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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS. LA INCORPORACIÓN DE LAS LENGUAS INDÍGENAS EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DERIVA DE LA BÚSQUEDA DEL ESTADO Y SUS AUTORIDADES POR GENERAR CONDICIONES DE IGUALDAD SUSTANTIVA. IV. DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS. PROVEER INFORMACIÓN Y DAR ATENCIÓN EN LENGUAS INDÍGENAS GARANTIZA QUE LAS PERSONAS QUE LAS HABLAN, SOBRE TODO AQUELLAS QUE NO CONOCEN O DOMINAN EL ESPAÑOL, PUEDAN ACCEDER A BIENES, SERVICIOS E INFORMACIÓN EN IGUALDAD DE CONDICIONES. V. DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS. TODA PERSONA TIENE DERECHO A SER INFORMADA POR SU GOBIERNO Y PODER ACTUAR EN CONSECUENCIA DE LA INFORMACIÓN QUE LE HA SIDO ENTREGADA, BAJO LA PREMISA DE QUE LA INFORMACIÓN DEBE SER ENTENDIBLE PARA QUIEN LA SOLICITA. VI. DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS. EL ARTÍCULO 2o., APARTADO A, FRACCIONES IV Y VIII, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, ESTABLECE LA OBLIGACIÓN ESTATAL DE PRESERVAR Y ENRIQUECER LAS LENGUAS DE LOS PUEBLOS Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, LOS CONOCIMIENTOS Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONSTITUYAN SU CULTURA E IDENTIDAD, ASÍ COMO GARANTIZAR QUE SEAN ASISTIDOS POR INTÉRPRETES Y DEFENSORES QUE TENGAN CONOCIMIENTO DE SU LENGUA Y CULTURA. VII. DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS. CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 13, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, UNO DE LOS PILARES DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ES PRECISAMENTE EL DERECHO A HABLAR, Y ÉSTE IMPLICA NECESARIAMENTE EL DERECHO DE LAS PERSONAS A UTILIZAR EL IDIOMA DE SU ELECCIÓN EN LA EXPRESIÓN DE SU PENSAMIENTO; LA EXPRESIÓN Y LA DIFUSIÓN DE PENSAMIENTOS E IDEAS SON INDIVISIBLES, DE MODO QUE UNA RESTRICCIÓN DE LAS POSIBILIDADES DE DIVULGACIÓN REPRESENTA DIRECTAMENTE, Y EN LA MISMA MEDIDA, UN LÍMITE AL DERECHO DE EXPRESARSE LIBREMENTE. VIII. DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS. LOS ESTADOS DEBEN TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS DATOS QUE DIFERENCIAN A LOS MIEMBROS DE PUEBLOS INDÍGENAS DE LA POBLACIÓN EN GENERAL, Y QUE CONFORMAN LA IDENTIDAD CULTURAL DE AQUÉLLOS; ASÍ, LA LENGUA ES UNO DE LOS MÁS IMPORTANTES ELEMENTOS DE IDENTIDAD DE UN PUEBLO, PRECISAMENTE PORQUE GARANTIZA LA EXPRESIÓN, DIFUSIÓN Y TRANSMISIÓN DE SU CULTURA. IX. DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL. X. DERECHO A LA SALUD. LA SUPREMA CORTE HA RECONOCIDO UNA FACETA O DIMENSIÓN INDIVIDUAL Y UNA SOCIAL DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD; LA ÚLTIMA CONSISTE EN EL DEBER DEL ESTADO DE ATENDER LOS PROBLEMAS DE SALUD QUE AFECTAN A LA SOCIEDAD EN GENERAL, ASÍ COMO EN ESTABLECER LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA QUE TODAS LAS PERSONAS TENGAN ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD. XI. DERECHO A LA SALUD. RESPECTO DE LOS PUEBLOS Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, EL ARTÍCULO 2o., APARTADO B, FRACCIÓN III, CONSTITUCIONAL, ESTABLECE QUE LOS DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, DEBERÁN "ASEGURAR EL ACCESO EFECTIVO A LOS SERVICIOS DE SALUD MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SISTEMA NACIONAL, APROVECHANDO DEBIDAMENTE LA MEDICINA TRADICIONAL, ASÍ COMO APOYAR LA NUTRICIÓN DE LOS INDÍGENAS MEDIANTE PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN, EN ESPECIAL PARA LA POBLACIÓN INFANTIL.". XII. DERECHO A LA SALUD. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE MÉXICO ES PARTE, ASÍ COMO DE LA GUÍA INTERPRETATIVA DE LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS, DERIVA QUE ESE DERECHO TIENE CONNOTACIONES ESPECÍFICAS Y RELEVANTES TRATÁNDOSE DE PERSONAS INDÍGENAS, ESPECIALMENTE DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA NECESIDAD DE QUE SE GARANTICE EL ACCESO Y LA PRESTACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD SIN DISCRIMINACIÓN. XIII. DERECHO A LA SALUD. TRATÁNDOSE DE PERSONAS INDÍGENAS, LA APLICACIÓN DE UN MARCO GENERAL, SIN DISTINCIONES QUE ATIENDAN A SUS NECESIDADES Y A LOS OBSTÁCULOS CON LOS QUE SE ENFRENTAN, PODRÍA DERIVAR EN UN CASO DE DISCRIMINACIÓN INDIRECTA, YA QUE AQUÉL REQUIERE QUE SE ATIENDA A SUS TRADICIONES Y CULTURA, INCLUIDAS SUS LENGUAS. XIV. DERECHO A LA SALUD DE LAS PERSONAS INDÍGENAS. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS TIENEN UNA OBLIGACIÓN LEGAL DE DAR INFORMACIÓN Y ATENCIÓN EN LA MATERIA A QUIENES SE IDENTIFIQUEN COMO PERSONAS INDÍGENAS, EN LA LENGUA QUE HABLEN, POR LO QUE ES IMPORTANTE QUE EN EL DISEÑO DE TALES POLÍTICAS TAMBIÉN SE CONSIDERE QUE EL GRUPO DE PERSONAS INDÍGENAS NO ES HOMOGÉNEO, SINO QUE ESTÁ COMPUESTO POR SUB-GRUPOS CON CARACTERÍS

