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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA PREVER LA SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN LO NO PREVISTO POR LA NORMATIVA LOCAL (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 1, PÁRRAFO SEGUNDO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES", Y 79, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "SUPLETORIAMENTE EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES", DEL CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS). IV. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA PREVER LA SUPLETORIEDAD DE LA LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES EN LO NO PREVISTO POR LA NORMATIVA LOCAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 1, PÁRRAFO SEGUNDO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "LA LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES", DEL CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS). V. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA PREVER LA SUPLETORIEDAD DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL EN LO NO PREVISTO POR LA NORMATIVA LOCAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 1, PÁRRAFO SEGUNDO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL", DEL CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS). VI. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE QUE EN TODO LO QUE NO SE OPONGA AL CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, SE APLICARÁ SUPLETORIAMENTE EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DE LA ENTIDAD, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y DE LEGALIDAD, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 1, PÁRRAFO SEGUNDO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIAPAS", DEL CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS). VII. LEGISLACIÓN ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. LA SUPLETORIEDAD DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LO NO PREVISTO EN ESA NORMATIVA, ES APLICABLE ÚNICAMENTE EN LOS CASOS EN QUE PERMITA FAVORECER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES DE ESE PODER (ARTÍCULO 1, PÁRRAFO SEGUNDO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO", DEL CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS). VIII. NACIONALIDAD MEXICANA COMO REQUISITO PARA ACCEDER A UN CARGO PÚBLICO. INCOMPETENCIA DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA ESTABLECERLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 127, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO", DEL CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS). IX. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. PARA DETERMINAR SI UNA DISTINCIÓN RESULTA OBJETIVA Y RAZONABLE, DEBERÁ EFECTUARSE UN ESTUDIO, CUYA INTENSIDAD DEPENDERÁ DEL OBJETO DE LA LITIS. X. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ESCRUTINIO ORDINARIO QUE REVELA UNA DISTINCIÓN ENTRE LAS PERSONAS QUE HAN SIDO CONDENADAS POR CIERTOS DELITOS QUE AMERITEN UNA PENA CORPORAL DE MÁS DE UN AÑO DE PRISIÓN O QUE LESIONEN SERIAMENTE LA FAMA PÚBLICA DEL ASPIRANTE Y AQUELLAS QUE NO, EN RELACIÓN CON LA POSIBILIDAD DE SER NOMBRADOS SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO, TITULAR DE LAS SUBDIRECCIONES REGIONALES, TITULAR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS (ARTÍCULOS 48, FRACCIÓN V, 127, FRACCIÓN VI, 142, FRACCIÓN V, Y 206, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS). XI. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE SER UNA PERSONA NO CONDENADA POR CIERTOS DELITOS QUE AMERITEN UNA PENA CORPORAL DE MÁS DE UN AÑO DE PRISIÓN O QUE LESIONEN SERIAMENTE LA FAMA PÚBLICA DEL ASPIRANTE PARA SER SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO, TITULAR DE LAS SUBDIRECCIONES REGIONALES, TITULAR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, VIOLA EL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 48, FRACCIÓN V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO QUE AMERITE PENA CORPORAL DE MÁS DE UN AÑO; PERO SI SE TRATARE DE OTRO DELITO QUE LESIONE SERIAMENTE LA FAMA PÚBLICA DEL ASPIRANTE, SE CONSIDERARÁ INHABILITADO PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO CUALQUIERA QUE HAYA SIDO LA PENA IMPUESTA", 127, FRACCIÓN VI, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "QUE AMERITE UNA PENA CORPORAL DE MÁS DE

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 260/2020. · Registro digital (IUS): 31559
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-06-23
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Junio de 2023, Tomo II, Pág.1586.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 260/2020. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 11 DE JULIO DE 2022. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: GUILLERMO PABLO LÓPEZ ANDRADE.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día once de julio de dos mil veintidós.

