I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI) PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LEYES EN MATERIA DE ARCHIVOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI) PUEDE PRESENTARLA EN REPRESENTACIÓN DE ESTE ENTE LEGITIMADO. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL RELATIVA A QUE, AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA, SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE PARA ANALIZAR VIOLACIONES A LO ESTABLECIDO EN UNA LEY GENERAL. V. FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES. VI. LEYES GENERALES. TIENEN POR OBJETO DISTRIBUIR LAS COMPETENCIAS ENTRE LA FEDERACIÓN Y LOS ESTADOS, OTORGANDO LAS BASES PARA EL DESARROLLO DE LAS LEYES LOCALES CORRELATIVAS. VII. LEGISLACIÓN FEDERAL Y LOCAL EN MATERIAS CONCURRENTES. SU VALIDEZ DEPENDE DE LO ESTABLECIDO TANTO EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL COMO EN LAS LEYES GENERALES. VIII. ARCHIVOS. FINALIDAD DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE FEBRERO DE 2014, A LOS ARTÍCULOS 6o. Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE FACULTÓ AL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA EMITIR UNA LEY GENERAL EN LA MATERIA. IX. ARCHIVOS. DADA LA CONCURRENCIA LEGISLATIVA EN DICHA MATERIA, LOS CONGRESOS LOCALES CARECEN DE COMPETENCIA PARA LEGISLAR EN SUS ASPECTOS PRIMARIOS, PERO QUEDAN FACULTADOS PARA ARMONIZAR Y ADECUAR SUS LEGISLACIONES CONFORME A LA LEY GENERAL RELATIVA (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE FEBRERO DE 2014). X. ARCHIVOS. LA LEY GENERAL DE LA MATERIA CONSTITUYE EL PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL DE LAS NORMAS LOCALES QUE REGULAN UN ASPECTO PREVISTO EN AQUÉLLA. XI. ARCHIVOS. CONDICIONES PARA CONSIDERAR VÁLIDOS LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD DE QUIENES INTEGREN LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA LOCAL, CUANDO SEAN DIFERENTES A LOS PREVISTOS PARA SUS EQUIVALENTES EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA. XII. ARCHIVOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO. EL LEGISLADOR LOCAL NO INCURRIÓ EN UNA REGULACIÓN DEFICIENTE DEL CARGO DE DIRECTOR GENERAL DEL ARCHIVO LOCAL AL NO PREVER SU NIVEL O JERARQUÍA (INFUNDADO EL CONCEPTO DE INVALIDEZ RELATIVO A QUE EL LEGISLADOR LOCAL NO PREVIÓ EL NIVEL JERÁRQUICO DEL TITULAR DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, TAL COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 71, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS). XIII. ARCHIVOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO. PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO GENERAL DE ESA ENTIDAD, EL LEGISLADOR LOCAL DEBIÓ PREVER EN LA LEY RELATIVA LA PROHIBICIÓN PARA EL DIRECTOR GENERAL DE TAL ENTE DE DESEMPEÑAR OTRO EMPLEO, CARGO O COMISIÓN, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLOS QUE PUEDE DESEMPEÑAR EN LAS INSTITUCIONES DOCENTES, CIENTÍFICAS O DE BENEFICENCIA, SIEMPRE QUE SEAN COMPATIBLES CON SUS HORARIOS, RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES DENTRO DEL ARCHIVO GENERAL (FUNDADA LA OMISIÓN LEGISLATIVA EN LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO DE ASENTAR QUE EL DIRECTOR GENERAL, DURANTE SU GESTIÓN, NO PODRÁ DESEMPEÑAR NINGÚN OTRO EMPLEO, CARGO O COMISIÓN, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLOS QUE DESEMPEÑE EN LAS INSTITUCIONES DOCENTES, CIENTÍFICAS O DE BENEFICENCIA, SIEMPRE QUE SEAN COMPATIBLES CON SUS HORARIOS, RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES DENTRO DEL ARCHIVO ESTATAL). XIV. ARCHIVOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO. LA LEY RELATIVA, AL CONSIDERAR AL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO COMO UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE ARCHIVOS, VIOLA EL MANDATO DE EQUIVALENCIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 4, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO). XV. ARCHIVOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO. LA