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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI) PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LEYES EN MATERIA DE ARCHIVOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI) PUEDE PRESENTARLA EN REPRESENTACIÓN DE ESTE ENTE LEGITIMADO (ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN IV, Y 32, FRACCIONES I Y II, DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS SE ENCUENTRA LEGITIMADA PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LEYES DE CARÁCTER FEDERAL O LOCAL QUE VULNEREN LOS DERECHOS HUMANOS CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE MÉXICO SEA PARTE [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PUEDE PRESENTARLA EN REPRESENTACIÓN DE ESTE ENTE LEGITIMADO (ARTÍCULO 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). V. ARCHIVOS. FINALIDAD DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE FEBRERO DE 2014, A LOS ARTÍCULOS 6o. Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE FACULTÓ AL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA EMITIR UNA LEY GENERAL EN LA MATERIA. VI. FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES. VII. LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL EN MATERIAS CONCURRENTES. SU VALIDEZ DEPENDE DE LO ESTABLECIDO TANTO EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL COMO EN LAS LEYES GENERALES. VIII. ARCHIVOS. LA LEY GENERAL DE LA MATERIA CONSTITUYE EL PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL DE LAS NORMAS LOCALES QUE REGULAN UN ASPECTO PREVISTO EN AQUÉLLA. IX. ARCHIVOS. OBLIGACIONES A CARGO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SUS SISTEMAS LOCALES, EN TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA. X. ARCHIVOS. LA LIBERTAD CONFIGURATIVA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA REGULAR SUS SISTEMAS LOCALES SE ENCUENTRA LIMITADA A QUE LA INTEGRACIÓN, ATRIBUCIONES Y FUNCIONAMIENTO DE ÉSTOS SE PREVEA EN TÉRMINOS EQUIVALENTES A LOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA. XI. ARCHIVOS. EL DISEÑO DE SU SISTEMA A NIVEL LOCAL SERÁ EQUIVALENTE AL NACIONAL, CUANDO AQUÉL NO ENTORPEZCA, DIFICULTE O IMPOSIBILITE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL, NI SU DEBIDA COORDINACIÓN. XII. ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS Y SUS MUNICIPIOS. LA LEY RELATIVA NO ESTABLECE LA SUPLETORIEDAD DE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (ARTÍCULO 3, PÁRRAFO SEGUNDO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "EN LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS Y", DE LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS Y SUS MUNICIPIOS). XIII. ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS Y SUS MUNICIPIOS. LA LEY RELATIVA, AL PREVER LA SUPLETORIEDAD DE LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES Y LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS, VULNERA EL MANDATO DE EQUIVALENCIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 3, PÁRRAFO SEGUNDO, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS QUE INDICAN: "LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES" Y "LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS" DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SUS MUNICIPIOS). XIV. SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. SU CONCEPTO. XV. SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. XVI. ARCHIVOS. LA IMPLEMENTACIÓN DE UN REGISTRO LOCAL NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LIBERTAD CONFIGURATIVA DE LOS ESTADOS EN LA MATERIA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 4, FRACCIÓN XLIX, 11, FRACCIÓN IV, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA: "Y EN EL REGISTRO ESTATAL", 92, 93, 94, 95 Y 127, FRACCIÓN VI, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "Y EN EL REGISTRO ESTATAL", DE LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS Y SUS MUNICIPIOS). XVII. ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS Y SUS MUNICIPIOS. LA LEY RELATIVA, AL PREVER QUE LOS PARTICULARES PODRÁN IMPUGNAR LAS DETERMINACIONES O LAS RESOLUCIONES DEL ÓRGANO GARANTE, EN RELACIÓN CON EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE UN DOCUMENTO CON VALORES HISTÓRICOS, QUE NO HAYA SIDO TRANSFERIDO A UN ARCHIVO HISTÓRICO Y QUE CONTENGA DATOS PERSONALES SENSIBLES, ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL ESTADO DE ZACATECAS O ANTE EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SEGÚN CORRESPONDA, CONTRAVIENE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 39, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SUS MUNICIPIOS). XVIII. ARCHIVOS. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS ESTÁN FACULTADAS PARA DETERMINAR LOS ARCHIVOS QUE CONSTITUYEN SU PATRIMONIO DOCUMENTAL, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN EJERZA SUS FACULTADES CONFORME A LA

