I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO). II. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SUPUESTOS DE RESERVA EX ANTE Y ABSOLUTA DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA, POR RAZONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, RESPECTO DE LOS RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y LOS EXPEDIENTES INTEGRADOS AL EFECTO, SALVO EN AQUELLOS CASOS EN QUE DEBAN PRESENTARSE EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS O JUDICIALES, EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES (ARTÍCULO 109, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO). III. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SUPUESTO DE RESERVA EX ANTE Y ABSOLUTA DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA, POR RAZONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, RESPECTO DE LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN POLICIAL SIN ESTAR SUJETA A UN CONTRASTE CON UN PARÁMETRO OBJETIVO A FIN DE DETERMINAR SI SE ENCUENTRA O NO JUSTIFICADA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 139, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO). IV. NACIONALIDAD MEXICANA COMO REQUISITO PARA ACCEDER A UN CARGO PÚBLICO. INCOMPETENCIA DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA ESTABLECERLA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 208, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO", Y 260, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO", DE LA LEY DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 139, PÁRRAFO TERCERO, 208, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO", Y 260, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO", DE LA LEY DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 88/2018. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 17 DE FEBRERO DE 2020. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: OLIVER CHAIM CAMACHO.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecisiete de febrero dos mil veinte.
VISTOS; para resolver los autos de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Presentación. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, el veintidós de octubre de dos mil dieciocho, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad en contra del Congreso del Estado de México y del gobernador de ese Estado, demandando la invalidez de los artículos 109, último párrafo, 139, tercer párrafo, 208, fracción I y 260, fracción I, los últimos dos exclusivamente en la porción normativa "por nacimiento", todos de la Ley de Seguridad del Estado de México, publicada en la Gaceta del Gobierno de la entidad, mediante Decreto Número 328, de veinte de septiembre de dos mil dieciocho.
2. Autoridades emisora y promulgadora: Congreso del Estado de México y gobernador del Estado de México.
3 Texto de las normas cuya invalidez se reclama:
"Artículo 109. ...
"Los resultados de los procesos de evaluación y los expedientes integrados al efecto, serán confidenciales, salvo en aquellos casos en que deban presentarse en procedimientos administrativos o judiciales y se mantendrán en reserva en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables."
"Artículo 139. ...
"La información contenida en los protocolos de actuación policial será considerada como información confidencial, por lo que queda prohibida su difusión o publicación por cualquier medio."
"Artículo 208. El titular de la unidad de asuntos internos será designado y removido libremente por la o el titular del Ejecutivo Estatal, a propuesta del secretario. Para ser titular de la unidad de asuntos internos, se requiere:
"I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos."
"Artículo 260. Para ser rector de la universidad, se requiere: I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos."
Señaló como preceptos violados, los siguientes:
• Artículos 1o., 5o., 6o., 32 y 35, facción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Artículos 19, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
• Artículos 13 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
• Artículos 5 y 6 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
• Artículos 2 y 3, inciso c), del Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación.
4. SEGUNDO.—Conceptos de invalidez. Se formularon como conceptos de invalidez los que, en lo conducente, se transcriben:
"Primero. Los artículos 109, último párrafo y 139, tercer párrafo, de la Ley de Seguridad del Estado de México prevén una reserva genérica, previa e indeterminada respecto de los resultados de los procesos de evaluación y sus expedientes de los controles de confianza que se realizan a los integrantes de instituciones de seguridad pública, así como de la información contenida en los protocolos de actuación policial, que no obedece al interés público ni a la seguridad nacional, vulnerando el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad consagrados en los artículos 6o. de la Constitución Federal, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
"El derecho humano de acceso a la información reconocido en el artículo 6o. de la Norma Fundamental se rige por los principios y bases contenidos en el propio precepto constitucional, mismo que contempla la obligación del Estado de garantizar ese derecho a las personas para acceder, buscar, obtener y difundir libremente la información pública en cualquiera de sus manifestaciones, a saber: oral, escrita o por medios electrónicos e informáticos; constituyendo así una herramienta esencial para materializar el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la vida democrática de nuestro país.
