I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE NORMAS GENERALES QUE CONSIDERE QUE VIOLAN LOS DERECHOS DE LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LEYES EN MATERIA DE ARCHIVOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ORGANISMO GARANTE LOCAL DE LA TRANSPARENCIA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PRESIDENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE YUCATÁN TIENE LA REPRESENTACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ESTE ENTE LEGITIMADO (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE PRECEPTOS TRANSITORIOS IMPUGNADOS, AL AGOTARSE EL SUPUESTO NORMATIVO PREVISTO (ARTÍCULOS TRANSITORIOS PRIMERO Y QUINTO, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE YUCATÁN). VI. ARCHIVOS. FINALIDAD DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE A LOS ARTÍCULOS 6 Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE FACULTÓ AL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA EMITIR UNA LEY GENERAL EN LA MATERIA. VII. LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL EN MATERIAS CONCURRENTES. SU VALIDEZ DEPENDE DE LO ESTABLECIDO TANTO EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL COMO EN LAS LEYES GENERALES. VIII. ARCHIVOS. OBLIGACIONES A CARGO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SUS SISTEMAS LOCALES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA. IX. ARCHIVOS. LA LIBERTAD CONFIGURATIVA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA REGULAR SUS SISTEMAS LOCALES SE ENCUENTRA LIMITADA A QUE SEA EQUIVALENTE AL SISTEMA NACIONAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA Y FUNCIONAL PARA EL MISMO. X. ARCHIVOS. FINALIDADES CONSTITUCIONALES DE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA. XI. ARCHIVOS. BASES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA PARA CUMPLIR SUS FINALIDADES CONSTITUCIONALES. XII. ARCHIVOS EN EL ESTADO DE YUCATÁN. ANÁLISIS DE LA NO INCLUSIÓN COMO ENTES PÚBLICOS Y SUJETOS OBLIGADOS A LAS DEPENDENCIAS U ORGANISMOS CENTRALIZADOS Y DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO A LOS ARCHIVOS PRIVADOS DE INTERÉS PÚBLICO EN LA LEGISLACIÓN LOCAL (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE YUCATÁN). XIII. ARCHIVOS EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA NO INCLUSIÓN DE LOS CONCEPTOS DE "ENTES PÚBLICOS", "SUJETOS OBLIGADOS", "CONSEJO TÉCNICO" Y "ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN", EN LA LEGISLACIÓN LOCAL, NO VIOLA LOS MANDATOS ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (ARTÍCULO 5, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE YUCATÁN). XIV. ARCHIVOS EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA INCLUSIÓN DEL CONCEPTO DE "ARCHIVO HISTÓRICO", EXCLUYENDO CIERTOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA, NO VIOLA LOS MANDATOS ESTABLECIDOS EN ÉSTA (ARTÍCULO 5, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE YUCATÁN). XV. ARCHIVOS EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA INCORPORACIÓN DEL PRINCIPIO DE DIFUSIÓN EN LA LEGISLACIÓN LOCAL PARA REGIR A LOS SUJETOS OBLIGADOS, NO VIOLA LOS MANDATOS ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (ARTÍCULO 6, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE YUCATÁN). XVI. ARCHIVOS EN EL ESTADO DE YUCATÁN. DEBERES A CARGO DE LOS FIDEICOMISOS Y FONDOS PÚBLICOS CARENTES DE ESTRUCTURA ORGÁNICA, ASÍ COMO CUALQUIER PERSONA FÍSICA QUE RECIBA Y EJERZA RECURSOS PÚBLICOS O REALICE ACTOS DE AUTORIDAD EN EL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS, QUE VIOLAN LOS MANDATOS ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE YUCATÁN). XVII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EFECTOS DE LA INVALIDEZ DE UN PRECEPTO EN MATERIA DE ARCHIVOS DE UN ESTADO QUE DA LUGAR A LA APLICACIÓN DIRECTA DE LO PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE YUCATÁN Y, EN CONSECUENCIA, LA APLICACIÓN DIRECTA DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS). XVIII. ARCHIVOS EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA PREVISIÓN TÁCITA DE UN ARCHIVO DE TRÁMITE POR CADA ÁREA O UNIDAD DENTRO DE LA E
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 155/2020 Y SU ACUMULADA 221/2020. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES E INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE YUCATÁN. 25 DE MAYO DE 2023. PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: GABRIELA ELEONORA CORTÉS ARAUJO.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticinco de mayo de dos mil veintitrés emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelven la acción de inconstitucionalidad 155/2020 y su acumulada 221/2020, promovidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Yucatán, respectivamente, en contra de diversas disposiciones de la Ley de Archivos para el Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el veinticuatro de junio de dos mil veinte.