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 113/2021 Y SU ACUMULADA 115/2021. · Registro digital (IUS): 31725
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-09-01
Promovente: INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Septiembre de 2023, Tomo I, Pág.615.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 113/2021 Y SU ACUMULADA 115/2021. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 11 DE ABRIL DE 2023. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: MARÍA CRISTINA VILLEDA OLVERA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales promovieron sendas acciones de inconstitucionalidad en las que solicitan se declare la invalidez del Decreto Número 669, por el que se expide la Ley de Archivos para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el tres de julio de dos mil veintiuno, en particular, sus artículos 3, párrafo segundo, en las porciones normativas que indican: "en la Ley General de Archivos y", "la Ley General de Bienes Nacionales" y "la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos"; 4, fracción XLIX, 11, fracción IV, 39, 92, 93, 94, 95, 97, 127, "fracción V" y 135, así como diversas omisiones, respectivamente.

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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al once de abril de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

1. Mediante la cual resuelve la acción de inconstitucionalidad 113/2021 y su acumulada 115/2021, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante "CNDH") y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en adelante, "INAI"), en contra del Decreto Número 669, por el que se expide la Ley de Archivos para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el tres de julio de dos mil veintiuno, en particular, sus artículos 3, párrafo segundo, en las porciones normativas que indican: "en la Ley General de Archivos y", "la Ley General de Bienes Nacionales" y "la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos"; 4, fracción XLIX, 11, fracción IV, 39, 92, 93, 94, 95, 97, 127, fracción VI y 135, así como diversas omisiones, respectivamente.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

2. Presentación del escrito inicial por el INAI. Mediante oficio presentado el veintiséis de julio de dos mil veintiuno vía electrónica, a través del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gonzalo Sánchez de Tagle Pérez Salazar, director general de Asuntos Jurídicos del INAI, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de la Ley de Archivos para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el tres de julio de dos mil veintiuno, en particular, de los artículos 4, fracción XLIX, 11, fracción IV, 39, 92, 93, 94, 95, 97, 127, "fracción V", y 135, así como de diversas omisiones que detalla en sus conceptos de invalidez.

3. Conceptos de invalidez. El INAI aduce que la normativa impugnada no se encuentra armonizada con la Ley General de Archivos y, por ende, que se violan los artículos 1o., 6o., apartado A, 14, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133 de la Constitución General, medularmente, bajo los siguientes argumentos:

• Primero. Creación de un Registro Estatal de Archivos. Los artículos 4, fracción XLIX, 11, fracción IV, 93, 94, 95 y 127, fracción VI, de la Ley de Archivos para el Estado de Zacatecas y sus Municipios son inconstitucionales al prever un Registro Estatal de Archivos.

Las Legislaturas Estatales no tienen libertad configurativa para legislar en materia de registro estatal de archivos, ya que la Ley General de Archivos prevé que el Sistema Nacional de Archivos contará con un Registro Nacional administrado por el Archivo General de la Nación, en términos de la normatividad emitida por el Consejo Nacional. En específico, del análisis de los artículos 78 al 81 y décimo tercero transitorio de la Ley General de Archivos, se desprende la intención de contar con una base registral única alimentada por la información que habrán de registrar los sujetos obligados de los tres órdenes de gobierno, pues suponer que los Estados pueden legislar en materia de registro estatal de archivos, implicaría duplicidad de funciones sobre un mismo tema.

