

22. Noveno concepto de invalidez. El Instituto actor estima que los artículos 4, fracción XLIII, 11, fracción IV, 72, 75, 76, 77, 78 y Noveno Transitorio, de la Ley de Archivos y Administración de Documentos del Estado de México y Municipios, son contrarios a los artículos 78, 79, 80 y 81, de la Ley General de Archivos y, por tanto, se violan los artículos 1, 6, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133, de la Constitución General, toda vez que si bien existe libertad de configuración legislativa en favor de las entidades federativas en diversos aspectos previstos por la Ley General de Archivos, lo cierto es que no existe tal libertad configurativa en materia del “Registro Estatal de Archivos”, puesto que del análisis de los artículos 78 al 81 de la LGA, se desprende que lo que pretende el legislador nacional es contar con una sola aplicación informática, alimentada por la información que habrán de registrar los sujetos obligados de los tres órdenes de gobierno en favor de una base registral única.

23. Décimo concepto de invalidez. Aduce que el artículo 81, de la Ley de Archivos y Administración de Documentos del Estado de México y Municipios, es contrario al artículo 84 de la Ley General de Archivos y viola los artículos 1, 6, 16, 73, fracciones XXV, XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133, de la Constitución General, puesto que se invade la esfera competencial del Archivo General de la Nación, ya que compete sólo al Congreso de la Unión legislar sobre monumentos históricos, cuya conservación sea de interés nacional, a través de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, así como las calidades de alienable, imprescriptibles, inembargables del patrimonio documental de la Nación.

24. Décimo primer concepto de invalidez. El Instituto alega que el artículo 83, de la Ley de Archivos y Administración de Documentos del Estado de México y Municipios, es contrario al artículo 87, por lo que viola los artículos 1, 6, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133, de la Constitución General, en la medida de que extiende la facultad de la coordinación de declaratorias de patrimonio documental respecto del Poder Legislativo y Judicial; es decir, la regulación se extiende a los poderes distintos del Ejecutivo Estatal, lo cual no se encuentra homologado con la Ley General de Archivos.

25. Décimo segundo concepto de invalidez. El Instituto accionante estima que los artículos 86 y 101, fracción XXII, de la Ley de Archivos y Administración de Documentos del Estado de México y Municipios, son contrarios al artículo 90, de la Ley General de Archivos y vulnera los artículos 1, 6, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133, de la Constitución General.

26. Lo anterior es así, dado que el artículo 86 de la Ley de Archivos local, prevé que será necesario contar con la autorización del Archivo General del Estado para la salida del país de los documentos de interés público y aquellos considerados como patrimonio documental del Estado, los cuales únicamente podrán salir para fines de difusión, intercambio científico, artístico, cultural o por motivo de restauración que no pueda realizarse en el país, así como por cooperación internacional en materia de investigación y docencia y, por otro lado, el artículo 101, fracción XXII, de la Ley local, faculta al Archivo General estatal para otorgar las autorizaciones para la salida del territorio estatal y del país de documentos considerados Patrimonio Documental del Estado de México.

27. Refiere que el artículo 90 de la LGA, establece que será necesario contar con la autorización del Archivo General de la Nación para la salida del país de los documentos de interés público y aquéllos considerados patrimonios documentales de la Nación. En ese sentido, al tratarse de documentos que constituyen patrimonio documental y de interés público, la autorización relativa para la salida del país debe quedar a cargo del Archivo General de la Nación y no en manos de autoridades locales de una entidad federativa.

28. Décimo tercer concepto de invalidez. El Instituto actor argumenta que los artículos 99 y 102 de la Ley de Archivos y Administración de Documentos del Estado de México y Municipios, son contrarios a la Ley General de Archivos, por lo que, se violan los artículos 1, 6, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133, de la Constitución Federal, toda vez que la naturaleza jurídica del Archivo General del Estado, debe ser un organismo descentralizado no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, además de que debe contar con autonomía técnica y de gestión, de ahí que se estime inconstitucional.

29. Por otro lado, la estructura orgánica y el funcionamiento del Archivo General del Estado no pueden ser determinados por un Reglamento Interior, que será expedido por el Ejecutivo del Estado, tal como lo establece el artículo 102 de la Ley de archivos local, debido a que los órganos internos que debieran componer el archivo, en armonía con lo previsto para el Archivo General de la Nación, particularmente, en el artículo 108 de la Ley General, tendrían que estar establecidos en la Ley local. Asimismo, la función y atribuciones que en lo general tendrían que cumplir dichos órganos internos establecidos en ley, deberían estar reguladas en un Estatuto Orgánico, expedido por el Órgano de Gobierno.

