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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. III. NACIONALIDAD MEXICANA COMO REQUISITO PARA ACCEDER A UN CARGO PÚBLICO. INCOMPETENCIA DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA ESTABLECERLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 81, PÁRRAFO ÚLTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO Y NO ADQUIRIR OTRA NACIONALIDAD", DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). IV. NACIONALIDAD. MARCO CONSTITUCIONAL QUE RIGE SU REGULACIÓN. V. NACIONALIDAD MEXICANA COMO REQUISITO PARA ACCEDER A UN CARGO PÚBLICO. LA RESERVA EXPLÍCITA DE QUE AQUELLOS PARA LOS QUE SE ESTABLECE EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE LIMITA, EN PRINCIPIO, A LOS QUE CORRESPONDEN A LA TITULARIDAD DE LOS PODERES DE LA UNIÓN O A ÁMBITOS QUE INCIDEN EN LA ESTRUCTURA BÁSICA ESTATAL, O EN ASPECTOS RELATIVOS A LA SOBERANÍA NACIONAL O A LA DEFENSA DE ÉSTA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 81, PÁRRAFO ÚLTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO Y NO ADQUIRIR OTRA NACIONALIDAD", DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). VI. NACIONALIDAD MEXICANA COMO REQUISITO PARA ACCEDER A UN CARGO PÚBLICO. EL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN CARECE DE COMPETENCIA PARA ESTABLECERLA PARA SER TITULAR DE LA OFICIALÍA MAYOR Y DE LA CONTRALORÍA INTERNA DE ESE ÓRGANO LEGISLATIVO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 81, PÁRRAFO ÚLTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO Y NO ADQUIRIR OTRA NACIONALIDAD", DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). VII. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN CARECE DE COMPETENCIA PARA ESTABLECER COMO REQUISITO PARA ELLO EL NO HABER ADQUIRIDO OTRA NACIONALIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 81, PÁRRAFO ÚLTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO Y NO ADQUIRIR OTRA NACIONALIDAD", DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 81, PÁRRAFO ÚLTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO Y NO ADQUIRIR OTRA NACIONALIDAD", DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 113/2020. · Registro digital (IUS): 30046
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-08-27
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Agosto de 2021, Tomo II, Pág. 1552.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 113/2020. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 22 DE ABRIL DE 2021. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: NORMA PAOLA CERÓN FERNÁNDEZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al veintidós de abril de dos mil veintiuno.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Demanda. Por oficio presentado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del artículo 81, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, en la porción normativa que dice "por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad",(1) publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el veinte de enero de dos mil veinte, señalando como órganos encargados de su emisión y promulgación al Congreso y al Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.

SEGUNDO.—Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman vulnerados son los artículos 1o., 5o., 32 y 35, fracción VI. Asimismo, se alega la violación de los artículos 1, 2 y 24, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; los artículos 2 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y los artículos 2, 4 y 6 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

TERCERO.—Conceptos de invalidez. La parte promovente expuso en su único concepto de invalidez, en resumen, lo siguiente:

a. Señala que el artículo 81, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, en la parte que establece que se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad para ejercer la titularidad de la Oficialía Mayor y de la Contraloría Interna del Congreso Local, vulnera los derechos de igualdad y no discriminación, así como a dedicarse libremente a la profesión, industria, comercio o trabajo lícitos y a ser nombrados para cualquier empleo o comisión del servicio público, al excluir injustificadamente a aquellas personas que hubiesen adquirido su nacionalidad de forma distinta, esto es, por naturalización.

b. Señala que la exigencia de ser mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad, prevista en el artículo 81, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, debe ser entendida como disposiciones que contienen una categoría sospechosa prevista en el artículo 1o. constitucional y, por tanto, discriminatoria.

c. El artículo 1o. de la Constitución Federal consagra los derechos de igualdad y no discriminación, que han sido desarrollados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por los que se han establecido ciertas directrices de escrutinio cuyo objetivo consiste en verificar si las medidas legislativas tienen un contenido de prohibición de discriminación o no. Para ello, utilizó el análisis de escrutinio estricto de constitucionalidad.