• Segundo. Impugnación de resoluciones del organismo garante local. El artículo 39 de la Ley de Archivos estatal es inconstitucional, toda vez que, contrario al diverso 38 de la Ley General de Archivos, establece que los particulares podrán impugnar ante las autoridades competentes del Estado de Zacatecas las resoluciones que emitan los organismos garantes locales relacionadas con el acceso a la información de documentos con valor histórico que aún no hayan sido transferidos al archivo histórico y que contengan datos personales sensibles.

Por tanto, si la ley general establece el marco general al que deberán sujetarse las Legislaturas Locales y aquélla es clara y contundente al establecer la regla de impugnación para combatir ese tipo de documentos –ante el Poder Judicial de la Federación– no es factible que las entidades federativas contraríen dicha norma.

Además, dicha previsión atiende a la diversa regla que opera para la actuación de los organismos garantes en ese tipo de trámite, de conformidad con la legislación aplicable en materia de transparencia y acceso a la información –artículos 6o., apartado A, fracción VIII, párrafo séptimo, de la Constitución Federal y 157, 158, 159 y 180 de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública– que establece que las resoluciones de los organismos garantes son inatacables y sólo podrán impugnarse ante el Poder Judicial de la Federación; de ahí que, la ley local no puede admitir que ese tipo de resoluciones del organismo garante sean combatidas ante autoridades diversas a los tribunales federales.

• Tercero. Facultad de recuperar documentos que constituyan patrimonio documental estatal. Resulta inconstitucional que en el artículo 97 (sic) y restantes de la Ley de Archivos para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, se omita establecer la posibilidad de que el Archivo General del Estado pueda recuperar la posesión de un documento de archivo que constituya patrimonio documental del Estado.

En efecto, el artículo 97 de la Ley General de Archivos prevé que el Archivo General podrá recuperar la posesión del documento de archivo que constituya patrimonio documental de la nación cuando se ponga en riesgo su integridad, por lo que es una regla básica de necesaria adecuación al ámbito local, ya que la ley marco es un piso mínimo que deben respetar las Legislaturas Estatales, de conformidad con su artículo 71.

Asimismo, se actualiza una diversa omisión de la Ley de Archivos local, derivada del contenido del artículo 96 de la Ley General de Archivos, relativa a la facultad de los particulares que estén en posesión de documentos de archivo que constituyan patrimonio documental del Estado, de restaurarlos, previa autorización del Archivo General del Estado, puesto que si el Sistema Nacional prevé entre sus integrantes a los archivos privados, los particulares que posean este tipo de documentos forman parte del Sistema Local de Archivos.

• Cuarto. Autoridad responsable para conocer de delitos en materia estatal de archivos. La Ley de Archivos para el Estado de Zacatecas y sus Municipios es omisa en mencionar quién será la autoridad responsable del juzgamiento de los delitos en la materia que acontezcan en dicha entidad.

El artículo 123 de la Ley General de Archivos prevé que los tribunales federales serán los competentes para sancionar los delitos establecidos en esa ley; sin embargo, la ley local es omisa en establecer quién conocerá de los delitos de archivos en el ámbito local, lo que contraviene aquel elemento esencial.

4. Presentación del escrito inicial de la CNDH. Mediante escrito depositado el dos de agosto de dos mil veintiuno en el buzón judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del artículo 3, párrafo segundo, en las porciones normativas: "en la Ley General de Archivos y", "la Ley General de Bienes Nacionales" y "la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos", de la Ley de Archivos para el Estado de Zacatecas y sus Municipios.

5. Concepto de invalidez. La CNDH refiere que la norma controvertida viola lo dispuesto en los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución General, así como los diversos 1, 2 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esencialmente, bajo los siguientes argumentos:

• Único. Supletoriedad en materia estatal de archivos. El artículo 3, párrafo segundo, en las porciones impugnadas de la Ley de Archivos estatal vulnera el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad, al prever la supletoriedad de la Ley General de Archivos, la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, ya que las Legislaturas Locales no pueden regular la supletoriedad de leyes que son de observancia general en toda la República Mexicana, ni de normas que tienen un diverso ámbito de aplicación.

