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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL DE CARÁCTER FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS VIOLA DERECHOS HUMANOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LAS NORMAS IMPUGNADAS, AL HABER SIDO REFORMADAS POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 100, FRACCIÓN I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO", DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE HIDALGO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 191-LXVI, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICINCO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 151/2024. · Registro digital (IUS): 33630
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-09-12
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Septiembre de 2025, Tomo II, Volumen 2, Pág.1135.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 151/2024. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 14 DE MAYO DE 2025. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LORETTA ORTIZ AHLF. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, EN SU AUSENCIA HIZO SUYO EL ASUNTO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: GUILLERMO PABLO LÓPEZ ANDRADE.

ÍNDICE TEMÁTICO

HECHOS: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reclama la invalidez del artículo 100, fracción I, en la porción normativa “por nacimiento” de la Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo, reformada mediante Decreto No. 1023, publicado el veinte de agosto de dos mil veinticuatro, en el Periódico Oficial del Gobierno de esa entidad federativa.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al catorce de mayo de dos mil veinticinco emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 151/2024, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra del artículo 100, fracción I, en la porción normativa “por nacimiento” de la Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo, reformada mediante Decreto No. 1023, publicado el veinte de agosto de dos mil veinticuatro, en el Periódico Oficial del Gobierno de esa entidad federativa.

I. ANTECEDENTES

1. 1.1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dieciocho de septiembre de dos mil veinticuatro en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, María del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad, en la que demandó la invalidez del artículo 100, fracción I, en la porción normativa “por nacimiento” de la Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo,(1) reformada mediante Decreto No. 1023, publicado el veinte de agosto de dos mil veinticuatro, en el Periódico Oficial del Gobierno de esa entidad federativa.

2. 1.2. Artículos constitucionales e instrumentos internacionales que se estiman violados. La accionante estima que, con la expedición de la norma general impugnada, fueron transgredidos los siguientes preceptos de orden constitucional y convencional:

Ver preceptos

3. 1.3. Conceptos de invalidez. En su único concepto de invalidez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos argumentó, en esencia, lo siguiente:

• El artículo 100, fracción I, en la porción normativa impugnada, de la Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo dispone que para acceder a la titularidad de la Dirección General del Archivo hidalguense se requiere la calidad mexicana por nacimiento. Sin embargo, la Norma Fundamental establece que el Congreso de la Unión es el único ente legitimado para reservar determinados cargos a las personas mexicanas por nacimiento. Por tanto, el Congreso Local se encuentra inhabilitado constitucionalmente para exigir dicha calidad para acceder a cualquier cargo público en el orden local. En consecuencia, al emitir la disposición impugnada transgredió el derecho fundamental de seguridad jurídica y el principio de legalidad.

• La Constitución, en su artículo 30, establece las formas en las que se podrá adquirir la nacionalidad mexicana, las cuales son por nacimiento y por naturalización. Así, son mexicanas por nacimiento las personas nacidas en el territorio nacional o a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas (ius soli), y las hijas y/o hijos de padre o madre mexicanos (ius sanguinis). Sin embargo, el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional al artículo 30, fracción II, de la Norma Fundamental, en la que el poder reformador de la Constitución amplió el margen de reconocimiento de mexicanos por nacimiento, pues determinó que serán reconocidas todas las personas que nazcan en el extranjero y que sean hijas de madre o padre mexicanos, independientemente de si estos últimos nacieron o no en territorio nacional. Por otro lado, la nacionalidad por naturalización es adquirida de manera voluntaria por la persona, cumpliendo los requisitos que el propio Estado establece. En México, son mexicanas por naturalización las personas extranjeras que obtengan carta de naturalización expedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como aquella extranjera que contraiga matrimonio con mujer u hombre mexicano.

• En este sentido, y conforme al artículo 34 constitucional, gozan de la ciudadanía las personas que tienen la nacionalidad mexicana, ya sea adquirida por nacimiento o naturalización, que hayan cumplido 18 años y tengan un modo honesto de vivir. Lo anterior significa que las personas ciudadanas mexicanas por naturalización, al igual que aquellas que obtuvieron su nacionalidad por nacimiento, tienen todos los derechos y obligaciones que establece la Constitución Federal, incluyendo el de poder ser nombradas para cualquier empleo o comisión del servicio público, que no esté reservado constitucionalmente o por leyes del Congreso de la Unión para las personas mexicanas por nacimiento exclusivamente.

