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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LEYES EN MATERIA DE ARCHIVOS (LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE CHIAPAS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE OCUPE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTE (ARTÍCULO 32, FRACCIÓN I, DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE CHIAPAS). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). V. ARCHIVOS. FINALIDAD DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE FEBRERO DE 2014 A LOS ARTÍCULOS 6 Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE FACULTÓ AL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA EMITIR UNA LEY GENERAL EN LA MATERIA. VI. LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL EN MATERIAS CONCURRENTES. SU VALIDEZ DEPENDE DE LO ESTABLECIDO TANTO EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL COMO EN LAS LEYES GENERALES. VII. ARCHIVOS. OBLIGACIONES A CARGO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SUS SISTEMAS LOCALES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA. VIII. ARCHIVOS. LA LIBERTAD CONFIGURATIVA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA REGULAR SUS SISTEMAS LOCALES SE ENCUENTRA LIMITADA A QUE SEA EQUIVALENTE AL SISTEMA NACIONAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA Y A QUE SEA FUNCIONAL. IX. ARCHIVOS. FINALIDADES CONSTITUCIONALES DE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA. X. ARCHIVOS. BASES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA PARA CUMPLIR SUS FINALIDADES CONSTITUCIONALES. XI. ARCHIVOS EN EL ESTADO DE CHIAPAS. LA NO INCLUSIÓN DE LOS CONCEPTOS DE "ENTES PÚBLICOS", "ORGANIZACIÓN", "ÓRGANO DE GOBIERNO" Y "PROGRAMA ANUAL" EN LA LEGISLACIÓN LOCAL, NO VIOLA LOS MANDATOS ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (INFUNDADA LA OMISIÓN LEGISLATIVA DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE CHIAPAS). XII. ARCHIVOS EN EL ESTADO DE CHIAPAS. EL CONCEPTO DE "SERIE" EN LA LEGISLACIÓN LOCAL ES DE REDACCIÓN SIMILAR AL PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (ARTICULO 4, FRACCIÓN XLVIII, DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE CHIAPAS). XIII. ARCHIVOS EN EL ESTADO DE CHIAPAS. LA INCLUSIÓN DE TODOS AQUELLOS ÓRGANOS DE VIGILANCIA AFINES DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL AL CONCEPTO DE "ÓRGANO DE VIGILANCIA" EN LA LEGISLACIÓN LOCAL VIOLA LOS MANDATOS ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 4, FRACCIÓN XLIII, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "AQUELLOS AFINES DE LA (SIC) DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL", DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE CHIAPAS]. XIV. ARCHIVOS EN EL ESTADO DE CHIAPAS. LA PREVISIÓN DE QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBEN DESTINAR LOS ESPACIOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SU SISTEMA INSTITUCIONAL, NO VIOLA LOS MANDATOS ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (ARTÍCULO 12, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE CHIAPAS). XV. ARCHIVOS EN EL ESTADO DE CHIAPAS. LA OBLIGACIÓN DEL LIQUIDADOR DE REMITIR COPIA DEL INVENTARIO DOCUMENTAL DEL FONDO QUE SE RESGUARDARÁ AL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO, TRATÁNDOSE DE LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN, DESINCORPORACIÓN O EXTINCIÓN DE UNA ENTIDAD PARAESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, NO VIOLA LOS MANDATOS ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE CHIAPAS). XVI. ARCHIVOS EN EL ESTADO DE CHIAPAS. LA LEGISLATURA LOCAL NO INCURRIÓ EN UNA REGULACIÓN DEFICIENTE DEL CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ARCHIVO LOCAL AL NO PREVER SU NIVEL O JERARQUÍA (ARTÍCULO 28, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE CHIAPAS). XVII. ARCHIVOS EN EL ESTADO DE CHIAPAS. LA AMPLIACIÓN PARA QUE EL ORGANISMO GARANTE LOCAL DE LA TRANSPARENCIA PERMITA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE DOCUMENTOS CON VALOR HISTÓRICO, QUE NO HAYAN SIDO TRANSFERIDOS A UN ARCHIVO HISTÓRICO Y QUE CONTENGA DATOS PERSONALES SENSIBLES, CUANDO SE SOLICITE PARA UNA INVESTIGACIÓN O ESTUDIO QUE SE CONSIDERE RELEVANTE PARA EL ESTADO, Y NO ÚNICAMENTE PARA EL PAÍS, NO VIOLA LOS MANDATOS ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA Y RESULTA ACORDE CON EL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD (ARTÍCULO 39, FRACCIÓN L, DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE CHIAPAS). XVIII. ARCHIVOS EN EL ESTADO DE CHIAPAS. ANÁLISIS DE LA REGU

