I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO SE CONTROVIERTE UNA NORMA GENERAL POR VULNERAR LOS DERECHOS DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS (LEY NÚMERO 288 QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA). II. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN DE LOS COMISIONADOS DE LOS ORGANISMOS GARANTES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CON LA COLABORACIÓN ENTRE LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO ESTATALES, PROCURANDO LA EQUIDAD DE GÉNERO (ARTÍCULO 2o., APARTADOS A, FRACCIÓN V, PÁRRAFOS QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO, Y B, DE LA LEY NÚMERO 288 QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA). III. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CARECEN DE COMPETENCIA PARA ESTABLECER UN PLAZO DIVERSO AL MÁXIMO DE SIETE AÑOS PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA PARA LA DURACIÓN DEL CARGO DE COMISIONADOS DE SUS ORGANISMOS GARANTES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 2o., APARTADO A, FRACCIÓN V, PÁRRAFO OCTAVO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EN CASO DE QUE CONCLUYAN LOS PLAZOS SEÑALADOS Y NO SE HUBIERE DESIGNADO AL COMISIONADO RESPECTIVO, ÉSTE CONTINUARÁ EN EL CARGO HASTA EN TANTO SE REALICE LA DESIGNACIÓN CORRESPONDIENTE", DE LA LEY NÚMERO 288 QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EFECTOS DE LA INVALIDEZ DE UN PRECEPTO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE DA LUGAR A LA APLICACIÓN DIRECTA DE LO PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 2o., APARTADO A, FRACCIÓN V, PÁRRAFO OCTAVO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EN CASO DE QUE CONCLUYAN LOS PLAZOS SEÑALADOS Y NO SE HUBIERE DESIGNADO AL COMISIONADO RESPECTIVO, ÉSTE CONTINUARÁ EN EL CARGO HASTA EN TANTO SE REALICE LA DESIGNACIÓN CORRESPONDIENTE", DE LA LEY NÚMERO 288 QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA Y, POR CONSECUENCIA, LA APLICACIÓN DIRECTA DE LOS ARTÍCULOS 6o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 38 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 74/2018. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 28 DE MAYO DE 2019. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: GUADALUPE DE JESÚS HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiocho de mayo de dos mil diecinueve.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación. Por escrito presentado el doce de septiembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por conducto de su director general de Asuntos Jurídicos promovió acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 2o., apartado A, fracción V, párrafos quinto, sexto, séptimo y octavo y, apartado B, de la Constitución Política del Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno de Sonora, el trece de agosto de dos mil dieciocho.
Señaló como autoridades emisora y promulgadora de las normas impugnadas a las siguientes:
I. Órgano Legislativo: Congreso del Estado de Sonora.
II. Órgano Ejecutivo: Gobernador del Estado de Sonora.
SEGUNDO.—Normas constitucionales y convencionales que se aduce violadas.
• Artículos 1o., 6o., apartado A, fracciones I a la VIII, 73, fracción XXIX y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
• Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
TERCERO.—Texto de la norma cuya invalidez se solicita:
Constitución Política del Estado de Sonora.
Ver texto
CUARTO.—Conceptos de invalidez. El promovente expuso, en síntesis, los siguientes argumentos:
Primero. El artículo 2o., apartado A, fracción V, párrafo octavo, de la Constitución Política del Estado de Sonora, es contrario a los artículos 6o., 73, fracción XXIX-S y 116, fracción VIII, de la Constitución Federal, al prever un supuesto jurídico que no se encuentra dispuesto en ella ni en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El artículo 73, fracción XXIX-S, de la Constitución General de la República establece que el Congreso de la Unión emitiría una ley general, la cual junto con los principios contenidos en el apartado A del artículo 6o. constitucional, fijarían la manera en que se debe legislar en todos los niveles de gobierno en relación con la transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas.
