I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LEYES EN MATERIA DE ARCHIVOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE PRECEPTOS TRANSITORIOS IMPUGNADOS, DERIVADO DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO QUE ESTABLECÍAN (ARTÍCULOS TRANSITORIOS TERCERO Y CUARTO DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). V. LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL EN MATERIAS CONCURRENTES. SU VALIDEZ DEPENDE DE LO ESTABLECIDO TANTO EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL COMO EN LAS LEYES GENERALES (LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). VI. ARCHIVOS. LA LIBERTAD CONFIGURATIVA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA REGULAR SUS SISTEMAS LOCALES SE ENCUENTRA LIMITADA A QUE SEA EQUIVALENTE AL SISTEMA NACIONAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA Y FUNCIONAL PARA EL MISMO (LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). VII. ARCHIVOS. LA INCLUSIÓN DE LOS CONCEPTOS "ÁREAS OPERATIVAS" E "INVENTARIOS DOCUMENTALES" EN LA LEGISLACIÓN LOCAL, NO VIOLA LOS MANDATOS ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (ARTÍCULO 2, FRACCIONES X Y XXXII, DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). VIII. ARCHIVOS. ANÁLISIS DE LA INCLUSIÓN DEL CONCEPTO "DIRECCIÓN GENERAL" EN LA LEGISLACIÓN LOCAL (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). IX. ARCHIVOS. LA INCORPORACIÓN DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL PARA REGIR A LOS SUJETOS OBLIGADOS, NO VIOLA LOS MANDATOS ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). X. ARCHIVOS. LAS FACULTADES DEL ORGANISMO GARANTE LOCAL DE LA TRANSPARENCIA DE VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN LOCAL, ASÍ COMO DE INTEGRAR AUDITORÍAS ARCHIVÍSTICAS EN SU PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO NO REBASA LAS BASES Y PRINCIPIOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). XI. ARCHIVOS. ANÁLISIS DE ATRIBUIR LA RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DEL ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS DEL SUJETO OBLIGADO DEL QUE SE TRATE DE PRESERVAR ÍNTEGRAMENTE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO, TANTO FÍSICAMENTE COMO EN SU CONTENIDO (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). XII. ARCHIVOS. LA FALTA DE PREVISIÓN DE LA CONDICIÓN OBLIGATORIA PARA QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS, EN CASO DE EXTINCIÓN, FUSIÓN O CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN, NO PUEDAN MODIFICAR LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y CONSULTA ARCHIVÍSTICA, VIOLA LOS MANDATOS ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (FUNDADA LA OMISIÓN LEGISLATIVA DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS). XIII. ARCHIVOS. LA PREVISIÓN DE QUE EL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE CADA SUJETO OBLIGADO SE INTEGRARÁ POR REPRESENTANTES DE LAS ÁREAS QUE LO COMPONEN Y NO SUS TITULARES, VIOLA LOS MANDATOS ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO PRIMERO, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "CONTARÁ CON UN GRUPO INTERDISCIPLINARIO, EL CUAL" Y "UN REPRESENTANTE DE", DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). XIV. ARCHIVOS. LA PREVISIÓN DE QUE EL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE CADA SUJETO OBLIGADO DEBERÁ NOTIFICAR AL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO LA BAJA DOCUMENTAL, VIOLA LOS MANDATOS ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). XV. ARCHIVOS. INTEGRACIÓN, ATRIBUCIONES Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESTATAL QUE VIOLA LOS MANDATOS ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS DEL 54 AL 60 Y 100, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). XVI. ARCHIVOS. ANÁLISIS DE LA CREACIÓN DE COMISIONES DE CARÁCTER PERMANENTE O TEMPORAL DEL CONSEJO ESTATAL DE MANERA HONORÍFICA (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). XVII. ARCHIVOS. LA PREVISIÓN DE UN REGISTRO ESTATAL CON LAS FUNCIONES DE OBTENER Y CONCENTRAR INFORMACIÓN DUPLICA LAS FACULTADES DEL REGISTRO NACIONAL Y, POR TANTO, VIOLA LOS MANDATOS ESTABLECIDOS EN LA
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 53/2021 Y SU ACUMULADA 58/2021. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 11 DE MAYO DE 2023. PONENTE MINISTRO: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: JORGE JANNU LIZÁRRAGA DELGADO.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, solicitó la invalidez de los artículos 2, 6, 25, fracción IV, 26, 30, 32, 37, 51, 52, 54, 55, 59, 60, fracción I, 62, 63, 64, 69, 72, 73, 74, 79, 89, 90, 97, 98, 100, fracción II, Cuarto Transitorio, así como diversas omisiones legislativas; por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, solicitó la invalidez del artículo 99, fracción IV, relativo al requisito de “no haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso” para acceder al cargo de Director General; todos de la Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes, publicada en el Periódico Oficial de la Entidad, el uno de marzo de dos mil veintiuno.
