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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI) PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LEYES EN MATERIA DE ARCHIVOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI) PUEDE PRESENTARLA EN REPRESENTACIÓN DE ESTE ENTE LEGITIMADO. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI BIEN ES IMPROCEDENTE CONTRA UNA OMISIÓN ABSOLUTA EN LA EXPEDICIÓN DE UNA LEY, NO LO ES CUANDO SEA RESULTADO DE UNA DEFICIENTE REGULACIÓN DE LAS NORMAS RESPECTIVAS. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE PARA ANALIZAR VIOLACIONES A LO ESTABLECIDO EN UNA LEY GENERAL. V. FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES. VI. LEYES GENERALES. TIENEN POR OBJETO DISTRIBUIR LAS COMPETENCIAS ENTRE LA FEDERACIÓN Y LOS ESTADOS, OTORGANDO LAS BASES PARA EL DESARROLLO DE LAS LEYES LOCALES CORRELATIVAS. VII. LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL EN MATERIAS CONCURRENTES. SU VALIDEZ DEPENDE DE LO ESTABLECIDO TANTO EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL COMO EN LAS LEYES GENERALES. VIII. ARCHIVOS. FINALIDAD DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE FEBRERO DE 2014, A LOS ARTÍCULOS 6o. Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE FACULTÓ AL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA EMITIR UNA LEY GENERAL EN LA MATERIA. IX. ARCHIVOS. DADA LA CONCURRENCIA LEGISLATIVA EN DICHA MATERIA, LOS CONGRESOS LOCALES CARECEN DE COMPETENCIA PARA LEGISLAR EN SUS ASPECTOS PRIMARIOS, PERO QUEDAN FACULTADOS PARA ARMONIZAR Y ADECUAR SUS LEGISLACIONES CONFORME A LA LEY GENERAL RELATIVA (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE FEBRERO DE 2014). X. ARCHIVOS. LA LEY GENERAL DE LA MATERIA CONSTITUYE EL PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL DE LAS NORMAS LOCALES QUE REGULAN UN ASPECTO PREVISTO EN AQUÉLLA. XI. ARCHIVOS. EL HECHO DE QUE LA LEY GENERAL DISPONGA LAS BASES Y LOS PRINCIPIOS EN LA MATERIA, NO IMPLICA QUE LAS LEGISLATURAS LOCALES DEBAN UTILIZAR LOS MISMOS CONCEPTOS O DEFINICIONES QUE ESTA ÚLTIMA ESTABLECE. XII. ARCHIVOS. ENTRE LAS LEYES LOCALES Y LA LEY GENERAL EN LA MATERIA NO EXISTE UN DEBER DE IDENTIDAD CONCEPTUAL, PERO LAS ACEPCIONES ADOPTADAS EN LA LEGISLACIÓN LOCAL NO DEBEN IMPACTAR SIGNIFICATIVAMENTE A LA REALIZACIÓN DE LOS VALORES Y AL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES QUE SE PROPONE ESTE ÚLTIMO ORDENAMIENTO. XIII. ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE HIDALGO. LAS DEFINICIONES PREVISTAS EN LA LEY RELATIVA DE "ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN", "ARCHIVO DE TRÁMITE" Y "ARCHIVO HISTÓRICO", COMO ÁREAS Y NO COMO UN CONJUNTO DE DOCUMENTOS, TAL COMO SE INDICA EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA, NO VIOLAN EL DEBER DE HOMOLOGACIÓN (ARTÍCULO 4, FRACCIONES II, III Y VI, DE LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE HIDALGO). XIV. ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE HIDALGO. LA DEFINICIÓN DE "CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS", PREVISTA EN LA LEY RELATIVA, LA CUAL OMITE INCLUIR LA PRESERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DIGITALES A LARGO PLAZO, TAL COMO SÍ LO HACE LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS, TRASTOCA LA HOMOLOGACIÓN DE LOS PROCESOS ARCHIVÍSTICOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 4, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE HIDALGO). XV. ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE HIDALGO. LAS DEFINICIONES DE "FONDO", "GRUPO DISCIPLINARIO", "INSTRUMENTOS DE CONSULTA", "ORGANIZACIÓN", "PATRIMONIO DOCUMENTAL", "PROCEDENCIA", "SERIE" Y "SOPORTES DOCUMENTALES", PREVISTAS EN LA LEY RELATIVA, SON EQUIVALENTES A LAS QUE CORRESPONDEN AL MISMO VOCABLO EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (ARTÍCULO 4, FRACCIONES XXIX, XXXI, XXXV, XL, XLII, XLVI, L Y LIV, DE LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE HIDALGO). XVI. ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE HIDALGO. LA DEFINICIÓN DE "TRAZABILIDAD" PREVISTA EN LA LEY RELATIVA, COMO LA CAPACIDAD PARA SEGUIR LA HISTORIA, EL TRÁNSITO Y LA LOCALIZACIÓN DE UN DOCUMENTO, SIN ESPECIFICAR SI SE TRATA DE AQUELLOS EN FORMATO FÍSICO O DIGITAL, AFECTA LA DEBIDA HOMOLOGACIÓN QUE DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCESOS ARCHIVÍSTICOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 4, FRACCIÓN LVII, DE LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE HIDALGO). XVII. ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE HIDALGO. LA AUSENCIA EN LA LEY RELATIVA DE LAS DEFINICIONES DE "ACERVO", "ACTIVIDAD ARCHIVÍSTICA", "CONSEJO TÉCNICO", "ÓRGANO DE GOBIERNO", "ÓRGANO DE VIGILANCIA", Y "SUBSERIE", PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA, NO OCASIONA, EN SÍ MISMA, UN OBSTÁCULO PARA LA HOMOLOGACIÓN DE LOS PROCESOS ARCHIVÍSTICOS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS (INFUNDADO EL CONCEPTO DE INVALIDEZ RELATIVO A LA FALTA DE INCORPORACIÓN EN LA LEY LOCAL DE LAS DEFINICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTÍCULO 4, FRACCIONES I,