Por tanto, el Estado de Sonora –como cualquier otra entidad federativa– no goza de libertad configurativa para legislar en relación con la transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, sino en todo momento debe de ceñirse a los principios y bases del apartado A del artículo 6o. constitucional y a los establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
De igual forma, el artículo 116, fracción VIII, de la Constitución Federal prevé que las entidades federativas crearán órganos garantes que deberán ceñirse a las bases y principios contenidos en el apartado A del artículo 6o. constitucional y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Asimismo, el artículo quinto transitorio del decreto de reforma constitucional de siete de febrero de dos mil catorce, dispuso que las Legislaturas de los Estados tienen la obligación constitucional de armonizar su normatividad conforme a lo establecido en el apartado A del artículo 6o. constitucional. Por lo que la Constitución Política del Estado de Sonora, debe ceñirse tanto a lo dispuesto en el apartado A del artículo 6o. constitucional como a lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de lo contrario puede existir una omisión legislativa o transgresión directa.
Es el caso que el legislador del Estado de Sonora se arrogó facultades que transgreden la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el propio artículo 6o. constitucional, pues establece nuevos supuestos para la temporalidad de la duración del cargo de los comisionados del organismo garante local los cuales no se encuentran previstos en el artículo 6o., apartado A, fracción VIII, párrafo diez, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual, se establece que los comisionados del órgano garante del derecho a la información pública y protección de datos, duran en el encargo siete años; el artículo 38, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que señala que la duración del encargo no podrá ser mayor a siete años y en el artículo 27 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se establece que el encargo de los comisionados durarán siete años, sin posibilidad de reelección.
Antes de la reforma impugnada, el artículo 2o., apartado A, fracción V, párrafo octavo, de la Constitución sonorense preveía que los comisionados durarán en el cargo siete años; sin embargo, dicha disposición local se reformó para establecer que: "En caso de que concluyan los plazos señalados y no se hubiere designado al comisionado respectivo, éste continuará en el cargo hasta en tanto se realice la designación correspondiente (sic)."
La adición, además de ambigua por la utilización del pronombre demostrativo éste en alusión al comisionado respectivo, es contraria al parámetro de siete años fijado como tiempo máximo de duración del encargo de los comisionados en la Constitución Federal, regla que se replica en la ley general y en la ley federal al señalarse que el tiempo de desempeño del cargo de comisionado no debe ser mayor a siete años en los tres ordenamientos citados. Así, se excluye la posibilidad de que un comisionado que concluye un lapso de siete años continúe hasta en tanto se designe a un nuevo comisionado.
Segundo. El artículo 2o., apartado A, fracción V, párrafos quinto, sexto y séptimo, así como el apartado B, reformados de la Constitución Política del Estado de Sonora, es contrario a los artículos 6o., 73, fracción XXIX-S y 116, fracción VIII, de la Constitución Federal, toda vez que permite una intervención injustificada del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora en la propuesta de la integración del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
Del análisis de la reforma al artículo 2o., impugnada, se advierte que se regula un procedimiento para la designación de los comisionados del órgano garante local distinto al establecido en el artículo 6o. apartado "A" de la Constitución General de la República para los comisionados del órgano garante nacional, ya que, no obstante la inexistencia de un parámetro de regulación expreso que debe observar la Legislatura Local en lo relativo a la designación de los comisionados integrantes del órgano garante local, en el decreto de reformas a la Constitución General de la República del siete de febrero de dos mil catorce, en el artículo quinto transitorio se estableció que las Legislaturas de los Estados deberían armonizar su legislación conforme a lo establecido en dicho decreto de modificaciones constitucionales.
Afirma que como se puede contrastar, en la norma impugnada no se regula la objeción del Poder Ejecutivo al nombramiento que realice el Congreso Local, pero, además, a diferencia del parámetro de la Constitución Federal, se norma la intervención al Poder Ejecutivo Local para proponer a los aspirantes al cargo de comisionados, situación que la Constitución Federal no regula porque el Poder Reformador Federal consideró que no debía haber injerencia respecto a las propuestas de dignación (sic), por parte del Poder Ejecutivo en la conformación del órgano garante.