• La Constitución Federal, en su artículo 32, señala que habrá cargos y funciones para los que se requiere la calidad de mexicano por nacimiento, restricción que sólo será aplicable cuando por disposición expresa de la Norma Fundamental así se establezca dicha reserva, así como los casos que señalen otras leyes del Congreso de la Unión. Así, es dable sostener que el legislador federal es la única autoridad facultada para establecer ciertos cargos y funciones que requieren la nacionalidad mexicana por nacimiento. Lo anterior, pues como se advierte del procedimiento de reforma al artículo 32 constitucional, la razón o los fines que tuvo en cuenta el órgano reformador para exigir un requisito de nacionalidad por nacimiento para determinados cargos deriva de que el ejercicio de éstos se relaciona con los intereses o el destino político de la Nación, las áreas estratégicas o prioritarias del Estado, o bien, con la seguridad y defensa nacional. Esto es, se trata de cargos y funciones ligados a conceptos de lealtad, identidad o soberanía nacional respecto de los que debe evitarse toda suspicacia acerca de compromisos con Estados extranjeros.

• Este Alto Tribunal ha señalado que las legislaturas locales no están habilitadas para regular los supuestos en los que se limite el acceso a cargos públicos a las personas mexicanas por nacimiento en las entidades federativas. Al respecto, ha establecido que las legislaturas de los Estados no pueden exigir la nacionalidad mexicana por nacimiento para ocupar cargos públicos, ya que, derivado de la interpretación sistemática del artículo 1° de la Constitución, en relación con el artículo 32 de la misma, se desprende que la Constitución Federal reservó a la Federación y sus funcionarios todo lo relacionado con la dimensión externa de la soberanía. Por lo tanto, este Pleno sostuvo que, según nuestro orden constitucional, corresponde a la Federación determinar los cargos para los cuales se requiere ser mexicano por nacimiento, y no a las entidades federativas, que no tienen la facultad de realizar actos encaminados a tal fin. En consecuencia, esta Suprema Corte concluyó que corresponde a la Federación definir los cargos públicos en los que se deba cumplir con el requisito de nacionalidad mexicana por nacimiento, y que las entidades federativas no pueden, en ningún caso, establecer este requisito para acceder a cargos distintos a los previstos por la Constitución Federal (acción de inconstitucionalidad 93/2018).

• Por ende, los órganos legislativos locales que establezcan el requisito de contar con la nacionalidad mexicana por nacimiento para el desempeño de cargos públicos actúan sin sustento constitucional, pues no están facultados para ello en términos del segundo párrafo del artículo 32 constitucional, el cual solo menciona al Congreso de la Unión cuando refiere que existen cargos públicos para cuyo ejercicio es necesaria la nacionalidad mexicana por nacimiento, con lo que excluyó a los congresos locales, criterio que ha sido sostenido por el Pleno de este Alto Tribunal al resolver diversas acciones de inconstitucionalidad.

• Finalmente, la porción normativa impugnada también resulta incompatible con el bloque de constitucionalidad mexicano por no permitir a las personas mexicanas por naturalización que accedan a la titularidad de la Dirección General del Archivo General hidalguense en igualdad de condiciones a las connacionales que adquirieron la nacionalidad por nacimiento, porque ello podría considerarse una distinción discriminatoria para el acceso a esos empleos públicos, contrarias al principio de igualdad y no discriminación.

4. 1.4. Registro y turno. Mediante proveído de veinte de septiembre de dos mil veinticuatro, la Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad con el número 151/2024; y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

5. 1.5. Admisión. Por auto de treinta de septiembre de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Hidalgo, para que rindieran sus respectivos informes.

6. 1.6. Informe del Poder Ejecutivo. Mediante escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil veinticuatro, el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, a través de su Coordinador General Jurídico, Raúl Serret Lara, rindió informe en el cual, en esencia, señaló que efectivamente promulgó y ordenó la impresión, publicación y circulación del Decreto que contiene la norma combatida.