I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. El veinticuatro de julio de dos mil veinte, el Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, promovió acción de inconstitucionalidad, a través del sistema electrónico SESCJN, en contra de:
Ley de Archivos para el Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el veinticuatro de junio de dos mil veinte, en particular, sus artículos 3, 5, 6, fracción VI, 10, 22, 30, fracción XIII, 37, fracción XI, 43, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 83, 87, fracción XIV, 88, 89, 95, 96, 97, 98, 103, 104, fracción V, 111, 115, 116, fracciones II y XIV, 117, 119, Primero, Cuarto y Quinto Transitorios, así como de las omisiones detectadas, y que se detallan en los conceptos de invalidez.
2. Por otra parte, mediante escrito presentado en esa misma fecha, ante la Oficina de Correos de México en Mérida, Yucatán, y recibido el cuatro de agosto de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Yucatán, promovió acción de inconstitucionalidad, en contra de:
Artículos 1, 3, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 y 63 de la Ley de Archivos del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán en fecha veinticuatro de junio de dos mil veinte.
3. Preceptos violados. Las instituciones actoras señalaron como preceptos violados los artículos 1o.; 6o.; 14; 16; 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T; 109; 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como a los diversos 1o. y 4o., fracción LVI, de la Ley General de Archivos; 1; 4; 6; 7; 8, fracción VI; 23; 113; 114 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
4. Conceptos de invalidez. En primer lugar, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales planteó veintidós conceptos de invalidez, en los cuales expuso:
Primero. El artículo 3 de Ley de Archivos para el Estado de Yucatán omite señalar a las dependencias u organismos centralizados y descentralizados de la administración pública municipal, así como a los archivos privados de interés público, vulnerando el artículo 5, fracción LVI, de la Ley General de Archivos, así como los diversos 1, 6, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal. Esto, porque el artículo 3 de la ley local describe detalladamente cuáles son los "sujetos obligados"; no obstante, omite mencionar por completo a las dependencias u organismos centralizados y descentralizados de la administración pública municipal, cuando en la fracción VI del mismo numeral, refiere a las dependencias centralizadas y descentralizadas de la Administración Pública Estatal.
De este modo, la Ley local dotó de relevancia tanto a las dependencias centralizadas como descentralizadas de la administración pública estatal, de ahí que, debía hacer lo propio respecto de las dependencias u organismos centralizados y descentralizados de la administración pública municipal; así, lo único que varía, es el orden del gobierno a que pertenecen, más no su calidad de entes públicos que generan información, la documentan y que deben encontrarse sujetos al régimen de archivos. Además, el artículo 3 de la Ley local, dentro de sus sujetos obligados, no señala a los archivos privados de interés público, cuando existe regulación dentro de dicho cuerpo normativo, referente a dichos archivos.
En suma, la omisión en mencionar como "sujetos obligados" a las dependencias u organismos centralizados y descentralizados de la administración pública municipal, así como a los archivos privados de interés público, no es acorde a lo establecido en la Ley General de Archivos, máxime que en el artículo 5 de la ley local, relativo a las definiciones, se omite por completo definir cuáles son los "entes públicos", así como a los "sujetos obligados", tal como se encuentran definidos en las fracciones XXVI y LVI del artículo 4 de la Ley General de Archivos, por lo que es necesario incluirlos expresamente en ese listado del numeral 3 de la Ley de Archivos para el Estado de Yucatán.