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Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al once de mayo de dos mil veintitrés.
SENTENCIA
1. Presentación de las demandas. Las acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas el veintiséis(1) y treinta y uno(2) de marzo de dos mil veintiuno, respectivamente; la primera de ellas —escrito de la acción 53/2021— fue presentado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales por conducto de Gonzalo Sánchez de Tagle Pérez Salazar, en su carácter de Director General de Asuntos Jurídicos de dicho Instituto, a través del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras que el segundo escrito —atinente a la acción 58/2021— fue presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de María del Rosario Piedra Ibarra en su carácter de Presidenta de la CNDH, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2. El INAI solicitó la invalidez de diversos artículos de la Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes, publicada en el Periódico Oficial del Estado el uno de marzo de dos mil veintiuno, específicamente, los artículos 2, 6, 25, fracción IV, 26, 30, 32, 37, 51, 52, 54, 55, 59, 60, fracción I, 62, 63, 64, 69, 72, 73, 74, 79, 89, 90, 97, 98, 100, fracción II, Cuarto Transitorio, así como diversas omisiones legislativas; por su parte, la CNDH solicitó la invalidez del artículo 99, fracción IV, de la propia Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes.
3. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. El Instituto accionante estima violados los artículos 1, 6, Apartado A, 14, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, 109, 124 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. A su vez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señala que se infringen los artículos 1, 5 y 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, 2 y 24, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; los diversos 2, 25 y 26, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como los derechos humanos consagrados en los tratados internaciones de los que México es parte.
5. Síntesis de los conceptos de Invalidez referente a la acción de inconstitucionalidad 53/2021. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, destacó medularmente en el apartado relativo a los conceptos de invalidez, lo siguiente:
6. Primer concepto de invalidez. Refiere que el artículo 2, fracciones X, XVIII y XXXII, de la Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes, así como sus omisiones legislativas, resultan contrarios al artículo 4, fracciones VIII, XI, XVII, XIX, XXI, XXII, XXVI, XXX, XXXV, XXXIX, XLIII, XLIV, XLVI, XLVIII, de la Ley General de Archivos, así como a los artículos 1, 6, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T y 124, de la Constitución Federal, puesto que establecen definiciones distintas a la de Ley General de Archivos u omite establecer algunas otras.
7. La Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes no contempla la supletoriedad de la Ley General de Archivos en cuanto a las definiciones, por lo que tendrían que integrarse y/o adecuarse las definiciones contenidas u omitidas en el artículo 2 de la Ley Local, dado que su omisión o modificación se estima inconstitucional.
8. En ese sentido, el Instituto accionante sostiene que tendrían que integrarse y/o adecuarse las definiciones contenidas u omitidas en el referido artículo 2 impugnado, respecto de las previstas en el numeral 4 de la Ley General de Archivos, específicamente las expresiones contenidas en las siguientes fracciones, Archivos generales (fracción VII), Áreas operativas (fracción XI), Consejo Técnico (fracción XVII), Consulta de documentos (fracción XIX), Datos abiertos (fracción XXI), Director General (fracción XXII), Entes públicos (fracción XXVI), Expediente electrónico (fracción XXX), Grupo interdisciplinario (fracción XXXV), Inventarios documentales (fracción XXXIX), Órgano de Gobierno (fracción XLIII), Órgano de Vigilancia (fracción XLIV), Plazo de Conservación (fracción XLVI) y Registro Nacional (fracción XLVIII), se tendrían que homologar las definiciones tal como se encuentran en la Ley General de Archivos, en los términos, “Áreas operativas”, “Dirección General” por “Archivo General del Estado” e “Inventarios Documentales”.