Además, el artículo 3 de la Ley General de Archivos prevé el régimen de aplicación supletoria en la materia, por lo que resulta inválido que la norma local establezca uno propio.

Al efecto, resulta aplicable lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las diversas acciones de inconstitucionalidad 22/2015 y su acumulada 23/2015, 79/2019 y 114/2020, en las que sostuvo la invalidez de normas locales, por prever regímenes supletorios de normas generales e, incluso, federales.

Se solicita que, en caso de declarar la inconstitucionalidad de la norma impugnada, se extiendan los efectos a todas las normas que estén relacionadas, de conformidad con el artículo 41 de la ley reglamentaria de la materia.

6. Admisión y trámite. Por acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibido el oficio del INAI y sus anexos; ordenó formar el expediente físico y electrónico de la acción de inconstitucionalidad bajo el número 113/2021 y lo turnó al Ministro Luis María Aguilar Morales, para que fungiera como instructor del procedimiento.

7. Posteriormente, mediante acuerdo de seis de agosto siguiente, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibido el escrito de la CNDH y sus anexos; ordenó formar el expediente físico y electrónico de la acción de inconstitucionalidad bajo el número 115/2021 y decretó la acumulación de ese expediente a la diversa acción de inconstitucionalidad 113/2021, en virtud de que se impugnó la misma norma; en consecuencia, se turnó el asunto al Ministro Luis María Aguilar Morales, para que fungiera como instructor del procedimiento.

8. Acto seguido, mediante proveído dictado en la misma fecha, el Ministro instructor admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad hechas valer; ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Zacatecas a efecto de que rindieran sus informes; y, finalmente, dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.

9. Informe del Poder Ejecutivo Estatal. Mediante escrito depositado el dos de septiembre de dos mil veintiuno en el buzón judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el coordinador general jurídico de Gobierno del Estado de Zacatecas, en representación del Poder Ejecutivo de esa entidad, rindió el informe correspondiente, medularmente, bajo los siguientes términos.

Respecto de los conceptos de invalidez hechos valer por el INAI, refiere que:

• Resulta infundado el primer concepto de invalidez relativo al establecimiento de un Registro Estatal de Archivos en la Ley de Archivos local, ya que no se advierte la existencia de alguna disposición de la Constitución Federal ni de la Ley General de Archivos que disponga de forma expresa que el Registro Nacional de Archivos deba existir de forma única. Por el contrario, la propia ley general contempla la posibilidad de que existan Archivos Generales que estén a cargo de las entidades federativas.

• Resulta improcedente el segundo concepto de invalidez, ya que el artículo 39 de la Ley de Archivos estatal no otorga conocimiento a alguna autoridad en específico, sino que pretende señalar que será a través del Poder Judicial de la Federación dentro de la competencia territorial de la entidad federativa y que las autoridades competentes para conocer las determinaciones del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, serán las mismas que establece el diverso 38 de la Ley General de Archivos.

• Resulta correcta la omisión hecha valer en el tercer concepto de invalidez, toda vez que sería contrario a la Ley General de Archivos el haber establecido que el Archivo General del Estado puede recuperar la posesión de un documento que constituya patrimonio documental de la entidad, pues es el Archivo General de la Nación quien tiene dicha facultad.

• En relación con el cuarto concepto de invalidez en el que se hace valer la omisión de prever la autoridad responsable del juzgamiento de los delitos en materia de archivos que acontezcan en la entidad, se desprende que el artículo 123 de la Ley General de Archivos dispone que esas conductas deben ser conocidas por los tribunales federales, por lo que, de conformidad con el diverso 3 de la Ley de Archivos estatal, en caso de omisión, se tendrá que acudir a la referida ley general.

Respecto del único concepto de invalidez hecho valer por la CNDH, señala que:

• La Segunda Sala de este Alto Tribunal al emitir la tesis 2a./J. 34/2013 (10a.), estableció los elementos necesarios para la procedencia de la aplicación supletoria de una ley, sin que se advierta que, como lo refiere la CNDH, por el hecho de ser leyes generales o federales no pueda aplicarse la supletoriedad de esas normas.