Expone que la norma cuya invalidez se solicita, de manera incongruente con lo dispuesto en la Constitución Federal, invierte las atribuciones de los Poderes Legislativo y Ejecutivo Locales respecto de las que la Constitución Federal establece para los mencionados poderes en el ámbito federal, es decir, en este ámbito, el nombramiento del órgano garante nacional está a cargo de la Cámara de Senadores y puede ser objetado por el presidente de la República, mientras que en el ámbito local, es el gobernador del Estado quien someterá a consideración del Congreso del Estado la integración del órgano garante y dicho Congreso podrá rechazar la propuesta. Esta inversión de facultades contraría lo previsto por el Poder Reformador en el sentido de que el nombramiento de quienes defienden el derecho de acceso a la información, que por razón natural se enfrentan cotidianamente con el poder público en esa misión, debería hacerse libre de compromisos políticos.
QUINTO.—Admisión. Mediante proveído de trece de septiembre de dos mil dieciocho, el presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente, lo turnó a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos quien, en su carácter de instructora, por auto de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, admitió la acción de inconstitucionalidad y requirió a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la referida entidad federativa para que rindieran sus informes respectivos.
SEXTO.—Informe rendido por el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. José Cruz Orozco López, en su carácter de subsecretario de lo Contencioso de la Secretaría de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora rindió, en síntesis, el siguiente informe (fojas 73 a 115 del expediente) señaló:
"... Del concepto de invalidez en análisis se desprende que básicamente se estiman violados los dispositivos constitucionales analizados, por virtud de que se establecen nuevos supuestos para la temporalidad de la duración del cargo para comisionado del organismo garante local, que no se encuentran previstos en la Constitución ni en leyes secundarias por lo cual a efecto de garantizar la transparencia, acceso a la información y protección de datos personales se perfeccionó la norma a efecto de garantizar el acceso a dicho derecho.
"De la recta interpretación de lo dispuesto por las normas transcritas, se puede concluir que la fracción VIII del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos remite a las Constituciones Estatales para establecer organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6o. de la Constitución y la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho; y que en la Constitución para el Estado de Sonora se establece que los comisionados durarán en su encargo siete años, lo cual es perfectamente acorde a lo establecido en el artículo 6o., apartado A, fracción VIII, párrafo décimo, de la Constitución Federal, el artículo 38, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y al 27 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
"Es decir, todos esos dispositivos legales son acordes al establecer que los comisionados durarán en su cargo siete años y que transcurrido ese periodo debe producirse su sustitución legal.
"No obstante ello, si en el plazo indicado no tiene lugar dicha sustitución, en términos del artículo 2o. de la Constitución Política del Estado de Sonora, debe considerarse que el comisionado estará en situación de comisionado saliente, hasta en tanto se efectúe el nombramiento del nuevo comisionado, ya que el régimen legal no prevé que otra persona asuma el cargo, por lo que se está perfeccionando la norma ante un supuesto no previsto, cuestión que en la especie es permitida y no resulta violatoria de la Constitución Federal.
"Ahora bien, las reformas efectuadas a la Constitución del Estado de Sonora se sustentan en los principios de certeza y seguridad jurídicas, que deben prevalecer en la renovación de las instituciones y no puede considerarse que estas reformas sean contrarias a las disposiciones federales antes mencionadas, pues aunque no lo dispongan de manera expresa, si en el plazo indicado no tiene lugar las situaciones de los funcionarios estos dispositivos legales deben de interpretarse como que el comisionado está en situación de comisionado saliente, hasta en tanto se efectúe el nombramiento del nuevo comisionado, ya que el régimen legal no prevé que otra persona asuma el cargo, es decir, en dichos dispositivos federales se configura en forma implícita la prórroga en el cargo de comisionado, hasta en tanto se realice la nueva elección.
