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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS TIENEN DERECHO A LA CONSULTA EN FORMA PREVIA, CULTURALMENTE ADECUADA A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES O AUTORIDADES TRADICIONALES, INFORMADA Y DE BUENA FE, CUANDO LAS AUTORIDADES LEGISLATIVAS PRETENDAN EMITIR UNA NORMA GENERAL O ADOPTAR UNA ACCIÓN O MEDIDA SUSCEPTIBLE DE AFECTAR SUS DERECHOS O INTERESES. IV. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS TIENEN DERECHO A SER CONSULTADOS PREVIAMENTE A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES ANTE MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE PUEDAN AFECTARLOS DIRECTAMENTE. V. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. CARACTERÍSTICAS Y FASES QUE DEBE OBSERVAR EL LEGISLADOR EN LOS PROCEDIMIENTOS ENCAMINADOS A CUMPLIR ESTE DERECHO. VI. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. PARA EFECTO DE DETERMINAR LA INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL POR VULNERAR ESE DERECHO, NO ES RELEVANTE SI LA MEDIDA BENEFICIA A LAS COMUNIDADES O PUEBLOS A JUICIO DEL LEGISLADOR. VII. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. LAS LEGISLATURAS LOCALES TIENEN EL DEBER DE PREVER UNA FASE ADICIONAL EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE LAS LEYES PARA CONSULTAR A LOS REPRESENTANTES DE ESE SECTOR DE LA POBLACIÓN, CUANDO SE TRATE DE MEDIDAS LEGISLATIVAS SUSCEPTIBLES DE AFECTARLES DIRECTAMENTE. VIII. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. LA EXPEDICIÓN DE LA LEY DE DERECHOS DE LAS PERSONAS, PUEBLOS, COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, ES SUSCEPTIBLE DE AFECTAR A DICHAS COMUNIDADES, POR LO QUE DEBE ESTAR PRECEDIDA DE LA CONSULTA [INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 2620 POR EL QUE SE EXPIDIÓ LA LEY DE DERECHOS DE LAS PERSONAS, PUEBLOS, COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PUBLICADO EL DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA ENTIDAD NÚMERO 48 (EXTRAORDINARIO)]. IX. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. EL HECHO DE QUE NO SE HAYAN APORTADO ELEMENTOS SUFICIENTES POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS PARA COMPROBAR QUE LA CONSULTA CUMPLIÓ CON LAS FASES O ETAPAS REQUERIDAS Y CON LOS ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN COLMARSE EN CADA UNA, TIENE COMO CONSECUENCIA LA INVALIDEZ DEL DECRETO IMPUGNADO [INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 2620 POR EL QUE SE EXPIDIÓ LA LEY DE DERECHOS DE LAS PERSONAS, PUEBLOS, COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PUBLICADO EL DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA ENTIDAD NÚMERO 48 (EXTRAORDINARIO)]. X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS, CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE PRIVE A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS, DE LOS POSIBLES EFECTOS BENÉFICOS DE LA NORMA INVALIDADA [INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 2620 POR EL QUE SE EXPIDIÓ LA LEY DE DERECHOS DE LAS PERSONAS, PUEBLOS, COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PUBLICADO EL DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA ENTIDAD NÚMERO 48 (EXTRAORDINARIO)]. XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA QUE VINCULA AL LEGISLADOR A DESARROLLAR LAS CONSULTAS RESPECTIVAS EN UN PLAZO DE DOCE MESES, Y A EMITIR LA LEGISLACIÓN CORRESPONDIENTE [INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 2620 POR EL QUE SE EXPIDIÓ LA LEY DE DERECHOS DE LAS PERSONAS, PUEBLOS, COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PUBLICADO EL DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA ENTIDAD NÚMERO 48 (EXTRAORDINARIO)].