"En ese sentido, considerando que uno de los principios que rigen el derecho de acceso a la información es el de máxima publicidad y que únicamente admite como excepciones las señaladas en el propio Texto Constitucional; es decir, sólo podrá considerarse como reservada temporalmente, conforme a lo establecido en la fracción I del apartado A del numeral en cita, por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.
"De este modo, podemos afirmar que la Constitución permite la restricción del derecho a la información pública, al estipular la posibilidad de reservar el acceso a la misma, no obstante, dicha restricción, conforme al mismo Texto Fundamental, sólo podrá realizarse bajo las premisas siguientes:
"1. Debe realizarse por tiempo determinado.
"2. Por razones de interés público o de seguridad nacional.
"3. En los términos que fijen las leyes.
"Respecto a la premisa señalada con el número 3, es necesario aclarar que el término ‘las leyes’ a que hace referencia, conforme a la fracción VIII, del apartado A, artículo 6o. del mismo Texto Constitucional, es la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En este sentido, la información que se considerará reservada o confidencial, sólo puede ser establecida por la ley que al efecto emitió el Congreso de la Unión, donde se establecieron las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio del derecho de acceso a la información.(1)
"Tomando en consideración estos parámetros en materia de transparencia y acceso a la información, ahora se expondrán los motivos por los que se estima que los artículos 109, último párrafo y 139, tercer párrafo, de la Ley de Seguridad del Estado de México, contemplan una reserva previa y genérica de la información que vulnera el derecho de acceso a la información y contradice el principio de máxima publicidad.
"Las normas impugnadas disponen, respectivamente, que los resultados de los procesos de evaluación y los expedientes integrados con motivo de las evaluaciones de control de confianza serán confidenciales, salvo en aquellos casos en donde deban presentarse en procedimientos administrativos o judiciales, así como que la información contenida en los protocolos de actuación policial se considera como información confidencial, por tanto, queda prohibida su difusión o publicación por cualquier medio.
"Es decir, los artículos impugnados califican de forma previa a cualquier solicitud como confidencial la siguiente información:
"a) Resultados de los procesos de evaluación de control de confianza.
"b) Protocolos de actuación policial.
"Lo anterior se verifica de la literalidad de los artículos impugnados, los cuales establecen que:
"‘Artículo 109. ...
"‘Los resultados de los procesos de evaluación y los expedientes integrados al efecto, serán confidenciales, salvo en aquellos casos en que deban presentarse en procedimientos administrativos o judiciales y se mantendrán en reserva en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.’
"‘Artículo 139. ...
"‘La información contenida en los protocolos de actuación policial será considerada como información confidencial, por lo que queda prohibida su difusión o publicación por cualquier medio.’
"Así es que de un ejercicio de contraste entre la Constitución Federal con los artículos transcritos se advierte un distanciamiento de los principios y bases generales que garantizan el ejercicio del derecho de acceso a la información, de modo que las normas impugnadas se traducen en una afectación a ese derecho humano y, por tanto, son inconstitucionales.
"Para corroborar lo anterior, en seguida se desarrollan de modo más específico los motivos de inconstitucionalidad de las normas impugnadas:
"La Norma Fundamental, en el ya citado artículo 6o., dispone que la reserva de información es de carácter excepcional y únicamente puede ser de carácter temporal. De este modo, es dable afirmar que las normas que clasifican la información como regla general, previo a cualquier solicitud de acceso a la información, es inequívocamente inconstitucional.
"Por su parte, el derecho de acceso a la información pública se encuentra plenamente reconocido en la Convención Americana de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, instrumentos que, de la misma manera, sólo admiten como restricción razones de interés público; por lo tanto, es necesario, que una temporalidad determinada sea su limitante.
"Sobre el tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido que:
"‘Con todo, el derecho de acceder a la información pública en poder del Estado no es un derecho absoluto, pudiendo estar sujeto a restricciones. Sin embargo, éstas deben, en primer término, estar previamente fijadas por ley –en sentido formal y material– como medio para asegurar que no queden al arbitrio del poder público. En segundo lugar, las restricciones establecidas por ley deben responder a un objetivo permitido por el artículo 13.2 de la Convención Americana, es decir, deben ser necesarias para asegurar «el respeto a los derechos o a la reputación de los demás» o «la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas». Las limitaciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática y orientada a satisfacer un interés público imperativo. Ello implica que de todas las alternativas deben escogerse aquellas medidas que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del derecho de buscar y recibir la información.’(2)
"En el caso, de la literalidad de los artículos 109, último párrafo y 139, tercer párrafo, de la Ley de Seguridad del Estado de México, se desprende que la calificación de confidencialidad en la información es previa a cualquier solicitud y no está sujeta a una temporalidad determinada, pues no especifica el periodo por el cual tendrá ese carácter, lo que permite a las autoridades negar el acceso a tales datos de manera permanente o por tiempo indefinido.