7. 1.7. Informe del Poder Legislativo. Mediante escrito presentado el seis de noviembre de dos mil veinticuatro, el Congreso del Estado de Hidalgo, a través de sus representantes legales, Eduardo López Palma y Zayda Berenice Meneses Meneses, rindió informe en el cual argumentó, en esencia, lo siguiente:

INFORME PODER LEGISLATIVO

• Es cierto que el artículo 100 de la Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo establece los requisitos que deben satisfacerse para ser Director General del Archivo General del Estado, disponiendo en la fracción I ser mexicano por nacimiento. Sin embargo, la disposición combatida de ningún modo tiene un efecto de contravenir el bloque de constitucionalidad y la esfera competencial del Congreso de la Unión, sino que el Congreso de Hidalgo legisló en lo local, atentos a que la Constitución Federal, en sus artículos 40 y 41, establece un régimen federal que otorga autonomía a los Estados en todo lo concerniente a su régimen interior, siendo la única limitación las estipulaciones y reglas mínimas del pacto federal y lo que se encuentre reservado expresamente para la Federación, en términos del artículo 124 constitucional.

• El legislador hidalguense, al reformar el artículo 100, fracción I de la Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo no está legislando en materia de nacionalidad, sino estableciendo un requisito relacionado con la misma para ocupar un cargo. Al respecto, el artículo 32 constitucional no contiene una cláusula de exclusividad legislativa, por lo que se debe de reconocer la competencia de la legislatura del Estado para prever en la norma el requisito citado, en virtud de que todo lo no reservado a la Federación de manera exclusiva se entiende conferido a los Estados.

• La exigencia legal impuesta a la persona titular de la Dirección General del Archivo General del Estado de ser de origen mexicano no constituye una regulación exclusiva del Congreso de la Unión, sino que responde al ejercicio de la libertad de configuración legislativa de los Estados. Este requisito es legítimo, necesario y proporcional, pues se justifica en la necesidad de asegurar que la imparcialidad y la identidad nacional no se pierdan ni puedan ser renunciadas. Además, garantiza el compromiso del titular del Archivo con su Estado y su país. Dado que este cargo implica la responsabilidad de resguardar todos y cada uno de los archivos públicos de la entidad, cuya magnitud e importancia para el Estado y la Nación lo hacen fundamental, es imprescindible que su titular sea mexicano.

8. 1.8. Alegatos. Mediante escrito recibido el veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro, la Delegada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos formuló alegatos en los que argumentó que resultan infundados e inoperantes los argumentos hechos valer por los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Hidalgo, en sus respectivos informes.

9. 1.9.- Cierre de instrucción. Mediante proveído de nueve de diciembre de dos mil veinticuatro, el Ministro Instructor ordenó el cierre de la instrucción.

II. COMPETENCIA

10. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución General,(2) 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) y Puntos Segundo, fracción II, y Tercero, del Acuerdo General 1/2023 del Tribunal Pleno. Lo anterior, ya que se plantea el sobreseimiento de la acción de inconstitucionalidad, motivo por el que se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

III. PRECISIÓN DE LAS NORMAS GENERALES RECLAMADAS

11. La acción planteada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se dirige a cuestionar la Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo, específicamente el artículo 100, fracción I, en la porción normativa “por nacimiento”:

Artículo 100. El Director General del Archivo General del Estado será nombrado por el Gobernador del Estado y deberá cubrir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; [...]

12. Luego, se tiene por impugnada la referida porción normativa del artículo 100, fracción I, de la Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo.

IV.- OPORTUNIDAD

13. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, Ley Reglamentaria) prevé que: a) el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del siguiente a aquel en que se publique la norma impugnada en el correspondiente medio oficial; y, b) para efectos del cómputo del plazo aludido, no se deben excluir los días inhábiles, en la inteligencia de que si el último día del plazo es inhábil, la demanda se podrá presentar al primer día hábil siguiente.(4)

14. En el caso, el Decreto impugnado se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veinte de agosto de dos mil veinticuatro, por lo que el plazo de treinta días naturales para promover la presente acción transcurrió del miércoles veintiuno de agosto al jueves diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro.

15. Por ello, si la demanda se presentó en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el miércoles dieciocho de septiembre de dos mil veinticuatro,(5) su presentación fue oportuna.

V. LEGITIMACIÓN.

16. De conformidad con el primer párrafo del artículo 11 de la Ley Reglamentaria,(6) en relación con el artículo 59 del mismo ordenamiento, la demandante debe de comparecer por conducto del funcionario que esté facultado para representarla.

17. En el caso, la acción de inconstitucionalidad fue promovida por María del Rosario Piedra Ibarra, quien actúa en representación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y, acreditó su personalidad con copia certificada del acuerdo de designación de doce de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por el Senado de la República.