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 140/2019. · Registro digital (IUS): 31671
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-08-11
Promovente: INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Agosto de 2023, Tomo I, Pág. 690.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 140/2019. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 17 DE MARZO DE 2022. PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JOSÉ JUAN TORRES TLAHUIZO.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diecisiete de marzo de dos mil veintidós.

VISTOS;

Y, RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Demanda inicial y normas impugnadas. Por oficio presentado el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Miguel Novoa Gómez en su carácter de representante legal y director de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, promovió acción de inconstitucionalidad para solicitar la invalidez de lo siguiente:

"Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo, publicada en el Número 46 del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, el dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve. Se reclama de manera destacada los artículos 4, 11, fracción V, 26, segundo párrafo, 49, 64, 75, 76, 77, 78, 80, 96, 98, fracciones VII y XXIX, 100, fracción I y transitorio noveno. Asimismo, existen omisiones que se detallan en los conceptos de invalidez, en los que se impugna de manera genérica una omisión de la Ley, no como tal un artículo en específico, mismas que constituyen omisiones relativas de ejercicio obligatorio."

2. SEGUNDO.—Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. En la demanda el instituto promovente señaló que los preceptos impugnados transgreden los artículos 1o., 6o. apartado A, 16, 73, fracciones XXV, XXIX-S y XXIX-T y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. TERCERO.—Conceptos de invalidez. En síntesis, el instituto accionante hizo valer los siguientes conceptos de invalidez:

• El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce, previó en su artículo quinto transitorio el mandato hacia las Legislaturas Locales para armonizar su normativa conforme lo establecido en dicho decreto.

