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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI) PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LEYES EN MATERIA DE ARCHIVOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI), PUEDE PRESENTARLA EN REPRESENTACIÓN DE ESTE ENTE LEGITIMADO (ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN IV, Y 32, FRACCIONES I Y II, DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES). III. FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES. IV. LEYES GENERALES. TIENEN POR OBJETO DISTRIBUIR LAS COMPETENCIAS ENTRE LA FEDERACIÓN Y LOS ESTADOS, OTORGANDO LAS BASES PARA EL DESARROLLO DE LAS LEYES LOCALES CORRELATIVAS. V. LEGISLACIÓN FEDERAL Y LOCAL EN MATERIAS CONCURRENTES. SU VALIDEZ DEPENDE DE LO ESTABLECIDO TANTO EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL COMO EN LAS LEYES GENERALES. VI. ARCHIVOS. FINALIDAD DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE FEBRERO DE 2014, A LOS ARTÍCULOS 6o. Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE FACULTÓ AL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA EMITIR UNA LEY GENERAL EN LA MATERIA. VII. ARCHIVOS. DADA LA CONCURRENCIA LEGISLATIVA EN DICHA MATERIA, LOS CONGRESOS LOCALES CARECEN DE COMPETENCIA PARA LEGISLAR EN SUS ASPECTOS PRIMARIOS, PERO QUEDAN FACULTADOS PARA ARMONIZAR Y ADECUAR SUS LEGISLACIONES CONFORME A LA LEY GENERAL RELATIVA (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE FEBRERO DE 2014). VIII. ARCHIVOS. OBLIGACIONES A CARGO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SUS SISTEMAS LOCALES, EN TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA. IX. ARCHIVOS. LA LIBERTAD CONFIGURATIVA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA REGULAR SUS SISTEMAS LOCALES SE ENCUENTRA LIMITADA A QUE LA INTEGRACIÓN, ATRIBUCIONES Y FUNCIONAMIENTO DE ÉSTOS SE PREVEA EN TÉRMINOS EQUIVALENTES A LOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA. X. ARCHIVOS. EL DISEÑO DE SU SISTEMA A NIVEL LOCAL SERÁ EQUIVALENTE AL NACIONAL, CUANDO AQUÉL NO ENTORPEZCA, DIFICULTE O IMPOSIBILITE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL, NI SU DEBIDA COORDINACIÓN. XI. ARCHIVOS. ENTRE LAS LEYES LOCALES Y LA LEY GENERAL EN LA MATERIA NO EXISTE UN DEBER DE IDENTIDAD CONCEPTUAL, PERO LAS ACEPCIONES ADOPTADAS EN LA LEGISLACIÓN LOCAL NO DEBEN IMPACTAR SIGNIFICATIVAMENTE A LA REALIZACIÓN DE LOS VALORES Y AL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES QUE SE PROPONE ESTE ÚLTIMO ORDENAMIENTO. XII. ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. LA FALTA DE INCLUSIÓN EXPRESA, COMO SUJETO OBLIGADO A OBSERVAR LA LEY RELATIVA, A CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO DE LOS PODERES LEGISLATIVO, EJECUTIVO Y JUDICIAL, Y A LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD, NO REDUNDA EN UNA CONTRAVENCIÓN A LA LEY GENERAL DE LA MATERIA NI RESTA CLARIDAD A LA NORMA LOCAL (ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). XIII. ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. LA NO INCLUSIÓN EXPRESA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE CUENTEN CON ARCHIVOS PRIVADOS DE INTERÉS PÚBLICO EN LA DEFINICIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS, FRENTE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS Y LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y A LA MEMORIA HISTÓRICA QUE SUSTENTAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 4, FRACCIÓN XLIX, DE LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). XIV. ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. LA DEFINICIÓN DE PATRIMONIO DOCUMENTAL EN LA LEY RELATIVA, AL HACER ALUSIÓN A AQUELLOS DOCUMENTOS QUE HAYAN PERTENECIDO O PERTENEZCAN A LOS ARCHIVOS DE LOS ÓRGANOS FEDERALES, ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INVADE EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS E INCLUSO, PODRÍA IMPACTAR EN EL DE LAS RESTANTES ENTIDADES FEDERATIVAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 4, FRACCIÓN XXXVIII, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "FEDERALES, ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS, ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO" DE LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). XV. ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. NO HAY RAZÓN PARA QUE SE INCLUYERAN LAS DEFINICIONES DE "CONSULTA DE DOCUMENTOS" Y DE "ENTES PÚBLICOS" EN LA LEY LOCAL RELATIVA (INFUNDADA LA OMISIÓN LEGISLATIVA DE INCLUIR EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ LAS DEFINICIONES DE "CONSULTA DE DOCUMENTOS" Y "ENTES PÚBLICOS"). XVI. ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. LA FALTA DE INCLUSIÓN DE LAS DEFINICIONES DE "CONSULTA DE DOCUMENTOS" Y DE "ENTES PÚBLI