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 253/2020 Y SU ACUMULADA 254/2020. · Registro digital (IUS): 31941
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-11-17
Promovente: INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Noviembre de 2023, Tomo I, Pág.154.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 253/2020 Y SU ACUMULADA 254/2020. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 15 DE MAYO DE 2023. PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: GABRIELA ELEONORA CORTÉS ARAUJO.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al quince de mayo de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 253/2020 y su acumulada 254/2020, promovidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respectivamente, en contra de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, el cinco de agosto de dos mil veinte.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. El tres de septiembre de dos mil veinte, el director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), promovió acción de inconstitucionalidad, a través del sistema electrónico SESCJN, de esta Suprema Corte Justicia de la Nación, en contra de:

El Decreto Legislativo No. 251 mediante el cual se expide la Ley de Archivos del Estado de Chiapas, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, el 5 de agosto de 2020.

Particularmente, los artículos 4, 12, fracción VII; 20, 28, 39, 47, 61, 68, 69, 75, 77, 78, 79, 80, 86, 89, 100, fracciones XXI y XXIII; 105, 113, fracción III; 122, 123, 124, 125, 126, 134, fracción VI, y artículo décimo segundo transitorio, así como de omisiones detectadas de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas.

2. Por otra parte, mediante escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil veinte ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió acción de inconstitucionalidad en contra de:

"[A]rtículos 10, fracción I, y 112, fracción III, de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas, expedida mediante Decreto Número 251 (sic) publicado el 5 de agosto de 2020 (sic) en el Periódico Oficial de la citada entidad federativa ..."

3. Preceptos violados. El instituto y la Comisión accionantes señalaron como preceptos violados los artículos 1o., 5o., 6o., apartado A, 16, 35, fracción VI; 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T; 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Así como los diversos 1, 2, 8 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3 y 6 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; 2, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 2 y 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

5. Conceptos de invalidez. Los entes actores expusieron los siguientes conceptos de invalidez.

6. Por un lado, el INAI planteó dieciocho conceptos de invalidez, en los cuales expuso:

a) Primero. Alega que el artículo 4 de la Ley de Archivos para el Estado de Chiapas es contrario al artículo 4 de la Ley General de Archivos, así como los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133 de la Constitución Federal, porque actualiza una omisión, pues no establece los siguientes términos: "Entes públicos", "Organización", "Órgano de Gobierno" y "Programa Anual", los cuales sí se encuentran detallados en el artículo 4 de la Ley General de Archivos. Por otra parte, La expresión "Serie" contenida en la fracción XLVIII, del artículo 4 de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas, es inválida al variar la definición ahí contenida.

b) Segundo. El artículo 12, fracción VII, de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas es contrario al artículo 11, fracción VII, de la Ley General de Archivos, y, por ende, a los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133 de la Constitución Federal, porque la porción normativa impugnada es contraria en su sentido y alcance con la contenida en la Ley General de Archivos, de ahí que la ley local deba armonizarse con la general.

c) Tercero. El artículo 20 de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas, resulta contrario al artículo 19 de la Ley General de Archivos y, por ende, a los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133 de la Constitución Federal, ya que, si bien es válida la regulación, en desarrollo de lo que establece la Ley de Archivos del Estado de Chipas, por cuanto a la disolución, liquidación, desincorporación o extinción de una entidad paraestatal de la administración pública estatal, ella se queda corta en cuanto al supuesto que establece la Ley General de Archivos, pues al abarcar a cualquier sujeto obligado de los gobiernos estatales, mientras que la ley local únicamente lo hace por cuanto a las entidades paraestatales de la administración pública estatal, por lo que hay una omisión en la previsión del resto de sujetos obligados, derivado de la deficiente armonización y desarrollo de la ley local.