"El carácter temporal de una reserva atiende a un interés público, es decir, por un bien mayor que permite al Estado desarrollar ciertas actividades en favor de los gobernados, y donde el sigilo es necesario para el éxito de tal encomienda. Por tanto, esta posibilidad de restringir el acceso a la información no se actualiza en todos los casos, ni mucho menos adquiere un carácter permanente o indeterminado, ad perpetuam, sino que debe atender al caso en concreto y en función de un fin constitucionalmente válido, por un periodo de tiempo, consecuentemente cuando ese fin desaparece o se cumple la temporalidad indicada, la información adquiere el carácter de público.
"Sobre el particular, en lo relativo a la confidencialidad de información en los procesos de evaluación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública del Estado de México, si bien pudiera tener como objetivo, evitar que eventualmente se lucre con los procesos de evaluación, no sucede lo mismo con los resultados, porque éstos dan a conocer a la persona solicitante, si los servidores públicos están capacitados para desempeñar el cargo respectivo, debiendo salvaguardar, en su caso ,los datos personales, pero no todo el universo de la información.
"Por su parte, la reserva de la información contenida en los protocolos de actuación policial recopila conductas, acciones y técnicas que se consideran adecuadas ante ciertas situaciones, por lo que negar su acceso de forma pública no responde a las exigencias del Texto Constitucional.
"Sobre este punto, la Primera Sala de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la información relacionada con la procuración e impartición de justicia es de interés público, particularmente en el caso de investigaciones periodísticas encaminadas al esclarecimiento de los hechos delictivos, por lo que en el marco de tales investigaciones la búsqueda de información relacionada con la ‘ubicación’, ‘actividades’, ‘operativos’ y ‘labores en general’ de las instituciones de seguridad pública podría constituir un ejercicio legítimo del derecho de acceso a la información.(3)
"Es de advertirse, por tanto, que las restricciones impugnadas hacen nugatorio el ejercicio del derecho de acceso a la información en tanto se trata de medidas demasiado amplias y excesivas que interfieren con el ejercicio legítimo de tal libertad.
"Esto, dado que las descripciones normativas impugnadas podrían hacer nugatorios ex ante numerosos supuestos de ejercicio legítimo del derecho de acceso a la información, incluso, tales como la formulación de solicitudes formales de información a las instituciones de seguridad interior sobre, por ejemplo, la realización de operativos.
"Asimismo, las normas impugnadas tienen un impacto desproporcional sobre un sector de la población: el gremio periodístico, al imposibilitar la búsqueda de toda información recabada por las autoridades de seguridad pública, en virtud de que uno de los sujetos destinatarios de la norma podrían ser los periodistas, quienes tienen como función social la de buscar información sobre temas de interés público a fin de ponerla en la mesa de debate público, por lo que las normas terminan teniendo no sólo un efecto inhibidor de la tarea periodística, sino el de hacer ilícita la profesión en ese ámbito específico.
"En ese orden de ideas, se aduce la inconstitucionalidad de los artículos impugnados, toda vez que no acatan el principio de máxima publicidad, por el contrario, lo invierten, al contemplar como regla general la reserva de toda la información.
"Ello es así, puesto que el legislador local pierde de vista que la posibilidad de reservar temporalmente información pública, si bien es cierto queda autorizada por el artículo 6o. de la Norma Fundamental, no puede darse en forma indiscriminada y genérica, sino que únicamente puede justificarse en cada caso concreto atendiendo al interés público y la seguridad nacional.