FALTA DE HOMOLOGACIÓN DE LA ENTIDAD ESPECIALIZADA EN MATERIA DE ARCHIVOS LOCAL A LAS PREVISIONES QUE RIGEN LA NATURALEZA DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, NO PUEDE JUSTIFICARSE POR RAZONES DE VIABILIDAD PRESUPUESTARIA A NIVEL ESTATAL. XVI. ARCHIVOS. OBLIGACIONES A CARGO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SUS SISTEMAS LOCALES, EN TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA. XVII. ARCHIVOS. LA LIBERTAD CONFIGURATIVA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA REGULAR SUS SISTEMAS LOCALES SE ENCUENTRA LIMITADA A QUE LA INTEGRACIÓN, ATRIBUCIONES Y FUNCIONAMIENTO DE ÉSTOS SE PREVEA EN TÉRMINOS EQUIVALENTES A LOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA. XVIII. ARCHIVOS. EL DISEÑO DE SU SISTEMA A NIVEL LOCAL SERÁ EQUIVALENTE AL FEDERAL, CUANDO AQUÉL NO ENTORPEZCA, DIFICULTE O IMPOSIBILITE EL FUNCIONAMIENTO DEL
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 231/2020. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 21 DE ABRIL DE 2022. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JUVENAL CARBAJAL DÍAZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiuno de abril de dos mil veintidós.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Demanda inicial y normas impugnadas. Por oficio presentado el diez de agosto de dos mil veinte a través del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por conducto de su director general de Asuntos Jurídicos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de lo siguiente:
"III. La norma general cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicó: El Decreto Legislativo Número 192 de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual se expide la Ley de Archivos del Estado de Guanajuato y se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato de 13 de julio de 2020.
"Particularmente, los artículos 4, fracción VII, 50, 66, 68, 79, 97, fracción VI, así como las omisiones detectadas en la Ley de Archivos del Estado de Guanajuato y, el artículo 166, fracción XV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato."
2. SEGUNDO.—Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. El instituto accionante considera que las normas que impugna son contrarias a los artículos 1o., 6o., apartado A, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, 109, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. TERCERO.—Conceptos de invalidez. El promovente de esta acción hace valer, en síntesis, lo siguiente:
• Primer concepto de invalidez. El artículo 50 de la Ley de Archivos del Estado de Guanajuato establece que el grupo interdisciplinario de cada sujeto obligado se integrará por "representantes" de las áreas jurídica; coordinación de archivo, planeación o mejora continua; tecnologías de la información; unidad de transparencia; órgano interno de control; y las áreas o unidades administrativas productoras de la documentación. Lo anterior resulta contrario al diverso 50 de la Ley General de Archivos, pues este precepto indica que el grupo interdisciplinario se integra por "los titulares" de las áreas respectivas.
De acuerdo a la norma impugnada, cualquier persona designada por el titular del área, podrá fungir como "representante" de la misma, siendo que la ley general establece que la integración del grupo estará a cargo de representantes cualificados o con una cierta calidad, esto es, no basta una representación simple de las áreas, sino que la representación debe llevarse a cabo, necesariamente, a través de sus titulares.
El legislador federal dispuso que el grupo interdisciplinario, cuya finalidad es coadyuvar en la valoración documental, debiera tener capacidad de gestión, responsabilidad y decisión suficiente para definir las etapas oportunas para cada documento dentro del ciclo archivístico, situación que únicamente se actualiza para el caso de que el titular de las respectivas áreas sea el que participe en la integración de dicho órgano, ninguno otro.