En ese sentido, sostiene que la norma impugnada no cumple con el primer requisito, esto es, con una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional, al exigir ser mexicano por nacimiento para ocupar los cargos de Oficial Mayor y Contralor Interno del Congreso del Estado de Nuevo León, pues las funciones a realizar no justifican una exigencia de este tipo, produciendo un trato discriminatorio respecto de los ciudadanos mexicanos por naturalización.

Asimismo, el segundo requisito no se encuentra cumplido, pues la medida legislativa impugnada no está estrechamente vinculada con una finalidad constitucionalmente imperiosa. Por último, el tercer requisito para determinar si la norma impugnada es discriminatoria tampoco se encuentra cumplido, toda vez que no persigue ningún objetivo constitucionalmente válido.

d. Señala que todo orden de gobierno queda obligado a respetar el derecho humano de no discriminación en cualquier circunstancia, especialmente, cuando se emiten normas que puedan hacer referencia a un sector de la población que social e históricamente ha sido discriminado, como son las personas con un origen étnico o nacional distinto. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la igualdad de oportunidades en el acceso al servicio público y, para ello se debe de tomar en cuenta el mérito personal y su capacidad profesional; en consecuencia, son inadmisibles las restricciones que impidan o dificulten llegar al servicio público con base en sus méritos.

De igual forma, refiere que el Comité de Derechos Humanos en interpretación del precepto 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos aduce que las distinciones entre los que tienen derecho a la ciudadanía por nacimiento y los que la adquieren por naturalización pueden plantear cuestiones de compatibilidad con las disposiciones del referido artículo.

e. Adicionalmente, sostiene que, de conformidad con los artículos 32, párrafo segundo y 73, fracción VI, constitucionales, el legislador local carece de competencia para establecer como requisito ser mexicano por nacimiento para acceder a un cargo público, al ser facultad exclusiva del Congreso de la Unión.

f. Precisa que este Alto Tribunal ya ha sostenido que son inconstitucionales las normas expedidas por las Legislaturas Locales que exijan ser mexicano "por nacimiento", para ocupar un cargo público, al ser facultad exclusiva del Congreso de la Unión, a manera de ejemplo cita la acción de inconstitucionalidad 31/2011.

g. Luego entonces, la norma impugnada es inconstitucional, al ser contraria al derecho de igualdad y no discriminación, en razón de origen nacional y porque el Congreso Local carece de atribuciones para establecer dicho requisito.

h. Refiere que el artículo 32 de la Constitución Federal establece que la facultad para determinar los cargos y funciones en los que se puede requerir ser mexicano por nacimiento le corresponde exclusivamente al legislador federal. Señala que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 48/2009, sostuvo que tal facultad de configuración legislativa le corresponde al Congreso de la Unión y que su ejercicio no es irrestricto, sino que debe satisfacer una razonabilidad en función de los cargos de que se traten.

i. Por lo anterior, las atribuciones desempeñadas por el titular de la Oficialía Mayor y el contralor interno del Congreso del Estado de Nuevo León, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo de esa entidad, no se advierte que guarden vinculación con ámbitos que incidan en la estructura básica estatal o en aspectos relativos a la soberanía nacional o defensa de ésta, ni corresponde con las facultades de los titulares del Congreso de la Unión.

j. Además, señala que la norma impugnada trastoca el derecho contenido en el artículo 35, fracción VI, constitucional, relativo a que cualquier ciudadano mexicano puede ocupar cargos en la función pública, en condiciones de igualdad, siempre y cuando cumplan las calidades exigidas por las leyes. Por lo que resulta claro que la norma es inconstitucional, pues el simple hecho de adquirir la nacionalidad por naturalización o tener doble y hasta múltiple nacionalidad no se puede considerar un elemento que pueda influir en méritos o capacidades de una persona.