10. Informe del Poder Legislativo Estatal. Mediante oficio depositado el dos de septiembre de dos mil veintiuno en el buzón judicial de este Alto Tribunal, el secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas, en representación del Poder Legislativo de la entidad, rindió el informe correspondiente, esencialmente, en los términos siguientes:

Respecto de los conceptos de invalidez hechos valer por el INAI, adujo que:

• Resulta infundado que los artículos que establecen el Registro Estatal de Archivos contravengan la Constitución Federal como lo refiere el INAI en su primer concepto de invalidez, ya que, por el contrario, coadyuvan en la inscripción y el registro de la información al Registro Nacional de Archivos, por lo que su implementación no duplica funciones ni se opone a las obligaciones establecidas para el Registro Nacional.

La Ley General de Archivos en ninguna de sus disposiciones restringe o prohíbe la creación de Registros Locales, pues en diversos artículos establece mecanismos de coordinación y colaboración entre los distintos órdenes de gobierno para consolidar y fortalecer el Sistema Nacional de Archivos.

El Registro Estatal contribuye a la protección, la conservación, el acceso a la información, la obtención y la concentración de información sobre los sistemas institucionales y de los archivos privados de interés público, así como la difusión de patrimonio documental resguardado en sus archivos, además de evitar el tráfico ilícito del patrimonio documental del Estado al favorecer su control y custodia, posibilitando su incorporación en el Registro Nacional, mediante la interoperabilidad de los sistemas que sean creados para ese efecto.

• En relación con el segundo concepto de invalidez, la Legislatura estima que, efectivamente, el artículo 39 de la Ley de Archivos estatal es inadecuado, porque las resoluciones del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales sólo pueden impugnarse mediante juicio de amparo, de conformidad con el diverso 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la entidad, por lo que se hará la adecuación correspondiente.

• Resulta infundado el tercer concepto de invalidez, toda vez que, de un análisis detallado de la Ley de Archivos estatal, en específico, de sus artículos 113, fracciones XXIX, XXXII y XXXIX, 86, fracciones III y IV, 103, 105, 106 y 136, se advierte que sí se regula la recuperación de documentos y, por tanto, no existe la omisión hecha valer.

Lo expuesto coincide con los votos particulares formulados por dos comisionados del INAI, que se apartaron de la impugnación de la referida omisión.

• Respecto del cuarto concepto de invalidez en el que se alega la omisión legislativa de prever la autoridad responsable del juzgamiento de los delitos en la materia que acontezcan en la entidad, se señala que el artículo 3 de la Ley de Archivos estatal establece que, a falta de disposición expresa, se aplicará como ordenamiento supletorio el Código Penal para el Estado de Zacatecas y, por su parte, el diverso 1o. de la referida Ley de Archivos local, establece como ámbito espacial de validez el Estado de Zacatecas, por lo que corresponde a las autoridades estatales (Ministerio Público y tribunales) el conocimiento de los delitos de la materia.

Además, el artículo 21 constitucional prevé que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías; que el ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público; y que la imposición de penas, su modificación y duración son exclusivas de la autoridad judicial, por lo que, en su caso, dicho precepto bastaría para cubrir la supuesta omisión.

Respecto del único concepto de invalidez hecho valer por la CNDH.

• Del artículo 3 de la Ley de Archivos para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, no se puede inferir que se le dé a la Ley General de Archivos el carácter de un ordenamiento supletorio, ya que, en realidad, la intención del legislador local fue precisar que, ante regulaciones que no se hubieren contemplado en la Ley de Archivos local, se aplicarían las contenidas en la ley general, por lo que no se desprende una violación al derecho de seguridad jurídica ni al principio de legalidad.

