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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI) PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LEYES EN MATERIA DE ARCHIVOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI) PUEDE PRESENTARLA EN REPRESENTACIÓN DE ESTE ENTE LEGITIMADO (ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN IV, Y 32, FRACCIONES I Y II, DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBEN DESESTIMARSE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA RELATIVAS A QUE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ RESULTAN DEFICIENTES, PUES ELLO CORRESPONDE AL ANÁLISIS PROPIO DEL FONDO DEL ASUNTO. IV. FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES. V. LEYES GENERALES. TIENEN POR OBJETO DISTRIBUIR LAS COMPETENCIAS ENTRE LA FEDERACIÓN Y LOS ESTADOS, OTORGANDO LAS BASES PARA EL DESARROLLO DE LAS LEYES LOCALES CORRELATIVAS. VI. LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL EN MATERIAS CONCURRENTES. SU VALIDEZ DEPENDE DE LO ESTABLECIDO TANTO EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL COMO EN LAS LEYES GENERALES. VII. ARCHIVOS. FINALIDAD DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE FEBRERO DE 2014, A LOS ARTÍCULOS 6o. Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE FACULTÓ AL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA EMITIR UNA LEY GENERAL EN LA MATERIA. VIII. ARCHIVOS. DADA LA CONCURRENCIA LEGISLATIVA EN DICHA MATERIA, LOS CONGRESOS LOCALES CARECEN DE COMPETENCIA PARA LEGISLAR EN SUS ASPECTOS PRIMARIOS, PERO QUEDAN FACULTADOS PARA ARMONIZAR Y ADECUAR SUS LEGISLACIONES CONFORME A LA LEY GENERAL RELATIVA (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE FEBRERO DE 2014). IX. ARCHIVOS. OBLIGACIONES A CARGO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SUS SISTEMAS LOCALES, EN TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA. X. ARCHIVOS. LA LIBERTAD CONFIGURATIVA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA REGULAR SUS SISTEMAS LOCALES SE ENCUENTRA LIMITADA A QUE LA INTEGRACIÓN, ATRIBUCIONES Y FUNCIONAMIENTO DE ÉSTOS SE PREVEA EN TÉRMINOS EQUIVALENTES A LOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA. XI. ARCHIVOS. EL DISEÑO DE SU SISTEMA A NIVEL LOCAL SERÁ EQUIVALENTE AL FEDERAL, CUANDO AQUÉL NO ENTORPEZCA, DIFICULTE O IMPOSIBILITE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL, NI SU DEBIDA COORDINACIÓN. XII. ARCHIVOS. ENTRE LAS LEYES LOCALES Y LA LEY GENERAL EN LA MATERIA NO EXISTE UN DEBER DE IDENTIDAD CONCEPTUAL, PERO LAS ACEPCIONES ADOPTADAS EN LA LEGISLACIÓN LOCAL NO DEBEN IMPACTAR SIGNIFICATIVAMENTE A LA REALIZACIÓN DE LOS VALORES Y AL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES QUE SE PROPONE ESTE ÚLTIMO ORDENAMIENTO. XIII. ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE OAXACA. LA DIFERENCIA CONCEPTUAL SOBRE LA FORMA DE IDENTIFICARSE ELECTRÓNICAMENTE CONFORME A LA LEY RELATIVA Y LA LEY GENERAL, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA FORMA ADICIONAL DE HACERLO EN EL ÁMBITO LOCAL, AFECTA LA FORMA DE OPERAR DEL SISTEMA NACIONAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 4, FRACCIÓN XXVII, DE LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE OAXACA). XIV. ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE OAXACA. LA NO INCLUSIÓN EN LA LEY RELATIVA DE LA DEFINICIÓN DE ENTES PÚBLICOS, ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XXVI DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA, NO CONSTITUYE UNA OMISIÓN LEGISLATIVA. XV. ARCHIVOS. LA IMPLEMENTACIÓN DE UN REGISTRO LOCAL NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LIBERTAD CONFIGURATIVA DE LOS ESTADOS EN LA MATERIA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 4, FRACCIÓN XLIII, 11, FRACCIÓN IV, 76 AL 79 Y OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE OAXACA). XVI. ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE OAXACA. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ATRIBUYE AL CONSEJO LOCAL DE ARCHIVOS EL CARÁCTER LIMITADO DE ÓRGANO NORMATIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVOS VULNERA EL MANDATO DE EQUIVALENCIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 65, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE OAXACA). XVII. ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE OAXACA. LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO LOCAL CONFORME A LA LEY RELATIVA NO ES EQUIVALENTE A LA DEL CONSEJO NACIONAL, AL NO INCLUIRSE A LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, CON ATRIBUCIONES O FUNCIONES SIMILARES A LAS QUE CORRESPONDERÍAN AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, AL SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, AL TITULAR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y A UN COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO A UN REPRESENTANTE DE LOS ARCHIVOS PRIVADOS Y UN REPRESENTANTE DEL ÓRGANO QUE EMULE LAS FUNCIONES DEL CONSEJO TÉCNICO Y CIENTÍFICO ARCHIVÍSTICO (INVALIDEZ DEL