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 219/2020. · Registro digital (IUS): 31516
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-06-09
Promovente: INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Junio de 2023, Tomo III, Pág.2455.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 219/2020. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 3 DE MAYO DE 2022. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: LUIS MAURICIO RANGEL ARGÜELLES.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al tres de mayo de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 219/2020 promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en contra de la Ley de Archivos para el Estado de San Luis Potosí, publicada el diecinueve de junio de dos mil veinte en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí.

I. TRÁMITE

1. Presentación de la acción. Mediante escrito presentado el tres de agosto de dos mil veinte a través del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con firma electrónica de Miguel Novoa Gómez, representante legal y director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,(1) éste promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de las siguientes disposiciones legales:

• Artículos 1o., 4o., 11, fracción IV, 19, 31, fracción X, 34, 37, 39, 50, fracción VIII, 59, 64, 65, 66, 67, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 101, 103, 105 y 111, el título cuarto, así como las omisiones detectadas de la Ley de Archivos para el Estado de San Luis Potosí, publicada el diecinueve de junio de dos mil veinte en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa.

2. Autoridad emisora y promulgadora. La norma general impugnada se emitió por el Congreso y se promulgó por el gobernador, ambos del Estado de San Luis Potosí.

3. Conceptos de invalidez. En los conceptos de invalidez se argumenta, en síntesis, lo siguiente:

Primer concepto de invalidez. Los artículos 1o. y 4o. de la Ley de Archivos para el Estado de San Luis Potosí, son contrarios a los artículos 1 y 4 de la Ley General de Archivos y, por ende, a los diversos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133 de la Constitución Federal, al omitir y establecer definiciones distintas a las previstas en la Ley General de Archivos.

a) El artículo 1 de la Ley de Archivos para el Estado de San Luis Potosí, es omiso en precisar como sujetos obligados a cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como a los órganos autónomos.

Esto, porque, aunque alude a "cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del Estado", es necesario que se precise que son de "los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial" y "órganos autónomos", para evitar cualquier confusión en cuanto a la omisión de dichos entes, lo que se agrava, pues además, la ley local también omite la mención y definición de "entes públicos".

Se tienen que integrar al artículo 4o. de la ley local, las siguientes definiciones que se encuentran en el numeral 4 de la Ley General de Archivos, mismas que la Ley de San Luis Potosí omite y, por ello, resulta inconstitucional: consulta de documentos (fracción XIX) y entes públicos (fracción XXVI).

Es necesario que esa definición de entes públicos, además, se encuentre armonizada en cuanto al ámbito de regulación local se refiere, por lo que no debe hacer referencia a los entes respectivos del orden federal.

b) Por otra parte, se menciona que las siguientes definiciones previstas expresamente en la Ley de Archivos para el Estado de San Luis Potosí, son inconstitucionales por ser sobreinclusivas, y que tienen que armonizarse a su ámbito de competencia local.

Patrimonio documental. Se estima inconstitucional, pues no obstante se describe como lo hace la Ley General de Archivos, no se encuentra adecuada al ámbito de competencia del Estado de San Luis Potosí, al abarcar también documentos que son ámbito de competencia nacional e, incluso, de la Ciudad de México.

