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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI) PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LEYES EN MATERIA DE ARCHIVOS (ARTÍCULOS 4, FRACCIÓN XLVI, 8, 11, FRACCIÓN IV, 64, 72, 73, 74, 75, 78, 90 Y 95, ASÍ COMO PRIMERO Y DÉCIMO PRIMERO TRANSITORIOS DE LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI) PUEDE PRESENTARLA EN REPRESENTACIÓN DE ESTE ENTE LEGITIMADO (ARTÍCULOS 4, FRACCIÓN XLVI, 8, 11, FRACCIÓN IV, 64, 72, 73, 74, 75, 78, 90 Y 95, ASÍ COMO PRIMERO Y DÉCIMO PRIMERO TRANSITORIOS DE LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA TRANSITORIA QUE YA CUMPLIÓ SU OBJETO (SOBRESEIMIENTO RESPECTO DEL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DE LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SU PROCEDENCIA CONTRA UN PRECEPTO TRANSITORIO, AL NO EXISTIR CONSTANCIAS EN EL EXPEDIENTE DE QUE EL CONTENIDO MATERIAL DE AQUÉL ESTÉ SATISFECHO, NI ADVERTIRSE ESTA CIRCUNSTANCIA COMO HECHO NOTORIO (ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO TRANSITORIO DE LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN). V. ARCHIVOS. FINALIDAD DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE FEBRERO DE 2014, A LOS ARTÍCULOS 6o. Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE FACULTÓ AL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA EMITIR UNA LEY GENERAL EN LA MATERIA. VI. FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES. VII. ARCHIVOS. LA LEY GENERAL DE LA MATERIA CONSTITUYE EL PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL DE LAS NORMAS LOCALES QUE REGULAN UN ASPECTO PREVISTO EN AQUÉLLA. VIII. ARCHIVOS. OBLIGACIONES A CARGO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SUS SISTEMAS LOCALES, EN TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA. IX. ARCHIVOS. LA LIBERTAD CONFIGURATIVA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA REGULAR SUS SISTEMAS LOCALES SE ENCUENTRA LIMITADA A QUE LA INTEGRACIÓN, ATRIBUCIONES Y FUNCIONAMIENTO DE ÉSTOS, SE PREVEA EN TÉRMINOS EQUIVALENTES A LOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA. X. ARCHIVOS. EL DISEÑO DE SU SISTEMA A NIVEL LOCAL SERÁ EQUIVALENTE AL FEDERAL, CUANDO AQUÉL NO ENTORPEZCA, DIFICULTE O IMPOSIBILITE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL, NI SU DEBIDA COORDINACIÓN. XI. ARCHIVOS. LA IMPLEMENTACIÓN DE UN REGISTRO LOCAL NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LIBERTAD CONFIGURATIVA DE LOS ESTADOS EN LA MATERIA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 4, FRACCIÓN XLVI, 11, FRACCIÓN IV, 72, 73, 74, 75 Y DÉCIMO PRIMERO TRANSITORIO DE LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN). XII. ARCHIVOS. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CUENTAN CON LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN PARA ESTABLECER LOS TÉRMINOS EN QUE PARTICIPARÁN LOS MUNICIPIOS EN LOS CONSEJOS LOCALES (ARTÍCULO 64, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN). XIII. ARCHIVOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL HECHO DE QUE EN LA LEY RELATIVA SE CONTEMPLE DENTRO DEL CONSEJO ESTATAL AL TITULAR DEL EJECUTIVO, O A LA PERSONA QUE ÉSTE DESIGNE, NO ROMPE CON LA EQUIVALENCIA EXIGIDA POR LA LEY GENERAL (ARTÍCULO 64, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN). XIV. ARCHIVOS. NO ES EXIGIBLE LA EQUIVALENCIA A NIVEL LOCAL PARA EL INTEGRANTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, EN LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, POR NO CONTAR ÉSTAS CON HOMÓLOGO A NIVEL ESTATAL. XV. ARCHIVOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LA OMISIÓN DE PREVER LA EQUIVALENCIA A NIVEL LOCAL DE LAS SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, Y DE UN REPRESENTANTE DEL CONSEJO TÉCNICO Y CIENTÍFICO ARCHIVÍSTICO EN LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL ES INCONSTITUCIONAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN). XVI. ARCHIVOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LA FALTA DE PREVISIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBE REUNIR EL REPRESENTANTE DE LOS ARCHIVOS PRIVADOS NO SE TRADUCE EN UNA REGULACIÓN DEFICIENTE POR PARTE DEL LEGISLADOR LOCAL, AL RESULTAR DIRECTAMENTE APLICABLE LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS (ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN). XVII. ARCHIVOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL HECHO DE QUE EN LA LEY RELATIVA SE CONSIDERE AL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO COMO UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE FORMA PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y CUYA ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA ORGÁNICA SERÁN DETERMINADAS POR EL EJECUTIVO LOCAL, VIOLA EL MANDATO DE EQUIVALENCIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN). XVIII. ARCHIVOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL LEGISLADOR LOCAL INCURRIÓ EN UNA DEFICIENTE REGULACIÓN EN LA LEY RELATIVA, AL NO CONTEMPLAR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE VIGILANCIA, ASÍ COMO LA DIRECCIÓN GENERAL PARA EL ARCH