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 122/2020. · Registro digital (IUS): 31082
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-11-25
Promovente: INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Noviembre de 2022, Tomo I, Pág.527.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 122/2020. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 13 DE JULIO DE 2021. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: LUIS MAURICIO RANGEL ARGÜELLES.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al trece de julio de dos mil veintiuno, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 122/2020, promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en contra de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca, publicada el quince de febrero de dos mil veinte en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca.

I. TRÁMITE

1. Presentación de la acción. Mediante escrito presentado el trece de marzo de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Miguel Novoa Gómez, representante legal y director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,(1) promovió acción de inconstitucionalidad en la que se solicitó la invalidez de las siguientes disposiciones legales:

• Artículos 4, 11, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 76, 77, 78, 79, 98, 100, 101, cuarto y octavo transitorios, así como las omisiones genéricas de la Ley de Archivos para el Estado |de Oaxaca, publicada el quince de febrero de dos mil veinte en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca.

2. Autoridad emisora y promulgadora. Las normas generales impugnadas se emitieron por el Congreso y se promulgaron por el gobernador, ambos del Estado de Oaxaca.

3. Conceptos de invalidez. En los conceptos de invalidez se argumenta, en síntesis, lo siguiente:

Primer concepto de invalidez. El artículo 4 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca es contrario a los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal, al establecer definiciones distintas a las previstas en la Ley General de Archivos.

Resultan inconstitucionales las discrepancias conceptuales establecidas en el artículo 4 de la ley local con respecto a las que establece la Ley General de Archivos, ya que, por un lado, omite establecer uno de los términos con su respectiva definición y, en el otro, modifica el término, así como su definición.

En ese sentido, se refiere que debe agregarse el concepto de entes públicos, establecido en la fracción XXVI del artículo 4 de la Ley General de Archivos y adecuar el diverso concepto de identidad digital con el de firma electrónica avanzada, establecido en la diversa fracción XXXII del mismo numeral.

Precisa que dichas inconsistencias impactan a lo largo de la Ley General de Archivos para el Estado de Oaxaca (en específico en sus artículos 4, 46, y 47) y que, por ello, no se cumple con la homologación que ordena la Ley General de Archivos.

Segundo concepto de invalidez. Los artículos 4, fracción XLIII; 11, fracción IV, 76, 77, 78, 79 y octavo transitorio, de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca, son contrarios a los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal, al establecer la existencia de un Registro Estatal de Archivos.

Que la Ley General de Archivos prevé un Registro Nacional de Archivos a cargo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Archivos, registro que opera como instrumento del Sistema Nacional de Archivos para que los sujetos obligados de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, acompañen la conformación de dicho registro. Por tal motivo, en el Registro Nacional de Archivos se registrarán los documentos tanto del ámbito nacional como del local, siendo éste el resguardante en materia archivística de la Federación y de las entidades federativas.

El Sistema Nacional de Archivos como expresión coordinada de sus miembros, se constituye por diversos organismos, entre ellos, el Archivo General de la Nación (en adelante el AGN) y los Sistemas Estatales de Archivos, por lo que el registro es una expresión de carácter federalista, además de una herramienta del Sistema Nacional de Archivos como instancia de coordinación y colaboración.

