I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. NACIONALIDAD MEXICANA COMO REQUISITO PARA ACCEDER A UN CARGO PÚBLICO. INCOMPETENCIA DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA ESTABLECERLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 113, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO", DE LA LEY NÚMERO 197 PARA LA INCLUSIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD O EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE SONORA). IV. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE SER MEXICANO "POR NACIMIENTO" PARA ACCEDER A LA TITULARIDAD DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE SONORA ES INCONSTITUCIONAL, YA QUE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CARECEN DE COMPETENCIA PARA IMPONER DICHO REQUISITO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 113, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO", DE LA LEY NÚMERO 197 PARA LA INCLUSIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD O EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE SONORA). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 113, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO", DE LA LEY NÚMERO 197 PARA LA INCLUSIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD O EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE SONORA).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 112/2024. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 24 DE FEBRERO DE 2025. PONENTE: MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ALFREDO URUCHURTU SOBERÓN.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 113, fracción I, en su porción normativa “por nacimiento”, de la Ley Número 197 para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad o en Situación de Discapacidad del Estado de Sonora, adicionado mediante el DECRETO NÚMERO 172, publicado en el Boletín Oficial de dicha entidad federativa el dieciocho de abril de dos mil veinticuatro.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticuatro de febrero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 112/2024, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra del artículo 113, fracción I, en su porción normativa “por nacimiento”, de la Ley Número 197 para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad o en Situación de Discapacidad del Estado de Sonora, adicionado mediante el DECRETO NÚMERO 172, publicado en el Boletín Oficial de dicha entidad federativa el dieciocho de abril de dos mil veinticuatro.
La cuestión jurídica por resolver en este asunto consiste en determinar si el requisito de ser mexicano “por nacimiento”, establecido para acceder a la titularidad de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Sonora, resulta inconstitucional, debido a que el legislador local carece de competencia para imponerlo.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Escrito inicial. Por escrito recibido el veinte de mayo de dos mil veinticuatro en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del artículo 113, fracción I, en su porción normativa “por nacimiento”, de la Ley Número 197 para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad o en Situación de Discapacidad del Estado de Sonora, adicionado mediante el DECRETO NÚMERO 172, publicado en el Boletín Oficial de dicha entidad federativa el dieciocho de abril de dos mil veinticuatro.
2. Conceptos de invalidez. En su escrito hizo valer, en esencia, los siguientes argumentos:
• ÚNICO. El precepto impugnado establece como requisito para acceder a la titularidad de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Sonora el ser mexicano por nacimiento.
• Sin embargo, de acuerdo con la Constitución Federal, el Congreso de la Unión es el único facultado para reservar ciertos cargos a las personas mexicanas por nacimiento.
• Si el Congreso de Sonora legisló en una materia para la cual no tiene competencia, el precepto impugnado resulta inconstitucional, al vulnerar los principios de legalidad y seguridad jurídica.
3. Registro y turno. Por acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación formó y registró el expediente relativo. Posteriormente, lo turnó al Ministro Javier Laynez Potisek para que instruyera el procedimiento correspondiente.
4. Admisión. Por acuerdo de treinta de mayo de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Sonora para que rindieran los informes correspondientes y remitieran copias certificadas de los documentos relativos al proceso legislativo que dio origen al decreto impugnado, así como la copia certificada del Periódico Oficial del Estado en el que se hubiera publicado. Finalmente, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.
5. Informes. Por autos de cuatro de julio de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor tuvo por rendidos los informes requeridos.
6. Informe del Poder Legislativo del Estado de Sonora. Expuso, medularmente, lo siguiente:
• La porción normativa mexicano “por nacimiento” del artículo 113, fracción I, de la Ley impugnada no transgrede ningún derecho humano. Este requisito no tiene la intención de diferenciar negativamente el acceso al cargo, sino establecer parámetros de idoneidad para ocupar la titularidad de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Sonora.
• Además, dicho requisito se encuentra respaldado por el artículo 32 de la Constitución Federal. De acuerdo con este precepto, legislar sobre este requisito no es competencia exclusiva de la Federación, ya que, al no tratarse de una legislación específica sobre la materia de nacionalidad, las entidades federativas tienen competencia para establecer tales requisitos.
7. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. Sostuvo, en síntesis, lo siguiente:
• La Corte debería reevaluar su doctrina respecto a la inconstitucionalidad del requisito de nacionalidad por nacimiento para ocupar cargos públicos, por dos razones. En primer lugar, debido a los cambios en la conformación del Tribunal, que incluyen la incorporación de la Ministra Lenia Batres Guadarrama y la culminación del mandato constitucional del Ministro Luis María Aguilar Morales. En segundo lugar, porque existen interpretaciones alternativas de los artículos 30 y 32 de la Constitución Federal.
• Una de estas interpretaciones sugiere que la nacionalidad establecida en el artículo 30 constitucional tiene carácter federal, mientras que la competencia para definir requisitos de nacionalidad por nacimiento no lo es. Además, el artículo 32 constitucional, al establecer una reserva de cargos para los cuales se aplica el requisito de nacionalidad por nacimiento, debe entenderse como aplicable únicamente a los cargos federales. Por lo tanto, esta reserva no se extendería a las entidades federativas, ya que gozan de autonomía y soberanía en su organización interna.
• Esta interpretación permitiría que los tribunales no sustituyan las valoraciones políticas de las entidades federativas, que han considerado que ciertos cargos administrativos serían desempeñados de manera más adecuada si sus titulares tienen la calidad de mexicanos por nacimiento.
8. Pedimento. La Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal se abstuvieron de formular pedimentos o manifestaciones.
9. Cierre de instrucción. Por acuerdo de trece de agosto de dos mil veinticuatro se declaró cerrada la instrucción a efecto de proceder a la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
10. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno,(3) en relación con el punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario 1/2023,(4) publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril siguiente.
11. Lo anterior, porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostiene que el artículo 113, fracción I, en su porción normativa “por nacimiento”, de la Ley Número 197 para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad o en Situación de Discapacidad del Estado de Sonora, resulta inconstitucional, por lo que se actualiza el supuesto contemplado en la normativa mencionada.
II. PRECISIÓN DE LA NORMA RECLAMADA
12. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos alegó la inconstitucionalidad del artículo 113, fracción I, en su porción normativa “por nacimiento”, de la Ley Número 197 para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad o en Situación de Discapacidad del Estado de Sonora. Por lo tanto, conforme al artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) se tiene por impugnada la disposición referida, cuyo texto es el siguiente:
“LEY NÚMERO 197 PARA LA INCLUSIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD O EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE SONORA
ARTÍCULO 113.- Para ser titular de la Procuraduría, se requiere:
I.- Ser mexicano por nacimiento”; [...]
[Énfasis añadido]
Ver artículo con énfasis
III. OPORTUNIDAD
13. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(6) el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente y, en caso de que el último día del plazo sea inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
14. En el caso la norma impugnada fue publicada en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el jueves dieciocho de abril de dos mil veinticuatro, por lo que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad transcurrió del viernes diecinueve de abril al sábado dieciocho de mayo de dos mil veinticuatro.
15. El escrito inicial de la acción de inconstitucionalidad fue recibido en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el lunes veinte de mayo de dos mil veinticuatro. En consecuencia, se considera que su presentación fue oportuna, dado que la Ley Reglamentaria de la materia establece que, si el último día del plazo es inhábil, la demanda podrá presentarse el siguiente día hábil, tal como ocurrió en este caso.
IV. LEGITIMACIÓN
16. En términos del artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(7) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está legitimada para promover este medio de control constitucional en contra de leyes de las entidades federativas, así como de otras normas generales, que, desde su perspectiva, vulneren derechos humanos.
17. El escrito inicial fue suscrito por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Demostró desempeñar dicho cargo con la copia certificada del acuerdo de doce de noviembre de dos mil diecinueve, expedido por la Presidenta y el Secretario de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Senado de la República, en el que consta su designación para el período comprendido del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al quince de noviembre de dos mil veinticuatro. Además, promovió la presente acción de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.(8) Por lo tanto, la acción de inconstitucionalidad fue promovida por parte legítima.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
18. Al ser de estudio preferente se analizarán las causas de improcedencia y/o de sobreseimiento que hacen valer los poderes demandados.
19. V.1. Argumentos del Poder Legislativo del Estado de Sonora. Señala que la acción de inconstitucionalidad es improcedente, dado que la porción normativa mexicano “por nacimiento” del artículo 113, fracción I, de la Ley Número 197 para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad o en Situación de Discapacidad del Estado de Sonora no transgrede ningún derecho humano. A su juicio, este requisito no pretende diferenciar de manera negativa el acceso al cargo, sino establecer parámetros de idoneidad –que también contempla el artículo 32 constitucional– para ocupar la titularidad de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Sonora.
