I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI) PUEDE PRESENTARLA EN REPRESENTACIÓN DE ESTE ENTE LEGITIMADO. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE PARA ANALIZAR VIOLACIONES A LO ESTABLECIDO EN UNA LEY GENERAL. IV. FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES. V. LEYES GENERALES. TIENEN POR OBJETO DISTRIBUIR LAS COMPETENCIAS ENTRE LA FEDERACIÓN Y LOS ESTADOS, OTORGANDO LAS BASES PARA EL DESARROLLO DE LAS LEYES LOCALES CORRELATIVAS. VI. LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL EN MATERIAS CONCURRENTES. SU VALIDEZ DEPENDE DE LO ESTABLECIDO TANTO EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL COMO EN LAS LEYES GENERALES. VII. ARCHIVOS. FINALIDAD DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE FEBRERO DE 2014, A LOS ARTÍCULOS 6o. Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE FACULTÓ AL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA EMITIR UNA LEY GENERAL EN LA MATERIA. VIII. ARCHIVOS. DADA LA CONCURRENCIA LEGISLATIVA EN DICHA MATERIA, LOS CONGRESOS LOCALES CARECEN DE COMPETENCIA PARA LEGISLAR EN SUS ASPECTOS PRIMARIOS, PERO QUEDAN FACULTADOS PARA ARMONIZAR Y ADECUAR SUS LEGISLACIONES CONFORME A LA LEY GENERAL RELATIVA (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE FEBRERO DE 2014). IX. ARCHIVOS. EL HECHO DE QUE LA LEY GENERAL DISPONGA LAS BASES Y LOS PRINCIPIOS EN LA MATERIA NO IMPLICA QUE LAS LEGISLATURAS LOCALES DEBAN UTILIZAR LOS MISMOS CONCEPTOS O DEFINICIONES QUE ESTA ÚLTIMA ESTABLECE. X. ARCHIVOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. EL HECHO DE QUE EN LA LEY RELATIVA SE DENOMINEN ARCHIVOS GENERALES A LOS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A NIVEL LOCAL, NO VIOLA LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (ARTÍCULO 3, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS). XI. ARCHIVOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. EL HECHO DE QUE EN LA LEY RELATIVA SE ESPECIFIQUE QUE, A EFECTO DE EVITAR LA BAJA DOCUMENTAL, LOS DOCUMENTOS DEBEN CONSERVAR SUS VALORES ADMINISTRATIVOS, LEGALES, FISCALES O CONTABLES, ES CONSISTENTE CON LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (ARTÍCULO 3, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS). XII. ARCHIVOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. EL HECHO DE QUE EN LA LEY RELATIVA NO SE HAYA PRECISADO QUE LA CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS SERÁ RESPECTO DE DOCUMENTOS EN FORMATO DIGITAL, NO VULNERA LA LEY GENERAL DE LA MATERIA, EN TANTO QUE DEFINE AL DOCUMENTO DE ARCHIVO CON INDEPENDENCIA DE SU SOPORTE DOCUMENTAL (ARTÍCULO 3, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS). XIII. ARCHIVOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. EL EMPLEO EN LA LEY RELATIVA DE LAS SERIES DOCUMENTALES COMO BASE DE LA ESTRUCTURA DE UN ARCHIVO, PARA DEFINIR EL CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA, NO CONTRARÍA LA DEFINICIÓN ESTABLECIDA EN LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS (ARTÍCULO 3, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS). XIV. ARCHIVOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. EL HECHO DE QUE EN LA LEY RELATIVA SE HAYA UNIDO EN UNA SOLA DEFINICIÓN LAS QUE, DE MANERA SEPARADA, ESTABLECE LA LEY GENERAL PARA LOS INSTRUMENTOS DE CONSULTA Y LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL ARCHIVÍSTICO, NO VULNERA ESTA ÚLTIMA (ARTÍCULO 3, FRACCIÓN XXIV, DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS). XV. ARCHIVOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. EL EMPLEO DEL TÉRMINO INVENTARIO "DE EXPEDIENTES" EN LUGAR DE INVENTARIO "DOCUMENTAL", EN LA LEY RELATIVA, NO CONTRAVIENE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (ARTÍCULO 3, FRACCIÓN XXVI, DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS). XVI. ARCHIVOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. EL HECHO DE QUE EN LA LEY RELATIVA NO SE HAYA SEÑALADO "ENTIDADES FEDERATIVAS" SINO "ESTATALES", EN LA DEFINICIÓN DE PATRIMONIO DOCUMENTAL, RESPETA LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (ARTÍCULO 3, FRACCIÓN XXX, DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS). XVII. ARCHIVOS. OBLIGACIONES