9. Segundo concepto de invalidez. El Instituto accionante destaca que el artículo 6, de la Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes, es contrario al diverso 6 de la Ley General de Archivos, así como a los artículos 1, 6, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T y 124, de la Constitución Federal, dado que introduce el principio de “Transparencia”, el cual no corresponde a la “materia de archivos”, se estima que al prever un principio que es propio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en la legislación de archivos, podría generar confusión y presentarse eventualmente una contradicción entre lo señalado por una y otras legislaciones.
10. Tercer concepto de invalidez. Estima que el artículo 26 de la Ley de Archivos de Aguascalientes es contrario al diverso 12 de la Ley General de Archivos, así como a los artículos 1, 6, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX T y 124, de la Constitución Federal, toda vez que otorga atribuciones al organismo garante local que no corresponden a su naturaleza, es decir, se le atribuye la facultad de vigilar el cumplimiento de la Ley de archivos, no obstante, ello contraviene tanto la Ley General de Archivos como la naturaleza de este tipo de órganos.
11. En ese sentido, al otorgar atribuciones al (órgano garante local) OGL respecto de la responsabilidad de vigilar el estricto cumplimiento de la Ley de Archivos, se desnaturaliza al citado órgano, ya que el organismo regulador en la materia a nivel estatal lo es el Archivo General del Estado (Dirección General), siendo el particularmente responsable de esa vigilancia; además de que dicha función sí es propia del Consejo Estatal, como responsable también de vigilar el estricto cumplimiento de la Ley de Archivos.
12. Cuarto concepto de invalidez. El Instituto actor estima que el artículo 30 de la Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes, atribuye erróneamente una responsabilidad al titular del área coordinadora de archivos de cada sujeto obligado, por lo que difiere de lo establecido en el artículo 16 de la Ley General, violando con ello los artículos 1, 6, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133, de la Constitución Federal, lo anterior dado que la Ley General ordena que la responsabilidad de preservar la integridad de los documentos en cada sujeto obligado recae en la máxima autoridad de cada sujeto y no en el titular del área coordinadora de archivos, disposición que es congruente con la intención del Constituyente de dar importancia a la materia de archivos, que consiga protegerlos eficientemente con el objeto de hacer operables otros derechos, como el derecho de acceso a la información y la preservación de la memoria histórica de la Nación.
13. Quinto concepto de invalidez. El Instituto accionante refiere que la Ley Local impugnada es omisa en imponer la condición obligatoria a los sujetos obligados, para que en caso de extinción, fusión o cambio de adscripción, no puedan modificar los instrumentos de control y consulta archivística, tal y como lo ordena el artículo 18 de la Ley General, por lo que con dicha omisión se violan los artículos 1, 6, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T y 124, de la Constitución Federal, puesto que la ley impugnada no establece nada al respecto, de ahí que dicha omisión es violatoria de la Ley General de Archivos, pues fue voluntad del Poder Reformador de la Constitución el que los sujetos obligados se integren y administren sus archivos de forma similar; además de que es importante que las leyes locales sigan las normas mínimas de organización y administración de los archivos para todos los sujetos obligados, puesto que lo que se busca es que sea homogénea en todo el país.