VISTOS, para resolver los autos de la acción de inconstitucionalidad 260/2020; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Presentación de la acción. Mediante escrito presentado el dieciocho de septiembre de dos mil veinte,(1) la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(2) promovió acción de inconstitucionalidad en contra de las autoridades y actos siguientes:

Ver autoridades y actos

4. SEGUNDO.—Artículos constitucionales e instrumentos internacionales que se estiman vulnerados. La accionante estima que las normas generales impugnadas transgreden los siguientes preceptos de orden constitucional y convencional:

Ver preceptos

5. Por cuanto se refiere a los derechos humanos que se estimaron violados, se señalaron los siguientes:

• Derecho a la igualdad y no discriminación.

• Derecho de acceso a un cargo en el servicio público.

• Derecho a la seguridad jurídica.

• Libertad de trabajo.

• Principio de legalidad.

6. TERCERO.—Registro, turno y admisión de la demanda. Mediante acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veinte, el Ministro presidente de este Máximo Tribunal ordenó formar y registrar el expediente con el número 260/2020 y turnó el expediente al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para que instruyera el procedimiento respectivo.

7. Por diverso proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad; dio vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Chiapas, para que rindieran sus respectivos informes; a la Fiscalía General de la República para que formulara el pedimento que le corresponde; y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, con la finalidad de que, si consideraba que la materia de la presente acción de inconstitucionalidad trasciende a sus funciones constitucionales, manifestara lo que a su representación correspondiera.

8. CUARTO.—Conceptos de invalidez. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esencialmente, planteó en su demanda los siguientes argumentos:

Ver argumento 1

Apartado A: Derecho a la seguridad jurídica y principio de legalidad.

• Se desarrolla el contenido y alcance de estos derechos.

Apartado B: Análisis de las normas a la luz del derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad.

• Los artículos impugnados establecen que en el supuesto de que aquélla haya sido omisa en regular alguna cuestión, suplementariamente se aplicará el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes y la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como una ley abrogada.

• Sin embargo, el Congreso Local no se encuentra habilitado para instituir dicha supletoriedad normativa.

• Conforme al artículo 73, fracciones X y XXI, inciso c), de la Constitución Federal, es facultad del Congreso de la Unión expedir las legislaciones en materia procedimental penal, de ejecución de penas, de justicia para adolescentes y las correspondientes leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123 constitucional, las cuales son de observancia general en toda la República.

• Resulta inválido que la norma local prevea que el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley Federal del Trabajo sean supletorias en lo no previsto por la legislación orgánica del Poder Judicial del Estado de Chiapas, toda vez que los mencionados ordenamientos son de aplicación directa en toda la Nación tanto para las autoridades federales como para las entidades federativas.

• No es admisible que la Legislatura Estatal haya dispuesto que en primer término será aplicable la norma que expidió y de manera residual las normas de carácter general y nacional que emitió el Congreso Federal en uso de sus facultades constitucionales, atento a lo dispuesto en el artículo 133 de la Norma Fundamental.

• No es dable afirmar que tanto la Ley Federal del Trabajo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y la Ley Nacional de Ejecución Penal sean aplicables solamente en lo no previsto por la ley local, sujetando la operación del sistema normativo establecido por la legislación general y nacional a una ley de rango inferior.

• Las legislaciones generales y nacionales no pueden ser supletorias de las leyes locales, al ser precisamente aquellas primeras las que deben aplicarse de manera directa respecto de las cuestiones que le son propias, sin que sean materias disponibles para las autoridades de las entidades federativas.

• Refiere que es aplicable el criterio sostenido por este Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 22/2015 y su acumulada 23/2015, de la que se desprende que las leyes generales no pueden ser supletorias de una ley local, en virtud de que fueron expedidas en uso de atribuciones exclusivas del Congreso de la Unión.

• Así como lo resuelto en la diversa acción de inconstitucionalidad 79/2019, en la que se determinó que son aplicables en primer lugar, a nivel local, las leyes generales y, posteriormente, las normas emitidas por los Congresos de las entidades federativas en ejercicio de las competencias que les hayan conferido.

• Si bien es cierto que las Legislaturas Locales tienen facultades para emitir las leyes en materia del trabajo que regulen las relaciones laborales entre sus trabajadores, ello no es una habilitación para que las normas locales puedan establecer la subordinación de la legislación federal del trabajo en las entidades federativas.