Segundo. El artículo 5 de la Ley de Archivos para el Estado de Yucatán, es contrario al artículo 4, fracciones IV, VIII, XVII, XXVI y LVI; y, por ende, a los diversos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal, al omitir y establecer definiciones distintas a las previstas en la Ley General de Archivos, puesto que las definiciones establecidas en las leyes de archivos de las entidades federativas deben ser las mismas que indica la legislación general, por lo que debe emplearse igual terminología en dichos ordenamientos para que todo aquel que los utilice tenga el mismo entendido de qué se debe realizar, cómo proceder, qué alcance tiene su aplicación normativa y en qué sentido es su regulación y evitar discrepancias entre las disposiciones normativas locales con la Ley General de Archivos. Ello, pues omitir o, en su caso, cambiar o variar una definición en un sentido diverso, puede llevar a que se acote, amplíe o, incluso, nulifique el alcance de la norma local dentro del quehacer archivístico.
Así, la ley local no contempla la supletoriedad de la Ley General de Archivos, en específico en su artículo 4, en cuanto a definiciones se refiere, por lo que tendrían que integrarse al diverso 5 de la Ley local: "IV. Archivo de concentración: (se transcribe)"; "VIII. Archivo histórico: (se transcribe)"; "XVII. Consejo Técnico: (se transcribe)"; "XXVI. Entes públicos: (se transcribe)"; y "LVI. Sujetos obligados: (se transcribe)". Todo ello, para el efecto de que las definiciones se homologuen a la Ley General de Archivos.
Tercero. El artículo 6, fracción VI, de la Ley de Archivos para el Estado de Yucatán, incorpora un principio que no corresponde a la materia de archivos, lo cual resulta contrario al artículo 5 de la Ley General de Archivos y, por ende, a los diversos 1, 6, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal, porque hace referencia a que los sujetos obligados se regirán por los principios de conservación, procedencia, integridad, disponibilidad y accesibilidad, mismos que se encuentran armonizados con los establecidos en el numeral 5 de la Ley General de Archivos, no obstante, la ley local prevé un principio más respecto a lo previsto en la Ley General, el "principio de difusión", de ahí que ese principio no es acorde con lo establecido en el artículo 5 de la Ley General de Archivos.
Cuarto. El artículo 10, fracción XIV, de la Ley de Archivos para el Estado de Yucatán es impreciso en cuanto a los deberes mínimos inexorables a cargo de los fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica, así como de cualquier persona física que reciba y ejerza recursos públicos, o que realice actos de autoridad en el Estado de Yucatán y sus municipios, violentando con ello el artículo 11 de la Ley General de Archivos y, por ende, los diversos 1, 6, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal; pues si bien existe identidad de fracciones que se obligan a cumplir, hay diferencia en cuanto a su contenido. Las obligaciones que la Ley General de Archivos ordenó se cumplan inexorablemente en el penúltimo párrafo de su artículo 11 (I, VI, VII, IX y X), se encuentran previstas en las fracciones I, V, VI, VIII y IX del artículo 10 de la ley local, pero dicho ordenamiento no obliga a que los sujetos obligados de que se trata las deban cumplir sin excepción alguna, pues por cuanto hace al contenido de las fracciones V y VIII, no se encuentra mencionado en la fracción XIV del artículo 10 de Ley de Archivos para el Estado de Yucatán.
Además, es imperativo que los sujetos obligados carentes de estructura orgánica, como lo son los fideicomisos y fondos públicos, así como las personas físicas que reciban y ejerzan recursos públicos, o que realicen actos de autoridad en el Estado de Yucatán y sus municipios, cumplan con los deberes que se destacan por la Ley General de Archivos, que sí fueron retomados por la Ley de Archivos para el Estado de Yucatán, pero que no se encuentran en la cláusula de cumplimiento inexorable.
Quinto. El artículo 22, fracción II, inciso b, de la Ley de Archivos para el Estado de Yucatán, que establece el sistema institucional de archivos de cada sujeto obligado, es contrario al artículo 21 de la Ley General de Archivos y, por ende, a los diversos 1, 6, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal, al establecer que el Sistema Institucional de Archivos estará integrado, entre otros, por "archivos de trámite", mientras que la Ley General de Archivos es clara al señalar que debe tratarse de "archivos de trámite, por área o unidad", cuestión que la ley local omite, y que resulta contraria a la Ley General de Archivos y a la Constitución Federal; puesto que, de conformidad con la Ley General de Archivos debe haber tantos "archivos de trámite" como áreas o unidades en la estructura administrativa del sujeto obligado, cuyos responsables deben ser nombrados por el titular de cada área o unidad; contrario a lo que sucede con el archivo de concentración, así como con el archivo histórico, mismos que son únicos dentro de la estructura administrativa del ente de que se trate, y cuyos responsables son nombrados directamente por el titular del sujeto obligado.