Sujetos obligados. De igual forma la definición establecida en el artículo 4o., fracción XLIX, de la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí, omite contemplar como sujetos obligados a las personas físicas o morales que cuenten con archivos privados de interés público, lo cual es inconstitucional, pues incluso en los artículos 73 a 75 de la Ley de Archivos para el Estado de San Luis Potosí, existe regulación jurídica al respecto. Por tanto, deben contemplarse a dichos sujetos, tal como lo hace el artículo 4, fracción LVI, de la Ley General de Archivos.

Segundo concepto de invalidez. Los artículos 4o., fracción XLI, 11, fracción IV, 76, 77, 78 y 79 de la Ley de Archivos para el Estado de San Luis Potosí, son contrarios a los artículos 78, 79, 80 y 81 de la Ley General de Archivos, y, por ende, a los diversos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133 de la Constitución Federal.

a) La Ley General de Archivos previó un Registro Nacional de Archivos por parte del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Archivos, planteando el registro como un instrumento del Sistema Nacional de Archivos para que los sujetos obligados de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, acompañen la conformación de dicho registro, y por tal motivo, el Registro Nacional de Archivos registrará tanto documentos del ámbito nacional como del ámbito local, siendo un repositorio en materia archivística en favor tanto de la Federación como de las entidades federativas.

Sostiene que el Sistema Nacional de Archivos, como expresión coordinada de sus miembros, se constituye por diversos organismos, entre ellos el Archivo General de la Nación y los Sistemas Estatales de Archivos, aduciendo que el registro es una expresión de carácter federalista, además de una herramienta del Sistema Nacional de Archivos como instancia de coordinación y colaboración.

Por tanto, refiere que, dado que el registro como herramienta del Sistema Nacional de Archivos requiere someter su construcción normativa secundaria ante el Consejo Nacional, situación que tuvo dicho diseño legal excluyendo, la intervención del ámbito federal.

Aduce que la Ley General de Archivos, faculta al Archivo General de la Nación para que administre el Registro Nacional de Archivos, y dicha administración dependerá de la normativa que para tales efectos expida el Consejo Nacional (artículo 80 de la Ley General de Archivos), por lo que en la Ley General de Archivos hay ausencia de configuración legislativa a favor de las entidades federativas para legislar particularmente sobre la creación de un registro estatal de archivos.

En ese sentido, menciona que suponer que los Estados tengan la atribución de legislar en materia de Registro Estatal de Archivos, implicaría duplicidad de funciones sobre un mismo tema, cuya competencia, corresponde exclusivamente al Sistema Nacional a través de su Consejo Nacional.

Refiere que existe configuración legislativa a favor de las entidades federativas en diversos aspectos previstos por la Ley General de Archivos, no obstante, no existe configuración normativa en materia del Registro Estatal de Archivos, puesto que del análisis de los artículos 78 al 81 de la Ley General de Archivos, se desprende que lo que pretende el legislador nacional es contar con una sola aplicación informática, alimentada por la información que habrán de registrar los sujetos obligados de los tres órdenes de gobierno en favor de una base registral única, al suponer que pueda haber 32 registros estatales de archivo, se perdería el atributo de que sea una herramienta única, uniforme y accesible a todos.

Tercer concepto de invalidez. Aduce que el artículo 37 de la Ley de Archivos para el Estado de San Luis Potosí, es contrario al artículo 36 de la Ley General de Archivos y, por ende, violenta los diversos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133 de la Constitución Federal.

a) Que la Ley de Archivos para el Estado de San Luis Potosí establece en el último párrafo del artículo 37, que el plazo de conservación de documentos con valor histórico que contengan datos personales sensibles será "similar al de bloqueo con otros datos de la misma naturaleza, el que no podrá exceder de 35 años"; lo cual es contrario al plazo de 70 años establecido en el artículo 36 de la Ley General de Archivos.