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 132/2019. · Registro digital (IUS): 30234
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-11-19
Promovente: INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo I, Pág. 553.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 132/2019. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: ÚRSULA HERNÁNDEZ MAQUÍVAR.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Demanda, autoridades emisoras y normas impugnadas. Por escrito recibido el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Miguel Novoa Gómez, quien se ostentó como representante legal y director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en adelante INAI), promovió acción de inconstitucionalidad en la que señaló como normas generales impugnadas y órganos emisores los siguientes:

Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada:

a) Poder Legislativo del Estado de Nuevo León.

b) Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León.

Normas generales cuya invalidez se reclama:

Artículos 4, fracción XLVI; 8, 11, fracción IV; 64, 72, 73, 74, 75, 78, 90 y 95, así como los artículos primero y décimo primero transitorios, todos de la Ley de Archivos para el Estado de Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve.

2. SEGUNDO.—Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. El INAI señaló como preceptos violados los artículos 1o., 6o., apartado A, 14, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, así como el 124, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. TERCERO.—Conceptos de invalidez. En la demanda de acción de inconstitucionalidad se hicieron valer, en síntesis, los siguientes argumentos:

3. 1. En su primer concepto de invalidez, el INAI estima que los artículos 4, fracción XLVI, 11, fracción IV, 72, 73, 74, 75, y décimo primero transitorio, de la Ley de Archivos para el Estado de Nuevo León son inconstitucionales al establecer la existencia de un Registro Estatal, ya que considera que las Legislaturas Estatales carecen de facultades para legislar sobre tal aspecto, en tanto que la Ley General de Archivos previó que el Sistema Nacional de Archivos contará con un Registro Nacional, administrado por el Archivo General de la Nación, en términos de la normatividad emitida por el consejo nacional y en el cual los tres órdenes de gobierno deberán registrar los documentos correspondientes. Por ello, refiere que suponer que los Estados pueden legislar en materia de registro estatal de archivos, implicaría duplicidad de funciones sobre un mismo tema.

3. 2. En su segundo concepto de invalidez, el INAI considera que el artículo 64 de la ley impugnada es inconstitucional, al prever una integración distinta del Consejo Estatal de Archivos a la prevista en el artículo 65 de la ley general, en relación con lo dispuesto en el numeral 71 de dicho ordenamiento, pues además de prever la participación del titular del Poder Ejecutivo Local o de quien éste designe, se omite contemplar al equivalente del titular de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Función Pública, así como del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De la misma manera, señala que la ley impugnada no cumple con los requisitos previstos en la ley general de la materia para realizar la convocatoria pública que debe hacerse para un representante de los archivos privados.