En relación con la impugnación de la porción normativa "Ley General de Bienes Nacionales" del referido precepto, se concuerda con que es de aplicación directa para toda la República y que el término "supletoriedad" puede llevar a interpretaciones incorrectas y, por ende, a una posible transgresión del sistema de distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas, como al principio de legalidad y al derecho de seguridad jurídica.

Tal circunstancia no opera tratándose de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, pues su ámbito espacial y material de validez es diverso al de la Ley de Archivos estatal y, en consecuencia, sí puede aplicarse supletoriamente.

A fin de evitar cualquier confusión, la Legislatura Local modificará las porciones normativas impugnadas, para evitar una posible vulneración a los derechos humanos referidos por la CNDH.

11. Pedimento de la Fiscalía General de la República y manifestaciones de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. Ninguna de dichas instituciones emitió opinión en el presente asunto.

12. Alegatos. Mediante escritos depositados el veintitrés y veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno en el buzón judicial de este Alto Tribunal y en la oficina de correos del Estado de Zacatecas, la delegada de la CNDH, el coordinador general jurídico de Gobierno, en representación del Poder Ejecutivo del Estado y el delegado del Poder Legislativo del Estado, formularon alegatos, respectivamente. 13. Cierre de la instrucción. Por auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, el Ministro instructor tuvo por recibidos los alegatos formulados por la CNDH y el Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas y, toda vez que había transcurrido el plazo legal concedido para tal efecto, cerró instrucción para elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

14. Posteriormente, mediante acuerdo de seis de octubre siguiente, el Ministro instructor tuvo por formulados los alegatos hechos valer por el Poder Legislativo Estatal, pues a pesar de que el escrito correspondiente se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el cinco de octubre de dos mil veintiuno, éste se depositó en la oficina de correos de la localidad dentro del plazo concedido para tal efecto.

I. COMPETENCIA

15. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, incisos g) y h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 1o. de su ley reglamentaria;(2) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) en relación con el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece,(4) en virtud de que se cuestiona la constitucionalidad de diversas disposiciones de la Ley de Archivos del Estado de Zacatecas y sus Municipios.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

16. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73,(5) en relación con el diverso 41, fracción I,(6) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo "ley reglamentaria"), es necesario fijar de manera precisa las normas generales impugnadas.

17. En ese sentido, la CNDH impugna el artículo 3, párrafo segundo, en las porciones normativas que indican: "en la Ley General de Archivos y", "la Ley General de Bienes Nacionales" y "la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos", de la Ley de Archivos para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el tres de julio de dos mil veintiuno.

18. Por su parte, el INAI solicitó, de manera expresa, la invalidez de los artículos 4, fracción XLIX, 11, fracción IV, 39, último párrafo, 92, 93, 94, 95, 97, 127, "fracción V", y 135, así como de diversas omisiones de la Ley de Archivos para el Estado de Zacatecas y sus Municipios.

19. Sin embargo, del estudio integral del escrito inicial se advierte que el instituto accionante en su primer concepto de invalidez, en realidad controvierte la fracción VI, del artículo 127 de la ley local de archivos y no así la fracción V, por tanto, para efectos del estudio de fondo del presente asunto, se considerará como efectivamente impugnada la fracción VI de dicho precepto.

III. OPORTUNIDAD

20. Conforme al artículo 60, párrafo primero,(7) de la ley reglamentaria, el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.

21. En el caso, las accionantes controvierten el Decreto Número 669, por el que se expide la Ley de Archivos para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, publicado el tres de julio de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial local, por tanto, el plazo respectivo transcurrió del cuatro de julio al dos de agosto de dos mil veintiuno.

22. Por tanto, si el INAI remitió su escrito el veintiséis de julio de dos mil veintiuno vía electrónica, a través del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la CNDH depositó su escrito el dos de agosto de dos mil veintiuno en el buzón judicial de este Alto Tribunal, debe considerarse que su presentación fue oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

23. Las acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas por parte legitimada.

24. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Federal, el organismo garante previsto en el diverso 6o. constitucional (INAI), tiene legitimación para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal y local, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que considere contrarias al derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales.