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 132/2022. · Registro digital (IUS): 32505
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-06-07
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Junio de 2024, Tomo I, Pág.404.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 132/2022. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 23 DE ENERO DE 2024. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: GUILLERMO PABLO LÓPEZ ANDRADE.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reclama la invalidez de la totalidad de la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Baja California Sur, expedida mediante Decreto 2620, publicado el diecisiete de agosto de dos mil veintidós en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur. Adicionalmente, se impugna, en lo particular, el artículo 102, fracción I, en su porción normativa "por nacimiento", y en su fracción II.

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Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintitrés de enero dos mil veinticuatro.

SENTENCIA

1. Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 132/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en contra de la "Ley de Derechos de las Personas, Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Baja California Sur", expedida mediante Decreto 2620, publicado el diecisiete de agosto de dos mil veintidós en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.(1)

I. ANTECEDENTES

2. 1.1. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós,(2) María del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de las siguientes normas generales y autoridades:

Ver normas y autoridades

3. 1.2. ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La accionante, estima que fueron transgredidos los siguientes preceptos de orden constitucional y convencional:

Ver preceptos transgredidos

4. 1.3. CONCEPTO DE INVALIDEZ. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esencialmente, planteó en su demanda, los siguientes argumentos:

PRIMERO.

La Ley de Derechos de las Personas, Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Baja California Sur vulnera el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas reconocido en el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribunales en Países Independientes.

• Se trata de un ordenamiento que, en su integridad, impacta significativamente a dichos pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; pues tiene por objeto reconocer y garantizar los derechos humanos y colectivos del mencionado sector de la población; así como promover el respeto, uso y desarrollo de sus culturas, cosmovisión, conocimientos, lenguas, tradiciones, costumbres; por lo que es innegable que se trata de una legislación que les atañe de forma directa; y, en consecuencia, el Estado tenía la obligación de realizar una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.

• Sin embargo, del análisis del procedimiento legislativo que dio origen al ordenamiento en mención, se advierte que no se llevó a cabo una consulta que cumpliera con los parámetros referidos.

A. CONTEXTO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS EN BAJA CALIFORNIA SUR.

• Se exponen datos obtenidos por el INEGI,(4) de los que concluye que, en Baja California Sur, existe una importante presencia de población indígena y afromexicana:

• Población de 3 años y más hablante de lengua indígena en Baja California Sur es de 13,581; lo que representa el 1.74 % del total de su población (Censo de Población y Vivienda 2020).

• En la entidad se hablan principalmente cuatro lenguas indígenas, las cuales son: el náhuatl (3,650 hablantes), mixteco (2,907 habitantes); el zapoteco (1,296 habitantes) y popoloca (722 habitantes).

• 26,330 habitantes se auto-reconocen como afrodescendientes, lo que corresponde al 3.3 % del total de su población.

B. PARÁMETRO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL.

• Se desarrolla el alcance del derecho a la consulta indígena y afromexicana conforme a estándares nacionales e internacionales; para lo cual, se citan, principalmente, los artículos 1o. y 2o. de la Constitución Federal; así como los diversos 6 y 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, derivándose las obligaciones del Estado mexicano, para:

• Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados; y, en particular, a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

• Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente; por lo menos, en la misma medida en que lo podrían hacer otros sectores de la población, a todos los niveles en la adopción de decisiones, en instituciones electivas, organismos administrativos y de otra índole, que sean responsables de políticas y programas que les conciernan.

• Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos; y, en los casos necesarios, proporcionar los recursos necesarios para este fin.

• Las consultas deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

• Se concluye que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han establecido que los pueblos y comunidades indígenas deben ser consultados siempre que se vean involucrados en alguna decisión estatal susceptible de afectarles; es decir, en aquellos casos en que la actividad del Estado les impacte de manera directa en sus derechos, vida o entorno, lo cual se traduce en una obligación a cargo del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar ese derecho humano.

• Se refieren y desarrollan las características necesarias de la consulta previa en materia indígena:

• Debe ser de carácter previo.

• Debe ser culturalmente adecuada.

• Debe ser informada.

• Debe ser de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo.