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 63/2022. · Registro digital (IUS): 32386
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-04-26
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Abril de 2024, Tomo I, Pág.1069.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 63/2022. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 5 DE JUNIO DE 2023. PONENTE: MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: PAULA XIMENA MÉNDEZ AZUELA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugna el artículo 16 Quater, párrafo segundo, de la Ley de Salud para el Estado de Hidalgo, por estimar que contraviene el principio de igualdad y no discriminación, el derecho a la salud, los derechos lingüísticos y el derecho a la identidad cultural de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Hidalgo.

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cinco de junio de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 63/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del Artículo 16 Quater, párrafo segundo, de la Ley de Salud para el Estado de Hidalgo, reformado mediante Decreto No. 179 publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintiocho de marzo de dos mil veintidós.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA.

1. Presentación del escrito inicial. El veintisiete de abril de dos mil veintidós, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó acción de inconstitucionalidad,(1) en la que señaló como autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Hidalgo.

2. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la comisión accionante expuso un único concepto de invalidez, en el cual expresa que aún cuando la norma impugnada reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a recibir asistencia de un traductor en hospitales generales y regionales, este derecho se concede exclusivamente a las personas que hablen lenguas Náhuatl, Nñahñu, Otomí, Tepehua, Tenek y Pame.

3. La promovente argumenta que el artículo impugnado genera el efecto de invisibilizar a otros pueblos o comunidades originarios que forman parte de la diversidad étnica y cultural en México, aún cuando éstos no constituyan una población mayoritaria en el Estado de Hidalgo.

4. Señala que, conforme a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el Estado de Hidalgo hay aproximadamente 362,629 personas mayores de tres años que hablan alguna lengua indígena, muchas de ellas distintas a las establecidas de manera taxativa en la norma impugnada.

5. Asimismo, es importante dar cuenta del fenómeno de desplazamiento interno de poblaciones indígenas, lo cual modifica constantemente la distribución geográfica de esos pueblos a lo largo de todo el territorio nacional. Esto significa que pueden existir habitantes del Estado de Hidalgo que hablen alguna lengua indígena que no sea originaria de la misma entidad.