3. 3. En su tercer concepto de invalidez, el INAI impugna el artículo 95 de la Ley de Archivos para el Estado de Nuevo León, pues estima que al establecer que el Archivo General del Estado es una unidad administrativa cuya estructura y organización serán determinadas por el Ejecutivo del Estado con base en las atribuciones previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León se desconoce lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley General de Archivos, en términos del cual el archivo general es un organismo descentralizado no sectorizado, con personalidad y patrimonio propio.

3. 4. En su cuarto concepto de invalidez, el INAI alega que la Ley de Archivos para el Estado de Nuevo León altera la composición orgánica del Archivo General del Estado, pues se suprimieron las figuras de órgano de gobierno y órgano de vigilancia, contenidas originalmente en los artículos 109 y 110, así como en el numeral 113 de la ley general, lo que, considera, compromete la efectividad del archivo general, así como el cumplimiento de las obligaciones previstas en la legislación general de referencia.

3. 5. En su quinto concepto de invalidez, el INAI sostiene que la ley impugnada es omisa en establecer los requisitos de elegibilidad y atribuciones del director general del archivo estatal, en términos de lo dispuesto en los artículos 111 y 112 de la ley general de la materia.

3. 6. En su sexto concepto de invalidez, el INAI argumenta que el artículo 78 de la ley impugnada es inconstitucional, toda vez que las calidades de "inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad" del patrimonio documental sólo pueden ser establecidas a favor de la Federación, en términos de los artículos 84 y 85 de la ley general de la materia.

3. 7. En su séptimo concepto de invalidez, el INAI señala que el artículo primero transitorio de la Ley de Archivos del Estado es inconstitucional porque señala un plazo distinto al previsto en la ley general de la materia para la iniciación de su vigencia. Esto, pues mientras que en términos del artículo cuarto transitorio de este último ordenamiento, los Congresos Locales debían armonizar sus legislaciones con lo dispuesto en dicha ley a más tardar un año a partir de su entrada en vigor, esto es, el quince de junio de dos mil veinte, en el artículo impugnado se señala que la legislación local entrará en vigor 1 año después de su publicación (que tuvo lugar el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve).

3. 8. En su octavo concepto de invalidez, el INAI afirma que el artículo 8 de la Ley de Archivos para el Estado de Nuevo León no se encuentra armonizado con lo dispuesto en la Ley General de Archivos en lo relacionado a la gestión documental, pues si bien es cierto que su contenido, en cuanto señala que los documentos serán tratados conforme a los procesos de gestión documental establecidos en "los presentes lineamientos", es coincidente con el numeral quinto de los Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos, emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, lo cierto es que debería ser acorde a lo dispuesto en el artículo 12 de la ley general, que establece que será el consejo nacional el que establecerá los procesos de gestión documental. Además, resalta que en términos de los artículos 67, fracción I, y 73, fracción I, de la ley general, el consejo nacional es el encargado de aprobar y difundir la normatividad relacionada con la gestión documental y administración de archivos, mientras que el consejo estatal se encarga de implementar las políticas, programas o lineamientos establecidos por aquél.

3. 9. Por último, en su noveno concepto de invalidez, el INAI impugna el artículo 90 de la Ley de Archivos para el Estado de Nuevo León, pues si bien en él se establece el deber de los sujetos obligados de promover la capacitación de los responsables de las áreas de archivos, no se prevé, como se hace en el artículo 99 de la ley general de la materia, su profesionalización.

4. CUARTO.—Trámite y admisión. Mediante proveído de seis de diciembre de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad bajo el número 132/2019 y, por razón de turno, designó al Ministro Luis María Aguilar Morales como instructor del procedimiento.

5. Posteriormente, por acuerdo de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Nuevo León para que rindieran su informe, requiriéndolos para que el primero de ellos enviara copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma general impugnada y, el segundo, exhibiera un ejemplar del Periódico Oficial de la entidad. Asimismo, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que formulara el pedimento que le corresponde, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, en su caso, manifestara lo que a su representación correspondiera.

