I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. LAS AUTORIDADES LEGISLATIVAS ESTÁN OBLIGADAS A REALIZARLA A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES, ANTES DE ADOPTAR UNA ACCIÓN O MEDIDA SUSCEPTIBLE DE AFECTARLAS DIRECTAMENTE, MEDIANTE PROCEDIMIENTOS CULTURALMENTE ADECUADOS, INFORMADOS Y DE BUENA FE. IV. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. CARACTERÍSTICAS Y FASES QUE DEBE OBSERVAR EL LEGISLADOR EN LOS PROCEDIMIENTOS ENCAMINADOS A CUMPLIR ESTE DERECHO. V. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. ESTE DERECHO ES UNA DE LAS GARANTÍAS DE QUE A ESOS GRUPOS YA NO SE LES PODRÁ IMPONER SISTEMAS, IDEAS Y PRÁCTICAS QUE SEAN CONTRARIAS A SU HISTORIA, SUS USOS Y COSTUMBRES; SERÁN ESTAS COMUNIDADES LAS QUE A TRAVÉS DE AQUÉLLA DECIDAN, EN DIÁLOGO CON LAS AUTORIDADES, SU LUGAR Y RELACIÓN CON EL RESTO DE LA SOCIEDAD. VI. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. SU FINALIDAD CONSISTE EN SER UN MECANISMO PARA PROTEGER EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN, A LA AUTODETERMINACIÓN, A LA SUBSISTENCIA Y PRESERVACIÓN DE SU CULTURA COMO DISTINTA Y SEPARADA DE LA SOCIEDAD "TRADICIONAL" –ES DECIR, LA NO ASIMILACIÓN– Y EL DERECHO A LA PROPIEDAD, ESPECÍFICAMENTE POR LO QUE HACE A LA PROPIEDAD Y USO DE SUS TIERRAS TRADICIONALES. VII. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. DEBE TENER COMO FINALIDAD OBTENER EL CONSENTIMIENTO DE LAS PERSONAS CONSULTADAS O UN ACUERDO DERIVADO DE LA NEGOCIACIÓN QUE SE LLEVE. VIII. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. EL LEGISLADOR DEBE SER CUIDADOSO DE QUE SU REGULACIÓN NO TENGA POR EFECTO RESTRINGIR EL DERECHO A AQUÉLLA. IX. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. SU FLEXIBILIDAD PERMITE QUE LAS AUTORIDADES Y GRUPOS VULNERABLES PUEDAN IR ALTERANDO EL PRETENDIDO RESULTADO DE LA PROPIA CONSULTA COMO EFECTO DE LA NEGOCIACIÓN Y DIÁLOGO. X. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. EL CONSENTIMIENTO PREVIO, LIBRE E INFORMADO COBRA IMPORTANCIA EN EL CASO DEL DERECHO A LA CONSULTA, ASÍ COMO EN EL DERECHO DE ESOS GRUPOS A SUS TIERRAS, TERRITORIOS Y RECURSOS. XI. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. LA FINALIDAD DE CADA PROCEDIMIENTO DE CONSULTA DEBE SER "LLEGAR A UN ACUERDO O LOGRAR EL CONSENTIMIENTO", SIN QUE PUEDA ESTABLECERSE UNA DEFINICIÓN A PRIORI DE CUÁL SERÁ EL RESULTADO (ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE CONSULTA A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EXPEDIDA MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 246, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS). XII. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. EL HECHO DE QUE EL LEGISLADOR HAYA SEÑALADO ALGUNAS MEDIDAS QUE REQUIEREN, SIEMPRE, EL CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS A LAS QUE VAN A AFECTAR, CUMPLE EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA PROTECCIÓN REFORZADA DE CIERTOS BIENES QUE SON INDISPENSABLES PARA LA SUBSISTENCIA DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS DE NUESTRO PAÍS (ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE CONSULTA A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EXPEDIDA MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 246, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS). XIII. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. DEBE SER UN PROCESO EN DONDE LAS PARTES TRABAJEN DE BUENA FE PARA LLEGAR A UN CONSENSO, POR LO QUE NINGUNA DE LAS PARTES TIENE DERECHO A IMPONER DE MANERA UNILATERAL SU VOLUNTAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 20, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE CONSULTA A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EXPEDIDA MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 246, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS). XIV. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. LA NORMA QUE ESTABLECE LOS CASOS QUE REQUIEREN CONSENTIMIENTO MÁS ALLÁ DE LA CONSULTA, CUMPLE CON EL PROPÓSITO DE QUE SE PROTEJAN LAS TIERRAS, TERRITORIOS Y RECURSOS NATURALES DE LOS PUEBLOS Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS, Y PRETENDE EVITAR ABUSOS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES QUE, AL IGNORAR LA OBLIGACIÓN DE CONSULTAR Y OBTENER EL CONSENTIMIENTO PREVIO, LIBRE E INFORMADO, AFECTAN ESOS BIENES Y RECURSOS DE MODO IRREPARABLE (ARTÍCULO 87, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE CONSULTA A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EXPEDIDA MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 246, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS). XV. CONSULTA IN
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 135/2022. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 22 DE ENERO DE 2024. PONENTE: MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: PAULA XIMENA MÉNDEZ AZUELA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugna los artículos 11; 12; 13; 14; 15, en la porción normativa "Los resultados de la consulta indígena serán vinculantes para las partes"; 20; 34, fracción I, en la porción normativa "y finalidades"; 60, fracción IV; y 87, último párrafo, de la Ley de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Quintana Roo al estimar que desnaturalizan el derecho a la consulta previsto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintidós de enero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 135/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de los artículos 11; 12; 13; 14; 15, en la porción normativa "Los resultados de la consulta indígena serán vinculantes para las partes"; 20; 34, fracción I, en la porción normativa "y finalidades"; 60, fracción IV; y 87, último párrafo, de la Ley de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Quintana Roo, expedida mediante Decreto Número 246, publicado el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós en el Periódico Oficial de dicha entidad.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación del escrito inicial. El veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante, "Comisión Nacional" o "CNDH") presentó demanda de acción de inconstitucionalidad(1) en la que señaló como autoridades demandas al Congreso del Estado y al Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Quintana Roo.
2. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la Comisión Nacional expuso un único concepto de invalidez consistente en que las normas impugnadas establecen un sistema que desnaturaliza el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Y señaló diversas cuestiones relacionadas con los artículos específicos que impugna, que a su juicio demuestran dichas violaciones.
3. Admisión y trámite. El cuatro de octubre de dos mil veintidós, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte ordenó formar el expediente de la presente acción de inconstitucionalidad y turnarlo al Ministro Javier Laynez Potisek para su instrucción.(2) La acción de inconstitucionalidad fue admitida el catorce de octubre de dos mil veintidós y el Ministro instructor ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Quintana Roo para que rindieran sus respectivos informes. Finalmente, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para formular el pedimento que le corresponde y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para manifestarse en caso de que considere que la materia del presente asunto trasciende a sus funciones constitucionales.(3)
4. Informe del Poder Legislativo de Quintana Roo. El Poder Legislativo local manifestó su defensa de los artículos impugnados mediante escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial de esta Suprema Corte el quince de noviembre de dos mil veintidós.(4) Entre otras cosas, señaló que tal y como se desprende del Dictamen que emana del Decreto 246 por el que se expidió la ley impugnada, el Congreso local realizó diversas reuniones y mesas de trabajo, así como procesos de consulta con las comunidades pertenecientes al Estado de Quintana Roo, lo cual demuestra el cumplimiento de su obligación convencional.
5. Informe del Poder Ejecutivo de Quintana Roo. El Poder Ejecutivo local manifestó, mediante escrito recibido en la oficina de Certificación Judicial de esta Suprema Corte,(5) que la promulgación y publicación del decreto mediante el cual fueron emitidas las normas impugnadas no contraviene el parámetro de regularidad constitucional, pues fue realizado en cumplimiento de las atribuciones que la constitución local otorga al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo.
6. Por otro lado, señaló que el propio Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo, mediante oficio INMAYA/DG/0521/XI/2022, consideró que los argumentos expresados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos son incorrectos, pues las normas impugnadas resultan compatibles con el parámetro de regularidad constitucional.
7. Alegatos. Mediante escritos recibidos el veintidós de diciembre de dos mil veintidós y el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo formularon alegatos.
8. Cierre de la instrucción. El veintisiete de enero de dos mil veintitrés, el Ministro instructor dictó acuerdo(6) en el que ordenó cerrar la instrucción del asunto para llevar a cabo su estudio y elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
9. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución General y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
10. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos planteó la posible contradicción entre diversas disposiciones de la Ley de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Quintana Roo y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
11. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
12. De la lectura del escrito de demanda se desprende que la Comisión Nacional impugnó los artículos 11; 12; 13; 14; 15, en la porción normativa "Los resultados de la consulta indígena serán vinculantes para las partes"; 20; 34, fracción I, en la porción normativa "y finalidades"; 60, fracción IV; y 87, último párrafo, de la Ley de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Quintana Roo, expedida mediante Decreto Número 246, publicado el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós en el Periódico Oficial de dicha entidad.
13. Las normas impugnadas tienen el contenido siguiente:
"Artículo 11. Atendiendo a su naturaleza o modalidad, la consulta tendrá las siguientes finalidades:
"I. Llegar a un acuerdo;
"II. Obtener el consentimiento libre, previo e informado, y
"III. Emitir opiniones, propuestas y recomendaciones."
"Artículo 12. Los casos en que la consulta tendrá como finalidad obtener el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas son:
"I. Cualquier proyecto o programa que impacte a sus tierras, territorios o recursos naturales, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos, eólicos, genéticos o de otro tipo;
"II. Cuando la medida implique el traslado o la reubicación de comunidades indígenas y afromexicanas;
"III. La posible privación o afectación de cualquier tipo de bien cultural, intelectual, religioso y espiritual necesarios para la subsistencia física y cultural de los pueblos y comunidades;
"IV. Cualquier tipo de confiscación, toma, ocupación, utilización o daño efectuado en tierras y territorios que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas;
"V. El almacenamiento o desecho de materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y
"VI. Cualquier otro que implique un impacto significativo para la existencia y supervivencia de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas."
"Artículo 13. No podrán ser objeto de consulta:
"I. La restricción de los derechos humanos y fundamentales reconocidos por la Constitución y los instrumentos internacionales;
"II. Las acciones emergentes de combate a epidemias;
"III. Las acciones emergentes de auxilio en desastres;
"IV. Las facultades y obligaciones de la persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado establecidas en los artículos 90 y 91 de la Constitución Local, y
"V. La Seguridad Pública."
"Artículo 14. Los resultados de la consulta indígena pueden ser:
"I. Aceptación o rechazo liso y llano;
"II. Aceptación con condiciones. En este caso, el sujeto de consulta establece las condiciones y salvaguardas en las que tal medida se llevaría a cabo para garantizar sus derechos, incluyendo medidas de reparación, indemnización, mitigación y una distribución justa y equitativa de los beneficios;
"III. No aceptación con posibilidad de presentar otra opción o modificaciones a la medida. En este caso, no obstante, la no aceptación, el sujeto de consulta deja abierta la posibilidad de explorar otras opciones para la realización de una medida similar, misma que sería nuevamente sometida a consulta, y
"IV. Opiniones, propuestas y recomendaciones sobre el objeto de consulta."
"Artículo 15. Los resultados de la consulta indígena serán vinculantes para las partes. Los acuerdos y otros arreglos constructivos suscritos entre el Estado y los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, deberán ser reconocidos, observados y aplicados plenamente por todas las partes.
"Dichos acuerdos no podrán menoscabar ni suprimir los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos reconocidos en la legislación nacional e internacional.
"Cuando la medida incida en más de uno de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, la consulta tendrá efectos suspensivos cuando así lo determine la mayoría absoluta de las asambleas. La oposición de la minoría no tendrá efectos suspensivos, pero deberán considerarse las razones de su oposición en la implementación de la medida consultada."
"Artículo 20. La consulta indígena sobre medidas legislativas podrá realizarse en cualquier etapa del proceso de creación normativa, desde la fase de elaboración de la iniciativa hasta antes de su dictaminación por la instancia legislativa que corresponda.
"El objeto de la misma será obtener las opiniones y propuestas de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas sobre dichas medidas.
"Si la consulta se realizara en la fase de la elaboración de la iniciativa, en los términos de esta Ley, no será necesaria otra consulta en las fases subsecuentes."
"Artículo 34. Para el desahogo de los procesos de consulta indígena, el Órgano Técnico tendrá las siguientes atribuciones:
"I. Definir, conjuntamente con la autoridad responsable y los sujetos de consulta, el objeto y finalidades; los derechos que pudieran ser afectados con la ejecución de la medida; tipos, modalidades y procedimientos; el ámbito territorial de la consulta; la metodología culturalmente adecuada para llevarla a cabo, entre otras; ..."
"Artículo 60. Una vez que se ha determinado la procedencia de la consulta, la autoridad responsable, de manera conjunta con el Órgano Técnico, elaborarán una propuesta de protocolo de consulta que contendrá los siguientes elementos:
"...
"IV. Determinación del objeto o finalidad de la consulta;"
"Artículo 87. Cuando se emita una medida administrativa sin respetar el derecho a la consulta tendrá como consecuencia su nulidad absoluta.
"...
"Si el caso requería el consentimiento, el titular del derecho de consulta, podrá solicitar a la autoridad responsable o al Órgano Técnico la suspensión de la medida administrativa que debió haber sido consultada, quien la concederá de inmediato, sin demérito de las medidas que adopte la autoridad jurisdiccional que corresponda. Lo mismo procederá cuando, habiéndose llevado el proceso de consulta indígena, no se obtuvo el consentimiento del sujeto de consulta."
III. OPORTUNIDAD
14. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General, el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.
15. En el presente caso, las normas impugnadas fueron publicadas el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, de tal suerte que el plazo de impugnación transcurrió desde el jueves veinticinco de agosto al viernes veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Entonces, si la acción de inconstitucionalidad fue interpuesta ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, se estima que su promoción es oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
16. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución, la promovente cuenta con legitimación para interponer la presente acción de inconstitucionalidad porque plantea la posible contradicción entre la ley de una entidad federativa y distintos derechos humanos que forman parte del parámetro de regularidad constitucional.
17. El escrito inicial de demanda se encuentra firmado por María del Rosario Piedra Ibarra, quien demostró tener el carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante acuerdo de designación correspondiente emitido el doce de diciembre de dos mil diecinueve por la Presidenta y Secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, y que ostenta la representación legal de la CNDH de conformidad con el artículo 15, fracciones I y XI, ambas de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como el numeral 18 del Reglamento Interno de la misma Comisión.
18. En consecuencia, al ser la CNDH un órgano legitimado para ejercer la acción de inconstitucionalidad en este supuesto(7) y habiéndose promovido por quien cuenta con facultades para representar a dicho órgano, debe reconocerse la legitimación activa en este medio de control constitucional.
19. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
20. Las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente, por lo que deben ser analizadas tanto las formuladas por las partes como aquellas que este Tribunal Pleno advierta de oficio.
21. En el presente caso, el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo señaló en su informe que la acción de inconstitucionalidad resulta improcedente de conformidad con el artículo 19, fracción IX, en relación con el 61, fracción V, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución. Lo anterior, pues estima que la comisión accionante no formuló concepto de invalidez alguno respecto de los artículos 34, fracción I; 60, fracción IV; y 87, último párrafo, de la Ley de Consulta impugnada.
22. En primer lugar, este Tribunal advierte que la comisión accionante sí formuló conceptos de invalidez en torno al artículo 87, de tal manera que resulta infundada la causa de improcedencia que hace valer la autoridad legislativa.
23. Sobre el resto de las disposiciones a las que se refirió la autoridad legislativa, este Tribunal estima que el hecho de que la accionante no hubiere formulado conceptos de invalidez respecto de las mismas no se traduce, necesariamente, en la improcedencia de este medio de control constitucional. Lo anterior pues, como lo ha señalado este Tribunal Pleno, corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación suplir esa deficiencia de conformidad con el artículo 71 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución.(8)
24. Tanto la revisión de los artículos señalados como la lectura integral de la demanda presentada por la Comisión Nacional permiten a este Tribunal llegar a la convicción de que la accionante impugnó dichos preceptos por formar parte del mismo sistema normativo que otros de los artículos que fueron impugnados. Dicho en otras palabras, estos artículos tienen dependencia o hacen referencia a alguna de las otras disposiciones que se impugnan en la presente acción.
25. Asimismo, es posible advertir que se relacionan directamente con algunos de los aspectos regulados por el resto de las normas impugnadas y con sus respectivos conceptos de violación, por ello, su estudio se llevará a cabo en conjunto con los artículos con los que están relacionados respectivamente.
26. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos. La Ministra Presidenta Piña Hernández se apartó de la afirmación del párrafo 23, relativa a que no se hicieron valer conceptos de invalidez respecto de los artículos 34, fracción I, y 60, fracción IV.
VI. ESTUDIO DE FONDO
VI.1. Sobre la consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas
27. El Pleno de esta Suprema Corte y cada una de sus Salas, por vía jurisprudencial han reconocido que el derecho a la consulta de comunidades y pueblos indígenas deriva de una interpretación del artículo 2 de la Constitución(9) y el artículo 6 y 7(10) del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (en adelante "Convenio 169"), y los artículos 18 y 19(11) de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (en adelante "Declaración de la ONU") el cual consiste en la obligación del Estado de consultar a los pueblos y comunidades indígenas antes de adoptar una acción o medida susceptible de afectar sus derechos e intereses.
28. Por su parte, la consulta a personas y comunidades afromexicanas deriva de la adición en dos mil diecinueve del apartado C al artículo 2o. constitucional, en el que se reconocen a los pueblos y comunidades afromexicanas los derechos contenidos en los apartados A y B del propio artículo. Si bien este derecho es de más reciente incorporación al sistema jurídico mexicano, hasta el momento su desarrollo jurisprudencial se entiende de manera idéntica que el derecho a la consulta de pueblos y comunidades indígenas, por lo que todos los estándares del parámetro de regularidad constitucional que apuntaremos en lo subsecuente son aplicables a ambos grupos en situación de vulnerabilidad,(12) aunque, en ocasiones, por el momento en que fueron expedidos los criterios, no hagan referencia de manera específica a los pueblos y comunidades afromexicanas.
29. Existe consenso en que, para que la consulta cumpla con el estándar nacional e internacional, debe ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada, darse a través de sus representantes o autoridades tradicionales, y de buena fe. Cada una de estas características se entiende de la siguiente manera:
"- La consulta debe ser previa. Antes de adoptar y aplicar las medidas legislativas que les afecten, por lo que las comunidades afectadas deben ser involucradas lo antes posible en el proceso. Debe realizarse durante las primeras etapas del plan o proyecto de desarrollo o inversión o de la concesión extractiva y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad.
"- Libre. Busca asegurar condiciones de seguridad y trasparencia durante la realización de los procesos de consulta. Ello implica llevarse a cabo sin coerción, intimidación ni manipulación.
"- Informada. Los procesos de otorgamiento exigen la provisión plena de información precisa sobre la naturaleza y consecuencias del proyecto a las comunidades consultadas, previo y durante la consulta. Debe buscarse que tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que acepten el plan de desarrollo o inversión propuesto, de forma voluntaria. "- Culturalmente adecuada. El deber estatal de consultar a los pueblos indígenas debe cumplirse de acuerdo con sus costumbres y tradiciones, a través de procedimientos culturalmente adecuados y teniendo en cuenta sus métodos tradicionales para la toma de decisiones. Lo anterior, exige que la representación de los pueblos sea definida de conformidad con sus propias tradiciones.
"- De buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo. Se debe garantizar, a través de procedimientos claros de consulta, que se obtenga su consentimiento previo, libre e informado para la consecución de dichos proyectos. La obligación del Estado es asegurar que todo proyecto en área indígena o que afecte su hábitat o cultura, sea tramitado y decidido con participación y en consulta con los pueblos interesados con vistas a obtener su consentimiento y eventual participación en los beneficios".
30. La consulta a comunidades y pueblos indígenas es especialmente importante en el contexto del desarrollo sostenible de los Estados, pues el desarrollo económico sin una visión acorde con los derechos humanos puede suponer, entre otras cosas, la pérdida de nuestros pueblos y tradiciones originarias. Es en este sentido que los pueblos y comunidades afectadas tienen "el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera".(13)
31. El Relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas (en adelante "el Relator de Naciones Unidas"), en un estudio temático(14) mencionó que el objeto de las consultas a los pueblos indígenas es precisamente "poner fin al modelo histórico de exclusión del proceso de adopción de decisiones con el objeto de que en el futuro las decisiones importantes no se impongan a los pueblos indígenas y que estos puedan prosperar como comunidades distintas en las tierras en que, por su cultura, están arraigados".(15)
32. Lo que resulta fundamental en los procesos de consulta es que éstos no se conviertan en meros trámites que cumple la autoridad, sino que deben ser eficaces para que las comunidades puedan influir de manera efectiva en el proyecto, política pública, legislación o decisión que les está siendo consultada. Por ello, se debe cuidar que "las consultas sean negociaciones en procura de acuerdos mutuamente aceptables y se celebren antes de la adopción de las decisiones sobre las medidas propuestas, y no consultas con el carácter de mecanismos para proporcionar a los pueblos indígenas información sobre decisiones que ya se han adoptado o están en proceso de adoptarse, sin permitirles influir verdaderamente en el proceso de adopción de decisiones".(16) Deben ser procesos en donde ambas partes trabajen de buena fe para llegar a un consenso, en este sentido, ninguna de las partes tiene derecho a imponer de manera unilateral su voluntad.(17) Para lograr esto, "el procedimiento consultivo en sí debe ser resultado del consenso".(18)
33. En la interpretación que este Pleno ha hecho del artículo 2o. constitucional y el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (CC 32/2012, AI 83/2015, AI 31/2014, AI 15/2017, AI 84/2016, AI 151/2017, AI 108/2019 y su acumulada 118/2019, AI 81/2018), ha quedado claro que las autoridades legislativas están obligadas a consultar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas antes de adoptar una acción o medida susceptible de afectar directamente sus derechos e intereses.
34. Precedentes citados en este apartado: CC 32/2012, AI 83/2015, AI 31/2014, AI 15/2017, AI 84/2016, AI 151/2017, AI 108/2019 y su acumulada 118/2019, AI 81/2018.
VI.2. Parámetro de regularidad constitucional y convencional
35. La comisión accionante reclama, como único agravio, que las normas reclamadas son contrarias al derecho a la consulta por desnaturalizarlo, es decir, señala que varias de las disposiciones de la ley reclamada resultan contrarías al parámetro de regularidad constitucional y convencional y, por lo tanto, resultan contrarias al contenido esencial del derecho a la consulta tal y como ha sido determinado por esta Suprema Corte.
36. Como ya fue señalado en el apartado anterior, el Pleno de esta Suprema Corte y cada una de sus Salas, han sostenido que el derecho a la consulta de comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas consiste en la obligación del Estado de consultarles antes de adoptar una acción o medida susceptible de afectar sus derechos e intereses. Asimismo, existe consenso en que para que la consulta cumpla con el estándar nacional e internacional debe ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada, darse a través de sus representantes o autoridades tradicionales, y de buena fe.
37. En adición a lo señalado sobre el parámetro constitucional y convencional del derecho a la consulta en el apartado previo, esta Suprema Corte encuentra que algunos argumentos de la comisión accionante precisan abordar aspectos muy específicos en los que vale la pena profundizar.
a) Sobre la finalidad del derecho a la consulta y la finalidad de los procedimientos de consulta que se celebren
38. La primera pregunta que se nos plantea para la resolución de este asunto es ¿cuál es la finalidad del derecho a la consulta? De los argumentos de la comisión accionante se deja ver una confusión conceptual entre la finalidad del derecho a la consulta y la finalidad que de manera específica debe tener cada uno de los procedimientos de consulta que se lleven a cabo. Este apartado pretende aclarar dicha confusión. Para ello, vale la pena aclarar los dos conceptos y cómo se diferencian.
39. En primer lugar, el derecho a la consulta es un medio de participación para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Es, además, un corolario de un gran número de derechos humanos aceptados universalmente, entre ellos, el derecho a la integridad cultural, el derecho a la igualdad y el derecho a la propiedad. Deriva del derecho primordial de los pueblos indígenas a la libre determinación y de los principios conexos de democracia y soberanía popular. Responde a las aspiraciones de los pueblos indígenas de todo el mundo de determinar su propio destino en condiciones de igualdad y de participar efectivamente en el proceso de adopción de decisiones que los afecten.
40. La construcción del derecho a la consulta no puede entenderse sin tomar en cuenta su intrínseca conexión con el derecho a la libre determinación. Éste es un derecho fundamental, sin el cual no pueden ejercerse plenamente los derechos humanos de los pueblos indígenas, tanto los colectivos como los individuales. En este sentido, el derecho a la consulta es una de las garantías de que a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas ya no se les podrán imponer sistemas, ideas, prácticas, que son contrarías a su historia, sus usos y costumbres; serán ellas, a través de esas consultas, las que podrán decidir, en diálogo con las autoridades, su lugar y relación con el resto de la sociedad.(19)
41. De la lectura del Convenio 169 y la Declaración de la ONU y los documentos que los han interpretado y analizado, nos encontramos con diversas afirmaciones sobre la finalidad del derecho a la consulta, como derecho humano de los pueblos y comunidades indígenas.
42. Así, hay un entendimiento común de que para garantizar que las comunidades verdaderamente puedan decidir sobre sus intereses y derechos en los proyectos tendentes al desarrollo del país, los Estados deben celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas interesados "a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos".(20)
43. El deber de los Estados de celebrar consultas con los pueblos indígenas en los procesos de decisiones que los afecten tiene por objeto poner fin al modelo histórico de exclusión del proceso de adopción de decisiones con el objeto de que en el futuro las decisiones importantes no se impongan a los pueblos indígenas y que estos puedan prosperar como comunidades distintas en las tierras en que, por su cultura, están arraigados.(21)
44. Además, en el preámbulo de la Declaración de la ONU, la Asamblea General proclama que emite la declaración "[c]onvencida de que si los pueblos indígenas controlan los acontecimientos que los afecten a ellos y a sus tierras, territorios y recursos podrán mantener y reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones y promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades".
45. En el libro "Haciendo que la Declaración funcione" (Making the Declaration Work), James Anaya se refiere al derecho a la consulta y su relación a la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas como una representación dual de la auto determinación: por un lado, como gobierno autónomo, y por el otro, como proceso de participación. En ese sentido, el derecho a la consulta refleja el entendimiento generalizado de que las personas indígenas no deben considerarse como desconectadas de las estructuras sociales y políticas de los Estados. Más bien, son al mismo tiempo distintas pero unidas a esa interacción social y política.(22)
46. Todo esto nos lleva a la conclusión de que existe un entendimiento de que la finalidad del derecho a la consulta puede resumirse en ser un mecanismo para proteger otros derechos de los pueblos y comunidades indígenas, especialmente el derecho a la participación, a la autodeterminación, a la subsistencia y preservación de su cultura como distinta y separada de la sociedad "tradicional" (es decir, la no asimilación) y el derecho a la propiedad, especialmente por lo que hace a la propiedad y uso de sus tierras tradicionales.
47. Ahora bien, el segundo concepto al que nos referimos es el de procedimiento de cons
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32555-34cd187a/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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