d) Cuarto. El artículo 28, último párrafo, de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas es contario al artículo 27 de la Ley General de Archivos y, por ende, a los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133 de la Constitución Federal, ya que la persona titular del área coordinadora de archivos deberá contar con título profesional, conocimientos o capacitación en área afín a la materia de archivos. Asimismo, establece que la persona designada deberá dedicarse específicamente a las funciones establecidas en ambas legislaciones, sin referirse en lo absoluto al nivel jerárquico que impone la ley general.

e) Quinto. El artículo 39 de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas es contrario al artículo 38 de la Ley General de Archivos y, por ende, a los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracción XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133 de la Constitución Federal, pues va más allá de lo dispuesto por la ley general ya que faculta taxativamente para que los organismos garantes de las entidades federativas permitan acceso a los documentos respectivos, en la medida en que la investigación o estudio se considere relevante para el país, mientras que la Ley de Archivos del Estado de Chiapas, no sólo no establece el supuesto expresamente previsto por la Ley General de Archivos, que es la de los organismos garantes locales con respecto a una investigación o estudio relevante para el país, sino que además, lo extiende para las investigaciones o estudios que se consideren relevantes para el Estado, cuestión a la que no llega la Ley General de Archivos.

f) Sexto. El artículo 47 de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas es contrario al artículo 46 de la Ley General de Archivos y, por ende, a los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracción XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133 de la Constitución Federal, pues el artículo impugnado establece una facultad del Consejo Estatal para la emisión de lineamientos que establezcan las bases para la creación y uso de sistemas automatizados para la gestión documental y administración de archivos, así como de los repositorios electrónicos. Lo cual representa una violación a la Ley General de Archivos, la cual establece que la emisión de dichos lineamientos será facultad del Consejo Nacional al generar inseguridad jurídica sobre el medio de defensa en manos del particular.

g) Séptimo. El artículo 61 de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas es violatorio del artículo 58 de la Ley General de Archivos y, por ende, de los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracción XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133 de la Constitución Federal, pues la omisión genérica en la ley de Chiapas, del artículo impugnado, de regular lo relativo a los sujetos obligados que no cuenten con un portal electrónico, previéndose únicamente la hipótesis de quienes sí cuenten con él, resulta inconstitucional.

h) Octavo. Los artículos 68 y 69 de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas son contrarios a los artículos 65, 66 y 71 de la Ley General de Archivos, en relación con los diversos 1, 6, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133 de la Constitución Federal, pues los artículos impugnados establecen la "estructura organizacional" (integración) del Consejo Local de Archivos, así como sus atribuciones y funcionamiento, los cuales no se encuentran en armonía con lo establecido en la Ley General de Archivos. En ese orden de ideas, la ley de Chiapas establece en la integración del Consejo Estatal, al rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, así como al rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, mismos que no cuentan con equivalente en la integración del Consejo Nacional, lo que resulta contrario a la Ley General de Archivos.

Además, el artículo 68 de la ley impugnada establece expresamente que: "El presidente del Consejo Estatal deberá estar presente en todas las sesiones que se lleven a cabo", lo que lleva a concluir que no podrá nombrar a un suplente en sus ausencias, cuestión que resulta contraria al funcionamiento y atribuciones del Consejo Nacional (y que deben ser equivalentes para el consejo local), por cuanto sí establece la suplencia del presidente. Así, la representación municipal que prevé el artículo 68 no resulta acorde con lo previsto en la Ley General de Archivos, la cual establece que la legislación de cada entidad federativa determinará la forma en que los Municipios participarán en el Consejo Estatal, cuestión que no se ve desarrollada en la Ley de Archivos del Estado de Chiapas, pues ésta, a su vez, lo delega a la convocatoria que emita el Consejo Estatal, para elegir al representante de los Archivos Regionales y/o Municipales conforme a las bases y procedimientos que en ella se determinen, cuestión que es contraria a la Ley General de Archivos.