"En el dictamen de la Cámara de Diputados, de la reforma al artículo 6o. de la Constitución, se afirmó: ‘que como todo derecho fundamental, su ejercicio no es absoluto y admite excepciones. En efecto, existen circunstancias en que la divulgación de la información puede afectar un interés público valioso para la comunidad. Por ello, obliga a una ponderación conforme a la cual si la divulgación de cierta información puede poner en riesgo de manera indubitable e inmediata un interés público jurídicamente protegido, la información puede reservarse de manera temporal.’. Por tanto, es posible aducir que la reserva debe tener una justificación casuística sustentada en el interés público.
"En cambio, los artículos 109, último párrafo y 139, tercer párrafo, de la Ley de Seguridad del Estado de México, constituyen un universo de reserva total e indeterminado que engloba información que por regla general debe ser pública, asimismo, se hace una reserva previa de la misma que impide saber si es posible hacer un contraste con un parámetro objetivo para saber si parte de esa información amerita o no ser reservada y, por tanto, resultan contrarias al principio de máxima publicidad y al derecho fundamental de acceso a la información.
"Esto es, el contenido de los artículos impugnados califica como confidencial la totalidad de la información relativa a los procesos de evaluación respecto de controles de confianza a los miembros de las instituciones de seguridad pública, así como los protocolos de actuación policial, lo que no permite la valoración casuística y determinada de circunstancias concretas de esa información a fin de motivar su carácter de reservado.
"En el marco interamericano se ha señalado el deber de adecuar el régimen jurídico de los Estados a las obligaciones internacionales,(4) en el cual se ha distinguido que el Estado tiene la obligación de definir en forma precisa y clara a través de una ley en sentido formal y material, las causales para restringir el acceso a cierta información. El derecho de acceso está regido por los principios de buena fe y máxima transparencia, por lo cual, en principio, la información en poder del Estado debe ser pública salvo las excepciones establecidas por la ley general de la materia.
"En suma, como la Corte Interamericana ha precisado, ‘en caso de violaciones de derechos humanos, las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida.’(5)
"A mayor abundamiento, conviene transcribir las consideraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vertidas en su Informe sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública en las Américas: Estándares Interamericanos y comparación de marcos legales, realizado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en el que suscribió las siguientes consideraciones:
"‘475. En la mayoría de los países analizados las leyes de acceso a la información consagran el principio de máxima transparencia, la obligación de motivar las decisiones negativas, y establecen las causales que autorizan a un sujeto obligado a no entregar una información que ha sido solicitada. Normas como las leyes de Nicaragua y Guatemala establecen de manera expresa que cuando el sujeto obligado considere que es necesario clasificar como reservada o confidencial una información determinada debe realizar un examen de proporcionalidad sobre esa decisión antes de proferirla.
"‘476. Por lo general, las causales de reserva se limitan a la confidencialidad de los datos personales y a la reserva de la información que pueda afectar otros intereses como la seguridad nacional. En algunos casos ejemplares como Guatemala, México, Perú y Uruguay la legislación establece que no puede ser reservada la información sobre violaciones a los derechos humanos. Asimismo, en casos como el de México se exige que los sujetos obligados desarrollen índices públicos con la información que se considera reservada y en este país, en Nicaragua y en Guatemala se definen con mayor precisión que en otras legislaciones causales de contenido amplio como la que se refiere a la defensa de la seguridad nacional.
"‘477. No obstante, en algunos casos las excepciones son muy amplias sin que exista una definición conceptual clara y precisa de los términos utilizados en ellas o criterios legales para limitarlas, en consecuencia, su verdadero alcance se establece en el proceso de implementación, lo cual será objeto de futuros informes. Asimismo, en muchos marcos jurídicos no se establece la obligación de separar la información reservada de la que es pública, con lo cual los sujetos obligados podrían entender equivocadamente que si un documento tiene un aparte reservado puede mantener la reserva de todo su contenido, en contradicción con lo dispuesto por el principio de máxima publicidad.’
"Adicionalmente, las limitaciones respectivas deben cumplir los requisitos genéricos que la Corte Interamericana ha establecido para la validez de las restricciones a derechos fundamentales, consistentes básicamente en la reserva de ley, el fin legítimo y la necesidad de la medida. En suma, al interpretar el artículo 13, inciso 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Tribunal Interamericano ha establecido que para que una restricción sea compatible con la convención debe cumplir los siguientes requisitos:
"1. Estar establecida por ley. La palabra ley no puede entenderse en otro sentido que el de ley formal, es decir, norma jurídica adoptada por el órgano legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo, según el procedimiento requerido por el derecho interno de cada Estado, dictada por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas.