Refiere que la ley local debe prever que los documentos que contengan datos personales sensibles, respecto de los cuales se haya determinado su conservación permanente por tener valor histórico, conservarán tal carácter en el archivo de concentración, por un plazo de 70 años, y no por un plazo que no podrá exceder de 35 años, como de forma inconstitucional lo establece la Ley de San Luis Potosí.

Que mientras que la Ley General de Archivos establece un plazo fijo de conservación en el archivo de concentración a partir de la fecha de creación del documento, de 70 años, la Ley de Archivos para el Estado de San Luis Potosí establece un plazo que prevé, contrario al plazo fijo establecido en la ley general, un plazo máximo, y que ni siquiera alcanza los 70 años, sino que lo reduce, a 35 años, cuestión que resulta contraria a la Ley General de Archivos y, por ende, inconstitucional.

b) Estima que el artículo 37 de la ley local, en la parte relativa a "... por un plazo similar al de bloqueo con otros datos de la misma naturaleza ...", resulta contrario al diverso 16 constitucional, en cuanto al derecho de seguridad jurídica, toda vez que los datos a que hace referencia el precepto, es a los "datos personales sensibles", siendo indeterminado cuáles serían otros datos de la misma naturaleza, así como cuál sería un plazo similar, pues lo similar es algo "parecido", mas no idéntico, por lo que existe una falta de certeza jurídica, tanto a los otros datos a que se refiere el precepto, como al plazo similar a que hace alusión, lo cual puede dar lugar a una gran variedad de aplicaciones arbitrarias del precepto, dada su redacción abierta e indeterminada, resultando también inconstitucional.

Cuarto concepto de invalidez. Que el artículo 39 de la Ley de Archivos para el Estado de San Luis Potosí, es contrario al artículo 38 de la Ley General de Archivos y, por ende, a los diversos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133 de la Constitución Federal.

Que el artículo 38 de la Ley General de Archivos, establece la facultad de los organismos garantes (nacional y locales) para permitir el acceso a la información de un documento con valores históricos, que no haya sido transferido a un archivo histórico y que contenga datos personales sensibles cuando, entre otros requisitos, se solicite para una investigación o estudio que se considera relevante para el país.

En consecuencia, aduce que el artículo 39 de la Ley de Archivos para el Estado de San Luis Potosí, está yendo más allá de lo dispuesto por la Ley General de Archivos, pues la ley marco faculta taxativamente para que los organismos garantes de las entidades federativas permitan acceso a los documentos respectivos, en la medida en que la investigación o estudio se considere relevante para el país, mientras que la Ley de Archivos para el Estado de San Luis Potosí, prevé el supuesto contemplado por la Ley General de Archivos (relevancia para el país), y lo extiende para las investigaciones o estudios que se consideren relevantes para el ámbito estatal o regional, cuestión a la que no llega la Ley General de Archivos con la facultad de mérito; de ahí su inconstitucionalidad.

Quinto concepto de invalidez. Que el artículo 50, fracción VIII, de la Ley de Archivos para el Estado de San Luis Potosí, es contrario al artículo 50 de la Ley General de Archivos y, por ende, a los diversos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133 de la Constitución Federal.

Estima que mientras la Ley General de Archivos, en su artículo 50, fracción VII, establece en la integración del grupo interdisciplinario a los titulares de las áreas o unidades administrativas productoras de la documentación, la Ley de Archivos para el Estado de San Luis Potosí establece en su integración, en el artículo 50, fracción VIII, a los responsables de los archivos en –de– trámite de las áreas o unidades administrativas productoras de la documentación, mismos que no son los titulares de las áreas respectivas, sino que son nombrados por éstos.

Por tanto, aduce que existe contradicción entre la legislación local y la general, en cuanto a la identidad del servidor público que debe integrar dicho órgano, y de ahí su inconstitucionalidad.

Sexto concepto de invalidez. Manifiesta que hay indebidas atribuciones que se conceden al Sistema Estatal de Documentación y Archivos (SEDA) en materia de Sistema Estatal de Archivos; indebidas atribuciones que se conceden al SEDA y que corresponderían a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí (CEGAIP), así como indebidas atribuciones que se conceden al Archivo Histórico del Estado "Lic. Antonio Rocha Cordero", y que debieran corresponder a la CEGAIP.