20. La causa de improcedencia invocada debe desestimarse, ya que la evaluación sobre si el precepto impugnado vulnera o no derechos humanos es una cuestión que involucra el estudio del fondo del asunto.
21. Al respecto, resulta aplicable el criterio de rubro “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE”.(9)
22. Precisado lo anterior, este Tribunal Pleno no advierte, de manera oficiosa, la existencia de alguna causa de improcedencia ni motivo de sobreseimiento distintos a los ya estudiados, por lo que se procede al análisis de fondo del asunto.
VI. ESTUDIO DE FONDO
23. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos argumenta que el artículo 113, fracción I, en su porción normativa “por nacimiento”, de la Ley Número 197 para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad o en Situación de Discapacidad del Estado de Sonora, es inconstitucional. Según la Comisión, solo el Congreso de la Unión tiene la facultad para reservar determinados cargos a personas mexicanas por nacimiento, por lo que el Congreso local no está habilitado constitucionalmente para establecer dicho requisito.
24. La disposición impugnada establece el requisito de ser mexicano “por nacimiento” para acceder a la titularidad de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Sonora. El texto de dicha norma señala lo siguiente:
“LEY NÚMERO 197 PARA LA INCLUSIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD O EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE SONORA
ARTÍCULO 113.- Para ser titular de la Procuraduría, se requiere:
I.- Ser mexicano por nacimiento”; [...]
[Énfasis añadido]
Ver disposición con énfasis
25. Ahora bien, el marco constitucional que rige el tema de nacionalidad en nuestro sistema jurídico es el siguiente:
“Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo. 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización.
A).- Son mexicanos por nacimiento:
I.- Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres.
II.- Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o de padre mexicano;
III.- Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización, y
IV.- Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes.
B).- Son mexicanos por naturalización:
I.- Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización.
II.- La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley.
Artículo 32. La Ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad.
El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión.
En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el Ejército, ni en las fuerzas de policía o seguridad pública. Para pertenecer al activo del Ejército en tiempo de paz y al de la Armada o al de la Fuerza Aérea en todo momento, o desempeñar cualquier cargo o comisión en ellos, se requiere ser mexicano por nacimiento.
Esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y, de una manera general, para todo el personal que tripule cualquier embarcación o aeronave que se ampare con la bandera o insignia mercante mexicana. Será también necesaria para desempeñar los cargos de capitán de puerto y todos los servicios de practicaje y comandante de aeródromo.
Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones de gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano.
Artículo. 37. [...]
A).- Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad.
B).- La nacionalidad mexicana por naturalización se perderá en los siguientes casos:
I.- Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cualquier instrumento público como extranjero, por usar un pasaporte extranjero, o por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero, y [...]”.
26. De los artículos constitucionales antes citados se desprende lo siguiente:
a) La nacionalidad mexicana podrá adquirirse por nacimiento o por naturalización (nacionalidad mexicana originaria y derivada, respectivamente).
b) La nacionalidad mexicana por nacimiento está prevista en el apartado A del artículo 30 constitucional, a través de los sistemas de ius soli y de ius sanguinis, esto es, en razón del lugar del nacimiento y en razón de la nacionalidad de los padres o de alguno de ellos, respectivamente.
c) La nacionalidad por naturalización, denominada también derivada o adquirida, conforme al apartado B del citado artículo 30 constitucional, es aquella que se adquiere por voluntad de una persona, mediante un acto soberano atribuido al Estado, que es quien tiene la potestad de otorgarla una vez que se cumplen los requisitos que el propio Estado establece para tal efecto.
d) De acuerdo con el artículo 30 constitucional, apartado B, acceden a la mexicanidad por naturalización las personas extranjeras que obtengan de la Secretaría de Relaciones Exteriores la carta de naturalización, así como la mujer o varón extranjero que contraiga matrimonio con una persona mexicana, y que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y reúnan los requisitos establecidos en la ley relativa.
e) Se dispone lo relativo a la doble nacionalidad, así como a los cargos y funciones para los que se requiera la mexicanidad por nacimiento y no se adquiera otra nacionalidad.
f) Finalmente, se establece que ninguna persona mexicana por nacimiento podrá ser privada de su nacionalidad, así como los motivos de pérdida de la mexicanidad por naturalización.