30. Décimo cuarto concepto de invalidez. El Instituto refiere que la Ley de Archivos y Administración de Documentos del Estado de México y Municipios, es contraria a la Ley General de Archivos, toda vez que la Ley local es omisa en establecer los recursos que integrarán el patrimonio del Archivo General del Estado, tal como lo prevé el artículo 115 de la Ley General de Archivos.

31. Refiere que es importante tomar en cuenta lo anterior, ya que dicho patrimonio atiende a la naturaleza que debería de asistir al Archivo General del Estado “organismo descentralizado no sectorizado” ya que dentro de dichos organismos está la de ser dotados de patrimonio, por lo cual se deberá incluir el tipo de aportaciones y fuentes de recursos que integran aquél.

32. Décimo quinto concepto de invalidez. Estima que el artículo 103, de la Ley local, prevé que una persona distinta al gobernador, como lo es el Secretario de Finanzas a propuesta del titular de la Subsecretaria de Administración, nombrará y removerá al Director General del Archivo General; de igual forma, se omite establecer el nivel jerárquico del titular del Archivo General. Por otro parte, se exige un requisito no contemplado en la Ley General para el Director del Archivo General Nacional, consistente en que el aspirante a Director General posea preferentemente el grado académico de licenciado en Archivonomía o Ciencias de la Información Documental, lo cual es contrario a lo previsto en la LGA, en su artículo 111, fracción II, que exige, entre otros, el requisito de que el grado académico sea en ciencias sociales o humanidades, con lo cual, la Ley local reduce el patrón de posibles candidaturas contendientes, rebasando con ello, las facultades configurativas expresas del Congreso local respecto de puntos en los que no cabe la posibilidad de exigencia normativa extra. 33. Por otro lado, estima que la Ley local omite los requisitos y porciones normativas que exige la Ley General de Archivos, es decir, no ser cónyuge, ni tener relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o civil con cualquiera de los miembros del Órgano de Gobierno, no haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, Senador, Diputado Federal o Local, dirigente de un partido o agrupación política, Gobernador de algún estado o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, durante el año previo al día de su nombramiento, todas estas condicionantes, homologadas al ámbito de competencia local, así como la prohibición de poder desempeñar algún otro empleo cargo o comisión; de ahí que se considera menester incluir los requisitos que se encuentren en armonía con los contenidos en la Ley General de Archivos.

34. Décimo sexto concepto de invalidez. El Instituto accionante argumenta que el artículo 109, de la Ley de Archivos y Administración de Documentos del Estado de México y Municipios, es contrario al artículo 121 de la Ley General de Archivos, al violar los artículos 1, 6, 16, 73, fracciones XXI, XXV, XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133, de la Constitución Federal, toda vez que la Ley de Archivos local omite prever delitos en materia de archivos, por lo que dicha falta de armonización y homologación, se traduce en una omisión que se estima inconstitucional.

35. Décimo séptimo concepto de invalidez. Refiere que los artículos Primero y Séptimo Transitorios de la Ley local, son contrarios a los artículos Primero, Cuarto y Décimo Transitorios de la Ley General de Archivos, por lo que vulneran los artículos 1, 6, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133, de la Constitución Federal, dado que el hecho de que se establezca en el artículo Primero Transitorio de la Ley local que entrará en vigor a los 365 días siguientes contados a partir de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, resulta a todas luces contrario a lo establecido en los artículos Primero y Cuarto Transitorio de la Ley General, pues dicha Ley entrará en vigor hasta finales de dos mil veintiuno, esto es, un año y medio después de la fecha máxima que se previó en la Ley General de Archivos para la armonización de las leyes de las entidades federativas en la materia.

36. Por último, aduce que el artículo Séptimo Transitorio de la Ley local impugnada establece que el Consejo local “comenzará a sesionar dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley”, esto es, le permite válidamente celebrar su primera sesión hasta mediados del año dos mil veintidós cuando, conforme a la Ley General de Archivos, los Consejos locales tendrían que estar sesionando, como máximo, a partir de diciembre de dos mil veinte, por lo que existe una demora de año y medio en tal función, de ahí la inconstitucionalidad de los Transitorios impugnados.