• Segundo concepto de invalidez. El artículo 79 de la Ley de Archivos del Estado de Guanajuato otorga una facultad sobreinclusiva a cada sujeto obligado para determinar los documentos que constituyen su patrimonio documental. Así, existirán tantas posibilidades de emitir declaratorias de patrimonio documental como sujetos obligados existan en la entidad federativa. Lo anterior contraviene el diverso 87 de la Ley General de Archivos, en el que se establece dicha atribución en favor del Ejecutivo Federal a través del Archivo General de la Nación; por tanto, en virtud del mandato de armonización, debería establecerse que, a través de la entidad especializada en materia de archivos local, pudieran emitirse las declaratorias de mérito, y no cada sujeto obligado en lo individual.
No pasa inadvertido el hecho de que el segundo párrafo del artículo 86 de la Ley General de Archivos disponga que: "Las entidades federativas y los organismos a los que la Constitución les otorgue autonomía, podrán emitir declaratorias de patrimonio documental de la Nación en los términos previstos por las disposiciones jurídicas aplicables, las cuales serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación." Ello es así, toda vez que lo único que hace la ley general es establecer que las entidades federativas podrán establecer qué documentos constituirán su patrimonio documental; sin embargo, la ley general no deja en libertad para que cada sujeto obligado en lo particular, determine los documentos que constituyen su patrimonio documental, cuestión relativa a quién determina tal aspecto, y qué debería ser homologado a la Ley General de Archivos.
• Tercer concepto de invalidez. Los artículos 66 y 68 de la Ley de Archivos del Estado de Guanajuato y 166, fracción XV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de esa entidad federativa, son contrarios a los diversos 65 y 71 de la Ley General de Archivos.
Los artículos 70 a 73 de la ley general, ubicados en el título cuarto, capítulo III, que tiene por encabezado "De los Sistemas Locales de Archivos", establecen de manera expresa y específica ciertas directrices que deben seguir las legislaciones locales, por cuanto hace a la regulación de sus sistemas de archivos, destacando lo siguiente:
1) Regularán los Sistemas Locales, los cuales contarán con un Consejo Local como órgano de coordinación;
2) Desarrollarán la integración, atribuciones y funcionamiento de los Sistemas Locales, de manera equivalente a las que la ley general otorga al Sistema Nacional.
3) Establecerán los términos en que los Municipios participarán en el Consejo Local.
Partiendo de lo anterior, el artículo 66 de la Ley de Archivos del Estado de Guanajuato establece la "estructura organizacional" del Consejo de Archivos de esa entidad federativa, la cual no se encuentra en armonía respecto a su integración, atribuciones y funcionamiento con la ley general, por lo siguiente:
I) Titularidad de la Secretaría Técnica del Consejo de Archivos del Estado de Guanajuato.
La fracción VI del artículo 66 de la ley impugnada establece que la titularidad de dicha secretaría técnica recaerá en la presidencia del organismo garante de transparencia local; lo que contraviene el último párrafo del numeral 66 de la Ley General de Archivos, el cual establece que el nombramiento del secretario técnico debe ser atribución exclusiva del director general del Archivo General del Estado, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de Archivos.
En ese sentido, se tiene que, conforme a la ley general, el nombramiento y remoción del secretario técnico, acorde con el diseño institucional de órgano descentralizado no sectorizado mandatado por ese ordenamiento general, deben ser atribuciones exclusivas del director general del Archivo General del Estado, en su calidad de presidente del Consejo Local de Archivos.
En concordancia con lo anterior y derivado de la entrada en vigor de la Ley de Archivos del Estado de Guanajuato, se observa que en la ley de transparencia local impugnada se realizó una adición a la fracción XV del artículo 166, relativo a la facultad del comisionado presidente del organismo garante local de participar y apoyar al Consejo del Estado de Guanajuato en materia de archivos, lo cual se inscribe dentro de la participación que establece a su cargo la ley de archivos de la entidad federativa, como secretario técnico del Consejo Local.