Derivado de la reforma constitucional en comento y con fundamento en el artículo 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, de la Constitución Federal, el Congreso de la Unión expidió de manera gradual la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y la Ley General de Archivos, estableciéndose en su correspondiente régimen transitorio, en concordancia con el diverso quinto transitorio del decreto de reformas constitucionales publicado el siete de febrero de dos mil catorce, el mandato hacia las Legislaturas Locales de armonizar su respectiva legislación.

La armonización de la triada de leyes no debe verse de manera aislada, sino de manera conjunta, en un plano en el que se conjuga la configuración normativa en el orden local de los derechos humanos fundamentales, y una garantía para el derecho de acceso a la información, el derecho a la protección de datos personales; y la garantía de organizar, conservar y preservar los archivos con el objeto de respetar el derecho a la verdad y el acceso a la información contenida en los archivos.

En esta tesitura, la Ley General de Archivos, tiene por objeto establecer los principios y bases generales para la organización, conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en posesión de cualquier instancia gubernamental de los tres órdenes de gobierno.

Los principios y bases o mínimos irreductibles se encuentran desarrollados en todo el contenido normativo que comprende la propia Ley General de Archivos. De ahí que la inobservancia de esos principios y bases acarrearía en automático el que los derechos de acceso a la información, de protección de datos personales pero, sobre todo, el derecho a la verdad, dejen de ser garantizados debidamente.

De no contarse con archivos organizados, conservados y preservados homogéneamente, impactaría negativamente y restringiría o menoscabaría el ejercicio del derecho de acceso a la información y de protección de datos, pues no puede haber derecho de acceso a la información ni protección de datos si no existen archivos administrados y conservados homogéneamente, por lo que es necesario asegurar la garantía de ambos derechos mediante el cumplimiento de la Ley General de Archivos.

La contravención a la Ley General de Archivos por parte de una legislación local traería como consecuencia su inconstitucionalidad, toda vez que es la Constitución Federal la que establece que los aspectos de organización y administración homogénea de los archivos de toda la República serán desarrollados en la ley que para tal efecto emita el Congreso de la Unión. Por lo tanto, se concluye que dicha ley general conforma parte del parámetro de regularidad constitucional que, en materia de archivos, debe regir, y cuya contravención por parte de una legislación local derivaría en su inconstitucionalidad.

• Primer concepto de invalidez. El artículo 4 de la Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo, es contrario a los numerales 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal, al establecer definiciones distintas u omitir definiciones previstas en la Ley General de Archivos. El instituto accionante señala que las definiciones contenidas en la Ley General de Archivos constituyen un mínimo irreductible durante el proceso de armonización, pues mediante ellas es posible implementar la misma terminología en los ordenamientos locales para que, quien los utilice, cuente con elementos semánticos comunes, y sea marco de referencia al que acudan los sujetos obligados para la comunicación archivística.

Por lo que, atendiendo al principio de armonización, las definiciones que se establezcan en las leyes de archivos de los Estados deben ser las mismas que las que indica la Ley General de Archivos para evitar que se tengan discrepancias entre las disposiciones normativas locales con la citada ley general, ya que al omitir o, en su caso, cambiar o agregar una definición en un sentido diverso al que se precisa en la ley general de la materia, o incluso, en la jerga archivística, puede llevar a que se acote, amplíe o incluso, se nulifique un alcance de la norma local dentro del quehacer archivístico.

La armonización de los ordenamientos locales con la Ley General de Archivos, busca homologar el lenguaje técnico-archivístico a nivel nacional para así emplear la misma terminología en materia de archivos, partiendo de que existan definiciones sustantivas, siendo éstas las que dan una explicación clara y exacta de los aspectos genéricos y distintivos de una cosa para diferenciarla de los términos que pueden prestarse a confusión y las definiciones adjetivas, siendo éstas las que se refieren de manera acotada a un nombramiento.

Dice que en el artículo 4 de la ley local de archivos, concretamente en sus fracciones II, III, VI, XV, XXIX, XXXI, XXXV, XL, XLII, XLVI, L, LIV y LVII, se pretende modular algunas definiciones sustantivas establecidas en la Ley General de Archivos, cuestión que resulta inconstitucional.