6. QUINTO.—Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León. Por escrito recibido el veintidós de enero de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Poder Ejecutivo Estatal, por conducto de Homero Antonio Cantú Ochoa, quien se ostentó como subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nuevo León, rindió el informe solicitado, en el que esencialmente manifestó que, al haber agotado su facultad de hacer observaciones al decreto por el que se expide la Ley de Archivos del Estado, su participación se limitó finalmente a su promulgación y sin que en la demanda se ofrecieran argumentos en contra de ello. Asimismo, como le fue requerido por el Ministro Instructor, acompañó un ejemplar de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

7. SEXTO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León. Por escrito recibido el once de febrero de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Carlos Ruíz García, quien se ostentó como presidente de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, rindió el informe solicitado, manifestando, en síntesis, lo siguiente:

8. En cuanto a la expedición de la Ley de Archivos para el Estado de Nuevo León, afirma que el Congreso del Estado se encuentra facultado para legislar con mayor énfasis en determinados aspectos que son preocupantes para el Estado, sin que se encuentre obligado a repetir lo establecido por el legislador federal. Asimismo, sostiene que se cumplieron todas las formalidades del procedimiento legislativo y se respetaron las garantías de audiencia y seguridad jurídica; así como los estándares desarrollados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar el potencial invalidante de violaciones cometidas en un procedimiento legislativo.

9. Por otro lado, el Poder Legislativo señala que los conceptos de invalidez deben desestimarse, lo que argumenta de la siguiente manera:

9.1. En relación con el primer concepto de invalidez, en el que se alega la incompetencia de los Estados para legislar acerca de un Registro Estatal de Archivos, el Poder Legislativo demandado refiere que en el artículo cuarto transitorio de la Ley General de Archivos existe un mandato que obliga a las Legislaturas Locales a armonizar sus legislaciones con lo dispuesto en ella. Además, señala que la atribución establecida en los artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Nuevo León no suprime la potestad del Congreso de decidir libremente el sentido y contenido de sus legislaciones.

9.2. En relación con el segundo concepto de invalidez, en el que se cuestiona la integración del Consejo Estatal de Archivos prevista en el artículo 64 de la Ley de Archivos del Estado, afirma que el que se prevea la participación del titular del Ejecutivo Local, o de la persona que éste designe, no torna inconstitucional la norma, ya que su simple intervención otorga certeza y credibilidad en las actuaciones del consejo estatal por su alto nivel jerárquico, además de que puede ser cubierto por el secretario general de Gobierno. De la misma manera, se argumenta que tampoco se vulnera la ley general de la materia, en cuanto a los requisitos de la convocatoria para designar a los representantes de los archivos privados, pues en la ley local también se contempla que debe hacerse a través de una convocatoria pública y que si bien en ella no se establecen claramente las bases que deben cumplirse, lo cierto es que aquéllas se establecerán una vez que se emita la convocatoria correspondiente.

9.3. En relación con el tercer concepto de invalidez, a través del cual se impugna el artículo 95 de la Ley Estatal de Archivos del Estado, sostiene que determinar que el Archivo General del Estado es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituiría una violación al régimen constitucional de competencias establecido en el artículo 87 de la Constitución del Estado, así como en los artículos 3 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, en términos de los cuales es facultad del Ejecutivo del Estado proponer la creación de los organismos descentralizados.

9.4. En relación con el cuarto concepto de invalidez, en el que se impugna la composición orgánica del archivo general estatal, al no preverse las figuras de los órganos de gobierno y de vigilancia, el Poder Legislativo argumenta que, además de que no se encuentra obligado a replicar lo previsto por el legislador federal, es la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León la que debe determinar la organización y estructura orgánica de las entidades pertenecientes al Ejecutivo Local.

9.5. En relación con el quinto concepto de invalidez, en el que se alega una omisión de establecer los requisitos de elegibilidad y atribuciones del director general del archivo, afirma que ello puede determinarse en las leyes secundarias aplicables, tan es así, que al ser el archivo una unidad administrativa que forma parte del Ejecutivo Local, su organización y estructura es determinada por aquél, con base en las facultades que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.