Por cuanto hace a "participar", ello se estima válido; sin embargo, lo relativo a "apoyar", se inscribe dentro del contexto previsto por la fracción VI del artículo 66 de la Ley de Archivos del Estado de Guanajuato, en el sentido de que fungirá como titular de la secretaría técnica, situación que se considera inconstitucional, por los razonamientos expuestos.
II) Integración de la Universidad de Guanajuato en el Consejo de Archivos Local.
El artículo 66, fracción XI, de la Ley de Archivos local impugnada establece a la Universidad de Guanajuato como integrante permanente del Consejo Local de Archivos; sin embargo, y en virtud de que este ente autónomo no cuenta con correlativo en el Consejo Nacional, y dado que la ley general no establece un mínimo de integración de lo que debe ser el Consejo Local, sino que este último debe tener una integración equivalente al nacional, integrar a la universidad estatal como miembro permanente del Consejo Local se considera contrario al ordenamiento general.
Ello, sin que pase inadvertido que dicha universidad, de conformidad con el artículo 65 de la ley general de la materia, así como el diverso 66, cuarto párrafo, de la Ley de Archivos del Estado de Guanajuato, podría participar como parte de los invitados permanentes, esto es, con derecho de voz, pero sin voto.
III) Omisión de integrar en el Consejo de Archivos Local al Consejo Técnico y Científico Archivístico.
El artículo 66 de la ley de archivos local impugnada, excluye al Consejo Técnico y Científico Archivístico de la integración del Consejo Local de Archivos, lo cual se explica, asimismo, porque la ley es omisa en establecer una estructura para el Archivo General Estatal homóloga a la que establece la Ley General para el Archivo General de la Nación, relativa a ser un organismo descentralizado no sectorizado y establece en su numeral 4, fracción VII, que el Archivo General del Estado será una unidad administrativa especializada en materia de archivos. En ese tenor, la no previsión de este órgano en la integración del Consejo de Archivos de la entidad federativa, se considera contrario a la ley general y, por ende, a la Constitución Federal.
IV) Selección del representante de archivos privados ante el Consejo de Archivos Local.
La Ley de Archivos del Estado de Guanajuato no establece la forma en la que se dará la selección del representante de los archivos privados ante el Consejo Local de Archivos, tal como sí lo señala el artículo 65 de la ley general de la materia. Ello es así, siendo que el diverso 66 de la ley impugnada delega tal función al reglamento, aspecto que debería ser determinado en la ley, por cuanto es la que debería ser homóloga al ordenamiento general, y no una disposición de rango inferior.
V) Omisión de facultades y actos que la Ley General de Archivos prevé para diversas figuras del Consejo de Archivos Estatal.
La ley de archivos local que se impugna omite la facultad del presidente del Consejo de Archivos Local, así como del resto de sus integrantes, para invitar a las sesiones del Consejo a las personas que considere pertinentes, según la naturaleza de los asuntos a tratar, quienes intervendrán con voz, pero sin voto; facultad que sí se encuentra prevista en el artículo 65 de la ley general de la materia, lo cual, se considera, impacta el funcionamiento y atribuciones del Consejo Local, las cuales deben ser equivalentes a los del Consejo Nacional.
VI) Convocatorias
El artículo 66 de la Ley General de Archivos determina, por una parte, que en primera convocatoria, habrá quórum para que sesione el Consejo Nacional cuando estén presentes, cuando menos, la mayoría de sus miembros, incluyendo a su presidente o a la persona que éste designe como su suplente; y en segunda convocatoria, habrá quórum para que sesione el Consejo Nacional, con los miembros presentes, así como su presidente o la persona que éste designe como su suplente.
Ahora, el artículo 68 de la Ley de Archivos del Estado de Guanajuato no establece la necesaria participación del presidente del Consejo de Archivos Local para el desarrollo de las sesiones, o de la persona que éste designe como su suplente. Es necesario que se prevean ambos supuestos para evitar que la falta de uno de ellos impida la celebración de las sesiones del Consejo, situación que sería contraria y limitante para su funcionamiento, conforme al modelo que recae en las entidades federativas sobre el funcionamiento equivalente que deben tener los Consejos Locales con respecto al Consejo Nacional, conforme al artículo 71 de la Ley General de Archivos.