Se argumenta que la Ley General de Archivos, faculta al AGN para que administre el Registro Nacional de Archivos y que dicha administración dependerá de la normativa que para tales efectos expida el Consejo Nacional (artículo 80 de la Ley General de Archivos), por lo que en la Ley General de Archivos hay ausencia de configuración legislativa a favor de las entidades federativas para legislar, particularmente, sobre la creación de un registro estatal de archivos.

En ese sentido, suponer que los Estados tienen la atribución de legislar en materia de Registro Nacional de Archivos implicaría duplicidad de funciones sobre un mismo tema, cuya competencia corresponde exclusivamente al Sistema Nacional a través de su Consejo Nacional.

Y que, si bien hay configuración legislativa a favor de las entidades federativas en diversos aspectos previstos por la Ley General de Archivos, no obstante, no existe configuración normativa en materia del registro estatal de archivos puesto que, del análisis de los artículos 78, al 81 de la Ley General de Archivos, se desprende que lo que pretende el legislador nacional es contar con una sola aplicación informática, alimentada por la información que habrán de registrar los sujetos obligados de los tres órdenes de gobierno, en favor de una base registral única. Por lo que, al suponer que pueda haber treinta y dos registros estatales de archivo, se perdería el atributo de que sea una herramienta única, uniforme y accesible a todos.

Tercer concepto de invalidez. Se aduce que el artículo 65 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca es contrario a los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracción XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal, al establecer una integración del Consejo Local de Archivos distinta a la prevista en la Ley General de Archivos.

Que la Ley General de Archivos, en su título cuarto, capítulo III, que tiene por encabezado "De los Sistemas Locales de Archivos", establece de manera expresa y específica ciertas directrices que deben seguir las legislaciones locales, por cuanto hace a la regulación de sus sistemas de archivos.

Destaca que en la Ley General de Archivos se establece que las leyes de las entidades federativas:

1) Regularán los Sistemas Locales, los cuales contarán con un Consejo Local como órgano de coordinación.

2) Desarrollarán la integración, atribuciones y funcionamiento de los Sistemas Locales, de manera equivalente a las que dicha ley general otorga al Sistema Nacional de Archivos.

3) Establecerán los términos en que los Municipios participarán en el Consejo Local.

Que de dichas bases, el artículo 65 de la ley local establece la "estructura organizacional" del Consejo Local de Archivos, la cual no se encuentra en armonía en cuanto a su integración, atribuciones y funcionamiento, con lo establecido en la Ley General de Archivos, por las siguientes razones:

a) No se establece al Consejo Local como órgano de coordinación.

b) Duplicidad de representación del director general de Archivo.

c) Secretario técnico como parte integrante del Consejo Local.

d) No se contemplan a titulares de los homólogos de la Secretaría de Gobernación y de la Función Pública.

e) No se contempla al representante de los archivos privados.

f) No se prevé al representante del Consejo Técnico y Científico Archivístico.

g) No se prevé la participación de los Municipios, de conformidad con lo que establece la Ley General de Archivos.

La ley local, en lugar de establecer los términos o la forma en que participarán los Municipios en el Consejo Local, establece que será este último quien determine qué Municipios participarán en el consejo, con lo que se causan dos violaciones distintas:

1. La ley local desplaza o delega la determinación de la participación de los Municipios, al Consejo Local, cuando dicha determinación se trata de una cuestión privativa y exclusiva de la ley, por disposición del tercer párrafo del artículo 71 de la Ley General de Archivos, con lo que se violenta el principio de reserva de ley que dispone este ordenamiento para tal efecto.

2. No se garantiza la participación de todos los Municipios en el Consejo Local, ya sea a través de un representante municipal en lo individual, o bien, de un representante por grupo de Municipios, al prever como participantes únicamente a los Municipios que el Consejo Local decida invitar.

h) Se establece una participación diversa de los órganos constitucionales autónomos a la que establece la Ley General de Archivos.

i) Se establece un criterio restrictivo en cuanto a las personas que pueden ser invitadas al Consejo Local.

j) Toda vez que impacta en la integración del Consejo Local, la ley de Oaxaca debió establecer lo respectivo al nombramiento de los suplentes de los consejeros estatales, en caso de su ausencia, así como la disposición relativa a la jerarquía inmediata inferior con que deben contar, conforme lo prevé el penúltimo párrafo del artículo 65 de la Ley General de Archivos, omisión que se estima inconstitucional, y que debe ser subsanada por la Legislatura Local.