14. Sexto concepto de invalidez. El Instituto accionante sostiene que el artículo 37 de la Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes, establece una conformación distinta del grupo interdisciplinario, diversa a la establecida en la Ley General de Archivos, violando con ello los artículos 1, 6, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133, de la Constitución Federal, toda vez que permite que el grupo interdisciplinario no se integre de la forma en que la Ley General lo señala, pues autoriza a que no sean los titulares de las diversas áreas sino que designen a un representante del área que puede ser diverso al titular, lo cual contraviene lo establecido en la Ley General de Archivos, que determina como obligación, integrar al grupo interdisciplinario como ella mandata, sin que dé la posibilidad de integrarlo de forma diversa. Aunado a lo anterior, el párrafo segundo del referido numeral 37 impugnado, que prevé que en caso de que el sujeto obligado no contara con la totalidad de la estructura anteriormente descrita, deberá justificar y garantizar la funcionalidad y objeto del grupo interdisciplinario, con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Archivos local, aspecto que no se prevé en la Ley General de Archivos, por lo que debe eliminarse el párrafo segundo del artículo 37 así como señalar que el grupo interdisciplinario se conforme por los titulares y no personas distintas que acudan en calidad de representantes.
15. Séptimo concepto de invalidez. El Instituto actor sostiene que el artículo 51 de la Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes, establece condiciones para las bajas documentales no previstas en la Ley General de Archivos lo que vulnera los artículos 1, 6, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T y 124, de la Constitución General, ello en virtud de que si bien la Ley General establece como facultad del grupo interdisciplinario, autorizar las bajas documentales, lo cierto es que no establece que se deba notificar por escrito con un mes de anticipación al Archivo General de las Entidades Federativas, por lo que al no estar prevista dicha disposición en la Ley General de Archivos, la excede y por ende resulta inconstitucional.
16. Octavo concepto de invalidez. El Instituto aduce que los artículos 54, fracciones I y II, 55, párrafo tercero, 59, 60 y 100, fracción II, de la Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes, son contrarios a los artículos 65, 66, 68 y 71, de la Ley General de Archivos puesto que establecen configuraciones diferentes respecto del Consejo Local, por lo que violan los numerales 1, 6, 16 y 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133, de la Constitución General de la República. La estructura organizacional del Consejo Estatal de Archivos, no se encuentra en armonía en cuanto a su integración, atribuciones y funcionamiento, con lo que establece la Ley General de Archivos, en la inteligencia de que el referido ordenamiento general, prevé que las leyes de las entidades federativas desarrollarán la integración, atribuciones y funcionamiento de los sistemas locales “equivalentes” a las que la Ley otorga al Sistema Nacional. De esta manera, el INAI, destaca que no existe equivalencia en cuanto a: 1. La Presidencia del Consejo Estatal; 2. Secretario Técnico; 3. Omisión de los restantes órganos constitucionales autónomos; 4. Omisión del titular de la Auditoría Superior del Estado así como del Consejo Técnico y Científico Archivístico; 5. Plazo para sesiones ordinarias; 6. Error en la referencia al Sistema Estatal de Archivos; 7. Omisión en la designación del Secretario Técnico del Consejo local y; 8. Atribuciones del Presidente local.
17. Noveno concepto de invalidez. El Instituto actor estima que los artículos 2, fracciones XLI, 25, 62, 63 y 64, de la Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes, son contrarios a los artículos 78, 79, 80 y 81, de la Ley General de Archivos, así como a los numerales 1, 6, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T y 124, de la Constitución Federal, al prever un Registro Estatal de Archivos lo cual implica duplicidad de funciones, además de que si bien existe configuración legislativa a favor de las entidades federativas en diversos aspectos previstos en la Ley General de Archivos, no obstante, no existe libertad de configuración legislativa en materia del Registro Estatal de Archivos.
18. Décimo concepto de invalidez. Aduce que el artículo 79 de la Ley de Archivos para el Estado de Aguascalientes, excede lo establecido en el diverso 38 de la Ley General de Archivos, por lo que viola los artículos 1, 6, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal, al contravenir el supuesto para permitir el acceso a un documento que no haya sido transferido a un archivo histórico, es decir, amplía el supuesto a una investigación relevante para el ámbito local, si bien es válida la facultad de permitir el acceso a la información de un documento con valores históricos que no haya sido transferido a un archivo histórico y que contenga datos personales, lo cierto es que rebasa el supuesto establecido en la Ley General de Archivos.
