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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI) PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LEYES EN MATERIA DE ARCHIVOS [ARTICULO 105, FRACCIÓN II, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI) PUEDE PRESENTARLA EN REPRESENTACIÓN DE ESTE ENTE LEGITIMADO. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI BIEN ES IMPROCEDENTE CONTRA UNA OMISIÓN ABSOLUTA EN LA EXPEDICIÓN DE UNA LEY, NO LO ES CUANDO AQUÉLLA SEA RESULTADO DE UNA DEFICIENTE REGULACIÓN DE LAS NORMAS RESPECTIVAS. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL RELATIVA A QUE, AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA, SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE PARA ANALIZAR VIOLACIONES A LO ESTABLECIDO EN UNA LEY GENERAL. VII. FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES. VIII. LEYES GENERALES. TIENEN POR OBJETO DISTRIBUIR LAS COMPETENCIAS ENTRE LA FEDERACIÓN Y LOS ESTADOS, OTORGANDO LAS BASES PARA EL DESARROLLO DE LAS LEYES LOCALES CORRELATIVAS. IX. LEGISLACIÓN FEDERAL Y LOCAL EN MATERIAS CONCURRENTES. SU VALIDEZ DEPENDE DE LO ESTABLECIDO TANTO EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL COMO EN LAS LEYES GENERALES. X. ARCHIVOS. FINALIDAD DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE FEBRERO DE 2014, A LOS ARTÍCULOS 6o. Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE FACULTÓ AL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA EMITIR UNA LEY GENERAL EN LA MATERIA. XI. ARCHIVOS. DADA LA CONCURRENCIA LEGISLATIVA EN DICHA MATERIA, LOS CONGRESOS LOCALES CARECEN DE COMPETENCIA PARA LEGISLAR EN SUS ASPECTOS PRIMARIOS, PERO QUEDAN FACULTADOS PARA ARMONIZAR Y ADECUAR SUS LEGISLACIONES CONFORME A LA LEY GENERAL RELATIVA (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE FEBRERO DE 2014). XII. ARCHIVOS. LA LEY GENERAL DE LA MATERIA CONSTITUYE EL PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL DE LAS NORMAS LOCALES QUE REGULAN UN ASPECTO PREVISTO EN AQUÉLLA. XIII. ARCHIVOS. EL HECHO DE QUE LA LEY GENERAL DISPONGA LAS BASES Y LOS PRINCIPIOS EN LA MATERIA NO IMPLICA QUE LAS LEGISLATURAS LOCALES DEBAN UTILIZAR LOS MISMOS CONCEPTOS O DEFINICIONES QUE ESTA ÚLTIMA ESTABLECE. XIV. ARCHIVOS. ENTRE LAS LEYES LOCALES Y LA LEY GENERAL EN LA MATERIA NO EXISTE UN DEBER DE IDENTIDAD CONCEPTUAL, PERO LAS ACEPCIONES ADOPTADAS EN LA LEGISLACIÓN LOCAL NO DEBEN IMPACTAR SIGNIFICATIVAMENTE A LA REALIZACIÓN DE LOS VALORES Y AL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES QUE SE PROPONE ESTE ÚLTIMO ORDENAMIENTO. XV. ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE SONORA. OMISIÓN DE INCORPORAR EN LA LEY RELATIVA EL CONCEPTO "DATOS ABIERTOS", COMO POSIBLE OBSTÁCULO PARA LA HOMOLOGACIÓN DE LOS PROCESOS ARCHIVÍSTICOS EN ESA ENTIDAD FEDERATIVA (DESESTIMACIÓN RESPECTO DE LA ALEGADA OMISIÓN DE INCORPORAR EN LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE SONORA EL CONCEPTO PREVISTO EN LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS). XVI. ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE SONORA. LA AUSENCIA EN LA LEY RELATIVA DE LA DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS "ÓRGANO DE GOBIERNO" Y "ÓRGANO DE VIGILANCIA", NO REPRESENTA UN OBSTÁCULO PARA LA HOMOLOGACIÓN DE LOS PROCESOS ARCHIVÍSTICOS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS (INFUNDADO EL CONCEPTO DE INVALIDEZ RELATIVO A LA FALTA INCORPORACIÓN EN LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE SONORA DE LAS DEFINICIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 4, FRACCIONES XLIII Y XLIV, DE LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS). XVII. ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE SONORA. LA AUSENCIA EN LA LEY RELATIVA DE LA DEFINICIÓN DE "REGISTRO NACIONAL" NO IMPACTA EN EL FUNCIONAMIENTO DE ÉSTE COMO INSTRUMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS PARA OBTENER Y CONCENTRAR INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES Y DE LOS ARCHIVOS PRIVADOS DE INTERÉS PÚBLICO, ASÍ COMO PARA DIFUNDIR EL PATRIMONIO DOCUMENTAL QUE SE RESGUARDE EN SUS ARCHIVOS (INFUNDADO EL CONCEPTO DE INVALIDEZ RELATIVO A LA FALTA INCORPORACIÓN EN LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE SONORA DE LA DEFINICIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 4, FRACCIÓN XLVIII, DE LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS). XVIII. ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE SONORA. LA LEY RELATIVA VULNERA EL PRINCIPIO DE HOMOLOGACIÓN APLICABLE A LOS PROCESOS ARCHIVÍSTICOS, AL PREVER SUPUESTOS PARA EL ACCESO Y CONSULTA DE DOCUMENTOS CON VALOR HISTÓRICO QUE CONTENGAN DATOS SENSIBLES, PERO QUE AÚN NO HAN SIDO TRASLADADOS A UN ARCHIVO HISTÓRICO, QUE SON SUSTANCIALMENTE DISTINTOS LOS