25. En ese sentido, puede afirmarse que el INAI cuenta con legitimación para promover la presente acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Archivos para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, pues del análisis de su escrito inicial se advierte que dicho organismo garante expone argumentos para evidenciar la relación que, a su juicio, existe entre la materia de archivos y los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, en específico, sostiene que para hacerlos efectivos es necesaria la existencia de archivos organizados, actualizados y confiables.

26. Adicionalmente, de conformidad con el artículo 11, párrafo primero,(8) de la ley reglamentaria, aplicable a las acciones de inconstitucionalidad por virtud del diverso 59(9) del mismo ordenamiento, dispone que las partes deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

27. En el caso, la demanda fue presentada por Gonzalo Sánchez de Tagle Pérez Salazar, en su carácter de director general de Asuntos Jurídicos del INAI, calidad que acredita con copia certificada de la credencial vigente expedida a su favor por el instituto accionante. Asimismo, acompaña el acuerdo ACT-PUB/14/07/2021.09 emitido por los comisionados del Pleno del INAI, mediante el cual, en términos del punto primero, se instruyó al referido funcionario a presentar la presente acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 4o., fracción XLIX, 11, fracción IV, 39, 92, 93, 94, 95, 97, 127, "fracción V", y 135 de la Ley de Archivos para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, así como de las omisiones detectadas.

28. Dicha facultad se encuentra prevista en los artículos 12, fracción IV, y 32, fracciones I y II, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,(10) que establecen que le compete a la Dirección General de Asuntos Jurídicos representar legalmente al INAI ante asuntos jurisdiccionales, debiendo realizar los escritos de demanda o contestación, en las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad.

29. En consecuencia, el director general de Asuntos Jurídicos del INAI, cuenta con legitimación para promover, en representación de dicho organismo garante, la presente acción de inconstitucionalidad.

30. Por otra parte, de conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución General, la CNDH se encuentra legitimada para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal o local que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea Parte.

31. En el presente caso, la demanda fue suscrita por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la CNDH, cargo que acredita con copia certificada de su nombramiento, expedido por la mesa directiva del Senado de la República el doce de noviembre de dos mil diecinueve, por un periodo que comprende del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al quince de noviembre de dos mil veinticuatro.

32. Tal facultad está prevista en el artículo 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(11) que dispone como facultad del presidente de la Comisión ejercer su representación legal y, específicamente, promover las acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter estatal, que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea Parte.

33. Además, la Comisión accionante alega, en términos generales, que la norma impugnada vulnera el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad, reconocidos en los artículos 1o., 14 y 16 constitucionales; y 1, 2 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por lo que se considera que la presidenta de la CNDH cuenta con legitimación para promover la presente acción de inconstitucionalidad.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

34. En el presente asunto no se hicieron valer causas de improcedencia o motivos de sobreseimiento, ni este Alto Tribunal advierte de oficio la actualización de alguno de aquéllos, por lo que se procede al análisis de los conceptos de invalidez planteados.

VI. ESTUDIO DE FONDO

VI.1. Parámetro de Regularidad.

35. Previo a emprender el estudio de fondo, resulta conveniente precisar el parámetro de regularidad constitucional del que se partirá para dilucidar la problemática planteada por los accionantes en sus conceptos de invalidez.

36. En efecto, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 101/2019,(12) 141/2019,(13) 122/2020(14) y 132/2019,(15) este Tribunal Pleno se pronunció en relación con el parámetro de regularidad en materia de archivos, consideraciones que, a su vez, se retomaron al resolver las diversas acciones de inconstitucionalidad 140/2019,(16) 276/2020,(17) 231/2020,(18) 93/2021,(19) 232/2020(20) y 219/2020;(21) las cuales se desarrollan en este apartado.

37. En dichos asuntos se tomó como punto de partida la reforma constitucional en materia de transparenci

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31725-0db8aefe/i-accion-de-inconstitucionalidad-legitimacion-del-instituto-nacional · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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