6. Si las lenguas indígenas son, al igual que el español, lenguas nacionales, las autoridades deben garantizar el acceso a la salud en condiciones de igualdad para aquellas personas que hablan lenguas indígenas, sin excluir de iure a determinados pueblos o comunidades en razón de su presencia minoritaria en cierto territorio.

7. Por lo tanto, la norma impugnada resulta contraria al principio de igualdad y no discriminación, a los derechos lingüísticos, a la diversidad étnica e identidad cultural, y al derecho a la salud de los pueblos y comunidades indígenas que busquen atención médica en el Estado de Hidalgo.

8. Admisión y trámite. El tres de mayo de dos mil veintidós, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente y turnarlo al Ministro Javier Laynez Potisek para su instrucción.(2) La acción de inconstitucionalidad fue admitida el doce de mayo de dos mil veintidós y el Ministro instructor ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Hidalgo para que rindieran sus respectivos informes.(3)

9. Informe del Poder Legislativo de Hidalgo. El Poder Legislativo local manifestó, mediante escrito presentado el veintinueve de junio de dos mil veintidós,(4) que la modificación de la norma impugnada responde a la composición pluricultural de nuestro país sustentada originalmente en sus pueblos indígenas y que, en el caso específico del Estado de Hidalgo se compone primordialmente de los pueblos indígenas Nahua, Otomí, Tepehua, Tének y Pame.

10. Sostiene que la norma impugnada no establece un listado limitativo sino meramente enunciativo de aquellos pueblos que podrán recibir asistencia de un traductor en las instituciones de salud de la entidad federativa.

11. Informe del Poder Ejecutivo de Hidalgo. El Poder Ejecutivo local, mediante escrito presentado el veinticuatro de junio de dos mil veintidós,(5) se limitó a señalar que, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado, promulgó y ordenó la impresión, publicación y circulación del Decreto número 179 impugnado. Asimismo, adjuntó a su informe dos ejemplares certificados del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo en los que se encuentra el Decreto en cuestión.

12. Alegatos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos formuló alegatos mediante escrito presentado el diecinueve de julio de dos mil veintidós.(6)

13. Cierre de la instrucción. El dieciséis de agosto de dos mil veintidós el Ministro instructor dictó acuerdo(7) en el que ordenó cerrar la instrucción del asunto para llegar a cabo su estudio y elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

14. Este Tribunal Pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución General y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior en virtud de que se planteó la posible contradicción entre el artículo 16 Quater, párrafo segundo, de la Ley de Salud para el Estado de Hidalgo, y diversos derechos del parámetro de regularidad constitucional.

15. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos.

II. PRECISIÓN DE LA NORMA RECLAMADA

16. De la lectura de la demanda de la presente acción de inconstitucionalidad se desprende que la CNDH impugnó el artículo 16 Quater, párrafo segundo, de la Ley de Salud para el Estado de Hidalgo, reformado mediante Decreto No. 179 publicado el veintiocho de marzo de dos mil veintidós en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa.

17. La norma impugnada tiene el contenido siguiente:

"Artículo 16 Quater. ...

"En los hospitales generales y regionales del Estado, que traten población indígena, se deberá garantizar de manera progresiva, la asistencia de cuando menos un traductor de las lenguas náhuatl, Nñahñu, Otomí, Tepehua, Tenek y Pame dentro de las áreas de atención médica y trabajo social que tenga conocimiento de su lengua y cultura, conforme a la población indígena que se atienda, a fin de que los indígenas, que no hablen suficientemente el español, puedan recibir la atención que requieren de manera óptima. ..."

18. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos.

III. OPORTUNIDAD

19. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General, el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.

20. La norma impugnada fue publicada el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, de tal suerte que el plazo de impugnación transcurrió desde el martes veintinueve de marzo al miércoles veintisiete de abril de dos mil veintidós. En consecuencia, dado que la acción de inconstitucionalidad fue interpuesta ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintisiete de abril de dos mil veintidós, se estima que su promoción es oportuna.

21. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos.

IV. LEGITIMACIÓN

22. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución, la promovente cuenta con legitimación para interponer la presente acción de inconstitucionalidad porque plantea la posible contradicción entre la ley de una entidad federativa y distintos derechos humanos que forman parte del parámetro de regularidad constitucional.