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 276/2020. · Registro digital (IUS): 31468
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-05-26
Promovente: INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Mayo de 2023, Tomo I, Pág.903.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 276/2020. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 24 DE MARZO DE 2022. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JOSÉ JUAN TORRES TLAHUIZO.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al veinticuatro de marzo de dos mil veintidós.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Presentación de la demanda. Por oficio presentado el dieciséis de octubre de dos mil veinte a través del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y recibidas el mismo día en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal,(1) el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por conducto de su director general de Asuntos Jurídicos, promovió acción de inconstitucionalidad, en la que solicitó la invalidez de lo siguiente:

"III. La norma general cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicó: Ley de Archivos para el Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, en particular, sus artículos 4, 11, 33, 68, 72, 73, 74, 75, 96, 101, 103, cuarto, sexto y decimotercero transitorios, así como las omisiones detectadas, y que se detallan en los conceptos de invalidez."

2. SEGUNDO.—Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. En la demanda, el instituto promovente señaló que los preceptos impugnados transgreden los artículos 1o., 6o., apartado A; 14, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T; 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. TERCERO.—Conceptos de invalidez. El promovente de esta acción hace valer, en síntesis, lo siguiente:

• El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce, previó en su artículo quinto transitorio el mandato hacia las Legislaturas Locales para armonizar su normativa conforme lo establecido en dicho decreto.

• Derivado de la reforma constitucional en comento, y con fundamento en los artículos 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, de la Constitución Federal, el Congreso de la Unión expidió de manera gradual la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y la Ley General de Archivos, estableciéndose en su correspondiente régimen transitorio, en concordancia con el artículo quinto transitorio del decreto de reformas constitucionales publicado el siete de febrero de dos mil catorce, el mandato hacia las Legislaturas Locales de armonizar su respectiva legislación.

• La armonización de la triada de leyes no debe verse de manera aislada, sino de manera conjunta, en un plano en el que se conjuga la configuración normativa en el orden local de los derechos humanos fundamentales, y una garantía para el derecho de acceso a la información, el derecho a la protección de datos personales, y la garantía de organizar, conservar y preservar los archivos con el objeto de respetar el derecho a la verdad y el acceso a la información contenida en los archivos.

• El derecho a la verdad exige que si las autoridades públicas asumen ante la sociedad actitudes que permitan atribuirles conductas faltas de ética, al entregar a la comunidad información manipulada, incompleta, condicionada a intereses de grupos o personas que le vede la posibilidad de conocer la verdad para poder participar libremente en la formación de la voluntad general, incurren en violación grave a derechos humanos, pues su proceder conlleva considerar que existe en ellas la propensión de incorporar a nuestra vida política lo que podríamos llamar "la cultura del engaño", de la "manipulación", y de la "ocultación", en lugar de enfrentar la verdad y tomar acciones rápidas y eficaces para llegar a ésta y hacerla del conocimiento de los gobernados. El derecho a la verdad, en suma, implica que las autoridades se abstengan de dar a la comunidad información manipulada, incompleta o falsa, so pena de incurrir en violación grave a los derechos humanos.