19. Decimoprimer concepto de invalidez. El Instituto alega que el artículo 69, último párrafo, de la Ley de Archivos, resulta contrario a lo establecido en la Ley General de Archivos en su artículo 27, así como los diversos 1, 6, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124, de la Constitución Federal, puesto que no establece que el Titular del área de coordinadora de archivos debe tener nivel de Director General, así como la delimitación de sus funciones, ya que se afecta el diseño institucional establecido en el marco constitucional y legal en materia de archivos conforme a la Ley General de Archivos.
20. Décimo segundo concepto de invalidez. El Instituto accionante estima que los artículos 72, 73 y 74, de la Ley de Archivos impugnada, resultan contrarios a los diversos 29, 30, 31 y 32, de la Ley General de Archivos, así como los artículos 6, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124, de la Constitución Federal, puesto que omite el perfil que deben tener los funcionarios que integran las áreas operativas del Archivo Estatal, como las relativas a correspondencia, tramites, concentración y archivos históricos, “los cuales deberán contar con los conocimientos, habilidades, competencias y experiencia acordes con su responsabilidad; de no ser así, los titulares del sujeto obligado tienen la obligación de establecer las condiciones que permitan la capacitación de los responsables para un buen funcionamiento de los archivos”.
21. Decimotercer concepto de invalidez. El Instituto actor argumenta que los artículos 84, 89 y 98, así como las omisiones relativas de la Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes, resultan contrarios a los diversos 71, 87, 88, 89 y 106, fracción XXI, de la Ley General de Archivos, así como los artículos 6, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T y 124, de la Constitución Federal, puesto que regula indebidamente el patrimonio cultural del Estado, en ese sentido, la Ley General de Archivos ordena que sea el Ejecutivo, a través del Archivo General, el que emita las declaratorias de patrimonio documental, mientras que la legislación local remite a la Ley de Protección y Fomento del Patrimonio Cultural del Estado de Aguascalientes, que establece que será el Ejecutivo por sí mismo, dejando de lado la intervención del Archivo General del Estado.
22. Por otro lado, el artículo 98 de la Ley de Archivos impugnada, establece la facultad de proponer al Ejecutivo local las declaratorias de patrimonio documental, en el entendido de que tal facultad no convalida dicho vicio, ya que la Ley General ordena que será el Archivo General el que tenga la última palabra para realizar las declaratorias y no así el Ejecutivo. Finalmente, el artículo 89 de la Ley local impugnada, establece erróneamente en favor del Consejo Estatal la facultad de autorizar y supervisar la restauración, por parte de los particulares que los posean, los documentos de archivos que constituyen patrimonio documental del Estado.
23. Decimocuarto concepto de invalidez. El Instituto refiere que los artículos 98, fracción XX y 90, de la Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes, resultan contrarios a los numerales 106, fracción XXII y 92, de la Ley General de Archivos, así como los diversos 1, 6, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T y 124, de la Constitución Federal, puesto que regulan indebidamente la materia de archivos privados en favor del Archivo General del Estado, toda vez que la atribución del AGE de realizar la declaratoria de interés público respecto de documentos o archivos privados, prevista en el artículo 98, fracción XX debió haber señalado: “Sin perjuicio de la misma facultad establecida en favor del Archivo General de la Nación, de conformidad con el artículo 106, fracción XXII, de la LEY GENERAL DE ARCHIVOS”.
24. Lo anterior dado que corresponde al Archivo General de la Nación, la atribución de declarar el interés público de los archivos privados, conforme a la Ley General y someterse a la autoridad del Archivo General de la Nación, ello por cuestión de jerarquía normativa.
25. Decimoquinto concepto de invalidez. El Instituto accionante argumenta que el artículo 97 de la Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes, así como las omisiones legislativas relativas vulneran los artículos 71, 104, 108, 109, 110, 113 y 114, de la Ley General de Archivos, así como los diversos 1, 6, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T y 124, de la Constitución Federal, puesto que omite reconocer que el Archivo General del Estado debe ser un organismo descentralizado no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que cuente con autonomía técnica y de gestión, con la finalidad de que la naturaleza jurídica, se encuentre armonizada y en congruencia con lo previsto por la Ley General de Archivos.