"2. Fin legítimo. El objetivo de la restricción debe ser de los permitidos por la convención, esto es, la protección de los derechos o reputación de los demás, la seguridad nacional, el orden público y la salud o moral públicas.
"3. Necesidad en una sociedad democrática. La restricción debe estar orientada a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo, debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido. No es suficiente que se demuestre, por ejemplo, que la ley cumple un propósito útil u oportuno. Es decir, la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y debe ser conducente para alcanzar el logro de ese legítimo objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho en cuestión.
"Así, debe destacarse que todos los conceptos desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de restricciones a la libertad de pensamiento y expresión son igualmente aplicables al derecho de acceso a la información, en tanto éste forma parte de aquél.
"Por lo anterior, es necesario un examen de la constitucionalidad de la norma impugnada para determinar en el caso concreto las relaciones entre el fin perseguido por la norma y su colisión con el derecho de acceso a la información, que debe resolverse con ayuda del método específico denominado test de proporcionalidad.
"Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos procederá ahora a la aplicación de los referidos estándares respecto de los artículos impugnados, precisando que para ello se realizará un escrutinio estricto de la constitucionalidad de la norma impugnada, en tanto restringe el goce del núcleo esencial del derecho a la información.
"En este orden de ideas, debe corroborarse lo siguiente:
"(i) Que la intervención legislativa persiga un fin constitucionalmente válido;
"(ii) Que la medida resulte idónea para satisfacer en alguna medida su propósito constitucional;
"(iii) Que no existan medidas alternativas igualmente idóneas para lograr dicho fin, pero menos lesivas para el derecho fundamental; y,
"(iv) Que el grado de realización del fin perseguido sea mayor al grado de afectación provocado al derecho fundamental por la medida impugnada.(6)
"Lo anterior es así, dado que toda medida legislativa susceptible a restringir o afectar derechos humanos debe perseguir una finalidad constitucionalmente válida; además, debe lograr en algún grado la consecución de dicho fin; y no debe afectar de manera innecesaria y desproporcionada el derecho fundamental en cuestión.
"Ahora bien, identificados los fines que ha perseguido el legislador local con las disposiciones impugnadas, se advierte que la finalidad de las normas puede resultar válida constitucionalmente, toda vez que, en el caso, pretende salvaguardar la seguridad pública y los datos personales. Es decir, puede decirse que la norma impugnada persigue un fin constitucionalmente válido.(7)
"Por lo que respecta a la idoneidad de la norma impugnada, en esta etapa del escrutinio debe analizarse si la medida impugnada tiende a alcanzar en algún grado los fines perseguidos por el legislador. En este sentido, el examen de idoneidad presupone la existencia de una relación entre la intervención al derecho y el fin que persigue dicha afectación, siendo suficiente que la medida contribuya en algún modo y en algún grado a lograr el propósito que busca el legislador. Es así que, plausiblemente, las normas alcanzan su fin constitucional al clasificar toda la información recabada por las autoridades de seguridad pública, con apego a esa ley, salvaguardando así el bien jurídicamente tutelado, a saber, la seguridad pública y los datos personales.(8)
"Así, una vez que se ha constatado un fin válido constitucionalmente y la idoneidad de la ley, corresponde analizar si la misma es necesaria o si, por el contrario, existen medidas alternativas que también sean idóneas pero que afecten en menor grado el derecho fundamental. De esta manera, el examen de necesidad implica corroborar, en primer lugar, si existen otros medios igualmente idóneos para lograr los fines que se persiguen y, en segundo lugar, determinar si estas alternativas intervienen con menor intensidad el derecho fundamental afectado.
"Dicho escrutinio puede acotarse ponderando aquellas medidas que el legislador consideró adecuadas para situaciones similares, o bien, las alternativas que en el derecho comparado se han diseñado para regular el mismo fenómeno. Así, de encontrarse alguna medida alternativa que sea igualmente idónea para proteger el fin constitucional y que a su vez intervenga con menor intensidad al derecho, deberá concluirse que la medida elegida por el legislador es inconstitucional.
