I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LEYES EN MATERIA DE ARCHIVOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). IV. ARCHIVOS. FINALIDAD DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE FEBRERO DE 2014 A LOS ARTÍCULOS 6 Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE FACULTÓ AL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA EMITIR UNA LEY GENERAL EN LA MATERIA (LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE SINALOA). V. ARCHIVOS. FINALIDADES CONSTITUCIONALES DE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE SINALOA). VI. ARCHIVOS. LA LIBERTAD CONFIGURATIVA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA REGULAR SUS SISTEMAS LOCALES SE ENCUENTRA LIMITADA A QUE SEA EQUIVALENTE AL SISTEMA NACIONAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA Y FUNCIONAL PARA EL MISMO (LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE SINALOA). VII. ARCHIVOS. BASES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA PARA CUMPLIR SUS FINALIDADES CONSTITUCIONALES (LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE SINALOA). VIII. ARCHIVOS. OBLIGACIONES A CARGO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SUS SISTEMAS LOCALES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE SINALOA). IX. ARCHIVOS. LA PREVISIÓN LOCAL DE QUE EL CONSEJO ESTATAL NO ESTÉ CONFORMADO POR UNA PERSONA INTEGRANTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, NO VIOLA EL MANDATO DE EQUIVALENCIA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 71 DE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE SINALOA). X. ARCHIVOS. EL HECHO DE QUE LA REGULACIÓN LOCAL NO HAYA PREVISTO LA POSIBILIDAD DE QUE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS LOCALES, EN COORDINACIÓN CON EL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO, PUEDAN EMITIR DECLARATORIAS DE PATRIMONIO DOCUMENTAL EN LAS MATERIAS DE SU COMPETENCIA, NO SIGNIFICA QUE HAYA INCURRIDO EN UNA DEFICIENTE REGULACIÓN QUE TRASTOQUE EL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS (ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE SINALOA). XI. ARCHIVOS. EL HECHO DE QUE LA REGULACIÓN LOCAL HAYA PREVISTO UN ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA EL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO, EN LUGAR DE UN ÓRGANO DE VIGILANCIA, NO VIOLA EL MANDATO DE EQUIVALENCIA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 71 DE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (ARTÍCULOS 99, FRACCIÓN III, Y 104 DE LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE SINALOA). XII. ARCHIVOS. ANÁLISIS DE LA REGULACIÓN LOCAL QUE NO PREVIÓ LA NATURALEZA DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO COMO UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO NO SECTORIZADO (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE SINALOA). XIII. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SE DEBE PERSEGUIR UNA IGUALDAD JURÍDICA, TRADUCIDA EN LA SEGURIDAD DE NO TENER QUE SOPORTAR UN PERJUICIO O PRIVARSE DE UN BENEFICIO DE FORMA DESIGUAL E INJUSTIFICADA (ARTÍCULO 102, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE SINALOA). XIV. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ESCRUTINIO ORDINARIO QUE REVELA UNA DISTINCIÓN ENTRE LAS PERSONAS QUE NO HAYAN SIDO CONDENADAS POR LA COMISIÓN DE ALGÚN DELITO DOLOSO Y AQUELLAS QUE SÍ, EN RELACIÓN CON LA POSIBILIDAD DE OCUPAR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO (ARTÍCULO 102, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE SINALOA). XV. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE SER UNA PERSONA NO CONDENADA POR LA COMISIÓN DE ALGÚN DELITO DOLOSO PARA OCUPAR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 102, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE SINALOA). XVI. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE SER UNA PERSONA NO CONDENADA POR LA COMISIÓN DE ALGÚN DELITO DOLOSO PARA OCUPAR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO ES SOBREINCLUSIVO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 102, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE SINALOA). XVII. ARCHIVOS. ANÁLISIS DE LA REGULACIÓN LOCAL QUE PREVIÓ LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 3, PÁRRAFO SEGUNDO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 39/2022 Y SU ACUMULADA 41/2022. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 30 DE ABRIL DE 2024. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al treinta de abril de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 39/2022 y su acumulada 41/2022, promovidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra el Decreto número 516 por el que se expide la Ley de Archivos para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad, el cuatro de febrero de dos mil veintidós.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. PRIMERO. Presentación de las acciones de inconstitucionalidad.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en adelante INAI), presentó a través del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación su demanda;(1) mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante CNDH), presentó también su escrito en el buzón judicial de este Alto Tribunal;(2) ambos promovieron acciones de inconstitucionalidad en contra de diversos artículos de la Ley de Archivos para el Estado de Sinaloa, expedida mediante Decreto 516 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de Sinaloa el cuatro de febrero de dos mil veintidós.