Sexto. El artículo 43 de la Ley de Archivos para el Estado de Yucatán, es contrario al artículo 38 de la Ley General de Archivos y, por ende, a los diversos 1, 6, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal, al generar inseguridad jurídica sobre el medio de defensa en manos del particular; pues la Ley General de Archivos dispone expresamente que la impugnación de las determinaciones o resoluciones, incluidas las de los organismos garantes de las entidades federativas a que se refiere el artículo 38 de la Ley General de Archivos y cuyo supuesto de procedencia replica la Ley de Archivos para el Estado de Yucatán, se hará ante el Poder Judicial de la Federación; por su parte, la ley local dispone que los particulares podrán impugnar esas mismas determinaciones o resoluciones en términos de la legislación aplicable, lo cual puede llevar a que se impugnen a través de los medios ordinarios de defensa establecidos en las leyes de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales y, por ende, que será el órgano garante especializado en dichas materias (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) quien conocerá del medio de defensa, mientras que la Ley General de Archivos es clara en establecer el órgano que deberá conocer de la impugnación, esto es, el Poder Judicial de la Federación, quien lo hará a través de los medios de impugnación de que tiene competencia para conocer.
Séptimo. El artículo 52 de la Ley de Archivos para el Estado de Yucatán, es violatorio de los artículos 46 y 67 de la Ley General de Archivos y, por ende, de los diversos 1, 6, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal, por cuanto al órgano facultado para la emisión de los Lineamientos que establezcan las bases para la creación y uso de sistema automatizado para la gestión documental y administración de archivos, así como de los repositorios electrónicos, ya que, si bien el numeral 52 de la Ley local establece que el Consejo Estatal de Archivos adoptará los lineamientos que emita en la materia el Consejo Nacional de Archivos, no se entiende si los adoptará para el efecto simplemente de aplicarlos con respecto a los archivos mismos del Consejo estatal, tal como tendría que hacerlo no solamente ese Consejo, sino el resto de sujetos obligados del ámbito local, o si los adoptará a efecto de emitir sus propios lineamientos en la materia, teniendo como base los emitidos por el Consejo Nacional. Esta cuestión que no tendría caso y resultaría inconstitucional, pues los emitidos por el Consejo Nacional serían aplicables para todos los sujetos obligados, no sólo para los del orden federal. De ahí que el precepto citado afecta el principio de certeza jurídica (artículo 16 constitucional), pues la adopción de los lineamientos compete no sólo al Consejo, sino a todos los sujetos obligados.
Octavo. Los artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 y 63 de la Ley de Archivos para el Estado de Yucatán, viola los artículos 1, 6, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133 de la Constitución Federal, en dos vertientes, por un lado, por exceder lo establecido constitucionalmente al exceder, a su vez, lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, por otra, porque los preceptos legales limitan y restringen los derechos de acceso a la información pública y el derecho a la protección de los datos personales.
a) El artículo 56, fracción I, de la Ley de Archivos para el Estado de Yucatán, es contrario a los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues establecer como causal de reserva –datos personales– un supuesto que la propia Ley General de Archivos configura como causal de confidencialidad, contraviniendo los artículos 6, 16 y 73, fracción XXIX-S constitucionales.
b) El artículo 56, fracción II, de la Ley de Archivos para el Estado de Yucatán, deviene inconstitucional, pues determina como causal de reserva, los documentos y expedientes "relacionados con la seguridad y paz interior del estado", hipótesis normativa que ya se encuentra prevista en la fracción I del artículo 113 de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo cual escapa de los alcances normativos que debiera tener. Adicionalmente, la fracción I del artículo 113 del ordenamiento citado, hace referencia a que se comprometa la "seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional", siendo conceptos que, si bien pueden estar relacionados, difieren con los relativos a la seguridad y paz interior de la entidad federativa.