La ley de Chiapas establece que para la designación de la representación de los archivos privados en el Consejo Local, se deberán cumplir los requisitos que señala la Ley General de Archivos. Los requisitos numéricos que prevé la ley general, en cuanto a la representación de al menos quince archivos privados, podría constituir un requisito muy gravoso que ningún representante podría llegar a cumplir, y que podría comprometer la participación de los archivos privados en el Consejo Estatal, al ser factible que no exista ni siquiera esa cantidad total de archivos privados de interés público del orden estatal en el Estado de Chiapas.

La designación del secretario técnico del Consejo Estatal viene dada por elección de la mayoría de los integrantes del Consejo Estatal, de conformidad con el artículo 68 de la ley impugnada, cuestión que resulta contraria al esquema previsto por la Ley General de Archivos, que establece que tanto el nombramiento como la remoción del secretario quedará en manos del presidente del Consejo.

i) Noveno. Los artículos 78, 79, 80, 100, fracción XXI y décimo segundo transitorio, de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas transgreden los artículos 78, 79, 80 y 81 de la Ley General de Archivos y, por tanto, de los artículos 1o., 6o, 16, 73, fracción XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133 de la Constitución Federal, ya que, si bien existe libertad de configuración legislativa a favor de las entidades federativas en diversos aspectos previstos por la Ley General de Archivos, no existe tal libertad en materia del Registro Estatal de Archivos; puesto que del análisis de los artículos 78 al 81 de la Ley General de Archivos, se desprende que lo que pretende el legislador nacional es contar con una sola aplicación informática, alimentada por la información que habrán de registrar los sujetos obligados de los tres órdenes de gobierno en favor de una base registral única. Suponer que pueda haber registros estatales de archivo, haría perder el atributo de que fuera una herramienta única, uniforme y accesible a todos.

j) Décimo. El artículo 86 de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas es contrario al artículo 90 de la Ley General de Archivos y, por ende, a los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracción XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133 de la Constitución Federal, pues al tratarse de documentos de interés público (archivos privados y patrimonio documental), que salgan del país, se estima que ello debería ser facultad privativa de la Ley General de Archivos, por ende, invade su competencia.

k) Décimo primero. Los artículos 75, 77, 89 y 100, fracción XXIII, de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas son contrarios a los artículos 75, 90 y 92 de la Ley General de Archivos, así como a los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracción XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133 de la Constitución Federal, con respecto a la emisión de disposiciones reglamentarias competencia del Archivo General del Estado. Lo anterior es así, pues pretender facultar al Ejecutivo Estatal para que emita las disposiciones reglamentarias correspondientes, no es acorde con los principios y bases de la Ley General de Archivos, ya que el Archivo General de la Nación es quien tiene la atribución de hacer la declaratoria de "interés público" de los archivos privados, conforme a la Ley General de Archivos, y consecuentemente debieran regirse conforme a la ley general, y someterse a la autoridad del Archivo General de la Nación, pues por una cuestión de jerarquía normativa, la Ley General de Archivos impondría su fuerza vinculatoria con respecto a dichos documentos y archivos privados. Esto es, una declaratoria de interés público en el ámbito estatal, no podría limitar las facultades establecidas en favor del Archivo General de la Nación por la Ley General de Archivos, con respecto a los mismos archivos privados, cuestión que omite reconocer la ley de Chiapas, al prescindir en su redacción del fraseado previamente referido, lo cual deriva en su inconstitucionalidad.

Por otra parte, respecto de las figuras de versión facsimilar (prevista en el artículo 75, penúltimo párrafo, de la ley de Chiapas), expropiación (artículo 89 de la ley de Chiapas) y derecho de preferencia (artículo 77 de la ley de Chiapas), se debió de haber previsto que la atribución que se establezca a favor del Archivo General del Estado será sin perjuicio de la atribución que, respecto de estas figuras, establece la Ley General de Archivos a favor del Archivo General de la Nación.