2. SEGUNDO. Artículos constitucionales impugnados. El INAI señaló en su demanda como preceptos violados los artículos 1, 6, apartado A; 16; 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T; 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Por su parte, la CNDH en su demanda señaló vulnerados los artículos 1, 5, 14, 16 y 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. TERCERO. Conceptos de invalidez en las acciones de inconstitucionalidad 39/2022 y 41/2022. El INAI y la CNDH, respectivamente, expusieron diversos conceptos de invalidez que se sintetizarán y analizarán en el apartado de estudio del fondo del asunto.
5. CUARTO. Admisión y trámite. Mediante proveídos de cuatro y diez de marzo de dos mil veintidós, respectivamente, el entonces Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(3) ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 39/2022 y su acumulada 41/2022, y por razón de turno designó a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández como instructora en el procedimiento.
6. Posteriormente, por diverso auto de quince de marzo del mismo año, la Ministra instructora admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad, ordenó dar vista y requirió a los Poderes Legislativo y Ejecutivo ambos del Estado de Sinaloa, para que rindieran los informes respectivos y enviaran copias certificadas de los antecedentes legislativos del decreto impugnado, así como del Periódico Oficial del Estado, y por último, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
7. QUINTO. Informes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Sinaloa. Por un lado, el informe del Poder Legislativo fue presentado por el Diputado Presidente del Congreso del Estado de Sinaloa y enviado el veintiuno de abril de dos mil veintidós, a través del Portal Electrónico de esta Suprema Corte de Justica de la Nación;(4) por otro lado, el informe del Poder Ejecutivo fue presentado por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, recibido ante este Alto Tribunal el nueve de mayo de ese mismo año.
8. SEXTO. Recepción de los informes y vista para formular alegatos. Mediante acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veintidós la Ministra instructora tuvo por presentados los informes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Sinaloa y dejó los autos a la vista de las partes para que formularan alegatos.
9. SÉPTIMO. Alegatos. El veintiséis de mayo de dos mil veintidós el Delegado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó su escrito de alegatos ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por su parte, el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno, como representante legal del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa presentó alegatos también ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el seis de junio de dos mil veintidós.
10. OCTAVO. Cierre de instrucción. Mediante acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintidós la Ministra instructora determinó que había transcurrido el plazo de cinco días hábiles concedido a las partes para formular alegatos y cerró la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
11. En el mismo acuerdo se tuvo al delegado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentando su escrito por el que formula alegatos; y por auto de diecisiete de junio del mismo año, se acordó agregar el escrito del titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno.
12. NOVENO. Returnos. Por acuerdo de dos de enero de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal, ordenó turnar el asunto al entonces Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, para que continuara con el trámite respectivo.
13. Por último, en proveído de uno de diciembre del mismo año, la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal, determinó returnar el asunto al Ministro Alberto Pérez Dayán, para que actuara como instructor en el presente asunto.
I. COMPETENCIA
14. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver las presentes acciones de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, incisos g) y h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) 1 de su Ley Reglamentaria y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(6) toda vez que tanto el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en lo general, solicitaron la declaración de invalidez de diversos numerales de la Ley de Archivos para el Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial de la entidad, el cuatro de febrero de dos mil veintidós, al considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los cuales México es parte.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
15. De las demandas promovidas este Tribunal Pleno advierte que la materia del presente asunto se circunscribe a verificar la regularidad constitucional de los artículos 3, párrafo segundo, en su porción normativa "la Ley General de Responsabilidades Administrativas", 63, 78, 95, 99, fracción III, 102, fracción III y 104, de la Ley de Archivos para el Estado de Sinaloa, publicada en cuatro de febrero de dos mil veintidós en el Periódico Oficial de la misma entidad.
III. OPORTUNIDAD
16. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General,(7) el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.
17. En el caso, el Decreto 516 por el que se expidió la Ley de Archivos para el Estado de Sinaloa fue publicado el viernes cuatro de febrero de dos mil veintidós, en el Periódico Oficial del Estado, por lo que el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad transcurrió del sábado cinco de febrero al domingo seis de marzo de dos mil veintidós; sin embargo, al ser inhábil el último día del cómputo, la acción de inconstitucionalidad puede presentarse el día hábil siguiente, es decir, el lunes siete de marzo de dos mil veintidós.
18. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales presentó su escrito el jueves tres de marzo de dos mil veintidós, a través del Sistema Electrónico de este Alto Tribunal mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada (FIREL);(8) por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo presentó el lunes siete del mismo mes y año en el Buzón Judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.(9) Por tanto, ambas acciones de inconstitucionalidad son oportunas.
IV. LEGITIMACIÓN
19. Las acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas por parte legitimada, como se expondrá a continuación.
20. El INAI. En términos del artículo 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Federal, el organismo garante previsto en el artículo 6 constitucional tiene legitimación para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal y local, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que considere contrarias al derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales.(10)
21. En ese sentido, el Instituto cuenta con legitimación para promover la presente acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Archivos para el Estado de Sinaloa, pues, de su escrito inicial se advierte que dicho organismo garante expone argumentos para evidenciar que las disposiciones impugnadas repercuten en las bases y principios para la protección, promoción, respeto y garantía del derecho de acceso a la información y de la protección de datos personales, y en específico, sostiene que para hacerlos efectivos es necesaria la existencia de archivos organizados, actualizados y confiables.
22. Adicionalmente, de conformidad con el artículo 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria,(11) aplicable a las acciones de inconstitucionalidad por virtud del diverso 59 del mismo ordenamiento, prevé que las partes deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
23. En el caso, la demanda fue presentada por Gonzalo Sánchez de Tagle Pérez Salazar, en su carácter de Director General de Asuntos Jurídicos del INAI, quien cuenta con la aludida legitimación para presentarla. Lo anterior, en términos del acuerdo ACT-PUB/02/03/2022.07 emitido por el Pleno del Instituto,(12) a través del cual aprobó por unanimidad de votos la promoción de esta acción de inconstitucionalidad. En dicho acuerdo se instruyó al referido funcionario para elaborar y presentar la demanda correspondiente en contra de los artículos 63, 78, 95, 99, 102, fracción III y 104, de la Ley de Archivos para el Estado de Sinaloa.(13)
24. Esta facultad se encuentra prevista en los artículos 12, fracción IV, y 32, fracciones I y II, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,(14) que establecen que le compete a la Dirección General de Asuntos Jurídicos representar legalmente al INAI ante asuntos jurisdiccionales, debiendo realizar los escritos de demanda o contestación, en las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad.
25. Con base en lo anterior, el Director General de Asuntos Jurídicos del INAI, cuenta con legitimación en el proceso para promover en representación de dicho organismo garante la presente acción de inconstitucionalidad.
26. En consecuencia, la acción de inconstitucionalidad 39/2022 fue promovida por un órgano legitimado constitucionalmente y presentada por quien cuenta con facultades para ello.
27. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal y el diverso 11 de la Ley Reglamentaria, prevén que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está facultada para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal y de la Ciudad de México que se consideren violatorias de derechos humanos, actuando a través de su legítimo representante.
28. En el caso, el escrito fue suscrito por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acreditó con copia certificada de su designación, expedida por el Senado de la República para un periodo de cinco años que concluirá el quince de noviembre de dos mil veinticuatro.(15)
29. Dicha funcionaria ostenta la representación de la Comisión y cuenta con la facultad expresa para promover acciones de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 15, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 18 de su Reglamento Interno.(16)
30. Ahora bien, del escrito se advierte que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó específicamente los artículos 3, párrafo segundo y 102, fracción III, de la Ley de Archivos para el Estado de Sinaloa, al considerar que vulnera los derechos de igualdad y prohibición de discriminación, acceso a un cargo en el servicio público, derecho a la seguridad jurídica y a la libertad de trabajo, reconocidos en los artículos 1, 5, 14, 16 y 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 9, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 2, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
31. Consecuentemente, se considera que la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con legitimación para promover la presente acción de inconstitucionalidad en representación de la comisión.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
32. En el presente asunto no se hicieron valer causas de improcedencia o motivos de sobreseimiento, ni este Alto Tribunal advierte de oficio la actualización de alguna, por lo que se procede al análisis de los conceptos de invalidez planteados.(17)
VI. PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL
33. Previo a emprender el estudio de fondo es conveniente precisar el parámetro de regularidad constitucional del que se partirá para dilucidar la problemática planteada por los accionantes en sus conceptos de invalidez.
34. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado sobre el parámetro de regularidad en materia de archivos, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 101/2019,(18) 141/2019,(19) 122/2020(20) y 132/2019,(21) consideraciones que, a su vez, se retomaron al resolver las diversas acciones de inconstitucionalidad 140/2019,(22) 276/2020,(23) 231/2020,(24) 93/2021,(25) 232/2020(26) y 219/2020;(27) y que también se desarrollan en este apartado.
35. En estos asuntos se tomó como punto de partida la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero del dos mil catorce. Esta reforma buscó establecer las bases y los principios para unificar o armonizar la materia de archivos a nivel nacional, razón por la que se facultó al Congreso de la Unión para expedir una ley general que estandarizara las formas de administración, asegurara procedimientos para la adecuada atención y protección de los archivos, y creara el Sistema Nacional de Archivos, a través de un esquema de colaboración y coordinación.(28)
36. Como resultado de la reforma se adicionó la fracción XXIX-T al artículo 73 de la Constitución Federal, cuyo texto vigente establece:
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
(...)
XXIX-T. Para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.
37. En cumplimiento a ese mandato, el Congreso de la Unión expidió la Ley General de Archivos el quince de junio de dos mil dieciocho, la cual, conforme con su artículo Primero Transitorio,(29) entró en vigor el quince de junio de dos mil diecinueve, fecha en que empezó a correr el plazo de un año para que las entidades federativas armonizaran sus ordenamientos con lo dispuesto en dicha ley, tal y como lo prevé el Cuarto Transitorio.(30)
38. Al analizar esta reforma constitucional, el Tribunal Pleno estableció que la facultad otorgada al Congreso de la Unión no federalizó la materia de archivos, lo que incluso puede desprenderse del propio procedimiento legislativo de la Ley General de Archivos, pues en su iniciativa se expresó que, en cumplimiento a lo ordenado por la Constitución Federal, aquélla debería normar la organización y administración homogénea de los archivos en el ámbito federal, local y municipal, con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas y a la autonomía de los municipios.
39. De esa manera, toda vez que el Poder Reformador de la Constitución estableció un sistema de facultades concurrentes en materia de archivos, se determinó que las entidades federativas mantendrían libertad configurativa para regular dentro del ámbito de su competencia, la materia de archivos; sin embargo, en ese ejercicio deben observar lo dispuesto por el legislador federal.
40. Se recordó que las denominadas facultades concurrentes establecidas por el Constituyente en determinados preceptos y reconocidas por la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, son ejercidas simultáneamente por la Federación y los Estados y, eventualmente, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, como consecuencia de la unidad, fines o concordancia de propósitos que supone el régimen federal. De modo que, en esos casos, si bien los órdenes de gobierno parciales están facultados para actuar respecto de una misma materia, corresponde al Congreso de la Unión determinar la forma y los términos de la participación, a través de la emisión de lo que se denominan leyes generales.(31)
41. Se explicó que, conforme a la interpretación de este Alto Tribunal en torno al artículo 133 de la Constitución Federal, las leyes generales son aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales del Estado Mexicano, al ser respecto de las cuales el Constituyente renunció expresamente a su potestad distribuidora entre los distintos órdenes de gobierno.(32)
42. Derivado de lo anterior, se reiteró que la inconstitucionalidad de una ley puede depender no sólo de la contravención a lo dispuesto en la Constitución Federal, sino también de leyes que, si bien tienen un rango inferior a ella, por disposición constitucional deben ser utilizadas como parámetro de validez respecto de leyes de la misma jerarquía, cuya contravención provoca la inconstitucionalidad de éstas.(33)
43. En ese sentido, al ser el Poder Reformador el que delegó al Congreso de la Unión la facultad para expedir la Ley General de Archivos, la cual establece la organización y la administración homogénea de los archivos en los distintos órdenes de gobierno, es claro, que se puede utilizar como norma de contraste para determinar la regularidad constitucional de las leyes locales en materia de archivos.
44. Por ello, se estableció que es posible que las normas impugnadas de las distintas leyes de archivos locales sean contrastadas con lo dispuesto en la Ley General de Archivos, para determinar su regularidad constitucional, al constituir ésta, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el parámetro de validez en materia de archivos.
