Corpus
Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER LOCAL CUANDO CONSIDERE QUE VIOLAN EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LEYES EN MATERIA DE ARCHIVOS (ARTÍCULO 32, FRACCIONES I Y II, DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES). III. ARCHIVOS. FINALIDAD DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE FEBRERO DE 2014 A LOS ARTÍCULOS 6 Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE FACULTÓ AL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA EMITIR UNA LEY GENERAL EN LA MATERIA (LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). IV. LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL EN MATERIAS CONCURRENTES. SU VALIDEZ DEPENDE DE LO ESTABLECIDO TANTO EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL COMO EN LAS LEYES GENERALES (LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). V. ARCHIVOS. FINALIDADES CONSTITUCIONALES DE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). VI. ARCHIVOS. LA LIBERTAD CONFIGURATIVA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA REGULAR SUS SISTEMAS LOCALES SE ENCUENTRA LIMITADA A QUE SEA EQUIVALENTE AL SISTEMA NACIONAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA Y FUNCIONAL PARA EL MISMO (LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). VII. ARCHIVOS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. LA PREVISIÓN LOCAL, CONFORME A LA CUAL ÚNICAMENTE SE DEFINE QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO" Y SEÑALA LOS ORDENAMIENTOS QUE REGULAN SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, NO VIOLA EL MANDATO DE EQUIVALENCIA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 71 DE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA, PUES DE ELLA NO SE DESPRENDE ALGUNA DISPOSICIÓN QUE PROHÍBA LA EXISTENCIA DE UN ARCHIVO HISTÓRICO ESTATAL (ARTÍCULOS 4, FRACCIÓN VI BIS Y 98 TERDECIES DE LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). VIII. ARCHIVOS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. LAS PREVISIONES LOCALES, CONFORME A LAS CUALES SE PREVÉN ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS COINCIDENTES ENTRE EL ARCHIVO GENERAL Y EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO, NO GENERAN UNA DUPLICIDAD DE FUNCIONES ENTRE DICHOS ENTES, YA QUE LAS COMPETENCIAS DE ESTE ÚLTIMO SE LIMITAN A ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ARCHIVOS HISTÓRICOS Y LAS RESTANTES AL ARCHIVO GENERAL (ARTÍCULOS 19, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "ASÍ COMO AL ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO", 31, FRACCIÓN X, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O AL ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO, SEGÚN CORRESPONDA", 33, PÁRRAFO ÚLTIMO, 34, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "MIENTRAS TANTO, DEBERÁN TRANSFERIR SUS DOCUMENTOS CON VALOR HISTÓRICO AL ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO", 59, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y AL ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO", 67, FRACCIÓN IX, 73, PÁRRAFOS PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y AL ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO", Y TERCERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO", 75, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y AL ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO", 87, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO", 88, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO", 89, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO", 90, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y CON EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO", 91, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO", 92, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO", 93, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO", 94, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO", 98 QUÁTER, FRACCIÓN XX, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "CONJUNTAMENTE CON EL ARCHIVOS HISTÓRICO DEL ESTADO Y", Y 98 QUATERDECIES DE LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, ASÍ COMO EL ARTÍCULO TRANSITORIO TERCERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y, AL ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO, EN SU CASO, CONFORME A LA COMPETENCIA DE CADA UNO DE ÉSTOS", DEL DECRETO 1007, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO). IX. NACIONALIDAD MEXICANA COMO REQUISITO PARA ACCEDER A UN CARGO PÚBLICO. INCOMPETENCIA DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA ESTABLECERLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 98 NONIES, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO", DE LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). X. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SE DEBE PERSEGUIR UNA IGUALDAD JURÍDICA, TRADUCIDA EN LA SEGURIDAD DE NO TENER QUE SOPORTAR UN PERJUICIO O PRIVARSE DE UN BENEFICIO DE FORMA DESIGUAL E INJUSTIFICADA (ARTÍCULO 98 NONIES, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). XI. DERECHO HUMANO

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 70/2024. · Registro digital (IUS): 33706
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-10-17
Promovente: INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Octubre de 2025, Tomo III, Volumen 1, Pág.37.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 70/2024. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 22 DE ABRIL DE 2025. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: EDUARDO ROMÁN GONZÁLEZ.

Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintidós de abril de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 70/2024, promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en adelante, “INAI”) en contra del Decreto 1007 mediante el cual se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí (en adelante, “Ley de Archivos de San Luis Potosí”), publicado el veinte de febrero de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Antecedentes de la norma impugnada. El siete de febrero de dos mil catorce fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante el cual se adicionó al artículo 73 de la Constitución Política del país la fracción XXIX-T,(1) la cual faculta al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en materia de archivos.

2. El quince de junio de dos mil dieciocho fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Archivos. Esta ley estableció en su artículo Cuarto Transitorio que las entidades federativas debían armonizar sus ordenamientos en materia de archivos con la Ley General en el plazo de un año.(2)

3. El diecinueve de junio de dos mil veinte fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí “Plan de San Luis”, el Decreto 692 mediante el cual se expidió Ley de Archivos de San Luis Potosí.

4. El tres de mayo de dos mil veintidós, este Tribunal Pleno resolvió la acción de inconstitucionalidad 219/2020, promovida por el INAI, en contra de expedición de la Ley de Archivos de San Luis Potosí. En ella, se desestimaron algunos planteamientos, se reconoció la validez y se declaró la invalidez de diversos preceptos.

5. El veinte de febrero de dos mil veinticuatro fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el Decreto 1007 mediante el cual se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Archivos de San Luis Potosí.

6. Presentación de la acción de inconstitucionalidad. El veintiuno de marzo de dos mil veinticuatro, el INAI, por conducto de su Director General de Asuntos Jurídicos, promovió acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto 1007 que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Archivos de San Luis Potosí.

7. Artículos constitucionales violados. El INAI señaló en su demanda como preceptos violados los artículos 1°; 5°; 6°, apartado A; 14; 16; 30; 32; 35, fracción V; 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T; 124 y 133 de la Constitución Política del país.

8. Conceptos de invalidez. El INAI considera que la Ley de Archivos de San Luis Potosí no se encuentra armonizada con la Ley General de Archivos en los siguientes aspectos:

I. Indebidas atribuciones al Archivo Histórico del Estado “Lic. Antonio Rocha Cordera”.

Los artículos 4°, fracción VI Bis; 19; 31, fracción X; 33, último párrafo; 34; 59; 67, fracción IX; 73, primer y tercer párrafos; 75; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 98 QUATER, fracción XX; el Título Séptimo, Capítulo Único, y los artículos que lo conforman 98 TERDECIES y 98 QUATERDECIES; así como el TERCERO TRANSITORIO, en las menciones que se hacen al Archivo Histórico “Lic. Antonio Rocha Cordero”, son inconstitucionales al vulnerar lo dispuesto en la Ley General de Archivos y lo previsto en los numerales 1°, 6°, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T, 124 y 133 de la Constitución Federal.

Se considera así, al otorgar facultades que deben ser propias y exclusivas del Archivo General del Estado, entidad especializada en materia de archivos de la entidad, al Archivo Histórico del Estado, lo cual, deviene en una duplicidad de atribuciones y en la incertidumbre respecto a la competencia para ejercer las funciones que le son asignadas a dos órganos diferentes.

II. Establecimiento de indebidos requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo de titular de la Dirección General del Archivo General del Estado.

El artículo 98 NONIES, fracciones I en la porción “por nacimiento” y III de la Ley de Archivos para el Estado de San Luis Potosí, son contrarias a lo establecido en los numerales 1°, 5°, 30, 32 y 35, fracción V, de la Constitución Federal.

Lo estima así ya que, si bien es cierto que es parte de la libertad configurativa de los Congresos locales establecer los requisitos de elegibilidad de la persona titular de la Dirección General del Archivo General del Estado, tal como lo ha determinado el alto tribunal en diversos precedentes,(3) éstos no deben contravenir derechos humanos consagrados en la Constitución. Lo cual ocurre en los siguientes términos:

a) Se transgreden los principios de seguridad jurídica y legalidad.