• En esta tesitura, el legislador chiapaneco, al establecer la supletoriedad del Código de Procedimientos Penales trastoca el sistema de aplicación establecido para dichas disposiciones, de conformidad con la reforma constitucional del 2008 al sistema procesal penal, al pretender colmar una legislación orgánica con una ley abrogada que no resulta necesaria dada la naturaleza de lo que regula el Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas, lo que propicia incertidumbre jurídica en los destinatarios de las normas respecto de qué normas resultarán aplicables en el Estado de Chiapas en las materias correspondientes.

Ver argumento 2

Apartado A: Derecho de seguridad jurídica y principio de legalidad.

• Se desarrolla el contenido y alcance de estos derechos.

Apartado B: Derecho a la igualdad y no discriminación.

• Se desarrolla el contenido y alcance de estos derechos, así como criterios emitidos por esta Suprema Corte.

Apartado C: Libertad de trabajo y derecho a ocupar un cargo público.

• Se desarrolla el contenido y alcance de estos derechos y se hace referencia a los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Apartado D: Inconstitucionalidad de los requisitos impugnados

• Resultan discriminatorios los requisitos previstos en las normas impugnadas, consistentes en tener la calidad de mexicano por nacimiento y no haber sido sentenciado por la comisión de un delito que amerite una pena corporal de más de un año de prisión, así como de aquellos consistentes en no haber incurrido en cualquier otro ilícito que lesione seriamente la buena fama del aspirante, con independencia de la pena impuesta.

1. Requisito de ser mexicano por nacimiento

a) Reserva exclusiva de cargos públicos.

• La restricción prevista en la norma impugnada para acceder al cargo de titular de las subdirecciones regionales del Poder Judicial no es constitucionalmente válida, pues la distinción entre personas mexicanas por nacimiento y por naturalización para ejercer un cargo debe necesariamente guardar vinculación con las funciones a desempeñar para asegurar el objetivo que se persigue en el artículo 32 constitucional.

• La disposición normativa controvertida vulnera el derecho contemplado en el artículo 35, fracción VI, de la Constitución Federal, que se refiere al acceso de cualquier ciudadano mexicano a la ocupación de cargos en la función pública, en condiciones de igualdad, siempre y cuando cumplan las calidades exigidas por las leyes y, siendo que por dichas calidades deben entenderse méritos y capacidades, resulta claro que la norma es inconstitucional, pues el adquirir la nacionalidad por naturalización o tener doble y hasta múltiple nacionalidad no es un elemento que pueda influir en méritos o capacidades de una persona.

b) Origen nacional como una categoría sospechosa protegida por el artículo 1o. constitucional.

• La norma impugnada no cumple con el requisito de escrutinio estricto de las normas que contienen categorías sospechosas, lo anterior, ya que no encuentra razonabilidad la exigencia de que el cargo de subdirector regional del Poder Judicial chiapaneco, exclusivamente deba ser cubierto por quienes ostentan la nacionalidad mexicana por nacimiento, dado que las funciones a realizar no justifican una exigencia de este tipo, por tanto, resulta discriminatoria respecto de quienes son mexicanas o mexicanos por naturalización.

• Toda vez que la norma impugnada no persigue un fin constitucionalmente imperioso, la disposición jurídica controvertida no está conectada con la consecución de objetivo constitucional alguno. El precepto impugnado no justifica una finalidad imperiosa, ni constitucionalmente válida ya que del contenido integral del Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas se observa que tiene por objeto establecer la organización y funcionamiento del referido organismo, para lo cual la norma impugnada exige que la persona encargada de la titularidad de las subdirecciones regionales del Poder Judicial deba tener necesariamente la nacionalidad mexicana por nacimiento.

• El artículo 127, fracción I, en la normativa "por nacimiento", del Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas, resulta incompatible con el bloque de constitucionalidad mexicano por restringir a las personas mexicanas por naturalización la capacidad de acceder al cargo público de titular de las subdirecciones regionales del Poder Judicial Local, en igualdad de condiciones a las personas connacionales que adquirieron la nacionalidad por nacimiento y, por tanto, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicita sea declarada inconstitucional por ser contraria a los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación.