27. El texto vigente de los artículos 30, 32 y 37 constitucionales tiene su origen en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de marzo de mil novecientos noventa y siete, de cuyo procedimiento destaca lo siguiente:
a) La reforma tuvo por objeto la no pérdida de la nacionalidad mexicana por nacimiento, independientemente de que se adopte alguna otra nacionalidad o ciudadanía, para que quienes opten por alguna nacionalidad distinta a la mexicana puedan ejercer plenamente sus derechos en su lugar de residencia, en igualdad de circunstancias.
b) La reforma se vio motivada por el importante número de mexicanos residentes en el extranjero y que se ven desfavorecidos frente a los nacionales de otros países cuyas legislaciones consagran la no pérdida de su nacionalidad.
c) Con la reforma, México ajustó su legislación a una práctica internacional facilitando a los nacionales la defensa de sus intereses.
d) Se consideró que la reforma constituía un importante estímulo para las personas mexicanas que han vivido en el exterior, pues se eliminarían los obstáculos jurídicos para que después de haber emigrado puedan repatriarse a nuestro país. e) En concordancia con el establecimiento de la no pérdida de la nacionalidad mexicana por nacimiento, se propuso eliminar las causales de pérdida de nacionalidad mexicana por nacimiento señaladas en el apartado A del artículo 37 constitucional, salvo en circunstancias excepcionales, exclusivamente aplicables a personas naturalizadas mexicanas.
f) Por otra parte, se fortalecieron criterios específicos para asegurar que los mexicanos por naturalización acrediten plenamente un vínculo efectivo con el país, así como la voluntad real de ser mexicanos.
g) Se agregó un nuevo párrafo al artículo 32 constitucional, para que aquellos mexicanos por nacimiento que posean otra nacionalidad, al ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones, siempre sean considerados como mexicanos, para lo cual, al ejercitar tales derechos y cumplir sus obligaciones, deberán sujetarse a las condiciones establecidas en las leyes nacionales.
28. En el dictamen de la Cámara de Diputados (instancia revisora) se sostuvo lo siguiente:
a) Las reformas constitucionales tienen como principal objetivo establecer la no pérdida de la nacionalidad mexicana por nacimiento, independientemente de que se adopte otra nacionalidad, ciudadanía o residencia, salvo en circunstancias excepcionales aplicables exclusivamente a personas naturalizadas mexicanas, siempre con la intervención del Poder Judicial, por lo que desaparecen las causales de pérdida de la nacionalidad mexicana por nacimiento señaladas en el inciso A del artículo 37 constitucional.
b) En el artículo 30 se establece la transmisión de la nacionalidad a los nacidos en el extranjero, hijos de mexicanos nacidos en territorio nacional, y a los que nazcan en el extranjero hijos de mexicanos por naturalización, lo que permitirá asegurar en estas personas el mismo aprecio que sus progenitores tienen por México.
c) Se fortalecen tanto en el artículo 30 lo relativo a los extranjeros que contraen matrimonio con mexicanos, como en el artículo 37 lo relativo a la pérdida de la nacionalidad, criterios específicos para asegurar que los mexicanos por naturalización acrediten plenamente un vínculo efectivo con el país y una voluntad real de ser mexicanos.
d) Se agrega un nuevo párrafo al artículo 37 para que aquellas personas mexicanas por nacimiento que adquieran otra nacionalidad, al ejercer sus derechos derivados de la legislación mexicana, sean consideradas como mexicanas, por lo que, para el ejercicio de esos derechos, deberán sujetarse a las condiciones que establezcan las leyes nacionales. Esta disposición tiene por objeto dejar en claro que aquellos mexicanos que se hayan naturalizado ciudadanos de otro país no podrán invocar la protección diplomática de gobierno extranjero, salvaguardando así otras disposiciones constitucionales, tales como la relativa a la doctrina Calvo.
e) La reforma del artículo 32 resulta fundamental para evitar conflictos de intereses o dudas en la identidad de los mexicanos con doble nacionalidad, respecto del acceso a cargos que impliquen funciones públicas en este país. De ahí la conveniencia de que el precepto ordene que la ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad, así como que el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. A dicho texto se agrega que esa misma reserva será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión.
29. Del análisis de la exposición de motivos se constata la consideración esencial del Constituyente de que la nacionalidad mexicana no se agota por una demarcación geográfica, sino que se relaciona con el sentimiento de pertenencia, lealtad a las instituciones, a los símbolos, a la cultura y a las tradiciones, y que se trata de una expresión espiritual que va más allá de los límites impuestos por las fronteras y las normas. En el marco de esta reforma, que amplió los supuestos para la naturalización, el Constituyente determinó que el ejercicio de ciertos cargos y funciones que se relacionan con el fortalecimiento de la identidad y soberanía nacionales tienen que ser desempeñados por personas mexicanas por nacimiento, pues sus titulares tienen que estar libres de cualquier vínculo jurídico o sumisión a otros países.