El artículo 32 de la Constitución Política del país, establece que el Congreso de la Unión es el único ente legitimado para reservar determinados cargos a las personas mexicanas por nacimiento. De esta manera, el Congreso del Estado de San Luis Potosí se ve imposibilitado para imponer este requisito de elegibilidad a través de la fracción I del artículo 98 NONIES en su porción “por nacimiento”.

b) Se vulneran los derechos de igualdad y no discriminación, libertad de trabajo y de acceso a un empleo público.

Por su parte, la fracción III impide de forma injustificada que las personas que hayan sido sentenciadas por la comisión de un ilícito doloso, puedan desempeñarse en el cargo público mencionado, aun cuando la sanción correspondiente haya sido cumplida y no se relacione directamente con las funciones correspondientes.

Establecerlo así, constituye una disposición discriminatoria por generar una distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria e injusta para ocupar el cargo referido.

9. Registro y turno. Mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil veinticuatro, la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente con número 70/2024 y lo turnó a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para la instrucción del procedimiento y la formulación del proyecto de resolución respectivo.

10. Admisión. Por acuerdo del ocho de abril del mismo año, la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat admitió a trámite la demanda, requirió a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí para que rindieran su respectivo informe, y dio vista del asunto a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal.

11. Informe del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí. El ocho de mayo de dos mil veinticuatro, el diputado Roberto Ulices Mendoza Padrón, Presidente de la Diputación Permanente del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, rindió su informe, en el que dio contestación en los términos siguientes:

• No existe duplicidad de funciones. Contrario a lo argumentado por el INAI, las atribuciones del Archivo Histórico del Estado son diversas a las concedidas al Archivo General del Estado, pues la naturaleza de la información que cada uno de los mencionados entes almacena, es distinta y está plenamente delimitada en el marco jurídico.

• Libertad de configuración normativa. Al ser obligación del legislador velar por el interés social de su población, estableció diversos requisitos para acceder al cargo con la finalidad de que los servidores públicos designados cuenten con los perfiles idóneos para el adecuado desempeño de sus funciones. Por tanto, no resultan violatorios de los derechos de igualdad y no discriminación; acceso a un cargo en el servicio público; ser votado; libertad de trabajo y presunción de inocencia.

12. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí. El diez de mayo de dos mil veinticuatro, Miguel Ángel Méndez Montes, quien se ostentó como Consejero Jurídico del Estado de San Luis Potosí, rindió el informe en representación del Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa, manifestando lo siguiente:

• No se advierte vulneración a derechos fundamentales de manera restrictiva. Al no advertir que hubiere violación directa o indirecta de derechos fundamentales, procedió en términos de los artículos 67 y 80 fracción II de la Constitución Política del Estado para la promulgación y publicación de las normas que se impugnan.

13. Recepción de los informes y vista para formular alegatos. Mediante acuerdo de once de junio de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora tuvo por presentados los informes del Poder Legislativo y Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí y dejó los autos a la vista de las partes para la formulación de alegatos.

14. Alegatos. El diecinueve y veinte de junio de dos mil veinticuatro, el Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí y el Director General de Asuntos Jurídicos del INAI presentaron de manera electrónica su escrito de alegatos ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

15. Cierre de instrucción. Mediante acuerdo de veintiséis de junio de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora determinó que transcurrió el plazo legal de cinco días hábiles concedido a las partes para formular alegados, por lo que cerró instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

16. Recepción en Ponencia. El nueve de julio de dos mil veinticuatro se entregó a la Ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat el expediente físico de la acción de inconstitucionalidad 70/2024. Por lo que, a partir de esa fecha se tuvo como recibido.

I. COMPETENCIA

17. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Política del país, vigente al momento de interposición de la presente acción de inconstitucionalidad; 1° de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo “Ley Reglamentaria”); y 10, fracción I,(4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada el siete de junio de dos mil veintiuno;(5) toda vez que el INAI plantea la posible contradicción entre diversos artículos de la Ley de Archivos para el Estado de San Luis Potosí y la Constitución Política del país.