2. Requisito de no haber sido sentenciado por delito que amerite pena privativa de libertad de más de un año de prisión

• Resultan discriminatorias las exigencias de no haber sido condenado por delito que amerite una pena corporal de más de un año de prisión, así como de aquellos consistentes en no haber incurrido en cualquier otro ilícito que lesione seriamente la buena fama del aspirante, con independencia de la pena impuesta. Ello, ya que las disposiciones impiden, de manera injustificada, que las personas accedan a los cargos de titular de las subdirecciones regionales, secretario general de Acuerdos y del Pleno, secretario general de Acuerdos de las Salas Regionales, secretario de Acuerdos, secretario instructor, secretario de Causas, secretario proyectista o actuario, secretario de estudio y cuenta y secretario auxiliar, auxiliar de la Administración de Justicia, así como titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura, todos del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con base en su condición social y/o jurídica.

• Los artículos 48, 127, 142 y 206, en las fracciones impugnadas, consistente en no haber sido condenado por delito que amerite una pena corporal de más de un año de prisión, este organismo nacional estima resulta sobreinclusivo, en razón de que las personas que han cometido cualquier delito, sea cual sea la gravedad de éste o independientemente de si se realizó dolosa o culposamente, quedan imposibilitadas para fungir como titular de las subdirecciones regionales, secretario general de Acuerdos y del Pleno, secretario general de Acuerdos de las Salas Regionales, secretario de Acuerdos, secretario instructor, secretario de Causas, secretario proyectista o actuario, secretario de estudio y cuenta y secretario auxiliar, auxiliar de la Administración de Justicia, así como titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura.

• Ello se traduce en una medida arbitraria, pues dada la amplitud del precepto cualquier delito cometido, incluidos los culposos o aquellos que por su comisión sólo ameritaron una penalidad mínima, pueden ser considerados como elementos que mermen la reputación o renombre de una persona a juicio de otra, impidiendo que accedan a esos cargos.

• En este sentido, en los términos de la disposición impugnada, la persona que haya sido sentenciada por cualquier delito, sin atender más que a la pena que fue impuesta, quedará prácticamente impedida para aspirar a ocupar los cargos referidos.

• Si bien las citadas normas de alguna forma pareciera que acotan los requisitos en comento al prever que las personas que pretendan aspirar a los cargos de mérito deben haber sido sentenciadas por delito que merezca pena corporal de un año de prisión, lo cierto es que la disposición termina por excluir a todas las personas que se encuentren en esos supuestos, con independencia de que la conducta típica cometida se relacione o afecte el desempeño de las facultades de dicho servidor público.

• No se toma en cuenta si las conductas ilícitas realizadas se encuentran vinculadas con las funciones a ejercer en los cargos en cuestión, o que constituyan un impedimento para realizar las labores que les correspondan.

• La exigencia de este tipo de requisitos tiene por efecto estigmatizar a aquellas personas que deseen participar prestando sus servicios en el sector público, al exigir que no cuenten con ningún tipo de infracciones a las leyes penales, por más insignificantes que éstas sean, lo cual atenta contra los derechos humanos reconocidos en el parámetro de regularidad constitucional.

Escrutinio estricto de los requisitos impugnados:

• Las normas impugnadas no cumplen con el primer nivel de escrutinio, en virtud de que no existe una justificación constitucionalmente imperiosa para exigir que las personas no hayan sido condenadas por delitos intencionales o que ameriten pena privativa de prisión por más de un año, o de aquellos que lesionen su buena fama, para fungir como titular de las subdirecciones regionales, secretario general de Acuerdos y del Pleno, secretario general de Acuerdos de las Salas Regionales, secretario de Acuerdos, secretario instructor, secretario de Causas, secretario proyectista o actuario, secretario de estudio y cuenta y secretario auxiliar, auxiliar de la Administración de Justicia, así como titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura.

• En esos términos, si la conclusión del primer punto de examen es que la disposición impugnada no persigue un fin constitucionalmente imperioso, resulta claro que tampoco puede afirmarse que se encuentra conectada con el logro de objetivo constitucional alguno y mucho menos que se trata de la medida menos restrictiva posible.