• En esta tesitura, la Ley General de Archivos, con el ánimo de respeto al derecho a la verdad, al de acceso a la información, y de protección de datos personales, tiene por objeto establecer los principios y bases generales para la organización, conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en posesión de cualquier instancia gubernamental de los tres órdenes de gobierno.

• Los principios y bases o mínimos irreductibles se encuentran desarrollados en todo el contenido normativo que comprende la propia Ley General de Archivos. De ahí que la inobservancia de esos principios y bases acarrearía en automático el que los derechos de acceso a la información, de protección de datos personales, pero, sobre todo, el derecho a la verdad, dejen de ser garantizados debidamente.

• De no contarse con archivos organizados, conservados y preservados homogéneamente, impactaría negativamente y restringiría o menoscabaría el ejercicio del derecho de acceso a la información y de protección de datos, pues no puede haber derecho de acceso a la información ni protección de datos si no existen archivos administrados y conservados homogéneamente, por lo que es necesario asegurar la garantía de ambos derechos mediante el cumplimiento de la Ley General de Archivos.

• La contravención a la Ley General de Archivos por parte de una legislación local traería como consecuencia su inconstitucionalidad, toda vez que es la Constitución Federal la que establece que los aspectos de organización y administración homogénea de los archivos de toda la República serán desarrollados en la ley que para tal efecto emita el Congreso de la Unión. Por lo tanto, se concluye que dicha ley general conforma parte del parámetro de regularidad constitucional que, en materia de archivos, debe regir, y cuya contravención por parte de una legislación local derivaría en su inconstitucionalidad.

• Primer concepto de invalidez. El artículo 4 de la Ley de Archivos para el Estado de Sonora, es contrario al artículo 4, fracciones XXI, XLIII, XLIV y XLVII, de la Ley General de Archivos y, por ende, a los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal, al omitir definiciones distintas a las previstas en la Ley General de Archivos. Las definiciones contenidas en la Ley General de Archivos "datos abiertos", "órgano de gobierno", "órgano de vigilancia", y "Registro Nacional", constituyen un mínimo irreductible durante el proceso de armonización, pues mediante ellas, es posible implementar la misma terminología en los ordenamientos locales para que, quien los utilice, cuente con elementos semánticos comunes.

De ahí, que tendrían que integrarse al artículo 4 de la ley local tales definiciones como se encuentran previstas en las fracciones XXI, XLII, XLIV y XLVIII del artículo 4 de la Ley General de Archivos, y verse reflejadas a lo largo de la Ley de Archivos para el Estado de Sonora.

• Segundo concepto de invalidez. El artículo 33 de la Ley de Archivos para el Estado de Sonora, excede lo establecido en el diverso 38 de la ley general, con lo que viola los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal, al contravenir el supuesto para permitir el acceso a un documento que no haya sido transferido a un archivo histórico. El artículo 38 de la Ley General de Archivos establece la facultad de los organismos garantes (nacional y locales) para permitir el acceso a la información de un documento con valores históricos que no haya sido transferido a un archivo histórico y que contenga datos sensibles cuando, entre otros requisitos, se solicite para una investigación o estudio que se considera relevante para el país.

Sin embargo, el artículo 38 que se impugna omite los supuestos que establece el artículo 38 de la Ley General de Archivos para acceder a la información de esos documentos con valores históricos; pero más aún, erróneamente sujeta ese acceso a los requisitos que establece el artículo 120 de la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información Pública, mismo que se refiere a un supuesto diverso, a saber: los casos excepcionales en que no se requerirá consentimiento de los particulares titulares para que los sujetos obligados permitan el acceso a información confidencial.

• Tercer concepto de invalidez. El artículo 68 de la Ley de Archivos para el Estado de Sonora excede lo establecido en el diverso 46 de la ley general, con lo que viola los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal, al invadir la competencia del Consejo Nacional prevista en el citado artículo. En el artículo 46 de la Ley General de Archivos se prevé que es competencia del Consejo Nacional emitir los lineamientos que establezcan las bases para la creación de sistemas automatizados para la gestión documental y administración de archivos, así como los repositorios electrónicos, previendo incluso diversas características en su diseño.

Por su parte, en el artículo 57 de la ley local se faculta al Consejo Estatal para emitir los lineamientos que establezcan las bases para la disposición documental de las series documentales. Del mismo modo, el artículo 68, fracción V, de ese ordenamiento, prevé como atribución del Consejo Estatal proponer al Consejo Nacional disposiciones que regulen la creación y uso de sistemas automatizados para la gestión documental y administración de archivos para los sujetos obligados, que contribuyan a la organización y conservación homogénea de sus archivos.