18. Ahora bien, el artículo 105, fracción II, inciso g) de la Carta Magna, dispone que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales, que vulneren los derechos protegidos en la Constitución Federal o en los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

19. Bajo esa premisa, si la demanda fue presentada por María del Rosario Piedra Ibarra, quien en virtud de su carácter de Presidenta, se encuentra legitimada para interponerla en representación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;(7) y, además, impugna normas generales de carácter local que, en su opinión, vulneran el derecho a la seguridad jurídica, el principio de legalidad, así como el derecho a la no discriminación, se concluye que la acción de inconstitucionalidad fue interpuesta por parte legitimada.

20. Por lo anterior, se estima que, en el caso concreto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos está legitimada para promover la presente acción de inconstitucionalidad.

VI. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

21. Las autoridades emisora y promulgadora de las normas generales impugnadas, al rendir sus respectivos informes, no hicieron valer causales de improcedencia.(8)

22. Sin embargo, esta Primera Sala, de conformidad con lo previsto en los artículos 19, fracción V,(9) 20, fracción II,(10) y 65(11) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, confirma que en el caso ha sobrevenido una causa de improcedencia que hace procedente el sobreseimiento en la presente acción de inconstitucionalidad.

23. En efecto, la fracción I del artículo 100 de la Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo que contiene la hipótesis normativa impugnada en este asunto fue reformada mediante Decreto número 191-LXVI de veintiocho de enero de dos mil veinticinco- El contenido del citado Decreto es el siguiente:

[...]

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la denominación del Capítulo III del Título Sexto; así como el primer párrafo, la fracción I, el segundo párrafo y el tercer párrafo del artículo 100 de la Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo, a fin de quedar como sigue:

CAPÍTULO III DE LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Artículo 100. La persona titular de la Dirección General del Archivo General del Estado será nombrada por el Gobernador o Gobernadora del Estado y deberá cubrir los siguientes requisitos:

I. Contar con ciudadanía mexicana;

II a IV...

Durante su gestión, la persona titular de la Dirección General no podrá desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos que puede desempeñar en las instituciones docentes, científicas o de beneficencia, siempre que sean compatibles con sus horarios, responsabilidades y actividades dentro del Archivo General del Estado. Para el adecuado ejercicio de sus funciones, la persona titular de la Dirección General contará con aquellas facultades establecidas en la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo y en el estatuto orgánico del Archivo General del Estado.

TRANSITORIO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.

[...]

24. Como es posible advertir, la fracción I impugnada en la presente acción de inconstitucionalidad fue reformulada. Ello se aprecia con mayor claridad a partir del siguiente cuadro comparativo que contrasta el texto del precepto relativo cuando fue impugnado con el ahora vigente:

Ver cuadro comparativo

25. De la anterior comparativa, resulta claro que la hipótesis contenida en la fracción I del artículo impugnado ya no está considerada en el texto vigente del precepto. Para ello, también resulta relevante tomar en consideración que el Decreto de reforma de mérito contiene un solo transitorio, que dispone su entrada en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que no existe duda alguna de que, a la fecha, las hipótesis normativas cuestionadas han sido expulsadas del sistema jurídico local.(12)

26. Luego, es posible estimar que han cesado los efectos de la hipótesis normativa específicamente impugnada en esta acción de inconstitucionalidad; esto es, ha perdido su vigencia con motivo de un proceso legislativo que explícitamente la deroga.

27. A propósito de ello, como ya fue referido, el artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su fracción V que dicho supuesto actualiza una causal de improcedencia;(13) lo que es aplicable también a las acciones de inconstitucionalidad por virtud del artículo 65 del propio ordenamiento.

28. En esa virtud, procede el sobreseimiento del asunto, en términos de lo previsto en el artículo 20, fracción II, de dicha ley.(14)

29. Por lo antes expuesto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:

PRIMERO. Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad.

SEGUNDO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de las señoras Ministras y los señores Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Presidenta Loretta Ortiz Ahlf. Estuvo ausente el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo (Ponente), por lo que hizo suyo el asunto el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Firman la Ministra Presidenta de la Primera Sala y el Ministro Ponente, con el Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

________________

1. Artículo 100. El Director General del Archivo General del Estado será nombrado por el Gobernador del Estado y deberá cubrir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; [...]

2. Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: (...)

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: (...)

g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas;

3. Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá funcionando en Pleno: (...)

I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (...).