"En este punto, conviene traer a colación diversas medidas que el legislador tiene a la mano para salvaguardar efectivamente la seguridad pública frente al adecuado ejercicio del derecho de acceso a la información. Al respecto, los sujetos obligados deben aplicar una prueba de daño, lo que implica que, en cada caso, debe justificarse que la divulgación de la información represente un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a un interés legítimo de seguridad nacional; que el riesgo del perjuicio que supondría que la divulgación supera el interés público general; y que la limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. Lo anterior, ya que se trata de la valoración de la colisión del principio de máxima publicidad con el interés público y la seguridad nacional del Estado Mexicano.
"En congruencia con lo anterior, la medida establecida por el legislador consistente en una calificación absoluta, a priori y ex ante, resulta desproporcional, al no privilegiar otras medidas más adecuadas y menos lesivas tales como el análisis casuístico de la información, con base en el principio de máxima publicidad, para determinar si efectivamente su publicidad representa una afectación a la seguridad pública, por lo que la afectación que se provoca al derecho de acceso a la información resulta de un grado mayor que la realización del fin que se persigue.(9)
"De esta manera, una vez que se han llevado a cabo las primeras tres gradas del escrutinio, corresponde realizar finalmente un examen de proporcionalidad en sentido estricto.
"Esta grada del test consiste en efectuar un balance o ponderación entre dos principios que compiten en un caso concreto, a saber, el principio de máxima publicidad y el principio de seguridad nacional. Dicho análisis requiere comparar el grado de intervención en el derecho fundamental que supone la medida legislativa examinada, frente al grado de realización del fin perseguido por ésta. En otras palabras, en esta fase del escrutinio es preciso realizar una ponderación entre los beneficios que cabe esperar de una limitación desde la perspectiva de los fines que se persiguen, frente a los costos que necesariamente se producirán desde la perspectiva de los derechos fundamentales afectados. De este modo, la norma impugnada resulta inconstitucional, toda vez que el nivel de restricción del derecho de acceso a la información es absoluto.(10)
"Lo anterior, toda vez que no resulta justificable invertir la regla constitucional relativa a la publicidad de toda la información pública y su régimen excepcional casuístico. Dicha inversión, consistente en precisar que, por regla general, toda la información recabada por las autoridades de seguridad pública, con apego a esa ley se considera reservada y, por tanto, dicha reserva daría pauta para permitir una vulneración a los bienes jurídicamente tutelados, como lo es el acceso a la información.
"Es así que, al efectuar un balance entre los valores en juego; es decir, al hacer una comparación del grado de afectación que puede provocar la medida a los derechos humanos de acceso a la información pública y al principio de máxima publicidad, se aprecia que no existe proporción entre el fin constitucional que se persigue –garantizar la seguridad pública– y el resultado de la medida –restricción injustificada al derecho de acceso a la información pública–.
"Con base en estas consideraciones, es de afirmarse que las normas impugnadas no resultan medidas adecuadas a la exigencia constitucional de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por el contrario, resulta una medida restrictiva y regresiva, por parte del Estado Mexicano, toda vez que privilegia la opacidad de la información.
"En consecuencia, esta CNDH encuentra que las normas impugnadas imponen una restricción absoluta al derecho de acceso a la información, e invierte la regla general de publicidad prevista en el artículo 6o. constitucional, porque califica todo tipo de información con motivo de la aplicación de la ley de forma previa y, por tanto, dicha restricción no cumple con las exigencias constitucionales precisadas previamente.
"Lo anterior, ya que la medida impugnada no satisface el requisito de necesidad en una sociedad democrática. La restricción no está adecuadamente orientada a salvaguardar el principio de seguridad pública con apego al respecto irrestricto de los derechos humanos. Por el contrario, la medida desborda por completo al interés que la justifica y no es conducente a obtener el logro de ese legítimo objetivo, sino que interfiere innecesariamente en el efectivo ejercicio del derecho en cuestión. Esto es así, porque la descripción normativa es tan amplia que termina por abarcar un sinnúmero de supuestos de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29779-2d7f1a25/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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