Por otra parte, señala que la Ley de Archivos del Estado de Hidalgo carece de algunos términos y definiciones que sí contempla el artículo 4 de la Ley General de Archivos y que deben ser incluidos, por lo que al no haberse contemplado como supletoria la Ley General de Archivos de la ley local de la materia, estima que dicha omisión es inconstitucional. Los términos que la accionante considera que fueron omitidos son los previstos en el numeral 4, fracciones I (Acervo), II (Actividad archivística), XVII (Consejo técnico), XLII (Organización), XLIII (Órgano de gobierno), XLIV (Órgano de vigilancia) y LV (Subserie), de la Ley General de Archivos.

• Segundo concepto de invalidez. El artículo 64 de la Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo, es contrario a los numerales 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal, pues establecen una integración distinta del Consejo Estatal de Archivos a la prevista en la LGA. El instituto accionante señala que el precepto 64 de la Ley de Archivos local establece una distinta regulación respecto de la integración del Consejo Estatal de Archivos, lo que origina su inconstitucionalidad. Sobre el particular resalta lo siguiente:

El presidente del Consejo Estatal de Archivos debe recaer en el titular del Archivo General del Estado. Hace notar que la fracción I del artículo 64 de la Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo, que establece que el oficial mayor del Estado será presidente del Consejo Estatal de Archivos es inconstitucional, en tanto contraviene la fracción I del diverso 65 de la Ley General de Archivos, que establece que el Consejo será presidido por el titular del Archivo General.

Señala que se excluye al titular de la Secretaría de Gobierno, lo que contraviene el artículo 65, fracción II, de la Ley General de Archivos.

También dice que debe asegurarse la presencia de todos los presidentes municipales como representantes de los Municipios, ya que es en los Ayuntamientos en donde recaen varias obligaciones de transparencia, las cuales deben ser conocidas y desarrolladas de primera mano por el titular del Ayuntamiento. De ahí que la fracción IX del artículo 64 de la Ley de Archivos local es inconstitucional, pues limita a nueve Municipios los que integrarán el Consejo Local. Del mismo modo impugna el numeral 98 del citado ordenamiento por el que se faculta al Archivo General del Estado para designar a los Municipios que formarán parte del Consejo Estatal, lo que contraviene la participación de todos los Municipios en el Consejo Estatal.

Agrega que resulta inconstitucional que se omita establecer la porción normativa del penúltimo párrafo del artículo 65 de la Ley General de Archivos que es del tenor literal siguiente: "Los consejeros, en sus ausencias, podrán nombrar un suplente ante el Consejo Nacional, el cual deberá tener, en su caso, la jerarquía inmediata inferior a la del consejero titular". Dicha omisión impacta en la intención de que quienes estén presentes en el Consejo Estatal cuenten siempre con la capacidad de decisión, dado el grado de importancia de los asuntos que serán tratados.

No se establecieron algunas figuras que existen a nivel federal, de ahí que estime inconstitucional que no se hayan homologado las instituciones existentes a nivel local con respecto a las existentes a nivel federal, a efecto de integrar el Consejo Local.

Se omitió prever como parte del Consejo Local a un representante de la Unidad de Planeación y Prospectiva del Gobierno del Estado de Hidalgo, la cual dirige el Sistema de Información Georreferenciada del Estado y cuenta con una Coordinación General de Planeación para el Desarrollo Regional Metropolitano, misma que a su vez tiene bajo su adscripción a la Dirección General del Sistema de Información Georreferenciada, en sustitución a nivel nacional del INEGI, previsto en la fracción VIII del artículo 65 de la Ley General de Archivos; a un integrante de archivos privados en lugar de lo previsto en la fracción X del diverso 64 de la ley local que prevé a un representante de una asociación civil legalmente constituida y registrada, cuyo objeto social esté directamente relacionado con la conservación de archivos; y a un representante del Consejo Técnico y Científico Archivístico, tal como se dispone en la fracción XIII del numeral 65 de la Ley General de Archivos.