A CARGO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SUS SISTEMAS LOCALES, EN TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA. XVIII. ARCHIVOS. LA LIBERTAD CONFIGURATIVA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA REGULAR SUS SISTEMAS LOCALES SE ENCUENTRA LIMITADA A QUE LA INTEGRACIÓN, ATRIBUCIONES Y FUNCIONAMIENTO DE ÉSTOS SE PREVEA EN TÉRMINOS EQUIVALENTES A LOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA. XIX. ARCHIVOS. EL DISEÑO DE SU SISTEMA NIVEL LOCAL SERÁ EQUIVALENTE AL FEDERAL, CUANDO AQUÉL NO ENTORPEZCA, DIFICULTE O IMPOSIBILITE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL, NI SU DEBIDA COORDINACIÓN. XX. ARCHIVOS DEL ES
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 141/2019. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: ADRIANA CARMONA CARMONA.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al cuatro de mayo de dos mil veintiuno.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación de la acción, autoridades emisoras y normas impugnadas. Por escrito presentado el diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por conducto de Miguel Novoa Gómez, en su carácter de director general de Asuntos Jurídicos de dicho instituto, promovió acción de inconstitucionalidad en la que señaló como normas generales impugnadas y órganos emisores los siguientes.
Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada:
a) Congreso del Estado de Jalisco.
b) Gobernador del Estado de Jalisco.
Normas generales cuya invalidez se reclama:
"Decreto de reforma Número 27589/LXII/19, publicado el martes 19 de noviembre de 2019, en la Sección IV del Periódico Oficial del Estado de Jalisco, mediante el cual se expide la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios, de la cual se reclaman de manera destacada los artículos 3, 6, segundo párrafo, 8, 21, 29, 31, 33, 39, 56, 73, 81, 85, 88, fracción IX, 115, segundo párrafo, 124, el artículo segundo transitorio, así como las omisiones que se imputan en lo general a dicha ley; el artículo sexto del Decreto por el que se reforman los artículos 6o., 7o. y 9o. de la Ley de Registro Civil del Estado de Jalisco; así como el artículo 151 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Jalisco vigente, publicado también en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. Con respecto a las omisiones se (sic) refiere, ellas se detallan en los conceptos de invalidez en los que se impugna de manera genérica, una omisión de la ley, no como tal un artículo en específico, mismas que constituyen omisiones relativas de ejercicio obligatorio ...".
SEGUNDO.—Preceptos constitucionales que se estiman vulnerados. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales consideró violados los artículos 1o., 6o., apartado A, 16, 73, fracciones XXV, XXIX-S y XXIX-T, 109 y 124, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO.—Conceptos de invalidez. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales hace valer, en síntesis, los argumentos siguientes.
En un primer apartado, la accionante señala que en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional en materia de transparencia de siete de febrero de dos mil catorce, el Poder Reformador de la Constitución ordenó a las Legislaturas Locales armonizar su normativa conforme al Decreto.
El artículo primero transitorio de dicho Decreto, al prever demás ordenamientos, se refiere a la Ley General de Archivos. Así, el Congreso de la Unión, conforme al artículo 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, expidió la tríada de leyes generales –Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Ley General de Archivos– en las que, en su régimen transitorio, se ordenó a las Legislaturas Locales armonizar la legislación correspondiente, de tal manera que dicha armonización no debe verse de manera aislada, sino conjunta para la configuración normativa del derecho de acceso a la información, la protección de datos personales y la garantía de organizar, conservar y preservar los archivos para respetar el derecho a la verdad y el acceso a la información contenida en los archivos.