k) La ley local es omisa en establecer que los miembros del consejo estatal no recibirán remuneración alguna por su participación en éste, prescripción prevista para el consejo nacional, en el último párrafo del artículo 65 de la Ley General de Archivos, y cuya omisión impacta y afecta el funcionamiento equivalente que dispone el artículo 71 de la Ley General de Archivos, por lo que resulta inconstitucional.

l) La ley local es omisa en establecer cómo se efectuarán las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Local, de conformidad con lo que establece el artículo 66 de la Ley General de Archivos, cuestión que impacta en el funcionamiento de dicho consejo, y que debería ser equivalente a lo que dispone la Ley General de Archivos para el Sistema Nacional, de conformidad con el último párrafo del artículo 71 de la Ley General de Archivos.

Cuarto concepto de invalidez. Los artículos 63, 68, 69, 70 y 71 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca, que regulan lo relativo al Comité Técnico de Archivos, son contrarios a los artículos 1o., 6o., 16, 73, XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal, por cuanto hace a la regulación equivalente del Consejo Técnico y Científico Archivístico.

No se advierte que la ley general establezca en la integración del Sistema Nacional un "Comité Técnico de Archivos" situado a la par del Consejo Local, razón suficiente para estimar inconstitucional su previsión en el artículo 63, como parte integrante del Sistema Estatal de Archivos.

Se creó a un "Comité Técnico de Archivos" similar al Consejo Técnico y Científico Archivístico, previsto a nivel nacional que, de acuerdo al artículo 114 de la Ley General de Archivos, es el órgano asesor del Archivo General, no del consejo nacional, en las materias históricas, jurídicas, de tecnologías de la información y las disciplinas afines al quehacer archivístico y los integrantes que lo conforman serán designados por el consejo nacional.

Para el caso nacional, el Consejo Técnico y Científico Archivístico no se creó como un órgano situado a la par del Consejo Nacional. Razón por la cual, la previsión del Comité Técnico de Archivos Local, como órgano que integra el Sistema Estatal, en la posición en que lo coloca la ley local, al no contar con equivalente en el Sistema Nacional, resulta inconstitucional, al contravenir el artículo 71 de la Ley General de Archivos. La integración como las atribuciones previstas para dicho comité técnico en los artículos 68, 69, 70 y 71 de la ley local, contravienen lo dispuesto en la Ley General de Archivos, al ir más allá del alcance previsto por la organización y funcionamiento del propio Sistema Estatal de Archivos y su Consejo Local.

Quinto concepto de invalidez. El artículo 98 y cuarto transitorio de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca vulneran los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal, por cuanto hace a la naturaleza jurídica del Archivo General del Estado (AGE).

a) Naturaleza jurídica (AGE previsto como organismo desconcentrado de la Secretaría de Administración).

a.1. El artículo 98 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca, contempla al Archivo General del Estado de Oaxaca como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Administración, con autonomía técnica, administrativa, operativa y de gestión para el debido cumplimiento de su objeto, atribuciones y ejes rectores conferidos en el decreto que lo creó y demás disposiciones normativas aplicables.

Por su parte, el artículo 104 de la ley general, señala que el AGN es un organismo descentralizado no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objeto y fines.

Asimismo, en el artículo 71, segundo párrafo, de la ley general se preceptúa que en las leyes de las entidades federativas se deberá prever la creación de un archivo general como la entidad especializada en materia de archivos, y lo mismo hace el artículo 4, fracción VII, al establecer que los Archivos Generales serán las entidades especializadas en materia de archivos del orden local.

La ley local es omisa en reconocer la descentralización, no sectorización, así como en otorgar personalidad jurídica y patrimonio propio al Archivo General del Estado, circunscribiéndolo al ámbito de administración y competencia del Poder Ejecutivo del Estado, atributos aquellos que se consideran necesarios y esenciales para el efectivo ejercicio de la especialización que establece la Ley General de Archivos.

En consecuencia, la disposición prevista en el citado artículo 98 de la ley local contraviene la naturaleza jurídica con que debiera contar el Archivo General, y que desarrolla la Ley General para el Archivo General de la Nación.