18. No pasa inadvertido que el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional, la cual entró en vigor al día siguiente, que, entre otras cosas, estableció la extinción del INAI y, como consecuencia de ello, derogó el inciso h), de la fracción II, del artículo 105, de la Constitución Política del país, el cual facultaba a ese organismo constitucional autónomo a promover acciones de inconstitucionalidad.

19. Lo anterior, sin embargo, no afecta la competencia de este alto tribunal para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, toda vez que ésta fue interpuesta con anterioridad a la publicación y entrada en vigor de la referida reforma, sin que el órgano reformador de la Constitución haya establecido alguna disposición que limite la competencia del Tribunal Pleno para resolver las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el INAI que estuviesen pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor de la reforma constitucional.

20. A mayor abundamiento, de los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto de reforma a la Ley Reglamentaria,(6) publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de abril de dos mil veinticinco, se desprende que el Tribunal Pleno mantiene competencia para resolver la presente acción de inconstitucionalidad.

II. OPORTUNIDAD

21. El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial.(7)

22. En la presente acción de inconstitucionalidad se impugna el Decreto 1007 mediante el cual se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Archivos de San Luis Potosí, publicado el veinte de febrero de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial del Estado.

23. Con base en lo anterior, el plazo de treinta días naturales para promover la presente acción de inconstitucionalidad comenzó corrió del veintiuno de febrero al veintiuno de marzo de dos mil veinticuatro, por lo que, si el INAI presentó la demanda a través del sistema electrónico de esta Suprema Corte el último día del plazo, es claro que la demanda es oportuna.

III. LEGITIMACIÓN

24. En términos del artículo 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Política del país, el INAI se encuentra legitimado para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal y local, así como tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado, que vulneren el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

25. En ese sentido, el INAI se encuentra en aptitud de impugnar la Ley de Archivos de San Luis Potosí, pues del análisis de la demanda de la presente acción de inconstitucionalidad se advierte que dicho organismo garante argumenta que las disposiciones impugnadas vulneran el derecho de acceso a la información pública, pues en su argumentación destaca la estrecha relación entre las materias de archivos, transparencia y protección de datos personales a partir de la reforma constitucional de siete de febrero de dos mil catorce. Por este motivo es que señala dentro de las normas vulneradas a los artículos 6°, apartado A y 73, fracción XXIX-S,(8) de la Constitución Política del país que se refieren a la materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

26. De lo anterior, este alto tribunal concluye que la demanda contiene planteamientos que, en caso de ser fundados, podrían impactar en la transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, dada la estrecha relación que guardan con la materia de archivos.

27. En estos términos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido previamente la legitimación del INAI para impugnar leyes de archivos estatales en múltiples precedentes.

28. Por su parte, Gonzalo Sánchez de Tagle Pérez Salazar, en su carácter de representante legal y Director General de Asuntos Jurídicos del INAI, cuenta con la aludida legitimación para presentar la demanda. Lo anterior, porque en sesión ordinaria celebrada el veinte de marzo de dos mil veinticuatro, el Pleno del INAI emitió el ACUERDO ACT-PUB/20/03/2024.07, a través del cual aprobó por unanimidad de votos la promoción de la presente acción de inconstitucionalidad. En el mencionado acuerdo, se instruyó a su Director General de Asuntos Jurídicos para elaborar e interponer el medio de control constitucional ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de diversas disposiciones y omisiones detectadas en el Decreto 1007 por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Archivos para el Estado de San Luis Potosí, publicada en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí el veinte de febrero de dos mil veinticuatro.

29. Además, los artículos 12, fracción IV y 32, fracciones I y II del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,(9) establecen la competencia de la Dirección General de Asuntos Jurídicos para representar legalmente al INAI, ante asuntos jurisdiccionales, debiendo realizar los escritos de demanda o contestación, en las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad.