c) El artículo 56, fracción III, de la Ley de Archivos para el Estado de Yucatán, no atiende a ese criterio, sino a un criterio arbitrario y subjetivo, esto es que la reserva la formule el Consejo (el cual puede ser Estatal, porque el Consejo Nacional así se debe denominar "Consejo Nacional", según la propia Ley en su artículo 5o., fracción XIX). De ahí que la fracción III del artículo 56 del ordenamiento citado es violatoria del derecho de acceso a la información contenido en el diverso 6 constitucional, ya que no se observa de qué forma la causal de reserva, consistente en todos aquellos documentos que así determine el Consejo de Archivos del Estado de Yucatán, persigue un fin constitucionalmente válido, ni que sea proporcional en toda su acepción, esto es, que sea idónea, necesaria y estrictamente proporcional.
d) El artículo 56, fracción IV, de la Ley de Archivos para el Estado de Yucatán, determina como causal de reserva los documentos "relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y tesorería que realice el Estado, así como a los estudios técnicos de valoración de los activos del Estado"; tal causal contraviene la Ley General de Archivos, así como los artículos 113, fracción XIII, 116, 60, 70 y 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la excede, contraviniendo con ello la Constitución Federal.
e) Los artículos 56, fracción V, y 58 de la ley local ordenan como causal de reserva los expedientes en trámite en los términos de dicha ley, lo cual excede y contraviene la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su numeral 113, fracciones XI y XIII y, por tanto, violan el derecho a la información pública contenido en el artículo 6, y los principios y bases de la Ley General de Archivos, en relación con los diversos 16 y 73, fracción XXIX-S, de la Constitución Federal.
f) El artículo 57 de la Ley de Archivos para el Estado de Yucatán ordena que la reserva será por el término que disponga el Consejo. Lo que excede y contraviene la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Constitución Federal, en dos vertientes, por la autoridad a quien encarga la confirmación de la reserva y, por otro, por la temporalidad que permite para la reserva.
g) La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en sus artículos 44, fracción II, 41, fracción III, y 42, fracción II, establecen que corresponde a cada Comité de Transparencia confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información, atribución que también compete al ente actor, así como al organismo garante local en la materia, al conocer de los recursos de inconformidad y revisión, respectivamente. Es decir, los únicos autorizados por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para confirmar, modificar o revocar reservas, son los Comités de Transparencia de los sujetos obligados, el ente actor y los organismos garantes locales de cada entidad federativa, por lo que, una autorización como la contenida en el artículo 57 de la ley impugnada contraviene directamente los artículos 113, fracción XIII, 44, fracción II, 41, fracción III y 42, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por ende los diversos 6o., 16 y 73, fracción XXIX-S, de la Constitución Federal.
h) El artículo 59 de la Ley de Archivos para el Estado de Yucatán, ordena que: "La sola transferencia de un documento o expediente al Archivo de Concentración significa que termina su periodo de reserva, a menos de que se encuentre en los casos señalados en esta Ley, en cuyo caso permanecerá con dicho carácter en el Archivo de Concentración hasta que se cumpla el periodo de reservas establecido." Dicho precepto contraviene el artículo 101 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues establece claramente los supuestos para que un documento deje de estar reservado.
i) El artículo 60, en sus fracciones I y II, de la Ley de Archivos para el Estado de Yucatán establece dos causales de clasificación de la información por confidencialidad, a saber, que así lo determine el Consejo y así lo determine un juez. Su contenido incurre nuevamente en vicios ya descritos al impugnar la fracción III del artículo 56 de la ley citada.
j) El artículo 61 de la Ley de Archivos para el Estado de Yucatán, ordena que los documentos y expedientes en archivos de trámite, que se clasifiquen como confidenciales sólo pueden ser consultados, por acuerdo del Consejo. Tal disposición excede a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por ende, a la Constitución Federal. k) El artículo 62 de la Ley de Archivos para el Estado de Yucatán, contraviene las bases, principios y disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el numeral impugnado ordena que la desclasificación de archivos confidenciales compete al Consejo. No obstante, el numeral impugnado aumenta, sin justificación alguna, los supuestos para permitir una intromisión a la vida privada de las personas, como lo son los datos personales, contraviniendo los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 6 y 16 de la Constitución Federal.
l) El artículo 63 de la Ley de Archivos para el Estado de Yucatán, autoriza al Consejo a establecer una serie de medidas de seguridad de la información confidencial; luego, dichas medidas de seguridad ya se encuentran reguladas por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y cuyos destinatarios lo son precisamente los sujetos obligados (entes públicos).