Hace valer cuestiones que en la Ley de Archivos para el Estado de San Luis Potosí, resultan contrarias a la Ley General de Archivos, otorgando facultades al SEDA que, en realidad, deberían corresponder a instancias diversas.

Aduce que no se combaten como tal las facultades de mérito, sino que las mismas se encuentren atribuidas al SEDA, siendo que la previsión de dichas facultades en la ley local es correcta, conforme al marco normativo que establece la ley general en la materia, pero ellas debieran estar atribuidas, conforme a dicha ley general, a otros sujetos o instancias.

1. Facultades previstas para el SEDA, y que debieran corresponder al Sistema Estatal de Archivos.

a) Que se constituye un aspecto de invalidez el título cuarto de la ley local, relativo al Sistema Estatal de Documentación y Archivos (SEDA), pues dicho título debe referir al Sistema Estatal de Archivos, que es distinto al SEDA, ya que el primero de ellos refiere al conjunto orgánico y articulado de coordinación y colaboración en la entidad federativa en materia archivística, mientras que el segundo es un órgano dependiente de la CEGAIP, Dirección General con la que se apoya para los temas en materia de archivos, por lo que quien detenta la rectoría y responsabilidad, como máxima autoridad en materia de archivos, es la CEGAIP y, por tanto, al establecerse un título del SEDA, contraviene el sentido y alcance de la Ley General de Archivos generando confusión.

Por tanto, refiere que los preceptos jurídicos de la ley local que contravienen la Ley General de Archivos al establecer facultades al SEDA que deben corresponder al Sistema Estatal de Archivos o al Consejo Estatal de Archivos, de conformidad con la Ley General de Archivos, pues no se trata de que la facultad establecida en la ley local en materia de archivos que se encuentra en los preceptos aquí impugnados, sea contraria a la Ley General de Archivos, lo que se estima contrario a dicha ley general, es el quién o el órgano que detenta dicha facultad.

b) El título cuarto "Del Sistema Estatal de Documentación y Archivos" de la Ley de Archivos para el Estado de San Luis Potosí, es contrario a lo establecido en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Ley General de Archivos, respecto a los Sistemas Locales de Archivos y, por tanto, los artículos 64, 65 y 66 de la ley local, contravienen lo establecido en los preceptos antes referidos de la Ley General de Archivos, relativos a los Sistemas Locales de Archivos, pues en su lugar, dichos preceptos normativos regulan o establecen facultades para el SEDA, como órgano de la CEGAIP, responsable de vigilar el cumplimiento de la ley, del que en realidad corresponde al sistema local –estatal– de archivos.

c) El artículo 67 de la ley local contraviene la Ley General de Archivos, al establecer que el Consejo Estatal de Archivos es el órgano de coordinación del SEDA, pues de acuerdo con la norma general, el Consejo Estatal de Archivos es el órgano coordinador del Sistema Estatal de Archivos, mas no del SEDA, de conformidad con los artículos 65 y 71, primer párrafo, de la Ley General de Archivos.

Que dicha disposición evidencia la contradicción en que incurre el título cuarto de la Ley de Archivos para el Estado de San Luis Potosí, que en vez de hacer mención al Sistema Local de Archivos, lo sustituye y menciona al Sistema Estatal de Documentación y Archivos, el cual constituye un órgano o área al interior de la CEGAIP. Así, la ley local establece que el Consejo Estatal de Archivos es el órgano de coordinación del SEDA, cuando de conformidad con lo que establece el artículo 71 de la Ley General de Archivos, el Consejo Local –o el Consejo Estatal de Archivos– es el órgano de coordinación del Sistema Local, de ahí la inconstitucionalidad del precepto impugnado.