• Tercer concepto de invalidez. El artículo 96 de la Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo es contrario a los numerales 1o., 6o., 16 y 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, de la Constitución Federal, al establecer que el Archivo General del Estado de Hidalgo será un órgano desconcentrado de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo, omitiendo con ello contemplarlo como un organismo descentralizado no sectorizado, tal como lo establece la Ley General de Archivos. El instituto accionante plantea que atendiendo a una interpretación sistemática y funcional de la Ley General de Archivos, se advierte que la naturaleza del Archivo General del Estado debe ser la de un organismo descentralizado no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de lo contrario, la omisión de no dotarlo de este tipo de naturaleza, como lo hace el precepto 96 de la ley impugnada, se considera inconstitucional, al eludir garantizar su autonomía en la toma de decisiones. A pesar de que el Archivo General del Estado tiene prevista la naturaleza de desconcentrado, su integración y atribuciones denotan una injerencia del Ejecutivo en la toma de decisiones, que se traduce en una falta de equilibrio con respecto a los actores que forman parte del órgano de gobierno.

En este sentido, dice que debería establecerse al Archivo General del Estado como un órgano descentralizado no sectorizado, con lo que vendrían determinadas características como son: a) son creados por ley del Congreso o por decreto de Ejecutivo; b) son dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios; c) gozan de autonomía jerárquica respecto del órgano central; y, d) realizan sus funciones administrativas y técnicas sin depender de la voluntad de ningún otro ente público al no estar sectorizados en ninguna dependencia de la administración pública.

De esta forma concluye que, la porción normativa del artículo 96, que establece que "Se crea el Archivo General del Estado como órgano desconcentrado de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo ...", es contraria a lo dispuesto en el diverso 104 de la Ley General de Archivos.

Adicionalmente apunta que, cuando un organismo es creado como descentralizado no sectorizado, se le dota de los siguientes órganos: órgano de gobierno, dirección general, órgano de vigilancia y consejo técnico, tal como lo dispone el artículo 108 y subsiguientes de la Ley General de Archivos.

En tal virtud es indispensable la inclusión de los capitulados Órgano de vigilancia, Órgano de Gobierno, Consejo Técnico y Científico Archivístico y Patrimonio del Archivo, una vez previsto el Archivo General del Estado en la ley local, como órgano descentralizado no sectorizado, tal como lo hace la Ley General de Archivos, para así evitar interpretaciones incorrectas o invasivas entre normas internas y la Ley General de Archivos.

• Cuarto concepto de invalidez. Los artículos 4, fracción XLVIII, 11, fracción V, 26, párrafo segundo, 75, 76, 77, 78 y transitorio noveno de la Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo, son contrarios a los numerales 1o., 6o., 16 y 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, de la Constitución Federal, al prever la existencia de un Registro Estatal de Archivos, cuestión que es claramente contraria a la que establece la Ley General de Archivos. La accionante señala que la Ley General de Archivos previó un Registro Nacional de Archivos por parte del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Archivos; es decir, se plantea un registro como instrumento del Sistema Nacional de Archivos para que los sujetos obligados de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, acompañen la conformación de dicho registro. Por tal motivo, el Registro Nacional de Archivos registrará tanto documentos del ámbito nacional como del ámbito local, siendo un repositorio en materia archivística en favor, tanto de la Federación como de las entidades federativas.

Dice que el Sistema Nacional de Archivos como expresión coordinada de sus miembros, se constituye por diversos organismos, entre ellos el Archivo General de la Nación y los Sistemas Estatales de Archivos, por lo que el registro es una expresión de carácter federalista, además de una herramienta del Sistema Nacional de Archivos como instancia de coordinación y colaboración.