"Ha sido la Suprema Corte quien ha considerado que resulta necesario se tome en cuenta que las leyes generales o leyes marco establecidas por el Congreso de la Unión, son bases legislativas que no pretenden agotar en sí mismas la regulación de una materia, sino que dichas leyes buscan ser el soporte desde el cual las entidades federativas puedan atribuirse sus propias normas ajustadas a su realidad social, toda vez que si las Legislaturas Locales no pudiesen hacer mejoras respecto a la ley general, las leyes locales no tendrían razón de ser, sino que se limitarían a repetir lo ya establecido por el legislador federal, lo que resulta fallo de sentido, ya que se vaciaría la noción misma de concurrencia, por lo que evidentemente el perfeccionar el procedimiento de designación de comisionado no tiene consigno una violación a la Constitución Federal, sino por el contrario, se está salvaguardando y procurando el debido funcionamiento del organismo estatal responsable de la función de transparencia y acceso a la información. ...
"Resulta improcedente el segundo concepto cuya invalidez demanda el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual lo constituye la reforma al artículo 2o., apartado A, fracción V, párrafos quinto, sexto y séptimo y apartado B, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, ello según lo establecido en el artículo 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, por lo que se solicita se examine de oficio por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la improcedencia del referido concepto, porque no tiene la legitimación para hacerlo valer, ya que no viola lo dispuesto por el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al derecho humano al acceso a la información pública.
"Fue numen del legislador establecer en el artículo 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos que, únicamente el organismo garante que establece el artículo 6o. de la propia Constitución podrá promover acciones de inconstitucionalidad exclusivamente cuando se esté vulnerando el acceso a la información, cuestión que en la especie no se actualiza ni mucho menos acontece, ya que la reforma efectuada a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, tiene como finalidad el normar un caso no previsto relativo a la sustitución de los comisionados que integran el órgano garante de la Transparencia Estatal, sin que esto conlleve a limitar el acceso a la información, sino todo lo contrario que es garantizar que el referido organismo Estatal se integre debidamente y que sus intereses cuenten con la designación y facultades suficientes para ejercer dicho cargo y no por el contrario se tenga duda si al no estar debidamente integrado sus determinaciones sean o no apegadas al mandato constitucional ..."
SÉPTIMO.—Informe rendido por el Poder Legislativo del Estado de Sonora. Rosa María Mancha Ornelas, en su carácter de presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sonora (fojas 148 a 150 del expediente), únicamente manifestó lo siguiente:
"...
"Es cierto el acto que se le reclama al Congreso del Estado de Sonora respecto de la discusión y aprobación de la Ley 288 que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora y de manera específica los artículos 31, párrafo tercero y 166, tercer párrafo, fracción II.
"Es importante precisar a este Máximo Tribunal que los suscritos diputados de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, tomamos posesión del cargo el día 16 de septiembre de 2018, por lo que la copia certificada del expediente de la Ley 288 que se impugna, y que ya fue remitida en el informe de la acción de inconstitucionalidad 71/2018 en los términos en los que fue recibida por esta Legislatura. ..."
OCTAVO.—Intervención del procurador general de la República. El subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República realizó diversas manifestaciones en el sentido de declarar la validez de la norma impugnada, básicamente por lo siguiente:
"... contrario a lo afirmado por el INAI, con la emisión del artículo 2o., apartado A, fracción V, párrafos quinto, sexto y séptimo y apartado B, de la CPS, el Congreso de Sonora no vulnera los artículos 6o., 73, fracción XXIX-S y 116, fracción VIII, de la CPEUM, pues como se señaló, la Legislatura local cuenta con facultades para establecer el procedimiento de designación de los comisionados integrantes del organismo constitucional autónomo en materia de transparencia, siempre que se realice por votación calificada del órgano legislativo, aspecto al que se ajusta la norma cuestionada. Además, el procedimiento que regula garantiza la transparencia, independencia y participación de la sociedad.
"Por otra parte, el INAI señala que el artículo 2o., apartado A, fracción V, párrafo octavo, de la CPS regula un supuesto jurídico relacionado con la duración del cargo para comisionado del organismo garante local que no se encuentra previsto ni constitucional ni legalmente, para la temporalidad de la duración del cargo para comisionado del organismo garante, lo cual, a su parecer, contraviene los artículos 6o., 73, fracción XXIX-S y 116, fracción VIII, de la CPEUM.
"Como se señaló, el artículo 116, fracción VIII, de la CPEUM prevé que las entidades federativas establecerán en sus Constituciones organismos autónomos responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, de conformidad con los principios y bases establecidos por el diverso 6o. de la CPEUM y en la ley general.