45. Ahora bien, los alcances de la Ley General de Archivos como parámetro de regularidad constitucional toman en cuenta lo previsto en el artículo 73, fracción XXIX-T de la Constitución Federal, el cual brinda a dicha ley general dos objetivos: establecer la organización y administración homogénea de los archivos para todos los órdenes de gobierno y define las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.
46. Así, este Tribunal Pleno ha sostenido que, por un lado, la Ley General de Archivos puede contener normas que se refieran a la organización y administración de archivos que sean homogéneas para todo el país y, por lo tanto, que las leyes de archivos locales no pueden contener disposiciones que alteren esa homogeneidad y, por otro lado, que las entidades federativas mantienen libertad configurativa para determinar la forma de organización y funcionamiento de sus sistemas locales, para lo cual deberán respetar las bases, que en su caso, defina la propia Ley General de Archivos.
47. Al respecto, se estableció que en la conformación de dicho parámetro es de suma importancia atender lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley General de Archivos, pues contiene las previsiones específicas para la regulación de los Sistemas Locales de Archivos; dicho precepto establece:
Artículo 71. Las leyes de las entidades federativas regularán los Sistemas locales, los cuales contarán con un Consejo Local, como órgano de coordinación.
Asimismo, se deberá prever la creación de un archivo general como la entidad especializada en materia de archivos. Su titular deberá tener nivel de subsecretario, titular de unidad administrativa o su equivalente.
En los Consejos Locales participarán los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, según corresponda, en los términos de la legislación de cada entidad federativa.
El cumplimiento de las atribuciones de los Consejos Locales estará a cargo de los archivos generales o las entidades especializadas en materia de archivos a nivel local, según corresponda.
Las leyes de las entidades federativas desarrollarán la integración, atribuciones y funcionamiento de los Sistemas locales equivalentes a las que esta Ley otorga al Sistema Nacional.
48. A partir de su contenido se estableció que las entidades federativas contarán con sus propios sistemas locales de archivos, distintos al sistema nacional, los cuales estarán regulados en las leyes locales y deben observar las siguientes bases de organización y funcionamiento:
a) Regular el Sistema Local en sus leyes.
b) Establecer un Consejo Local como órgano de coordinación del sistema.
c) Contar con un Archivo General como entidad especializada en materia de archivos, cuyo titular debe tener el nivel de subsecretario, titular de unidad administrativa o su equivalente.
d) Establecer los términos para la participación de los municipios o alcaldías en los Consejos Locales.
e) Prever que el cumplimiento de las atribuciones de los Consejos Locales estará a cargo del Archivo General o de la entidad especializada en materia de archivos correspondiente; y,
f) Desarrollar las atribuciones y el funcionamiento de los sistemas locales de manera equivalente a las que prevé la Ley General de Archivos para el Sistema Nacional.
49. Con base en esas premisas, se determinó que en ejercicio de su libertad configurativa las entidades federativas deben cumplir lo dispuesto en el artículo 71 transcrito y, particularmente, que la integración, la atribución y el funcionamiento de sus Sistemas Locales de Archivos deben ser equivalentes a las que la Ley General de Archivos establece para el Sistema Nacional.
50. Esto es, ni la Constitución Federal ni la Ley General de Archivos, impusieron a las entidades federativas para que legislaran los sistemas locales en términos idénticos o como una réplica del sistema nacional; pero sí, que respecto de su integración, atribuciones y funcionamiento, se regulara de forma equivalente.
51. En cuanto al significado de la equivalencia exigida por la Ley General de Archivos, el Tribunal Pleno sostuvo que el criterio más respetuoso del marco competencial en la materia es uno funcional, es decir, se considera que el diseño a nivel local es equivalente al federal, siempre que las diferencias del primero no sean tales que entorpezcan, dificulten o imposibiliten el funcionamiento del sistema nacional ni su debida coordinación con los sistemas locales, a fin de lograr una administración homogénea de los archivos en los distintos órdenes de gobierno. Tal como se estableció en las acciones de inconstitucionalidad 101/2019 y 132/2019 antes detalladas.
52. Por tanto, la equivalencia mandatada, a la luz de la competencia concurrente de las entidades federativas, no puede ni debe ser entendida como una obligación de replicar o reiterar lo previsto en la ley marco, pues, se reiteró que la materia de archivos no quedó federalizada.