23. El escrito inicial de la acción de inconstitucionalidad 63/2022 se encuentra firmado por María del Rosario Piedra Ibarra, quien demostró tener el carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante "CNDH") mediante acuerdo de designación correspondiente emitido el doce de noviembre de dos mil diecinueve por la Presidenta y el Secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, y además que ostenta la representación legal de la CNDH de conformidad con el artículo 15, fracciones I y XI, de la Ley y el numeral 18 del Reglamente Interno, ambos de la CNDH.

24. En consecuencia, al ser la CNDH un órgano legitimando para ejercer la acción de inconstitucionalidad en este supuesto y habiéndose promovido por quien cuenta con facultades para representar a dicho órgano, debe reconocerse la legitimación activa en este medio de control constitucional.

25. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

26. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia ni motivo de sobreseimiento. Este Pleno no advierte de oficio que se actualice alguna, por lo que procede realizar el estudio de fondo.

27. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos.

VI. ESTUDIO DE FONDO

VI.1. Consideraciones previas.

28. Previo al estudio que nos ocupa, debe precisarse que el presente asunto encuentra como precedente directo la acción de inconstitucionalidad 109/2020, resuelta por el Pleno de este Alto Tribunal el dieciocho de enero de dos mil veintidós. Por ello, las consideraciones que aquí se harán tienen como base la decisión en aquel asunto.

VI.2. Consulta a pueblos y comunidades indígenas.

29. En coherencia con la decisión de la mayoría del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 109/2020, en este caso concluimos que no era necesaria la consulta a los pueblos y comunidades, puesto que las razones que se expusieron en la sesión correspondiente del Tribunal se siguen en este asunto.(8)

30. Estas consideraciones no son vinculantes al haberse aprobado por mayoría de siete votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa con precisiones, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández. La señora Ministra Ortiz Ahlf, el señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea, la señora Ministra Ríos Farjat y el señor Ministro Laynez Potisek votaron en contra.

31. Precedentes citados en este apartado: Acción de Inconstitucionalidad 109/2022.

VI.3. Precisión de la litis.

32. La Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que el artículo 16 Quater, párrafo segundo, que se transcribe a continuación, resulta violatorio del principio de igualdad y no discriminación, así como del derecho a la salud al realizar distinciones injustificadas entre las personas indígenas debido a la lengua que hablan:

"Artículo 16 Quater. ...

"En los hospitales generales y regionales del Estado, que traten población indígena, se deberá garantizar, de manera progresiva, la asistencia de cuando menos un traductor de las lenguas náhuatl, Hñahñu, Otomí, Tepehua, Tenek y Pame dentro de las áreas de atención médica y trabajo social que tenga conocimiento de su lengua y cultura, conforme a la población indígena que se atienda, a fin de que los indígenas, que no hablen suficientemente el español, puedan recibir la atención que requieren de manera óptima. ..."

33. La controversia planteada en el presente asunto consiste en determinar si la inclusión expresa en la norma de que los hospitales generales y regionales del Estado que traten población indígena deberán garantizar la asistencia de cuando menos un traductor de las lenguas Náhuatl, Hñahñu, Otomí, Tepehua, Tenek y Pame, resulta en la exclusión de la atención integral de la salud a personas indígenas que hablan una lengua diversa a las contempladas por la norma.

34. En ese sentido, para analizar la constitucionalidad de la norma impugnada, procede referirse a las siguientes cuestiones: 1) la inclusión de las lenguas indígenas; 2) el derecho a la salud, especialmente en lo que se refiere al acceso a la información en el derecho a la salud y las implicaciones de una atención integral a la salud para las personas indígenas; y, 3) el análisis del caso concreto.

VI.4. La inclusión de las lenguas indígenas.

35. La incorporación de las lenguas indígenas en las políticas públicas deriva de la búsqueda del Estado y sus autoridades por generar condiciones de igualdad sustantiva.

36. La igualdad sustantiva o de hecho se configura como una faceta o dimensión del derecho humano a la igualdad jurídica que tiene como objetivo remover o disminuir los obstáculos sociales, políticos o culturales, económicos o de cualquier otra índole que impiden a ciertas personas o grupos sociales gozar o ejercer de manera real y efectiva sus derechos humanos en condiciones de paridad con otro conjunto de personas o grupo social.(9)

37. En este caso, proveer información y dar atención en lenguas indígenas garantiza que las personas que las hablan, sobre todo aquellas que no conocen o dominan el español, podrán acceder a bienes, servicios e información en igualdad de condiciones.