Por lo que, atendiendo al cierto grado de autonomía que se busca respecto del organismo en el que recaerá el Archivo General del Estado de Oaxaca, y que no se tenga una subordinación directa respecto de alguna de las dependencias de la administración pública, como es el caso del AGN, entonces, de una interpretación sistemática y funcional de la Ley General de Archivos, así como desde una perspectiva de configuración legislativa, se advierte que la naturaleza jurídica del Archivo General del Estado, debe ser de un organismo descentralizado no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de lo contrario, su omisión, consistente en no dotarlo de esta naturaleza, se considera vicio de constitucionalidad, al eludir garantizar su autonomía en la toma de decisiones y, por ende, en su integración y atribuciones, al denotar una injerencia del Ejecutivo Estatal, contraviniéndose lo dispuesto por los artículos 4, fracción VII, 71 y 104 de la Ley General de Archivos.

a.2 Por consecuencia, el director general del Archivo Estatal no puede depender o estar subordinado a ningún tipo de autoridad; por lo que el artículo 65, fracción I, que establece que el director general del AGE será, a su vez, el consejero representante del Ejecutivo del Estado, también contraviene los preceptos de la Ley General de Archivos previamente.

a.3 Resulta contradictorio lo establecido en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca, que establece que el Archivo General del Estado de Oaxaca continuará operando con la estructura, decreto de creación, reglamento interno, manual de organización y manual de procedimientos con que cuente a la fecha de la publicación de la ley local, por considerarse "que no contraviene a la propia ley local". Sin embargo, tal previsión también es atentatoria de lo establecido en la Ley General de Archivos en cuanto a la naturaleza jurídica que debe revestir al Archivo General del Estado, toda vez que, o bien nunca debió establecerse dicha disposición, o bien, debió establecer lo contrario, en el sentido de que dichos ordenamientos deberían armonizarse tanto con la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca, como con la Ley General de Archivos.

b) Falta de atribuciones.

La ley local establece, de manera distinta, la naturaleza jurídica del AGE, al no contemplarlo como un organismo descentralizado no sectorizado, tal como lo dispone la Ley General de Archivos. También es omiso el ordenamiento local en establecer ciertas atribuciones que la Ley General de Archivos dispone para el AGN, lo cual se advierte en el contenido del artículo 100 de la ley local, que contraviene lo establecido en el artículo 106 de la Ley General de Archivos, con lo que se compromete el efectivo cumplimiento del objeto para el que fue creado.

c) Falta de regulación de los órganos con los que debe contar el AGE para el cumplimiento de su objeto.

En concordancia con la falta de naturaleza jurídica que debió preverse para el AGE, como organismo descentralizado no sectorizado, la ley local omite todos los capítulos y disposiciones que prevén a los órganos que requiere el AGE para el cumplimiento de su objeto, establecidos en los artículos 109, 110, 111, 112,113 y 114 de la Ley General de Archivos; como son: el Órgano de Gobierno; la Dirección General; el Órgano de Vigilancia y el Consejo Técnico y Científico Archivístico, con lo que se compromete el efectivo cumplimiento del objeto para el que es creado el Archivo General del Estado, así como del cumplimiento de sus obligaciones.

Sexto concepto de invalidez. La Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca es omisa en establecer ciertos delitos, con lo que conculca lo previsto en los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal.

Se considera que es inconstitucional la falta en la ley local de las conductas delictivas descritas tanto en la fracción I, como en el último párrafo del artículo 121 de la Ley General de Archivos, este último que se refiere a la destrucción de documentos relacionados con violaciones graves a derechos humanos, alojados en algún archivo, que así hayan sido declarados previamente por autoridad competente.

Se debe considerar la inclusión de la aludida disposición, ya que al referirse a documentos que contienen información sobre violaciones graves a derechos humanos, es menester prevenir y sancionar las conductas que destruyan o pongan en riesgo tales documentos. Aceptar su omisión, implicaría que los derechos a la verdad y a la memoria se vean vulnerados por la sustracción, ocultación, alteración, mutilación, destrucción e inutilización de información y documentos.

Séptimo concepto de invalidez. La Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca es omisa en establecer el contenido de ciertos preceptos transitorios, violando con ello los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Federal.