• Luego, se explican las fases mínimas de toda consulta indígena:

• Fase preconsultiva.

• Fase informativa.

• Fase de deliberación interna.

• Fase de diálogo.

• Fase de decisión.

•Se destaca que conforme al artículo 6, punto 1, inciso a), del Convenio 169 de la OIT, las legislaturas deben prever una fase adicional en el proceso de creación de leyes para consultar a los representantes de la población indígena, cuando un cambio legislativo pueda afectarlos directamente.

• Se refiere como precedente la controversia constitucional 32/2012, en la que, este Alto Tribunal, determinó que los foros de consulta que en ese caso organizó el Poder Legislativo local, fueron llevados a cabo sin el quorum suficiente y sin cumplir con el objetivo auténtico de consultar a los pueblos indígenas, amén de que dicha consulta no fue realizada con un procedimiento adecuado y de buena fe.

• Se citan otros precedentes, como la acción de inconstitucionalidad 83/2015 y sus acumuladas 86/2015, 91/2015 y 98/2015; las diversas acciones 84/2016, 31/2014; 151/2017, 116/2019 y su acumulada 81/2018, 212/2020 y 136/2020, entre otros asuntos. Se destaca que no es relevante si la medida es benéfica para los pueblos indígenas a juicio del legislador, en tanto que la consulta representa una garantía del derecho a la autodeterminación de estos pueblos y comunidades, por lo que la afectación directa no necesariamente debe tener una connotación negativa.

C. INCONSTITUCIONALIDAD DEL ORDENAMIENTO POR FALTA DE CONSULTA.

• Se reitera que el órgano legislativo local fue omiso en efectuar la consulta indígena conforme a los parámetros mínimos aplicables.

• Se retoma el objeto de la Ley y se analiza su capitulado para demostrar que la consulta era necesaria.

• Se aclara que, en el dictamen del ordenamiento, el Congreso sudcaliforniano asumió y denominó como "proceso de consulta", a las acciones:

• Protocolo de la consulta indígena. Se solicitó al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, asesoría y dicho Instituto proporcionó el Protocolo de Consulta Indígena, para propiciar un dialogo Intercultural con las comunidades indígenas.

• Instrumentación del Protocolo de Consulta. En la implementación del protocolo se inició la elaboración de un diagnóstico inicial, para posteriormente pasar a una fase de talleres de información, para proceder a la consulta, realizando las siguientes actuaciones previas:

• Instalación de un órgano técnico, responsable de dar seguimiento al protocolo de consulta.

• Proceso de implementación del Protocolo de Consulta.

• Señala que en el dictamen se afirmó que el Congreso del Estado de Baja California Sur, llevó a cabo el proceso de consulta cuyas etapas son las siguientes.

• Primera etapa. Se Implementaron los talleres informativos sobre los derechos constitucionales reconocidos; identidad indígena; autonomía y libre determinación; representación política; acceso a la tierra y los recursos naturales; acceso a la justicia; participación de la mujer indígena; consulta y participación; desarrollo de los pueblos indígenas; migrantes; cultura; servicios sociales básicos; salud; educación intercultural y bilingüe; medios de comunicación. Dichas actividades tuvieron lugar en los cinco municipios sudcalifornianos del veintisiete de enero al veinticuatro de febrero de dos mil diecinueve.

• Segunda etapa. Se dejó transcurrir treinta días para un periodo deliberativo, con la finalidad de que los sujetos involucrados analizaran y reflexionaran sobre el contenido del taller y las observaciones presentadas por los líderes, personas y asociaciones que representan a las Comunidades Indígenas.

• Tercera etapa. La Implementación de Foros de Consulta, mismos que se realizaron en los cinco Municipios sudcalifornianos, en el periodo de diez de marzo al veintiocho de abril de dos mil diecinueve. En cada foro, se nombró a un delegado, por cada tema abordado, para asistir al encuentro estatal indígena.