En consecuencia, las facultades para efectuar una versión facsimilar de los archivos privados, de la expropiación, y del derecho de preferencia ante una enajenación de los archivos, que establece la ley de Chiapas, omiten la mención de que ellas se contemplan sin perjuicio de esas mismas facultades del Archivo General de la Nación, con respecto a los archivos privados declarados de interés público conforme a la Ley General de Archivos, de ahí la inconstitucionalidad de la omisión del fraseado de referencia.

l) Décimo segundo. Los artículos 103, último párrafo, y 113 fracción III, de la Ley de Archivos para el Estado de Chiapas son contrarios al artículo 114 de la Ley General de Archivos y, por ende, a los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracción XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133 de la Constitución Federal; pues, atendiendo al contenido de la Ley General de Archivos, se advierte que el Consejo Nacional de Archivos, será el único facultado para emitir lineamientos que regulen el funcionamiento del Consejo Técnico y Científico Archivístico. De ahí que la atribución en el ámbito local para emitir los lineamientos que regulen el funcionamiento del Consejo Técnico debería recaer en el Consejo Estatal. Por ende, el legislador local pretende atribuir una función que si bien no está prohibida para los directores del Archivo (la atribución de proponer los lineamientos), el órgano al que va dirigido sí lo es, siendo el caso de que el órgano de gobierno no debe tener injerencia en la actuación del Consejo Técnico, en razón de que la facultad para emitir los lineamientos conforme a los que operará el Consejo Técnico, debería estar reservada material y sustancialmente al Consejo Local de Archivos (en homologación a como lo establece la Ley General de Archivos), por lo que es a este último a quien debería encontrarse dirigida la propuesta que formule el director del Archivos, y no al órgano de gobierno del Archivo General del Estado.

m) Décimo tercero. Los artículos 122, 123, 124, 125 y 126 de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas son contrarios a la Ley General de Archivos; 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133 de la Constitución Federal; pues no se advierte la manera en que el contenido de los artículos impugnados armonizan con el esquema de organización de manejo de los documentos de archivo previsto para los sujetos obligados, como lo es el "Sistema Institucional de Archivos", previendo dentro de los Poderes Legislativo, Judicial, órganos autónomos y Municipios, la existencia de una suerte de "entidades especializadas en materia de archivos", esto es, una suerte de "archivo general" (pues incluso literalmente así se denominan) al interior de cada uno de estos entes públicos, cuando ya la ley general establece un esquema organizativo, de estructura, con respecto a los responsables de archivo en cada fase de su ciclo vital (de trámite, concentración e histórico), previéndose quiénes deberán ser los responsables respectivos, sus facultades, etcétera, como a la par, de forma adicional, crear unos "archivos generales" al interior de esos sujetos obligados.

Finalmente, estos "archivos generales" resultan contrarios a la Ley General de Archivos, toda vez que, en cada Estado, sólo puede existir un archivo general; asimismo, es importante señalar que el Archivo General de cada Estado será el ente especializado en materia de archivos, sin que, dentro del marco de la Ley General de Archivos, se advierta la posibilidad o la forma en que puedan convivir estos "archivos generales" con el esquema normativo previsto en la ley marco.

n) Décimo cuarto. El artículo 4, fracción XLIII, de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas es contario a la Ley General de Archivos, así como a los diversos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133 de la Constitución Federal. Esto es así, ya que el numeral impugnado define al "Órgano de Vigilancia", dicha definición causa incertidumbre jurídica, derivado de su contraste con el artículo 117 de la Ley de Archivos de Chiapas y subsecuentes con el artículo 4, fracción XLIV, de la Ley General de Archivos, toda vez que en la definición está incluyendo a todos aquellos órganos de vigilancia afines de las dependencias y entidades de la administración pública estatal. Por ende, es inconstitucional dicha porción normativa, pues la definición debe limitarse a su pertenencia al Archivo General del Estado, y no a la mención de órganos de vigilancia ajenos a aquél.

o) Décimo quinto. El artículo 105 de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas es contrario al artículo 110 de Ley General de Archivos, así como como a los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133 de la Constitución Federal. Si bien el artículo 10 de la Ley de Archivos de Chiapas, señala lo relativo a la supletoriedad de la Ley General de Archivos, es necesario que en la ley impugnada se establezca expresamente el nivel jerárquico que deben de tener los integrantes de la Junta de Gobierno (órgano de gobierno), pues su omisión es inconstitucional. De ahí que la ley local no cumple con lo que establece la Ley General de Archivos, al no señalar el nivel jerárquico que los integrantes de la Junta de Gobierno deben de tener, esto es, por lo menos el nivel de subsecretario, siendo que la ley local sólo establece el nivel que deben de tener los suplentes, mas no los integrantes titulares de la Junta de Gobierno.