En razón de lo anterior, se advierte que el artículo 68 de la ley local, al facultar al Consejo Estatal para emitir los lineamientos citados, invade la competencia del Consejo Nacional prevista en el citado artículo 46 de la Ley General de Archivos, lo cual es un aspecto de presunta inconstitucionalidad o invalidez.

Si bien el artículo 57, último párrafo, de la ley local establece que el Consejo Estatal podrá emitir los lineamientos que al efecto determine, tomando en consideración las características y necesidades específicas de los sujetos obligados, siempre que no contravenga lo dispuesto por el Consejo Nacional se considera que, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley General de Archivos, es competencia del Consejo Nacional emitir lineamientos que establezcan las bases para la creación de sistemas automatizados para la gestión documental y administración de archivos, así como de los repositorios electrónicos.

• Cuarto concepto de invalidez. Falta de prohibición en la Ley de Archivos para el Estado de Sonora, de recibir emolumentos, los miembros del Consejo Estatal, por participar en comisiones permanentes o temporales, con lo que viola los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal, al no encontrarse armonizado al artículo 69 de la Ley General de Archivos. La Ley de Archivos para el Estado de Sonora es omisa en establecer la prohibición para que los miembros de las comisiones reciban emolumento o remuneración por su participación en las mismas, tal como se establece en el último párrafo del artículo 69 de la Ley General de Archivos, lo que es de suma importancia para así evitar posibles actos de corrupción o compromisos adquiridos con una circunstancia que está prohibida.

• Quinto concepto de invalidez. Los artículos 101, fracción IV y 103, fracción II, de la Ley de Archivos para el Estado de Sonora, relativos a la integración y funciones del Órgano de Gobierno y director general, ambos del Archivo General del Estado, no son equivalentes a lo dispuesto para el Sistema Nacional, lo que contraviene los artículos 71, 110 y 112 de la Ley General de Archivos, violando así los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, de la Constitución Federal. El artículo 101 de la ley impugnada establece la integración del Órgano de Gobierno del Archivo General del Estado contraviniendo lo establecido en el artículo 110 de la Ley General de Archivos, pues en dicho precepto no se advierte un órgano equivalente al establecido en la fracción IV del artículo 101 de la ley local, que integra al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización como parte del órgano de gobierno.

Igual acontece con la omisión de integrar a un órgano equivalente a la Secretaría de Cultura, como se observa del artículo 110, fracción V, de la Ley General de Archivos.

Similar sucede con lo dispuesto en la fracción VII del artículo 101 impugnado, pues se integra al director del Archivo General del Estado al órgano de gobierno, siendo que el director general debe ser otro órgano del Archivo General y no reunir dos calidades, como participante del Órgano de Gobierno del Archivo General del Estado y como director del mismo; por lo que es contrario a la integración que, para ambos órganos, determina la Ley General de Archivos.

Por su parte, el artículo 103, fracción II, de la ley combatida dispone que el director general del Archivo Estatal tendrá entre sus funciones la de fungir como secretario ejecutivo del Órgano de Gobierno del Archivo General del Estado. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 112 de la Ley General de Archivos, el director general debe fungir únicamente como su director general y no reunir dicho cargo y la calidad de secretario ejecutivo del órgano de gobierno, cuando además la ley marco no prevé un secretariado ejecutivo como integrante del Órgano de Gobierno del Archivo General.

En tales circunstancias, los artículos 101 y 103, fracción II de la Ley de Archivos para el Estado de Sonora, relativos a la integración y funciones del Órgano de Gobierno y del director general, ambos del Archivo General del Estado, no son equivalentes a lo dispuesto en el Sistema Nacional de Archivos.

• Sexto concepto de invalidez. Omisión en la Ley de Archivos para el Estado de Sonora de establecer en toda la ley los fines para los que fue creado el Archivo General del Estado, con lo que viola los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal, al no encontrarse armonizado al artículo 105 de la Ley General de Archivos. Es importante que las leyes definan los objetivos y finalidades de los archivos de cada entidad federativa, para evitar que les sean encomendadas labores que no corresponden a la naturaleza y al objeto constitucional para el que se supone deben ser creados, esto es, a la organización y administración homogénea de archivos, a partir de lo cual deben establecerse sus objetivos, finalidades y funciones, dotando así de seguridad jurídica tanto a gobernados como a autoridades.