37. Radicación y admisión del escrito inicial de la acción de inconstitucionalidad.(1) Mediante proveído de cinco de enero de dos mil veintiuno, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 307/2020 y por razón de turno se designó al Ministro Alberto Pérez Dayán para que actuara como instructor en el procedimiento.

38. Por diverso auto de seis de enero de dos mil veintiuno,(2) el Ministro instructor admitió a trámite la acción relativa, ordenó dar vista a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de México para que rindieran sus respectivos informes.

39. De igual manera, se ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República con copias del escrito de demanda y sus anexos para que antes del cierre de instrucción, formulara el pedimento correspondiente, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal con la finalidad de que sólo si considerara que la materia del presente asunto trasciende a sus funciones constitucionales, manifestare lo que a su esfera de competencia conviniere.

40. Informes de las autoridades. El Poder Ejecutivo del Estado de México(3) y el Poder Legislativo del Estado,(4) rindieron sus respectivos informes, los cuales fueron admitidos por el Ministro instructor mediante acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, asimismo, tuvo por recibidas las respectivas pruebas y ordenó correr traslado al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal y a la Fiscalía General de la República, con copia simple de los informes de las autoridades con la finalidad de que éstos formularan los alegatos respectivos.

41. Alegatos. El Poder Ejecutivo formuló los alegatos que al efecto consideró pertinentes, los cuales fueron agregados al expediente mediante acuerdo del Ministro Instructor de fecha dieciséis de marzo de dos mil veintiuno.(5)

42. Cierre de Instrucción. Mediante proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno(6) se declaró cerrada la instrucción y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

43. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(7) 1 de su Ley Reglamentaria(8) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(9) toda vez que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales en lo general, solicitó la declaración de invalidez del Decreto número 214, por el que se expidió la Ley de Archivos y Administración de Documentos del Estado de México y Municipios, publicada en el Periódico Oficial del Estado de México el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, al considerarla violatoria de los derechos humanos consagrados en la Constitución General así como en los tratados internacionales de los cuales México es parte.

II. OPORTUNIDAD

44. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal establece que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales a partir del día siguiente a la fecha en que la Ley que se impugna sea publicada en el medio oficial correspondiente y en caso de que el último día fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

45. En esa virtud, en el presente caso se advierte que el Decreto 214 por el que se expidió la Ley de Archivos y Administración de Documentos del Estado de México y Municipios, fue publicado el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en el Periódico Oficial del Estado. Por lo que el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad transcurrió del viernes veintisiete de noviembre al sábado veintiséis de diciembre de dos mil veinte.

46. En ese sentido, toda vez que el escrito inicial relativo a la presente acción de inconstitucionalidad se presentó mediante el Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del uso de la Firma Electrónica Certificada (FIEL) el veintitrés de diciembre de dos mil veinte,(10) se concluye que ésta se promovió de manera oportuna.

III. LEGITIMACIÓN

47. La acción de inconstitucionalidad fue presentada por parte legítima.

48. El artículo 105, fracción II, inciso h),(11) de la Constitución Federal dispone que esta Suprema Corte conocerá de las acciones de inconstitucionalidad ejercitadas por el organismo garante que establece el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de leyes de carácter federal y local; legitimación que queda restringida a la impugnación de normas que violen el derecho a la información y la protección de datos personales.

49. Por su parte el artículo 6 de la Constitución Federal,(12) en relación con el organismo garante, establece que se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.

50. El artículo 21, fracción VI,(13) de la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública establece que el Instituto, previa aprobación del Pleno, tendrá, entre otras, la atribución de promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal y local, así como de tratados internacionales que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales.

51. En ese orden de ideas, es viable concluir que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se encuentra facultado para promover la presente acción de inconstitucionalidad, pues considera que diversas disposiciones de la Ley de Archivos y Administración de Documentos del Estado de México y Municipios, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México, el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, vulneran la protección de datos personales.

52. En la especie, tanto el artículo 41, fracción VI, de la Ley General de Transparencia, como el artículo 35, fracción XVIII, de su homóloga federal, establecen la atribución del INAI para promover las acciones de inconstitucionalidad, en términos del artículo 105 constitucional, cuando así lo aprueben la mayoría de sus Comisionados en el Pleno.(14)

53. La representación legal del INAI corresponde al Comisionado Presidente,(15) no obstante, dentro d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33367-77ef3155/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-direccion-general-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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