k. Bajo esa guisa, estima que no debe existir distinción entre las personas mexicanas por nacimiento y por naturalización, con excepción de los cargos expresamente reservados por la Constitución o, en su caso, las que establezca el Congreso de la Unión a través de las leyes, siempre y cuando se ponga en riesgo la soberanía nacional.

l. Por último, solicita que, en caso de declararse la inconstitucionalidad de la norma impugnada, de igual forma se invaliden las normas relacionadas con ella, de conformidad con los artículos 41, fracción IV y el 45, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO.—Trámite. Mediante proveído de veinte de febrero de dos mil veinte, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad bajo el número 113/2020 y turnar el asunto al Ministro José Fernando Franco González Salas, para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.

Por acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veinte, el Ministro José Fernando Franco González Salas admitió a trámite la acción y dio vista a los órganos que emitieron y promulgaron la norma impugnada para que rindieran sus respectivos informes. Asimismo, requirió a los Poderes Legislativo y Ejecutivo para que enviaran copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada y un ejemplar del Periódico Oficial en el que conste la publicación de dicha norma, respectivamente.

De igual forma, se le dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera.

QUINTO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León. Al rendir su informe y contraargumentar la posición de la parte impugnante, el diputado Juan Carlos Ruiz García, en su carácter de presidente de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León manifestó, en síntesis, lo siguiente:

a. Considera que el único concepto de invalidez planteado deviene inoperante. En principio, señala que al momento de expedir la norma controvertida se cumplieron con todas las formalidades del proceso legislativo, por tal motivo no se transgreden las garantías de audiencia ni de seguridad jurídica, al no estar obligado por ninguna disposición legal a escuchar a los gobernados antes de expedir una norma.

b. Asimismo, que los requisitos de fundamentación y motivación, tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando actúan dentro del límite de las atribuciones que la Constitución les confiere y cuando las leyes se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas.

c. Señala que la única adición a la norma impugnada fue "Contraloría Interna" y "y de la Contraloría Interna", por lo que dicho agregado no puede considerarse un nuevo acto legislativo, al no producir un efecto normativo en el texto de la disposición al que pertenece el propio sistema.

d. Finalmente, puntualiza que la norma impugnada no es transgresora de los derechos humanos a que se refiere la parte accionante, al estimar que es una medida necesaria para los fines que se persiguen.

SEXTO.—Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León. El Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León manifiesta en su informe, únicamente, que son ciertos los hechos que se le atribuyen consistentes en la promulgación y publicación del Decreto 219, mediante el cual se reformó la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, que entre otros artículos contiene el 81 y señala estar atento a la secuela procedimental y respetar institucionalmente lo que resuelva el Máximo Tribunal Constitucional.

SÉPTIMO.—Cierre de instrucción. Una vez recibidos los informes de las autoridades, así como los alegatos de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por auto de once de diciembre de dos mil veinte, se cerró la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución en la presente acción de inconstitucionalidad.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se plantea la posible contradicción del artículo 81, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO.—Oportunidad. Corresponde determinar si la presente acción de inconstitucionalidad fue presentada de manera oportuna.

El artículo 60(2) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal dispone que el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial y que, si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

En el caso, la norma general impugnada en la presente vía fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el lunes veinte de enero de dos mil veinte;(3) por tanto, el plazo para la interposición corrió del martes veintiuno de enero siguiente y feneció el miércoles diecinueve de febrero de dos mil veinte.

Consecuentemente, si la acción de inconstitucionalidad fue presentada el diecinueve de febrero de dos mil veinte en la Oficina de Certificación y Correspondencia de este Alto Tribunal,(4) resulta claro que fue interpuesta en forma oportuna.

TERCERO.—Legitimación. A continuación, se procede a analizar la legitimación de la promovente de la acción de inconstitucionalidad, por ser un presupuesto indispensable para su ejercicio.