Noveno. El artículo 68 de la Ley de Archivos para el Estado de Yucatán transgrede el artículo 37 de la Ley General de Archivos y, por tanto, a los diversos 1, 6, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal, pues, el plazo de conservación contraviene la concepción en el aspecto temporal de conservación, al añadir dos años extras a la preservación de los documentos que tengan bajo su resguardo los sujetos obligados, en razón de que el término máximo es de veinticinco años, como lo establece el artículo 37 de la Ley General de Archivos. Así, tanto en la Ley General de Archivos, como en la Ley de Archivos para el Estado de Yucatán, se establece que "en ningún caso el plazo podrá exceder de 25 años", sin embargo, el artículo 68 de la ley impugnada extiende por dos años más el plazo de conservación.
Décimo. Los artículos 5, fracción LII, 10, fracción III, 30, fracción XIII, 87, fracción XIV, 95, 96, 97, 98, 111 y 116, fracción XIV, de la Ley de Archivos para el Estado de Yucatán, son contrarios a los artículos 78, 79, 80 y 81 de la Ley General de Archivos y, por ende, a los diversos 1, 6, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal, al prever un Registro Estatal de Archivos.
Si bien, existe libertad de configuración legislativa a favor de las entidades federativas en diversos aspectos previstos por la Ley General de Archivos, no existe tal libertad de configuración normativa en materia del Registro Estatal de Archivos, puesto que del análisis de los artículos 78 al 81 de la Ley General de Archivos, que pretende el legislador federal es contar con una sola aplicación informática, alimentada por la información que habrán de registrar los sujetos obligados de los tres órdenes de gobierno en favor de una base registral única. Al suponer que pueda haber treinta y dos registros estatales de archivo, perdería el atributo de que sea una herramienta única, uniforme y accesible a todos.
Décimo primero. Los artículos 5, fracción LIII, 37, fracción XI, 83, párrafo segundo, 115, párrafo tercero, y Cuarto Transitorio, de la Ley de Archivos para el Estado de Yucatán, son contrarios a la Ley General de Archivos, así como a los numerales 1, 6, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal, con respecto a la emisión de disposiciones reglamentarias competencia del Archivo General del Estado. Lo anterior es así, pues pretender facultar al Ejecutivo estatal para que emita las disposiciones reglamentarias correspondientes, no es acorde con los principios y bases de la Ley General de Archivos, porque se prevé la expedición de disposiciones reglamentarias de la Ley de Archivos para el Estado de Yucatán, que según se establece habrá de expedir el Ejecutivo Estatal. Las anteriores disposiciones no sólo contravienen a los artículos 65, 77, 83 y 87, de la mencionada Ley de Archivos local, en los que se faculta al Consejo Estatal de Archivos a emitir los Lineamientos correspondientes; sino también contravienen los diversos 67 y 73 de la Ley General de Archivos, mismos que facultan tanto al Consejo Nacional como a los Consejos Locales, respectivamente, para emitir los lineamientos correspondientes.
Décimo segundo. Los artículos 88, 89, y 116, fracción II, de la Ley de Archivos para el Estado de Yucatán, que establecen la integración, atribuciones y funcionamiento del Consejo local de Yucatán, no son equivalentes a los previstos para el Consejo Nacional, lo cual es contrario a los artículos 65, 66 y 71 de la Ley General de Archivos y, por ende, a los diversos 1, 6, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal.