p) Décimo sexto. El artículo 134, fracción VI, de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas es contrario al artículo 116 de la Ley General de Archivos, y transgrede los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133 de la Constitución Federal, ya que una "entidad especializada en materia de archivos a nivel municipal" no tiene cabida dentro del esquema previsto por la Ley General de Archivos, y tampoco lo tiene en realidad dentro del previsto por la ley local, misma que tampoco le otorga facultades a dicha "entidad especializada en materia de archivos a nivel municipal", por lo tanto, dicha mención resulta del todo inválida en esta figura de infracción administrativa. Luego, como existe un solo "archivo general" en el Estado, o "entidad especializada en materia de archivos" a nivel local, por lo que no hay posibilidad de que los propios Municipios establezcan, a su vez, "entidades especializadas en materia de archivos" a nivel municipal, y que existan tantas "entidades especializadas" como Municipios en el Estado. q) Décimo séptimo. La Ley de Archivos del Estado de Chiapas es omisa en cuanto a la previsión de ciertas figuras delictivas, lo cual es contrario al artículo 121 de la Ley General de Archivos y, por ende, violatoria de los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133 de la Constitución Federal, porque omite establecer ciertas figuras delictivas que sí se encuentra obligada a prever, tal como la prevista en la fracción I; así como la prevista en el último párrafo, ambos del artículo 121 de la Ley General de Archivos, porción normativa que refiere a la destrucción de documentos relacionados con violaciones graves a derechos humanos, alojados en algún archivo, que así hayan sido declarados previamente por autoridad competente, pues al tratarse de documentos que contienen información sobre violaciones graves a derechos humanos, es menester prevenir y sancionar las conductas que destruyan o pongan en riesgo los documentos relativos a la materia.

r) Décimo octavo. La Ley de Archivos del Estado de Chiapas omite señalar la previsión que establece el artículo décimo primero transitorio de la Ley General de Archivos, lo cual es contario a los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133 de la Constitución Federal, pues en contraste, el artículo décimo primero transitorio de la Ley General de Archivos prevé que los sujetos obligados deberán implementar su sistema institucional, dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de dicha ley, respecto a lo cual, la ley local es omisa; es decir, no fija una previsión homóloga a la prevista por la Ley General de Archivos, lo cual resulta inconstitucional, toda vez que ello resulta contrario al mandato de armonización a cargo de las entidades federativas, así como porque deja en un total estado de incertidumbre jurídica el plazo que tendrán los sujetos obligados para implementar su sistema institucional de archivos, violando con ello el artículo 16 constitucional, en cuanto al principio de certeza jurídica que debe revestir todo acto de autoridad.

7. Por su parte la CNDH planteó en esencia, dos conceptos de invalidez, en los cuales expuso, en esencia que:

a) El artículo 10, fracción I, establece que, en primer lugar, será aplicable la norma que expidió el Congreso Local y en lo no previsto, se observará de manera supletoria la Ley General de Archivos. Sobre el tópico, refiere que la norma impugnada no puede establecer la supletoriedad de leyes que son de observancia directa en toda la nación, aunado a que el régimen supletorio se encuentra previsto en la Ley General de Archivos, de ahí que se vulnere el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad.

Agrega que las Legislaturas Locales no pueden prever la supletoriedad de leyes que son de observancia general en la República Mexicana, tanto para las autoridades federales como locales y de las entidades federativas y que se violenta el derecho humano a la seguridad jurídica y el principio de legalidad contenido en los artículos 14 y 16 constitucionales, expone también que resulta inválido que la norma local prevea que la Ley General de Archivos sea supletoria en lo no previsto por la legislación estatal.

Cita en apoyo a sus consideraciones lo decidido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 22/2015 y su acumulada 23/2015, asunto en donde se dijo que las leyes generales no pueden preverse como supletorias de una ley local, en virtud de que fueron expedidos en uso de atribuciones exclusivas del Congreso de la Unión; por otra parte, también al resolverse la acción de inconstitucionalidad 79/2019 se declaró la invalidez de las porciones normativas de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema de Búsqueda de Persona para el Estado de Tabasco, que establecían la supletoriedad del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley General de Víctimas y tratados internacionales.

b) En otro orden de ideas, refiere que el artículo 112, fracción III, de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas, impone como requisito para desempeñar el cargo de titular de la Dirección General del Archivo General del Estado no haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso; pues estima que dicha exigencia transgrede los derechos de igualdad y no discriminación, así como la libertad de trabajo y el derecho de acceder a un cargo público al excluir injustificadamente a determinadas personas para ocupar un lugar en el servicio público.