9.6. En relación con el sexto concepto de invalidez, sostiene que es el propio artículo 78 de la Ley de Archivos para el Estado de Nuevo León el que señala que, sin perjuicio de lo dispuesto por la ley general, los documentos que sean patrimonio documental del Estado serán inalienables, imprescriptibles e inembargables, por lo que debe concluirse que la ley local no contraría lo establecido por el legislador federal, sino que implica que las medidas y bases de su regulación deben preverse en la ley, toda vez que la protección y preservación del patrimonio documental, cuyas bases se encuentran en la ley general de la materia, es una obligación pública. Además, refiere que al ser el patrimonio documental del dominio público, el Estado está facultado para tutelar e imponer limitaciones a la propiedad privada, en caso de ser necesario.

9.7. En relación con el séptimo concepto de invalidez, en el que se impugna el artículo primero transitorio de la ley impugnada, el Poder Legislativo argumenta que resulta infundado en tanto que, al expedir la ley local, se cumplió con el plazo previsto en el artículo cuarto transitorio de la ley general.

9.8. En relación con el octavo concepto de invalidez, afirma que al impugnar el artículo 8 de la ley local se hace una interpretación fuera de contexto, pues establecer las facultades de los órganos internos de control para realizar auditorías archivísticas en sus programas de trabajo es esencial para vigilar el cumplimiento de la ley por parte de los sujetos obligados. Por ello, refiere, es necesario determinar mecanismos concretos para realizar tales auditorías y, en especial, para promover y privilegiar prácticas preventivas adecuadas para la gestión de documentos.

9.9. Por último, en relación con el noveno concepto de invalidez, señala que si en el artículo 90 impugnado se utilizó la palabra capacitación, refleja que los sujetos obligados deben estar capacitados para brindar el mejor y más profesional servicio en el ámbito de su competencia, pues la profesionalización hace referencia a un tipo de práctica en la que la especialización se va generando en función de un proceso. Además, argumenta que el Poder Legislativo tiene la facultad de modificar sus ordenamientos, siempre y cuando guarden relación con lo establecido en ordenamientos supra estatales de los cuales emanen.

10. SÉPTIMO.—Pedimento del fiscal general de la República. El fiscal general de la República no formuló pedimento alguno.

11. OCTAVO.—Opinión de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. El consejero jurídico del Gobierno Federal no realizó manifestación alguna.

12. NOVENO.—Cierre de instrucción. Por acuerdo de catorce de agosto de dos mil veinte, el Ministro instructor, visto el estado procesal del asunto y sin que existiera constancia de la presentación de alegatos de las partes en el plazo otorgado, dictó el auto de cierre de instrucción para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia

13. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) en relación con el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece,(3) toda vez que el INAI plantea una posible contradicción entre diversos artículos de la Ley de Archivos para el Estado de Nuevo León y la Constitución Federal.

SEGUNDO.—Oportunidad

14. De conformidad con el artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(4) el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial, precisando que si el último día del referido plazo es inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

15. En el caso, el INAI impugnó diversos artículos de la Ley de Archivos para el Estado de Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, por lo que el plazo para promover la presente acción transcurrió del cinco de noviembre al cuatro de diciembre de dos mil diecinueve.

16. En ese sentido, toda vez que la demanda se presentó el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considera que su presentación fue oportuna.

TERCERO.—Legitimación

17. En términos del artículo 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el organismo garante previsto en el artículo 6o. constitucional –INAI– tiene legitimación para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal y local, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que considere contrarias al derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales.

18. Sobre esto, conviene resaltar que en su demanda el promovente expuso diversos argumentos para evidenciar la relación que, a su juicio, se encuentra presente en la materia de archivos y los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, al poner de manifiesto, en esencia, que para el efectivo ejercicio de esos derechos es necesaria la existencia de archivos organizados, actualizados y confiables. Por ello, en principio, puede afirmarse que el INAI cuenta con la legitimación para promover la presente acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos de la Ley de Archivos para el Estado de Nuevo León, al considerarlos contrarios a los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales.