30. Con base en lo anterior, se concluye que Gonzalo Sánchez de Tagle Pérez Salazar, en su carácter de representante legal y Director General de Asuntos Jurídicos del INAI, y al haber sido autorizado expresamente por el Pleno del INAI, tiene legitimación suficiente para promover en representación de dicho instituto la presente acción de inconstitucionalidad.

31. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional que derogó el inciso h), de la fracción II, del artículo 105, de la Constitución Política del país, el cual facultaba al INAI a promover acciones de inconstitucionalidad. Ello, pues, como ya se señaló, el INAI interpuso la presente acción cuando se encontraba vigente la referida disposición constitucional que lo legitimaba para accionar este medio abstracto de control constitucional.

IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

32. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de San Luis Potosí no hicieron valer causas de improcedencia.

33. No pasa inadvertido para este Tribunal Pleno que el Poder Ejecutivo de San Luis Potosí al rendir su informe manifestó que, al no advertir violaciones a derechos humanos, se limitó a promulgar y publicar la norma. Sin embargo, dicha manifestación no la expresa como causa de improcedencia, la cual, en todo caso se desestimaría pues es criterio reiterado de este Tribunal Pleno que los poderes Ejecutivos, al promulgar la legislación correspondiente, se encuentran implicados en su emisión y, por ende, deben responder por la validez de su intervención en el proceso de creación normativa.(10)

34. Tampoco pasa inadvertido para este alto tribunal que la Ley de Archivos para el Estado de San Luis Potosí fue objeto de una reforma con posterioridad a la presente acción de inconstitucionalidad, la cual fue publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el siete de junio del presente año, la cual consistió en modificar el artículo 67 en sus fracciones IV, V, VI, VII, VIII, X y XI y en sus párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto.

35. Sin embargo, ello no afecta la procedencia del presente medio de control constitucional pues, si bien en la presente acción se encuentra señalado como impugnado el artículo 67 en su fracción IX, ésta no fue modificada en la reforma en comento, ni la modificación a las otras fracciones y párrafos del mismo precepto provocaron algún cambio normativo en la fracción aquí impugnada.

36. Por lo cual, resulta procedente entrar al análisis de los conceptos de invalidez planteados por el INAI.

V. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

37. Con base en el estudio integral de la demanda se advierte que en el presente asunto el INAI reclama la inconstitucionalidad de diversos de la Ley de Archivos de San Luis Potosí en la parte que hacen referencia al Archivo Histórico del Estado, así como los requisitos de ser mexicano por nacimiento y no haber sido condenado por delito doloso para ser titular de la Dirección General del Archivo General del Estado, contenidos en el artículo 98 Nonies.

38. Por lo tanto, en la presente acción de inconstitucionalidad se consideran normas reclamadas los siguientes artículos y porciones normativas:

• 4°, fracción VI Bis;

• 19, en la porción “así como al Archivo Histórico del Estado”;

• 31, fracción X, en la porción “o al Archivo Histórico del Estado”;

• 33, último párrafo;

• 34, en la porción “mientras tanto, deberán transferir sus documentos con valor histórico al Archivo Histórico del Estado”;

• 59; en la porción “y al Archivo Histórico del Estado”;

• 67, fracción IX;

• 73, primer párrafo, en la porción “y al Archivo Histórico del Estado” y tercer párrafo, en la porción “o el Archivo Histórico del Estado”; • 75, en la porción “y al Archivo Histórico del Estado”;

• 87, en la porción “y el Archivo Histórico del Estado”;

• 88, en la porción “o el Archivo Histórico del Estado”;

• 89, en la porción “y el Archivo Histórico del Estado”;

• 90, en la porción “y con el Archivo Histórico del Estado”;

• 91, en la porción “o el Archivo Histórico del Estado”;

• 92, en la porción “y del Archivo Histórico del Estado”;

• 93, en la porción “y el Archivo Histórico del Estado”;

• 94, en la porción “y el Archivo Histórico del Estado”;

• 98 Quater, fracción XX, en la porción “conjuntamente con el Archivos Histórico del Estado y”;

• 98 Nonies, fracciones I, en la porción normativa “por nacimiento” y III;

• 98 Terdecies;

• 98 Quaterdecies; y

• Tercero Transitorio, en la porción “y, al Archivo Histórico del Estado, en su caso, conforme a la competencia de cada uno de éstos”.