• Cuarta etapa. Se llevó a cabo el encuentro estatal de las comunidades indígenas y afromexicanas, mismo que se realizó el día cinco de mayo de dos mil diecinueve en la ciudad de La Paz. En este encuentro se socializaron los resultados de la consulta, mismo que fueron aprobados por unanimidad de los delegados asistentes.

• Se refiere que, a partir de lo anterior, surgieron diversas propuestas y acuerdos.

• Se destaca que, si bien del Dictamen parecería que durante el proceso legislativo existió una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe; lo cierto es que, para la Comisión accionante, se advierte en primer término, la siguiente inconsistencia:

• La primera etapa tuvo lugar del veintisiete de enero al veinticuatro de febrero del año dos mil diecinueve; y, posteriormente la segunda etapa constituye un periodo de treinta días para que los sujetos involucrados puedan analizar y reflexionar el contenido de los talleres de la primera etapa.

• En ese sentido, la tercera etapa, relativa a los foros de consulta, debería haber tenido lugar treinta días posteriores al veinticuatro de febrero de dos mil diecinueve; es decir, aproximadamente el veintiocho de marzo de esa anualidad; empero dicho ejercicio tuvo lugar del diez de marzo al veintiocho de abril. En otras palabras, la tercera etapa tuvo lugar catorce días posteriores a la conclusión de la segunda.

• Se considera que, del análisis del proceso legislativo, así como el contenido del boletín de prensa, las acciones emprendidas por el legislador local no pueden considerarse como una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe en términos del parámetro de regularidad constitucional expuesto, porque en el proceso legislativo participaron diversas personas, asociaciones, así como entes públicos y privados, sin que conste que, efectivamente existió la participación activa de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del Estado de Baja California Sur.

• Se refiere que, si bien es cierto, el legislador local contó con un instrumento propiciado por el propio Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para poder determinar la ruta de trabajo que se seguiría, ello resultó insuficiente; toda vez que el legislador no concretó la celebración de la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe en términos del parámetro de regularidad constitucional.

• Por lo que respecta a la fase preconsultiva, se refiere que no es posible calificarse como tal, pues ésta no se definió de común acuerdo –entre autoridades gubernamentales y representantes de comunidades indígenas y afromexicanas–. Esto es, no se definieron de común acuerdo la forma de llevar a cabo el proceso, la forma de intervención y de formalización de acuerdos.

• Por lo que respecta a la fase informativa, se estima que la puntualizada en el Dictamen no satisface la exigencia en términos del parámetro de regularidad constitucional, ya que no se contó con la información necesaria, en relación con los problemas, contextos y necesidades de adecuación legislativa relacionados con la seguridad púbica.

• Tampoco se refirió un diagnóstico o explicación sobre los sistemas normativos indígenas que permitieran un entendimiento y diálogo intercultural a fin de respetar la cosmovisión indígena y lograr un mínimo entendimiento por parte del Estado central.

• En este punto, la Comisión Nacional estima necesario enfatizar sobre el contenido de la información distribuida por el legislador sudcaliforniano, del cual no se tiene constancia haya sido en formato accesible y en las lenguas indígenas de los participantes.

• Por ende, se refiere que no es posible afirmar que efectivamente el Congreso local realizó todas las acciones necesarias a garantizar la distribución de la información y que ésta fuera completa respecto al contenido normativo de la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Baja California Sur; por el contrario, es dable sostener que solamente se les proporcionó aquella que el propio legislador sudcaliforniano considero debía de conocer.

• Se precisa que no es posible afirmar que existió una etapa deliberativa y de diálogo, pues si bien es cierto, en apariencia existió un ejercicio deliberativo del cual se desprendieron diversas temáticas a atender, no es posible afirmar que dichos temas representan expresamente las necesidades de los pueblos y comunidades indígenas, pues como se señaló, en el ejercicio realizado dichos colectivos no participaron.

SEGUNDO.