19. Adicionalmente, conforme a lo previsto por el artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia, es necesario que los promoventes comparezcan a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.(5)

20. Por su parte, en términos del artículo 41, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al INAI le corresponde interponer, cuando así lo apruebe la mayoría de los comisionados, las acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes federales o estatales, así como de los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República que vulneren el derecho de acceso a la información.(6) De la misma manera, en el artículo 35, fracción XVIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se otorga al Pleno del INAI la atribución de interponer, por mayoría de sus integrantes, las acciones de inconstitucionalidad que correspondan.(7)

21. Ahora, si bien en términos del artículo 16 del Estatuto Orgánico del INAI, al comisionado presidente le corresponde representar al instituto ante cualquier autoridad, también es cierto que a su oficina se encuentran adscritas, entre otras direcciones, la Dirección General de Asuntos Jurídicos,(8) la cual, en términos del numeral 32 del mismo Estatuto, tendrá a su cargo la representación legal del instituto en asuntos jurisdiccionales, así como para presentar los escritos de demanda en acciones de inconstitucionalidad, entre otros actos.(9)

22. En el caso, la demanda fue presentada por Miguel Novoa Gómez, en su carácter de director general de Asuntos Jurídicos del INAI, calidad que acredita con copia certificada de la credencial vigente expedida por el Instituto actor. Asimismo, acompaña el acuerdo ACT-PUB/04/12/2019.07 emitido por los comisionados del Pleno del INAI, mediante el cual, en términos del punto segundo, se instruyó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos a presentar acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Archivos para el Estado de Nuevo León y, de manera destacada, en contra de los artículos 4, fracción XLVI, 8, 11, fracción IV, 64, 72, 73, 74, 75, 78, 90, 95, primero y décimo primero transitorios.

23. Derivado de todo lo anterior, el promovente cuenta con la representación del INAI, como órgano legitimado, para promover la presente acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 4, fracción XLVI; 8, 11, fracción IV; 64, 72, 73, 74, 75, 78, 90 y 95, así como los artículos primero y décimo primero transitorios, todos de la Ley de Archivos para el Estado de Nuevo León.

CUARTO.—Causas de improcedencia

24. Si bien las partes no hicieron valer la actualización de alguna causal de improcedencia, es necesario que este Tribunal Pleno haga un análisis oficioso sobre la procedencia de la presente acción de inconstitucionalidad, al ser cuestión de orden público y de estudio preferente.

25. En este análisis, se advierte que, en relación con el artículo primero transitorio de la Ley de Archivos para el Estado de Nuevo León, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, en relación con los numerales 59 y 65, primer párrafo, todos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(10) en virtud de que dicha disposición ha cesado en sus efectos.

26. La norma impugnada es del tenor literal siguiente:

"Primero. La presente ley entrará en vigor a los 365 días hábiles siguientes contados a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado."

27. Efectivamente, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando en una acción de inconstitucionalidad se impugnan normas transitorias y éstas han cumplido con el objeto para el cual se emitieron, al haberse agotado en su totalidad los supuestos que prevé, debe sobreseerse en el juicio. Lo anterior en términos de la jurisprudencia P./J. 8/2008, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CUANDO SE PROMUEVE CONTRA UN PRECEPTO TRANSITORIO QUE YA CUMPLIÓ EL OBJETO PARA EL CUAL SE EMITIÓ, DEBE SOBRESEERSE AL SURTIRSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN V, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."(11)

28. Como se advierte, el artículo primero transitorio impugnado constituye meramente un lineamiento provisional o de "tránsito", pues su contenido material se agota en determinar el ámbito de validez temporal de la legislación impugnada, al señalar que su entrada en vigor ocurriría a los trescientos sesenta y cinco días hábiles siguientes contados a partir del día siguiente después de su publicación, por lo que, a la luz de las siguientes consideraciones, debe estimarse que a la fecha de resolución de este asunto ya aconteció.

29. En efecto, en términos del artículo primero transitorio impugnado, la Ley de Archivos para el Estado de Nuevo León entraría en vigor a los trescientos sesenta y cinco días hábiles contados a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, lo que como se dijo, aconteció el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve.