"Al respecto, el artículo 6o., fracción VIII, décimo párrafo, de la CPEUM dispone que los comisionados del organismo garante de la Federación durarán en su cargo 7 años. Por su parte, los dispositivos 37 y 38 de la ley general establecen que las entidades federativas preverán los aspectos relativos a la duración del cargo de los comisionados, el cual no será mayor a 7 años.
"Ahora bien, el precepto normativo impugnado es expreso en señalar que los comisionados del organismo garante local durarán en su cargo 7 años, y si bien, establece que en caso de que concluya dicho plazo y no se hubiere designado al comisionado respectivo, aquél continuará en el cargo hasta en tanto se realice la designación correspondiente, tal aspecto no es inconstitucional.
"Lo anterior, pues en primer lugar no establece un plazo menor o mayor a 7 años y, en segundo lugar, no regula alguna posibilidad de reelección, aspectos que sí resultarían incompatibles con la CPEUM.
"En efecto, el artículo 2o., apartado A, fracción V, párrafo octavo, in fine, de la CPS responde al propio procedimiento de designación de los comisionados del instituto de transparencia, el cual como se vio, pasa por diversas etapas y está condicionado hasta lograr la votación de las dos terceras partes de los diputados locales presentes en la sesión. Además, la disposición impugnada no invalida o afecta las características fundamentales, finalidades y fusiones del organismo garante local, por el contrario, busca la debida integración de un órgano constitucional autónomo encargado de garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales."
NOVENO.—Cierre de instrucción. Recibidos los alegatos, por proveído de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, se cerró la instrucción de este asunto a efecto de proceder a la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
DÉCIMO.—Returno. Por acuerdo de catorce de marzo de dos mil diecinueve, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el returno del presente asunto a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, para la formulación del proyecto de resolución respectivo.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece, toda vez que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales plantea la posible contradicción entre diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Sonora y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO.—Oportunidad. La demanda de acción de inconstitucionalidad se presentó oportunamente.
El decreto mediante el cual se reformó el artículo 2o., apartado A, fracción V, párrafos quinto, sexto, séptimo y octavo, y apartado B, de la Constitución Política del Estado de Sonora, cuya constitucionalidad se controvierte, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de Sonora, el trece de agosto de dos mil dieciocho. Siendo así, el plazo de treinta días naturales previsto en el artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia(1) para promover la acción de inconstitucionalidad, transcurrió del catorce de agosto al doce de septiembre de dos mil dieciocho, por lo que si se presentó el doce de septiembre de dicho año, es oportuna la interposición de la presente acción de inconstitucionalidad.
TERCERO.—Legitimación. La acción de inconstitucionalidad fue presentada por parte legítima.
Legitimación en la causa. El artículo 105, fracción II, inciso h),(2) de la Constitución Federal dispone que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, conocerá de las acciones de inconstitucionalidad ejercitadas por el organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución en contra de leyes de carácter federal y local; legitimación que queda restringida a la impugnación de normas que violen el derecho a la información y la protección de datos personales.
Por su parte el artículo 6o. constitucional,(3) en relación con el organismo garante, establece que se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que el Sistema Nacional de Transparencia, se integra por: I. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; II. Los organismos garantes de las entidades federativas; III. La Auditoría Superior de la Federación; IV. El Archivo General de la Nación, y V. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
El artículo 41, fracción VI,(4) de la citada ley establece que el instituto, cuando así lo aprueben la mayoría de sus comisionados, tendrá, entre otras, la atribución de promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), que vulneren el derecho de acceso a la información.
De todo lo anterior es factible concluir que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se encuentra facultado para promover la presente acción de inconstitucionalidad, pues considera que el artículo 2o., apartado A, fracción V, párrafos quinto, sexto, séptimo y octavo, y apartado B, de la Constitución Política del Estado de Sonora, vulnera el derecho de acceso a la información.