2. Facultades previstas para el SEDA, y que debieran corresponder al CEGAIP.

Impugna las facultades que están atribuidas al SEDA, y que debieran corresponder a la CEGAIP, como entidad especializada en materia de archivos a nivel local, aduciendo que resulta contrario a la libertad que tiene la CEGAIP para decidir todo lo relativo a su régimen interno, dada la autonomía constitucional que mandata para estos organismos garantes el artículo 116 de la Constitución Federal.

Que es a la CEGAIP a quien debieran estar atribuidas por ley, las facultades contempladas en el artículo 37 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y no a un diverso órgano o área, ya sea externo, o incluso interno, de la CEGAIP, que es la entidad especializada en materia de archivos a nivel local, con independencia de que tal atribución la pueda ejercer, de conformidad con su marco normativo interno, a través del SEDA.

Refiere que los siguientes preceptos resultarían contrarios a la Ley General de Archivos y, por ende, a la Constitución Federal:

• El artículo 90 de la Ley de Archivos para el Estado de San Luis Potosí, es contrario a la Ley General de Archivos, pues establece el deber de las autoridades estatales y municipales de coordinarse con el SEDA para la realización de las acciones conducentes a la conservación de los archivos, cuando la documentación o actividad archivística de alguna región esté en peligro o haya resultado afectada por fenómenos naturales o cualquiera de otra índole, que pudieran dañarlos o destruirlos. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 93 de la Ley General de Archivos, la coordinación de las autoridades estatales y municipales debiera ser con la CEGAIP, que en el ámbito local es la entidad especializada en materia de archivos, homóloga a lo que a nivel federal es el Archivo General de la Nación.

• El artículo 91 de la Ley de Archivos para el Estado de San Luis Potosí es contrario a la Ley General de Archivos, al establecer que: "Los particulares en posesión de documentos de archivo que constituyan patrimonio documental del Estado, podrán custodiarlos, siempre y cuando apliquen las medidas técnicas, administrativas, ambientales o tecnológicas para la conservación y divulgación de los archivos, conforme los criterios que emita el SEDA el Consejo Estatal de Archivos, o que emanen de esta ley y la demás normativa aplicable.". Lo estima así, pues de conformidad con el artículo 95 de la Ley General de Archivos, dicha facultad homologada al ámbito local debiera ser conforme a los criterios que emita la CEGAIP, en ejercicio de las funciones a nivel local que a nivel federal en la Ley General de Archivos se establecen en favor del Archivo General de la Nación.

• El artículo 93 de la Ley de Archivos para el Estado de San Luis Potosí, es contrario a la Ley General de Archivos, al establecer que: "El SEDA deberá coadyuvar con el Archivo General de la Nación cuando se trate de recuperar la posesión del documento de archivo que constituya patrimonio documental del Estado y que asimismo forme parte del patrimonio documental de la Nación.". Lo anterior, ya que de acuerdo con el artículo 97 de la Ley General de Archivos, debiera ser la CEGAIP quien coadyuvara con el Archivo General de la Nación para recuperar la posesión del documento que constituya patrimonio documental de la Nación. • El artículo 94 de la Ley de Archivos para el Estado de San Luis Potosí, contraviene la Ley General de Archivos, al establecer que: "Para vigilar el cumplimiento de lo establecido en el presente capítulo, el SEDA podrá efectuar visitas de verificación, en los términos establecidos en las disposiciones aplicables.". Ello, toda vez que de acuerdo con el artículo 98 de la Ley General de Archivos, la facultad de efectuar visitas de verificación correspondería a la CEGAIP, en tanto entidad especializada en materia de archivos a nivel local.

• El artículo 101 de la Ley de Archivos para el Estado de San Luis Potosí es contrario a la Ley General de Archivos, al establecer que: "La CEGAIP por conducto del SEDA vigilará que los sujetos obligados cumplan con lo establecido en la presente ley, y requerirá en su caso, a los sujetos que así lo ameriten, para que den debido cumplimiento a lo establecido en ésta ...". Sin embargo, de acuerdo con el artículo 120 de la Ley General de Archivos, y de una interpretación armónica y sistemática de dicha ley, se desprende que no es necesario que se establezca que la facultad de la CEGAIP de requerir a los sujetos obligados para el cumplimiento de la ley, lo haga por conducto del SEDA, basta con que se establezca que la facultad es de la CEGAIP, quien es la autoridad rectora en la materia.