En tales circunstancias la omisión de la ley local es violatoria de la ley general, pues no atiende a una cuestión fundamental para la función del Sistema Nacional de Archivos que contiene a los sistemas locales, como lo es el establecimiento del objeto y finalidad de los archivos locales, por lo que al no dejar establecida tal cuestión permite a las autoridades atribuirle funciones que no le deberían corresponder, lo que es violatorio de la seguridad jurídica que debe imperar y de la materia archivística.

• Séptimo concepto de invalidez. Los artículos 96 y cuarto transitorio de la Ley de Archivos para el Estado de Sonora son violatorios de la Ley General de Archivos, por cuanto establece una naturaleza jurídica del Archivo General del Estado distinta a la prevista en el artículo 104 de la ley general, violentando con ello los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal. La ley es omisa en reconocer la "no sectorización" del Archivo General del Estado, lo cual puede redundar en el ejercicio de sus funciones.

De poco sirve darle al Archivo General del Estado la naturaleza de organismo descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, y autonomía técnica y de gestión, si se le sectoriza, es decir, si se le hace depender de la Secretaría de Gobierno, pues por mucho que en el plano legal goce de esas características, el sectorizarlo suscitará circunstancias de facto que impedirán el pleno desarrollo de sus funciones.

Derivado de lo anterior, se estima pertinente dar génesis al Archivo General del Estado como organismo descentralizado no sectorizado, con la finalidad de que la naturaleza jurídica del Archivo General del Estado se encuentre armonizada con lo previsto por el artículo 104 de la Ley General de Archivos.

• Octavo concepto de invalidez. Los artículos 4, fracción XLVIII, 11, fracción IV, 72, 73, 74, 75 y el transitorio décimo tercero, de la Ley de Archivos para el Estado de Sonora resultan contrarios a los artículos 78, 79, 80 y 81 de la Ley General de Archivos y, por ende, a los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal, al prever un Registro Estatal de Archivos. La Ley General de Archivos previó un Registro Nacional de Archivos por parte del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Archivos, es decir, se plantea un registro como un instrumento de ese sistema para que los sujetos obligados de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, acompañen la conformación de dicho registro. Por tal motivo, el Registro Nacional de Archivos registrará, tanto los documentos del ámbito nacional, como del ámbito local, siendo un repositorio en materia archivística en favor tanto de la Federación como de las entidades federativas.

En tal supuesto, el Sistema Nacional de Archivos como expresión coordinada de sus miembros, se constituye por diversos organismos, entre ellos, el Archivo General de la Nación y los Sistemas Estatales de Archivos, por lo que el registro es una expresión de carácter federalista, además de una herramienta del Sistema Nacional como instancia de coordinación y colaboración.

Por lo referido se observa que, dado que el registro, como herramienta del Sistema Nacional requiere someter su construcción normativa secundaria ante el Consejo Nacional, excluyó inclusive, la intervención del ámbito federal.

Por otra parte, la Ley General de Archivos faculta al Archivo General de la Nación para que administre el Registro Nacional de Archivos. Dicha administración dependerá de la normativa que, para tales efectos, expida el Consejo Nacional. Por tal motivo, es dable concluir que en la Ley General de Archivos hay ausencia de configuración legislativa a favor de las entidades federativas para legislar sobre la creación de un Registro Estatal de Archivos.

En ese mismo sentido, suponer que las Legislaturas Locales ostentan la atribución de legislar en materia de Registro Estatal de Archivos, implicaría duplicidad de funciones sobre un mismo tema, cuya competencia, como ha quedado evidenciado, corresponde exclusivamente al Sistema Nacional a través de su Consejo Nacional.

Adicionalmente, el artículo décimo tercero transitorio de la Ley General de Archivos establece el mandato para que el Archivo General de la Nación ponga en operación la plataforma del Registro Nacional de Archivos dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de dicha ley, condición que se cumplió el quince de diciembre de dos mil diecinueve. Por ello, se llega a la convicción de que el deber de establecer la plataforma del Registro Nacional de Archivos corresponde, tanto al Consejo Nacional en su parte normativa, como al Archivo General de la Nación en su parte administrativa, sin que su alcance comprenda el desarrollo normativo por parte de las Legislaturas Locales en el proceso de armonización legislativa.