De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que los organismos de protección de derechos humanos equivalentes a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pueden ejercer la acción de inconstitucionalidad contra leyes expedidas por las Legislaturas Locales.(5)

Asimismo, conforme a los artículos 59, en relación con el diverso 11 de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional,(6) las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

Ahora bien, en el caso, si quien suscribe la acción de inconstitucionalidad es María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuya personalidad acreditó con copia del nombramiento otorgado por el Pleno del Senado de la República el siete de noviembre de dos mil diecinueve, para el periodo 2019-2024, el cual se puede consultar en el Portal Ponencias, siendo dicha Comisión uno de los entes que pueden ejercer la acción de inconstitucionalidad contra leyes expedidas por las Legislaturas Locales; luego, es claro que dicha presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con la legitimación necesaria para hacerlo.

Apoya la conclusión anterior, la tesis de jurisprudencia número P./J. 7/2007, que es del tenor literal siguiente:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. QUIÉNES SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA ATENDIENDO AL ÁMBITO DE LA NORMA IMPUGNADA. La fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece de manera limitativa y expresa quiénes son los sujetos legitimados para promover una acción de inconstitucionalidad; sin embargo, no todos ellos pueden plantear ese medio de control constitucional contra cualquier ley, sino que su legitimación varía en función del ámbito de la norma que pretende impugnarse, es decir, si se trata de leyes federales, locales, del Distrito Federal o de tratados internacionales. Así, tratándose de la impugnación de leyes federales, están legitimados: 1. El 33% de los diputados del Congreso de la Unión; 2. El 33% de los senadores del Congreso de la Unión; 3. El procurador general de la República; 4. Los partidos políticos con registro federal, si se trata de leyes de naturaleza electoral; y 5. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si se trata de leyes que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal. Por su parte, contra leyes locales están legitimados: 1. El 33% de los diputados de la Legislatura Local que corresponda; 2. El procurador general de la República; 3. Los partidos políticos con registro federal o aquellos que sólo tengan registro en el Estado de que se trate, siempre y cuando se impugne una ley electoral; y 4. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los órganos estatales protectores de derechos humanos, si se trata de leyes que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal. Cuando la impugnación verse contra leyes del Distrito Federal, tendrán legitimación: 1. El 33% de los integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 2. El procurador general de la República; 3. Los partidos políticos con registro federal o aquellos que sólo tengan registro ante el Instituto Electoral del Distrito Federal, siempre que se trate de la impugnación de una ley electoral; y, 4. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cuando se trate de leyes que vulneren los consagrados en la Constitución Federal. Finalmente, tratándose de tratados internacionales, pueden impugnarlos: 1. El 33% de los senadores del Congreso de la Unión; 2. El procurador general de la República; y 3. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si se trata de un tratado internacional que vulnere los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal."(7)

CUARTO.—Causas de improcedencia. Si bien las autoridades demandadas no hicieron valer, como tal, alguna causal de improcedencia o de sobreseimiento, lo cierto es que el presidente de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, al rendir su informe y contraargumentar la posición de la parte impugnante, manifestó, en esencia, que la única adición a la norma impugnada fue "Contraloría Interna" y "y de la Contraloría Interna", por lo que dicho agregado no puede considerarse un nuevo acto legislativo, al no producir un efecto normativo en el texto de la disposición al que pertenece el propio sistema.

Al respecto, a fin de estar en posibilidad de estudiar lo planteado por la autoridad demandada, resulta necesario dar cuenta de las modificaciones que fueron realizadas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, por el legislador local, para efectos de verificar si se trata o no de un nuevo acto legislativo.(8)

Ver modificaciones

Como se desprende de la comparativa anterior, la modificación que sufrió el numeral 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, conforme al decreto de reformas publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad el veinte de enero de dos mil veinte, tuvo por efecto ampliar el número de sujetos a los cuales les resulta aplicable la norma, de tal manera que al Contralor Interno del Congreso Local, incorporado mediante la reforma impugnada, ahora le es exigible, entre otros requisitos, el de ser ciudadano mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad para detentar dicho cargo público.