Señala que conforme al artículo 6o., fracción IV, apartado A, de la Constitución, los sujetos obligados deben preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y, por su parte, la Ley General de Archivos establece el deber del Estado Mexicano de garantizar la organización, conservación y preservación de archivos para respetar el derecho a la verdad y el acceso a la información.
Indica que el derecho a la verdad implica que las autoridades se abstengan de proporcionar información manipulada, incompleta o falsa, so pena de incurrir en violación de derechos humanos, por lo que este derecho se resume en la obligación de informar verazmente.
Refiere que la Ley General de Archivos tiene por objeto establecer los principios y bases generales para la organización, conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en posesión de las autoridades, cuya inobservancia implica la violación a los derechos de acceso a la información, protección de datos personales y derecho a la verdad.
En ese sentido, señala que la contravención de una ley de archivos local a lo dispuesto por la ley general vulnera el sistema normativo e institucional establecido para garantizar y respetar el derecho de acceso a la información.
Primer concepto de invalidez
• El artículo 3, fracciones II, VII, XI, XII, XXIII, XXIV, XXVI, XXX y XXXVI, de la Ley General de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios es contrario a los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracción XXIX-S, y 124 de la Constitución Federal, al establecer definiciones diversas a las previstas en la Ley General de Archivos.
Señala que las definiciones de la Ley General de Archivos constituyen un mínimo irreductible en la armonización para implementar la misma terminología en las leyes locales, para que quien los use, cuente con elementos semánticos comunes.
Sostiene que durante el proceso de armonización de la ley local con la Ley General de Archivos debían utilizarse los mismos términos y definiciones para que todo aquel que los utilice tenga el mismo entendido de qué se debe realizar, cómo se debe proceder, qué alcances tiene su aplicación normativa y en qué sentido es su regulación, a fin de evitar discrepancias.
Considera inconstitucional el hecho de que en la Ley de Archivos del Estado de Jalisco se establezcan términos y definiciones diversas a los previstos en la Ley General de Archivos.
Segundo concepto de invalidez
El artículo 6, segundo párrafo, de la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios vulnera los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXV, XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal, al establecer las calidades de "inalienabilidad, imprescribilidad e inembargabilidad" del patrimonio documental, cuando dicha atribución fue concedida a favor de la Federación, no de las entidades federativas.
Asimismo, sostiene que si bien existe libertad de configuración legislativa para que el archivo general del Estado de Jalisco emita la declaratoria de patrimonio documental del Estado, en la ley local debe precisarse que ello es sin perjuicio de lo establecido en el artículo 84 de la Ley General de Archivos, esto es, de las facultades del Archivo General de la Nación para declarar esos mismos documentos como "patrimonio documental de la Nación".
Tercer concepto de invalidez
• El artículo 8 de la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios es contrario a los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal, puesto que se omite la atribución del archivo general del Estado de emitir la declaratoria de patrimonio documental, pues la Ley General de Archivos otorga dicha facultad al Archivo General de la Nación, en el artículo 106, fracción XXI, de la ley marco.
Además, el precepto es inconstitucional al atribuir al Ejecutivo Estatal la facultad de emitir la declaratoria de "patrimonio documental del Estado", porque quien debe tener esa atribución es el archivo general del Estado, conforme al artículo 106, fracción XXI, de la Ley General de Archivos y, en caso de hacerlo, debe ser a través del archivo general del Estado, conforme al artículo 87 de la referida ley general.
Cuarto concepto de invalidez
• El artículo 21 de la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios es contrario a los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal, al modificar la integración del Sistema Institucional de Archivos de los sujetos obligados en relación con lo previsto en la Ley General de Archivos.