53. De lo hasta aquí expuesto y siguiendo los precedentes mencionados, debe analizarse en cada caso concreto si las diferencias que existan entre las normas locales impugnadas, en este caso, la del Estado de Sinaloa y la Ley General de Archivos, son tales que, más allá de buscar adecuaciones a las especificidades locales, trascienden negativamente al funcionamiento del sistema.
54. Con base en el parámetro delineado, a continuación, se analizarán los conceptos de invalidez propuestos por los accionantes en un orden diverso al que fueron expuestos. Para dar mayor claridad a su estudio, el análisis de fondo se divide de la siguiente manera:
Ver división de temas
VII. ESTUDIO DE FONDO
Tema 1. Integración del Consejo Estatal de Archivos.
55. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en su primer concepto de invalidez, controvierte el artículo 63 de la Ley de Archivos para el Estado de Sinaloa que regula la conformación del Consejo Estatal de Archivos.
56. Señala que es contrario a los diversos 65, fracción VIII y 71 de la Ley General de Archivos y, en consecuencia, de los preceptos 1, 6, 16, 73, fracción XXIX-S y XXIX-T y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer una integración diversa del Consejo Estatal de Archivos a la que prevé la Ley General de Archivos. Aduce, que la ley local excluye al representante de la instancia homóloga a nivel estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, esto es, al Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica, por lo que se contraviene el artículo 65, fracción VIII, de la Ley General de Archivos.
57. Lo anterior, exclusivamente, en cuanto a que el legislador local debió incluir como integrante del Consejo a un representante del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica, como el equivalente a nivel local del integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, previsto en el artículo 65, fracción VIII,(34) de la Ley General de Archivos. De ahí, que no se cumple con el mandato de equivalencia que establece el artículo 71 de la ley general.
58. Para dar contestación al planteamiento anterior se transcribe la norma impugnada:
Artículo 63. El Consejo Estatal es el órgano de coordinación del Sistema Estatal, que estará integrado por:
I. El titular del Archivo General del Estado, quien lo presidirá;
II. El titular de la Secretaría General de Gobierno;
III. El titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas;
IV. Un Diputado representante del Congreso del Estado;
V. Un Magistrado representante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado;
VI. Un Comisionado de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública;
VII. El titular de la Auditoría Superior del Estado;
VIII. Los Presidentes Municipales;
IX. Un representante de los archivos privados en el Estado;
X. Un representante del Consejo Técnico y Científico Archivístico;
XI. Un representante de los archivos generales de las Universidades Públicas, que no integre el Consejo Técnico y Científico Archivístico;
XII. Un representante de las asociaciones de archivistas u organizaciones de la sociedad civil promotoras de la preservación del patrimonio documental, que no integren el Consejo Técnico y Científico Archivístico; y
XIII. El titular del Instituto Sinaloense de Cultura, el cual será invitado permanente y tendrá voz, pero no voto.
La designación de los representantes a que se refieren las fracciones IX, XI y XII se realizará por el Consejo Estatal, mediante convocatoria pública que para tal efecto emita, en las que se establezcan las bases para seleccionar a los representantes respectivos, estableciendo como mínimo los requisitos siguientes: que formen parte de una asociación civil legalmente constituida con al menos cinco años previos a la convocatoria, cuyo objeto social sea relacionado con la conservación de archivos; y que formen parte de alguna universidad pública, y que tenga a su cargo la conservación de los archivos, con una experiencia mínima de tres años.
El Presidente o a propuesta de alguno de los integrantes del Consejo Estatal, podrá invitar a las sesiones de éste a las personas que considere pertinentes, según la naturaleza de los asuntos a tratar, quienes intervendrán con voz, pero sin voto.
Serán invitados permanentes del Consejo Estatal con voz, pero sin voto, los titulares de los Órganos Constitucionalmente Autónomos, distintos al referido en la fracción VI del presente artículo, quienes designarán un representante.
Los consejeros, en sus ausencias, podrán nombrar un suplente, el cual deberá tener, en su caso, la jerarquía inmediata inferior a la del consejero titular.
Los miembros del Consejo Estatal no recibirán remuneración alguna por su participación.
59. Como se desprende de lo anterior, es cierto que el precepto transcrito no prevé al integrante que refiere el accionante; sin embargo, no es dable imputar al legislador local alguna omisión o deficiente regulación al respecto, dado que no asiste la razón al actor cuando aduce que el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Sinaloa debe considerarse
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33628-a4151906/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-direccion-general-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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