• Cuarto concepto de invalidez. El artículo 4, fracción VII, define al Archivo General del Estado como la unidad administrativa especializada en materia de archivos, siendo que el diverso 104 de la ley general de la materia establece que el Archivo General de la Nación es un organismo descentralizado no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objeto y fines.
Lo anterior modifica sustantivamente la naturaleza jurídica de la entidad especializada en materia de archivos local en lo relativo a la descentralización, como en la no sectorización, de modo que esto lleva implicaciones adicionales, como lo son las ausencias de dicho organismo del órgano de gobierno, órgano de vigilancia, el Consejo Técnico Archivístico, referidos en el artículo 108 de la ley general, en virtud de que son figuras propias de un organismo descentralizado. Derivado de ello, se observa la ausencia y, por ende, omisión de regulación en materia de composición orgánica del Archivo General Local.
De prevalecer la supresión de los órganos en mención, se compromete la efectividad del cumplimiento del objeto del Archivo General , así como del cumplimiento de las obligaciones de participación interinstitucional contenidas en la Ley General de Archivos; por tanto, se estima obligado por virtud de este último ordenamiento, garantizar la integración necesaria para el desarrollo de las actividades del organismo especializado en materia archivística local, brindando certeza sobre el derecho de acceso a la información, además de promover una armonización eficiente, obligando y ordenando entonces la incorporación a la ley local, en lo que corresponda, de lo relativo a los artículos 104, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 113 y 114 de la ley general de la materia.
En efecto, se considera obligado dar génesis al Archivo General del Estado como un organismo descentralizado no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que cuenta con autonomía técnica y de gestión, con la finalidad de que su naturaleza jurídica se encuentre armonizada con lo previsto por la ley general, con lo cual podrá determinarse de manera normativa y formal que, en su funcionamiento, se evite la intromisión de intereses distintos a la labor archivística que pudiesen afectar sus funciones y, por tanto, del derecho humano de acceso a la información.
Además, se considera necesario incorporar las atribuciones que le sean aplicables al Archivo General Local por analogía de conformidad con el artículo 106 de la Ley General de Archivos, en virtud de que ello fortalece su autonomía de gestión, cualidad necesaria para coordinar al sistema de archivos estatal, así como para la vigilancia y evaluación del cumplimiento de la ley, generando indicadores de gestión y medidas de apremio y sanción, teniendo como objetivo el de hacer posible el flujo de información hacia los ciudadanos, garantizando con ello el derecho de acceso a la información.
La ausencia de todos estos elementos resulta una contravención al marco normativo e institucional previsto en la ley general y, por ende, a la Constitución Federal misma.
• Quinto concepto de invalidez. La Ley de Archivos del Estado de Guanajuato omite establecer los requisitos de jerarquía y elegibilidad del titular del Archivo General de la entidad federativa a que hacen referencia los artículos 71 y 111 de la Ley General de Archivos.
En efecto, la ley de archivos local impugnada es omisa en establecer el nivel jerárquico del titular del Archivo General del Estado, tal como lo establece el artículo 71, segundo párrafo, de la ley general, en el que se prevé que éste deberá tener nivel de subsecretario, titular de unidad administrativa o su equivalente. Lo anterior es un deber directo de las entidades federativas derivado de la ley general, como lo ordena en su título cuarto, capítulo III, relativo a "De los Sistemas Locales de Archivos", que el titular de la entidad especializada en materia de archivos tenga el nivel de subsecretario, titular de unidad administrativa o su equivalente.
Por otra parte, en cuanto a la omisión de los requisitos de elegibilidad del titular del Archivo General del Estado, el artículo 111 de la Ley General de Archivos contempla los requisitos que debe cumplir la persona que ocupe el cargo de director general del Archivo Nacional, mismos que no se observan en la ley impugnada y que, por virtud del mandato de homologación a cargo de las entidades federativas, son aplicables.