En suma, si bien existe libertad de configuración legislativa a favor de las entidades federativas, no existe tal en materia del Registro Estatal de Archivos, puesto que del análisis de los artículos 78 al 81 de la Ley General de Archivos, se desprende que lo que pretende el legislador nacional es contar con una sola aplicación informática, alimentada por la información que habrán de registrar los sujetos obligados de los tres órdenes de gobierno en favor de una base registral única. Al suponer que pueda haber treinta y dos registros estatales de archivo, perdería el atributo de que sea una herramienta única, uniforme y accesible a todos. • Noveno concepto de invalidez. El artículo sexto transitorio de la Ley de Archivos para el Estado de Sonora, resulta contrario al artículo 16 constitucional, pues su imprecisión respecto del diverso numeral (79) al que refiere, genera inseguridad jurídica misma que redundará en detrimento de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. El artículo en estudio establece literalmente lo siguiente:

"Artículo sexto. El monto de fondo de apoyo económico para archivos, establecido en el artículo 79 en la presente ley, se constituirá por lo menos con el importe correspondiente al 0.0005 % del total de ingresos a recibir de cada ejercicio fiscal."

Por su parte, el artículo 79 al que el transitorio hace referencia dispone:

"Artículo 79. Para que pueda aplicarse la protección que la ley general otorga al patrimonio documental de la nación, aquellos documentos que tengan la categoría de patrimonio documental del Estado de Sonora, podrán considerarse patrimonio documental de la nación, siempre y cuando cumplan con la normatividad que corresponda. El patrimonio documental del Estado de Sonora está sujeto a la jurisdicción de los Poderes del Estado, en los términos prescritos por esta ley y las disposiciones jurídicas aplicables."

Como puede advertirse, el artículo 79 no tiene relación alguna con el fondo de apoyo económico para archivos a que refiere el sexto transitorio, sino que tal disposición se encuentra en el diverso 76 de la ley local, como se puede constatar de la siguiente transcripción:

"Artículo 76. El Estado deberá crear y administrar el fondo de apoyo económico para los archivos, cuya finalidad será promover la capacitación, equipamiento y sistematización de los archivos en poder de los sujetos obligados en sus respectivos ámbitos de competencia."

Así, el precepto al que en realidad debiera referirse el artículo sexto de vigencia temporal, es al artículo 76 de la ley local y no al 79.

Ahora, aunque esto pudiera parecer un mero error material en el número, es importante que se corrija, puesto que su permanencia, de la forma en que se encuentra redactado, podría llegar a impedir la asignación de los recursos a que se refiere el sexto transitorio.

Esto es así, dado que si se toma en consideración el principio de legalidad a que se encuentra sujeta toda autoridad y por el que, la autoridad no puede hacer otra cosa sino aquello para lo que se encuentra autorizada legalmente, se tiene que la referencia al artículo 79 podría impedir la asignación y ejercicio de los recursos en comento, ya que si se aplica de forma estricta la ley y se acude al 79, que es la literalidad del sexto, se tiene que el 79 no prevé ningún fondo y, al no hacerlo, esto podría ser interpretado por el aplicador de la norma de tal modo que resultara que, dado que el sexto se refiere al precepto 79 y éste no prevé el fondo, dichos recursos no pudieran llegar al fondo respectivo, pues la obligación sustantiva de asignar recursos al multicitado fondo se encuentra en un precepto diverso, el artículo 76, lo cual pone en riesgo la viabilidad del mismo, afectando de tal forma la seguridad jurídica en detrimento de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, que requieren de una normatividad efectiva en materia de archivos.

4. CUARTO.—Radicación y turno. Por acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil veinte,(2) el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad con el número 276/2020 y la turnó a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa como instructora del procedimiento.

5. QUINTO.—Admisión de la demanda. La Ministra instructora admitió a trámite el presente asunto mediante proveído de veintinueve de octubre de dos mil veinte,(3) en el cual ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Sonora para que rindieran sus respectivos informes; asimismo, requirió al órgano legislativo para que remitiera copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas y al órgano ejecutivo para que exhibiera copia certificada del Periódico Oficial Estatal en el que conste su publicación. De igual forma, dio vista a la Fiscalía General de la República, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que antes del cierre de instrucción manifiesten lo que a su respectiva representación corresponda.