El artículo 102 de la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Baja California Sur, establece diversos requisitos para acceder a la titularidad de la Coordinación General de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas sudcaliforniana, que vulneran los derechos de igualdad y no discriminación, a la seguridad jurídica, a la libertad de trabajo y de acceso a un empleo público, así como el principio de legalidad.

• Por un lado, la fracción I, en la porción normativa "por nacimiento", prevé que se deberá contar con nacionalidad mexicana por nacimiento para ejercer el citado cargo, a pesar de que el Congreso local no se encuentra habilitado constitucionalmente para prever dicha exigencia; en consecuencia, señala que al emitir la disposición transgredió el derecho fundamental de seguridad jurídica y el principio de legalidad.

• Por otra parte, la fracción II del mismo artículo exige como requisito, para desempeñar dicho empleo público, no haber sido sentenciado por la comisión de delitos dolosos, lo que impide de forma injustificada que las personas que se encuentren en ese supuesto puedan desempeñar tal cargo, aun cuando las sanciones impuestas ya hayan sido cumplidas, con lo cual transgredió los derechos de igualdad y de no discriminación, de acceso a un cargo público, así como la libertad de trabajo.

• Para tal efecto, se desarrolla el marco de regularidad constitucional aplicable a los siguientes derechos:

• Seguridad jurídica y principio de legalidad.

• Igualdad y no discriminación.

• Libertad de trabajo y derecho a ocupar un cargo público.

• Luego, se desarrollan argumentos puntuales para demostrar la inconstitucionalidad de los preceptos en cuestión.

• Finalmente, se solicita extender los efectos de la invalidez a las normas relacionadas, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 41, fracción IV, y 45, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Adicionalmente, se pide que, de resultar fundado el primer concepto de invalidez, se declare la invalidez de toda la Ley; se posterguen los efectos de dicha declaratoria; y, se vincule al Congreso de la entidad a celebrar la consulta.

5. 1.4. ADMISIÓN Y TRÁMITE. Mediante acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(5) ordenó formar y registrar el expediente con el número 132/2022; y, determinó turnarlo al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, para instruir el procedimiento respectivo.

6. Por diverso proveído de cinco de octubre de dos mil veintidós, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad; ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California Sur, para que rindieran sus respectivos informes; a la Fiscalía General de la República para que formulara el pedimento que le corresponde; y, a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, con la finalidad de que, si consideraba que la materia de la presente acción de inconstitucionalidad trascendía a sus funciones constitucionales, manifestara lo que a su representación correspondía.

7. Destaca, de manera especial, que, en dicho proveído, se requirió al Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, para que, al rendir el informe solicitado, enviara copia certificada de:

"los antecedentes legislativos del decreto impugnado, incluyendo las iniciativas, los dictámenes de las comisiones correspondientes, las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado, en las que conste la votación de los integrantes de ese órgano legislativo, y los diarios de debates."

8. 1.5. INFORME DEL PODER LEGISLATIVO LOCAL. Mediante oficio recibido el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, el Congreso del Estado de Baja California Sur, a través de su Oficial Mayor, rindió su informe, en los siguientes términos:

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA

• No hizo valer alguna causal de improcedencia.

RESPUESTA A LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ

• Manifestó que, efectivamente, aprobó el Decreto impugnado.

• Confirmó lo asentado en el dictamen legislativo correspondiente, respecto a la consulta indígena que indica, sí se llevó a cabo en los términos y etapas ahí referidas.

• Se limitó a ofrecer como pruebas, las relativas al nombramiento del Oficial Mayor; a la iniciativa con proyecto de decreto, al Dictamen presentado por la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, al acta de la sesión pública de veintisiete de junio de dos mil diecinueve; y, al propio Decreto publicado.

9. 1.6. INFORME DEL PODER EJECUTIVO LOCAL. Mediante oficio recibido el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, el Poder Ejecutivo de la entidad, por conducto del Subsecretario de la Consejería Jurídica dependiente de la Secretaría General de Gobierno de Baja California Sur, rindió su informe, en los siguientes términos:

CAUSAL DE IMPROCEDENCIA

• No hizo valer alguna causal de improcedencia. RESPUESTA A LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ

• Afirmó como cierta la publicación del Decreto.