VI. ESTUDIO DE FONDO

39. Del análisis de los planteamientos del INAI, se advierte que, en esencia, los conceptos de invalidez van dirigidos a cuestionar algunas facultades otorgadas al Archivo Histórico del Estado “Lic. Antonio Rocha Cordero”, así como algunos de los requisitos que debe reunir la persona titular de la Dirección General del Archivo General del Estado.

40. Por lo tanto, el estudio de fondo será dividido en los siguientes apartados: 1) parámetro de regularidad constitucional en materia de archivos; 2) facultades otorgadas al Archivo Histórico del Estado “Lic. Antonio Rocha Cordero”; y 3) requisitos para ser titular de la Dirección General del Archivo General del Estado.

VI.1. Parámetro de regularidad constitucional en materia de archivos

41. El siete de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional que buscó establecer las bases y principios para la armonización de la materia de archivos a nivel nacional, facultando al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en la materia que estableciera la estandarización de las formas de administración, asegurara procedimientos para la adecuada atención y protección de los archivos, y creara el Sistema Nacional de Archivos, a través de un esquema de colaboración y coordinación.(11)

42. En esta reforma se adicionó la fracción XXIX-T al artículo 73 de la Constitución Política del país, que establece que el Congreso de la Unión tendrá facultad:

XXIX-T. Para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.(12)

43. La Ley General de Archivos fue expedida el quince de junio de dos mil dieciocho y, conforme a su artículo Primero Transitorio,(13) entró en vigor a los trescientos sesenta y cinco días siguientes, esto es, el quince de junio de dos mil diecinueve. A partir de esa fecha, empezó a correr el plazo, establecido en su artículo Cuarto Transitorio,(14) para que las entidades federativas armonizaran sus ordenamientos correspondientes con lo dispuesto en la Ley General.

44. La obligación anterior refleja que la facultad otorgada al Congreso de la Unión no federalizó la materia de archivos, lo que incluso puede desprenderse del propio procedimiento legislativo de la Ley General de Archivos, pues en su iniciativa se manifestó que, en cumplimiento a lo ordenado por la Constitución Política del país, aquella debería normar la organización y administración homogénea de los archivos en el ámbito federal, local y municipal, con pleno respeto a la soberanía de los estados y a la autonomía de los municipios.(15)

45. De esta manera, el órgano reformador de la Constitución estableció un sistema de facultades concurrentes, en el que las entidades federativas mantienen su libertad configurativa para regular, dentro del ámbito de su competencia, la materia de archivos; sin embargo, en ese ejercicio debe observarse lo dispuesto por el legislador federal, en ejercicio de su facultad constitucional.

46. Las denominadas facultades concurrentes establecidas por el órgano reformador de la Constitución en determinados preceptos, y reconocidas por la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, son ejercidas simultáneamente por la federación, las entidades federativas y, eventualmente, municipios y las alcaldías de la Ciudad de México. Si bien estos órdenes de gobierno están facultados para actuar respecto de una misma materia, será el Congreso de la Unión el que determinará la forma y los términos de la participación, a través de la emisión de lo que se denominan leyes generales.(16)

47. De acuerdo con la interpretación de este alto tribunal del artículo 133 de la Constitución Política del país, que consagra el principio de supremacía constitucional, las leyes generales, en la medida en que se encuentren apegadas a lo dispuesto por la Constitución, constituyen la Ley Suprema de la Unión. Estas leyes generales pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales del Estado Mexicano, al ser aquellas respecto a las cuales el constituyente o el poder reformador de la Constitución han renunciado expresamente a su potestad distribuidora entre los distintos órdenes de gobierno.(17)

48. Derivado de ello, la inconstitucionalidad de una ley puede depender no sólo de la contravención a lo dispuesto en la Constitución Política del país, sino también a leyes que, si bien tienen un rango inferior a ella, por disposición constitucional forman parte del parámetro de validez en ese tema.