38. El tema ha sido desarrollado ya en precedentes de esta Suprema Corte, en específico en las acciones de inconstitucionalidad 100/2017 y 109/2020, de las que retomamos el contenido del derecho a que se incluyan las lenguas indígenas como parte de la identidad cultural de pueblos y comunidades indígenas.

39. El artículo 6o. constitucional establece el derecho de toda persona al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Ahora bien, este derecho a la información incluye el derecho a recibir información en una lengua determinada, puesto que se trata de la posibilidad de toda persona de poder participar en la vida pública mediante la comprensión de que es lo que su gobierno hace. En este sentido, toda persona tiene derecho a ser informada por su gobierno y poder actuar en consecuencia de la información que le ha sido entregada, bajo la premisa de que la información debe ser entendible para quien la solicita.(10)

40. El artículo 2o. de la Constitución General reconoce los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, por lo que establece, en lo pertinente, que:

"Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.

"La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

"...

"A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

"...

"IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

"VIII. ...

"Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.

"...

"B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

"...

"Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:

"...

"II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.

"III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.

"...

"V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria."

41. El Pleno de la SCJN, al interpretar los derechos lingüísticos de las comunidades indígenas, ha dispuesto que(11) el artículo 2o., Apartado A, fracciones IV y VIII, constitucional establece la obligación estatal de preservar y enriquecer las lenguas de los pueblos indígenas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad; y garantizar ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

42. En términos de los artículos 2(12) y 3(13) de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, las lenguas indígenas son aquéllas que proceden de los pueblos existentes en el territorio nacional antes del establecimiento del Estado Mexicano, además de las provenientes de otros pueblos indoamericanos, igualmente preexistentes que se han arraigado en el territorio nacional con posterioridad y que se reconocen por poseer un conjunto ordenado y sistemático de formas orales funcionales y simbólicas de comunicación; y forman parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional.

43. El artículo 4o.(14) de la misma Ley define que las lenguas indígenas y el español son lenguas nacionales y tendrán la misma validez. Asimismo, el diverso 5o.(15) establece que el Estado, a través de sus tres órdenes de gobierno –Federación, Entidades Federativas y Municipios–, en los ámbitos de sus respectivas competencias, reconocerá, protegerá y promoverá la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales.

44. Asimismo, de conformidad con el artículo 7(16) las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública.

45. Por otra parte, el mismo artículo determina que el Estado garantizará el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y, para ello, en los municipios con comunidades que hablen lenguas indígenas, se adoptarán e instrumentarán las medidas necesarias en todas sus instancias; asimismo, la Federación y las entidades federativas tendrán disponibles y difundirán a través de textos, medios audiovisuales e informáticos: leyes, reglamentos, así como los contenidos de los programas, obras, servicios dirigidos a las comunidades indígenas, en la lengua de sus correspondientes beneficiarios. 46. Dicha Ley también reconoce en su artículo 9(17) como derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin restricciones en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y cualesquiera otras; y obliga al Estado a garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas el acceso a la jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional de que sean hablantes.(18)

47. Particularmente, en la acción de inconstitucionalidad 100/2017, el Pleno de esta Corte estableció que:

"100. Hablar un determinado idioma o lengua es una condición básica para recibir y entregar cualquier tipo de información entre seres humanos. Por tanto, se entiende que el Estado Mexicano debe, dentro de parámetros razonables, entregar la información que sea solicitada en aquellos idiomas o lenguas que se hablen dentro del territorio nacional.

"...

"102. Esta Suprema Corte parte del entendido de que no es admisible el establecimiento de directivas del Estado que prefieran el habla de un idioma o lengua sobre otro y que puedan tener como efecto a corto o largo plazo llevar al monolingüismo al favorecer la supresión directa o indirecta de otros idiomas o lenguas vivas.

"103. El derecho de toda persona a hablar en su propio idioma o lengua contiene el derecho a que el Estado no otorgue preferencia en el uso corriente a un idioma o lengua respecto de otro, independientemente de cuál sea este.