• Adicionalmente, señala que las disposiciones impugnadas contravienen el principio de reinserción social, ya que la fracción impugnada refiere a no haber sido condenado por delito intencional o que amerite una pena de prisión por determinada temporalidad o lesionen la buena fama, las cuales tienen como consecuencia que las personas que han sido sentenciadas por esos supuestos queden impedidas para acceder a los referidos cargos públicos en el Poder Judicial del Estado de Chiapas, incluso, en el caso de que los delitos de los que se trata no se relacionen con la función a desempeñar.

Ver argumento 3

Apartado A: Se desarrolla el parámetro constitucional en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

Apartado B: Inconstitucionalidad de las normas impugnadas.

• Los títulos impugnados vulneran el derecho fundamental de seguridad jurídica y el principio de legalidad ya que varían los supuestos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos pertenecientes al Poder Judicial Local, así como las sanciones y el procedimiento correspondiente que ya se encuentran contenidas en la ley marco.

• Tal circunstancia distorsiona y resulta contraria a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y, por ende, a lo que señala la propia Constitución Federal en el diseño del sistema de sanciones y régimen competencial en tal materia, ocasionando que los sujetos a los que se dirige la norma no tengan certeza de cuáles serán las normas aplicables si es que incurren en las conductas sancionables, así como el procedimiento conducente, pues existen dos parámetros distintos para su determinación.

• Así, la regulación local emitida en materia de faltas administrativas en que pueden incurrir los servidores públicos que prestan su servicio al Poder Judicial Local contradice el sistema constitucional regulado por la ley general de la materia.

• Resulta evidente que el legislador chiapaneco no se ajustó al parámetro previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas respecto a las conductas calificadas como faltas no graves y graves, pues, tal como se apuntó, distorsiona y se contrapone a lo dispuesto por la ley marco, la cual es la única que, por mandato constitucional, puede determinar los actos que se consideraran faltas administrativas y a los cuales deben ajustarse las normas locales.

Cuestiones relativas a los efectos:

• La Comisión accionante solicita que, de ser tildados de inconstitucionales los preceptos combatidos, se extiendan los efectos a todas aquellas normas que estén relacionadas.

9. QUINTO.—Rendición de informes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo Local. Mediante sendos escritos recibidos el once y veintitrés de noviembre de dos mil veinte,(3) respectivamente, el Poder Legislativo de Chiapas, a través del presidente de su Mesa Directiva;(4) y el Poder Ejecutivo de la entidad, por conducto de la subconsejera jurídica de lo Contencioso de la Consejería Jurídica de dicha entidad federativa,(5) rindieron sus informes en el sentido de sostener la validez de los decretos impugnados. Dichos informes, en esencia, se respondieron en los siguientes términos:

Informe del Poder Ejecutivo Local

Causas de improcedencia:

- Extemporaneidad en la presentación de la demanda

• Como causal de improcedencia hizo valer la contenida en la fracción VII del artículo 19, en relación con el artículo 21, fracción II, y 60 de la ley reglamentaria de la materia. Lo anterior, al estimar que la demanda se presentó fuera de los plazos previstos, pues sostuvo que los artículos y disposiciones del Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas vigente que impugna la demandante no constituyen un nuevo acto legislativo para efectos del presente control de constitucionalidad.

• Señaló que conforme al criterio de este Tribunal Pleno al resolverse la acción de inconstitucionalidad 28/2015, no cualquier modificación puede provocar la procedencia de la acción de inconstitucionalidad, sino que, una vez agotadas las fases del procedimiento legislativo, la modificación, necesariamente, debe producir un impacto en el mundo jurídico. En este sentido también quedarían excluidas aquellas reformas de tipo metodológico que derivan propiamente de la técnica legislativa, en la que por cuestiones formales deban ajustarse la ubicación de los textos, o en su defecto, los cambios de nombres de ciertos entes, dependencias y organismos, por ejemplo. • Para demostrar su dicho, añadió un cuadro comparativo entre los artículos y disposiciones impugnadas del Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas vigente y los del Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas abrogado.