Estima que la integración del Sistema Institucional de Archivos de los sujetos obligados no es acorde a lo establecido en el artículo 21 de la Ley General de Archivos, pues establece que lo integre el grupo interdisciplinario, cuando este fue creado para otros fines, no como un órgano de coordinación para los procesos de valoración documental.
Quinto concepto de invalidez
• El artículo 73 de la Ley de Archivos para el Estado de Jalisco y sus Municipios es contrario a los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal, al establecer una integración diversa del Consejo Estatal de Archivos a la que prevé la ley general.
Manifiesta que la Ley de Archivos del Estado de Jalisco omitió incorporar en el Consejo Estatal de Archivos a la Secretaría General de Gobierno y a la Secretaría de la Función Pública, o su equivalente a nivel estatal.
Asimismo, considera que es inconstitucional el hecho de que la ley local excluya de la integración del Consejo Estatal de Archivos, a los Municipios y sólo incluya a los titulares de los archivos regionales municipales, cuando la Ley General de Archivos prevé la participación de los Municipios de manera incondicionada e, incluso, obligatoria. Refiere que debe incluirse a los presidentes Municipales porque son quienes tienen la representación del Municipio.
Además, sostiene que la ley estatal es inconstitucional, porque no hay claridad sobre cuáles de los integrantes que conforman el Consejo Estatal de Archivos tendrán derecho de voto.
• El artículo 7o. de la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco es inconstitucional, porque regula indebidamente al archivo general como parte del Sistema Estatal de Archivos al definirlo como tal y prever sus atribuciones, cuando ya se encuentra regulado en la ley de la materia.
Sostiene que el artículo 7, párrafo tercero, de la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco es inconstitucional, porque establece cuestiones que debían preverse en otro cuerpo normativo, pues regula la coordinación del archivo general del Estado como parte integral del Sistema Estatal de Archivos con los Sistemas Estatales de Transparencia y Anticorrupción, cuestiones que no se encuentran establecidas en la Ley General de Archivos, por lo que va más allá de lo ahí previsto.
Sexto concepto de invalidez
• El artículo 85 de la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios es contrario a los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal, al establecer una naturaleza jurídica diversa del archivo del Estado a la prevista en la Ley General de Archivos.
La naturaleza jurídica del archivo general del Estado de Jalisco como órgano sectorizado a la Secretaría General de Gobierno, no cumple con la naturaleza jurídica prevista en el artículo 104 de la Ley General de Archivos, para el archivo general como un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objeto y fines.
Considera inconstitucional omitir garantizar la autonomía del archivo general del Estado en la toma de decisiones, así como en su integración y atribuciones.
Señala que el archivo estatal cuenta con las características de un organismo descentralizado no sectorizado, esto es, creado por ley del Congreso o por decreto del Ejecutivo; con personalidad jurídica y patrimonio propios y con funciones administrativas y técnicas sin depender de la voluntad de otro ente público, al no estar sectorizado en alguna dependencia de la administración pública.
Sostiene que el artículo 6o. de la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco es inconstitucional en la medida en que contraviene lo previsto en el artículo 104 de la Ley General de Archivos, debido a que el archivo general del Estado debe ser un organismo descentralizado y no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, de ahí que no pueda depender o estar subordinado a ningún tipo de autoridad.
Séptimo concepto de invalidez
• El artículo 39 de la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios es contrario a los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal, al prever la opinión técnica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos o, en su caso, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como requisito adicional para que proceda la prohibición para clasificar como reservada información que contiene datos personales sensibles, relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o actos de corrupción, requisito que no prevé la ley general.
Considera que la condicionante adicionada en el último párrafo del artículo 39 de la Ley de Archivos del Estado de Jalisco, a saber, "siempre y cuando no se contrapongan con lo establecido en el párrafo anterior", no se encuentra prevista en la Ley General de Archivos, por lo que resulta inconstitucional.
Octavo concepto de invalidez
• El artículo 56 de la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios es contrario a los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal, al prever una integración del grupo interdisciplinario diferente a la que establece la Ley General de Archivos.