Décimo tercero. El artículo 103 de la Ley de Archivos para el Estado de Yucatán, modula la emisión de declaratorias de patrimonio documental a cargo del Ejecutivo y omite dicha atribución a favor de los organismos constitucionales autónomos, violentando los artículos 86 y 87 de la Ley General de Archivos; y 1, 6, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal. Si bien, la Ley General de Archivos hace referencia a las facultades del Archivo General de la Nación con respecto al patrimonio documental de la Nación, la Ley de Archivos para el Estado de Yucatán debió de haber establecido un sistema legal homólogo al previsto en dicha Ley General de Archivos, depositando la facultad de emitir las declaratorias generales de patrimonio documental estatal, en el Archivo General del Estado, omisión que es inconstitucional, y que ocasiona que el contenido del artículo 103 de la ley impugnada sea contrario a la Ley General de Archivos, por cuanto es el Poder Ejecutivo estatal en cuyas manos queda la declaratoria de patrimonio documental estatal.
Por otra parte, el artículo 103 de la ley impugnada omite en su texto la facultad que tienen los organismos autónomos, en coordinación con el Archivo General del Estado, de emitir declaratorias de patrimonio documental del Estado en las materias de su competencia; lo anterior, conforme a lo establecido en los artículos 86, párrafo segundo, y 87, párrafo segundo, de la Ley General de Archivos.
Décimo cuarto. El artículo 104 de la Ley de Archivos para el Estado de Yucatán, establece atribuciones no concedidas en la Ley General de Archivos, al Archivo General, por lo que se violentan los artículos 1, 6, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal. Esto es, el numeral impugnado concede al Estado de Yucatán la facultad para efectuar visitas de verificación a los sujetos obligados en los términos de las disposiciones jurídicas, de ahí que, lo que el legislador local pretende es concentren las facultades de vigilancia en favor del Poder Ejecutivo estatal, circunstancia que no es más que una auditoría archivística.
Décimo quinto. El artículo 115 de la Ley de Archivos para el Estado de Yucatán, es contrario a la Ley General de Archivos, por cuanto establece una naturaleza jurídica del Archivo General del Estado distinta a la prevista en el numeral 104 de la Ley General de Archivos, violentando con ello los diversos 1, 6, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal. La Ley General de Archivos en su artículo 104 establece que el Archivo General de la Nación es un organismo descentralizado no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objeto y fines. Por otro lado, la Ley de Archivos para el Estado de Yucatán, determina en su artículo 115 que el Archivo General del Estado es la entidad especializada en materia de archivos, así como que es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objeto y fines.
Décimo sexto. La Ley de Archivos para el Estado de Yucatán omite establecer y regular lo relativo a los órganos del Archivo General del Estado, en contravención a la estructura administrativa prevista por la Ley General de Archivos para el Archivo General, y violentando los artículos 1, 6, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal.
La Ley de Archivos para el Estado de Yucatán, suprime todas las figuras contempladas en los artículos 108, 109, 110, 113 y 114 de la Ley General de Archivos, donde se establecen sus atribuciones específicas, de prevalecer la supresión de los órganos, se compromete, la efectividad del cumplimiento del objeto del Archivo General, así como del cumplimiento de las obligaciones de participación interinstitucional, de ahí la falta de armonización con respecto a la Ley General de Archivos.
Décimo séptimo. Existe una omisión por cuanto a los requisitos que se deben cubrir para ser Director del Archivo General del Estado, así como sus facultades, conforme a lo que marcan los numerales 111 y 112 de la Ley General de Archivos, violentando con ello los diversos 1, 6, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal.
Décimo octavo. El artículo 117 de la Ley de Archivos para el Estado de Yucatán, es contrario al numeral 116 de la Ley General de Archivos y, por ende, violatoria de los diversos 1, 6, 14, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, 109 y 124 de la Constitución Federal. El artículo 117 de la Ley local, que establece las infracciones administrativas, se considera inconstitucional, ya que la responsabilidad administrativa para efecto de las sanciones administrativas no debería ser un "sujeto obligado" como "ente público", en los términos de las leyes de archivos y general de responsabilidades administrativas, sino un particular o persona física, con independencia de su calidad o no de servidor público.
Décimo noveno. La Ley de Archivos para el Estado de Yucatán, omite señalar ciertas figuras delictivas, lo cual es contrario a la Ley General de Archivos, así como de los numerales 1, 6,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32628-25a01d76/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-instituto-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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