Por lo referido se observa que el registro, como herramienta del Sistema Nacional de Archivos, requiere someter su construcción normativa secundaria ante el Consejo Nacional, situación que tuvo ese diseño legal excluyendo, inclusive, la intervención del ámbito federal.

Por otra parte, la Ley General de Archivos faculta al Archivo General de la Nación para que administre el Registro Nacional de Archivos, dicha administración dependerá de la normativa que para tales efectos expida el Consejo Nacional. Por tal motivo, es dable concluir que en la Ley General de Archivos hay ausencia de configuración legislativa a favor de las entidades federativas para legislar particularmente sobre la creación de un registro estatal de archivos.

Suponer que las Legislaturas Locales ostentan la atribución de legislar en materia de Registro Estatal de Archivos, implicaría duplicidad de funciones sobre un mismo tema, cuya competencia corresponde exclusivamente al Sistema Nacional a través de su Consejo Nacional.

Adicionalmente, el décimo tercer transitorio de la Ley General de Archivos establece el mandato para que el Archivo General de la Nación ponga en operación la plataforma del Registro Nacional de Archivos dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de dicha ley, condición que se cumple el quince de diciembre de dos mil diecinueve. Por ello se arriba a la convicción de que el deber de establecer la plataforma del Registro Nacional de Archivos corresponde tanto al Consejo Nacional en su parte normativa, como al Archivo General de la Nación en su parte administrativa, sin que su alcance comprenda el desarrollo normativo por parte de las Legislaturas Locales en el proceso de armonización legislativa.

En suma, existe libertad de configuración legislativa a favor de las entidades federativas en diversos aspectos previstos por la Ley General de Archivos, no obstante, no existe libertad de configuración normativa en materia de Registro Estatal de Archivos, puesto que del análisis de los artículos 78 a 81 de la Ley General de Archivos se desprende que lo que pretende el legislador nacional es contar con una sola aplicación informática, alimentada por la información que habrán de registrar los sujetos obligados de los tres órdenes de gobierno a favor de una base registral única. Al suponer que puede haber treinta y dos registros estatales de archivo, perdería el atributo de que sea una herramienta única, uniforme y accesible a todos.

• Quinto concepto de invalidez. El artículo 89 de la Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo, vulnera los numerales 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXV, XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal, al establecer las calidades de "inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad", del patrimonio documental, pues sólo pueden ser establecidos a favor de la Federación, nunca en favor de otro ente. Lo dispuesto por el precepto 80 de la ley local, en el sentido de que "El patrimonio documental del Estado es propiedad del Estado de Hidalgo, de domino e interés público y, por lo tanto, inalienable, imprescriptible, inembargable y no está sujeto a ningún gravamen o afectación de dominio ...", resulta inconstitucional.

Se estima así, debido a que se trata de una norma general de la entidad federativa que invade la esfera de competencia de la autoridad federal (Archivo General de la Nación), ya que compete sólo al Congreso de la Unión legislar sobre monumentos históricos cuya conservación sea de interés nacional, a través de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Adicionalmente las calidades de inalienable, imprescriptible e inembargable del patrimonio documental de la nación han sido establecidas, pero sólo a favor de la Federación por la Ley General de Archivos en sus artículos 84 y 85. Incluso, en el dictamen de la Ley General de Archivos se señaló que: "El Patrimonio documental de la Nación se considera que, a efecto de salvaguardarlo, será propiedad del Estado Mexicano, de dominio y de interés público, por tanto, son considerados bienes inalienables, imprescriptibles, inembargables, los cuales no pueden salir del país salvo por autorización del Archivo General de la Nación. El Patrimonio Documental cuenta con un valor muy importante que en casos debe ser rescatado, es decir a aquellos que posean algún bien considerado patrimonio documental y se encuentren en peligro, debe estar en posesión del archivo General de la Nación, para su estabilización y conservación".