• Defendió que, el Decreto, en su artículo 102, fracciones I y II, no vulnera el orden constitucional ni convencional; ya que la finalidad del legislador al momento de emitir dicha norma fue en función de la selección que realice la comunidad a la que pertenece, tomando en cuenta sus aptitudes, destreza, conocimientos, méritos y cualidades del aspirante para desempeñar el cargo, de ahí que, por el contrario, la norma se encuentra plenamente justificada, pues dicha disposición se encuentra perfectamente armonizada con los diversos 1o. y 4o. de la Constitución Federal. Luego, la norma no afecta garantías de los gobernados ni menos sus derechos humanos.

10. 1.7. ACUERDO RECAÍDO A LOS INFORMES. Por acuerdo dictado el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, el Ministro instructor tuvo por rendidos los informes de las autoridades demandadas.

11. De igual forma, en dicho proveído, se previno al Poder Legislativo Estatal para que remitiera copia certificada del acta de la sesión ordinaria de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, así como del diario de debates de la sesión ordinaria de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, en la que se aprobó y votó el Decreto impugnado.

12. Asimismo, se ordenó correr traslado a las partes, con copia simple de los citados informes, precisándose que sus anexos quedaban a disposición para consulta en la Subsecretaría General de Acuerdos.

13. 1.8. ALEGATOS. Mediante acuerdo de cuatro de enero de dos mil veintitrés, se tuvo por desahogado el requerimiento formulado al Congreso local, referido en el punto anterior; y, se concedió a las partes el plazo de cinco días para que formularan alegatos.

14. La Comisión accionante, formuló alegatos en oficio presentado el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, escrito en el que formuló argumentos para refutar lo expuesto en los informes rendidos por las autoridades demandadas.

15. De manera especial, dicha Comisión insistió en que sí existió un ejercicio participativo previo a la expedición de la Ley impugnada; sin embargo, considera que: "las actividades llevadas a cabo por la legislatura sudcaliforniana no cumplen con los estándares nacionales e internacionales para llevar a cabo la consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas."

16. Por su parte, el Subsecretario de la Consejería Jurídica del Estado de Baja California Sur, formuló alegatos, en representación del Ejecutivo local, en oficio depositado en la oficina de correos de México correspondiente a Centro la Paz, Baja California Sur, el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, el cual, se recibió en el Alto Tribunal, el tres de febrero siguiente. En dicho escrito, destacó que el Ejecutivo del Estado sólo acató por disposición constitucional la obligación de publicar, cumplir y hacer cumplir las leyes decretadas por el H. Congreso de Estado de Baja California Sur; para lo cual, citó el artículo 79, fracciones I y II,(6) de la Constitución local. A partir de ello, sostiene que el Ejecutivo local no incumplió ni menos transgredió preceptos constitucionales o internacionales.

17. Dichos escritos de alegatos se tuvieron por formulados en acuerdo dictado el nueve de febrero de dos mil veintitrés.

18. 1.9. CIERRE DE INSTRUCCIÓN. En el mismo acuerdo de fecha nueve de febrero de dos mil veintitrés, el Ministro Instructor determinó el cierre de instrucción a efecto de que se elaborara el proyecto de resolución correspondiente, de conformidad con los artículos 67, párrafo primero, y 68, párrafo tercero, de la ley reglamentaria de la materia.

II. COMPETENCIA

19. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g),(7)de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1(8) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional y 10, fracción I,(9) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en virtud de que se cuestiona la posible contradicción entre la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Baja California Sur y la Constitución Federal.

III. PRECISIÓN DE LAS NORMAS GENERALES RECLAMADAS

20. La acción planteada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se dirige a cuestionar, en su totalidad, el Decreto 2620 publicado el diecisiete de agosto de dos mil veintidós en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, mediante el cual, se expidió la "Ley de Derechos de las Personas Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Baja California Sur."