Además, en el caso particular de la omisión de la fracción V del artículo referido, donde se determina la cualidad de no ser cónyuge, ni tener relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o civil con cualquiera de los miembros del órgano de gobierno por parte del director general de mérito, podría dar lugar a conflictos de intereses en el Archivo General Estatal, dejando vigente la posibilidad de que se actualice alguno de los supuestos referidos (En el caso de que se ordene la estructuración orgánica del Archivo General del Estado, conforme a lo establecido en la Ley General de Archivos para el Archivo General de la Nación).
Así, se considera menester incluir en la ley local impugnada, requisitos similares a los contenidos en la ley general de la materia, lo cual podría crear el escenario idóneo que permita que el nombramiento del titular del Archivo General del Estado se realice a partir de consideraciones de mérito, trayectoria, preparación académica, experiencia en el tema, imparcialidad y solvencia ética, como elementos que deben de dar certeza respecto a la armonización de la gestión documental en el Estado.
En el mismo tenor, se omite en la ley impugnada asentar que durante su gestión, el director general no podrá desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos que desempeñe en las instituciones docentes, científicas o de beneficencia, siempre que sean compatibles con sus horarios, responsabilidades y actividades dentro del Archivo Estatal; requisito que no sería de "elegibilidad", sino de "ejercicio" del encargo.
• Sexto concepto de invalidez. El artículo 97, fracción VI, de la Ley de Archivos del Estado de Guanajuato establece una figura de falta administrativa que no está armonizada con la Ley General de Archivos en su numeral 116, fracción VI.
La ley general mandata que se sancione la falta de publicación del catálogo de disposición documental, el dictamen y el acta de baja documental autorizados por los Archivos Locales, mientras que la Ley de Archivos del Estado de Guanajuato lo hace en cuanto a los autorizados por el grupo interdisciplinario, cuestión que resulta contraria a la citada ley general y, por ende, inconstitucional, al establecer condiciones distintas para que se actualice la infracción, cuando la ley general mandata directamente cuál será la conducta que deberá de sancionarse, así como el objeto que se encuentra relacionado con ella, esto es, el catálogo de disposición documental, el dictamen y el acta de baja documental autorizados por las entidades especializadas en materia de archivos a nivel local, así como el acta que se levante en caso de documentación siniestrada en los portales electrónicos.
Además, es de observarse que la ley local impugnada, en la porción normativa relativa a las atribuciones del grupo interdisciplinario, no se observa una respecto a autorizar los instrumentos archivísticos descritos en la fracción referida, por lo que, se estima que, de mantenerse la redacción en la ley local como se encuentra, podría derivar en confusiones en detrimento de la labor archivística. • Séptimo concepto de invalidez. La Ley de Archivos del Estado de Guanajuato resulta contraria al artículo 121 de la Ley General de Archivos que establece tipos penales o conductas susceptibles de ser sancionadas penalmente por la Federación, de las fracciones I a la V, así como en su último párrafo, relativo a la destrucción de documentos relacionados con violaciones graves a derechos humanos. Sin embargo, dichos preceptos no encuentran reproducción en la ley estatal.
Cabe señalar que, en cuanto a los alcances de la ley general, existe una libertad configurativa para normar las conductas objeto de sanciones penales, ya que, por no tratarse de alguno de los temas reservados específicamente para la Federación, como los contenidos en el artículo 73 constitucional, la ley general otorga la posibilidad de operar la dispersión legislativa para intervenir en el entorno jurídico-penal de los archivos, al establecer los tipos penales especiales para la materia, atendiendo a la realidad social y necesidades de la entidad federativa.
Claro está que las fracciones II a V del artículo 121 de la Ley General de Archivos, describen conductas que tienen por objeto material el "patrimonio documental de la nación", por lo que se trata de figuras que únicamente pueden ser establecidas y sancionadas por la Federación.