En caso de que se estimara válida la posibilidad de que el patrimonio del Estado de Hidalgo tuviera las calidades de inalienable, imprescriptible e inembargable, debiera estar previsto en la ley local que ello es sin perjuicio de las facultades del Archivo General de la Nación para declarar esos mismos documentos "patrimonio documental de la nación", es decir, se trataría en realidad de una facultad concurrente con respecto a los mismos documentos, pues con la ley local tal como se encuentra, la nación estaría imposibilitada legalmente para elevar a patrimonio documental de la nación los mismos documentos que la propia entidad federativa ya ha considerado "patrimonio documental del Estado". En ese sentido, resulta inconstitucional la omisión, tanto en el artículo 80, como en lo general en la ley local, de prever dicha salvedad.

• Sexto concepto de invalidez. El artículo 26, segundo párrafo, de la Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo es contrario a los numerales 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal, toda vez que disminuye el nivel jerárquico del titular del área coordinadora de archivos. La ley local en el precepto 26, segundo párrafo, disminuye el nivel jerárquico del titular del área coordinadora de archivos, pues establece que "tendrá por lo menos dos niveles inmediatos inferiores al del titular del sujeto obligado", situación que resulta claramente inconstitucional, al vulnerar y contravenir lo que establece la Ley General de Archivos en su artículo 27, segundo párrafo, que claramente establece que "El titular del área coordinadora de archivos deberá tener al menos nivel de director general o su equivalente dentro de la estructura orgánica del sujeto obligado", lo cual afecta al diseño institucional establecido en el marco constitucional y legal en materia de archivos.

• Séptimo concepto de invalidez. El artículo 100, fracción I, de la Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo, así como dicha ley en lo general, son contrarios a los numerales 1o., 6o., 16 y 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, de la Constitución Federal, al omitir establecer el nivel jerárquico del Archivo General del Estado, y modificar sus requisitos de elegibilidad. La ley local es omisa en establecer el nivel jerárquico del titular del Archivo General del Estado, tal como lo establece el precepto 71, segundo párrafo, de la Ley General de Archivos en el que se prevé que el titular del Archivo General del Estado deberá tener nivel de subsecretario, titular de unidad administrativa o su equivalente. En ese sentido, esta omisión se considera inconstitucional.

En este caso, no se trata de homologar la regulación local a como lo ha establecido la ley general, sino que el capítulo III del título cuarto del libro primero de la Ley General de Archivos se refiere de manera específica a los sistemas locales de archivos, previendo expresamente que los titulares de los archivos deberán tener nivel de subsecretario, titular de unidad administrativa, o bien, su equivalente. En ese tenor la ley impugnada es inconstitucional, al no prever dicha condicionante jurídica.

Adicionalmente, en la fracción I del artículo 100 de la ley local, se exige un requisito no contemplado en la ley general, consistente en que el aspirante a director general debe tener la calidad de ciudadano hidalguense. Esto se contrapone con lo dispuesto en la Ley General de Archivos, en su diverso 111, fracción I, ya que únicamente exige, entre otros, el requisito de contar con la nacionalidad mexicana. En ese sentido, la ley impugnada reduce el patrón de posibles candidaturas contendientes, rebasando con ello las facultades configurativas expresas del Congreso Local respecto de puntos en los que no cabe la posibilidad de exigencia normativa.

No se deja de señalar que, tanto la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo (artículo 20), como la Ley de Entidades Paraestatales de Hidalgo (artículo 27), establecen como requisito para ser titular de las dependencias y entidades del Ejecutivo, como para ser director general de un organismo descentralizado, entre otros, el de "ser ciudadano mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos", naturaleza (descentralizado no sectorizado) que debe revestir el Archivo Estatal, conforme a lo que señala la Ley General de Archivos.