En ese sentido, este Tribunal Pleno considera que es infundado el planteamiento propuesto por la demandada, pues en reiteradas ocasiones ha sostenido que existe un nuevo acto legislativo cuando se presente una modificación que produce un efecto normativo en el texto de la disposición a la que pertenece el propio sistema.

En el caso, como se advierte, hubo una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León el veinte de enero de dos mil veinte, que permite considerar a la norma impugnada como un nuevo acto legislativo, independientemente de que no se haya modificado la porción "ser ciudadano mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad", pues lo cierto es que se llevó a cabo un proceso legislativo (criterio formal), que culminó con el Decreto Número 219 de la Legislatura del Estado y la modificación normativa que se dio fue sustantiva, pues el texto del precepto combatido, antes y después de la reforma, evidencia la inclusión de la figura del contralor interno al que se le exigen determinados requisitos para acceder al cargo, entre ellos, el ser mexicano por nacimiento, lo cual constituye un nuevo acto legislativo.

Así, de manera contraria a lo que se alega, es oportuna la promoción de la demanda, puesto que la inclusión de la figura del contralor interno constituye un nuevo acto legislativo.

Esta determinación encuentra sustento en la jurisprudencia siguiente:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. Para considerar que se está en presencia de un nuevo acto legislativo para efectos de su impugnación o sobreseimiento por cesación de efectos en una acción de inconstitucionalidad deben reunirse, al menos, los siguientes dos aspectos: a) Que se haya llevado a cabo un proceso legislativo (criterio formal); y, b) Que la modificación normativa sea sustantiva o material. El primer aspecto conlleva el desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación; mientras que el segundo, consistente en que la modificación sea sustantiva o material, se actualiza cuando existan verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto, de este modo una modificación al sentido normativo será un nuevo acto legislativo. Este nuevo entendimiento, pretende que a través de la vía de acción de inconstitucionalidad se controlen cambios normativos reales que afecten la esencia de la institución jurídica que se relacione con el cambio normativo al que fue sujeto y que deriva precisamente del producto del órgano legislativo, y no sólo cambios de palabras o cuestiones menores propias de la técnica legislativa tales como, por ejemplo, variación en el número de fracción o de párrafo de un artículo, el mero ajuste en la ubicación de los textos, o cambios de nombres de entes, dependencias y organismos. Tampoco bastará una nueva publicación de la norma para que se considere nuevo acto legislativo ni que se reproduzca íntegramente la norma general, pues se insiste en que la modificación debe producir un efecto normativo en el texto de la disposición al que pertenece el propio sistema."(9)

Similar criterio asumió este Tribunal Pleno al resolver la diversa acción de inconstitucionalidad 107/2016, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, resuelta en sesión de veintitrés de enero de dos mil veinte.(10)

Consecuentemente, al ser infundado el planteamiento aducido por la demandada y no existir algún otro, ni advertir de oficio este Tribunal Pleno causa alguna, procede analizar los conceptos de invalidez propuestos.

QUINTO.—Estudio de fondo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicita que se declare la invalidez del artículo 81, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el veinte de enero de dos mil veinte, por dos argumentos torales:

a) Las normas impugnadas vulneran los derechos consagrados en los numerales 1o., 5o., 30, 32 y 35, fracción VI, de la Constitución Federal, así como los artículos 1, 2 y 24, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2 y 26, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 2, 4 y 6, del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y,

b) El numeral 32 de la Constitución Federal establece que la facultad para determinar los cargos y funciones en los que se puede requerir ser mexicano por nacimiento le corresponde exclusivamente al legislador federal, sin que cuenten con tal facultad las Legislaturas Locales, dado que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 48/2009, se pronunció respecto a quién le corresponde dicha facultad, determinando, además, que su ejercicio no es irrestricto, sino que debe satisfacer una razonabilidad en función de los cargos de que se traten.