En el caso de la ley local impugnada, existe la posibilidad de tipificar o no conductas delictivas en materia de archivos, dado que, en cuanto a los alcances de la ley general, hay una libertad configurativa para normar las conductas objeto de sanciones penales, a diferencia de otras materias en las que su alcance compete tanto a la Federación como a los Estados, por su aplicación de manera directa, sin necesidad de que de dichas legislaciones generales, exista una armonización o configuración en el orden local.
Sin embargo, constituye una omisión y, por ende, inconstitucional, la ausencia en la ley local impugnada de la conducta delictiva descrita tanto en la fracción I, como en el último párrafo del artículo 121 de la Ley General de Archivos, este último que se refiere a la destrucción de documentos relacionados con violaciones graves a derechos humanos, alojados en algún archivo, que así hayan sido declarados previamente por autoridad competente, toda vez que se debe considerar la inclusión de la disposición, por analogía, con lo que señala la Ley General de Archivos en el último párrafo del numeral 121, pues al tratarse de documentos que contienen información sobre violaciones graves a derechos humanos, es menester prevenir y sancionar las conductas que destruyan o pongan en riesgo los documentos relativos a la materia. Aceptar su omisión, implicaría que los derechos a la verdad y a la memoria se vean vulnerados por la sustracción, ocultación, alteración, mutilación, destrucción e inutilización de información y documentos.
Así, el instituto accionante solicita se declare la invalidez de los preceptos impugnados, así como de las omisiones detectadas, mismas que considera omisiones relativas de ejercicio obligatorio. Asimismo, se solicita que se extienda, en su caso, la declaratoria de invalidez a las normas cuya validez dependa de las que se invaliden en virtud del fallo que se emita en este asunto.
4. CUARTO.—Radicación y turno. Por acuerdo de catorce de agosto de dos mil veinte, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente a la presente acción de inconstitucionalidad con el número 231/2020, y la turnó a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa como instructora del procedimiento.
5. QUINTO.—Admisión de la demanda. La Ministra instructora admitió a trámite el presente asunto mediante proveído de dieciocho de agosto de dos mil veinte, en el cual ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Guanajuato para que rindieran sus respectivos informes; asimismo, requirió al órgano legislativo para que remitiera copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas y al órgano ejecutivo para que exhibiera copia certificada del Periódico Oficial estatal en el que conste su publicación. De igual forma dio vista a la Fiscalía General de la República, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que antes del cierre de instrucción manifestaran lo que a su respectiva representación correspondiera.
6. SEXTO.—Acuerdo que tiene por rendidos los informes de las autoridades emisora y promulgadora. Por acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veinte, la Ministra instructora tuvo por rendidos los informes requeridos a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Guanajuato; se tuvieron por remitidas las copias certificadas de los antecedentes legislativos solicitados; y se ordenó dejar los autos a la vista de las partes para que, en el plazo legal, formularan sus alegatos por escrito.
7. SÉPTIMO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. Mediante oficio recibido el dieciocho de septiembre de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Guanajuato, rindió informe, en el que expresa, en esencia, lo siguiente:
• En cuanto al primer concepto de invalidez. El tomar el texto aislado de la disposición normativa del artículo 50 de la Ley de Archivos del Estado de Guanajuato, que refiere que el grupo interdisciplinario estará integrado por los representantes de las áreas o sus equivalentes, desestima de manera tajante el contenido de la fracción XXXII del numeral 4 del propio cuerpo normativo.
Bajo el principio de que las normas jurídicas no deben interpretarse de manera aislada, sino como parte del sistema normativo al que pertenecen, si el artículo 50 de la ley de archivos local hace referencia a representantes de las áreas, éstos corresponderán a las personas titulares, toda vez que así se encuentra conceptualizado en la fracción XXXII del artículo 4 citado, que define al grupo interdisciplinario: "al conjunto de personas que deberá estar integrado por el titular del área coordinadora de archivos; la unidad de transparencia: los titulares de las áreas de planeación estratégica, jurídica, mejora continua, órganos internos de control o sus equivalentes, las áreas responsables de la información, así como el responsable del archivo histórico, con la finalidad de coadyuvar en la valoración documental."