• Octavo concepto de invalidez. El artículo 98, fracción VII, de la Ley de Archivos del Estado de Hidalgo, es contrario a los numerales 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal, al conceder a favor del Archivo General Estatal, una atribución no establecida en la Ley General de Archivos. En el precepto 98, fracción VII, de la ley local, se establece como atribución a favor del Archivo General del Estado la de "suspender los procesos administrativos en materia archivística que realicen los sujetos obligados, por inactividad, falta de interés o la no colaboración", lo que no es acorde con las atribuciones establecidas a favor del Archivo General de la Nación en el diverso 106 de la Ley General de Archivos, por lo que resulta inconstitucional, toda vez que en el supuesto de inactividad, falta de interés o la no colaboración de algún sujeto obligado, lo que tendría que hacer el Archivo General del Estado es dar vista al órgano interno de control que corresponda, a fin de que éste compela al sujeto obligado a dar cauce y continuidad a los procesos administrativos en materia archivística. Eventualmente, los procedimientos administrativos pueden ser suspendidos temporalmente o incluso cancelados, pero sólo en caso de materializarse un caso fortuito o de fuerza mayor, nunca por la causal ahí señalada.

• Noveno concepto de invalidez. El artículo 49, último párrafo, de la Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo, es contrario a los numerales 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal, al establecer el registro del grupo interdisciplinario ante el Archivo General del Estado. Formalmente, por registro se entiende un protocolo o inscripción formal de datos entre un solicitante y una autoridad competente. El grupo interdisciplinario coadyuva en el establecimiento de valores documentales, vigencias, plazos de conservación y disposición documental, entre otros, por lo que sujetar la labor de dicho grupo a la formalidad o protocolo de un registro, acarrearía que las acciones de valoración podrían ser señaladas como inválidas ante la falta de registro del grupo. La ley local establece en su precepto 49, último párrafo, que el grupo interdisciplinario deberá registrarse en el Archivo General del Estado, sin embargo, dicho registro no está establecido en la Ley General de Archivos, por lo que resulta inconstitucional.

Adicionalmente dice que cada vez que hubiera una renovación de algún miembro al interior del grupo interdisciplinario habría que volver a registrarlo ante el Archivo General del Estado, lo que vendría a entorpecer su labor institucional.

4. CUARTO.—Radicación y turno. Por acuerdo de dos de enero de dos mil veinte, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad con el número 140/2019 y turnarlo a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa para que instruyera el trámite respectivo.

5. QUINTO.—Admisión de la demanda. La Ministra instructora admitió a trámite el presente asunto mediante proveído de siete de enero de dos mil veinte, en el cual ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Hidalgo para que rindieran sus respectivos informes. Asimismo, requirió al órgano legislativo para que remitiera copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas, y al órgano ejecutivo para que exhibiera copia certificada del Periódico Oficial Estatal en el que conste su publicación. De igual forma dio vista a la Fiscalía General de la República, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que antes del cierre de instrucción manifiesten lo que a su respectiva representación corresponda.

6. SEXTO.—Acuerdo que tiene por rendidos los informes de las autoridades emisora y promulgadora. Por acuerdos de cuatro y once de febrero de dos mil veinte, la Ministra instructora tuvo por rendidos, respectivamente, los informes requeridos a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Hidalgo; se tuvieron por remitidas las copias certificadas de los antecedentes legislativos solicitados; y se ordenó dejar los autos a la vista de las partes para que, en el plazo legal, formularan sus alegatos por escrito.

7. SÉPTIMO.—Informe rendido por el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo en la acción 140/2019. Mediante oficio recibido el treinta y uno de enero de dos mil veinte en la Oficina de Certificación y Correspondencia de este Alto Tribunal, el gobernador del Estado de Hidalgo compareció para rendir el informe solicitado,(1) en donde medularmente señaló que, de conformidad con los artículos 51 y 71, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, promulgó y ordenó la impresión, publicación y circulación del Decreto Número 222, que crea la Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo, el cual fue publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve.

8. OCTAVO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo. Mediante oficio recibido el diez de febre

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31671-613d9521/i-accion-de-inconstitucionalidad-legitimacion-del-instituto-nacional · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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