• Mismo caso lo constituye lo establecido en el artículo 105 de la ley local, que resulta contrario a la Ley General de Archivos, al establecer que: "Para la imposición de las sanciones y medidas de apremio que correspondan, la CEGAIP a través del SEDA valorará la gravedad de la infracción, considerando si el infractor actuó con dolo o negligencia, las circunstancias en que se produjeron los hechos irregulares, y las consecuencias derivadas de la acción u omisión del infractor ..."; ya que, no es necesario que se establezca que la facultad de la CEGAIP respecto a la imposición de sanciones sea a través del SEDA, basta con que se establezca que la facultad es de la CEGAIP.

Que también se identificaron facultades que la Ley de Archivos para el Estado de San Luis Potosí atribuye al SEDA en materia del "Registro Estatal de Archivos", en los artículos 76, 78 y 79, cuestión que impugna en el segundo concepto de invalidez, por cuanto a la existencia misma de dicho registro a nivel estatal. Sin embargo, ad cautelam, aduce que en caso de estimar válida la previsión de dicho registro de archivos a nivel estatal, este debiera corresponder a la CEGAIP, como entidad especializada en materia de archivos a nivel local, y no al SEDA.

Que al ser la CEGAIP el órgano responsable en materia de archivos del Estado, todas las facultades o atribuciones que la Ley General de Archivos señala para los archivos generales o entes especializados en materia de archivos a nivel local, corresponden a la CEGAIP no al SEDA; por lo que cualquier disposición en contrario, contraviene la Ley General de Archivos y, por ende, constituye un vicio de inconstitucionalidad.

3. Atribuciones que indebidamente se conceden al Archivo Histórico del Estado "Lic. Antonio Rocha Cordero", y que deben corresponder a la CEGAIP.

Que la CEGAIP constituye la entidad especializada en materia de archivos a nivel local, por lo que las facultades que deban homologarse o que se establezcan directamente a dichas entidades especializadas por parte de la Ley General de Archivos, deben corresponder a la CEGAIP.

Por tanto, aduce que los siguientes preceptos resultan contrarios a la Ley General de Archivos y, por ende, a la Constitución Federal:

El artículo 34 de la Ley de Archivos para el Estado de San Luis Potosí, contraviene la Ley General de Archivos, al establecer que: "Los sujetos obligados que no cuenten con archivo histórico deberán promover su creación o establecimiento, mientras tanto, deberán transferir sus documentos con valor histórico al Archivo Histórico del Estado Lic. Antonio Rocha Cordero previa valoración, o al organismo que se determine de acuerdo con las disposiciones aplicables o los convenios de colaboración que se suscriban para tal efecto.". Lo anterior, ya que de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la Ley General de Archivos, la transferencia de documentos con valor histórico deberá ser a la CEGAIP, que es la entidad equivalente en la entidad federativa al AGN.

Que el artículo 87 de la Ley de Archivos para el Estado de San Luis Potosí, es contrario a la Ley General de Archivos, pues establece que: "El Archivo Histórico del Estado ‘Lic. Antonio Rocha Cordero’ podrá recibir documentos de archivo de los sujetos obligados en comodato para su estabilización.". Sin embargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 92, primer párrafo, de la Ley General de Archivos, dicha atribución correspondería a la CEGAIP, que constituye el equivalente en la entidad federativa del Archivo General de la Nación.

Que el artículo 88 de la Ley de Archivos para el Estado de San Luis Potosí contraviene la Ley General de Archivos al establecer que: "En los casos en que el Archivo Histórico del Estado ‘Lic. Antonio Rocha Cordero’ considere que los archivos privados de interés público se encuentren en peligro de destrucción, desaparición o pérdida, deberán establecer mecanismos de coordinación con las autoridades pertinentes, a fin de determinar las vías aplicables para su rescate.". Sin embargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 92, segundo párrafo, de la Ley General de Archivos, dicha atribución correspondería a la CEGAIP, al ser el equivalente en la entidad federativa del Archivo General de la Nación.