26. Por otra parte, la Ley local impugnada, omite prever un Consejo Técnico y Científico Archivístico, ya que únicamente prevé la Dirección General y a su Director, con sus facultades y requisitos, de ahí que el Archivo General del Estado no se encuentra integrado de forma equivalente al Archivo General de la Nación.
27. Decimosexto concepto de invalidez. Refiere que el artículo 99 de la Ley impugnada, varía los requisitos para ser electo titular del Archivo General del Estado así como la omisión asignarle el nivel jerárquico de Subsecretario, por lo que dicho artículo resulta violatorio de los diversos 71 y 111 de la Ley General de Archivos y los artículos 1, 6, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T y 124, de la Constitución Federal, dado que la Ley General de Archivos contempla en su numeral 111 los requisitos mínimos que debe cumplir la persona que ocupe el cargo de Director General del Archivo General de la Nación, no obstante, la Ley local exige que el Director cuente con una edad mínima, que no tenga parentesco con miembros del gobierno del Estado, que sea nombrado por sus méritos profesionales y/o académicos, el no haber sido Secretario, Fiscal, Diputado local, Dirigente de algún partido o Gobernador durante el año previo a su nombramiento. 28. De igual forma, la Ley impugnada es omisa en darle al titular del AGE el nivel jerárquico de Subsecretario, tal y como lo establece el artículo 71, párrafo segundo, de la Ley General de Archivos.
29. Decimoséptimo concepto de invalidez. El Instituto refiere que el artículo 52 de la Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes, es violatorio del artículo 37 de la Ley General de Archivos y 1, 6, 16, 73, fracción XXIX-S y XXIX-T y 124, de la Constitución Federal, en cuanto al plazo de conservación, toda vez que establece que se excede el plazo para la conservación temporal de los documentos, consistentes en dos años adicionales, ya que el plazo máximo es de 25 años, tal como lo establece la Ley General.
30. Décimo octavo concepto de invalidez Asimismo, la Ley impugnada omite regular las infracciones previstas en el artículo 116, es decir, no señala las faltas de forma individualizada sino genérica, también deja de identificar cuáles serán graves, lo que excede la Ley de la materia que prevé un sistema diferenciado de infracciones graves y no graves, además, deja inoperante el Sistema Anticorrupción, puesto que desde la Constitución se exige que las infracciones administrativas se encuentren calificadas en graves y no graves. A su vez, la Ley local no homologa, lo referente a que se considerará grave la falta que se cometa en contra de documentos que contengan información relacionada con graves violaciones a derechos humanos, puesto que resulta necesario que se sancionen las conductas previstas en las fracciones I, II, III, IV, y V del artículo 116 de la Ley General.
31. Decimonoveno concepto de invalidez. El Instituto accionante estima que la Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes, resulta contraria al artículo 121 de la Ley General de Archivos y con ello, los preceptos 1, 6, 16, 73, fracción XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133, de la Constitución Federal, toda vez que existe una ausencia en cuanto a las conductas delictivas de destrucción de documentos relacionados con violaciones graves a derechos humanos.
32. Vigésimo concepto de invalidez. El Instituto accionante estima que las disposiciones de vigencia transitoria de la Ley local exceden lo establecido en las diversas de la Ley General de Archivos, por lo que se violan los artículos 1, 6, 16, 73, fracción XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133, de la Constitución Federal, puesto que la Ley General de Archivos establece que la fecha máxima para las entidades federativas, para realizar las adecuaciones a sus leyes de archivos, era el catorce de junio de dos mil veinte, por lo que, de conformidad con la Ley General de Archivos, son seis meses a partir del quince junio, a efecto de que empezaran a sesionar los Consejos locales de archivos, es decir, a mediados de diciembre; en ese orden, la Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes así como el plazo que establece en su artículo Cuarto Transitorio se podría ver rebasada, en tanto que establece que el Consejo Estatal debe llevar a cabo su sesión de instalación, a más tardar, dentro de los sesenta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del Decreto impugnado.
33. Síntesis de los conceptos de Invalidez referente a la acción de inconstitucionalidad 58/2021. La Comisión Nacional promovente destacó medularmente en su único concepto de invalidez, lo siguiente:
34. La accionante sostiene que el artículo 99, fracción IV, de la Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes, transgrede los derechos de igualdad y no discriminación, así como la libertad de trabajo y el derecho de acceder a un cargo público, al exigir como requisito para ser Director General de Archivos el “no haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso”.