Al respecto, estima que el diseño institucional del grupo interdisciplinario en la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios no es coincidente con el diseño previsto en la Ley General de Archivos, por lo que resulta inconstitucional.
Indica que en la iniciativa de la Ley General de Archivos se señaló que el grupo interdisciplinario se conformará por diversos representantes de las áreas jurídica, de planeación, de coordinación de archivos, tecnologías de la información, unidad de transparencia y del órgano interno de control o sus equivalentes de los sujetos obligados y, de ser posible, integrarán un profesional en historia, especialista en materia sustantiva. De esta manera, la ley local desvirtúa la integración y alcances del grupo interdisciplinario y del sistema.
Noveno concepto de invalidez
• El artículo 21, segundo párrafo, de la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios es contrario a los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal, al prever una forma diversa de nombramiento de los responsables de archivo de concentración y del archivo histórico a la que establece la Ley General de Archivos.
Argumenta que la ley local prevé que los responsables del archivo de concentración y del archivo histórico serán nombrados por el titular del área coordinadora de archivo correspondiente; sin embargo, la Ley General de Archivos señala que dichos funcionarios serán nombrados por el titular del sujeto obligado de que se trate, por lo que estima que dichos nombramientos no son acordes a lo que prevé la ley general.
Décimo concepto de invalidez
• El artículo 29 de la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios es contrario a los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal, al omitir establecer el nivel jerárquico que debe tener el titular del área coordinadora de archivos.
Considera que es inconstitucional que en la ley local no exista disposición normativa que establezca el nivel jerárquico del titular del área coordinadora, esto es, el nivel de director general o su equivalente dentro de la estructura orgánica del sujeto obligado, tal como lo dispone el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley General de Archivos.
Lo anterior porque debe contar con la jerarquía suficiente, en tanto el área coordinadora de archivos es la instancia encargada de promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de gestión documental y administración de archivos, así como de coordinar las áreas operativas del Sistema Institucional de Archivos.
Décimo primer concepto de invalidez.
• Los artículos 3, fracción VI, y 85 de la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios, son contrarios a los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal, al prever una duplicidad en cuanto a la denominación de dirección general para diferentes órganos.
Sostiene que las definiciones previstas en las disposiciones impugnadas generan confusión, en virtud de que se entiende que en la misma persona recaerá la titularidad del área coordinadora de archivos y de la Dirección General de Archivos del Estado de Jalisco, no obstante que ambos cargos requieren perfiles distintos previstos en los artículos 27, segundo párrafo, y 11, fracción II, de la ley general.
Aunado a que dicha ley general prevé que durante su gestión, el director general no podrá desempeñar otro empleo, cargo o comisión con excepción de aquellos que pueden desempeñarse en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, siempre que sean compatibles con sus horarios, responsabilidades y actividades dentro del archivo general.
En ese sentido, considera que al omitir prever alguno de los requisitos previstos en la Ley General de Archivos, para ser titular del área coordinadora de archivos o director general del archivo, la ley local resulta inconstitucional.
Décimo segundo concepto de invalidez
• El artículo 115, segundo párrafo, de la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios es contrario a los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal, al establecer la atribución del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, como vigilante del cumplimiento de la ley local, que no está prevista en la Ley General de Archivos.
Considera que dicha atribución excede las facultades del órgano garante especializado en transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, al no ser un órgano especializado en materia de archivos, sino un órgano coadyuvante en temas adyacentes y no centrales.
Sostiene que la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios, es el archivo general del Estado, en coordinación con el consejo y el sistema estatal.
Décimo tercer concepto de invalidez
• Los artículos 31 y 33 de la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios son contrarios a los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal, al omitir establecer el perfil que deben tener los responsables de las oficialías de partes o de gestión documental y los responsables de los archivos de concentración.