Ahora bien, el precepto normativo que se combate es del tenor literal siguiente:

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León

"Artículo 81. Para ser titular de la Oficialía Mayor, Tesorería, Contraloría Interna o Centro de Estudios Legislativos del Congreso, se requiere:

"...

(Reformado, P.O. 20 de enero de 2020)

"En los casos del titular de la Oficialía Mayor y de la Contraloría Interna, se requerirá además, ser ciudadano mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad."

Con base en el contenido del precepto anterior, para ser titular de la Oficialía Mayor y de la Contraloría Interna del Congreso del Estado, se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad, situación que la promovente de la acción de inconstitucionalidad considera violatoria, por un lado, de los principios de igualdad, no discriminación y libertad de trabajo y, por otro lado, en virtud de que el legislador local, en términos de lo previsto en el numeral 32 de la Constitución Federal, no cuenta con facultades para prever como requisito para ocupar dichos cargos el ser mexicano por nacimiento.

El último argumento es esencialmente fundado. Si bien este Tribunal Constitucional –en sus diversas integraciones– ha variado su criterio en relación con la competencia o incompetencia de las Legislaturas Locales para regular la materia que nos ocupa, ahora, bajo su más reciente integración y tal como lo resolvió al fallar, entre otras, las acciones de inconstitucionalidad 87/2018,(11) 88/2018,(12) 93/2018,(13) 45/2018 y su acumulada 46/2018,(14) 111/2019,(15) 157/2017,(16) 67/2018 y su acumulada 69/2018,(17) así como la acción 70/2019,(18) llegó a la conclusión de que las Legislaturas de los Estados no se encuentran habilitadas para regular supuestos en los que se limite el acceso a cargos públicos a los mexicanos por nacimiento en las entidades federativas, pues, de hacerlo, llevará, indefectiblemente, a declarar la invalidez de las porciones normativas que así lo establezcan.

En efecto, tal como se resolvió en dichas acciones de inconstitucionalidad, particularmente, en las más recientes 111/2019 y 157/2017, este Tribunal Pleno considera que la habilitación constitucional a cargo de la Federación o de los Estados para regular una determinada materia es un presupuesto procesal de la mayor relevancia para cualquier análisis de fondo, pues, de concluirse –como sucede en el caso– que el Congreso del Estado de Nuevo León no se encuentra habilitado para establecer dichas exigencias, se actualizará inmediatamente la invalidez de la disposición impugnada, sin necesidad de analizar si la norma tiene un fin válido, toda vez que resultará inconstitucional al haberse emitido por una autoridad incompetente.

A fin de evidenciar lo anterior, se estima pertinente establecer el marco constitucional que rige el tema de nacionalidad en nuestro sistema jurídico mexicano:

"Título I

...

"Capítulo II

"De los mexicanos

"Artículo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización:

"A) Son mexicanos por nacimiento:

"I. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres.

"II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional o de madre mexicana nacida en territorio nacional.

"III. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización; y,

"IV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes.

"B) Son mexicanos por naturalización:

"I. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización.

"II. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley."

"Artículo 32. La ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad.

"El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión.

"En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el Ejército, ni en las fuerzas de la policía o seguridad pública. Para pertenecer al activo del Ejército en tiempo de paz y al de la Armada o al de la Fuerza Aérea en todo momento, o desempeñar cualquier cargo o comisión en ellos, se requiere ser mexicano por nacimiento.

"Esa misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y, de una manera general, para todo el personal que tripule cualquier embarcación o aeronave que se ampare con la bandera o insignia mercante mexicana. Será también necesaria para desempeñar los cargos de capitán de puerto y todos los servicios de practicaje y comandante de aeródromo.

"Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones de gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano."

"Artículo 37.

"A) Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad.

"B) La

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30046-40b26115/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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