30. Sobre esto, en primer lugar, cabe destacar que de la ley en análisis no se advierte con fundamento en qué ordenamiento deben computarse dichos días inhábiles; esto es, si se trata de días inhábiles para el Poder Legislativo o para algún otro poder o dependencia.

31. Esto se resalta en tanto que de la búsqueda realizada en el Periódico Oficial de la entidad se desprende que no existe como tal una normativa que establezca, de manera uniforme y para todas las autoridades, los días que se considerarán hábiles. Como ejemplo, la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León emite su propio calendario con base en lo previsto en la propia Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos con fundamento en su reglamento interno.(12)

32. De esta manera, y toda vez que la norma general impugnada fue emitida por el Congreso del Estado de Nuevo León, se estima pertinente tomar en cuenta los días que, según los ordenamientos que le resultan aplicables, son inhábiles.

33. En términos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, serán días hábiles los días de lunes a viernes, excepto los sábados y domingos, así como los días de asueto que establezca la Ley Federal del Trabajo.(13)

34. En ese sentido, si la Ley de Archivos para el Estado de Nuevo León se publicó el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, el plazo de trescientos sesenta y cinco días hábiles terminó el catorce de abril del dos mil veintiuno.(14)

35. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no desconoce que a partir del año dos mil veinte las autoridades correspondientes tomaron distintas medidas para contrarrestar la pandemia por el virus SARS-COV2; sin embargo, lo cierto es que de la página oficial del Congreso del Estado de Nuevo León, en la que obra el Calendario de Actividades del Congreso del dos mil diecinueve, dos mil veinte y dos mil veintiuno, se advierte que durante ese tiempo continuaron en actividades,(15) aunado a que tampoco se observa algún decreto o acuerdo que haya declarado inhábiles días distintos a los previstos por la normatividad antes señalada.

36. De esta manera, al haberse agotado ese plazo y, consecuentemente, al ya encontrarse vigente la Ley de Archivos del Estado de Nuevo León, debe concluirse que el objeto para el cual fue emitida la norma ya se cumplió en su totalidad, lo que impide que este Tribunal Pleno estudie los conceptos de invalidez formulados por el INAI, ya que ha dejado de tener sentido analizar si, como lo alega, dicha disposición amplía indebidamente el plazo previsto en el artículo cuarto transitorio de la Ley General de Archivos, porque la resolución que llegara a dictarse no puede tener efectos retroactivos, salvo en materia penal, atento a lo dispuesto en el artículo 45, segundo párrafo, de la ley reglamentaria.

37. Por tal motivo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 19, fracción V, en relación con los diversos 59 y 65, primer párrafo, todos de la ley reglamentaria de la materia, debe sobreseerse en términos del artículo 20, fracción II, del mismo ordenamiento, en relación con el artículo primero transitorio de la Ley de Archivos para el Estado de Nuevo León.

38. Ahora bien, cabe mencionar que no pasa inadvertido que el INAI también impugnó el artículo décimo primero transitorio de la Ley de Archivos para el Estado de Nuevo León;(16) sin embargo, no se está frente al mismo supuesto de improcedencia, pues conforme a la jurisprudencia recién transcrita, para considerar que una disposición transitoria ha cesado en sus efectos, es necesario que el supuesto que prevé esté cumplido, esto es, que el contenido material del precepto esté satisfecho.

39. Así, tratándose de la disposición décimo primera transitoria, lo trascendente es que no existe constancia alguna en el expediente, ni constituye un hecho notorio para este Tribunal Pleno, que el Archivo General del Estado ya ha puesto en operación la plataforma del Registro Estatal de Archivos.

QUINTO.—Estudio de fondo

40. Como quedó sintetizado líneas arriba, el INAI planteó la inconstitucionalidad de diversos preceptos contenidos en la Ley de Archivos para el Estado de Nuevo León y señaló como preceptos constitucionales vulnerados los artículos 1o., 6o., apartado A, 14, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, así como el 124, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, de la lectura de sus argumentos puede desprenderse que hace reposar la inconst

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30234-a5c213dc/i-accion-de-inconstitucionalidad-legitimacion-del-instituto-nacional · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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