• De lo anterior, concluyó que mientras algunas disposiciones de las impugnadas se reprodujeron exactamente con el mismo contenido de las abrogadas, en las demás, únicamente se hicieron cambios de palabras o cuestiones menores propias de la técnica legislativa, respecto de sus similares del código de organización abrogado; lo que denota que no existen cambios que afecten la esencia de la institución jurídica que se relacione con el cambio normativo al que fue sujeto. Finalmente, manifestó que el legislador local, nunca tuvo la intención de alterar la sustancia y contenido de los artículos y disposiciones combatidas en el presente medio de control constitucional.

Contestación al primer concepto de invalidez:

• Manifestó que el concepto de invalidez resulta infundado, pues el artículos 1, segundo párrafo; y el 79, en la porción normativa "supletoriamente el Código Nacional de Procedimientos Penales", ambos del Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas, no vulneran el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad.

• Se explica que el Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas, es el equivalente a una ley orgánica, entendida ésta como el medio jurídico por el cual se crea, organiza y determinan objetivos y competencias a una entidad pública, así como su integración y funcionamiento, ya sea respecto de toda una rama del poder público, o bien, de tan sólo un organismo.

• Bajo esa línea argumentativa, resulta lógico que, derivado de las funciones que llevan a cabo los servidores públicos del Poder Judicial Federal, se pueden suscitar diversas circunstancias que repercutan en distintas áreas del derecho (responsabilidad política, penal, administrativa y civil).

• Por consiguiente, atendiendo a la simple lógica, resultaría imposible y poco viable, que el Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas, reproduzca el contenido de las normas aplicables ya sea en materia penal, civil o administrativa, para encausar las circunstancias que surgieran al terreno que resulte procedente.

• Además, la figura de la supletoriedad de normas no implica una relación de subordinación jerárquica entre ellas, sino que obedece al principio de especialidad de la norma, que estriba en que, cuando una misma materia está regulada por dos leyes o disposiciones de ley, la legislación o la disposición especial será la aplicable: lex specialis derogat legi generali en aras de que tutelar el derecho humano a la seguridad jurídica. Con base en el principio de especialidad aludido, es que resulta pertinente contemplar la supletoriedad de diversos ordenamientos; para regular eficazmente las hipótesis que pudieran derivarse del actuar de los servidores públicos que pertenecen al Poder Judicial del Estado de Chiapas.

• Existen muchos procedimientos de responsabilidad administrativa de funcionarios judiciales que aún se encuentran pendientes de resolver, y por ello, es necesario seguir contemplando al Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas como una norma supletoria en el Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas; lo cual incluso es acorde con el propio artículo tercero transitorio del decreto mediante el cual se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales.

• Es infundado entonces lo planteado por la accionante, dado que no existe impedimento legal para que la legislación local pueda establecer la supletoriedad de leyes que son de observancia directa en toda la Nación, máxime que las leyes se relacionan con las actividades que desempeñan los servidores públicos que pertenecen al Poder Judicial del Estado de Chiapas, con base en el principio de especialidad de la norma.

Contestación al segundo concepto de invalidez:

1. Requisito de ser mexicano por nacimiento. Refirió que el requisito consistente en ser mexicano por nacimiento para ocupar determinados cargos públicos encuentra sustento constitucional en el artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Para sostener su dicho, hizo una referencia histórica, tradicional y teleológica del precepto constitucional citado.

• Añadió que, en el texto original del artículo 32 constitucional, se exigía ser mexicano de nacimiento para pertenecer a la Marina Nacional de Guerra, así como para ser capitán, piloto, patrón y primer maquinista de los buques mercantes mexicanos; con la primera reforma se amplió el catálogo de cargos para todo el personal que tripulase cualquier embarcación que se ampare con la bandera mercante mexicana, incorporando también el de capitán de puerto y todos los servicios de practicaje, así como las funciones de agente aduanal en la República; y finalmente, a raíz de la segunda reforma, antecesora del texto vigente, se incluyó el requisito en cuestión para pertenecer a la Fuerza Aérea.