35. La norma impugnada impide de manera injustificada que las personas accedan al cargo público de Titular de la Dirección General de Archivos del Estado, cuando hayan sido condenados por la comisión de un “delito doloso”, aun cuando ya compurgaron la pena impuesta por el delito cometido, además de que dicho requisito es desproporcionado, porque excluye a todas las personas que hayan sido sancionadas por la comisión de un ilícito penal de carácter doloso aun cuando el delito no se relacione de manera alguna con las atribuciones a cargo del titular de la Dirección General del Archivo del Estado, por lo que la disposición normativa resulta sobreinclusiva.
36. Registro, turno de los expedientes, acumulación y acuerdo de admisión. Mediante acuerdo de cinco de abril de dos mil veintiuno, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con el número 53/2021, el cual por razón de turno correspondió al Ministro Alberto Pérez Dayán.(3)
37. Por acuerdo de ocho de abril del presente año,(4) el Ministro Presidente ordenó formar y registrar la acción de inconstitucionalidad 58/2021 presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el entendido de que al existir identidad respecto del decreto legislativo impugnado en la diversa 53/2021, se ordenó la acumulación de ésta a aquella.
38. Mediante diverso auto de diecinueve de abril de dos mil veintiuno,(5) el Ministro instructor admitió a trámite ambas acciones de inconstitucionalidad, ordenó dar vista a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Aguascalientes para que rindieran sus respectivos informes.
39. De igual manera, se ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República con copias del escrito de demanda y sus anexos para que antes del cierre de instrucción, formulara el pedimento correspondiente, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal con la finalidad de que, en el caso de considerar, que la materia del presente asunto trasciende a sus funciones constitucionales, manifestare lo que su esfera de competencia conviniere.
40. Informes de las autoridades. El Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes(6) y el Poder Ejecutivo del Estado,(7) rindieron sus respectivos informes, los cuales fueron admitidos por el Ministro instructor mediante acuerdos de veinte y veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, asimismo, tuvo por recibidas las respectivas pruebas y ordenó correr traslado al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, y la Fiscalía General de la República, con copia simple de los informes de las autoridades con la finalidad de que éstos formularan los alegatos respectivos. En los citados informes, tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo, del Estado de Aguascalientes, desvirtúan algunos de los conceptos de invalidez planteados por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
41. Alegatos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos formuló los alegatos que al efecto consideró pertinentes, los cuales fueron agregados al expediente mediante acuerdo del Ministro Instructor de fecha once de junio de dos mil veintiuno;(8) de igual forma, la legislatura del Estado de Aguascalientes formuló los alegatos que estimó pertinentes, los cuales fueron incorporados al expediente por parte del Ministro Instructor mediante acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintiuno.(9)
42. Cierre de Instrucción. Mediante proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno(10) se declaró cerrada la instrucción y se envió el expediente al Ministro Instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
43. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver las presentes acciones de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, incisos g) y h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(11) 1 de su Ley Reglamentaria(12) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(13) toda vez que tanto el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en lo general, solicitaron la declaración de invalidez de diversos numerales de la Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes, publicada en el Periódico Oficial de la entidad, el uno de marzo de dos mil veintiuno, al considerarla violatoria de los derechos humanos consagrados en la Constitución General así como en los tratados internacionales de los cuales México es parte.
II. OPORTUNIDAD
44. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal establece que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales a partir del día siguiente a la fecha en que la Ley que se impugna sea publicada en el medio oficial correspondiente y en caso de que el último día fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
45. En esa virtud, en el presente caso se advierte que el Decreto 478 por el que se expidió la Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes, fue publicado el uno de marzo de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial del Estado. Por lo que el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad transcurrió del martes dos al miércoles treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno.
46. En ese orden de ideas, primeramente, en cuanto al escrito inicial relativo a la acción de inconstituci
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33627-7a4bfc41/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-direccion-general-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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