"104. En este sentido, no existe una obligación universal a que el Estado responda en el idioma o lengua que cada individuo se lo solicite, puesto que es necesario atender razonablemente a las circunstancias históricas y demográficas específicas que definen los lenguajes que son efectivamente utilizados en un país o territorio, pero sí la obligación a no establecer como medida gubernamental que un idioma o lengua deba ser utilizado de forma preferente sobre otros."

48. En la esfera internacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (en adelante Convenio 169 de la OIT), en su artículo 30 establece que:

"1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios sociales y a los derechos dimanantes del presente Convenio.

"2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos."

49. En el artículo 28 del mismo Convenio se establece, en lo pertinente, que "deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas".

50. Por su parte, el artículo 13 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, señala que los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar la protección de ese derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados. Asimismo, el diverso 16 dispone que "los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación alguna".

51. Asimismo, dicha Declaración en su artículo 14 dispone que "los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje", así como que "los Estados adoptarán medidas eficaces, conjuntamente con los pueblos indígenas, para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio idioma". En su diverso 16 dispone que "los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación".

52. Similares derechos se consagran en los artículos VI, XIII, XIV, XV, XVII y XVIII de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.(19)

53. Por su parte, la Corte IDH ha señalado que el artículo 13.1 de la Convención Americana consagra expresamente la libertad de difundir oralmente la información. En este sentido, consideró que uno de los pilares de la libertad de expresión es precisamente el derecho a hablar, y que éste implica necesariamente el derecho de las personas a utilizar el idioma de su elección en la expresión de su pensamiento. La expresión y la difusión de pensamientos e ideas son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente. Los Estados deben tomar en consideración los datos que diferencian a los miembros de pueblos indígenas de la población en general, y que conforman la identidad cultural de aquéllos.(20) Así, consideró que la lengua es uno de los más importantes elementos de identidad de un pueblo, precisamente porque garantiza la expresión, difusión y transmisión de su cultura.(21)

54. Asimismo, la Comisión Interamericana ha destacado la importancia de que la información que se brinde esté adaptada a la lengua de quien la solicite o la requiera. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha sostenido que los grupos étnicos y culturales tienen derecho a que los Estados diseñen políticas destinadas a adaptar el derecho de acceso a sus necesidades culturales como, por ejemplo, a su lengua.

55. En este sentido, el Comité DESC considera que la información sobre los servicios públicos debe estar disponible, en la medida de lo posible, en las lenguas minoritarias.(22)

VI.5. El derecho a la salud. Acceso a la información y atención integral en el caso de comunidades indígenas.

56. En la acción de inconstitucionalidad 109/2020 se sostuvo que el artículo 4o. de la Constitución General establece que "Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.". El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estableció que el derecho a la salud no se limita a un aspecto físico, sino que se traduce en la obtención de un determinado bienestar general.(23) Y el derecho a la salud impone al Estado las obligaciones de garantizar que sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización.(24)

57. Asimismo, en aquel asunto se señaló que la Suprema Corte ha reconocido una faceta o dimensión individual y una social del derecho a la protección de la salud, siendo que la última consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud.(25)

58. En la Observación General No. 14 sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud del Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, se señala que uno de los elementos esenciales del derecho a la salud es la accesibilidad. Dentro de las dimensiones de la accesibilidad al derecho a la salud que se señalan en dicha observación, destacan la no discriminación y el acceso a la información.(26)

59. Específicamente, en cuanto a la no discriminación, señala que "los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles, de hecho y de derecho, a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos".

60. Respecto del derecho a la salud de los pueblos y comunidades indígenas, el artículo 2, apartado B, fracción III, constitucional, establece que los distintos órdenes de gobierno, en el ámbito de sus competencias, deberán "asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.".

61. Por su parte, el artículo 25 del Convenio 169 de la OIT, establece en su primer párrafo que "Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental".

62. Asimismo, establece en artículo 30 que "Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios sociales y a los derechos dimanantes del [presente] Convenio.". Y que "A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos".

63. Finalmente, el Comité sobre los Derechos Económicos Sociales y Culturales, señala en su Observación General No. 14 que "los pueblos indígenas tienen derecho a medidas específicas que les permitan mejorar su acceso a los servicios de salud y a las atenciones de la s

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32386-22361046/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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