Dicho dispositivo se encuentra vigente de conformidad con lo establecido en el artículo tercero transitorio de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.

4. Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles.

5. Ello se advierte del sello estampado en la primera hoja de la demanda de acción de inconstitucionalidad. Expediente electrónico de la acción de inconstitucionalidad 151/2024.

6. Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado, deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

En las controversias constitucionales no se admitirá ninguna forma diversa de representación a la prevista en el párrafo anterior; sin embargo, por medio de oficio podrán acreditarse delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos será representado por el secretario de estado, por el jefe del departamento administrativo o por el Consejero Jurídico del Gobierno, conforme lo determine el propio Presidente, y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley. El acreditamiento de la personalidad de estos servidores públicos y su suplencia se harán en los términos previstos en las leyes o reglamentos interiores que correspondan.

7. Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Artículo 15.- El Presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I.- Ejercer la representación legal de la Comisión Nacional;

(...)

XI. Promover las acciones de inconstitucionalidad, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, y

(...).

8. No pasa desapercibido que, en su informe, el Ejecutivo local, sin expresamente señalar que se hace valer una causa de improcedencia, argumenta que se limitó a dar cumplimiento a sus facultades constitucionales, promulgando el Decreto que le fue enviado por el Congreso local. Sin embargo, más allá de que dicho argumento se plantea más bien como un planteamiento de fondo (no como una causal de improcedencia propiamente dicha), lo cierto es que, en cualquier caso, ello no hace improcedente la acción de inconstitucionalidad por cuando a dicha autoridad ejecutiva se refiere, dado que es criterio de este Alto Tribunal, que al tener injerencia en el proceso legislativo de las normas generales para otorgarle plena validez y eficacia, el Poder Ejecutivo Local se encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma impugnada en la acción de inconstitucionalidad, por lo que debe responder por la conformidad de sus actos frente a la Constitución General de la República.

9. “Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

[...]

V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia;

[...]

IX. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta Ley. En todo caso, las causales de improcedencia deberán examinarse de oficio.”

“Artículo 65. En las acciones de inconstitucionalidad, el ministro instructor de acuerdo al artículo 25, podrá aplicar las causales de improcedencia establecidas en el artículo 19 de esta ley, con excepción de su fracción II respecto de leyes electorales, así como las causales de sobreseimiento a que se refieren las fracciones II y III del artículo 20.”

10. “Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:

[...]

II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;”

11. “Artículo 65.- En las acciones de inconstitucionalidad, el ministro instructor de acuerdo al artículo 25, podrá aplicar las causales de improcedencia establecidas en el artículo 19 de esta ley, con excepción de su fracción II respecto de leyes electorales, así como las causales de sobreseimiento a que se refieren las fracciones II y III del artículo 20.

La causales previstas en las fracciones III y IV del artículo 19 sólo podrán aplicarse cuando los supuestos contemplados en éstas se presenten respecto de otra acción de inconstitucionalidad.”

12. A propósito de ello, es importante considerar el siguiente criterio: Semanario Judicial de la Federación, 1a. XLVIII/2006, Novena Época, Tomo XXIII, marzo de 2006, página 1412, registro 175709, de rubro y texto: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA ESTIMAR ACTUALIZADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CUANDO ÉSTA HA SIDO REFORMADA O SUSTITUIDA POR OTRA, DEBE ANALIZARSE EL DERECHO TRANSITORIO QUE RIGE LA REFORMA. La acción de inconstitucionalidad resulta improcedente y, por ende, debe sobreseerse por actualización de la causa de improcedencia prevista en los artículos 19, fracción V, y 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por cesación de efectos de las normas generales impugnadas, cuando éstas hayan sido reformadas o sustituidas por otras. Ahora bien, para estimar actualizada esta causa de improcedencia, debe analizarse el derecho transitorio que rige la reforma, a efecto de establecer, indubitablemente, que la norma anterior fue plenamente sustituida por la nueva

13. Tratándose de controversias constitucionales.

14. Resulta aplicable a esta decisión, la siguiente jurisprudencia: P./J. 24/2005, Novena Época, Tomo XXI, mayo de 2005, página 782, registro 178565, de rubro y texto: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CUANDO ÉSTA HA SIDO REFORMADA O SUSTITUIDA POR OTRA. La acción de inconstitucionalidad resulta improcedente y, por ende, debe sobreseerse por actualización de l

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33630-ea66416f/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-persona-que-presida · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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