La ley local es omisa en prever diversas disposiciones transitorias y, cuya falta, se estima inconstitucional, como son:

En el artículo séptimo transitorio de la Ley General de Archivos, falta establecer el deber del Órgano de Gobierno del Archivo General Estatal de expedir y publicar el Estatuto Orgánico del Archivo General en un periodo no mayor a un año, contado a partir de la entrada en vigor de la ley local. Esto será factible, una vez que se resuelva lo referente a la naturaleza del AGE y de los órganos con los que debe contar, pues se deberá prever la expedición de su estatuto orgánico o la reglamentación interna correspondiente.

De acuerdo al artículo décimo segundo transitorio de la Ley General de Archivos, falta establecer el plazo para que el Consejo Local de Archivos elabore su reglamento ya que, si bien la ley local establece en su artículo séptimo transitorio el periodo en el cual quedará instalado el consejo estatal, es omiso en señalar el momento en el cual deberá elaborar su reglamento. Octavo concepto de invalidez. La Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca es omisa en establecer qué faltas serán "graves", y cuáles serán "no graves", violando con ello los artículos 1o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, 109 y 124 de la Constitución Federal.

Se argumenta que la ley local es omisa en establecer cuáles de las infracciones administrativas contempladas en el artículo 101 serán consideradas "graves", y cuáles otras serán consideradas "no graves"', cuestión que tiene impacto en cuanto a la determinación de sanciones y autoridad competente que habrá de imponer la sanción correspondiente. Por lo que dicha omisión resulta contraria al artículo 109 de la Constitución Federal, así como de lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley General de Archivos.

La remisión expresa o implícita a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, no podría subsanar dicha omisión, máxime que dicha ley no establece faltas, sino que, a su vez, remite a lo que dispone la Ley General de Responsabilidades Administrativas para tal efecto.

La Ley de Responsabilidades Administrativas local, ninguna respuesta da sobre la clasificación que pudieran tener las infracciones (faltas) administrativas previstas en la Ley de Archivos de Oaxaca, por lo que aquel ordenamiento jurídico, en nada clarifica ni subsana la situación en que se encuentra la Ley de Archivos Local, a efecto de la determinación como grave o no grave de las infracciones que establece.

Noveno concepto de invalidez. El artículo 101 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca es inválido, al inobservar el artículo 14 de la Constitución Federal, relativo al principio de certeza jurídica y taxatividad que debe regir en materia de ilícitos y sus respectivas sanciones.

Se argumenta que la redacción de dicha fracción no es coincidente con lo establecido en la fracción I del artículo 116 de la Ley General de Archivos, que prevé como infracción: transferir a título oneroso o gratuito la propiedad o posesión de archivos o documentos de los sujetos obligados.

La ley local no se encuentra armonizada con lo establecido en la Ley General de Archivos, ya que, si bien pudiera parecer un simple error de escritura la expresión efectivamente asentada en la fracción I del artículo 101 de la ley local tiene un alcance normativo diverso e incluso, confuso, con respecto a lo establecido en la fracción I del artículo 116 de la Ley General de Archivos, resultando evidente que no es lo mismo "propiedad en posesión" que "propiedad o posesión".

La falta de certeza de la literalidad de la fracción I del artículo 101 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca, obrará en perjuicio tanto de los particulares como de las autoridades encargadas de aplicar dicho precepto, al ser contrario al principio de legalidad en materia de descripción de los ilícitos (taxatividad), contenida en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Federal que, si bien se refiere a la materia penal, se ha considerado extensivo y aplicable al derecho administrativo sancionador.

Se precisa que es necesario que las leyes que establecen ilícitos sean claras, por dos diversas cuestiones que se encuentran relacionadas entre sí:

1) Los particulares deben saber cuál es la conducta que les es exigida por el ordenamiento jurídico para poder actuar conforme a derecho, siendo que cuando una disposición es vaga, ambigua, poco clara, o confusa, al ser indeterminado el objeto de su prescripción (prohibición u obligación), el sujeto que debe cumplir con ella no sabrá exactamente a qué lineamiento deberá ajustar su conducta; y,

2) La ley debe ser lo suficientemente clara y precisa para que los órganos encargados de su aplicación no incurran en arbitrariedades, al aplicar su contenido a cualesquiera hechos o situaciones respecto de los que no habría certeza que se encontraran comprendidos dentro del alcance normativo de la ley.