• Señaló que para conocer lo que tienen en común los cargos y funciones que exigen ser mexicano por nacimiento para desempeñarlos, se debe realizar una interpretación teleológica del artículo 32 constitucional, por lo que resulta necesario remontarse a la exposición de motivos que dio origen a la reforma de veinte de marzo de mil novecientos noventa y siete.

• Agregó que bajo ese escenario, el texto vigente del precepto constitucional que nos encontramos analizando, dispuso una regla general consistente en que el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la Constitución Federal, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad, aclarando que la reserva se extiende a las leyes que expida el Congreso de la Unión; y dos reglas especiales, una relativa a las fuerzas armadas y corporaciones policiacas, y la otra a la aeronáutica civil.

• Refirió que de la interpretación histórica, tradicional y teleológica del artículo 32 constitucional vigente, se desprende que tanto la regla general como las especiales, obedecen a la razón de que el desempeño de ciertos cargos o puestos públicos, por su naturaleza, de alguna manera pueden poner en riesgo la soberanía y lealtad nacionales, de tal suerte, debe existir la plena certeza de que los titulares se encuentren libres de cualquier posibilidad de vínculo jurídico o sumisión hacia otros países.

• Concluyó que el Constituyente Permanente, según se observa de los artículos 95, fracción I y 116, fracción III, consideró que la impartición de justicia en la Federación y en las entidades federativas, es una actividad de suma relevancia para el Estado, que por su naturaleza puede poner en riesgo la soberanía y lealtad nacionales, por ende, dispuso que tanto los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Magistrados de los Poderes Judiciales Locales, fuesen mexicanos por nacimiento.

2. Reserva exclusiva de cargos públicos. Refirió que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1497/2005, que sirvió de antecedente para establecer la jurisprudencia 1a./J. 122/2007, de rubro: "FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN.", retomó y analizó la distinción entre la reserva de ley absoluta y la relativa. Añadió que el artículo 116, fracción III, en relación con el 95, fracción I, de la Constitución General, componen el fundamento constitucional para exigir el requisito de ser mexicano por nacimiento dentro de los Poderes Judiciales de las entidades federativas.

• Expresó que resultaba evidente que la reserva constitucional consistente en ser mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad para ocupar un cargo dentro de los Poderes Judiciales Locales, es relativa. Mencionó que el requisito de ser mexicano por nacimiento exigido para los Magistrados de los Poderes Judiciales Locales, descansa bajo el principio constitucional de "previsión de los requisitos necesarios para ocupar el cargo" y bajo la garantía constitucional de "idoneidad en la designación de los Jueces y Magistrados", mismos que son aplicables a todos los recursos humanos especializados en las áreas que demande la administración e impartición de justicia, que hacen materialmente posible la función jurisdiccional.

• Concluyó que la reserva constitucional relativa, implica una restricción constitucional expresa al derecho a ocupar un cargo público que no puede someterse a un control de regularidad a través de un escrutinio estricto; de modo que el referido artículo impugnado es constitucional.

3. Requisito de no haber sido sentenciado por delito que amerite pena privativa de libertad de más de un año de libertad. Sostuvo que el legislador local al contemplar este requisito, únicamente desarrolla la reserva constitucional relativa establecida en la fracción III del artículo 116 de la Ley Fundamental, que al efecto señala que "los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de la Constitución"; por eso, es muy particular que la redacción de las fracciones impugnadas, es casi idéntico a la de la fracción IV del artículo 95 constitucional.

• Agregó que, la libertad de trabajo prevista en el artículo 5o., primer párrafo, de la Constitución Federal no es absoluta, irrestricta e ilimitada, sino que, con base en los principios fundamentales que deben atenderse, su ejercicio se condiciona a la satisfacción de los siguientes presupuestos: a) que no se trate de una actividad ilícita; b) que no se afecten derechos de terceros; y, c) que no se afecten derechos de la sociedad en general.

• En esa línea, manifestó que de realizarse dicha actividad sin contar con dicho requisito, se vulnerarían derechos de terceros (derecho a la integridad y seguridad personal), puesto que n

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31559-0634dcd4/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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