No obstante, la presunta ambigüedad o antinomia referida por la accionante, no resulta insuficiente para declarar la inconstitucionalidad de la norma que invoca, pues existen métodos de interpretación que obligan al operador jurídico a desentrañar el sentido que el legislador quiso establecer con los preceptos presuntamente contradictorios, cuyos vicios de redacción o precisión en que el legislador incurrió, no producen su inconstitucionalidad.
Así, el contenido del artículo 50 de la Ley de Archivos del Estado de Guanajuato, se encuentra armonizado con su relativo de la Ley General de Archivos, tal como mandata su artículo cuarto transitorio, por lo que resulta constitucional.
• En cuanto al segundo concepto de invalidez. Al impugnar el artículo 79 de la Ley de Archivos del Estado de Guanajuato, el instituto accionante pasa por alto lo dispuesto en el diverso 81 de ese mismo ordenamiento, el cual establece que: "El Ejecutivo Estatal y los organismos autónomos constitucionales, a través del Archivo General del Estado, podrán emitir declaratorias de patrimonio documental del Estado, los cuales se publicarán en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato."
En ese sentido, la armonización con la ley general de la materia se materializa con la expedición del numeral 81 mencionado; sin embargo, a nivel local, el legislador consideró dotar a los sujetos obligados de una similar atribución para determinar los documentos que constituyen su patrimonio documental, que en nada contraviene el sentido del artículo 87 de la propia ley general, ya que el Ejecutivo Estatal y los organismos autónomos constitucionales, a través del Archivo General del Estado, podrán emitir las declaratorias de patrimonio documental, contrario a la facultad de los sujetos obligados que deberán determinar los documentos que constituyen su patrimonio documental.
Con esta distribución de facultades, tanto el Ejecutivo Local y los organismos autónomos constitucionales, para emitir declaratoria de patrimonio documental del Estado, como la de los sujetos obligados para determinar los documentos que constituyen su patrimonio documental, se constituye un mecanismo local que permite al Archivo General del Estado emitir la declaratoria correspondiente; esto con base, no exclusiva, en el patrimonio documental de cada sujeto obligado haya determinado.
Lo anterior, pues no se debe pasar por alto que quien conoce con mayor profundidad los documentos que, por su naturaleza, no son sustituibles y dan cuenta de la evolución del Estado y de las personas e instituciones que han contribuido en su desarrollo, es precisamente cada autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como las demás personas consideradas como sujetos obligados.
Con ello, el mínimo irreductible contenido en la ley general se respeta, pero se amplía su base, para generar una facultad de los sujetos obligados que no trastoca la atribución del Archivo General del Estado para emitir la declaratoria de patrimonio documental del Estado.
Así, el qué y el quién respecto a la emisión de la declaratoria de patrimonio documental en la ley de archivos estatal que refiere el accionante, se encuentran armonizados con la ley general.
•
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31493-a8e5d970/i-accion-de-inconstitucionalidad-legitimacion-del-instituto-nacional · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI) PARA PROMOVERLA EN CONTRA D (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI) (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI) PARA PROMOVERLA EN CONTRA D (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE PARTICULARES Y SU REG (2a./J. 2/2024 (11a.))
- INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO. SU CREACIÓN COMO ÓRGANO PÚBLICO AUTÓNOMO ENCARGADO DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN LA ENTIDAD, ES CONSTITU (P. VIII/2008 )
- INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. DADO SU CARÁCTER DE ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO, CUENTA CON ATRIBUCIONES PARA EMIT (2a./J. 17/2023 (11a.))
- INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. COMO AUTORIDAD DEL ESTADO, ESTÁ OBLIGADO A PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR (I.7o.A.3 CS (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis