I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LAS LEYES EXPEDIDAS POR LAS LEGISLATURAS LOCALES. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO ESTIME QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA EL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA, LIBRE, INFORMADA, CULTURALMENTE ADECUADA Y DE BUENA FE, DE LOS PUEBLOS Y DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, SIEMPRE QUE LA DEMANDA SE HAYA PRESENTADO ANTES DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO. IV. CONSULTA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROAMERICANAS. EL DERECHO A LA CONSULTA CADA VEZ QUE SE PREVEAN MEDIDAS LEGISLATIVAS SUSCEPTIBLES DE AFECTARLOS DIRECTAMENTE SE DESPRENDE DE LOS POSTULADOS DEL ARTÍCULO 2o. DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, RELATIVOS A LA AUTODETERMINACIÓN, A LA PRESERVACIÓN DE SU CULTURA E IDENTIDAD, AL ACCESO A LA JUSTICIA, ASÍ COMO A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN. V. CONSULTA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROAMERICANAS. DEBEN SER CONSULTADOS RESPECTO DE LA LEGISLACIÓN QUE REGULE SUS DERECHOS, POR SER SUSCEPTIBLE DE AFECTARLOS DIRECTAMENTE. VI. CONSULTA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROAMERICANAS. DEBEN SER CONSULTADOS RESPECTO DE LA EMISIÓN DE NORMAS GENERALES, CONFORME A LOS ESTÁNDARES DEL CONVENIO 169 SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SIEMPRE QUE SU EMISIÓN SEA SUSCEPTIBLE DE AFECTARLOS DE MANERA ESPECIAL Y DIFERENCIADA FRENTE AL RESTO DE LA POBLACIÓN. VII. CONSULTA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROAMERICANAS. LOS PROCESOS DE CONSULTA DE LAS MEDIDAS LEGISLATIVAS SUSCEPTIBLES DE AFECTARLOS DIRECTAMENTE DEBEN OBSERVAR, COMO MÍNIMO, LAS FASES PRECONSULTIVA, INFORMATIVA, DE DELIBERACIÓN INTERNA, DE DIÁLOGO Y DE DECISIÓN. VIII. PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROAMERICANAS. GOZAN DEL DERECHO A LA LIBRE DETERMINACIÓN Y A LA AUTONOMÍA PARA DECIDIR SUS FORMAS INTERNAS DE CONVIVENCIA Y ORGANIZACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA, POLÍTICA Y CULTURAL. IX. PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROAMERICANAS. LAS NORMAS IMPUGNADAS INCIDEN DE MANERA DIRECTA EN LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUES ESTABLECEN UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA RESPECTO DE LAS MEDIDAS DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN, MANEJO Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE BIENES (TANGIBLES O INTANGIBLES) DE DICHAS COMUNIDADES (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 183, SEGUNDO PÁRRAFO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "TRATÁNDOSE DE CEREMONIAS Y RITOS TRADICIONALES, SE DEBERÁ GARANTIZAR QUE NO SE AFECTE LA VIABILIDAD DE LAS POBLACIONES Y SE CONSERVEN LAS TÉCNICAS Y MEDIOS DE APROVECHAMIENTO TRADICIONALMENTE UTILIZADAS PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y PUEBLOS ORIGINARIOS"; 184; 185 Y 186 DE LA LEY AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD NÚMERO 1404, EL DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO). X. CONSULTA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROAMERICANAS. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SÍ SE ENCONTRABA OBLIGADO A LLEVAR A CABO LA CONSULTA PREVIA, LIBRE, CULTURALMENTE ADECUADA Y DE BUENA FE, ANTES DE EXPEDIR LA LEY AMBIENTAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 183, SEGUNDO PÁRRAFO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "TRATÁNDOSE DE CEREMONIAS Y RITOS TRADICIONALES, SE DEBERÁ GARANTIZAR QUE NO SE AFECTE LA VIABILIDAD DE LAS POBLACIONES Y SE CONSERVEN LAS TÉCNICAS Y MEDIOS DE APROVECHAMIENTO TRADICIONALMENTE UTILIZADAS PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y PUEBLOS ORIGINARIOS"; 184; 185 Y186 DE LA LEY AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD NÚMERO 1404, EL DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO). XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA QUE VINCULA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LLEVAR A CABO, CONFORME A LOS PARÁMETROS FIJADOS EN ELLA, LA CONSULTA A LOS PUEBLOS Y A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS, Y POSTERIORMENTE, A EMITIR LA REGULACIÓN CORRESPONDIENTE (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 183, SEGUNDO PÁRRAFO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "TRATÁNDOSE DE CEREMONIAS Y RITOS TRADICIONALES, SE DEBERÁ GARANTIZAR QUE NO SE AFECTE LA VIABILIDAD DE LAS POBLACIONES Y SE CONSERVEN LAS TÉCNICAS Y MEDIOS DE APROVECHAMIENTO TRADICIONALMENTE UTILIZADAS PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y PUEBLOS ORIGINARIOS"; 184; 185 Y 186 DE LA LEY AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD NÚMERO 1404, EL DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO). XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A L
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 143/2024. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 12 DE MAYO DE 2025. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: GUILLERMO PABLO LÓPEZ ANDRADE.
ÍNDICE TEMÁTICO
HECHOS: La Comisión Nacional de Derechos Humanos reclama la invalidez de los artículos 87, fracción V, en la porción normativa "pueblos indígenas"; 183, segundo párrafo, en la porción normativa "Tratándose de ceremonias y ritos tradicionales, se deberá garantizar que no se afecte la viabilidad de las poblaciones y se conserven las técnicas y medios de aprovechamiento tradicionalmente utilizadas para las comunidades indígenas y pueblos originarios"; 184; 185; 186 y 267, fracción III, porción normativa "pueblos y barrios originarios, comunidades indígenas" de la Ley Ambiental de la Ciudad de México, expedida mediante Decreto publicado en la Gaceta Oficial de la entidad número 1404, el dieciocho de julio de dos mil veinticuatro.
Ver índice temático
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al doce de mayo de dos mil veinticinco emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 143/2024, promovida el diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de los artículos 87, fracción V, en la porción normativa "pueblos indígenas"; 183, segundo párrafo, en la porción normativa "Tratándose de ceremonias y ritos tradicionales, se deberá garantizar que no se afecte la viabilidad de las poblaciones y se conserven las técnicas y medios de aprovechamiento tradicionalmente utilizadas para las comunidades indígenas y pueblos originarios"; 184; 185; 186 y 267, fracción III, en la porción normativa "pueblos y barrios originarios, comunidades indígenas" de la Ley Ambiental de la Ciudad de México, expedida mediante Decreto publicado el dieciocho de julio de dos mil veinticuatro en la Gaceta Oficial de la entidad, número 1404.
I. ANTECEDENTES
1. 1.1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, María del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad, en la que demandó la invalidez de diversas normas generales contenidas en la Ley Ambiental de la Ciudad de México.
2. 1.2. Artículos constitucionales e instrumentos internacionales que se estiman violados. La accionante estima que, con la expedición de las normas generales impugnadas, fueron transgredidos los siguientes preceptos de orden constitucional y convencional:
Ver preceptos
3. 1.3. Conceptos de invalidez. En su único concepto de invalidez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos argumentó, en esencia, lo siguiente:
Ver conceptos de invalidez
4. 1.4. Registro y turno. Mediante proveído de veintiuno de agosto de dos mil veinticuatro, la Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad con el número 143/2024; y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
5. 1.5. Admisión. Por auto de treinta de agosto de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Ciudad de México, para que rindieran sus respectivos informes.
6. 1.6. Informe del Poder Legislativo. Mediante escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro, el Congreso de la Ciudad de México, a través de la Presidenta de la Mesa Directiva, rindió informe en los siguientes términos:
Ver informe del Poder Legislativo
7. 1.7. Informe del Poder Ejecutivo. Mediante escrito presentado el veintisiete de septiembre de dos mil veinticuatro, el titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, a través del Director General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, rindió informe en los siguientes términos:
Ver informe del Poder Ejecutivo
8. 1.8. Alegatos. Mediante escrito recibido el diez de octubre de dos mil veinticuatro, el Director General de Asuntos Jurídicos del Congreso de la Ciudad de México formuló alegatos. A su vez, mediante escrito recibido el diecisiete de octubre de dos mil veinticuatro, tanto la Delegada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como el titular del Poder Ejecutivo del Estado, hicieron valer los alegatos que estimaron pertinentes.
9. 1.9.- Cierre de instrucción. Mediante proveído de veintidós de octubre de dos mil veinticuatro, el Ministro Instructor ordenó el cierre de la instrucción.
II. COMPETENCIA.
10. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en virtud de que se cuestiona la posible contradicción entre la Ley Ambiental de la Ciudad de México y la Constitución Federal.
III. PRECISIÓN DE LAS NORMAS GENERALES RECLAMADAS
11. La acción planteada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se dirige a cuestionar la Ley Ambiental de la Ciudad de México,(5) específicamente, en las normas generales siguientes:
Ver normas generales
12. Luego, se tienen por impugnados los artículos:
• 87, fracción V, en la porción normativa "pueblos indígenas";
• 183, segundo párrafo, en la porción normativa "Tratándose de ceremonias y ritos tradicionales, se deberá garantizar que no se afecte la viabilidad de las poblaciones y se conserven las técnicas y medios de aprovechamiento tradicionalmente utilizadas para las comunidades indígenas y pueblos originarios";
• 184;
• 185;
• 186; y,
• 267, fracción III, porción normativa "pueblos y barrios originarios, comunidades indígenas".
Todos de la Ley Ambiental de la Ciudad de México, expedida mediante Decreto publicado el dieciocho de julio de dos mil veinticuatro en la Gaceta Oficial de la entidad número 1404.
IV. OPORTUNIDAD.
13. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, Ley Reglamentaria) prevé que: a) el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del siguiente a aquel en que se publique la norma impugnada en el correspondiente medio oficial; y, b) para efectos del cómputo del plazo aludido, no se deben excluir los días inhábiles, en la inteligencia de que si el último día del plazo es inhábil, la demanda se podrá presentar al primer día hábil siguiente.(6)
14. En el caso, el Decreto impugnado se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el dieciocho de julio de dos mil veinticuatro, por lo que el plazo de treinta días naturales para promover la presente acción transcurrió del viernes diecinueve de julio al sábado diecisiete de agosto de dos mil veinticuatro.
15. Sin embargo, al resultar inhábil el último día para la presentación de la demanda, la misma podía presentarse el primer día hábil siguiente.
16. En ese sentido, si la demanda se presentó el lunes diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro,(7) su presentación fue oportuna.
V. LEGITIMACIÓN.
17. De conformidad con el primer párrafo del artículo 11 de la Ley Reglamentaria,(8) en relación con el artículo 59 del mismo ordenamiento, la demandante debe comparecer por conducto del funcionario que esté facultado para representarla.
18. En el caso, la acción de inconstitucionalidad fue promovida por María del Rosario Piedra Ibarra, quien actúa en representación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y, acreditó su personalidad con copia certificada del acuerdo de designación de doce de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por el Senado de la República.
19. Ahora bien, el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Carta Magna, dispone que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales, que vulneren los derechos protegidos en la Constitución Federal o en los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
20. Bajo esa premisa, si la demanda fue presentada por María del Rosario Piedra Ibarra, quien en virtud de su carácter de Presidenta, se encuentra legitimada para interponerla en representación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;(9) y, además, impugna normas generales de carácter local que, en su opinión, vulneran el derecho a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe de los pueblos y comunidades indígenas, se concluye que la acción de inconstitucionalidad fue interpuesta por parte legitimada.
21. No pasa desapercibido para este Tribunal Pleno que, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de dos mil veinticuatro, el órgano reformador de la Constitución modificó el artículo 2° constitucional para suprimir la legitimación de cualquier ente distinto a los pueblos y comunidades indígenas para hacer valer el incumplimiento del derecho fundamental de estos grupos a la consulta previa, libre e informada.(10)
22. No obstante, ello no es obstáculo para que, en el presente caso, este Alto Tribunal considere que la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuenta con legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad en contra de las normas que se analizan.
23. Esto, porque como se mencionó, la reforma constitucional en cuestión fue publicada el treinta de septiembre de dos mil veinticuatro; y, entró en vigor al día siguiente, es decir, el primero de octubre del mismo año, mientras que la demanda de acción de inconstitucionalidad fue presentada por la Comisión accionante el diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro.
24. En esas condiciones, si la demanda de acción de inconstitucionalidad fue presentada con anterioridad a la vigencia de la reforma constitucional de mérito; es decir, bajo un texto constitucional que habilitaba a otros entes distintos a los pueblos y comunidades indígenas para hacer valer el incumplimiento del derecho fundamental de estos grupos a la consulta previa, libre e informada; entonces, es inconcuso que la Comisión Nacional de Derechos Humanos sí estaba en posibilidad de hacer valer este derecho a través de la acción de inconstitucionalidad; y, por tanto, no se justifica el sobreseimiento del asunto.
25. Lo anterior, máxime, que no existe un precepto transitorio que obligue a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a sobreseer o declarar sin materia las controversias que se hubieren presentado con anterioridad a la reforma del texto constitucional.
26. Además, es importante considerar que, hasta la fecha, no se ha promulgado la legislación secundaria prevista en el artículo tercero transitorio del Decreto de reforma en cuestión.(11)
27. Por lo tanto, no existe certeza si fue intención del órgano reformador de la Constitución limitar por completo la facultad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para defender los derechos de los pueblos y comunidades indígenas; especialmente, tomando en cuenta que estos grupos carecen de legitimación para promover, por sí mismos, acciones de inconstitucionalidad.
28. De lo que sí existe certeza, es de que el artículo octavo transitorio(12) del propio Decreto de reforma, impone a esta Suprema Corte la obligación de considerar lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales en la materia de los que el Estado Mexicano es parte.
29. En este contexto, a juicio de este Tribunal Pleno, una interpretación armónica de los artículos 1°, 2°, 17 y 105 de la Constitución Federal, en conjunto con el mandato derivado del Convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, conduce a la conclusión de que la Comisión accionante tiene el deber de garantizar el derecho de las comunidades indígenas a una consulta previa, libre e informada.
30. Por lo anterior, se estima que, en el caso concreto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos está legitimada para promover la presente acción de inconstitucionalidad.
VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.
31. Las autoridades emisora y promulgadora de las normas generales impugnadas, al rendir sus respectivos informes, no hicieron valer causales de improcedencia(13) ni este Alto Tribunal advierte alguna que se actualice de oficio. Luego, procede continuar con el estudio de fondo.
VII. ESTUDIO DE FONDO
32. Como ya fue referido en el apartado de antecedentes del presente fallo, la Comisión accionante cuestiona diversos artículos de la Ley Ambiental de la Ciudad de México a partir de que no existió un ejercicio de consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, lo que alega era indispensable atendiendo a la naturaleza y contenido del ordenamiento cuestionado.
33. Para dar contestación al argumento hecho valer por la accionante, se atenderá a la siguiente metodología de estudio:
34. [A] Desarrollo de la doctrina que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en torno a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, especialmente en lo relativo al derecho a ser consultadas –lo que conforma el parámetro de constitucionalidad de este caso–;
35. [B] Determinación con respecto a si las normas combatidas son susceptibles de incidir en los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que habitan en la entidad, lo que haría indispensable la consulta previa; y, de ser el caso,
36. [C] Verificación en torno a si el Congreso local llevó a cabo el procedimiento de consulta previa conforme a los estándares aplicables, acorde a lo establecido por este Alto Tribunal.
A.- Parámetro de regularidad constitucional de las consultas a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
37. El derecho a la consulta previa, libre e informada, es un derecho de participación de los pueblos indígenas y afromexicanos en los asuntos que afectan sus derechos e intereses. Funge como una herramienta de inclusión y participación en las decisiones del Estado, pues asegura la participación de los pueblos y comunidades indígenas en un proceso de diálogo, equilibrado y no condicionado; y, al mismo tiempo, de reconocimiento de la pluriculturalidad, a través del fortalecimiento de la cultura, formas de vida e instituciones que rigen a las comunidades y pueblos indígenas.(14) En este sentido, se advierte su relación intrínseca con el derecho a la autodeterminación.
38. Como ha referido el Relator Especial de las Naciones Unidas, los procedimientos especiales y diferenciados de consultas se justifican por la naturaleza de los intereses particulares que derivan del carácter distinto de los modelos e historias culturales de los pueblos indígenas; y, porque los procesos democráticos y representativos corrientes no suelen bastar para atender las preocupaciones particulares de los pueblos indígenas; que, por lo general, están marginados de la esfera política. El deber de los Estados de celebrar consultas con los pueblos indígenas se basa, en definitiva, en el reconocimiento generalizado de las características distintivas de los pueblos indígenas y de la necesidad de medidas especiales que permitan corregir sus condiciones desfavorecidas.
39. Este es el criterio que ha adoptado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de una línea de precedentes que dota de contenido y limita la propia consulta previa en materia indígena.
40. El primer precedente en el cual el Tribunal Pleno ha evaluado la validez de las leyes a la luz del derecho a la consulta previa en materia indígena es la controversia constitucional 32/2012.(15) Dicho juicio fue interpuesto por el Municipio de Cherán, Michoacán en contra de los poderes legislativo y ejecutivo, así como del resto de municipios de esa entidad por la aprobación de diversas reformas a la Constitución local.
41. El Pleno determinó que las normas impugnadas eran inconstitucionales por violación al derecho de consulta previa en materia indígena. Se determinó como el parámetro de control constitucional al artículo 2º de la Constitución Federal, el cual establece un conjunto de derechos de los pueblos y comunidades indígenas; y, se dijo que éste debía integrarse con el contenido del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, al formar parte del mismo parámetro en términos del artículo 1º de la Constitución Federal. En específico, destacó el contenido de los artículos 6 y 7 del referido convenio para concluir que "los pueblos indígenas, como el municipio actor, tienen el derecho humano a ser consultados, mediante procedimientos culturalmente adecuados, informados y de buena fe a través de sus representantes, cada vez que se prevean medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente."
42. A la luz de dicho parámetro, se estableció como ratio decidendi que cuando se debatan medidas legislativas susceptibles de afectación directa a los pueblos y comunidades indígenas, el legislador debe considerar como requisito procesal de validez tanto las reglas que disciplinan el proceso legislativo –Constitución Federal y leyes aplicables– como la consulta indígena.
43. Dicho de otra manera, se precisó que, aunque la consulta indígena no estuviera prevista como procedimiento legislativo, en términos de los artículos 1º de la Constitución Política Federal y 6 y 7 del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, ésta debía conceptualizarse como un requisito esencial del procedimiento legislativo.
44. A partir de dicho asunto, la Suprema Corte fue moldeando su criterio relativo a cuándo la consulta en materia indígena se vuelve un requisito de validez de una norma. El estándar que se ha construido acepta la necesidad de consulta previa cuando existan cambios legislativos susceptibles de afectar de manera directa y diferenciada a pueblos y/o comunidades indígenas y afromexicanas.
45. Por "impacto directo" se entiende que la normativa impugnada contenga modificaciones legislativas que incidan en los derechos de dichos pueblos y comunidades, sin que se permita realizar presunciones sobre el nivel o grado de afectación(16) a partir de factores extra normativos o de apreciación externa acerca de las preferencias y/o cosmovisiones de los pueblos destinatarios de las normas.
46. El impacto diferenciado se actualiza cuando la norma impugnada contiene modificaciones que impactan directamente los intereses y derechos de las comunidades –como grupo y/o colectivo político–, distinguible del estatuto de derechos individuales que pertenecen a las personas que lo integran. Por tanto, aquellas medidas legislativas de carácter general, que afecten de forma uniforme a todos los ciudadanos, entre ellos los miembros de las comunidades originarias, no están prima facie sujetas al deber de consulta.
47. Esto es, lo que busca proteger la consulta es que, a través de la implementación de políticas públicas y medidas legislativas, se erosione la identidad de las comunidades como grupo diferenciado.(17)
48. Dicho criterio se sostiene en entender el derecho de consulta como una expresión del derecho a la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas. 49. Es una medida instrumental que abre el espacio para el diálogo y el intercambio plural de razones, para que justamente sean las comunidades y poblaciones indígenas quienes valoren qué medida es la que más les beneficia de conformidad con sus intereses.
50. Así, en la acción de inconstitucionalidad 83/2015 y sus acumuladas 86/2015, 91/2015 y 98/2015,(18) se concluyó que, cuando el objeto de la regulación de una legislación era precisamente establecer los derechos de personas que se rigen por sistemas normativos indígenas, era evidente que se trataba de leyes susceptibles de afectar directamente a pueblos y comunidades indígenas.
51. Por tanto, se volvía necesaria una consulta en materia indígena. De igual manera, en la acción de inconstitucionalidad 151/2017 se declaró la invalidez de diversas normas cuyo propósito era promover el rescate y la conservación de la cultura de un pueblo indígena en determinada entidad federativa.
VII.A.1. La consulta como parte del procedimiento legislativo
52. La consulta indígena se atrinchera como un contenido constitucional que se erige como parámetro de control constitucional en dos vertientes, cuya violación puede ser reclamada por los afectados directamente; o bien, como un requisito constitucional del procedimiento legislativo.
53. La consulta entendida a partir de la segunda vertiente resalta su carácter instrumental para poner un lugar preferente en la mesa de diálogo a aquellos grupos que se verán directamente afectados frente a la creación normativa. Así, la actividad en sede legislativa se atrinchera como foco de atención respecto a la protección de los pueblos y comunidades originarias.
54. En la acción de inconstitucionalidad 127/2019,(19) este Pleno determinó que la consulta previa se instauraba como una fase adicional en el procedimiento legislativo, en atención a los artículos 6(20) y 7(21) del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (OIT). En estos se determina que los estados incluyan periodos de consulta indígena dentro de sus procesos legislativos.
VII.A.2. Lineamientos para llevar a cabo la consulta
55. Por otro lado, la Corte ha fijado criterios para responder a la interrogante relativa a cómo se debe llevar a cabo la consulta previa en materia indígena y afromexicana.
56. En el asunto citado previamente, la acción de inconstitucionalidad 83/2015 y sus acumuladas 86/2015, 91/2015 y 98/2015, se retomaron las propiedades materiales que debía reunir la consulta para lograr la validez del procedimiento legislativo, a saber:
a) La consulta debe ser previa. Debe realizarse durante las primeras etapas de plan o proyecto de desarrollo o inversión o de la concesión extractiva y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad.
b) La consulta debe ser culturalmente adecuada. El deber estatal de consultar a los pueblos indígenas debe cumplirse de acuerdo con sus costumbres y tradiciones, a través de procedimientos culturalmente adecuados y teniendo en cuenta sus métodos tradicionales para la toma de decisiones. Lo anterior exige que la representación de los pueblos sea definida de conformidad con sus propias tradiciones y costumbres.
c) La consulta debe ser informada. Los procesos de otorgamiento exigen la provisión plena de información precisa sobre la naturaleza y consecuencias del proyecto a las comunidades consultadas, antes de y durante la consulta.
Debe buscarse que tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluidos los ambientales y de salubridad, a fin de que acepten el plan de desarrollo o inversión propuesto, de forma voluntaria.
d) La consulta debe ser de buena fe con la finalidad de llegar a un acuerdo. Se debe garantizar, a través de procedimientos claros de consulta, que se obtenga su consentimiento previo, libre e informado para la consecución de dichos proyectos. La obligación del Estado es asegurar que todo proyecto en área indígena o que afecte su hábitat o cultura, sea tramitado y decidido con participación y en consulta con los pueblos interesados con vistas a obtener su consentimiento y eventual participación en los beneficios.(22)
57. Asimismo, en la acción de inconstitucionalidad 81/2018, resuelta en sesión del veinte de abril de dos mil veinte, el Tribunal Pleno fijó las características de la consulta con las que deben contar las medidas legislativas susceptibles de afectar a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, a saber:
a) Fase preconsultiva que permita la identificación de la medida legislativa que debe ser objeto de consulta, la identificación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a ser consultados, así como la determinación de la forma de llevar a cabo el proceso, la forma de intervención y la formalización de acuerdos, lo cual se deberá definir de común acuerdo entre autoridades gubernamentales y representantes de las comunidades indígenas.
b) Fase informativa de entrega de información y difusión del proceso de consulta, con la finalidad de contar con información completa, previa y significativa sobre las medidas legislativas. Ello puede incluir, por ejemplo, la entrega por parte de las autoridades de un análisis y evaluación apropiada de las repercusiones de las medidas legislativas.
c) Fase de deliberación interna. En esta etapa –que resulta fundamental– los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas, a través del diálogo y acuerdos, evalúan internamente la medida que les afectaría directamente.
d) Fase de diálogo entre representantes del Estado y representantes de los pueblos indígenas y afromexicanos con la finalidad de generar acuerdos.
e) Fase de decisión, comunicación de resultados y entrega de dictamen.
58. Posteriormente, en la acción de inconstitucionalidad 212/2020,(23) el Tribunal Pleno declaró la invalidez del Capítulo VI, denominado "De la educación indígena", que se integra con los artículos 62 y 63 de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, expedida mediante el Decreto No. 208, al contener normas encaminadas a regular cuestiones relacionadas con la educación indígena; sin que se hubiera realizado la consulta previa exigida constitucionalmente.(24)
59. Dicho asunto constituye un importante precedente ya que generó una evolución del criterio que había sostenido el Pleno en el sentido de que, en el supuesto de leyes que no son exclusivas o específicas en regular los intereses y/o derechos de personas indígenas, la falta de consulta previa no implica la invalidez de la totalidad del Decreto.
60. Es decir, en los supuestos en que no se lleve a cabo la consulta referida, respecto de la legislación que no es específica o exclusiva para estos grupos, el vicio en el proceso legislativo no tiene potencial invalidante de la totalidad de la ley, pero sí de determinados artículos.
61. Ese criterio ha sido reiterado por este Tribunal Pleno en las acciones de inconstitucionalidad 193/2020,(25) 179/2020,(26) 214/2020,(27) 131/2020,(28) entre otras más recientes.
62. Ahora bien, sobre el rigor en el análisis del cumplimiento de las fases de las consulta, en la acción de inconstitucionalidad 141/2022 y su acumulada 152/2022, resuelta en sesión de once de julio de dos mil veintitrés, este Tribunal Pleno declaró la invalidez de diversas disposiciones normativas de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí que afectaban a las comunidades indígenas por no haberse realizado una consulta conforme al parámetro constitucional y los estándares reconocidos a nivel internacional, particularmente en lo que respecta la realización y difusión de la convocatoria. En contraste, en la acción de inconstitucionalidad 113/2022, resuelta en sesión de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, el Tribunal Pleno determinó que se cumplió con el objetivo de llevar a cabo una consulta conforme al estándar de esta Suprema Corte a partir de llevar a cabo un análisis detallado de cada una de las etapas del procedimiento.
63. Como se precisó anteriormente, la consulta se entiende como una herramienta, o garantía del derecho a la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas. Es un componente esencial de un pluralismo jurídico y cultural pues parte del reconocimiento de las distintas cosmovisiones, formas de organización, tradiciones y normativas internas.
64. Dicho de otra manera, se trata de un instrumento jurídico imprescindible para evitar una afectación injustificada en la autonomía de los pueblos originarios. Frente a esta lógica, el derecho más relevante respecto al cual se debe garantizar un espacio de pronunciamiento de las propias comunidades es el derecho de autogobierno. Este se refiere al reconocimiento de las formas de organización social, económica, política y cultural de las comunidades indígenas. Dicho en términos de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas "los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho de participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado".
65. Así, a partir de la consulta, se abre un espacio para que las personas y comunidades indígenas dialoguen con el Estado respecto a cómo esperan interactuar con este último en aras de preservar su autonomía a la par de convivir armónicamente con las instituciones estatales.
66. Ahora, como ya se dijo, el diseño de la consulta debe ser de tal modo que permita la participación de las comunidades originarias en condiciones análogas a las conferidas en el ordenamiento jurídico a los demás grupos y actores políticos, y que sea acorde con el carácter diferenciado de las comunidades indígenas. Dicho de otro modo, no se puede imponer un determinado mecanismo de consulta, pues ello no resulta adecuado con el mandato constitucional de pluriculturalismo, sino que el diseño de cada consulta debe ser tal que permita el dialogo de buena fe y el reconocimiento de la identidad cultural de cada pueblo y comunidad indígena
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33796-2e7e448c/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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