Legitimación en el proceso. Consta en autos a fojas 31 a 35, copia certificada del acuerdo de trece de junio de dos mil dieciséis (emitido por unanimidad de los comisionados) mediante el cual se instruyó al representante legal del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para que interpusiera acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 2o., apartado A, fracción V, párrafos quinto, sexto, séptimo y octavo, y apartado B, de la Constitución Política del Estado de Sonora.
Por su parte, el artículo 29, fracciones I y II,(5) del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales establece como atribuciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la representación legal del mismo para realizar los escritos, de demanda o contestación, en las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad.
Consta en el sobre visible a foja 36 del expediente en que se actúa, copia certificada a nombre de Pablo Francisco Muñoz Díaz, que lo acredita como director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En consecuencia, se debe colegir que dicho funcionario tiene legitimación activa en el proceso para ejercitar la acción de inconstitucionalidad de mérito.
En este orden de ideas, se desestima la causal de improcedencia invocada por el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora en el sentido de que la presente acción de inconstitucionalidad es improcedente conforme a los artículos 65 y 19, fracción VIII, en relación con el diverso 10, fracción I, y 59, todos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con la fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal por falta de legitimación procesal de la parte actora, en atención a que la Constitución Federal establece de manera limitativa y expresa quiénes son los sujetos legitimados para promover una acción de inconstitucionalidad y el único supuesto de procedencia no se actualiza porque la reforma impugnada no impide acceso a la información.
La causa de improcedencia invocada debe desestimarse en virtud de que contrariamente a lo que afirma la parte actora, sí se encuentra legitimada para incoar el presente medio constitucional en contra de la reforma del artículo 2o. de la Constitución del Estado de Sonora, pues se trata de una norma que establece la forma en que se conformará el órgano garante estatal lo que a la apreciación del instituto afecta el derecho de acceso a la información, en consecuencia, es infundada la causa de improcedencia propuesta.
CUARTO.—Fijación de la litis. A fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con los artículos 39, 40 y 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, resulta procedente hacer la siguiente precisión que deriva de la lectura integral de la demanda.
En efecto, a foja dos de la demanda y de los conceptos de invalidez se advierte que la parte actora impugnó expresamente el artículo 2o., apartado A, fracción V, párrafos quinto, sexto, séptimo y octavo, y apartado B, de la Constitución Política del Estado de Sonora; sin embargo, a fojas tres y cuatro se transcribió el artículo 2o., apartado A, fracción V, párrafos quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo y apartado B, de la citada Constitución Local.
En consecuencia, no obstante la transcripción mencionada, se desprende que la intención de la parte actora únicamente se constriñe a solicitar la invalidez del artículo 2o., apartado A, fracción V, párrafos quinto, sexto, séptimo y octavo, y apartado B, de la Constitución Política del Estado de Sonora.
QUINTO.—Constitucionalidad del artículo 2o., apartado A, fracción V, párrafos quinto, sexto y séptimo, y apartado B, de la Constitución Política del Estado de Sonora. El instituto actor afirma que el artículo impugnado es inconstitucional, toda vez que de manera incongruente con lo dispuesto en la Constitución Federal, invierte las atribuciones de los Poderes Legislativo y Ejecutivo Locales respecto de las que la Constitución Federal establece para los mencionados poderes en el ámbito federal, es decir, en este ámbito, el nombramiento del órgano garante nacional está a cargo de la Cámara de Senadores y puede ser objetado por el presidente de la República, mientras que en el ámbito local, es el gobernador del Estado quien someterá a consideración del Congreso del Estado la integración del órgano garante y dicho Congreso podrá rechazar la propuesta. Esta inversión de facultades contraría lo previsto por el Poder Reformador en el sentido de que el nombramiento de quienes defienden el derecho de acceso a la información, que por razón natural se enfrentan cotidianamente con el poder público en esa misión, debería hacerse libre de compromisos políticos.
La porción normativa impugnada es del tenor siguiente:
"Artículo 2o. En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la ley y está sujeta a ella. Las prescripciones legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohíba.
"En materia de información pública:
"Apartado A. El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al li
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29166-5dda7980/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-director-general-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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