49. En consecuencia, al ser el órgano reformador de la Constitución el que delegó al Congreso de la Unión la facultad para expedir la Ley General de Archivos, ésta forma parte del parámetro de validez y, en ese sentido, puede usarse como norma de contraste para determinar la regularidad constitucional de las normas locales en materia de archivos.

50. Ahora bien, para comprender los alcances de la Ley General de Archivos como parámetro de regularidad se recuerda que el artículo 73, fracción XXIX-T, de la Constitución Política del país imprime a dicha Ley General dos propósitos: a) establecer la organización y administración homogénea de los archivos para todos los órdenes de gobierno; y b) definir las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.

51. Para este Tribunal Pleno, lo anterior significa, por un lado, que la Ley General de Archivos puede contener normas que se refieran a la organización y administración de archivos que sean homogéneas para todo el país y, por lo tanto, que las leyes de archivos de las entidades federativas no pueden contener disposiciones que alteren esa homogeneidad. Por otro lado, también significa que las entidades federativas mantienen libertad configurativa para determinar la forma de organización y funcionamiento de sus sistemas locales de archivos, para lo cual deberán respetar las bases que, en su caso, defina la Ley General de Archivos.

52. Ahora bien, el artículo 64, párrafo tercero, de la Ley General de Archivos establece que el Sistema Nacional y los sistemas locales de archivos deben coordinarse “en un marco de respeto de las atribuciones de la federación, las entidades federativas, los municipios”.(18) Ese marco de respeto no es una frase vacua o un recurso retórico, sino que lo que se está indicando con ello es que en materia archivística las entidades federativas no están obligadas a replicar esquemas y modelos diseñados para el régimen federal, pues ello socavaría la soberanía interior que les otorga el artículo 40 constitucional,(19) siendo éste el “marco de respeto” al que se refiere la ley general. Lo anterior, no supone que a las entidades federativas les sean suprimidas atribuciones, sino que lo que hace la ley general es orientar sus atribuciones al fin común impuesto por la Constitución.

53. En relación con este último aspecto, resultan fundamentales para la definición del parámetro de regularidad constitucional los artículos 70 y 71 de la Ley General de Archivos, que establecen lo siguiente:

Artículo 70. Cada entidad federativa contará con un Sistema Local, el cual será el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, instrumentos, procedimientos y servicios tendientes a cumplir con los fines de la organización y conservación homogénea de los archivos de los sujetos obligados dentro de su jurisdicción.

Artículo 71. Las leyes de las entidades federativas regularán los Sistemas locales, los cuales contarán con un Consejo Local, como órgano de coordinación.

Asimismo, se deberá prever la creación de un archivo general como la entidad especializada en materia de archivos. Su titular deberá tener nivel de subsecretario, titular de unidad administrativa o su equivalente.

En los Consejos Locales participarán los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, según corresponda, en los términos de la legislación de cada entidad federativa.

El cumplimiento de las atribuciones de los Consejos Locales estará a cargo de los archivos generales o las entidades especializadas en materia de archivos a nivel local, según corresponda.

Las leyes de las entidades federativas desarrollarán la integración, atribuciones y funcionamiento de los Sistemas locales equivalentes a las que esta Ley otorga al Sistema Nacional.

54. De los anteriores preceptos se puede concluir que las entidades federativas contarán con sus propios sistemas locales de archivos, distintos al sistema nacional, los cuales estarán regulados en las leyes locales de archivos. No obstante, en la configuración de los sistemas locales de archivos, las leyes estatales deberán observar las siguientes bases de organización y funcionamiento:

• Establecer un Consejo Local, el cual que tendrá el carácter de órgano de coordinación del sistema.

• Definir los términos para la participación de los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el Consejo Local.

• Contar con un Archivo General, que tendrá el car

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33706-bb82ea94/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-instituto-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.