Así, considera que la porción normativa impugnada resulta discriminatoria, al transgredir el contenido del artículo 1o. constitucional, en su vertiente al derecho a la igualdad y no discriminación; por otra parte, se transgrede el contenido del artículo 5o. constitucional y 35, fracción VI, en lo que respecta a la libertad de trabajo y el derecho a ocupar un cargo público, respectivamente, por lo que resulta sobreinclusiva, al excluir de forma injustificada a un sector de la población, aun cuando el delito por el que fueron sancionadas las personas no se encuentre vinculado o relacionado con las funciones que se desempeñarán en el cargo y añade que la disposición impugnada atenta contra la dignidad humana y tiene por efecto anular y menoscabar el derecho de igualdad, de ahí que contiene una categoría sospechosa, por lo tanto, la medida no cumple con una finalidad constitucional imperiosa.

Finalmente, aduce que la porción normativa impugnada es discriminatoria al generar una distinción injustificada, exclusión o preferencia arbitraria e injusta entre las personas que han sido en algún momento sentenciadas por la comisión de un delito doloso y han cumplido con tal sanción; de igual forma, contraviene el principio de reinserción social.

8. Admisión y trámite. Por acuerdos de siete de septiembre de dos mil veinte, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por presentadas las acciones de inconstitucionalidad, registrándolas bajo los expedientes 253/2020 (INAI) y 254/2020 (CNHD), decretando su acumulación y designando como instructor al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

9. Atento a lo anterior, por acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veinte, el Ministro instructor dio cuenta de ambas demandas de inconstitucionalidad, las admitió a trámite y tuvo a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chiapas como las entidades que emitieron y promulgaron la ley impugnada; asimismo, entre otros aspectos, solicitó el informe a estas autoridades, le dio vista del asunto al fiscal general de la República y al consejero jurídico del Gobierno Federal.

10. Informe del Poder Legislativo del Estado de Chiapas. El presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas emitió el informe y expresó como razonamientos para sustentar la constitucionalidad de la norma tildada inconstitucional los siguientes:

a). Causas de improcedencia. Sobre el tópico, expuso que los argumentos expuestos por los promoventes resultan infundados e inoperantes, contrariamente a lo expuesto, los artículos impugnados son constitucionales, de ahí que el asunto debe sobreseerse, con fundamento en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el diverso 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal.

b). Agrega que debe sobreseerse, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 20, fracción II, y 59, en relación con el artículo 19, fracciones VII y VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, pues no se transgreden las disposiciones contenidas en la Constitución Federal, pues se busca establecer la seguridad jurídica de las personas en concordancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya que no existe contradicción de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas, con la Constitución Federal, pues, el dispositivo impugnado busca mecanismos eficaces e inmediatos para la conservación del patrimonio cultural.

c). Contestación a los conceptos de invalidez. Alega que los conceptos de invalidez parten de una interpretación errónea, pues los preceptos combatidos son acordes con la Constitución Federal y con la Ley General de Archivos; existe facultad de concurrencia sobre ciertos temas en el que contempla un órgano de vigilancia, la integración de la Junta de Gobierno, así como de archivos generales dentro de los Poderes del Estado, así como el establecimiento de figuras delictivas, regulaciones que no vulneran la Constitución Federal.

d). En suma, refiere que no puede considerarse una transgresión a la Constitución Federal, a la Ley General de Archivos ni a los derechos humanos, pues, la norma impugnada va encaminada para un bien común que es el de mayor beneficio al proteger los derechos humanos de las personas al acceso a la información pública y de contar con una organización y protección del acervo histórico y cultural que dota de identidad a la sociedad chiapaneca, de ahí que los mecan

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31941-0f9e6d4a/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-instituto-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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