El artículo 92 de la ley local contraviene la Ley General de Archivos, al establecer que: "Los particulares en posesión de documentos de archivo que constituyan patrimonio documental del Estado al formar parte del patrimonio documental del Estado podrán restaurarlos, previa autorización y bajo la supervisión del Archivo Histórico del Estado ‘Lic. Antonio Rocha Cordero.’ y, en su caso del Consejo Estatal de Archivos, en términos de la normativa aplicable.". Toda vez que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96 de la Ley General de Archivos, dicha autorización y supervisión corresponderían a la CEGAIP, al ser la entidad equivalente en la entidad federativa del Archivo General de la Nación, por lo que una correcta homologación de la ley general debiera prever dicha facultad en la CEGAIP, no en el archivo histórico de referencia.

Séptimo concepto de invalidez: Que el artículo 67 de la Ley de Archivos para el Estado de San Luis Potosí, es contrario a los artículos 65, 66 y 71 de la Ley General de Archivos y, por ende, viola los diversos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133 de la Constitución Federal.

Que el artículo 67 de la ley local establece la "estructura organizacional" del Consejo Local de Archivos, la cual no se encuentra en armonía en cuanto a su integración, atribuciones y funcionamiento, con lo establecido en la Ley General de Archivos, por lo siguiente:

1. Órganos que se omite en la integración del Consejo Estatal de Archivos.

• Omite incorporar al titular (en el ámbito local) de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de la Función Pública (en el ámbito local) de quien realice las funciones homólogas a la Auditoría Superior de la Federación; sí como quien realice funciones homólogas de las de INEGI (en caso de contar con él) y omite la integración del Consejo Técnico y Científico Archivístico.

2. Órganos que se incluyen indebidamente en el Consejo Estatal de Archivos.

Estima inconstitucional que se contemple en la integración al Consejo Estatal a:

1. Un representante de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

2. Un coordinador de Archivos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Dichos órganos no cuentan con equivalente en el Consejo Nacional.

3. La presidencia del Consejo Estatal de Archivos recae indebidamente en el director del SEDA, cuando ella debe recaer en el titular del ente especializado en materia de archivos estatal.

Quien debe presidir el Consejo Estatal de Archivos es el titular del ente especializado en materia de archivos estatal, que es la CEGAIP, y al ser un ente colegiado, se considera que, por analogía al Sistema Nacional de Archivos, quien deberá presidir el Consejo Local es el comisionado presidente de la CEGAIP, no el director del SEDA.

4. Previsión del titular del Archivo General del Estado en el Consejo Estatal de Archivos.

Que en la fracción III del artículo 67 de la Ley de Archivos para el Estado de San Luis Potosí, se señala como integrante del Consejo Local a "El titular del Archivo General del Estado", lo cual resulta inconstitucional, pues del contenido de la ley local, no existe como tal una institución como el Archivo General del Estado, con existencia simultánea a la CEGAIP como entidad especializada en materia de archivos en la entidad federativa, por lo que dicha fracción debió prever en su lugar o incorporar al presidente de la CEGAIP.

5. Representación municipal.

Que la forma en que participaran los Municipios en el Consejo Local debe estar determinada en la legislación de cada entidad federativa, es decir, es la ley la que debe determinar dicho aspecto, lo que no puede a su vez delegarse a una instancia normativa inferior.

Octavo concepto de invalidez. Que los artículos 73, 75, 87 y 89 de la Ley de Archivos para el Estado de San Luis Potosí, contravienen la Ley General de Archivos y, por ende, los numerales 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133 de la Constitución Federal, en cuanto a los archivos privados de interés público.

1. Invalidez del artículo 73, segundo párrafo, de la Ley de Archivos para el Estado de San Luis Potosí.

Manifies

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31516-9645fde8/i-accion-de-inconstitucionalidad-legitimacion-del-instituto-nacional · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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