6. SEXTO.—Acuerdo que tiene por rendidos los informes de las autoridades emisora y promulgadora. Por acuerdo de uno de diciembre de dos mil veinte, la Ministra instructora tuvo por rendidos los informes requeridos a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Sonora; se tuvieron por remitidas las copias certificadas de los antecedentes legislativos solicitados y se ordenó dejar los autos a la vista de las partes para que en el plazo legal formularan sus alegatos por escrito.

7. SÉPTIMO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Sonora. Mediante oficio recibido el treinta de noviembre de dos mil veinte en el Buzón Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual fue registrado el uno de diciembre de ese mismo año en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sonora rindió el informe solicitado,(4) donde, en resumen, manifestó:

• Solicita se sobresea en el presente asunto conforme lo previsto en los artículos 20 y 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, pues del propio escrito del promovente se desprende que el acto reclamado es totalmente constitucional.

• Respecto del primer concepto de invalidez en el que se menciona que el artículo 4 de la ley de archivos local es contrario al artículo 4 de la Ley General de Archivos dice que, si bien es cierto que no se incluyeron los conceptos mencionados por el promovente, en ningún momento el Congreso Local estableció alguna definición contraria a las previstas en la norma federal. La ley estatal en materia de archivos establece que, respecto de las disposiciones no contempladas en ella, se aplicará la Ley General de Archivos de manera supletoria, por lo que el artículo 4o. de la Ley de Archivos para el Estado de Sonora, resulta constitucional.

• En cuanto al segundo concepto de invalidez en el que el promovente aduce que el Congreso Local se extralimitó en el artículo 33 de la Ley Estatal de Archivos, ya que no dice literalmente lo plasmado en el artículo 38 de la Ley General de Archivos, este Poder Legislativo permite el acceso a la información de los documentos con valores históricos que no hayan sido transferidos a un archivo histórico y que contenga datos personales, simplemente plantea un procedimiento distinto, el cual no contraviene ningún precepto constitucional.

• Respecto del tercer concepto de invalidez, este Congreso de Sonora en ningún momento otorga facultades al Consejo del Estado de Sonora en materia de archivos que invadan la esfera de atribuciones del Consejo Nacional en la materia, simplemente en el artículo 68, fracción V, de la ley de archivos local se faculta al Consejo Estatal para que, en el marco del Consejo Nacional pueda proponer las disposiciones que regulen la creación y uso de sistemas automatizados para la gestión documental y administración de archivos para los sujetos obligados del ámbito estatal, que contribuyen a la organización y conservación homogénea de sus archivos. Si se interpreta de forma literal, el Consejo Local sólo propondrá al Consejo Nacional disposiciones, en virtud de que este último es el facultado para adoptar o aprobar dichas disposiciones, por lo que no se invade la competencia del Consejo Nacional.

• Respecto del cuarto concepto de invalidez dice que en el artículo 66, último párrafo, de la Ley de Archivos para el Estado de Sonora se estableció la expresa prohibición a los miembros del Consejo Estatal de recibir remuneración alguna por su participación, y al referirse a participación, se engloban todas sus actuaciones como integrantes del Consejo Estatal.

• En cuanto al quinto concepto de invalidez, dice que la Ley General de Archivos dispone que quienes sean integrantes deberán contar con el nivel de subsecretario, titular de unidad administrativa o su equivalente, es decir, su similar. En ningún momento obliga a las entidades federativas a que la integración del sistema local lo integre personal de cierta dependencia en específico, es por ello que los artículos de la ley de archivos local que se refieren a la integración del sistema local de archivos son constitucionales.

• En relación con el sexto concepto de invalidez, dice que no existe omisión del Congreso Local en establecer el fin y el objeto para los que fue creado el Archivo General del Estado, pues en el artículo 4, fracción VII, de la Ley de Archivos para el Estado de Sonora éstos fueron señalados.

• Los conceptos de invalidez séptimo y octavo carecen de fundamento, pues la ley general de archivos no prohíbe a las Legislaturas Locales a no sectorizar a los archivos generales a nivel local ni que puedan crear un Registro Estatal de Archivos.

• El noveno concepto de invalidez lo niega, pues se brinda certeza a los ciudadanos de que en cada ejercicio fiscal en el Estado de Sonora se destinará el mismo porcentaje de importe respecto del total de ingresos a recibir en cada ejercicio fiscal.

8. OCTAVO.—Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. Mediante oficio recibido el treinta de noviembre de dos

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31468-5983e597/i-accion-de-inconstitucionalidad-legitimacion-del-instituto-nacional · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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