4. Artículos señalados como conculcados. El promovente señaló como infringidos los artículos 1o., 6o., apartado A, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, 109 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. Registro y turno. Por acuerdo de uno de junio de dos mil veinte,(2) el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad bajo el número 122/2020 y turnarlo a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández para que fungiera como instructora.

6. Admisión. La Ministra instructora, por acuerdo de veinte de julio de dos mil veinte,(3) admitió la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca para que rindieran sus informes dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtiera efectos la notificación del citado auto.

7. Informe del Poder Legislativo. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Oaxaca, rindió informe mediante oficio de diecisiete de agosto de dos mil veinte, recibido el veintiséis siguiente(4) en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal (fojas 73 a 84), en el que manifestó lo siguiente:

a) Respecto al primer concepto de invalidez, refiere que, con la emisión de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca, el Congreso del Estado cumplió con el mandato constitucional relativo a la expedición del marco legal que garantiza la preservación de documentos en archivos administrativos actualizados.

Aduce que en el artículo 4 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca no se actualiza la omisión legislativa en su tipo de incompleta o deficiente, toda vez que en su fracción LI, define como sujetos obligados: a cualquier entidad, órgano u organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos del Estado de Oaxaca y sus Municipios; así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal. De donde se advierte que en esta definición legal se encuentran los entes públicos (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial) así como los órganos autónomos.

Lo mismo se observa, en relación con la definición del concepto de identidad digital a que se refiere la fracción XXVII del artículo 4 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca, en la que se define la firma electrónica, por lo que no se acredita la omisión legislativa incompleta o deficiente. En ese sentido, se demuestra la armonización de la Ley General de Archivos con la ley local en la materia.

b) Del segundo concepto de invalidez manifiesta que los artículos 4, fracción XLIII; 11, fracción IV, 76, 77, 78, 79, y octavo transitorio de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca, que en esencia regulan el Registro Estatal de Archivos, no transgreden ninguna disposición constitucional, porque al crearse ese registro, se complementa el Registro Nacional de Archivos, sin que ello implique duplicidad de funciones o competencias, tomando en cuenta que el archivo nacional se ministrará de la información que suministren los entes públicos, órganos autónomos, particulares, propietarios o poseedores de archivos privados de interés público en el Estado de Oaxaca. En ese orden, existe una adecuada modulación con lo que establece el artículo 70 de la Ley General de Archivos, que determina que cada entidad federativa contará con un sistema local, el cual será el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, instrumentos, procedimientos y servicios tendentes a cumplir con los fines de la organización y conservación homogénea de los archivos de los sujetos obligados dentro de su jurisdicción.

Asimismo, el propio artículo 79 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca determina que la operación del Registro Estatal deberá prever la interoperabilidad con el Registro Nacional y considerará las disposiciones que para tal efecto emita el consejo nacional.

c) Respecto al tercer concepto de invalidez, aduce que no es cierto que el artículo 65 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca vulnere los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracción XXIX-S y XXIX-T, y 124 de la Constitución Política Federal, ya que la referida disposición al determinar que el Consejo Local es la autoridad máxima y órgano normativo del sistema local, resulta notoriamente evidente la coordinación institucional entre los consejos nacional y estatal.

En relación con la duplicidad de representación del director general de Archivo, no advierte que se afecte el correcto funcionamiento del Consejo Local. De igual manera estima que el artículo 65 impugnado, al determinar que el secretario técnico será integrante del Consejo Local, no afecta el ejercicio competencia del referido Consejo Local.

Si bien el artículo 65 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca, no contempla a los titulares de los homólogos de la Secretaría de Gobernación y de la Función Pública (en el Estado de Oaxaca: Secretaría General de Gobierno y Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental), sí prevé en su fracción III, como integrantes consejeros, los servidores y/o funcionarios públicos designados en representación del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, quienes tendrán voz y voto, por lo que se satisface la debida integración del Consejo Local, tomando en cuenta que el artículo 65 impugnado establece en el párrafo in fine que los representantes referidos en la fracción III de ese artículo, serán designados en los términos que disponga la normativa de los órganos a los que pertenecen.

Aduce que, si bien es cierto que en la estructura organizacional del Consejo Local no se prevé un representante del consejo técnico y científico

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31082-ceb207e5/i-accion-de-inconstitucionalidad-legitimacion-del-instituto-nacional · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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