21. Lo anterior, sin perjuicio de que, de forma adicional y destacada, se cuestiona el artículo 102, en las siguientes fracciones:

• Fracción I,(10)en la porción "por nacimiento"; y,

• Fracción II.(11)

22. A partir de lo anterior y de lo expuesto en la propia demanda, se tiene por impugnada la Ley de mérito en su totalidad, por cuanto hace al cuestionamiento referido a la falta de consulta en materia indígena; y, el artículo 102, en las fracciones y porción que se indican, por vulnerar, respectivamente,(12) el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad, el derecho a la igualdad y no discriminación; y, la libertad de trabajo y el derecho a ocupar un cargo público.

IV. OPORTUNIDAD

23. De acuerdo con el artículo 60, párrafo primero,(13)de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial. Esto, sin perjuicio de que, si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

24. En este caso, el Decreto 2620 impugnado, fue publicado el diecisiete de agosto de dos mil veintidós en el Boletín Oficial del Gobierno de Baja California Sur.

25. Luego, el plazo para la interposición de la presente acción transcurrió del dieciocho de agosto al dieciséis de septiembre de dos mil veintidós siguiente. Sin embargo, considerando que el último día del plazo fue inhábil, la demanda debe considerarse oportuna, dado que la misma fue presentada el día diecinueve de septiembre de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal; esto es, el siguiente día hábil al correspondiente al vencimiento del plazo.(14)

V. LEGITIMACIÓN

26. La acción fue promovida por parte legitimada. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo legitimado para ejercitar acciones de inconstitucionalidad, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte; supuesto que en el caso se actualiza, al cuestionar dicha accionante una ley local,(15) por supuestas transgresiones a diversos derechos humanos ya enlistados en el cuerpo de este fallo.(16)

27. Además, conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia, los promoventes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente estén facultados para ello.

28. En el caso, la demanda fue presentada por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, personalidad que acredita mediante el acuerdo de designación expedido el doce de noviembre de dos mil diecinueve, por la Mesa Directiva del Senado de la República, suscrito por la Presidenta(17) y el Secretario(18) de la Sexagésima Cuarta Legislatura de dicho órgano legislativo.

29. Por su parte, el artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(19)confiere al Presidente de dicho órgano, la facultad de presentar acciones de inconstitucionalidad; amén de que la fracción I del propio precepto, le confiere la representación legal de la propia Comisión Nacional.

30. Bajo tales consideraciones, es evidente que se actualiza la hipótesis de legitimación prevista en el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues el asunto fue promovido por un ente legitimado, a través de su debido representante y se plantea que las disposiciones impugnadas vulneran derechos humanos.

VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

31. Las autoridades demandadas no hicieron valer en sus respectivos informes alguna causa de improcedencia; ni advierte este Tribunal Constitucional la actualización oficiosa de alguna. Luego, procede continuar con el estudio de fondo.

32. No pasa inadvertido que, en su escrito de alegatos, el Ejecutivo Local, sin expresamente señalar que hace valer una causa de improcedencia, indica que no vulneró ningún derecho humano, en tanto sólo acató por disposición constitucional la obligación de publicar, cumplir y hacer cumplir las leyes decretadas por el H. Congreso de Estado de Baja California Sur.

33. Sin embargo, dicho argumento, está en principio referido al fondo del asunto;(20) y, aun si tuviera alguna relación con la legitimación pasiva y la procedencia de la acción de inconstitucionalidad en cuanto a dicha autoridad se refiere, es criterio de este Alto Tribunal que, si en una acción de inconstitucionalidad el Poder Ejecutivo local plantea que dicho medio de control constitucional debe sobreseerse por lo que a dicho Poder corresponde, en atención a que la promulgación y publicación de la norma impugnada las realizó conforme a las facultades que para ello le otorga algún precepto, ya sea de la Constitución o de alguna ley local, debe desestimarse la causa de im

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32505-6dd192f3/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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