Argumenta que la ley local es omisa en regular el tema relativo al perfil que deben tener los responsables de las oficialías de partes, cuestión que sí fue regulada en el artículo 29, último párrafo, de la Ley General de Archivos, que establece que quienes ocupen dichos cargos deben contar con los conocimiento, habilidades, competencias y experiencia acordes con su responsabilidad.
Asimismo, sostiene que la ley local es omisa en establecer el perfil que deben tener los responsables de los archivos de concentración, tal como lo establece el artículo 31, último párrafo, de la Ley General de Archivos; de ahí que resulte inconstitucional el artículo 33 de la ley local que regula lo relativo a los archivos de concentración, como toda la ley en su conjunto.
Décimo cuarto concepto de invalidez
• Los artículos 81 y 88, fracción IX, de la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios son contrarios a los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal, al invadir la esfera de atribuciones que el Archivo General de la Nación tiene concedida por la Ley General de Archivos.
Sostiene que la facultad concedida al archivo general del Estado para convenir con los particulares o con quien legalmente los represente, las bases, procedimientos, condicionantes y garantías para realizar una versión facsimilar o digital de los documentos o archivos de interés público que se encuentre en posesión de particulares, es inconstitucional, porque invade la competencia que en el mismo sentido se otorgó al Archivo General de la Nación, en el artículo 75, último párrafo, de la Ley General de Archivos.
Por otra parte, estima que el artículo 88, fracción IX, de la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios es inconstitucional por falta de claridad, porque faculta a la Dirección General de Archivos del Estado para realizar la declaratoria de interés público respecto de documentos o archivos privados del Estado en coordinación con el Archivo General de la Nación; sin embargo, conforme al artículo 106, fracción XXII, de la Ley General de Archivos, la facultad para emitir las declaratorias de interés público de archivos privados corresponde al Archivo General de la Nación, no así a la Dirección General de Archivos del Estado, como lo establece la disposición normativa impugnada.
Décimo quinto concepto de invalidez
• El artículo 124 de la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios es contrario a los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal, en tanto omite establecer las infracciones graves, tal como lo hace el artículo 118, último párrafo, de la Ley General de Archivos, lo cual tiene repercusiones directas en el Sistema Nacional Anticorrupción, ya que en la Ley General de Responsabilidades Administrativas se prevé la calificación de faltas administrativas graves y no graves, con efectos diferenciados en cuanto a qué instancia habrá de imponer las sanciones que correspondan.
Aunado a que las fracciones I, III y V, de artículo 124 de la Ley de Archivos del Estado, califican como no graves diversas faltas administrativas, que la Ley General de Archivos califica como graves, lo cual resulta inconstitucional.
Décimo sexto concepto de invalidez
• La Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios es contraria a los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal, al omitir establecer los delitos especiales en materia de archivos.
Sostiene que existe libertad de configuración para normar las conductas objeto de sanciones penales, al no tratarse de un tema que corresponde legislar exclusivamente a la Federación, por lo que en la ley local debieron establecerse los tipos penales especiales para la materia atendiendo a la realidad social y a las necesidades de la entidad federativa.
En ese sentido, es inconstitucional la ausencia en la ley local de las conductas delictivas descritas en la fracción I y en el último párrafo del artículo 121 de la Ley General de Archivos, que se refiere a la destrucción de documentos relacionados con violaciones graves a derechos humanos que así se hayan declarado por autoridad competente.
• Es inconstitucional el artículo 151 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, en tanto no se encuentra armonizado con la Ley General de Archivos, en virtud de que no fueron adecuadas o adicionadas las conductas consideradas como delitos en materia de archivos para que fueran acordes con el marco legal e institucional establecido en la ley general, lo que genera se actualice una omisión relativa de ejercicio obligatorio que debe subsanarse.
Décimo séptimo concepto de invalidez
• El artículo segundo transitorio de la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios es contrario a los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal, al establecer la figura del "encargado de despacho", además, omite establecer la fecha de inicio que tendrá el consejo local para sesionar, así como el plazo en el que los sujetos obligados deberán implementar su sistema institucional.