30. A partir de entonces, el Constituyente ha venido definiendo expresamente aquellos supuestos específicos para los que es necesario que la persona que los ejerza sea mexicana por nacimiento. Entre éstos, se encuentran las personas comisionadas del organismo garante del cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales federal (artículo 6º, apartado A); las personas comisionadas del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica (artículo 28); las personas depositarias de los Poderes de la Unión (artículos 55, fracción I, 58, 82, fracción I, 95, fracción I, 99 y 100); la persona titular de la Auditoría Superior de la Federación (artículo 79); las personas secretarias de despacho (artículo 91); las personas magistradas electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (artículo 99); las personas consejeras del Consejo de la Judicatura Federal (artículo 100); el Fiscal General de la República (artículo 102 apartado A, segundo párrafo); las personas gobernadoras de los Estados y las personas magistradas integrantes de los Poderes Judiciales estatales (artículo 116); y las personas magistradas integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (artículo 122, apartado A, fracción IV).
31. En ese contexto se inserta precisamente la previsión del artículo 32 de la Constitución Federal, en el que el propio Constituyente estableció expresamente diversos cargos públicos que deberán ser ocupados por personas mexicanas por nacimiento, pero, además, en términos de su segundo párrafo, estipuló que esta reserva también será aplicable a los casos que así señalen otras leyes del Congreso de la Unión.
32. Así, en cuanto a la atribución de establecer como requisito de elegibilidad para ocupar cargos públicos el ser persona mexicana por nacimiento en términos del artículo 32 constitucional, este Alto Tribunal llega a la conclusión de que los órganos legislativos locales no están facultados para ello. Esto se debe a que el segundo párrafo del precepto constitucional citado sólo menciona al Congreso de la Unión cuando señala que existen cargos públicos para cuyo ejercicio es necesaria la nacionalidad por nacimiento, excluyendo a los Congresos locales.
33. De ahí que, si el artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reserva de manera exclusiva al Constituyente federal la facultad de determinar los cargos públicos en los que su titular deba cumplir con el requisito de la mexicanidad por nacimiento, las entidades federativas no pueden, en ningún caso, establecer ese requisito para acceder a otros cargos distintos a los expresamente señalados en la Constitución Federal. Sin que ello implique un pronunciamiento sobre la eventual facultad del Congreso de la Unión para regular esta materia, dado que el tema tratado en la presente acción de inconstitucionalidad se refiere a la invalidez de una norma perteneciente a una legislación local.
34. Aplicados estos razonamientos, los cuales han sido reiterados en diversos precedentes,(10) la disposición aquí impugnada resulta inconstitucional. En el artículo 113, fracción I, de la Ley Número 197 para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad o en Situación de Discapacidad del Estado de Sonora, el Congreso de dicha entidad federativa incorporó el requisito de la nacionalidad mexicana “por nacimiento” para acceder a la titularidad de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. No obstante, la entidad federativa carece de competencia para imponer dicho requisito, por lo que esta disposición debe ser declarada inválida.
35. En consecuencia, se declara la invalidez del artículo 113, fracción I, en su porción normativa “por nacimiento”, de la Ley Número 197 para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad o en Situación de Discapacidad del Estado de Sonora.
VII. EFECTOS
36. El artículo 73, en relación con los artículos 41, 43, 44 y 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(11) señala que las sentencias deben contener sus alcances y efectos, así como fijar con precisión los órganos obligados a cumplirlas, las normas generales respecto de las cuales operen y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito correspondiente. Además, deben la fecha a partir de la cual producirán sus efectos.
37. VII.1. Declaratoria de invalidez. En atención a las consideraciones desarrolladas en el apartado precedente, se declara la invalidez del artículo 113, fracción I, en su porción normativa “por nacimiento”, de la Ley Número 197 para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad o en Situación de Discapacidad del Estado de Sonora, adicionado mediante el DECRETO NÚMERO 172, publicado en el Boletín Oficial de dicha entidad federativa el dieciocho de abril de dos mil veinticuatro.
38. VII.2. Fecha a partir de la cual surtirá efectos la declaratoria general de invalidez. Conforme a lo dispuesto por el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(12) esta resolución y la declaratoria de invalidez surtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33626-ebbb68a0/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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