Señala que el artículo segundo transitorio establece que el titular de la Dirección del Área del Archivo Histórico del Gobierno del Estado fungirá como encargado de la Presidencia en el Consejo Estatal de Archivos y será el vínculo con el Consejo Nacional de Archivos en tanto se nombre al titular de la Dirección General de Archivos del Estado; conforme a la ley local se nombra a un encargado de despacho de presidir los trabajos del consejo estatal, por lo que es de suma importancia precisar el periodo del cargo del encargado del despacho para presidir los trabajos del consejo estatal; lo anterior, considerando que la Ley General de Archivos no prevé la figura del "encargado del despacho". Aunado a que tampoco establece cuándo se creará el archivo general del Estado, ya que de ello derivaría el nombramiento del titular del archivo general del Estado quien formalmente presidirá el consejo estatal.
Aunado a que considera inconstitucional que en la ley local se omita establecer el plazo para que los consejos locales comiencen a sesionar.
Además, indica que la ley local es omisa en prever el plazo para que los sujetos obligados implementen su sistema institucional, lo cual es inconstitucional, pues ello sí fue regulado en la Ley General de Archivos, al prever un plazo de seis meses posteriores a la entrada en vigor de dicha ley.
CUARTO.—Admisión y trámite de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de dos de enero de dos mil veinte, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad bajo el número de expediente 141/2019 y, por razón de turno, designó al Ministro José Fernando Franco González Salas como instructor del procedimiento.
Por acuerdo de catorce de enero de dos mil veinte, el Ministro instructor admitió a trámite el asunto, ordenó dar vista a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Jalisco para que rindieran sus informes correspondientes y remitieran los documentos solicitados para la debida integración del expediente; así como a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a sus esferas competenciales conviniera.
QUINTO.—Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, el diez de febrero de dos mil veinte, el Poder Ejecutivo Estatal, por conducto de Adrián Talamantes Lobato, quien se ostentó como consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, rindió el informe que le fue requerido, en el que manifestó los argumentos siguientes:
En relación con la procedencia de la acción de inconstitucionalidad.
Primero. En principio, refiere que se actualiza la falta de legitimación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, porque a la fecha de la presentación de la demanda no existía documento habilitante que avalara la determinación del Pleno de dicho instituto para promover la acción de inconstitucionalidad.
Al respecto, sostiene que conforme a los artículos 41, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 9, 12, fracción IV, y 32, fracciones I y II, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la atribución para interponer las acciones de inconstitucionalidad contra leyes de carácter federal o estatal, así como tratados internacionales que vulneran los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, corresponde al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, determinación que debe tomarse en la sesión correspondiente, lo cual debe constar por escrito y estar debidamente fundada y motivada.
Sin embargo, al momento de la presentación de la demanda, el documento habilitante no fue exhibido, de ahí que ni siquiera debía admitirse a trámite.
Segundo. Considera que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales carece de legitimación, dado que las disposiciones impugnadas no vulneran el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, ni siquiera guardan relación con dicha materia.
En ese sentido, estima que debe decretarse el sobreseimiento en la acción de inconstitucionalidad respecto de los artículos 3, 6, segundo párrafo, 21, segundo párrafo, 29, 31, 33 y segundo transitorio, de la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de que su contenido no versa sobre el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales, ni vulnera dichos derechos.
En relación con la materia del estudio de fondo del asunto.
Respecto al primer concepto de invalidez, considera que el hecho de que en el artículo 3 de la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios se prevean diversas definiciones, no transgrede el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.
Además, refiere que la oscuridad del reclamo genera indefensión de la parte demandada, al no expresarse verdaderos conceptos de invalidez.
En cuanto al segundo concepto de invalidez, sostiene que debe reconocerse la validez del artículo 6o. de la ley impugnada, en la medida en que no es verdad que sólo los bienes de la Federación pueden revestir los atributos de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad, pues de conformidad con el artículo 121, fracción II, de la Constitución Federal los bienes muebles se rigen por l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30177-ba6c6f39/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-director-general-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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